José Luis de Zárraga
Sociólogo
Ilustración de Jordi Duró
No sólo hay “mucho PSOE por hacer”. Está por hacer un discurso de gobierno de una socialdemocracia de izquierdas, el discurso socialdemócrata ante la crisis y más allá de la crisis. A falta de ello tanto dará –a quienes no son militantes, la inmensa mayoría– que se haga “mucho PSOE”. Por eso importa mucho no sólo el PSOE que hagan estos días en su congreso, sino el camino que tomen; no sólo los dirigentes que elijan, sino la política que representen.
El PSOE se encuentra ante una decisión paradójica, que necesariamente habrá de ser, a la vez, de ruptura y continuidad, pero que sus dirigentes no saben (o no quieren) explicar bien. Aunque no se reconozca, tendrá que ser, por una parte, una verdadera ruptura con la política desarrollada por el Gobierno socialista durante los últimos años. Pero al mismo tiempo tendrá que recuperar lo esencial de la línea política que José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Gobierno en 2004. Porque aquella era la línea correcta para un Gobierno socialdemócrata, aunque fuera enseguida frenándose y terminara abandonada durante la segunda legislatura.
Frente a la tercera vía de Blair y Schröder, que –como dice Fontana– representaba en realidad “un abandono radical de las ideas de la tradición socialista”, Zapatero representaba una recuperación de los principios de solidaridad de esa tradición. En aquel momento representaba, además, la ruptura de un alineamiento internacional con el imperialismo que nos devolvía la dignidad a los españoles. Tras casi dos décadas de progresivo alejamiento de los movimientos ciudadanos volvía a conectar con ellos y nutría de ellos su fuerza electoral. Levantaba la bandera de la ampliación y consolidación de los derechos civiles, prácticamente abandonada por los gobiernos socialistas desde la época del periodo constituyente.
Aunque luego frustrada, alentaba la esperanza de que al fin un Gobierno progresista se atreviese a construir un Estado realmente laico –algo que también temían los reaccionarios, como probó la feroz oposición con que, desde el principio, se enfrentó la Iglesia a su Gobierno–.
Luego, entre la ofensiva sin cuartel de la derecha y los frenos internos, el desarrollo de esa línea, que había logrado despertar en mucha gente alejada de la política una ilusión hace tiempo perdida, fue frenándose. Y cuando, en el marco de la crisis, los socialistas se vieron forzados a abandonar posiciones fundamentales y no supieron explicarlo a la población; cuando dieron la impresión de no saber reaccionar y no abrieron perspectivas de futuro e incluso, con sus silencios, hicieron creer que abandonaban su línea, entonces fue, realmente, cuando perdieron el respaldo de su base social y, con ello, perdieron las elecciones.
Pero eso no debe hacer olvidar que la línea de Rodríguez Zapatero cuando accedió al Gobierno era la correcta y que, en lo fundamental, sigue siendo, hoy, la línea correcta. Se habla –aunque cada vez más vagamente– de la reforma de la democracia. Es una necesidad no sólo para responder a la demanda popular, sino por estrictas razones de supervivencia. Sólo un Gobierno fuertemente enraizado en una base popular muy amplia y sólida puede resistir la presión –interna y externa– de los poderes económicos. Y no habrá Gobierno con una base así si no es en una democracia avanzada, donde los ciudadanos participen decisivamente en la política y no se limiten a cohonestar gobiernos con su voto.
También parece que todos los que van a participar en este congreso están de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de partido. Habrá que ver lo que significa eso, y si no se trata de cambiar de modelo para no cambiar de aparato.
Se está discutiendo si se debe buscar un liderazgo de transición o con vocación de permanencia, para el futuro. No sé si alguien, desde dentro, cree seriamente que ese dilema es real. Desde fuera parece claro que elegir una dirección de transición es renunciar a hacer la transición, demorar lo urgente, aplazar la renovación. Toda transición es una crisis, porque en ella se deja la piel vieja y se toma una nueva. Las metamorfosis, para un organismo o para una organización, son siempre difíciles y dolorosas. Como saben los zoólogos, es una fase inevitable para la supervivencia, pero a la vez del mayor riesgo, cuando el organismo está más expuesto a todo tipo de amenazas y su vida se pone en juego. Por ello podría desearse aplazarla, demorarla. Pero la demora arruina el proceso, no permite que sea más seguro o menos doloroso en el futuro, sino que lo aborta.
Hoy, para el PSOE, una dirección de transición simplemente sirve para proporcionar una prórroga a lo que hay, pero a la vez supone ofrecer puentes a la desbandada. No frenará la hemorragia, sino que la dejará fluir. Cuanto más se demore el cambio, más irreversible se hará la situación. Es incierto lo que significará un cambio de dirección en el PSOE. Puede no significar nada, porque quienes lo encarnen no sepan (o no se atrevan, o, al final, no puedan) ir más allá del cambio de personas. Pero lo que es seguro es a dónde conduce a ese partido el que no haya cambios: al enquistamiento y la irrelevancia política.
José Luis de Zárraga
Sociólogo
Ilustración de Dani Sanchis
La trayectoria de los gobiernos socialistas y muchos aspectos de las políticas que han desarrollado en el poder producen un desconcierto creciente en sus votantes, que se va traduciendo en abstención y cambios de voto. Ha sido más notorio con el Gobierno de Zapatero, pero sucedió también con el de Felipe González a finales de los ochenta, aunque las circunstancias históricas mitigasen sus efectos electorales. Los votantes, por las ideas que se hacen sobre lo que es un partido socialista, sobre sus valores y los objetivos de su política, albergan expectativas –más o menos confusas, con frecuencia poco realistas– sobre sus gobiernos que luego estos defraudan. El argumento de que las defraudan porque no pueden hacer otra cosa –tan frecuentemente esgrimido desde ese ámbito, aunque sea en voz baja– es letal: si exculpa a los gobernantes es sólo a cambio de privar de sentido a las ideas que representan, que serían utópicas e irrealizables (al menos “aquí y ahora”… pero siempre es “aquí y ahora”).
El 20-N los socialistas han sufrido, con dimensiones catastróficas, los efectos de una pérdida de credibilidad muy profunda que ha hecho a la gente preguntarse si no han estado equivocados sobre lo que podía esperarse de ellos, si no han sido víctimas de un espejismo respecto a lo que el Partido Socialista representaba. Es posible que muchos votantes socialistas que ahora se han abstenido o cambiado su voto estén en ese caso. Y si no quieren perder definitivamente sus votos, los socialistas deberían responder a las cuestiones de principio que implícitamente se plantean a su partido.
Estas cuestiones no se refieren ya a políticas concretas o medidas coyunturales que deberían explicar, porque ninguna de ellas por sí misma habría provocado los efectos catastróficos que se han producido. Las cuestiones a las que los socialistas deberían responder son cuestiones de principios, porque lo que está en duda es si la socialdemocracia mantiene realmente los valores y las ideas que le atribuían quienes se identificaban con ella y cómo las formula hoy, o si esas ideas y valores han perdido vigencia y no animan ya la política del partido que las representaba. Si el PSOE es, en el fondo, “lo mismo que el PP” –como se dice en la calle–, o es otra cosa –como han creído sus votantes hasta ahora–, no sólo en las formas o en los matices, sino en el fondo, la alternativa de una sociedad distinta.
En primer lugar, respecto al sistema económico. Históricamente, el socialismo ha significado una alternativa al capitalismo, fuera cual fuese la forma como se imaginara esa alternativa y la transición a ella. Hoy, en medio de esta crisis provocada por el desarrollo hegemónico del capital financiero, habría que saber si los socialistas siguen considerando que el capitalismo es un sistema irracional e injusto que hay que cambiar, y que ese cambio ha de hacerse en dirección a una economía regulada socialmente, en la que los bienes fundamentales –la naturaleza y los seres humanos– no se traten como mercancías y se subordinen a los mecanismos de mercado; en la que sea prioritario el interés social y no el beneficio privado, y la política ordene la economía.
En segundo lugar, respecto al sistema político. Históricamente, la socialdemocracia se ha identificado con una democracia radical, en la que sea posible un gobierno por y para el pueblo. En España hemos pasado de la dictadura a una democracia parlamentaria, democracia de partidos y elecciones, limitada en su ámbito y en su alcance. Habría que saber si los socialistas siguen considerando que la democracia debe hacer posible la más amplia participación del pueblo en las decisiones públicas, una auténtica representación de la voluntad popular en los gobiernos de todos los niveles más allá de su representatividad formal y la creación de las condiciones en que derechos y libertades sean efectivos en la práctica social y, no sólo reconocidos en las leyes.
En tercer lugar, respecto a la ideología social. Históricamente, los socialistas han defendido ideas y valores de racionalidad y de progreso. Hoy, en el mundo, se imponen ideologías reaccionarias, de signos muy diversos, alentadas por las iglesias y los sectores conservadores y respaldadas desde gobiernos de derechas más retrógrados que los de su mismo signo que les precedieron en otras épocas. Habría que saber si en España el Partido Socialista está dispuesto a enfrentarse a esa marea reaccionaria, a asumir los costes que puede tener la defensa del Estado laico frente a la Iglesia y frente a los movimientos integristas, a avanzar realmente en la extensión del pensamiento racional, en la implantación efectiva de la libertad moral, en la recuperación de la memoria de las luchas y de los sufrimientos que han hecho posible que hoy podamos plantearnos estos objetivos.
Los ciudadanos tienen motivos suficientes para dudar y para cuestionarse si los socialistas siguen representando una alternativa de cambio –del sistema económico, de la política, de la ideología dominante, de la sociedad– y no simplemente un recambio para alternarse con los gobiernos de derechas. Si no representasen más que esto, mucha gente pensará que no vale la pena el voto. Y si representan otra cosa –como siempre han creído sus votantes–, tienen que decirlo claramente, convencer de ello y, sobre todo, actuar en consecuencia.
JOSÉ LUIS DE ZÁRRAGA
Sociólogo
Ilustración por Federico Yankelevich
Es la medida menos dura de las que podía haber tomado”, parece que dijo Zapatero cuando la anunció. Quizá la menos dura –a saber qué otras medidas le habrán pedido–, pero sin duda la más significativa.
La medida se presenta como “un mensaje claro a los mercados” y respondería a una exigencia de estos, “para calmarlos”. Es lo mismo que se ha dicho con cada medida antipopular, sin que de ellas se siguiese calma alguna, sino el fortalecimiento y la exacerbación de las exigencias de los mercados. A diferencia de las reformas laborales y los recortes en las prestaciones sociales, la introducción en las constituciones de una limitación futura de los déficits públicos carece de consecuencias económicas a corto y medio plazo, que es donde se mueven los mercados. Hasta dentro de ocho años no empezaría a obligar a los gobiernos y es imposible anticipar cuál será entonces la situación y, sobre todo, la correlación de fuerzas que harán que esa declaración se aplique, se modifique o se derogue.
La estabilidad presupuestaria es un principio general asumido por los países de la zona euro en el Pacto de Estabilidad de 1997, en el que se fijaba también un límite del 3% al déficit público. Ahora se reclama elevar a las constituciones ese principio, modificado y reiteradamente incumplido durante estos años, pero vigente hasta hoy. ¿Por qué esa exigencia y qué se pretende con ella?
La reforma constitucional es una decisión social del máximo rango que sitúa la cuestión en el terreno de los principios, por encima de las leyes y las políticas. Que en este momento preciso, en esta coyuntura de crisis, se pretenda elevar la limitación del déficit a ese rango es muy significativo.
Desde que la crisis ha entrado en su segunda fase, tras el rescate del sistema bancario, se enfrentan en política económica dos posiciones: una partidaria de reactivar la economía con inversiones públicas estratégicas, aunque ello implique asumir déficits presupuestarios, y otra partidaria de reducir el endeudamiento y recortar drásticamente el gasto público, aun a riesgo de provocar una larga recesión. La primera es defendida por economistas keynesianos y políticos progresistas; la segunda, por neoliberales y conservadores.
Esas posiciones se enmarcan en una polémica más general sobre la relación entre política y economía, el papel del Estado y la intervención pública en la economía. Para la ideología neoliberal, el Estado debe gastar lo mínimo indispensable para asegurar las condiciones de reproducción del sistema y no debe interferir en su dinámica porque este se autorregula.
El endeudamiento público sólo tiene sentido si el Estado ha de intervenir en la economía y mantener el nivel de los servicios a los ciudadanos. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del Estado del bienestar en las coyunturas en que su financiación ordinaria es insuficiente pueden requerir endeudamiento. Para los progresistas, es un instrumento legítimo, incluso esencial, de la política económica. Para los conservadores, es ilegítimo, porque rechazan la intervención del Estado en la economía y son siempre partidarios de recortar el gasto social si escasean los recursos.
La sostenibilidad fiscal es un requisito a largo plazo de la economía pública. Es una obviedad que, dentro de sus límites, ninguna sociedad, cualquiera que sea su sistema económico, puede indefinidamente consumir más de lo que produce. Tal cosa sólo es posible drenando los recursos de otras sociedades, lo que sólo logrará mientras ejerza un dominio imperial sobre ellas, como es el caso de Estados Unidos durante las últimas décadas. A largo plazo, los estados –cualquiera que sea su régimen político– no pueden gastar, en términos reales, más de lo que ingresan de su sociedad; para gastar más tendrán que ingresar más, sea porque la economía social se expanda, sea porque aumente la carga tributaria impuesta a los ciudadanos. Esto no excluye, sin embargo, los desequilibrios y el endeudamiento en el corto y medio plazo, en el que han de actuar las políticas económicas.
Pero no nos dejemos confundir. No se discute si el Estado debe equilibrar ingresos y gastos, si debe o no haber déficits y superávits en las cuentas públicas, en qué condiciones y qué ha de hacerse con ellos. Esta no es ya una discusión de política económica, que sólo tendría sentido en relación con la coyuntura y en la perspectiva del ciclo. Cuando una cuestión técnica como esta se eleva a la categoría de principio, se entra en el terreno de la ideología.
¿Qué significado tiene una declaración constitucional como la que se pide? No tiene un significado económico, ni siquiera en relación con los mercados de deuda pública. Tiene un significado ideológico fundamental: es una confesión de fe. Como al hereje ante la hoguera de la inquisición, se exige a gobiernos y países que abjuren de sus ídolos y reconozcan que el único dios es el mercado, que a él nos debemos y hemos de someter nuestra voluntad.
Con muchas de las medidas adoptadas en estos últimos años, los estados se han sometido a los mercados; lo que hay de nuevo en esta exigencia no son sus consecuencias prácticas –mucho más remotas e inconcretas que aquellas medidas–, sino que representa el acto de sometimiento mismo, la ceremonia de la sumisión. No se trata ya de forzar a los gobiernos a hacer una política neoliberal –que ya la hacen–, sino de que hagan confesión pública de neoliberalismo.
La crisis está siendo la oportunidad histórica para el afianzamiento de la ideología neoliberal. Reformar las Constituciones para introducir en ellas el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación del déficit público no es una medida de racionalidad económica, sino un acto político. Y no lo exigen los mercados, lo exigen quienes, como Merkel, representan hoy, en el ámbito político, la ideología y los intereses del capital financiero internacional.
