Josep Fontana
Historiador
Ilustración de Jordi Duró
Las fotografías del nuevo equipo de Gobierno español desprenden un aire de incertidumbre, como el de los tripulantes de un navío que se encamina al desastre y que, incapaces de evitarlo, se resignan a su destino. Se explica así que hayan puesto al frente de la economía a un antiguo dirigente de Lehman Brothers, la primera gran empresa financiera que se hundió en 2008. Él, por lo menos, ya sabe cómo encaminarse al abismo con dignidad –y con un lugar asegurado en el bote salvavidas– y puede preparar a sus compañeros para este naufragio anunciado.
Se han olvidado las reglas que sirvieron para superar la recesión de los años treinta: auxiliar a las empresas para evitar su colapso y aliviar el sufrimiento de los trabajadores con una política social adecuada. Todo ello a costa del endeudamiento del Estado, que pudo compensarlo al salir de la crisis. Se ha escogido ahora, en cambio, la vía del auxilio a las empresas sin costes para el Estado, descargando todo el peso sobre las clases medias y los trabajadores. Eso es precisamente lo que significan las políticas de austeridad, como la que el PP se dispone a imponer de manera salvaje, tal como indican sus primeras decisiones económicas.
Parecen no querer enterarse de que hay cada vez más expertos que denuncian que esta política de austeridad es no sólo inútil, sino perniciosa. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien afirma que evitar el despilfarro en el gasto público es conveniente cuando el sector privado está en plena forma y maximiza beneficios, pero que nada resulta peor que restringirlo cuando un sector privado en mal estado está agobiado por sus deudas. Actuar sobre una economía que no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar la situación, sin contar con los efectos que tiene sobre el bienestar común: en Grecia, por ejemplo, faltan ya en los hospitales medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan la poliomielitis o la difteria.
Cuando pasó por España, en noviembre de 2011, Richard Koo insistió en que la crisis sigue siendo esencialmente bancaria, aunque haya acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”. Una opinión cercana a la que expresaba Paul Krugman cuando, valorando las nuevas medidas de austeridad anunciadas por los dirigentes europeos, las calificaba de “pura insensatez”.
En efecto, un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de los países del sur de Europa no proceden de un exceso de gasto público, sino que son consecuencia de la propia crisis: de haber transferido al Estado, esto es, al conjunto de los ciudadanos, el coste de los errores de bancos y empresas privadas. En una nota publicada el 29 de diciembre pasado, Krugman demuestra que la relación entre la deuda pública y el PIB de estos países estuvo mejorando hasta 2007, lo que significa que su situación actual no es el resultado de un exceso anterior de gasto público.
En el mismo sentido se expresa Steve Keen, uno de los pocos economistas que previó la crisis de 2008, quien ha calificado como “una fantasía insensata” que se pretenda culpar a la deuda del Gobierno, cuando la crisis se debe ante todo a una burbuja de deuda privada que finalmente ha estallado, lo que le lleva a criticar severamente la lucha contra el déficit, que va a implicar que el Gobierno retire recursos de la circulación. El resultado final de las políticas de austeridad lo sintetiza así Krugman: “Como las familias están obligadas a estrecharse el cinturón, el Gobierno deberá estrechárselo también; y así seguiremos estrechándolo todo el tiempo hasta que lleguemos a una completa depresión”.
Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana nos indica a qué futuro conduce la austeridad: a un empobrecimiento de los más y un aumento de la riqueza de unos pocos. La desigualdad social ha aumentado en los últimos años hasta tal punto que, según el Factbook de la CIA, Estados Unidos es hoy una sociedad más desigual que Pakistán, Etiopía o Kazajistán. Dos noticias de prensa publicadas en fechas cercanas a esta Navidad lo ilustran: una nos dice que la remuneración de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36,5% en 2010 y otra, que, en el mismo año, hubo 1.600.000 niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38% respecto de las cifras de 2007.
El Partido Popular nos conmina ahora a aceptar una política que recorta nuestros ingresos y aumenta los impuestos que nos gravan –sobre todo a aquellos que no podemos acogernos a la ingeniería fiscal para evadirlos, como lo hacen los titulares de las grandes fortunas– con la promesa de que la práctica de esta virtud acabará llevándonos a un grado de felicidad semejante al de los siete millones de trabajadores alemanes que perciben sueldos inferiores a los 400 euros y no tienen derecho a la sanidad pública ni a una pensión del Estado.
Puedo entender que quienes dirigen nuestra política y nuestra economía, con ingresos anuales de millones de euros, encuentren aceptable este programa, que les beneficia personalmente. ¿Pero lo aceptarán sin protesta los que tienen que pagar sus costes?
Josep Fontana
Histotiador
Ilustración de Jordi Duró
La catástrofe anunciada se ha consumado. Los votantes han dado el poder a una derecha cerril, que llega con las bendiciones de los obispos. Puede parecer irracional que un país con cinco millones de parados elija al partido que representa los intereses de quienes les han dejado en el paro y están ante todo empeñados en que seamos los estafados por la crisis quienes paguemos el rescate con nuevos recortes en nuestros derechos sociales –a costa de mantener una situación que niega toda esperanza de trabajo a la generación de los que hoy tienen de 20 a 30 años–. El voto que ha dado el triunfo al PP es el fruto del miedo de los pobres a perder lo poco que les queda –el “que me quede como estoy”–, que acaba conduciendo a las ovejas a pedir protección al lobo.
Se ha elegido a los nuevos gobernantes a sabiendas de que son incapaces de resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Podría pensarse que, como van a tener poco más que hacer que cumplimentar las directrices de Berlín, tanto da quién se encargue de ejecutarlas. Pero el triunfo del PP esconde además otros oscuros intereses, que afectan muy seriamente a nuestras libertades.
Lo peor de la situación actual es la falta de perspectivas de futuro. Aguantamos cerca de cuarenta años de franquismo con la esperanza de que su final fuera el comienzo de una época próspera y libre. Pero mal estamos hoy si la única alternativa viable es el regreso al poder del PSOE, que ha presidido el inicio de la catástrofe y ha dejado claro que no tiene soluciones para el problema fundamental, que no es el de la deuda, que afecta sobre todo a los bancos, sino el de esos cinco millones de parados que podrían reflotar el crecimiento económico con su trabajo.
La salida del socavón no reside tampoco en esperar que los partidos a la izquierda del PSOE logren una victoria electoral, porque, dejando al margen que están demasiado divididos para asociarse, carecen de los recursos necesarios para hacerse escuchar y disipar los miedos con los que la derecha, que controla la gran mayoría de los medios de información, se ocupa de combatirlos.
¿Deberíamos depositar las esperanzas en los movimientos de protesta que los jóvenes han iniciado en el mundo entero, de Nueva York a El Cairo, pasando por Madrid y Barcelona? Jeffrey Sachs, un economista de la Universidad de Columbia, ve en los integrantes de Occupy Wall Street de Estados Unidos el inicio de un “nuevo movimiento progresista” que se presenta con un programa muy simple: “Cobrar impuestos a los ricos, acabar las guerras y restaurar un gobierno honrado y eficaz”. Y augura que conseguirán triunfar en las elecciones usando los nuevos medios sociales –YouTube, Twitter, Facebook y los blogs– en lugar de los tradicionales. Lo cual le lleva a proclamar que “acaba de nacer una nueva generación de líderes” y que “la nueva era progresista ha comenzado”.
Dejando a un lado la desconfianza que inspira el propio Sachs, que fue uno de los asesores de la liberalización que envió la Rusia de Yeltsin a la ruina, la actuación de la policía en Estados Unidos, por un lado, y el desengaño, por otro, de los jóvenes egipcios que consiguieron echar a Mubarak para poner al ejército en su lugar, invitan a sospechar acerca de las intenciones de estas propuestas de integración y apaciguamiento. Porque, en primer lugar, eso de “cobrar impuestos a los ricos” no es tan fácil: no se dejan. Y no es realista pensar que aceptarían un juego electoral que condujese a que llegasen al poder quienes se propusieran ponerlo en práctica. Para que se pueda alcanzar este objetivo se necesita cambiar previamente muchas cosas: liquidar lo que el profesor Juan Cole llama “el juego de trileros neoliberal”.
Uno de los mayores problemas del movimiento de los jóvenes indignados es que los medios al servicio del sistema van a tratar de mantenerlos aislados del resto de la población, ofreciendo de ellos una imagen de jóvenes irresponsables, asociados a pequeños delincuentes. Esto va a hacer muy difícil que puedan dar a conocer sus razones, más allá de algunas elementales consignas antisistema. Lo más importante sería, precisamente, que consiguieran comunicárselas al sector mayoritario de la población que el pasado 20 de noviembre votó al PP, con el fin de hacerles entender lo que tienen en común sus respectivos intereses: los del 99% de las víctimas de la crisis.
Los que no estamos en las plazas pero compartimos su indignación y su angustia, podemos ayudarles a que se hagan públicas sus razones colaborando en la lucha por los objetivos fundamentales de su programa: la resistencia a que prosigan los recortes de los servicios sociales básicos, la búsqueda de una solución al escándalo de los de-sahucios, la exigencia de un rigor fiscal que permita aflorar los ingresos ocultos o insuficientemente gravados para usarlos en una política cuyo primer objetivo debe ser acabar con la vergüenza de un paro que nos sitúa muy por debajo de la media europea… Pero también debemos empeñarnos por nuestra parte en la lucha por preservar nuestras libertades del ataque combinado que preparan la Iglesia y la derecha.
Tenemos un enemigo común, que no sería tan fuerte si no se alimentara de nuestros errores y de nuestros miedos. Sólo luchando unidos contra él con las armas de la razón conseguiremos frenarlo.
Josep Fontana
Historiador
Ilustración de Miguel Ordóñez
Las conmemoraciones del 75 aniversario de la sublevación militar de 1936 han pasado con más pena que gloria. Nadie que tenga dos dedos de razón se atreve ya a reivindicar el viejo mito que legitimaba la insurrección como la respuesta a la amenaza de una revolución comunista, pero esta interpretación ha sido reemplazada por otra que reparte la responsabilidad entre los dos bandos: la Guerra Civil habría sido, simplemente, el resultado del choque entre dos violencias de derechas e izquierdas, de signo distinto pero igualmente culpables.
Basta con examinar lo ocurrido con la documentación adecuada para rechazar esta nueva legitimación de la revuelta. Esto es lo que nos permite hacer un libro realmente excepcional, aparecido recientemente. Se trata de la obra de José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez, Morón: consumatum est. 1936-1953: Historia de un crimen de guerra (Planta Baja, Morón, 2011), que se basa en una investigación realizada en los archivos militares y judiciales y en más de un centenar de registros civiles, complementada con un impresionante caudal de escritos y testimonios personales.
La historia que se nos cuenta en estas páginas puede parecer al principio algo conocido: una población donde no hubo violencia alguna hasta que se combinaron la amenaza militar de las tropas sublevadas y la defección de la guardia civil local; una rápida ocupación militar con escasa resistencia (los defensores, que apenas tenían fusiles, combatían con escopetas de caza, pistolas y hasta sables) y, como culminación, la represión consiguiente. Pese a que la gente de izquierdas, que sabía lo que le esperaba a manos de Antonio Castejón, se había apresurado a huir del pueblo, hubo un primer e inmediato “escarmiento en el que sucumbieron unos 300 comunistas”, según escribía un salesiano, en una ciudad con “las calles con cadáveres, basuras, cenizas y efectos de los saqueos y casas incendiadas”. Queipo de Llano se apresuró a proclamar: “En cuanto a Morón: consumatum est. Se ha hecho un escarmiento que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el marxismo y en la esperanza de podernos resistir”.
El minucioso trabajo realizado por los autores les permite establecer el balance numérico de las dos violencias: un total de 24 víctimas de la violencia “roja”, contra 440 muertos y 575 encarcelados como consecuencia de la violencia “azul”. Las cifras son elocuentes, pero aún lo es más la cronología. Hubo 33 detenidos derechistas en los primeros días, entre los cuales figuraban un sacerdote y dos salesianos, mientras el resto de curas y las monjas quedaron en libertad. Las únicas víctimas derechistas se produjeron el día 21 como consecuencia de la sublevación de la Guardia Civil: 16 muertos en el tiroteo, 6 asesinados y un desaparecido. La respuesta fue, inmediatamente después de la conquista, 302 asesinados “por aplicación de los bandos de guerra”, a los que hay que añadir 49 que lo fueron tras la sentencia de un consejo de guerra, además de 26 muertos en prisión.
Sólo un trabajo como este permite sacar a la luz esa primera oleada de violencia ejecutada sin ningún trámite judicial, que en su mayor parte no sólo no dejó ningún registro, sino que fue cuidadosamente ocultada después. Lo que conduce a hacernos ver que las cifras globales de víctimas del terror franquista que manejamos no sólo es que no sean completas, sino que nunca podrán completarse, ante la dificultad de repetir pueblo por pueblo una investigación como la que se ha realizado en Morón.
La aportación fundamental de los autores no consiste, sin embargo, en haber establecido estas cifras, con ser importantes, sino en haber recuperado la realidad cotidiana de la represión y habernos mostrado el rostro inhumano de la barbarie a través del seguimiento de cada asesinato.
Son cientos de historias personales de víctimas, de gentes sencillas como ese Francisco Rubio García, de 52 años de edad, un jornalero que no estaba afiliado a partido ni sindicato alguno. Trabajaba a sueldo en la siega en una finca cercana cuando lo detuvieron en Morón y lo encerraron en un barco-prisión en Sevilla. Declaró ante el juez que no sabía leer ni escribir y que no sabía nada sobre lo que le preguntaban. El instructor propuso que se le dejase en libertad, por no existir indicios de culpabilidad; pero fue entregado a un piquete que lo asesinó en la madrugada del 4 de septiembre de 1936. Su muerte no se inscribió en el registro civil.
O como Mercedes Luna, natural de Córdoba y también de 52 años de edad, que se dedicaba a las labores de su casa, sin que se le conociese militancia alguna. Detenida el 26 de julio, fue también enviada a Sevilla, donde, en el cuartelillo policial, sufrió fracturas y una conmoción cerebral que le provocaron la muerte el 29 de julio. Ante la demanda del juez militar, que preguntaba por ella, el comisario jefe le comunicó que “cuando se encontraba en el piso superior de este edificio, aprovechando un descuido del guardia que la custodiaba, se arrojó por un balcón al patio interior”. Tampoco se inscribió su muerte en el registro.
Pretender que la Guerra Civil fue la consecuencia de dos violencias enfrentadas, equiparando la culpabilidad de los Franciscos Rubios y las Mercedes Lunas con la de sus asesinos es no sólo un insulto a la razón sino una muestra de miseria moral.
JOSEP FONTANA
Historiador
Ilustración de Mikel Jaso
En un artículo sobre la insensatez de unas políticas de austeridad que en lugar de remediar la crisis lo que hacen es perpetuarla, Paul Krugman señalaba que la parte fundamental de los recortes en gasto público recae sobre la educación, aunque “dejar sin trabajo a cientos de miles de maestros no parece el mejor modo de conquistar el futuro”.
Lo más grave es que estos recortes se nos presentan como una medida transitoria, como una consecuencia obligada de la crisis, superada la cual todo volverá a ser como antes, cuando en realidad hay motivos fundados para sospechar que de lo que se trata es de aprovechar la crisis para realizar una “reforma de la educación” en la que sólo se mantenga como gratuita una enseñanza destinada a formar peonaje, mientras la formación superior se reservará a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos.
Esto se ha podido ver con claridad en el caso de Estados Unidos, donde el movimiento de “reforma” comenzó mucho antes de la crisis, con el objetivo declarado de reemplazar la educación pública por la concertada. Como ha declarado Teri Adams: “Nuestro objetivo final es cerrar las escuelas públicas y dejar tan solo escuelas privadas, devolviendo la responsabilidad por el pago a los padres y a organizaciones privadas de beneficencia”.
Estas “organizaciones privadas” son fundaciones “benéficas” como la Bill and Melinda Gates Foundation, que figura en primera línea en la lucha contra la escuela pública y a favor de escuelas gestionadas con criterios empresariales, donde los profesores, sometidos a unas condiciones de contratación precarias, están destinados a la tarea de comunicar unos contenidos previamente fijados, en una enseñanza que aspira tan solo a transmitir conocimientos puntuales, cuya adquisición pueda controlarse con exámenes y pruebas. Muchas de estas escuelas concertadas confían a empresas especializadas las tareas de contratar al profesorado, desarrollar los programas de estudio y mantener la disciplina.
Con programas semejantes actúan la Walton Family Foundation (de los propietarios de los almacenes Wal-Mart, la mayor empresa privada del mundo por el número de sus empleados, que se ha distinguido siempre por su oposición a los sindicatos), la Broad Foundation (ligada a AIG) o la Dick and Betsy DeVos Foundation (de los propietarios de Amway; Betsy DeVos es hermana de Erik Prince, el fundador de la empresa militar Blackwater, responsable de numerosos crímenes en Irak y Afganistán).
Que el propósito de la “reforma de la educación” sea desarrollar un sistema eficaz de adoctrinamiento de valores resulta todavía más visible en la universidad, donde la escasez creciente de los recursos públicos favorece la actuación de fundaciones empeñadas en realizar el programa, que la Universidad de Cervera defendía ya en 1827, de combatir contra “la peligrosa novedad de discurrir”.
En este terreno destaca la actuación de Charles Koch, propietario de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que rechazó la sugerencia de Warren Buffett de que los ricos pagasen más impuestos, porque prefiere emplear su dinero en actividades como las de financiar candidatos de derechas en las elecciones o influir en la enseñanza superior de la economía y en combatir desde la universidad los estudios acerca del cambio climático, para evitar que se implanten unos controles ambientales que perjudicarían a sus industrias, que figuran entre las más contaminantes de Estados Unidos.
Se ha dicho que controla en la práctica la George Mason University, donde el vicepresidente ejecutivo de Koch Industries, Richard Fink, enseña en la facultad de Economía, y se sabe que financia proyectos y becas en otras muchas. En Troy University, por ejemplo, participó en una donación de 3,6 millones de dólares destinada a crear un centro de economía dedicado a combatir la idea de que las crisis económicas se pueden evitar regulando los mercados.
En el caso de la Florida State University consta que la Fundación Charles Koch ofreció millones de dólares para el departamento de Economía, a condición de que los candidatos contratados para enseñar debían ser aprobados por un comité designado por la fundación (que rechazó a un 60% de los sugeridos por la universidad) y de que podría retirar los fondos si no estaba de acuerdo con los resultados alcanzados.
A lo que conduce una evolución semejante de la enseñanza se puede advertir en lo ocurrido en Chile, donde la privatización realizada por Pinochet, que los gobiernos de la Concertación dejaron sin enmienda, ha dado lugar a que lo que empezó como una protesta de los estudiantes, quejosos de una educación que “se sigue reduciendo al entrenamiento de habilidades funcionales para el mundo laboral y debilita la formación de personas que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos y críticos”, ha acabado transformándose en un conflicto social de gran amplitud.
Que las cosas se están planeando entre nosotros con las mismas intenciones lo revelan las palabras de Esperanza Aguirre, que anuncian un futuro en que, con crisis o sin ella, “no toda la enseñanza” va a ser gratuita.
Defender hoy la causa de la enseñanza pública contra una reforma disfrazada de austeridad es una condición necesaria para preservar mañana la democracia.
JOSEP FONTANA
Historiador
Ilustración de Alberto Aragón
La Guerra Fría nació como un proyecto destinado a consolidar el predominio de un sistema económico y social, el capitalismo, bajo la hegemonía de Estados Unidos. Una hegemonía que implicaba, como una de sus primeras exigencias, asumir “el liderazgo del mundo libre” e impedir que surgiera un poder rival. En su primera etapa, hasta la desaparición de la Unión Soviética, el enfrentamiento se justificaba por la necesidad de mantener una lucha conjunta contra la amenaza del enemigo comunista, que podía destruir la sociedad “occidental” por la subversión interior o atacándola con su armamento nuclear.
Tras la desaparición de la URSS y la disolución oficial del Pacto de Varsovia en 1991, parecía claro que no había enemigo que legitimase una alianza colectiva como la OTAN. Pero como seguía en pie la necesidad de Washington de conservar su liderazgo –el Defense Planning Guidance de 1992 sostenía que su primer objetivo era “prevenir la emergencia de un nuevo rival”– las cosas siguieron como antes.
Diez años más tarde se inventó un nuevo enemigo colectivo y se declaró la “guerra contra el terror”, que es lo que explica que la OTAN se encuentre en Afganistán, empeñada en una tarea que no parece tener nada que ver con los objetivos del tratado firmado en abril de 1949, que proclamaba que su propósito fundamental era “promover la estabilidad y el bienestar en el área del Atlántico norte”.
La disociación entre los intereses de los países de la OTAN y las necesidades estratégicas de la política imperial estadounidense parece cada vez más evidente. Si la participación en la aventura de Afganistán se ha hecho de mala gana, va a ser mucho más difícil encontrar apoyos para la próxima batalla, que es la que tiene como objetivo China, puesto que en este caso resulta evidente que no existe motivo alguno de amenaza colectiva, sino que lo único que cuenta es la voluntad de reafirmar la supremacía norteamericana sobre cualquier rival.
Hace tiempo que se vienen publicando en Estados Unidos visiones geopolíticas como las de Robert D. Kaplan, que en un artículo en Foreign Affairs afirmaba que “Estados Unidos, el poder hegemónico del hemisferio occidental, tratará de prevenir que China se convierta en el poder hegemónico de una gran parte del hemisferio oriental”. Sabemos, además, que el Pentágono está planeando desde hace años una nueva estrategia bautizada como AirSea Battle, un nuevo concepto operativo basado en el uso conjunto de fuerzas aéreas y navales, pensado para aplicarlo al escenario del Pacífico Occidental, con la intención de frenar la pretensión de Beijing de controlar la zona del mar del Sur de China, un área que parece ser extraordinariamente rica en recursos naturales.
El capitán de la armada Jan van Tol, un “experto en planificación estratégica” que forma parte del CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments), un think tank dedicado a la política de defensa, ha publicado un libro sobre este tema en el cual, tras asegurar que el objetivo no es la guerra, se desarrollan planes para interceptar el comercio con China, confiscando en alta mar los cargamentos de las embarcaciones en operaciones en que se especula, sin embargo, con la posibilidad de hacer frente a una respuesta armada china.
Las discusiones se han renovado con la reciente publicación de un nuevo libro de Henry Kissinger, On China, en el que el hombre que fue el protagonista directo de la apertura hacia Beijing en la época de Nixon sostiene que la cooperación entre China y Estados Unidos es “esencial para la paz y la estabilidad globales” y que una “guerra fría” entre ambas potencias “detendría por una generación el progreso en las dos orillas del Pacífico”, en una época en la que problemas como la proliferación nuclear, la conservación del medio ambiente, la seguridad de la energía y el cambio climático “imponen una cooperación global”.
Aceptar los planteamientos de Kissinger implicaría poner fin de una vez a la “guerra fría”, un término empleado por el propio Kissinger en este contexto. Pero parece difícil que los dirigentes estadounidenses acepten un planteamiento que implica la renuncia a la supremacía unilateral en que se ha basado su política desde 1945. Como ha dicho el teniente coronel Andrew Krepinevich, director del CSBA, lo que Estados Unidos debe decidir ahora es si va a competir o no con China por el control del Pacífico occidental. Si renuncia, deberá admitir un cambio sustancial en el equilibrio militar mundial; si acepta, “la cuestión es cómo competir con eficacia”.
Podría pensarse que, tras la experiencia de tantas décadas de Guerra Fría, no hay riesgo de que este tipo de confrontaciones puedan llevar a un conflicto más grave, que ponga en peligro la paz mundial. Pero esta es una previsión injustificada ante lo que pueden depararnos las elecciones presidenciales norteamericanas del año próximo, en el caso de que consiga la victoria, como parece probable, alguno de los descerebrados candidatos republicanos que están disputándose la nominación. ¿Qué se puede esperar de una persona como Michele Bachmann que recientemente proclamó la necesidad de mantener el gasto en defensa ante el temor que siente el pueblo norteamericano por “el ascenso de la Unión Soviética”? Asusta pensar que nuestro porvenir esté en tales manos.
Josep Fontana
Historiador
Ilustración por Patrick Thomas
Para comprender mejor las causas y razones de lo que sucedió el 18 de julio de 1936 resulta útil examinar sus antecedentes inmediatos. Y no me refiero a las habituales especulaciones acerca de la revolución de octubre de 1934, sino a una perspectiva que, pese a ser mucho más cercana, no deja de ser reveladora. He querido, por ello, echar una ojeada a lo que sucedía el día antes, el 17 de julio, cuando, pese a que se hubieran producido los primeros movimientos militares en Marruecos, la mayor parte de España seguía en paz.
El 17 de julio el general Franco se encontraba en Gran Canaria, donde había acudido con el pretexto de la muerte del general Amado Balmes, comandante militar de Las Palmas, a quien probablemente había hecho asesinar, como sostiene Ángel Viñas (también Pacón Franco Salgado-Araújo, primo y estrecho colaborador del futuro Caudillo, opinaba que su muerte no podía deberse a un accidente, sino que podía ser un asesinato). Aquella noche recibió Franco la noticia del inicio de la sublevación y se preparó para volar a Tetuán, “disfrazado” de civil, con traje blanco y sombrero de jipi, tras afeitarse el bigote para evitar ser reconocido.
De este viaje tenemos una versión de Millán-Astray que tiene todo el aire de reflejar un relato verbal del Caudillo. El Dragon Rapide, que había despegado de Canarias hacia las tres de la tarde del día 18, llegó a les seis a Agadir. Temiendo que el Gobierno español hubiese dado órdenes de detenerlos, “se empezó, al pedir la gasolina, por dar espléndida propina al encargado del surtidor, pretextando urgencia familiar de aquel viaje; la propina surte efecto y el avión de Franco, que deja Agadir a las siete de aquella tarde, vuela rumbo a Casablanca”. Llegaron a Casablanca en momentos en que el campo estaba a oscuras a consecuencia de una avería en la iluminación, pero tuvieron suerte, puesto que la avería se arregló a tiempo y el avión aterrizó a las once de la noche. “Salta rápido y, sin hablar con nadie (…), busca alojamiento en un modesto balneario cercano para salir al alborear. A las cinco de la madrugada así lo hace (…). A las cinco y media, sin que nadie haya sospechado nada, se eleva en su última etapa para llegar a las siete de aquella mañana a Tetuán, no sin antes haber tenido que hacer desde el aire un reconocimiento por el propio Franco, para averiguar si el aeródromo militar de Tetuán estaba en nuestro poder o en el del enemigo”.
Había sido otro primo de Franco, Ricardo de la Puente Bahamonde, quien había defendido el aeropuerto contra los sublevados hasta pocas horas antes, por lo que fue condenado a muerte. Franco recibió personalmente la sentencia, pero dejó que fuera el segundo jefe, el general Luis Orgaz, quien la rubricara, y que se le ejecutase. Pacón nos dice que “Franco quería mucho a su primo Ricardo”, pero sabemos que se había distanciado de él por sus ideas republicanas, hasta el punto de que, con motivo de una discusión, habría dicho: “Un día voy a tener que fusilarle”.
Amado Balmes y Ricardo de la Puente fueron los dos primeros crímenes personales de Franco, al comienzo mismo de una sublevación que iba a causar en diez años 130.000 muertes como consecuencia de la represión, sin contar las víctimas militares y civiles de la guerra.
¿Por qué se sublevaban estos militares? ¿Había realmente una amenaza revolucionaria que pudiera justificar estos crímenes, como alegaban en sus proclamas? Lo sostenían también los obispos en la Carta colectiva de 1937 en que afirmaban, por ejemplo, que “el 27 de febrero de 1936, a raíz del triunfo del Frente Popular, el Komintern ruso decretaba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades”.
Lejos de ello, el 17 de julio de 1936 el Komintern ruso enviaba a la dirección del Partido Comunista de España un mensaje en el que decía: “Después de considerar la alarmante situación en relación a la conspiración fascista en España, os aconsejamos: preservar intactas, a cualquier precio, las filas del Frente Popular, ya que cada división en ellas sería utilizada por los fascistas en su lucha contra el pueblo”. No sólo el Gobierno del Frente Popular, sino incluso los comunistas, que no tenían representación alguna en él, estaban en contra de cualquier intentona revolucionaria.
Lo que el Gobierno de la República hacía en estos días no hemos de deducirlo ni de las proclamas de los militares sublevados, ni de la retórica de las derechas de 1936 en el Parlamento –tan sesgada y falaz como lo es hoy la del Partido Popular, sucesor de aquella derecha incivil–, sino que hemos de buscarlo en su actividad cotidiana, tal como aparece en noticias de prensa como esta:
“Día 17 de julio de 1936.
Provincia de Córdoba: Término de la capital.
Finca: Villaverde Baja, asentados cabezas de familia, 30.
Provincia de Albacete: Término de la capital.
Finca: Casalta, asentados cabezas de familia, 30.
Provincia de Granada: Término de Chimeneas.
Finca: Santa Catalina, asentados cabezas de familia, 140.
Total, 186”.
Fue contra estas actuaciones de reforma, y no contra la inexistente amenaza del bolchevismo, que se sublevaron los militares, con la ayuda de los terratenientes y el apoyo de la Iglesia. Estas 186 familias que acababan de recibir tierras para cultivar, iban a ser despojadas de ellas por el franquismo. Muchos de sus miembros perderían además la vida, incorporados a esa masa de 130.000 españoles asesinados.
JOSEP FONTANA
Hace mucho tiempo que he dejado de creer en la racionalidad de la especie humana. Me resisto a considerar como racionales a quienes entregan su vida en un atentado suicida con la esperanza de gozar de otra vida mejor en un paraíso. Ni a los que amargan su existencia sujetándola a los preceptos irracionales de sus iglesias, con la esperanza de que estos sacrificios les serán compensados en otro paraíso. ¿O acaso en el mismo? ¿Van al mismo lugar los cristianos reprimidos por el oscurantismo clerical y los terroristas suicidas musulmanes? ¿O acaso hay más de un paraíso? Y si es así, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos? Son puntos que convendría aclarar y sobre los cuales, a falta de las informaciones de alguien que haya regresado de ellos, seguimos en la incertidumbre.
De momento, los californianos que esperaban hace pocos días que viniese el propio Jesucristo a aclarárselo se han visto frustrados, y siguen esperando, como algunos millones más de norteamericanos piadosos, que el Mesías venga a abducirlos para contemplar desde arriba cómo los demás nos debatimos en medio de los horrores del fin del mundo. A los impíos, en cambio, no nos queda más que tratar de hacer el mejor uso posible de nuestra única vida, tras la cual tendremos “una noche perpetua para dormir”.
No es menos irracional, sin embargo, la conducta de los votantes que eligen a políticos que van a gobernar contra sus intereses. La marea negra que acaba de entregar más de media España a una derecha cerril, heredera del franquismo que costó 40 años desalojar del poder, es una buena muestra de lo que digo. Admito el derecho de los votantes a descabalgar a los socialistas de sus puestos de mando, donde habían cometido todo género de errores y abusos; merecido lo tienen. Pero que la solución sea entregar el país a los posfranquistas me parece terrible. Nunca hubiera imaginado, por ejemplo, que fuesen tantos los extremeños que han olvidado que sus abuelos fueron oprimidos y explotados –y muchos de ellos asesinados– por esas derechas a las que ahora votan.
Mi viejo maestro don Ramón Carande me decía en una carta de julio de 1970 que lo que necesitábamos era crear “muchos miles de escuelas y maestros”, porque “únicamente cuando lleguen a discurrir los españoles, discurriendo harán que se conmuevan las estructuras más reacias, y barrerán a las que ya están putrefactas”. Está claro que no hemos conseguido enseñarles a discurrir, y que no hemos sido capaces, por ello, de barrer entre todos la herencia putrefacta del franquismo.
Quisiera aclarar, sin embargo, que al calificar a esta derecha de contraria al interés de la mayoría no me baso en el hecho de que entre sus elegidos haya un amplio repertorio de corruptos, algunos imputados por los jueces. Desde que Gibbon dijera que “la corrupción es el síntoma más infalible de la libertad constitucional” nos hemos acostumbrado a aceptar su presencia en la política como algo normal. Personalmente he de reconocer que he conocido a algunos políticos honrados, pero no estoy seguro de que fuesen mayoría.
Lo que resulta más preocupante para el conjunto de los ciudadanos es lo que puede suceder en el futuro, si esta derecha llega, como todo parece anunciar, a adueñarse del aparato del Estado. Algo que ansía hasta tal punto que no dudo de que va a intentar conseguirlo acelerando el hundimiento de nuestro crédito público por el procedimiento de sacar a la luz todo tipo de posibles corruptelas en las haciendas municipales y autonómicas que han caído ahora en sus manos –ellos que suelen ser tan tolerantes con las que cometen los suyos–, con el fin de organizar un escándalo que acabe de hundir la valoración de la deuda española y haga inviable la continuidad del Gobierno actual.
Tras lo cual vendrán a rescatarnos de la quiebra, dispuestos a seguir al pie de la letra las exigencias del “consenso de Berlín”, que es quien dicta ahora las reglas que nos afectan más directamente, recortando nuestros salarios, nuestras pensiones y nuestros derechos sociales (la señora Merkel ya ha comenzado a avisarnos de que tenemos demasiados días de vacaciones). A lo cual se añadirá, naturalmente, la disminución de las cargas fiscales de las grandes empresas, aunque esté más que demostrado que este es un camino que sólo sirve para aumentar los beneficios de estas, pero no sus inversiones ni, en consecuencia, los puestos de trabajo, que podrían crearse, en cambio, con una mayor inversión pública, basada en una presión fiscal más equitativa.
Con lo cual van a acentuar nuestra crisis y nuestra miseria, incapaces de seguir el consejo que Mark Weisbrot nos daba en The Guardian el 29 de enero de este año: “España debería oponerse a aceptar las políticas que prolonguen su crisis y le impidan reducir el paro”. Por ahora nuestra “izquierda realmente existente” ha sido incapaz de hacerlo; pero lo que nos espera a manos de sus previsibles sucesores es mucho peor.
Resulta triste tener que decirles a los jóvenes indignados que se manifiestan en nuestras plazas que no van a conseguir nada, entre otras razones porque sus padres se han encargado de votar a quienes no sólo hacen mofa de sus protestas, sino que han empezado ya a advertirles de lo que les espera con los primeros desalojos policiales.
Va a haber que trabajar mucho, y con mucha seriedad, para librarnos de la marea negra que nos invade.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Iker Ayestaran
JOSEP FONTANA
La proximidad de la fecha en que se cumplen 75 años del inicio de la Guerra Civil española ha estimulado la publicación de una serie de estudios que enriquecen nuestro conocimiento no solo de su génesis, sino también de su naturaleza. Tal es el caso de La conspiración del general Franco, de Ángel Viñas, que complementa la gran trilogía sobre la República en guerra que publicó de 2006 a 2009. O el de Violencia roja y azul, el estudio colectivo dirigido por Francisco Espinosa, que ha venido a dejar establecida la cifra de los muertos por la violencia en 50.000 para el bando republicano y 150.000 para el franquista.
Entre todos estos libros, sin embargo, me parece que conviene destacar El holocausto español, de Paul Preston, que culmina con esta obra cuarenta años de dedicación al estudio histórico de España, desde The Spanish
Right under the Second Republic: an Analysis, aparecido en Reading en 1971, que sería un anticipo de su Spain in Crisis de 1976, hasta su biografía de Franco, que sigue siendo una obra de referencia
indispensable.
Preston describe y estudia la represión en uno y otro bando, pero sus objetivos van más allá: una vez averiguado lo que les sucedió a las víctimas civiles, nos dice, es necesario averiguar por qué, establecer las causas últimas de la violencia que sufrieron y sacar a la luz las razones que guiaban a sus verdugos. Que una vez desencadenada una guerra se produzcan actos de ferocidad en uno y otro bando es algo que ha sucedido siempre y en todas partes, y que no requiere mayor explicación. Como decía hace muy poco Luke Mogelson “hay una bestia en el corazón de cada combatiente”, sin olvidar que cada muerte se convierte en la semilla de una venganza. Lo que es más importante, porque ahí reside la mayor de las responsabilidades, es determinar los motivos y el propósito de quienes han escogido el camino de la guerra, y está claro que la única forma en que podemos entender la que se inició en 1936 debe basarse en el análisis de lo que sucedió desde 1931.
Preston, cuyos primeros trabajos estuvieron dedicados precisamente al estudio de las derechas españolas en los años de la República, está especialmente calificado para analizar el enfrentamiento social que se inició con motivo de los programas de reforma de los dos años de gobierno republicano-socialista, y para mostrarnos la reacción que llevó a los “teóricos del exterminio” a preparar desde entonces una represión sistemática, encaminada a destruir hasta sus raíces la trama social en que se había asentado el proyecto republicano.
Entre las primeras víctimas de lo que Queipo de Llano llamaba el “movimiento depurador del pueblo español” figuraron los alcaldes, los concejales y los sindicalistas, pero también los maestros. Porque, como se decía en un artículo publicado en la prensa de Sevilla en los primeros días del “alzamiento”: “No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos”. Tantos eran los enemigos que había que depurar.
Haber desentrañado los orígenes de este proyecto genocida de los sublevados, que desde los primeros días expresaron su voluntad de “aniquilar” a todos estos enemigos, es uno de los grandes méritos del libro de Preston, que lo elevan por encima de la mayor parte de la abundante literatura que se ha dedicado a la represión.
Arrinconada, por haber agotado su credibilidad, la visión franquista de la Cruzada, lo que en la actualidad la sustituye es el revisionismo del “todos fueron igualmente culpables”, en la línea de Ernst Nolte con el nazismo, del que pueden ser ejemplo el libro de Fernando del Rey, Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda república española, o la feroz crítica contra el de Preston que Jorge M. Reverte publicó en El País el 12 de mayo, con más exabruptos que argumentos, y en un tono que no parece que corresponda al crédito personal que Reverte puede oponer a la trayectoria académica e investigadora de Preston.
Uno de los fallos esenciales de su crítica es que se limita a lo sucedido desde julio de 1936, cuando Preston ha dedicado cuatro de los 13 capítulos de su libro a los antecedentes. Déjeme decirle además que lo de la “liquidación sistemática de pequeños comerciantes en Cataluña” es un camelo. Mi padre era un pequeño comerciante, que no solo no fue liquidado, sino que no sufrió más molestia que la de los bombardeos, frecuentes en el barrio en que vivíamos, que nos obligaron a muchas huidas nocturnas en busca de un refugio (bien el de la Generalitat, bien los túneles de las estaciones de metro de la plaza Catalunya). La librería de mi padre estaba en la calle Boters, y no recuerdo que ni el dueño del “colmado” de al lado, ni el de la “mercería” de enfrente sufrieran daño alguno; ni siquiera los de una “cerería” y una “estampería” vecinas, negocios que respondían a la cercanía al palacio episcopal y a la catedral.
Sacar la Guerra Civil del contexto del enfrentamiento social que se produjo como consecuencia del proyecto reformista de los republicanos de izquierdas implica condenarse a no entender su misma naturaleza.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Javier Olivares
JOSEP FONTANA
Leo con algún escepticismo, y no pocas sorpresas, las noticias acerca de las “revoluciones” (y/o “transiciones”) del Norte de África. Me sorprenden hechos como la actitud hostil de Estados Unidos y la Unión Europea hacia gobiernos que hasta hace poco eran sus amigos (no hay que olvidar que Mubarak y Ben Alí eran miembros de la Internacional Socialista), la disponibilidad de algunos intelectuales –Joseph Nye, Robert Putnam, Anthony Giddens– para revalorizar a Gadafi “como pensador y estadista”, a cambio de una suma en dólares. O que coincidan en apoyar al dictador libio izquierdistas como Chávez y Ortega, junto a empresas de tan infame trayectoria como Halliburton, ExxonMobil, BP o Shell.
Pero la mayor de las sorpresas la he tenido leyendo un artículo de Martin Shaw donde se asegura que lo que está sucediendo en el Norte de África es “la última fase en la revolución democrática universal que está transformando el mundo desde los años ochenta”. ¿De verdad que lo que está sucediendo en el mundo desde los tiempos de Reagan y de Thatcher es una “revolución democrática universal”? No debemos de estar hablando del mismo planeta.
Porque lo que nos cuentan quienes estudian hoy la realidad de nuestras sociedades es que, a fines de los años setenta del siglo pasado, pareció interrumpirse una larga trayectoria de progreso, alimentada por dos siglos de luchas sociales que nos permitieron ganar las libertades políticas individuales y, más adelante, las sociales, como el derecho de los sindicatos a negociar las condiciones y la remuneración del trabajo, o los avances colectivos en terrenos como los de la educación y la sanidad públicas. Estos progresos, consolidados con la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo posterior del Estado del bienestar, se interrumpieron en la década de los setenta, cuando comenzó la batalla contra los sindicatos, y han llegado a una amenazadora culminación como consecuencia de la crisis económica actual, que ha sido en realidad un fruto más del proceso de “desregulación” de la economía, que era una de las bases de este modelo regresivo.
Fue entonces cuando comenzó lo que Paul Krugman llama “la gran divergencia”: el reparto de los beneficios de la producción
–que hasta entonces iba mostrando una distribución gradualmente más equitativa, con avances del salario real que respondían a los aumentos de la productividad– inició a partir de estas fechas una evolución de signo opuesto, con un aumento gradual de la parte destinada al beneficio empresarial y una disminución paralela del salario real. El análisis que Michael Greenstone y Adam Looney han hecho del caso norteamericano muestra que, mientras los salarios reales parecen haberse estancado, si tomamos en cuenta las ganancias totales por trabajador –sin limitarnos tan sólo a los que tienen empleo a tiempo completo–, se puede ver que han disminuido en un 28 % en los 40 años que van de 1969 a 2009.
La crisis actual, que debió haber servido para poner en evidencia la irracionalidad de la economía y la necesidad de introducir cambios en las reglas que rigen su gestión, ha tenido como consecuencia todo lo contrario: que se atribuya el desastre al peso de salarios y gastos sociales, y se adopten medidas para recortarlos, a la vez que se proponen nuevas exenciones fiscales para los empresarios (o, simplemente, se sigue tolerando que eludan las cargas, como se ha visto en EEUU, donde ExxonMobil, General Electric, Bank of America o Citigroup no han pagado un solo dólar en impuestos federales sobre sus ingresos de 2009).
La gran trampa que ha permitido que nos convenzan para que asumamos mansamente los costes de la crisis ha sido la de permitir a quienes la causaron que presenten los problemas creados por un sector muy concreto del mundo de los negocios como un problema colectivo, del que todos somos responsables. En el caso español, por ejemplo, el problema fue creado por los bancos y cajas de ahorros, que se prestaron a especular con sus depósitos, esto es, con nuestros ahorros, apoyando negocios insensatos.
Como ha dicho Peter Radford, la élite política y económica ha conseguido desviar el debate para llevarlo al terreno de la deuda pública, algo que necesitaba “para disfrazar su culpabilidad colectiva y su corrupción. Imponernos austeridad a todos era esencial para eludir el pago de las consecuencias de su ineptitud”. Y lo está aprovechando además para reforzar su ataque contra lo que queda aún de las viejas conquistas sociales. Lo ha dicho Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: la idea de que sólo se puede combatir el déficit recortando el gasto público responde a “un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.
El resultado final es que no sólo se nos hace pagar la factura de una crisis causada por la codicia de otros, sino que el argumento de que la culpa es nuestra, porque hemos gastado demasiado en atención médica, becas o pensiones, se usa para convencernos de que para volver a la normalidad es necesario que aceptemos más recortes de los salarios y los derechos sociales, con el fin de garantizar la continuidad de las ganancias absolutamente inmorales de unos pocos.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de José Luis Merino
JOSEP FONTANA
Precisar el momento en que quienes conspiraban contra la República española optaron por sublevarse para derrocarla es importante para entender mejor sus motivos. La mitología del 18 de julio, que pretendía que la guerra se había iniciado como una respuesta a los abusos cometidos por el Gobierno del Frente Popular, ponía el acento en el asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, para legitimar el levantamiento militar con este suceso.
Los orígenes de la revuelta, sin embargo, hay que ir a buscarlos cinco meses antes, al domingo 16 de febrero de 1936, cuando se realizaron elecciones generales en España. La jornada electoral fue tranquila, como reconocía ABC el lunes 17: “Ha llovido copiosamente en la madrugada del domingo. Las calles aparecen encharcadas. Llovizna a la hora de abrirse los colegios y esto retrae un poco a los comodones. Luego cesa de llover, no hace mucho frío y el sol aparece a ratos. A diferencia de otras elecciones, la gente ha cargado desde mediodía. Contribuyó a ello que se propagaba por todo Madrid la noticia de que la tranquilidad era absoluta. Nada de lo que amenazaban los derrotistas tuvo confirmación. Ni huelga, ni agresiones, ni escándalos. Todo el mundo votó como quiso, con absoluta libertad. Señálase este importante detalle en honor de los españoles, porque lo mismo que en Madrid ocurrió en toda España”.
Algo más había ocurrido, sin embargo, que ABC no contaba. A las tres de la madrugada de la noche del 16 al 17, cuando las primeras noticias indicaban que podía producirse una victoria del Frente Popular, José María Gil-Robles, jefe de la CEDA, el principal de los partidos de la derecha, despertó al jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares, para decirle que la llegada al poder de la izquierda era peligrosa y que no había otra salida que la de que Portela siguiese al frente del Gobierno y proclamase una dictadura, para lo cual podía contar con la total adhesión de las derechas, “así como de cuantos elementos representaban la estabilidad y el orden en el país”. En vista de que Portela se mostraba indeciso, Gil-Robles se puso en contacto con el general Franco, jefe del Estado Mayor, quien se puso de inmediato a conspirar por su cuenta.
Los planes de Franco incluían aprovechar su posición en el ministerio para ordenar a las regiones militares que declarasen el estado de guerra, y adueñarse del poder con un golpe militar en la capital. Según contó el propio Franco en un texto escrito en 1944: el lunes 17 de febrero “convocó a aquellos generales que le habían expuesto en otras ocasiones su disgusto y necesidad de un movimiento para evitar que el Frente Popular se hiciese con el poder”. Contaba con los generales Goded y Del Pozo, y “con otros dos jefes de unidades armadas de cuya incondicionalidad (sic) no dudaba”. Pero “no tardaron estos generales en regresar de sus gestiones con la cabeza baja”. Los jefes de la guarnición de Madrid consideraban que la oficialidad no secundaría en frío un movimiento contra los poderes constituidos, si la Guardia Civil y los guardias de asalto no tomaban parte en él. Esta es la razón que explica que Franco hiciese todavía otro intento, tratando de convencer al general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, para que se sumase a la sublevación.
El martes 18 de febrero Pozas acudió a ver a Portela para denunciarle “que los generales Franco y Goded están dando instrucciones desde el Ministerio de la Guerra para que los militares declaren el estado de guerra y se apoderen del Gobierno”. Portela se mostró indignado, pero no hizo nada. Lo único que deseaba en aquellos momentos era abandonar el poder cuanto antes, de modo que decidió dimitir de inmediato, sin aguardar siquiera a que concluyera el escrutinio de los votos. Muchos gobernadores civiles hicieron lo mismo y las provincias quedaron sin autoridades, con la gente echándose a la calle.
Ante semejante vacío de poder los vencedores se vieron obligados a hacerse cargo del Gobierno de inmediato, de modo que el jueves 20 de febrero se celebró el primer consejo de ministros, en una difícil situación que Azaña describía con estas palabras: “Continúan los alborotos en algunos puntos de Andalucía y Levante. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos de San Miguel de los Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los presos comunes y los políticos, que han caído como en rehenes de aquellos. En Alicante han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos y resulta que el Gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos”.
En estas condiciones comenzó a gobernar el Frente Popular, mientras los militares que habían tratado de impedir que llegase al poder seguían preparándose para derribarlo cuanto antes. Lo que está claro es que el 17 de febrero de 1936, cuando Franco realizó su primer intento de sublevación militar, no había ocurrido todavía nada que lo justificase. La Guerra Civil española no se hizo ni contra los “desmanes del Frente Popular”, ni contra la inexistente “amenaza” del comunismo, sino contra el programa de reformas de unos republicanos moderados que no amenazaban más que los privilegios injustos de unas clases dominantes que obstaculizaban el progreso del país.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Mikel Casal
