Josep Borrell
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Después de la estruendosa derrota del PSOE en las pasadas elecciones, sólo quedan en Europa un par de pequeños países con gobiernos socialdemócratas. Los ciudadanos no han encargado a la izquierda la solución de una crisis causada por los excesos del capitalismo financiero, a pesar de que las políticas sociales compensatorias son más necesarias que nunca. La Europa del mañana la están moldeando las presiones de los mercados financieros y las propuestas de dos líderes de centro derecha, Merkel y Sarkozy. Los demás, con excepción de Reino Unido que no está ni quiere estar en el euro, les siguen, haciendo de la necesidad virtud. Considerando el déficit público como único problema y la austeridad como única solución, estamos precipitando a Europa entera a una recesión larga y prolongada. Con el riesgo de que los ganadores de esta situación sean la tecnocracia y el populismo
Es en este contexto en el que se debe plantear el debate sobre la socialdemocracia en Europa y sobre la necesaria renovación del PSOE en España. Un debate que ha tardado en empezar después del 20 de noviembre porque con la investidura por en medio no había que dar armas al adversario. Y que se pretende acabar demasiado pronto, sólo un mes después del turrón, con un Congreso convocado a todo correr. Habría sido mejor darse el tiempo que necesita el famoso debate de ideas, tan invocado como poco practicado. Y para evitar que, en sólo un mes, todo acabe en la confrontación entre personas. Confrontación al final inevitable porque las ideas no crecen en los árboles, sino que son concebidas y defendidas por personas .
La primera contribución a ese debate ha sido el documento Queda mucho PSOE por hacer, firmado entre otros por algunos ex ministros del Gobierno de Zapatero, a cuya redacción he modestamente contribuido y con cuyo contenido estoy básicamente de acuerdo. Ante un tema tan complejo como las causas y las consecuencias de la desafeccion popular a las propuestas y candidatos socialistas, se pueden buscar mil matices a lo que en ese texto se dice y cómo se dice. Se pueden también lamentar sus carencias, que sin duda las hay, como por ejemplo la escasa referencia a los problemas surgidos en torno a la organización territorial del Estado. Pero es un buen texto para iniciar un debate que será inevitablemente difícil. Y eso es lo que pretende.
La derrota electoral no puede ser sólo atribuida a los efectos de la crisis económica. No es posible refugiarse en la fatalidad de que con la crisis todos los gobiernos, de cualquier color, pierden las elecciones porque ninguno ha sido capaz de resolverla. Primero porque la realidad no lo confirma. Y segundo porque en nuestro caso existe un cierto consenso de que no ha sido sólo la crisis, sino la propia gestión política de la crisis, lo que explica la magnitud de la derrota.
Esta es una de las tesis básicas del manifiesto. Yo mismo lo he dicho y escrito con esas mismas palabras antes de las elecciones municipales y generales, cuando tenia mas interés hacerlo, y después, cuando los problemas de falta de credibilidad, que también apunta el manifiesto, eran de una abrumadora evidencia.
Se podrá pensar que sólo los que no hemos estado en los gobiernos de Zapatero estamos legitimados para hacer esa crítica. Y, en efecto, esa contribución al debate ha sido más criticada por quién lo dice que por lo que se dice. Puede sorprender que ministros hasta última hora del Gobierno de Zapatero reconozcan y asuman colectivamente los errores que se han podido cometer. Pero el PSOE no necesita una crítica, necesita una autocrítica. No le faltan críticos externos, de lo que anda escaso es de motores internos de transformación organizativa y coherencia ideológica.
¿Quién está entonces legitimado para hacer autocrítica? ¿Hay que excluir a los que han sido corresponsables en distintos grados y desde distintas funciones de las políticas y de las decisiones que se pueden considerar equivocadas? Si así fuera, no serían sólo los ministros del Gobierno, serían muchos, demasiados, los que tendrían que abstenerse de participar en una imprescindible revisión critica de lo ocurrido.
Ciertamente, no todos tienen la misma responsabilidad. No es lo mismo quien asume colegiadamente las decisiones del Consejo de Ministros, aunque no esté del todo de acuerdo con ellas (un ministro en ejercicio, o dimite o asume y calla), que el diputado que aprieta disciplinadamente el botón, que el militante que se calla su desacuerdo por eso de la disciplina, que limita con esa lealtad mal entendida de la que también habla el manifiesto. Pero si se lee con atención, el texto asume claramente una responsabilidad colectiva, mayor para unos que para otros, pero colectiva a fin de cuentas
Tampoco creo que se trate de una enmienda a la totalidad a la época de Zapatero. Se reconocen, por ejemplo, los muchos avances en materia de libertades sociales y derechos individuales. Pero qué duda cabe de que se tardó en reaccionar ante una burbuja especulativa inmobiliaria, desoyendo las voces que desde dentro y fuera del Gobierno advertían de la insostenibilidad de ese crecimiento. Rubalcaba y Zapatero lo han también reconocido.
Tampoco se trata de limitarse al análisis critico de la gestión del Gobierno, que a fin de cuentas es agua pasada. La organización y funcionamiento del partido socialista, de la que depende el futuro, es tanto o más importante. Y lo que se dice sobre la pérdida de contacto con la sociedad, falta de democracia interna, etcétera es abrumadoramente cierto. Y hay que insistir más todavía en ello porque el socialismo español necesita hoy una organización más participativa y democrática. Para responder, a la altura de este siglo, a las exigencias de una sociedad bien diferente a aquella en la que nacieron las casas del pueblo, o de la que justificó un sistema electoral basado en listas cerradas y bloqueadas tanto para elegir diputados como para los delegados a los congresos del partido.
José Borrell
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Ilustración de Federico Yankelevich
Cuál hubiese sido la pregunta del referéndum que Papandreu intentó convocar en Grecia? Al principio era sobre si los griegos aceptaban o no las duras condiciones del enésimo plan de ajuste impuesto por sus socios europeos a cambio de la ayuda necesaria para evitar la quiebra del país. Pero el dúo Merkel-Sarkozy le impuso que la pregunta debía ser si querían o no seguir en el euro, que no es lo mismo.
Al final la caja de Pandora que abrió Papandreu se la han cerrado las presiones de dentro y de fuera y no habra referéndum. Pero la pregunta era y sigue siendo pertinente, y la decisión merece ser analizada en todas sus consecuencias. Salir o no salir del euro; cualquiera de las dos opciones tiene inconvenientes y ventajas, pero, en mi opinión, fuera del euro la situación de Grecia sería mucho peor.
Sin duda devaluar la moneda ayuda a restaurar competitividad. La devaluación del tipo de cambio es una forma mas rápida de reducir los precios a la exportación que no una devaluación interna, conseguida a base de reducir salarios y, a través de ellos, los costes y los precios.
La devaluación monetaria y la deflación salarial son dos procedimientos muy diferentes de recuperar la competitividad perdida. Jugar con el tipo de cambio es mas rápido, menos conflictivo y probablemente más justo, porque los costes del ajuste se reparten automáticamente entre todos los consumidores de productos importados y no sólo sobre los salarios y otras víctimas de las políticas de austeridad.
Pero plantea muchos problemas, empezando por los jurídicos, ya que no está previsto en los tratados que un país salga del euro. Desde el Tratado de Lisboa, un país puede salir de la Unión Europea, pero para salir del euro tendría que salir primero de la UE y renunciar a las ayudas de los fondos estructurales, de la política agrícola, etcétera, que para Grecia son muy importantes.
Hay otros problemas de tipo técnico, económico, financiero y operativo que son mucho más graves.
Para pasar al euro hicieron falta años de preparación de los sistemas contables e informáticos. Salir sería igualmente complejo y desde luego no se haría por sorpresa en una noche. Y cuando se supiera que eso iba a ocurrir, todos los depósitos en euros se retirarían para evitar encontrárselos convertidos en dracmas devaluados.
Se repetiría la experiencia del “corralito”, como en Argentina, para lo cual habría que imponer a tiempo un control del movimiento de capitales y más tonto el último… El coste social sería muy grande y, sólo por eso la teoría de una salida del euro “tranquila” es pura ficción.
Además, el tipo de cambio del nuevo dracma no lo iba a fijar Papandreu, o su sucesor, en una proclama desde un balcón de la Plaza Sintagma. Lo decidirían los mercados financieros y no habría forma de controlarlo. Si un país ha tenido que salir del euro, su moneda no inspiraría mucha confianza, y lo más probable es que la devaluación fuese una hiperdevaluación.
Cuando Argentina, en 2002, rompió su cambio fijo con el dólar (1 peso, 1 dólar), el Gobierno anuncio un cambio de 1,4 pesos/dólar. Pero seis meses después estaba en 4 pesos/dólar.
Así, el riesgo en una operación de salida del euro es una caída descontrolada del tipo de cambio. Serviría para exportar mucho, pero, aparte de que Grecia tampoco tiene tanto que exportar, la devaluación es un cuchillo de doble filo: encarece los productos importados y Grecia tiene que importar muchas cosas, empezando por la energía. Los consumidores se empobrecerían y las empresas no podrían importar los equipos necesarios para reforzar su competitividad, que no es sólo cuestión de precio.
Pero el problema más grave es de tipo financiero. Las deudas públicas y privadas están nominadas en euros y en euros se quedarían. Habría que devolverlas en una moneda devaluada, lo que equivale a que habrían aumentado en la misma proporción en la que se devalúe su nueva moneda con respecto al euro. Y, como el problema es precisamente el excesivo endeudamiento, lo habríamos agravado en vez de resolverlo.
Se puede argumentar que la salida del euro llevaría aparejada una suspensión de pagos de la deuda de forma que tampoco se iba a tener que pagar en una parte importante. Pero, cuanto más grande fuese el default, mayor sería la falta de credibilidad y más débil nacería la nueva moneda. Y como al día siguiente seguiría teniendo déficit publico y déficit comercial, tendría que volver a pedir financiación. ¿Y a que tipo de interés la encontraría si a su falta de credibilidad hay que sumar el riesgo de tipo de cambio?
Y el problema no sería sólo para Grecia. Un default descontrolado afectaría de forma caótica al conjunto del sistema financiero europeo de forma descontrolada. Algunas partidas de los balances de los bancos seguirían en euros y otros cambiarían bruscamente de valor. Y la desconfianza afectaría gravemente a países como Italia, cuya prima de riesgo está ya por encima del peligroso umbral los 440 puntos.
Por estas razones, creo que más vale que hagamos todo lo posible para evitar que Grecia tenga que salir del euro. No es imposible que ocurra, pero el coste sería mayor de lo que costaría evitarlo. Deberíamos estar más dispuestos a ayudar a Grecia y menos a castigarla por sus trampas fiscales. Tiene toda la razón Rubalcaba cuando dice que los ajustes, sin un plan de impulso al crecimiento, no son la solución. Y que la reducción del déficit que se exige es demasiado rápida para que sea viable.
Hay un límite a lo que los pueblos pueden soportar y las políticas de ajuste drásticas acabarán haciendo inevitable la salida de Grecia del euro, la peor de las soluciones para todos.
José Borrell
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Ilustración de Federico Yankelevich
Poco después de oficiar la segunda muerte de Keynes con la constitucionalización de la cuasi-prohibición de los déficits públicos, el Gobierno ha decidido reponer el Impuesto sobre el Patrimonio.
Criticado por todos, pero rechazado por nadie, las Cortes lo han aprobado en su última sesión. Con ello, España no hace sino sumarse a la presión creciente en Europa a favor de poner más impuestos a “los ricos”. Lo mismo propone Obama. Se puede decir que tanto allí como aquí la medida tiene un acento preelectoral, pero la abstención del PP es muy significativa de por dónde van los vientos de la opinión pública. Electoralista o no, el PP tendrá muy difícil explicar por qué las comunidades autónomas en las que gobierna no aplican ese impuesto aprobado a última hora sin su oposición.
La tendencia a aumentar los impuestos sobre las rentas altas y sobre la riqueza es consecuencia del sentimiento de injusticia que recorre Europa. La fase de expansión ha beneficiado a las rentas altas, y el sistema impositivo ha disminuido su progresividad. Los “ricos” han ganado más y han pagado menos impuestos, hasta el punto de que destacados representantes de lo que podemos llamar “los ricos” piden a los gobiernos que les hagan pagar más impuestos. Extraño mundo este donde los millonarios pasan por la izquierda a los gobiernos, incluidos los de izquierda, reclamando mayores cargas fiscales.
Hace un año, al llegar a Seattle, patria de Microsoft, me sorprendió un artículo de Bill Gates-padre en la prensa local reclamando al Gobierno que aumentara los impuestos a gente como él y en particular el impuesto sobre sucesiones, que por aquí estamos suprimiendo.
Más recientemente, el financiero americano Warren Buffett se quejaba en The New York Times de que en el impuesto federal sobre la renta sólo pagaba el 17,5%, menos que su secretaria. Y 16 grandes fortunas francesas pedían públicamente a su Gobierno que les aplicase un impuesto excepcional (y transitorio, tampoco hay que exagerar) para contribuir a resolver los problemas del país. La idea se ha extendido por Europa, y un grupo de 50 multimillonarios alemanes agrupados bajo el lema “millonarios por un impuesto sobre el capital” reclaman una mayor contribución fiscal. Aquí estamos todavía por encontrar el señor Buffett o la señora Bettencourt español/a.
La crisis ha dejado atrás tres décadas de sacrosanto respeto a la teoría de que la prosperidad de los más ricos se difundiría al conjunto de la economía y el sagrado temor a que si se les molestaba fiscalmente se irían con su capital a otra parte. Cuando la austeridad aprieta es difícil justificar que los que mejor están escapen a los sacrificios soportados por la mayoría.
Esta toma de conciencia de los “ricos” está dictada no sólo por la generosidad, aunque sea limitada, sino por un egoísmo inteligente. Y demuestra cuán timorata ha sido la respuesta de los gobiernos, el nuestro incluido, a la hora de utilizar el arma fiscal para distribuir los costes de la crisis. Así lo explica la propuesta formulada en Italia por Alessandro Profumo, hasta hace poco director ejecutivo del Banco Unicredito: aplicar por un tiempo limitado un mega-impuesto del 10% sobre los patrimonios importantes, que produciría 400.000 millones de euros para reducir la deuda pública italiana del 120 al 100% del PIB. Así se acabarían las presiones de los mercados financieros contra Italia que están haciendo caer en picado el valor de las acciones de sus empresas.
La propuesta tiene su lógica. Los ricos italianos están ya soportando un impuesto muy importante sobre su riqueza como consecuencia de la pérdida de valor de su patrimonio financiero. La recuperación del valor bursátil perdido puede ser mayor que lo que se pague por el mega-impuesto. Y si la alternativa es seguir recortando el gasto y hundiendo el país en la recesión, y que los patrimonios sigan perdiendo valor, quizá valga más una reacción fiscal como el egoísmo bien entendido que defiende Profumo.
A Obama ya le gustaría aumentar los impuestos a las rentas altas, pero la mayoría republicana en el Congreso le obliga a mantener los beneficios fiscales heredados de Bush, cuyos desmesurados beneficios denuncia Buffett.
En Francia, Sarkozy aprobó una reforma del Impuesto de Solidaridad sobre las Fortunas (ISF) que reduce a la mitad el número de sus obligados (como nosotros aquí) y disminuye sus ingresos de 3.600 a 2.300 millones de euros. A cambio, un impuesto adicional del 3% para las rentas superiores a 500.000 euros que sólo producirá 200 millones de euros, la décima parte de lo que se ha perdido con la reforma del ISF.
En Italia y en Reino Unido se han aumentado los impuestos sobre las rentas altas. Berlusconi se resistió hasta el final, pero ha tenido que subir 5 puntos el impuesto sobre la renta a partir de 90.000 euros y 10 a partir de 150.000. En Reino Unido los laboristas subieron el tipo marginal máximo hasta el 50% y los conservadores lo han mantenido. Y han aplicado un impuesto sobre determinados activos bancarios que les reportará más del doble que el nuevo Impuesto español sobre el Patrimonio.
Está bien que, aunque sea tarde, el Gobierno socialista haya repuesto un impuesto que nunca debió suprimir. Pero el problema subsistirá mientras trabajo y capital soporten impuestos tan diferentes. La secretaria de Buffett seguirá pagando más porque su salario está sometido a un impuesto progresivo y su multimillonario jefe a un impuesto proporcional a un tipo muy bajo sobre sus rentas del capital. Y esto no lo arregla la reposición, temporal, de un moderado Impuesto sobre el Patrimonio.
José Borrell
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Ilustración por Iker Ayestaran
El déficit público, cuando es excesivo y se retroalimenta con los intereses de la deuda, es un problema. Lo es ahora, aunque en España sea la crisis la que ha causado el déficit y no el déficit el que ha causado la crisis, como lo fue durante los muchos años en los que, como secretario de Estado de Hacienda, tuve que lidiar con él. Pero el déficit público, una palabra que suena mal porque indica una insuficiencia, también es un instrumento de la política económica al que no se debería renunciar constitucionalmente en nombre de un malentendido “equilibrio presupuestario”.
Las apelaciones al equilibrio suenan bien porque a nadie le gustaría que le tacharan de desequilibrado. Para defender el equilibrio se argumenta que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y para evitarlo habría que prohibir el déficit. Se acabaría así con la tentación de los gobiernos de no pasar por el incómodo trámite de exigir impuestos para poder repartir los beneficios del gasto público.
Con la crisis griega –esta sí que es sin duda una crisis de exceso de déficit público–, Merkel ha repetido que no se puede gastar más de lo que se ingresa. También me lo decía mi abuela. Forma parte de la sabiduría popular y se asume como una evidencia.
Pero las cosas son algo más complicadas. Aparte de que una familia no juega el mismo papel económico que un gobierno, habría que preguntarse por la dimensión temporal de ese equilibrio entre ingresos y gastos y por su naturaleza.
Eso de que no se puede gastar más de lo que se ingresa hay que mantenerlo cada día, cada mes, cada año… o a lo largo de un ciclo económico que tiene –lo sabemos de sobra– fases de crecimiento y de depresión. Las empresas no ganan ni gastan lo mismo todos los meses y los gastos e ingresos públicos también son estacionales. Lo razonable para un país es buscar el equilibrio a lo largo del ciclo, equilibrando déficits y superávits anuales.
También es importante la naturaleza de gastos e ingresos, que se suele obviar alegremente. El déficit que toma en consideración la contabilidad pública es el que resulta entre gastos e ingresos no financieros, y entre estos hay que distinguir entre gastos corrientes (como sueldos y gastos de funcionamiento, intereses y subvenciones) e inversiones. El gasto corriente beneficia a sus receptores de hoy y, por eso, se debe financiar con ingresos de hoy. Financiarlo con déficit, es decir, acumulando deuda, implicaría trasladar su carga al futuro.
Por eso el Presupuesto debe tener superávit corriente. Y en eso consiste la famosa “regla de oro”, tan citada desde la pasada reunión de Merkel y Sarkozy sin explicar en qué consiste. La “regla de oro” es –o era– que el déficit fuese menor que la inversión, de forma que esta se financiase en parte con el superávit corriente y en parte con deuda.
Es lógico, porque una inversión como construir una carretera o un hospital se paga en los ejercicios presupuestarios en los que se construye, pero sus beneficios se extienden en el tiempo por muchos años. No tiene sentido obligarse a financiarlo con los impuestos de hoy porque beneficiará también a los contribuyentes de mañana. El crédito se ha inventado para poder pagar la carretera en tantos ejercicios como dure la amortización de la deuda emitida para financiarla. Pero para eso hay que aceptar que los presupuestos de los años en los que se construye, que es cuando cobra el constructor, tengan déficit.
Si prohibimos el déficit nos obligamos a financiar las inversiones con los impuestos de los años en los que se construyen. Esto es ineficiente e injusto. Ninguna empresa financia sus inversiones con los beneficios del año en el que se ejecutan. Apañados estaríamos si así fuera. Las financian con créditos o ampliaciones de capital y las amortizan a lo largo de su vida útil con los beneficios que generan. No decimos que una empresa está en desequilibrio porque recurre al crédito para financiar inversiones, eso es lo normal. Por eso las normas presupuestarias de la UE no prohíben el déficit, sino que lo limitan al 3% del PIB. Como me decía el propio Herman Van Rompuy en un reciente coloquio, para permitir que parte de la inversión se financie con déficit.
El déficit cero y amén no sólo obliga al sinsentido económico de financiar toda la inversión con ingresos del año, sino que impide que los gobiernos puedan actuar de forma anticíclica manteniendo renta y generando actividad económica en los momentos depresivos. Y hasta la propia Christine Lagarde nos advierte desde el FMI de que una contracción fiscal demasiado rápida pondrá en peligro la recuperación. Comprometerse a no tener nunca déficit público, cualquiera que sean las circunstancias y cualquiera que sea su finalidad, es algo muy arriesgado y tiene que ver más con la ideología que con la economía.
Aparte de esas consideraciones técnicas, ¿tiene algo que ver la renuncia al déficit con posiciones de derecha o izquierda? Tiene que ver desde luego con la concepción del rol y la dimensión de la acción pública. Si no se pueden financiar inversiones con deuda, el gasto de inversión entrará en conflicto con el gasto corriente, es decir, redistribución y servicios públicos, y este tenderá a reducirse. La alternativa sería subir la recaudación fiscal. Desde luego que habrá que hacerlo porque los gobiernos se han acostumbrado a pedir prestado el capital a los que lo tienen en vez de exigirles un mayor esfuerzo tributario.
Algunos desde la izquierda ven en esa restricción la oportunidad de un rearme fiscal, pero ese dudoso rearme fiscal seguiría sin darle al Presupuesto su capacidad de actuar de forma compensatoria en las fases bajas del ciclo. Un instrumento que debe usarse con inteligencia y mesura, pero al que no se debería renunciar constitucionalmente.
Josep Borrell Fontelles
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Ilustración por Javier Olivares
De nuevo al borde de otra crisis, los países del euro se han puesto de acuerdo en un nuevo plan de ayuda a Grecia. A diferencia de los anteriores, el acuerdo del 21 de julio pasado sí es una verdadera ayuda, porque rebaja los tipos de interés a valores razonables, alarga los plazos de amortización de la deuda, disminuye su cuantía a través de un default parcial pactado con los acreedores y con el Banco Central Europeo (BCE) y reconoce que la austeridad sola no sacará a Grecia del agujero y, por ello, se plantean ayudas estructurales a su crecimiento.
El nuevo plan tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, se organiza una restructuración, aunque sea parcial, de la deuda griega, algo que hasta ayer se consideraba tan imposible de aceptar como de aplicar, sobre todo por el BCE. Y se acepta además que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FESF) pueda comprar deuda en el mercado secundario de los países asistidos, e incluso prestar preventivamente a países en dificultad para evitar que la especulación acabe de hundirlos, lo que también había sido rechazado rotundamente por algunos gobiernos, sobre todo el alemán.
Lo que antes de la reunión preparatoria entre Sarkozy, Merkel y Trichet era impensable, se ha acabado aceptando como imprescindible para encontrar una solución de última hora y permitir que se aprobase el nuevo préstamo de 109.000 millones de euros sin el cual Grecia no podía hacer frente de forma casi inmediata a los reembolsos de su deuda.
Así, varios tabúes cayeron el 21 de julio del 2011, como otros cayeron el 9 de mayo del 2010. Se han dado nuevos pasos en la construcción de la solidaridad financiera europea y de un sistema más sólido, realista y preventivo para hacer frente a la crisis.
Todavía no es suficiente, y otros tabúes caerán. Pero hay que preguntarse por qué se ha tardado tanto en aceptar lo que era necesario. Por qué lo que ayer era impensable hoy se acepta como indispensable. Por qué tanta tozudez en negar soluciones que al final se han tenido que aceptar, mediante cesiones de unos y otros, en nombre de un pragmatismo que hubieran hecho mejor en practicar antes.
Han tenido que transcurrir 18 meses de discusiones para que acabaran aceptando que la austeridad y los ajustes impuestos a Grecia no resolverían el problema, porque mataban el crecimiento, sin el cual era imposible reducir el ratio de su deuda respecto al PIB. Al fin se ha acabado por aceptar que el problema no era de liquidez, sino de solvencia. Que no tenía sentido conceder créditos a una economía exangüe al prohibitivo tipo del 5,5 %. Para que la ayuda fuese realmente una ayuda, y no una forma de castigar a los griegos, los préstamos debían ser a largo plazo –como los 30 años ahora aceptados–, con largos periodos de carencia –como los diez años ahora acordados– y con el mismo tipo de interés, del 3,5 %, a que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera consigue recursos en el mercado.
Han sido necesarios meses de cacofonías y discrepancias de todo tipo y la tozudez de Merkel para aceptar que los acreedores de Grecia debían asumir parte del coste de la crisis, porque la deuda acumulada era demasiado grande para que los griegos pudieran pagarla. Se diga lo que se diga, lo acordado equivale a aceptar un default encubierto y pactado, pero default a fin de cuentas. Las agencias de calificación no dejarán de señalarlo, como de hecho ya han empezado a hacerlo, pero no pasará nada, porque también ellas jugarán el juego que todos saben era inevitable.
Entonces, ¿por qué tanto tiempo, tanto dinero y tanto capital político perdidos, cuando se hubiera podido evitarlo? Porque así funciona Europa –una Unión de solidaridad limitada, que avanza construyendo en el dolor su arquitectura federal, resistiéndose hasta última hora en función de las reacciones de las opiniones públicas nacionales–, por falta de suficiente liderazgo político, por falta de voluntad de avanzar en la integración hasta que la realidad lo impone. Como decía Churchill de EEUU, siempre acaban haciendo lo que no hay más remedio que hacer, pero antes ensayan todas las demás soluciones.
Las modificaciones de las posturas iniciales de unos y otros son tan variadas que todos pueden proclamar victoria. Así, el BCE ha tenido que aceptar la participación privada en el coste de la operación de ayuda a Grecia y, a pesar de ello, seguir aceptando los bonos griegos como garantía de sus préstamos. En contrapartida, consigue que el FESF le libere de la carga que para su balance representan los bonos griegos que había comprado en los últimos meses.
Alemania ha tenido que aceptar las intervenciones del FESF en el mercado secundario de deuda de los países en dificultad. Si se hubiese decidido hacerlo antes, nos hubiésemos ahorrado mucho dinero y algún susto. Con esta decisión se está construyendo un arma contra la especulación y se avanza, sin decirlo, hacia la configuración de los eurobonos, tan demandados por unos como rechazados por otros, en particular Alemania.
No está muy claro cómo se organizará la participación “voluntaria” de los bancos en la restructuración de la deuda griega. Poco dice la resolución del Consejo al respecto, y las cifras que se avanzan son confusas y contradictorias con las del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), el lobby bancario. Las distintas opciones descritas por la prensa salen de las propuestas que ha hecho el IIF, pero los bancos salen mucho mejor parados de lo que se temían, el impacto en sus cuentas de resultados será muy asumible, y ven alejarse la amenaza de que se les aplicara un impuesto si no aceptaban participar en una restructuración “voluntaria”.
En cualquier caso, los acuerdos del pasado jueves aportan una perspectiva de solución a una ecuación que hasta ahora no la tenía. Pero está por ver que sean suficientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega y calmar definitivamente a los mercados.
JOSEP BORRELL
Después de su renuncia a repetir candidatura, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó reiteradamente su intención de que el candidato a la Presidencia del Gobierno fuese elegido directamente por los militantes socialistas. Pero, por las razones que se conocen, las “primarias” socialistas se han convertido en la ratificación de un único candidato propuesto por el Comité Federal. Casi al mismo tiempo que en España se va a proceder a su proclamación, en Francia el partido socialista inicia sus primarias con varios candidatos representantes de sus distintas sensibilidades políticas, a los que se ha sumado a última hora su secretaria general, Martine Aubry.
Es interesante comparar ambas situaciones. En primer lugar, las “primarias” del socialismo español no han sido esta vez unas verdaderas elecciones, ni han sido nunca verdaderas “primarias”, sino elecciones “internas”. Así es como habría que llamarlas puesto que en ellas sólo pueden votar los afiliados al partido, a diferencia de lo que ocurre en las primarias allí donde este procedimiento tiene tradición, como en EEUU o en Chile, recientemente en Italia y ahora en Francia.
Esta es la primera gran diferencia entre lo que hubieran podido ser unas primarias socialistas en España y lo que van a ser en Francia. Por primera vez en su historia, los socialistas franceses escogen su candidato a la Presidencia de la República a través del voto de todos los ciudadanos que paguen un euro y se comprometan a defender los valores de la izquierda. Para quien tenga dudas acerca de cuáles son esos valores, han elaborado un documento programático a través de un proceso participativo que ha durado más de un año. No se trata, pues, de una improvisación en la que la elección de la persona se superpone, camufla u obvia el tantas veces reclamado y poco ejercido debate sobre las ideas.
Las primarias socialistas en Francia no serán un proceso de confirmación, sino de competición, pero con reglas bien definidas, una neutralidad organizativa muy clara (por ejemplo, Aubry dejará la Secretaría General después de proclamar su candidatura, algo que nunca ocurrió por aquí) y un proceso previo de preparación programática abierto a la ciudadanía y no sólo al círculo numéricamente muy restringido de los afiliados, como en las de 2006 que ganó Ségolène Royal.
Lo que van a hacer los socialistas franceses es arriesgado. El papel del militante y la soberanía del partido se modifican sustancialmente. Puede generar una división amplificada por el mayor número de votantes o pueden ser una poderosa máquina de propulsar un candidato. Pero las “internas” del 2006 fueron en sí mismas un fracaso. Sobre todo porque el aparato del partido y sus barones, que en Francia se llaman “elefantes”, aceptaron a regañadientes el resultado y no se creó un clima de unidad en torno a la candidata ganadora. Han recurrido a este procedimiento más abierto y participativo que unas “internas” porque, después de Mitterrand, el socialismo francés no ha encontrado un liderazgo fuerte y duradero. Pudo ser Jospin, pero se retiró después del imprevisto acontecimiento de su derrota frente a Le Pen, en 2002.
Todos los líderes que se han sucedido se han sustentado sobre equilibrios inestables y victorias por la mínima. Aubry, elegida secretaria general en esas condiciones, debía sentir un cierto déficit de confirmación –como, seguramente por razones parecidas de déficit de liderazgo, nacieron las “primarias-internas” en el socialismo español– y por eso lanza la idea de unas primarias abiertas y populares.
En aquel momento, los socialistas franceses, lamiéndose las heridas de sus derrotas electorales, reconocían que su partido daba la imagen de una organización endogámica, esclerótica, desconectada de la sociedad y minada por sus conflictos internos. Además, tenían que recomponer sus relaciones con otras fuerzas de izquierda y con nuevos partidos que reflejaban preocupaciones que ellos no habían sido capaces de integrar, como las del medio ambiente. Sin ellos, no podían esperar ganar frente a una derecha monolíticamente unida en torno a un liderazgo fuerte.
Por eso la primera propuesta fue la de unas primarias en las que las distintas fuerzas de la izquierda escogieran un candidato común, como hacían los partidos de la Concertación chilena, que agrupaba a todas las fuerzas democráticas progresistas, desde la democracia cristiana a los comunistas. Pero Francia no es Chile, y los demás partidos renunciaron a participar en lo que creían que podía ser el abrazo del oso socialista para privarles de competir en las presidenciales.
Como suele ocurrir, el entusiasmo por las primarias se enfría cuando aparece un candidato providencial, a veces llamado “natural”, que se impone en los sondeos (o así se quiere presentar) y que no quiere desgastarse en unas internas compitiendo con sus compañeros. Entonces se reclama la suspensión de un procedimiento “divisor” o inútil, una “feria de vanidades” o “concursos de pasarela”, como por aquí las han calificado despectivamente, y se prefieren los acuerdos por la cúpula en el interior de la organización. Se supone que así se superan milagrosamente las divisiones, gracias a las virtudes del consenso y la negociación entre dirigentes.
Esta era la situación creada en torno a la candidatura de Dominique Strauss-Kahn, aupado por las encuestas hasta que su arresto en Nueva York, por razones que también se conocen, cambió radicalmente el panorama.
Ahora la cosa va en serio: se juegan mucho tanto los socialistas franceses como el proceso de renovación democrática de los partidos políticos que la gente reclama en las calles. El éxito del proceso se medirá en la participación ciudadana, que, en el caso de las primarias de la izquierda italiana, fue muy fuerte cuando se eligió a Prodi en 2005 con cuatro millones de votantes. Entonces resultó fundamental la capacidad de los candidatos de confrontarse sin dividir y de cerrar filas después en torno al ganador. Sé por experiencia que eso es difícil, pero, tarde o temprano, la izquierda tendrá que abrirse a procesos de participación más amplios y abiertos.
Josep Borrell es presidente del Instituto Europeo de Florencia
Ilustración de Iker Ayestaran
JOSEP BORRELL
Con Portugal ya son tres los países del euro bajo respiración financiera asistida, excluidos del mercado de capitales y bajo la ayuda/vigilancia de la UE y el FMI. Pero sólo suman el 6 % del PIB de la eurozona. Si se detiene el contagio, la cosa no es tan grave y Europa tiene los medios para hacerle frente. Con el permiso de Finlandia, donde un partido populista que se ha convertido en la tercera fuerza del Parlamento tras las elecciones del domingo se opone a la concesión de ayudas como la que Portugal no ha tenido mas remedio que solicitar.
Portugal no había falsificado sus cuentas públicas, como Grecia. Ni había tenido una burbuja inmobiliaria como España. Ni una crisis bancaria como Irlanda. Su problema ha sido un débil crecimiento económico durante años, pérdida de competitividad, desindustrialización y precariedad. Entre 2002 y 2008, Portugal había crecido al 0,8%, la mitad de la media europea. Y durante diez años ha tenido un déficit exterior del 10% del PIB, reflejo de su pérdida de competitividad agravada por la desaparición de industrias tradicionales como la textil frente a la competencia china. En este escenario de bajo crecimiento, las medidas de austeridad han reducido drásticamente la demanda interna y precipitado la recesión. Más austeridad ya sólo servirá para depauperar más a la población y para hacer más difícil el crecimiento, sin el cual no es posible reducir el déficit.
Esto es lo que le ha ocurrido a Portugal, como antes a Irlanda, que fue la primera en aplicar planes de austeridad que no han servido de nada porque han matado el crecimiento. Todos los ojos están puestos ahora en España. A todos les interesa que aumente la confianza en nuestro país porque España es too big to fail (demasiado grande para caer). Por eso todos se expresan de forma positiva sobre la situación económica y política de España, a la que hay que aislar a toda costa de la dinámica que empezó en Atenas y ha llegado hasta Lisboa.
Nuestra situación es bien diferente, sobre todo si se mide por la cifra clave que es el coste de la financiación, todavía por debajo del 6%. Pero de España preocupan las expectativas de crecimiento, que siguen siendo muy débiles, y el verdadero coste de la reestructuración bancaria, que sigue siendo desconocido y que los mercados estiman muy superior al que reconoce el Gobierno. Nuestro caso es diferente, pero en Lisboa se repitió muchas veces que Portugal no era Grecia y que no necesitaba la ayuda europea. Irlanda decía lo mismo antes de tener que claudicar
Portugal se ha resistido hasta el final. No quería hacer caso a las presiones discretas de los que pensaban que las medidas que tenía que tomar para reducir el déficit creaban más tensiones que las que resolvían. La situación se volvió insostenible cuando la oposición de centro derecha se negó a aceptar un nuevo plan drástico de reducción del déficit, las agencias de calificación siguieron rebajando la nota de la deuda portuguesa y de sus bancos, y los tipos de interés que los mercados reclamaban llegaron al 10%. Es decir, la asfixia financiera. Pero la puntilla se la dieron los propios bancos portugueses cuando se negaron a seguir comprando deuda pública porque su baja calificación arrastraba la suya. Dicen que el BCE les indicó que no les seguiría suministrando liquidez si la seguían utilizando para financiar el déficit publico. Naturalmente, el BCE niega haber ejercido esas presiones.
Ahora, la UE y el FMI le prestarán unos 80.000 millones de euros en unas condiciones difíciles que tendrán que negociarse con un Gobierno en funciones. Ironía de la historia, el plan que fue rechazado en el Parlamento servirá de base para las contrapartidas que la UE/FMI pedirán a Portugal para concederle su ayuda. La píldora será mas amarga que la que rechazó la oposición. Políticamente, la derecha ha hecho un negocio redondo. Primero la presión de los mercados obliga a un Gobierno de izquierdas a tomar medidas de ajuste impopulares y regresivas que aumentan la desigualdad social. Después, le retira el apoyo parlamentario y obliga a celebrar elecciones anticipadas, que seguramente ganará, para seguir aplicando las mismas políticas, o más duras aún, y dejando a la izquierda sin un discurso alternativo porque les será fácil decirle: “¿Y ustedes qué hacían?”.
Ante los tres caídos aparece un tercero en discordia. El mismo día que Portugal tiraba la toalla, el BCE subía el tipo de interés del 1 al 1,25%, antes de que lo hiciese la Reserva Federal estadounidense o el Banco de Inglaterra, y no digamos el del Japón. Claro que el BCE es el único banco central que sólo tiene como objetivo la lucha contra la inflación, sin tener que tomar en cuenta los efectos que sus medidas tienen sobre el crecimiento.
Es posible que este sea un nuevo paso en falso del BCE. El anterior fue en junio del 2008, cuando el barril estaba a 127 euros, como ahora, y decidió subir los tipos de interés porque veía venir tensiones inflacionistas. Que Dios les conserve la vista a los de Frankfurt, porque poco después el precio del petróleo se desplomaba y la crisis económica, que había empezado medio año antes en EEUU, le obligaba a bajar a toda velocidad los tipos del 4,25 al 1%.
Subir el rendimiento del capital favorece a quien lo tiene. Pero se reduce la renta disponible de los que tienen deudas a tipos de interés variable y, con ello, el consumo. Es una medida tomada para el conjunto de la eurozona que les viene bien a las economías centrales, especialmente la alemana, pero que tendrá efectos negativos en las economías periféricas débiles, a las que resultará más difícil salir de la recesión .
Josep Borrell es presidente del Instituto Europeo de Florencia
Ilustración de Mikel Casal
JOSEP BORRELL
Europa y EEUU han dado la espalda a Gadafi, pero la revuelta/revolución de los libios no parece capaz, ella sola, de desalojarle de Trípoli. Libia es poco más que una larga autopista que cruza un desierto bordeando el mar. Ese paisaje es poco propicio a la guerra de guerrillas, y la aviación tiene las de ganar. Así, mientras Europa y EEUU consideran la implantación de una zona de exclusión aérea, Gadafi está recuperando los terminales petroleros, empujando a los rebeldes hacia Bengasi.
Petróleo. Esta es, junto con la inmigración, la gran preocupación que la “primavera árabe” ha levantado en el mundo. El temor a una nueva crisis petrolera hizo que el petróleo alcanzara precios récord, cercanos a los 120 dólares por barril. Después, la actitud de Arabia Saudí, que es como el Banco Central del petróleo, dispuesta a compensar la caída de la producción libia, trajo algo de calma. Pero la inquietud subsiste.
El precio del petróleo lo determinan la oferta y la demanda y el miedo. Y el miedo impulsa un tercer factor, la especulación, en la determinación del precio. ¿Cuánto hay de justificado en esta escalada de precios, cuánto se debe al temor racional de lo que pueda ocurrir y cuánto se debe a la especulación que juega a propagar temores exagerados?
Algunas de las previsiones al alza que se hicieron al principio
–220 dólares por barril– eran disparatadas. Parece como si los traders estuvieran jugando a infundirse miedo los unos a los otros para provocar el alza. Siempre es así: cuando la geopolítica del Medio Oriente afecta al mercado del petróleo, los elementos fundamentales de la oferta y la demanda dejan de contar y son sustituidos por elementos especulativos sobre lo que podría ocurrir si la crisis produjera una interrupción de los suministros. Sin hacer caso a esos temores, para el FMI, el precio medio en 2011 será de 95 dólares por barril.
En realidad los acontecimientos de Libia han reducido la producción mundial de petróleo un 1%. En 1979, cuando la revolución iraní, la reducción fue del 8%.
Con la excepción de Italia, que importa un tercio de la producción libia, pocos países se verían seriamente afectados si Libia dejase de producir. Y podría fácilmente ser sustituida por las reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o por un incremento temporal de la producción de Arabia Saudí, que ya está bombeando 600.000 barriles al día adicionales.
En realidad, un precio por encima de los 120 dólares por barril traduce la preocupación por un efecto contagio que pudiera afectar a Arabia Saudí, que suministra el 10% de los 80 millones de barriles diarios que consume el mundo. El norte de África es un problema, pero sólo representa el 5% del petróleo. Oriente Medio, el 30%.
De momento, ese escenario es poco probable. El rey Abdallah acaba de volver a su país como un rey mago, cargado de regalos para su pueblo en forma de aumentos de sueldos y ayudas a estudiantes y parados por valor de 25.000 millones de euros. Y además con un plan de modernización de la educación, la salud y las infraestructuras por valor de 300.000 millones de euros en tres años.
No está mal para un país de 26 millones de habitantes. Pero tiene todo un ejército de jóvenes desilusionados, y son los jóvenes, sobre todo los educados y sin futuro, los que hacen las revoluciones.
La economía mundial es hoy mucho menos vulnerable que en los setenta frente a una crisis petrolera. La producción es menos intensiva en energía, la inflación es más baja y es más difícil que los sueldos sigan la espiral inflacionista de los precios. Aun así, a ojo de buen cubero, un 10% de incremento en el precio del petróleo genera una pérdida de 1 punto porcentual en el crecimiento global. Y los países desarrollados tienen razones para temer que unos acontecimientos en cadena acaben de matar el débil crecimiento y provoquen más tensiones sociales ante un encarecimiento de los costes que no pueda repercutirse en alzas salariales.
Además, una inflación energética pondría en dificultades a los bancos centrales para mantener una política monetaria acomodaticia. En EEUU, con una inflación extremadamente baja y grandes capacidades productivas por utilizar, es posible que la Reserva Federal (FED) ignorase un pico en los precios; a fin de cuentas su mandato está basado tanto en el crecimiento como en la lucha contra la inflación. Pero para el BCE sólo cuenta la inflación, aunque sea importada; que subiera los tipos de interés es lo que nos faltaría a los países fuertemente endeudados. Y ya nos ha advertido de ello.
El papel de la especulación en el incremento del precio del petróleo ha sido muy discutido, pero desde que en 2000 EEUU desreguló el mercado de futuros, los oil swaps se desarrollaron movilizando billones de dólares. A finales de esta década, el precio del petróleo subió en un año de 67 a 147 dólares por barril para luego hundirse hasta 45 dólares por barril. En un solo día llegó a subir 25 dólares por barril. Mientras los aumentos de precio fueron del 100%, los incrementos en la demanda fueron sólo del 5%.
Se estima que el 70% de los contratos del mercado de futuros del petróleo son de naturaleza especulativa, es decir, petróleo de papel que no se llega nunca a comprar de verdad. El presidente Sarkozy tenía razón cuando lanzó una fuerte diatriba al tomar la presidencia del G-20 sobre la especulación en el mercado de materias primas. Me temo que va a tener una excelente ocasión para bajar de las musas al teatro y actuar de verdad para que los especuladores no se aprovechen de la inestabilidad creada por las revueltas en los países árabes para hacer más grave la crisis económica mundial. Y mientras lo consigue, recordemos que el petróleo se acabará y que todo el esfuerzo que hagamos en el desarrollo de las energías renovables nos parecerá poco.
Josep Borrell es presidente del Instituto Europeo de Florencia
ILustración de Alberto Aragón
JOSEP BORRELL FONTELLES
La relación entre Europa y el mundo musulmán es uno de los principales temas de estudio del Instituto Universitario Europeo de Florencia, que tengo el honor de presidir.
El pasado jueves 10 de febrero enlazamos vía internet con la plaza Tahrir en El Cairo. Así pudimos contrastar en vivo los puntos de vista de profesores y estudiantes egipcios con los de los europeos.
En esos momentos se esperaba que Mubarak hiciese público su abandono del poder. Obama lo había anticipado ya, pero todos los dirigentes europeos, entre ellos Zapatero y Barroso, seguían nadando y guardando la ropa, haciendo votos por la democratización y las reformas, pero sin pedir en ningún momento que se fuera el viejo faraón.
Una de las cuestiones de nuestros interlocutores de la plaza Tahrir era precisamente esta. ¿Por qué Europa ha seguido siendo tan condescendiente con Mubarak hasta el final, sin atreverse a decir alto y fuerte que la única salida pacífica, aun llena de interrogantes, era su marcha?
El desencanto fue enorme cuando la noticia que llegó no fue que se iba, sino que se limitaba a ceder algunos poderes a su vicepresidente. Pero al acabar el videodebate, la impresión era que el Ejército, de acuerdo con EEUU, acabaría con el intento de Mubarak de seguir contra viento y marea, como así fue.
Al Ejército le corresponderá ahora mantener el orden y pilotar la evolución hacia otro sistema. En Egipto, todavía más que en Túnez, sólo el Ejército puede cumplir esa función, aunque haya grandísimas diferencias entre ambos casos.
Durante años los europeos hemos jugado al hipócrita discurso de pedir democracia a nuestros vecinos mediterráneos cuando lo único que realmente nos interesaba era que mantuviesen la estabilidad y nos preservaran del tan temido peligro islamista. Aunque fuese al precio de establecer dictaduras brutales y cleptomaniacas.
Ben Alí y Mubarak se han mantenido gracias al apoyo de los europeos porque los considerábamos, como a tantas dictaduras árabes, un dique de contención del islamismo. Pero si el partido de Ben Alí era miembro de ¡la Internacional Socialista! El que nos hayamos apresurado a expulsarlo al día siguiente de su huida no hace sino añadir el ridículo al oprobio.
Ahora la situación se compara con lo ocurrido en 1979 o 1989. Es decir, con la revolución que desa-
lojó del poder al sha de Irán o con el hundimiento del sistema dictatorial que mantenía a los países del Este de Europa bajo el imperio soviético. Las dudas y los interrogantes que se abren son enormes, pero creo que ninguna de esas dos referencias históricas es válida.
Este no es el 1989 del Norte de África. No hay un muro que derribar ni un imperio del que esas sociedades puedan liberarse. El problema son ellas mismas. Cada caso es bien particular y dudo mucho de que el efecto dominó afecte a Libia, a Siria o a Arabia Saudí. Y ni siquiera a Marruecos, aunque este país es el eslabón más débil en términos socioeconómicos y debería ser nuestra primera preocupación.
El modelo de la revolución islamista de hace 30 años tampoco tiene valor explicativo. El riesgo no es reproducir en El Cairo lo que ocurrió en Teherán, con la pérdida de poder e influencia que ello representó para EEUU. Pero todos los dictadores musulmanes han sobrevivido haciéndonos sentir este temor. Y les hemos comprado la póliza de seguro que nos ofrecían. Cuando Bush dijo aquello de conmigo o con los terroristas, Sarkozy lo tradujo en Túnez diciendo que la elección era entre un dictador amigo o
un régimen talibán cerca de casa.
Pero, para nuestra sorpresa, la gran novedad es que cuando se analiza quiénes son los protagonistas de las sublevaciones de Túnez y Egipto está claro que estamos frente a una nueva generación, la generación postislamista.
Nuestros interlocutores de la plaza Tahrir no se reclaman del islam como sus padres en los ochenta, son pragmáticos y quieren cosas concretas, acabar con la corrupción, disfrutar de la libertad y del progreso. No son seculares en el sentido europeo del término, pero trabajan en un espacio secularizado por el desarrollo del individualismo y de los medios de comunicación social.
La historia está por escribir, pero desde la caída del Muro de Berlín en 1989, la democracia había progresado un poco bastante en todas partes menos en el mundo árabe. Y, de repente, ante la sorpresa de las cancillerías europeas, la juventud musulmana expulsa a pedradas a sus dictadores corrompidos y brutales sin que los islamistas hayan jugado ningún papel clave. Como dice el profesor O. Roy, titular de nuestra Cátedra de Relaciones Trasmediterráneas, a los islamistas no se les ha visto ni se les espera en Egipto ni en Túnez. Más bien están en Pakistán
y en los barrios pobres de Europa.
La ocasión es buena para reconocer que la diplomacia europea había puesto en sordina la defensa de los derechos humanos que decimos practicar y defender, en nombre del “realismo”, los intereses económicos, la estabilidad estratégica y un cierto relativismo político-cultural.
Nuestros amigos de la plaza Tahrir nos dicen que hay que llamar dictador a un dictador, con tanta más fuerza cuanto más claramente lo sea.
Por eso me deja tan desconcertado que el mismo día que Mubarak se va, sin que los europeos se lo hayamos pedido, José Bono, presidente de nuestro Parlamento, tenga a bien ir a Guinea a saludar a uno de los dictadores más corruptos y crueles de África para asegurarle que “hay más cosas que nos unen que las que nos separan”.
¿De verdad? Sería una tremenda tristeza… Lo que nos une a Obiang, aparte de un ya irrelevante pasado colonial, es sólo la esperanza de compartir su pastel petrolero. Y si eso es más importante que el foso político que nos separa de ese deleznable régimen político, es que realmente no hemos aprendido nada.
Josep Borrell Fontelles es presidente del Instituto Europeo de Florencia
Ilustración de Javier Olivares
