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Dominio público

Opinión a fondo

Los límites de la libertad

29 jul 2009
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dominio-07-29.JPGJosé Manuel Rodriguez Uribes

El terrorismo, a diferencia de otros modos de violencia organizada y frente a otros delitos especialmente violentos, se presenta como un proyecto político que busca instaurarse por la fuerza. Esto vale con carácter general y también para el caso de ETA. Los terroristas (victimarios en la dialéctica con sus víctimas) abusan de su libertad hasta extremos inhumanos y delictivos, desde la ensoñación fanática de un mundo que anhelan dominar imbuidos en argumentos de identidad, étnicos o religiosos. Quienes les acompañan ideológicamente, como ha reconocido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de Batasuna, incurren en ese mismo abuso, contaminados por la acción violenta de los primeros, a los que ni condenan ni convencen para que dejen de matar. Por eso está justificado, como dice el tribunal, declararlos ilegales.

Unos y otros, los terroristas y su soporte ideológico, practican, de un lado, la nefasta filosofía del fin justifica los medios y, por otro, la dialéctica schimittniana del odio, incompatible con la amistad cívica de la democracia, pero sobre todo lo que hacen, unos y otros, es abusar de su libertad, de la que tienen gracias al constitucionalismo democrático al que, paradójicamente, pretenden destruir. La civilización sólo puede asegurarse si todos renunciamos a parte de nuestra libertad natural. Lo explicaron muy bien en los albores de la modernidad Locke, Hobbes, Rousseau y Kant. Hoy esto tiene más sentido en sociedades cada vez más complejas, plurales y diversas, y el País Vasco es un buen ejemplo de esa pluralidad multicultural.

Recordar esto es tan importante para la deslegitimación y erradicación final del terrorismo como la represión policial y la aplicación de las normas penales por los jueces. Es la pedagogía de la libertad como libertad limitada a partir del valor absoluto de la dignidad humana, que nunca debe ser sacrificada en aras de un fin que, además en este caso, se convierte en particularmente perverso porque se hace utilizando la muerte, el secuestro, la extorsión, la coacción o el chantaje, es decir, la violencia en toda su amplitud, tal y como la describió
Hannah Arendt. Es la libertad absoluta de unos, afortunadamente una minoría, frente a la libertad autolimitada del resto, la mayoría. Que la libertad también tiene sus límites puede concretarse en dos principios normativos que operan completándose entre sí, cerrando el círculo de lo justificado en el espacio público-político, de lo razonable (y de lo posible) en una sociedad civilizada. A saber:

1. El respeto a todas las ideas siempre que no se defiendan mediante la violencia. En el fondo late aquí el clásico dilema en torno a los límites de la tolerancia. Norberto Bobbio lo resolvió básicamente bien, señalando el límite de la tolerancia precisamente en la intolerancia. Todo es tolerable menos la intolerancia, es decir, menos la violencia, o mejor, la pretensión de imponer por la fuerza nuestras convicciones o nuestra visión del mundo. Javier de Lucas, a mi juicio con buen criterio, dio hace unos años una vuelta de tuerca más al dilema y extrajo una implicación que al menos teóricamente tienen una fuerza argumentativa irreprochable. La tesis, resumiéndola mucho, vendría a decir que en sociedades democráticas, igualitarias y con derechos, el espacio que queda para la tolerancia como valor es muy reducido (otra cosa es su comprensión como virtud privada, forjadora del carácter de las personas, casi siempre positiva). Porque entre lo intolerable y los derechos no cabría ya lo tolerable. Si algo está prohibido, no debe ser tolerado (vg. Sentencia sobre Batasuna); y si está permitido, forma parte del libre ejercicio de la libertad, de nuestros derechos, y tampoco cabe aquí la intromisión tolerante de los terceros, particularmente, aunque no sólo, del Estado.
Dicho esto, el terrorismo es intolerable e intolerante. Está castigado por el Código Penal al igual que su apología o la humillación a las víctimas y por eso se persigue, con particular éxito en los últimos años. La voluntad de secesión o de independencia como ideología forma parte, por el contrario, de lo permitido en un Estado como el español, que consagra entre sus valores superiores el pluralismo político. Sólo debe ser combatida con argumentos de racionalidad democrática y de legalidad, formal y procedimental, nacional e internacional. Y esto nos conduce a la segunda de las condiciones, a saber:

2. El respeto a todas las ideas (no violentas) siempre que se respeten además las vías, reglas y requisitos previamente establecidos para llevarlas a cabo. Se trata de la otra condición básica para la convivencia en paz y en libertad y para saber a qué atenernos. Es el segundo límite a nuestra libertad y supone el respeto escrupuloso a las reglas del juego y la imposibilidad de cambiarlas sobre la marcha o al margen de los procedimientos (pre) establecidos. Sin este límite, que opera a modo de muralla, solo cabe la guerra de todos contra todos y la segura extinción del más débil. En suma, es el respeto al Derecho por el que lucharon los republicanos de todo tiempo. La ley como garantía de los más vulnerables frente a la arbitrariedad y el abuso de autoridad de mayorías o de minorías violentas. Es, por último, una expresión del principio de igualdad, muy reforzado éticamente en nuestra Constitución con el apoyo especial a las minorías por encima incluso de su real representatividad.

En estos dos principios, que se presentan como límites o condiciones de la libertad, aplicados por igual para todos, radica la razón última que justifica que nuestro modelo de convivencia pueda ser presentado como el mejor de los modelos posibles, difícilmente sustituible. Esta es la grandeza de la democracia constitucional, que nos garantiza a todos que nuestros proyectos de vida o nuestra visión política estén limitados. Es la paradoja de la libertad: en sus límites está su mejor razón.
José Manuel Rodriguez Uribes es Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.

Ilustración de Patrick Thomas

Memoria del 11-M

11 mar 2009
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JOSÉ MANUEL RODRíGUEZ URIBES

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Ha pasado un lustro del atentado terrorista con mayor número de muertos y heridos de nuestra Historia, también como europeos. Un atentado contra el mundo en el sentido que le da Fernando Pessoa a la expresión: contra hombres y mujeres que iban a trabajar o a estudiar, gentes sencillas con toda una vida por delante truncada por unos fanáticos armados de bombas y sinrazón. Todavía una joven se debate entre la vida y la muerte, en estado vegetativo irreversible. Muchos de los asesinados eran extranjeros y algunos profesaban la misma religión que, malinterpretada y torcida, sus asesinos utilizaron como coartada, como fundamento último de su irracionalidad violenta. Retumba en nuestras conciencias el eco de la voz de los muertos que no olvidaremos, materializado en el discurso de Pilar Manjón, madre doliente, que verbalizó lo que los españoles de bien sentimos en aquellas oscuras horas de marzo de 2004. Cinco años después, a las familias y a los amigos de los muertos les ha quedado un vacío imposible de llenar. Los heridos recuperan sus vidas con la contradicción de ver cómo en muchos casos sus secuelas, físicas y/o psicológicas, se agravan, a la vez que se sienten afortunados en su condición de supervivientes. Algún día, esperemos, superarán el duro golpe que les dio la vida.

En estos cinco años, la sociedad española ha demostrado su solidaridad; los jueces han dictado sentencia condenando a los culpables con todas las garantías de un Estado de Derecho y desde el Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Ru-
balcaba a la cabeza y en colaboración con las asociaciones de víctimas, hemos ayudado en todo lo que estaba en nuestras manos, cumpliendo con una obligación hoy tan moral como jurídica. Además, la terrible experiencia del 11-M nos ha servido para diseñar un sistema de atención a las víctimas cada vez más integral y potente, explicitado en buena medida en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El corolario será la nueva ley, comprometida para esta legislatura, sobre la que estamos trabajando con todos los colectivos representativos, movimientos cívicos, sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil. ETA, por si no hubiéramos tenido suficiente, sigue matando y el terrorismo internacional es una amenaza constante, en España y fuera de nuestro país. Junto a la respuesta policial y penal, cada vez más eficaz, hemos aumentado, cuantitativa y cualitativamente, los mecanismos de protección y de reconocimiento hacia las víctimas, hacia todas las víctimas, con independencia del grupo terrorista que les causó daño. Nuestro sistema, hoy, es uno de los más avanzados del mundo y se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

1. El principio de solidaridad, que asegura la respuesta material, psico-social y económica del Estado, entendido en un sentido amplio, expresión de la Justicia como reparación, cada vez más integral, continuada en el tiempo y personalizada. Porque después de los funerales y de las primeras, imprescindibles, muestras de solidaridad, en ocasiones muy intensas, puede llegar el silencio, la soledad o incluso el olvido. Y es entonces cuando debemos volver a estar, acompañando a las víctimas y a sus familias, recordándoles que el paso del tiempo no lleva a la desmemoria ni a la desatención.

2. El principio de territorialidad, que incluso despliega sus efectos fuera de nuestro país cuando el terrorismo afecta a intereses españoles, a contingentes en operaciones de paz o de seguridad, o cuando la banda terrorista es española (por ejemplo, y a su pesar, ETA –qué ironía!–), garantizando que nadie, sea español o extranjero, quede fuera de nuestra cobertura. Sólo queda pendiente y se regulará en la futura ley el reconocimiento a los españoles, turistas o en viajes de negocios, víctimas del terrorismo internacional fuera de España. El resto de situaciones ya tienen protección y, por ejemplo, los extranjeros que sufren un atentado en España –más de mil entre muertos y heridos en los últimos 40 años– gozan de los mismos derechos que los españoles, a los que hay que añadir la concesión de la nacionalidad española.

3. El principio de reconocimiento, que potencia la presencia y la visibilidad de las víctimas y de sus colectivos representativos en el espacio público, nacional o internacional sin caer en la exhibición impúdica o morbosa, ni en la manipulación o en el aprovechamiento partidista, en algún caso, con manifiesto desprecio hacia valores nobles como la paz o la unidad frente al terrorismo. El principio de reconocimiento debe concebirse, bien al contrario, como expresión de un derecho fundamental de las personas que han sufrido la acción terrorista en cualquiera de sus formas; es el derecho a ser escuchado, a la memoria y a que el relato evite equidistancias, distinguiendo entre víctimas y victimarios, entre quien sufre y quien hace sufrir, como nos ha recordado tantas veces José María Calleja.

El 11 de marzo de 2004 representó lo peor de la maldad humana, la ausencia de toda conmiseración, la brutalidad y el espanto en estado puro. Sus autores son “almas que, como diría Cioran, ni siquiera Dios podría salvar, aunque se pusiera de rodillas a rezar por ellas”. Las víctimas, sin embargo, son nuestra tabla de salvación; representan lo que nadie les pidió ser: la imagen de la civilización, la grandeza del ser humano. Que nadie las manosee, que nadie abuse de un símbolo que es patrimonio de la democracia; porque, invocando a Paul Éluard, “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”.

José Manuel Rodríguez Uribes es Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior

Ilustración de Mandrake