JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Es verdad que algunos lo dijeron con antelación: si Trinidad Jiménez pierde las primarias, eso tendrá consecuencias para Zapatero. Unos lo dijeron como una amenaza, otros como un consejo. Las consecuencias fueron expuestas con claridad: si ganaba Tomás Gómez, Zapatero quedaba desautorizado. ¿Cuál era la orden de Zapatero? ¿Que se hicieran primarias o que se votara a Trinidad Jiménez? A mi parecer, la orden es que se hicieran primarias en Madrid, y resulta evidente que la organización cumplió la orden del secretario general. Que se votara a Jiménez era la expresión de una opinión, de una preferencia, pero no fue una orden. Al menos así lo entendimos la casi totalidad de los socialistas.
Hay quienes dicen que una vez que un líder expresa su opinión, tener otra distinta es desautorizarlo. Así que, según ese planteamiento, una vez que Zapatero expresó su preferencia, las primarias quedarían convertidas en un fingimiento, un puro teatro para dar legitimidad democrática a las preferencias del jefe. Si cada vez que el líder del partido hablara, si cada vez que expresara una posición, sus compañeros lo entendiéramos como una orden, nos encontraríamos en una situación parecida a la del rey que convertía en oro todo lo que tocaba. ¿Cómo serían los procesos de deliberación en la dirección del partido? ¿Cómo se formaría su propia opinión de líder de la organización? Si la democracia es un régimen de opinión, y las opiniones del líder quedan convertidas en órdenes nada más salir de su boca, nos encontraríamos ante un verdadero absurdo. Un absurdo que no forma parte ni del pensamiento ni de la práctica del presidente Zapatero.
Es posible que alguien aduzca que lo que debe hacer el líder es omitir su opinión y que la exprese al final de la deliberación, lo cual excluye la opinión del líder sobre este proceso. Hemos visto en el proceso de primarias que acaba de terminar cómo daban su opinión desde los militantes que tenían que tomar su decisión hasta los columnistas y tertulianos situados en las antípodas políticas del PSOE; no entiendo por qué razón el líder del partido no iba a poder dar su opinión a los compañeros. ¿Por qué debería escuchar las de todos y no dar la suya, salvo por la peregrina idea de que el líder sólo puede dar órdenes y no opiniones?
Se preguntaba Lenin cuánta democracia es capaz de tolerar una organización. Claro que Lenin no era un demócrata, al menos eso es lo que pensamos los socialistas del PSOE desde 1920. Sin embargo, Lenin ha encontrado sorprendentemente seguidores, en especial entre la derecha, aunque no sólo. Es una idea extendida que democracia y eficacia están reñidas. Para los teóricos del pluralismo lo que hace democrática a una sociedad es la competición política entre distintas organizaciones. Lo que ocurra en el interior de esas organizaciones no parece preocuparles.
Si la voluntad cotidiana de la nación se forma a partir de la deliberación y votación de todos sus parlamentarios, ¿cómo se forma la voluntad de los grupos parlamentarios? En el caso que mejor conozco, que obviamente es el del grupo socialista, la voluntad del grupo se forma en una serie de deliberaciones internas regladas y no regladas que culminan en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario. En mi experiencia de diputado a lo largo de las dos últimas legislaturas he participado en reuniones en las que había un consenso inicial y en otras en las que alcanzamos el acuerdo al final de la deliberación. Porque lo cierto es que en los partidos, como en los países, ni todos estamos de acuerdo, ni siempre estamos de acuerdo. La diferencia estriba en cómo resolvemos nuestros desacuerdos.
La vida entera está llena de discrepancias, debatimos incluso con nosotros mismos. También en el seno de los partidos tenemos posiciones diversas y, en ocasiones, encontradas. Sin embargo, está bastante extendida la idea de que la expresión de los desacuerdos debilita a las organizaciones políticas. No obstante la experiencia en sentido contrario es larga. Pericles se enorgullecía de las victorias de la Atenas democrática frente a otros pueblos, aunque el precio de las libertades propias de la democracia sea que “ocasionalmente los ojos del enemigo han de sacar provecho de esta falta de trabas”.
Los demócratas griegos de la antigüedad sabían que no merecía la pena sacrificar la ventaja estratégica de la democracia a las ganancias tácticas que pudieran obtener con el sacrificio de sus libertades. Como en la Grecia clásica, en los partidos políticos actuales siempre hay quienes están dispuestos a sacrificar la democracia interna para no dar una ventaja táctica al adversario, también es verdad que siempre encuentran entusiastas partidarios entre los mismos que verán sacrificadas sus libertades. Y, cuando consiguen que sus partidarios sean mayoría, llevan a sus organizaciones a la decadencia. Quizá porque entonces ocurre lo que decía el poeta Juvenal: “Y para ganarte la vida, perdiste el sentido de vivir”. Porque nada anima más a la defensa de nuestros valores que poder vivir de acuerdo con ellos.
Que un dirigente de la derecha diga que los militantes socialistas, en el ejercicio de su libertad, ponen en riesgo el liderazgo del presidente del Gobierno, es coherente con la concepción de la democracia del Partido Popular y de una parte importante de la derecha española. También es coherente con la forma en que fueron elegidos Mariano Rajoy y José María Aznar, pero no es coherente ni con la concepción de la democracia de los socialistas, ni con la forma en que fue elegido José Luis Rodríguez Zapatero, ni con lo que representa su liderazgo. No se puede medir el liderazgo de Zapatero con la vara de medir de los liderazgos de la derecha española. El liderazgo de Zapatero es fuerte no sólo porque puede soportar la democracia interna, sino porque la garantiza.
José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la ejecutiva federal del PSOE
Ilustración de Patrick Thomas
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Han pasado diez años desde que disolvimos Nueva Vía. Lo hicimos antes de ganar el Congreso del PSOE que eligió secretario general a José Luis Rodríguez Zapatero. Comprendimos que, para que Zapatero fuera el líder de todos, no podía ser el candidato de una parte. Por eso disolvimos Nueva Vía en el seno de la mayoría de la que había nacido. Ninguno de sus miembros pertenecíamos a otro sector que a la mayoría, a esa mayoría tan diversa que es la corriente principal del PSOE. La decisión de disolvernos no fue una consideración táctica, sino una determinación estratégica.
En Nueva Vía, que siempre fue un grupo muy pequeño de compañeros y compañeras, había tanta diversidad ideológica como en todo el partido. También estaban en ella todos los elementos ideológicos y políticos que permiten el diálogo y la cohesión del partido. En Nueva Vía convivían posiciones socialistas clásicas o socialdemócratas con otras que podríamos considerar liberales de izquierda. Compañeros que creían en la importancia de un Estado protector y quienes eran más favorables a un Estado dinamizador. Partidarios de las elecciones primarias internas y partidarios de los sistemas de representación clásicos. Nuestro manifiesto hablaba de la necesidad de una nueva política, de la pasión por la libertad, la igualdad, la solidaridad y el avance social. Hablábamos entonces de un nuevo proceso de igualdad y de una nueva dimensión del concepto de ciudadanía que implicara la ampliación de los derechos fundamentales y sociales y de las libertades públicas. Desde el primer momento insistimos en la necesidad de un nuevo estilo de hacer política, y eso que la segunda legislatura de Aznar no había hecho más que empezar. Sosteníamos que la sociedad española avanza más rápido que las instituciones políticas y que era necesaria una reinvención del gobierno y del modelo de las administraciones públicas. Defendíamos la obligación del Estado de ayudar a los ciudadanos, y la necesidad de estimular su responsabilidad, su autonomía y su capacidad de emprender. Nos preocupaba la concentración del poder económico y mediático, y también la calidad de la democracia. Hablábamos, en aquel texto, de la España plural. Creo que nuestro discurso político se situaba en eso que algunos llaman la centralidad del partido.
Por aquel entonces, algunos de nosotros encontramos en el republicanismo cívico una gramática con la que expresar de manera ordenada y sistemática una buena parte de nuestras ideas políticas, pero ni es la única gramática posible para expresarlas, ni todos la comparten. En todo caso, la mayoría de nosotros podría identificarse con la idea del socialismo de los ciudadanos, una idea que impregna buena parte de nuestra acción de gobierno.
Aquel 35 Congreso tenía como lema “El impulso necesario”, y eso fue Nueva Vía: el impulso que necesitábamos. Duramos lo que dura la fase de un cohete, lo que dura un impulso. No pretendíamos convertirnos ni en una corriente de pensamiento ni en una corriente política, nunca tuvimos espíritu de facción. Si algo da fe de esa voluntad es la composición de la ejecutiva del partido, del Gobierno o del grupo parlamentario. La mayor parte de los compañeros y compañeras que tienen las más altas responsabilidades en la dirección del proyecto socialista defendieron en aquel Congreso otras opciones diferentes a Nueva Vía. Los miembros de Nueva Vía nos olvidamos pronto de qué papel jugó cada cual en el 35 Congreso, porque entendimos que todos los papeles fueron importantes para el proyecto de ampliación de derechos y libertades en el que estamos empeñados. Por supuesto, olvidamos las consecuencias en términos de poder, no las causas en términos biográficos y políticos. Sería injusto olvidar la inteligencia, la valentía o el esfuerzo que cada uno puso de su parte.
¿Qué nos unió a un grupo de personas tan distintas en aquella primavera del año 2000? Desde luego no fue la perspectiva del poder, harto improbable para un grupo tan pequeño y tan poco relevante en términos orgánicos o institucionales. Quizá la principal razón es tan evidente que no haya merecido la pena pararse a pensarlo: el núcleo de Nueva Vía éramos gente de la misma generación. La generación de los jóvenes de los ochenta. Una generación que ha vivido toda su vida adulta en democracia, pero que llegó a participar en los últimos combates contra la dictadura y para afirmar la democracia. Una generación que, a pesar de la coincidencia del triunfo de la democracia y del PSOE con la crisis económica de los primeros ochenta, no sucumbió al
desencanto. Sino que, a pesar de sufrir un fuerte bloqueo generacional en su proceso de juventud, de ver aplazada su emancipación familiar, con tasas de paro superiores al 40%, mantuvo sus lealtades democráticas y políticas.
Fueron nuestra lealtad política al proyecto socialista y nuestra cultura democrática las que nos movilizaron en un momento de extrema dificultad para nuestro partido. Fue nuestra fe en los valores universalistas de la democracia la que nos impulsó a hacernos cargo de la dirección del PSOE. No lo hicimos para sustituir a nadie, sino precisamente porque no había nadie a quien sustituir. Como demócratas de toda nuestra vida creímos que era posible, aunque sabíamos que era improbable, ganar aquel congreso; esperábamos con nuestra participación, y con nuestra victoria, en una competición limpia, generar de nuevo la ilusión necesaria, la fe, el crédito, que hacen posibles la política democrática y el proyecto socialista. Y lo hicimos.
José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la ejecutiva federal del PSOE
Ilustración de Javier Jaén
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
En 1977 se estrenó la primera entrega de la serie La Guerra de las Galaxias titulada Una nueva esperanza. En aquel capítulo, los protagonistas viajan hasta Alderaan, el segundo planeta del sistema solar que lleva su mismo nombre. Al llegar descubren que algo no encaja, ellos están en las coordenadas del planeta, pero Alderaan no está. En su lugar hay un montón de cascotes y en las proximidades, algo que inicialmente confunden con un planeta pequeño, pero que resulta ser una nave imperial llamada Estrella de la Muerte. Es esa nave la que de un terrible disparo ha destruido el planeta, causando la muerte de todos sus habitantes y una fuerte conmoción en la fuerza que rige el Universo.
Por las mismas fechas que se estrenaba la película de George Lucas en todo el mundo, en España estrenábamos nuestro sistema democrático. Una democracia conformada por un sistema de partidos constituido por dos de mayor tamaño, Unión del Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situados en el eje de izquierda y derecha; otros cuatro de menor tamaño, dos de ellos también situados en el eje de izquierda-derecha, el Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP); y dos en el eje nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergència i Unió (CiU), además de algunas otras representaciones minoritarias. Todos esos partidos plasmaron nuestro acuerdo de convivencia en el texto de la Constitución de 1978. Como todos los acuerdos políticos, aquel representaba un sofisticado conjunto de equilibrios, en el que cada partido aportaba su peso cuantitativo y cualitativo al diseño global del nuevo sistema. Es verdad que AP, el partido minoritario de la derecha, mantuvo una actitud muy reticente respecto al texto constitucional, especialmente en lo que al Título VIII –que trata de la organización territorial del Estado– se refiere y que una parte de sus diputados se opusieron al mismo.
Cuando la mayoría de los jóvenes de la época votábamos y nos afiliábamos a los partidos de izquierda con el espíritu inflamado de aquella nueva esperanza democrática, bajo la consigna de “libertad, amnistía y estatutos de autonomía”, Rajoy y Aznar, también jóvenes, se apuntaron no ya al partido mayoritario de la derecha, sino al minoritario y más alejado de la letra y el espíritu de la Constitución que nos rige. No era una decisión irrelevante. No se dejaron llevar irreflexivamente por una moda, optaron conscientemente por una posición muy ideologizada. Tomar la decisión de afiliarse a Alianza Popular en aquellos años era asumir una discrepancia algo más que de matices con la Transición y con la Constitución del 78, como dejó claro Aznar en sus artículos de La Nueva Rioja.
Ha pasado mucho tiempo y es verdad que todos hemos cambiado, pero no hemos cambiado en todo. Aznar y Rajoy optaron por refundar su partido, no por fundar otro distinto: prefirieron la renovación al cambio. Cuando Aznar y Rajoy se afiliaron a Alianza Popular, la influencia de su partido no era muy relevante en el sistema democrático, porque era UCD, el partido mayoritario de la derecha, quien sostenía desde esa órbita el pacto constitucional. Treinta años después, UCD ya no existe. En su lugar no hay nada, a una buena distancia está un nuevo partido de tamaño grande, construido con buena parte de los cascotes de UCD, pero estructurado con la ideología del aquel partido pequeño de la derecha, Alianza Popular.
En todo caso es obvio que ni el PP es UCD, ni su órbita es la misma, y eso da lugar a importantes desequilibrios en el sistema estelar de nuestra democracia. Aquellos jóvenes que se afiliaron a la minoritaria AP hace 30 años saben bien que no pueden volver a renegociar formalmente la Constitución a la baja, especialmente en lo que se refiere al Estado autonómico. Pero no deja de perturbarles el sentimiento de que con su fuerza de ahora y con su ideología de siempre la Transición hubiera dado un resultado muy distinto. Un sentimiento que la cúpula del PP comparte con una buena parte de las élites mediáticas conservadoras y de las tradicionales élites funcionariales, conservadoras o no, del Estado. Es ese disgusto del PP el que hace que incluso cuando gobiernan den la sensación de estar en la oposición. Pues, de hecho, son la oposición a una parte del sistema constitucional.
Con sus políticas centralistas y, sobre todo, con la renacionalización españolista del discurso político, los poderes políticos y mediáticos de la derecha han abierto un espacio en el eje nacionalista para que partidos con posiciones abiertamente independentistas cobren una fuerza gravitatoria que está sacando de sus órbitas a los partidos nacionalistas tradicionales. Cuando hace cuatro años el PP impugnó 125 artículos de los 245 del Estatuto catalán, muy similares a otros que no impugnó en los de otras comunidades autónomas, no actuaba como un partido constitucional preocupado por homogeneizar los derechos de todos los españoles, sino como el representante del nacionalismo español golpeando al nacionalismo catalán.
En su reciente sentencia, el Constitucional ha considerado que sólo uno de los artículos impugnados es inconstitucional y ha hecho algunas precisiones técnicas en otros 13. A la vista de dicha sentencia, cabe concluir que lo verdaderamente inconstitucional no es el Estatut, sino la concepción que tiene el PP del Estado autonómico. Con ella está conmocionando, como en la película de George Lucas, el sutil equilibrio del espíritu de nuestra convivencia.
José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
Ilustración de Federico Yanlelevich
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
La tristeza no es una enfermedad, la depresión sí. El psicólogo Alexander Lowen proponía una metáfora para distinguir entre ambas: la diferencia entre un violín que toca una melodía triste y un violín desafinado. La derecha española, en su corriente mayoritaria, lleva desafinando más de un siglo.
Si hay un tema en el que la derecha sociológica se muestra particularmente desafinada, ese tema es la política internacional. Seguramente porque es en la política internacional donde la derecha sufrió el trauma, que es su trauma fundacional, que la llevó a la depresión que arrastra a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. La pérdida de la Guerra de Cuba en 1898 está en el origen de la depresión de las élites tradicionales de nuestro país, a la par que de sus problemas de identidad nacional, desnortamiento ideológico y patológico sentimiento de ridículo.
Es posible que si las élites españolas hubieran enviado a sus hijos a las guerras coloniales del XIX, en lugar de librarlos pagando dos mil quinientas pesetas de la época, hubiesen tenido menos razones históricas para deprimirse, aunque sin duda habrían tenido más razones biográficas para estar tristes. Decía Maquiavelo que un buen príncipe debe anteponer la salvación de su patria a la de su alma. El problema de liderazgo de la derecha española es que a la salvación de la patria ha antepuesto, además de la salvación de su alma, la seguridad de sus hijos, la integridad de su patrimonio y, en los últimos tiempos, hasta las posibilidades electorales de su partido.
Precisamente fue en Cuba la única vez que España se midió bélicamente con Estados Unidos. Resulta difícil que las mismas élites que usaron como historia edificante en la mitología de la construcción nacional el relato de Guzmán el Bueno pudieran reclamar con éxito el liderazgo del país después de haber hurtado a sus hijos del sacrificio de la guerra. Por eso, en lugar de liderarlo tuvieron que dominarlo. Desde entonces, en alguna parte de su memoria, la derecha ha conservado el recuerdo de que aquella guerra se llevó su liderazgo. De ahí su trastorno bipolar en la relación con Estados Unidos, que va desde el colegueo de Aznar con Bush a los cabezazos de su ministro de Exteriores.
Es curioso ver a los herederos políticos de Cánovas ponerse exigentes con el papel del presidente del Gobierno en su relación con Estados Unidos. Como si la única forma aceptable para ellos en la que puede relacionarse un presidente español con un presidente norteamericano sea la de poner los pies encima de su mesa. Poco casa tanto orgullo nacional(ista) con los reproches que le han hecho al presidente Rodríguez Zapatero por el lapso de tiempo que transcurrió sin que visitara la Casa Blanca. Sobre todo, cuando el motivo por el que no fue invitado fue el poco respetuoso enfado del presidente Bush, incapaz de aceptar una decisión soberana del Gobierno de España en cumplimiento de un deseo generalizado de la ciudadanía de nuestro país.
Da igual si se trata de un secuestro, de una cuestión de asilo o del menú de una recepción diplomática, no hay vez que nos enfrentemos a un asunto de política exterior que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. Dicen algunos psicólogos que detrás de un sentimiento exacerbado de ridículo hay un deseo, igual de enfermizo, de exhibición. El malsano sentimiento de ridículo de la derecha sociológica de nuestro país no es más que el envés de un no menos malsano deseo de exhibición desmedida. Detrás del miedo al ridículo internacional siempre se esconde el imperial espíritu de Perejil.
Ese miedo al ridículo es exactamente el mismo que sufren nuestras élites tradicionales con el tema de los idiomas. Con motivo de la última visita a Estados Unidos del presidente Rodríguez Zapatero, un columnista de la derecha se preguntaba qué puede hacer alguien en Estados Unidos sin saber inglés. Dudo de que un columnista norteamericano le hiciera un reproche del mismo tenor al presidente Obama cuando visitó Alemania por no saber alemán, o se lo haga cuando venga a España por no saber castellano. Claro que, pensar en la simetría y la horizontalidad entre países debe producir mareo a quienes se consideran tan elevados y distintos en nuestro propio país. ¿No late, detrás del reproche al presidente, un complejo impropio de un nacionalista de derechas?
Probablemente, la visión del problema del idioma en la política exterior sea muy distinta entre quienes protagonizaron con su emigración en Francia, Alemania, Bélgica o Suiza la apertura de la España real a Europa y quienes hicieron de la autarquía el rasgo más significativo de su concepción del mundo y del aislamiento la más destacada seña de su política exterior. Los que se preguntan qué se puede hacer en Estados Unidos sin saber inglés es porque ni se imaginan lo que se hizo en Alemania sin saber alemán.
Ahora, nuestra vergonzosa, por avergonzada, derecha sociológica ha vuelto a sus ironías con el asunto de la invitación del presidente Obama al presidente Zapatero al Desayuno Nacional de Oración. Si tuvieran un poco de sentido común comprenderían que, en pos de nuestras buenas relaciones con aquel país, hay infinitamente más coherencia y dignidad en que un presidente laico se sume a una oración, que en que un presidente religioso se sume a una guerra. El libro de Lowen recomendaba, para mejorar el estado anímico, andar descalzo por el piso. Quizás la derecha podría cumplir sus deberes con nuestro país y sentirse mucho mejor consigo misma si, a la hora de afrontar la política internacional en general y nuestras relaciones con los Estados Unidos en particular, empezara por poner los pies en el suelo.
José Andrés Torres Mora es diputado por Málaga y miembro de la Ejecutiva del PSOE
Ilustración de Jordi Duró
José Andrés Torres Mora
Es bien conocido el dicho de que cada uno cuenta la feria según le ha ido. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, la tasa de paro de las personas con educación primaria es del 25% y la de los universitarios, del 10%; ese podría ser un indicador de cómo les va la crisis a ambos segmentos de población. Para ver cómo la cuentan, podríamos usar la valoración de la situación económica de España en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de julio. Según dicha encuesta, el 69% de los que sólo tienen estudios primarios consideran que la situación es mala o muy mala y otro tanto dicen el 70% de los universitarios. Igual que con la formación ocurre con otras variables como la edad, el género o la condición socioeconómica. Parados y empleados, obreros y empresarios, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, doctores y personas sin formación académica se elevan sobre su situación particular y coinciden a la hora de evaluar lo que le ocurre al país. Sorprende este inesperado acuerdo sobre la situación económica, porque desafía nuestras más firmes intuiciones sobre cómo las circunstancias que nos rodean modelan nuestras percepciones.
Sin embargo, hay una variable que da lugar a grandes diferencias en la percepción sobre la situación económica. Según la encuesta del CIS, el 75% de las personas que se declaran de derechas creen que la situación económica es mala o muy mala, diez puntos más que las personas de centro, y 20 puntos más que las de izquierdas, sea cual sea su condición social. Por tanto, es razonable pensar que, a la hora de evaluar la situación económica, la ideología es bastante más importante que la propia experiencia de la crisis. Y la derecha ha hecho una apuesta política por la crisis: por su extensión y por su intensidad, por las malas noticias y por las peores expectativas. De cada cien personas de izquierdas, 21 piensan que el año que viene será peor, de cada cien de derechas, lo piensan 41. La derecha, por encima de sus circunstancias biográficas, eleva su queja amarga y pesimista sobre la crisis. Cada día vemos a los líderes políticos de la derecha retorcerse de dolor ante la crisis económica en las tribunas parlamentarias, y vemos también a sus líderes mediáticos hacer lo mismo en tertulias y columnas. Un comportamiento que evoca la antigua institución de la covada. Esta es una costumbre ancestral por la que, mientras sus mujeres están pariendo, los hombres se comportan como si ellos estuvieran también de parto. Se tumban en la cama, gritan de dolor y, tras el nacimiento, reciben cuidados como si ellos hubieran tenido efectivamente al hijo. Los antropólogos atribuyen a la covada la función social de reivindicar la paternidad del recién nacido. Lo cual resulta necesario, según algunas interpretaciones, porque la distancia temporal entre la fecundación y el parto hace que la conexión entre ambos no resulte evidente en todas las culturas.
También en el caso de la crisis la distancia temporal entre sus causas y sus efectos dificulta la adecuada atribución de la paternidad de la misma. Sólo que, en este caso, el dolor impostado de la derecha no pretende reivindicar la paternidad de la crisis, sino la de otro hijo. Un hijo terrible, cuyo nacimiento esperan con impaciencia. La derecha espera una respuesta ciega y desesperada contra el Gobierno. Gritan para decir: nuestro dolor es vuestro dolor, nuestra rabia vuestra rabia y nuestra respuesta debe ser vuestra respuesta. La derecha no tiene una solución para la crisis porque sigue convencida de que la crisis es su solución. Por eso la amplifica todo lo que puede. Cultiva la frustración de quienes peor lo pasan exigiendo el fin instantáneo de la crisis; a la par que se oponen a medidas paliativas, porque dicen que el pan para hoy es hambre para mañana. Eso es coherente con su estrategia. En su urgencia por llegar al poder a través de la crisis necesitan el hambre para hoy mismo. Con lágrimas de cocodrilo, y desde los lugares más insospechados, surgen surrealistas convocantes de la huelga general. Esa es la trampa populista con la que la derecha espera usar el sufrimiento en contra de los intereses de la gente.
Ese empeño estratégico de las elites de la derecha es acompañado por el trabajo de propaganda cotidiano de sus bases sociales. Entre tanto, un Gobierno de izquierdas trata de atravesar la crisis manteniendo la cohesión y la justicia social. Algo que, de lograrlo, debería transformar nuestra identidad como españoles, nuestra propia percepción de en qué consiste formar parte de este proyecto de convivencia que se llama España. Una España para la que la cohesión social no es menos importante que la territorial. Por eso quizá va siendo hora de que la izquierda responda a la crisis también en el plano de la conciencia, además de en el de las condiciones de vida de la gente. Se dice que el Gobierno socialista está haciendo las políticas adecuadas pero debe mejorar su comunicación, seguro que sí. Además de dar trigo hay que predicar. Pero, por desgracia, la verdadera elección no es entre un Gobierno que comunica mal y otro que comunicaría bien, sino entre un Gobierno que toma medidas a favor de los más desfavorecidos y otro que las tomaría en contra. Aunque todos sus problemas de comunicación fueran exclusivamente responsabilidad del Gobierno, no parece justo que nos resignemos a que un Gobierno así pierda apoyos; sería más sensato echarnos una parte de su carga de comunicación sobre nuestras espaldas de ciudadanos comprometidos. Mientras el Gobierno mejora la comunicación de sus políticas, y algunos medios también, quienes nos situamos en la izquierda podríamos ayudar bastante a suplir las fallas de comunicación del Gobierno explicando bien lo que hace, en lugar de andar lamentándonos de lo mal que lo explica.
José Andrés Torres Mora es Diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE
Ilustración de Javier Jaén
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
El pasado miércoles, durante la sesión de Control del Congreso de los Diputados, un diputado socialista, Miguel Ángel Heredia, criticaba que el alcalde de Málaga, del PP, hubiera gastado 5.000 euros de todos los malagueños en una valla publicitaria en la que se atacaba al Gobierno de España. En su intervención el diputado decía: “Es verdad que son sólo unos céntimos por cabeza, pero ya conoce el dicho: quien tiene impunidad para robarte un solo céntimo la tiene para robarte hasta el último céntimo. Si el alcalde usa de manera indebida 5.000 euros del Ayuntamiento para hacer oposición al Gobierno de España, no le quepa la menor duda, señora ministra, de que usará hasta el último euro si le conviene”.
Después de que el diputado malagueño hiciera esta afirmación, la señora Villalobos, diputada del PP, lo acusó de haber llamado ladrón al alcalde. Celia Villalobos sostuvo que la frase sobre la impunidad para robar hasta el último céntimo calificaba la conducta del alcalde. Sin embargo en la sintaxis de la frase de Heredia la expresión “quien roba impunemente” se refiere al sujeto genérico del dicho, no al alcalde. En el refrán “¿Dónde va Vicente?, donde va la gente”, el tal Vicente es un Vicente genérico. El alcalde propiamente dicho aparece en la frase posterior y, si se le acusa de algo es de usar indebidamente 5.000 euros, no de robo.
Obviamente la diputada no podía sustentar su reproche en la literalidad de las palabras de Heredia, pero tampoco en el sentido de las mismas. Entre otras cosas porque lo que quería decir el diputado socialista, y lo que dijo, era otra cosa. Lo que él denuncia como el verdadero peligro no es el coste de la valla, que son unos pocos céntimos por cabeza, sino la impunidad con la que el alcalde los ha gastado. Para argumentarlo, el diputado Heredia usó una sencilla y eficaz estrategia retórica: el símil. Hizo un símil entre el dicho que refiere y la acción del alcalde, en el que la similitud que establece no es entre el robo y el uso indebido del dinero público, sino en las consecuencias de la impunidad: el que tiene impunidad para lo poco, la tiene para lo mucho, sea un robo o un mal uso del dinero de todos.
Ocurrió, por desgracia, algo difícil de prever. Si el diputado Heredia hubiera dicho, por ejemplo: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El señor Elías se ha arrimado al alcalde y hay que ver qué bien le va”, nadie hubiera pensado que el alcalde de Málaga es un buen árbol. Cabe pensar que la vecindad en el discurso de Miguel Ángel Heredia entre la idea de un robo y la del mal uso de los recursos públicos, dos conceptos que Heredia diferencia expresamente, probablemente llevara a la señora Villalobos y a la dirección del Grupo Popular en el Congreso a pensar que el que hace mal uso de los fondos públicos es un ladrón y que dedujeran que el alcalde de Málaga era el ladrón al que se refería el diputado socialista.
Lo sorprendente es entonces que el PP pidiera la retirada del Diario de Sesiones de la frase que hace referencia al robo, pero que no menciona al alcalde, y permitiera que se mantuviera la que sí acusa de manera explícita al alcalde de Málaga de hacer un uso indebido del dinero público. Porque, si no es el uso indebido del presupuesto del Ayuntamiento el motivo que les llevó a pensar que Heredia se refería al alcalde cuando hablaba de “quien roba un céntimo”, ¿qué otra razón les llevó a pensar que se estaba aludiendo al alcalde?
Porque el hecho es que la señora Villalobos lo pensó inmediatamente y la imagen se le apareció con tanta nitidez que, con una vehemencia digna de mejor causa, la señora Villalobos empezó a gritar a los socialistas en general y al diputado Heredia en particular: “Ladrones vosotros. Ladrón, tú, en tu pueblo, donde gobiernas” y “Eres un diputado indigno. Sí, lo eres”. Misteriosamente, además, la primera frase se transformó al pasar del Hemiciclo al Diario de Sesiones en “Ladrones vosotros, en Alcaucín, en el pueblo donde gobernabas”.
Por cierto, en el pueblo de Heredia, que es Mollina, gobierna Izquierda Unida con apoyo del PP, y Miguel Ángel Heredia nunca gobernó Alcaucín. No dio ni una. El miércoles no fue un día afortunado para la señora Villalobos. El jueves, los jefes de la bancada del PP pusieron un precio excesivo a su civismo: equiparar una crítica política legítima y un insulto. Ese día fue un día malo para todos.
José Andrés Torres Mora es diputado del PSOE por Málaga
Ilustración de Javier Olivares
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
La vida es contradictoria. Hay monstruos que metabolizan nuestros ataques y se hacen más poderosos con nuestros proyectiles. La antipolítica es uno de esos monstruos. En los años del GIL, sus dirigentes metabolizaban su propia corrupción usándola como prueba de su honestidad: “Nosotros no engañamos a nadie, es verdad que somos tan corruptos como los políticos, pero a cambio somos más eficaces”.
Con el asunto del espionaje en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) corremos el riesgo de que, una vez más, nuestras críticas no le afecten o incluso terminen por hacer más poderoso al monstruo de la antipolítica. Un monstruo que se alimenta de extender la desconfianza y el desprecio a nuestras instituciones y a nuestros representantes por igual, sin distinción de color político ni de trayectorias personales. Por eso, cuando concluimos que el problema del espionaje en la CAM es un problema de desconfianza entre los distintos grupos del PP, pese a ser verdad, nos quedamos peligrosamente cortos en nuestro análisis.
Para un demócrata, que los políticos de un mismo partido no se fíen unos de otros es un argumento demoledor contra ese partido. Pero para el antipolítico ese dato es un verdadero triunfo a la hora de argumentar contra el sistema en su conjunto. El argumento de la desconfianza desplaza el debate público del eje de la política al de la naturaleza humana. Al establecer el marco de la desconfianza, todo el razonamiento tiende a exonerar precisamente la acción más corrupta, la de espiar, para centrar nuestra atención en la sospecha de que los políticos hacen cosas malas, se corrompen, etcétera. En esa lógica, espiar sería una especie de mal menor, casi necesario, obligado por la corrupción intrínseca que se le atribuye a la política.
Un caso muy ilustrativo, desde este punto de vista, ocurrió en el Ayuntamiento de Málaga (PP) en 2005. Desde ámbitos de la policía local se escribió un informe sobre las actividades diarias de una concejala del equipo de gobierno que incluía informaciones sobre su actividad política y personal, incluida la frecuencia de su práctica religiosa. Lo más significativo es que finalmente el debate sobre las supuestas actividades de la concejala se impuso al debate en relación con el espionaje al que fue sometida. Las únicas responsabilidades políticas que se derivaron del caso fueron las que afectaron a la concejala víctima del espionaje, que fue acusada por sus superiores de trabajar poco, desposeída de sus competencias y, finalmente, excluida de las listas.
Obtendríamos más luz si, en lugar de preguntarnos por qué se espían, nos preguntáramos para qué se espían. Por lo que sabemos hasta ahora, en la Comunidad de Madrid los seguimientos no se hacen para poner a disposición de la Justicia información sobre comportamientos ilegales de responsables públicos. De hecho, a estos espías les interesan igual los delitos que los pecados. Sus informaciones no están destinadas a hacer Justicia, sino a hacer chantaje. No pretenden acabar con la corrupción, sino explotarla mejor, hacerla más productiva.
La razón por la que se espían no es porque no se fíen unos de otros, sino porque se conocen muy bien, y conocen muy bien lo que está pasando en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Saben que hay suficientes irregularidades como para que la práctica sistemática del espionaje sea una industria rentable. Pero lo más inquietante, lo más peligroso, no es que haya corrupción, sino que, en lugar de denunciarla, hay quienes la están usando para chantajear a los corruptos, para envilecerlos más aún; para hacer más vulnerables las empresas o las instituciones a los intereses espurios de los chantajistas.
Salvo una improbable mutación colectiva, no es un problema antropológico; lo que está ocurriendo en la CAM es tan extenso y sistemático que sólo puede ser el éxito siniestro de una ideología. Es la consecuencia perversa de una ideología ciegamente contraria a lo público, instalada durante años entre los responsables de la Administraciones local y autonómica de Madrid hasta debilitar sus defensas cívicas frente a la corrupción. Una ideología que no se detiene en desatender y privatizar la educación o la sanidad; ni se detiene en el uso privado de lo público, como hace con la televisión madrileña. Su ideología dispara directamente al corazón del sistema y su objetivo último es la privatización del poder político: la sustitución del imperio de la ley por el capricho de un dómine o una dómina.
Los seguimientos de los que tenemos noticia no han sido decretados por un juez bajo el imperio de la ley, sino por las pasiones e intereses de algunas personas cuyo único objetivo es acrecentar su patrimonio privado o su poder público. Un poder tóxico, contaminado por el chantaje del que se alimenta. El sueño antiestatista de la derecha neocon nos devuelve al estado de naturaleza hobbesiano. Algo así es en lo que se está convirtiendo una parte importante del PP de Madrid, donde el compañero se ha vuelto un lobo para el compañero.
Al final, cuando, fruto de su batalla por el poder, han sacado los dossieres a la luz para que la Justicia y la opinión pública decidan, los ultraliberales de Madrid rinden un involuntario homenaje al Estado, a la ley y a la política. Tras su furibundo antiestatismo, no hay liberalismo. En los ayuntamientos que estuvieron bajo el GIL no hubo libertad de mercado en el urbanismo. De igual modo que no la ha habido en el reparto de licencias audiovisuales o en la adjudicación de obras en la Comunidad de Madrid. No son liberales, el mercado y la libertad son sólo pabellones de conveniencia con los que sustituyen la bandera de las tibias y la calavera cuando se dan cuenta de que les estamos mirando.
José Andrés Torres Mora es Diputado por Málaga y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
Ilustración de Mikel Jaso
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Si es legítimo argumentar que la crítica a las instituciones democráticas puede ser una defensa de la democracia, también es legítimo argumentar que la defensa de las instituciones democráticas no es necesariamente un ataque a la democracia.
Hace unas semanas un periódico publicaba un artículo, con foto incluida, señalando que los escaños del Congreso estaban prácticamente vacíos. No cabe duda de que los escaños desiertos son tan buena imagen fotográfica como mala imagen política. Mi generación ha crecido viendo la imagen de un líder solitario en su escaño en cada una de las legislaturas desde la transición. Una metáfora atractiva, capaz de evocar muchas ideas literarias sobre la soledad del poder o la decadencia del héroe, pero poco útil para comprender el parlamentarismo.
Desde aquel día se ha sucedido toda una retahíla de noticias sobre el sueldo de los diputados, el número de sus iniciativas y las otras actividades a las que se dedican. Noticias que ponen una letra, no siempre precisa, a una vieja música antipolítica. Es justamente la imprecisión lo que hace nacer la sospecha sobre el sentido de esos artículos. Estos días hemos leído cómo se comparaban el número de intervenciones orales de los diputados de los grupos minoritarios con el número de intervenciones de los diputados de los grupos mayoritarios, o la falta de exclusividad en la actividad parlamentaria del miembro de una ejecutiva con la del socio de un bufete de abogados. Así salen números mágicos, de magia negra, azul o parda, como el escaso diez por ciento de diputados que tendrían dedicación exclusiva, entre los que no se encontrarían ni el presidente del Gobierno ni el líder del principal partido de la oposición, por si alguien puede imaginar personas con mayor exclusividad en su trabajo político. Pero hay quien se dice: por qué dejar que la verdad arruine la fiesta populista, cuando el coro crece y crece.
Sería bueno preguntarse por qué, legislatura tras legislatura, se repite la escena de los escaños vacíos. Si lo hacemos, encontraremos mejor la respuesta en el funcionamiento ordinario del parlamentarismo moderno que en la moralidad laboral de los diputados. El objeto del discurso en la tribuna es más dejar constancia fidedigna de la posición del parlamentario y de su grupo en el Diario de Sesiones y en el registro videográfico de la Cámara, que un procedimiento deliberativo en sentido estricto. El debate en el Pleno es sólo la formalización pública de todo un trabajo previo, de un largo proceso de deliberación en el que es posible hacer lo que sería imposible hacer en una sesión plenaria.
Es algo que uno constata la primera vez que es ponente de una ley, son las visitas al despacho del ponente del otro partido, las conversaciones de horas que exploran cada uno de los meandros del texto que se pretende aprobar, las reuniones con el Gobierno, con asociaciones de ciudadanos. Es en esos espacios en los que va definiéndose la posición del grupo parlamentario hasta llegar a las reuniones internas, que los grupos parlamentarios suelen celebrar los martes, en las que los diputados hacemos nuestras últimas objeciones antes de tomar una decisión que todos deberemos cumplir.
Aunque a cualquier observador atento se le ocurrirían mejores objetivos políticos, ahora parece que toca encontrar la fórmula para llenar el hemiciclo todo el rato. Hay quienes, para ello, proponen reformar el reglamento. Otros, un paso más allá, proponen reformar el sistema electoral. Estos últimos argumentan que con un sistema electoral como el anglosajón las cosas serían muy distintas en nuestra vida política, y además el hemiciclo estaría todo el rato lleno.
Es bastante probable que introducir un sistema uninominal y mayoritario en nuestro ecosistema político tuviera un efecto tan nocivo como el que ha producido la introducción del foráneo mejillón cebra en el ecosistema de nuestros ríos. Aunque también es posible que no pasara nada, los electores españoles llevan 30 años votando igual las listas cerradas y bloqueadas del Congreso que las listas abiertas del Senado. Pero lo que es seguro es que tal reforma no conseguiría llenar el hemiciclo todo el rato.
En su libro La audacia de la esperanza, el presidente Obama escribe: “aparte de los pocos minutos que llevan las votaciones, mis colegas y yo pasamos poco tiempo en la sala del Senado (…). Para cuando llegamos a la sala y el secretario empieza a pasar lista, todos los senadores han decidido ya –tras consultar con su gabinete, el líder de su caucus, cabilderos preferidos, grupos de interés, correos de los electores y tendencias ideológicas– cómo van a votar”. Tras describir la imagen habitual de un senador hablando en un salón de plenos casi desierto concluye de manera literaria: “En el cuerpo deliberativo más importante del mundo, nadie escucha”.
Si es necesario reformar nuestras instituciones, la solución no es tanto importar un modelo político extraño como entender primero cómo funciona el nuestro. Por lo demás, probablemente habrá diputados más trabajadores que otros. Como en todas partes, como en las fábricas, las escuelas o los hospitales. Pero lo cierto es que, en opinión de una mayoría de los ciudadanos, nuestra democracia ha funcionado razonablemente durante estos últimos 30 años. A ello han contribuido unas Cortes que, con todas sus virtudes y sus defectos, han hecho buenas leyes, han controlado a los gobiernos y, en general, han contribuido al crecimiento de la libertad y la prosperidad de nuestro país, todo ello por voluntad y en representación de los ciudadanos.
José Andrés Torres Mora es Diputado por Málaga y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
Ilustración de Iker Ayestaran
JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Al igual que en la noche todos los gatos son pardos, la oscuridad de las dictaduras homogeneiza a los diferentes sectores de la oposición. Y de la dictadura franquista quedó un buen nivel de cercanía y entendimiento entre la oposición de izquierda y los nacionalismos democráticos de la periferia, dos proyectos políticos con sustanciales diferencias.
Durante décadas el entendimiento y la colaboración entre la izquierda española y los nacionalismos periféricos ha producido resultados positivos para todo el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay síntomas de que algo debe cambiar en esa relación para que pueda seguir dando sus frutos.
Como hicimos en otras ocasiones, en la actual Legislatura los socialistas hemos pactado con los nacionalistas. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos encontrado con un elemento nuevo, cuando los socialistas acordamos con los nacionalistas hacer reformas que mejoran el autogobierno de las Comunidades a las que pertenecen, reformas constitucionales y legítimas, el nacionalismo español las denuncia como pasos dirigidos a la ruptura de España.
Una ocurrencia como esa resultaría del todo increíble si no fuera porque, en ocasiones, nuestros socios han afirmado que, efectivamente, los pasos que damos juntos se encaminan en esa dirección. Algo que es igual de falso cuando lo afirman ellos que cuando lo dice el PP, pero que a dos voces parece más creíble. Y, de ese modo, en lugar de debatir sobre las mejoras administrativas y políticas en la gestión de la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras o el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo, debatimos sobre lo que no estamos haciendo, es decir, sobre la ruptura de España.
España no es uniforme, pero tampoco es un puzzle de piezas homogéneas. Las piezas son tan heterogéneas como el todo. Cuando los sociólogos preguntan sobre los sentimientos de identidad territorial en España, siempre se encuentran ante al triunfo del mestizaje, la mayoría contesta: tan vasco como español, tan catalán como español, tan andaluz como español, y así. La mayor parte de los ciudadanos de nuestro país tiene identidades mestizas. Los hay exclusivamente catalanes, vascos puros o españoles sin mácula, pero son los menos. Sus sentimientos son legítimos, pero minoritarios. Y sus proporciones no han cambiado desde la Transición.
Es verdad que se trata de la mirada de un sociólogo y no la de un historiador. Sin duda la historia nos ha traído a estas playas, nos ha hecho así, con estas identidades complejas y reales. Y es necesario conocer cómo se formaron y dónde. Pero la solución institucional que más conviene a esa multiplicidad de identidades no debe servir a quienes poblaron estas tierras en el pasado, sino a los del presente y a los del futuro. Y esa solución institucional pasa por un modelo muy parecido a lo que ya tenemos, un modelo de convivencia que permite la unidad política de todos los españoles y la autonomía necesaria para que se preserve la identidad, la lengua y la cultura de los que no se sienten españoles, o no sólo españoles. Con este modelo hemos salido ganando todos, los nacionalistas y los no nacionalistas.
Hemos pasado de ser un Estado centralista y unitario a ser un Estado descentralizado y compuesto. Y a los españoles nos ha ido muy bien incorporando la autonomía política de los territorios a nuestro proyecto político. Es bueno para la democracia que el poder esté dividido, y mejor que esté disperso. El éxito de la España democrática se debe en buena medida a esa dispersión del poder que la ha hecho más democrática y más próspera. Ha resultado mejor para nuestro desarrollo económico que en lugar de tener sólo un ministro de industria, tengamos además diecisiete consejeros de industria. Ha sido muy bueno multiplicar por diecisiete las instancias de decisión y control democrático. Quizá haya perjudicado a algunas castas de burócratas que han usurpado históricamente el poder político en España, pero ha beneficiado a todo el país.
Los españoles hemos hecho un esfuerzo transformando un Estado centralista y unitario en otro que atendiera a las demandas de los nacionalistas periféricos. Y nos hemos encontrado con que ese esfuerzo nos ha beneficiado también a nosotros. Sería razonable que los nacionalistas periféricos hicieran un esfuerzo por su parte renunciando a su programa máximo, a la independencia, que no a su identidad. Primero, porque es un proyecto inviable dada la composición identitaria de sus territorios, ya que traumatizaría y desgarraría a una parte muy importante de su población. Y, segundo, porque también ellos se beneficiarán de su renuncia.
En 1959 los socialistas alemanes renunciaron al marxismo en el famoso congreso celebrado en la localidad de Bad Godesberg. Veinte años después, en 1979, los socialistas españoles hicimos lo mismo. Internamente fue traumático, pero socialmente resultó un éxito. Al final, aquella renuncia nos ayudó a ganar la confianza de una gran mayoría para consolidar las libertades y construir el Estado del Bienestar.
Uno es lo que hace. La identidad de los socialistas es ampliar la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos, así la hemos construido en todas partes del mundo. Sin duda para llevar a cabo esa tarea deberemos seguir colaborando con los nacionalistas democráticos. Pero ayudaría mucho a nuestra colaboración que los nacionalistas se fueran de vacaciones dos o tres días, lo que dura un congreso, a Bad Godesberg.
José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE.
