JOSEP FONTANA
Precisar el momento en que quienes conspiraban contra la República española optaron por sublevarse para derrocarla es importante para entender mejor sus motivos. La mitología del 18 de julio, que pretendía que la guerra se había iniciado como una respuesta a los abusos cometidos por el Gobierno del Frente Popular, ponía el acento en el asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, para legitimar el levantamiento militar con este suceso.
Los orígenes de la revuelta, sin embargo, hay que ir a buscarlos cinco meses antes, al domingo 16 de febrero de 1936, cuando se realizaron elecciones generales en España. La jornada electoral fue tranquila, como reconocía ABC el lunes 17: “Ha llovido copiosamente en la madrugada del domingo. Las calles aparecen encharcadas. Llovizna a la hora de abrirse los colegios y esto retrae un poco a los comodones. Luego cesa de llover, no hace mucho frío y el sol aparece a ratos. A diferencia de otras elecciones, la gente ha cargado desde mediodía. Contribuyó a ello que se propagaba por todo Madrid la noticia de que la tranquilidad era absoluta. Nada de lo que amenazaban los derrotistas tuvo confirmación. Ni huelga, ni agresiones, ni escándalos. Todo el mundo votó como quiso, con absoluta libertad. Señálase este importante detalle en honor de los españoles, porque lo mismo que en Madrid ocurrió en toda España”.
Algo más había ocurrido, sin embargo, que ABC no contaba. A las tres de la madrugada de la noche del 16 al 17, cuando las primeras noticias indicaban que podía producirse una victoria del Frente Popular, José María Gil-Robles, jefe de la CEDA, el principal de los partidos de la derecha, despertó al jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares, para decirle que la llegada al poder de la izquierda era peligrosa y que no había otra salida que la de que Portela siguiese al frente del Gobierno y proclamase una dictadura, para lo cual podía contar con la total adhesión de las derechas, “así como de cuantos elementos representaban la estabilidad y el orden en el país”. En vista de que Portela se mostraba indeciso, Gil-Robles se puso en contacto con el general Franco, jefe del Estado Mayor, quien se puso de inmediato a conspirar por su cuenta.
Los planes de Franco incluían aprovechar su posición en el ministerio para ordenar a las regiones militares que declarasen el estado de guerra, y adueñarse del poder con un golpe militar en la capital. Según contó el propio Franco en un texto escrito en 1944: el lunes 17 de febrero “convocó a aquellos generales que le habían expuesto en otras ocasiones su disgusto y necesidad de un movimiento para evitar que el Frente Popular se hiciese con el poder”. Contaba con los generales Goded y Del Pozo, y “con otros dos jefes de unidades armadas de cuya incondicionalidad (sic) no dudaba”. Pero “no tardaron estos generales en regresar de sus gestiones con la cabeza baja”. Los jefes de la guarnición de Madrid consideraban que la oficialidad no secundaría en frío un movimiento contra los poderes constituidos, si la Guardia Civil y los guardias de asalto no tomaban parte en él. Esta es la razón que explica que Franco hiciese todavía otro intento, tratando de convencer al general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, para que se sumase a la sublevación.
El martes 18 de febrero Pozas acudió a ver a Portela para denunciarle “que los generales Franco y Goded están dando instrucciones desde el Ministerio de la Guerra para que los militares declaren el estado de guerra y se apoderen del Gobierno”. Portela se mostró indignado, pero no hizo nada. Lo único que deseaba en aquellos momentos era abandonar el poder cuanto antes, de modo que decidió dimitir de inmediato, sin aguardar siquiera a que concluyera el escrutinio de los votos. Muchos gobernadores civiles hicieron lo mismo y las provincias quedaron sin autoridades, con la gente echándose a la calle.
Ante semejante vacío de poder los vencedores se vieron obligados a hacerse cargo del Gobierno de inmediato, de modo que el jueves 20 de febrero se celebró el primer consejo de ministros, en una difícil situación que Azaña describía con estas palabras: “Continúan los alborotos en algunos puntos de Andalucía y Levante. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos de San Miguel de los Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los presos comunes y los políticos, que han caído como en rehenes de aquellos. En Alicante han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos y resulta que el Gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos”.
En estas condiciones comenzó a gobernar el Frente Popular, mientras los militares que habían tratado de impedir que llegase al poder seguían preparándose para derribarlo cuanto antes. Lo que está claro es que el 17 de febrero de 1936, cuando Franco realizó su primer intento de sublevación militar, no había ocurrido todavía nada que lo justificase. La Guerra Civil española no se hizo ni contra los “desmanes del Frente Popular”, ni contra la inexistente “amenaza” del comunismo, sino contra el programa de reformas de unos republicanos moderados que no amenazaban más que los privilegios injustos de unas clases dominantes que obstaculizaban el progreso del país.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Mikel Casal
JOSEP FONTANA
Hoy se cumplen 50 años de uno de los peores crímenes de la Guerra Fría: el asesinato de Patrice Lumumba, que no significó tan sólo la muerte del jefe de un Gobierno democráticamente elegido, sino también el fin de la posibilidad de que el Congo se desarrollase como una nación independiente. La iniciativa del asesinato del único de los dirigentes congoleños que pudo haber llevado a la práctica un proyecto de construcción nacional surgió de Eisenhower y de Foster Dulles, que compartían el temor que les producía la imprevisible evolución de “la gran masa de la humanidad, que no es blanca ni europea”.
Lumumba viajó a Washington y se entrevistó con el secretario de Estado, Christian Herter, para pedir ayuda, en especial los medios de transporte que necesitaba para asegurar el control del país.
Eisenhower, que se mantuvo lejos de la capital durante su visita, se limitó a preguntar al National Security Council “si podemos librarnos de este tipo”, con lo cual puso en marcha el proceso que llevó a su asesinato. Ello sucedía tres días antes de que Lumumba, forzado por la negativa de Estados Unidos, pidiese medios de transporte a los soviéticos, que le proporcionaron 100 camiones y 15 aviones de transporte, lo que Eisenhower calificó como una “invasión soviética”.
El 26 de agosto de 1960 el director de la CIA, Allen Dulles, enviaba un telegrama al jefe de la delegación de la “compañía” en el Congo, Lawrence Devlin, para decirle que la caída de Lumumba era un objetivo prioritario e inmediato. Pocos días más tarde el presidente Kasa-Vubu, tras haber consultado el plan con el embajador norteamericano y con el representante de las Naciones Unidas, destituyó a Lumumba, pese a que su partido tenía la mayoría en el Parlamento. Mientras los diplomáticos africanos trataban de mediar en la crisis, el jefe del ejército, Mobutu, dio un golpe de fuerza, con el apoyo de Devlin, y confinó a Lumumba. Pero su encarcelamiento no les bastaba ni a la CIA ni al Gobierno belga, cuyo ministro para África envió el 6 de octubre un telegrama pidiendo su “eliminación definitiva”.
Para liquidar el asunto se le envió con dos de sus colaboradores a Katanga, donde fueron torturados hasta convertirlos en despojos humanos. El 17 de enero de 1961 los sacaron de noche al bosque, los ataron a los árboles y los fusilaron, tras lo cual se cuidó de destruir los cadáveres para que no quedase ni rastro de ellos.
El país fue entregado poco después al Gobierno de Joseph-Desiré Mobutu, que lo presidió de 1965 a 1997, durante 32 años de un régimen cleptocrático que sobrepasó todos los ejemplos de corrupción conocidos en la historia, protegido militarmente por Estados Unidos y por Francia y con el apoyo económico del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Que en 1989, cuando no podía caber duda alguna del desastre a que había llevado a su país, fuese todavía recibido en la Casa Blanca como un campeón de la libertad es una muestra de la desvergüenza que inspiró la política de la Guerra Fría.
Cuando se vio forzado a exiliarse, Mobutu dejó tras de sí un país desarticulado, que se vio casi de inmediato envuelto en lo que Gérard Prunier ha calificado como “la guerra mundial de África”, un conflicto que ha causado hasta hoy más de cinco millones de muertos, la mayoría de ellos entre la población civil: una guerra que se mantiene latente y de la que no se suele hablar demasiado para no estorbar las actividades que se benefician de ella, en especial las que se refieren a la extracción de las riquezas naturales del país, como el coltan, indispensable para la fabricación de teléfonos móviles y consolas de videojuegos.
El Congo, dice un informe de Global Witness publicado en diciembre de 2009, “ha sido considerado desde fuera como un depósito de una gran riqueza de recursos naturales, con el pueblo congoleño como la fuerza de trabajo destinada a extraerla”. Está claro que la inexistencia de un Estado organizado es una condición que favorece este expolio, lo cual ayuda a explicar que siga siendo en la actualidad un país desestructurado, sin una administración centralizada (las compañías mineras pagan sobornos a los funcionarios, en lugar de abonar impuestos a la Hacienda pública), sometido a los desmanes de un ejército que el Gobierno no paga, y que está por ello condenado a vivir del saqueo.
En marzo de 2009, Jeffrey Herbst
y Greg Mills publicaron en Foreign Policy un artículo en el que sostenían que “la comunidad internacional debe reconocer un hecho tan simple como brutal: la República Democrática del Congo no existe”. Una afirmación que sirve, por una parte, para ratificar cuáles han sido los resultados de un proceso que se inició hace 50 años con el asesinato de Lumumba, pero que tiene, por otra, la virtud de descubrirnos que los objetivos que condujeron a aquel crimen siguen vigentes, porque está claro que la balcanización del Congo facilita la continuidad del saqueo de sus recursos naturales, extraídos frecuentemente con trabajo esclavo.
Quienes siguen creyendo que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre las fuerzas del totalitarismo y las de la democracia tienen en el asesinato del Congo un motivo para reflexionar. Y para desconfiar, de paso, de los móviles que justifican hoy otros planteamientos políticos y otros conflictos de naturaleza semejante.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Patrick Thomas
JOSEP FONTANA
En el actual desguace del Estado del bienestar le ha tocado el turno a la educación pública, y en primer lugar a la superior. En Italia la reforma Gelmini se propone eliminar un gran número de profesores y reducir considerablemente los fondos destinados a la universidad y a la investigación. Ante las protestas de estudiantes y profesores, Berlusconi ha manifestado: “Los verdaderos estudiantes se sientan en su casa y estudian, los que salen a las calles son alborotadores”. El otro foco de protestas ha sido Gran Bretaña, donde una propuesta semejante va acompañada del anuncio de una subida brutal de las tasas universitarias, que dejaría la educación superior reducida a un privilegio para los hijos de las clases elevadas.
El asalto no se refiere solamente a las universidades. En Estados Unidos –y es bueno fijarse en lo que ocurre allí, porque es el anuncio de lo que nos puede llegar pronto– la escuela publica está siendo atacada por dos caminos distintos. En primer lugar, por la necesidad de reducir el gasto. Michael Bloomberg, el multimillonario alcalde de Nueva York, ha puesto al frente de sus escuelas a Cathleen Black, presidenta del grupo Hearst (que edita publicaciones como Cosmopolitan o Marie Claire), una ejecutiva sin ninguna preparación en el terreno de la educación, que ya ha anunciado que su tarea se va a centrar en reducir el gasto del sistema escolar público, que es el que usan los pobres. Bob Herbert, que sitúa estos hechos en el contexto de una Norteamérica en que coinciden el mayor paro y los mayores beneficios de las empresas financieras, advierte: “La guerra de clases de la que nadie quiere hablar sigue sin pausa”.
Hay una segunda línea de ataque, en que participa activamente la Bill and Melinda Gates Foundation, que combate la escuela pública como ineficaz, sin tomar en cuenta la pobreza de recursos con que funciona, y acusa de ello a los sindicatos del profesorado, que se niegan a aceptar el despido de los maestros menos capacitados. Su alternativa son las charter schools, que están “exentas de reglas locales o estatales que inhiben una administración y gestión flexibles”.
Lo que estos planteamientos suelen ocultar es que, detrás de los argumentos de coste y eficacia, hay el propósito de combatir una enseñanza independiente y crítica, que se pretende reemplazar por otra que inculque valores patrióticos y conformismo social. James Loewen explica, en su libro Lies My Teacher Told Me, que los profesores norteamericanos tienen que ir con cuidado cuando hablan en clase de temas como, por poner un ejemplo, la guerra de Vietnam. “He entrevistado a profesores de Enseñanza Secundaria que han sido despedidos, o han recibido amenazas de despido, por actos menores de independencia como los de proporcionar a los alumnos materiales que algunos padres consideran discutibles”. Lo cual, sabiendo que nadie va a acudir a defenderles, les empuja a “la seguridad de la autocensura”.
Las bibliotecas son otro escenario de esta lucha. No sólo las de las escuelas –donde la Asociación de bibliotecarios de Estados Unidos ha denunciado que basta con la queja de un solo padre para eliminar un libro–, sino las públicas en general. Kurt Vonnegut ha elogiado a aquellos bibliotecarios que “han sabido resistir enérgicamente a los energúmenos que han tratado de eliminar ciertos libros de sus estantes y que han destruido los registros de los lectores antes que revelar a la policía del pensamiento los nombres de las personas que los han consultado”.
En un sentido semejante va la decisión del actual Gobierno pospinochetista chileno de disminuir las horas de Geografía, Historia y Ciencias Sociales en las enseñanzas Primaria y Secundaria, que ha provocado manifestaciones de protesta de profesores y estudiantes. O el menosprecio por la presencia de las Humanidades en la universidad, que ha llevado a un crítico de Not for profit –el libro en que Martha C. Nussbaum sostiene que la enseñanza que desarrolla un pensamiento crítico es necesaria para la supervivencia de la democracia– a realizar afirmaciones como la de que “los académicos emplean su tiempo y energía escribiendo monografías ilegibles sobre temas sin interés alguno”.
La tendencia, tanto en la escuela como en la universidad, apunta en la dirección de limitarse a ofrecer una formación que se dedique a preparar para el ingreso inmediato en la empresa. Se trata de consolidar el tipo de “currículum oculto” de que habla Henry A. Giroux por el que “la clase dominante se asegura la hegemonía”, transmitiendo “formas de conocimiento, cultura, valores y aspiraciones que son enseñadas, sin que nunca se hable de ellas o se expliciten públicamente”.
Todo lo cual debería llevarnos a reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de estas políticas. La idea de que sólo se puede combatir el déficit por el procedimiento del recorte del gasto social, ha escrito hace pocos días el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “es un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad del sistema de impuestos y disminuir el papel y el tamaño del Gobierno mientras se dejan determinados intereses establecidos, como los del complejo militar-industrial, tan poco afectados como sea posible”.
La educación pública es una parte esencial de nuestros derechos sociales y una garantía del futuro de nuestras libertades.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Jordi Duró
JOSEP FONTANA
Mientras Estados Unidos da por acabada su actuación en Irak, se ha agudizado el debate acerca de las víctimas causadas por estos años de guerra. La estimación más citada es la de una organización llamada Iraq Body Count (IBC) que, sumando los datos que aparecen en la prensa iraquí en lengua inglesa, ha ido publicando cálculos que llegan actualmente a unos 100.000 (más exactamente, a una cifra entre 98.691 y 107.708). Como en los documentos publicados por WikiLeaks en octubre pasado aparecían unos 15.000 muertos que no figuraban en la base de datos de IBC, se dijo que la organización aceptaba redondear a 150.000; pero, como puede ver cualquiera que consulte su web, sigue manteniendo en la actualidad su estimación de 100.000. Dado que el procedimiento adoptado por IBC no es muy fiable, parece claro que la única razón de que se le otorgue tanto crédito es que permite minimizar el problema.
Porque hay otro procedimiento más serio de hacer estas cuentas, que es el que emplean los epidemiólogos, interrogando a las familias que habitan en una amplia muestra de hogares. Este es el que siguió un equipo de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, colaborando con la Universidad Al-Mustansiriya de Bagdad. El resultado, que se publicó en la revista médica The Lancet, concluía que entre marzo de 2003 y julio de 2006 había habido en Irak 654.965 muertes “de más” (esto es, que no se hubieran producido de no haber ocurrido la guerra), de las que un 91,8% habían sido violentas. La investigación se basaba en un método que estos epidemiólogos habían aplicado también al Congo y a Darfur, cuyos resultados fueron generalmente aceptados. No ocurrió lo mismo con los referidos a Irak, que fueron recibidos con una oleada de críticas que van desde el desprecio del presidente Bush a una serie de objeciones de técnica estadística.
Un año más tarde, Opinion Research Business, una empresa británica de encuestas sin ninguna connotación política, realizó una investigación semejante que, tras una segunda etapa de entrevistas adicionales, le permitió publicar en enero de 2008 una estimación de 1.033.000 muertos. En esta ocasión las cifras no fueron criticadas, sino simplemente silenciadas.
Uno de los problemas que se presentan para aceptar las estimaciones de IBC es que no concuerdan con el número de viudas que hay en Irak. Si, según The New England Journal of Medicine, el número de los varones muertos, una vez descontados las mujeres y los niños, es de unos 56.000, ¿cómo explicarse que haya 744.000 viudas? La solución que se ha encontrado consiste en suponer que la mayoría serían esposas de soldados muertos en la guerra contra Irán de los años ochenta. Lo cual resulta improbable, puesto que la situación de estas mujeres, de las que sólo unas 120.000 reciben una magra ayuda del Gobierno, es dramática, abocadas como están a la mendicidad o, como sabemos que sucede también en Afganistán, al suicidio. ¿De verdad se puede creer que tengan una supervivencia de 25 a 30 años tras haber enviudado? Pero es que aceptar que un número considerable de ellas lo sean desde 2003 obliga a elevar la cifra de los soldados muertos. Según los cálculos del MIT Center for International Studies, si la mitad de estas mujeres han enviudado en la guerra actual, el cálculo de los varones muertos se elevaría a más de 555.000, a los que habría que añadir las mujeres y los niños fallecidos como consecuencia de las privaciones o de la violencia directa.
Y ya que hemos hablado de privaciones, bueno será recordar que antes de 2003 Irak sufrió ya 12 años de sanciones en lo que H. C. von Sponeck, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Irak, ha calificado como “una forma de guerra diferente”. Interpretando de un modo restrictivo la prohibición de comprar materiales que pudieran ser utilizados para la guerra, se impidió a los iraquíes adquirir ambulancias y medicamentos o reparar los sistemas de depuración del agua, con unas consecuencias gravísimas para la salud y la vida de sus habitantes y en especial de los niños, que se vieron privados de vacunas contra la hepatitis infantil, el tétano y la difteria, con el argumento de que contenían cultivos vivos que podían usarse para desarrollar armas bacteriológicas. Según una estimación que UNICEF publicó en 1999, las sanciones fueron responsables de que, desde el fin de la primera guerra del Golfo, hubiese cada mes 5.000 muertes de niños de edad inferior a los cinco años que hubieran podido evitarse con una atención médica adecuada. La tasa de mortalidad infantil, que en 1990 era en Irak del 50 por mil, llegó en 1998 a 125 por mil, más del doble. El profesor Richard Garfield, de la Universidad de Columbia, calculó que las sanciones habían causado tal vez medio millón de muertes.
Ante una realidad semejante, ¿cómo se puede aceptar que se siga manteniendo la ficción de los cien mil muertos? Si a unas cifras más realistas le añadimos el aspecto cualitativo que nos da la documentación recientemente publicada –que nos habla de torturas practicadas con la plena tolerancia de Estados Unidos, cuando no con su colaboración–, tendríamos que llegar a la conclusión de que lo que ha habido en Irak no ha sido una guerra, sino una de las peores matanzas de la historia: un genocidio cuyos responsables deberían ser llevados ante los tribunales.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Patrick Thomas
JOSEP FONTANA
Las elecciones norteamericanas “de mitad del mandato” que se celebrarán el próximo 2 de noviembre pueden representar un momento decisivo en la historia de la democracia en Estados Unidos. No se trata en realidad de que esté ocurriendo algo nuevo en la sociedad norteamericana, sino de que estamos asistiendo a la culminación de un proceso que comenzó hace 30 años con Richard Nixon y Ronald Reagan, quienes pusieron en marcha una contrarrevolución con dos programas paralelos.
El primero, de carácter netamente político, estaba encaminado a dar un giro a la derecha al Tribunal Supremo, cuyos nueve jueces habían tenido en el pasado un papel fundamental en la transformación progresiva de la sociedad norteamericana con decisiones como la de Brown v. Board of Education, de 1954, que ilegalizó la segregación racial en la educación pública, o la de Roe v. Wade, de 1973, que definió los derechos al aborto. Este proceso de transformación del tribunal en un sentido retrógrado, que empezó Nixon y culminó George W. Bush, ha dado pie a una serie de decisiones reaccionarias, que culminaron el 21 de enero de 2010 con Citizens United v. Federal Election Commission, una medida que liberaliza las donaciones electorales de las empresas y los sindicatos y pone fin a los esfuerzos que hasta hoy se habían hecho para controlar la financiación de las elecciones.
El segundo programa estaba inspirado por un texto escrito en agosto de 1971 por Lewis Powell,
poco después de que Nixon le propusiera convertirse en miembro del Tribunal Supremo (algo a lo que Powell se resistía, porque abandonar la práctica privada de la ley le iba a hacer perder mucho dinero). El texto, titulado “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, lo envió a la United States Chamber of Commerce, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. En él se advertía a los dirigentes de los negocios que las amenazas al mundo de la “libre empresa” tenían como autores intelectuales a “los estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas, los científicos”. Proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, en especial los de Economía, Ciencia Política y Sociología, y pedía que las organizaciones empresariales actuasen con firmeza: “No ha de haber ninguna vacilación en atacar a los Nader, los Marcusse y otros que buscan abiertamente la destrucción del sistema. No ha de haber duda en abogar en todos los espacios políticos por el apoyo al sistema de libre empresa. Ni ha de haber escrúpulo alguno en penalizar públicamente a quienes se oponen a él”.
Los empresarios respondieron en los años siguientes actuando a través de fundaciones financiadas con dinero que se podía deducir de los impuestos. A través de los think tanks que mantenían, y utilizando los medios de comunicación que controlaban, patrocinaron campañas ideológicas como la del “fin de la historia” de Fukuyama o la del “choque de civilizaciones” de Huntington, y colaboraron con la derecha cristiana en los esfuerzos obscurantistas para reemplazar en la enseñanza la teoría de la evolución por la del creacionismo o por el “intelligent design”.
Las cosas han cambiado en 2010, tras Citizens United. El dinero de los empresarios se aboca ahora a un nuevo tipo de entidades que se han creado de acuerdo con unas reglas que no les obligan a dar cuenta al público de dónde procede el dinero que reciben. Por esta vía, una gran cantidad de dinero secreto, con estimaciones que van desde los 200 hasta los 500 millones de dólares, se está utilizando para financiar campañas contra los “liberales” y para apoyar a los aspirantes republicanos más conservadores.
El programa político que defienden estas organizaciones coincide en proponer recortes de impuestos para los más ricos, disminuir los servicios sociales, suprimir el salario mínimo, rechazar las actuaciones para prevenir el cambio climático… En algunos casos, la relación entre sus planteamientos y los intereses de los donantes es directa y transparente, como sucede con American Future Fund y su patrocinador, que es uno de los mayores productores de etanol. En cuanto a la U.S. Chamber of Commerce, se la acusa de haber recibido dinero de empresas extranjeras como Siemens, Shell o BP, la responsable del desastre ecológico del golfo de México, cuya participación en la campaña electoral resulta dudoso que sea desinteresada.
Si esta ofensiva consigue la mayoría en el Congreso, podemos entrar en una etapa en la que los intereses empresariales controlen por completo la política. Un periodista “liberal”, E. J. Dionne jr., ha dicho que “la elección de 2010 se está convirtiendo en una lucha de clases, que han empezado los ricos y poderosos”. Más significativa es la opinión del congresista Chris van Hollen: “Lo que está sucediendo ante nuestros ojos es un intento descarado por grupos de intereses ajenos a la política, que usan dinero secreto para comprar un Congreso que se ponga al servicio de sus intereses, a expensas del pueblo norteamericano”.
Tal vez Orwell se equivocó de diagnóstico. El mayor enemigo de las libertades públicas puede que no sea el “gran hermano” estatal que pretende controlar nuestras vidas, sino el “gran dinero” que amenaza con destruir el Estado para convertirlo en una sociedad anónima.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Enric Jardí
JOSEP FONTANA 
En los tiempos en que Margaret Thatcher se enfrentaba al movimiento antinuclear, lanzó una campaña de propaganda con el lema Protect and Survive (Protégete y sobrevive), en el que se decían cosas como “este folleto te explica cómo asegurar tu casa y tu familia contra un ataque nuclear”. Los dirigentes del movimiento contraatacaron transformándolo en Protest and Survive (Protesta y sobrevive), que se convirtió en uno de los grandes lemas de las campañas por la paz y el desarme.
Treinta años después volvemos a estar en una situación parecida, ante una amenaza distinta, pero no menos grave, que pone en peligro nuestra subsistencia y nuestro bienestar. La catástrofe económica de 2008 se produjo al término de 30 años de un proceso creciente de desigualdad que hizo posible que los beneficios de las empresas alcanzaran máximos en 2004. “El otro lado de la cuestión –afirmaba The Economist– es que la parte del trabajo nunca ha sido más baja (…). En los últimos tres años los beneficios empresariales han aumentado en Estados Unidos en un 60%; los ingresos salariales sólo un 10%”. Según cálculos del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la media de los ingresos de los hogares norteamericanos cayó un 4% entre 2000 y 2008, durante unos años de crecimiento económico.
En mayo de 2009, cuando la catástrofe se había traducido ya en empobrecimiento y paro, un documento firmado por 40 economistas –entre ellos los premios Nobel Kenneth Arrow y Robert Solow– analizaba las consecuencias de lo que Paul Krugman ha llamado la época de “la gran divergencia”, y declaraba: “En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de nortea-
mericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente”.
Parecería lógico que la conclusión a que se hubiera llegado a partir de estos datos fuese la de que había que reformar el sistema para hacerlo más equitativo, con el fin de aumentar la demanda y recuperar el potencial de trabajo que la crisis dejaba fuera de uso. Lejos de ello, los beneficiarios de este reparto desigual se están valiendo del potencial que les otorga el hecho de ser los dueños de los medios de información de masas para practicar un lavado colectivo de cerebro cuya finalidad es convencernos de que los males no se deben a sus errores de gestión y a su codicia, sino a que los gobiernos han gastado demasiado en servicios sociales. Su remedio consiste en dejar intactos los mecanismos que aseguran su enriquecimiento, equilibrar los presupuestos estatales disminuyendo el gasto en educación, sanidad o pensiones, y convencer a la inmensa mayoría de los perjudicados para que se resignen a un futuro con altas tasas de paro y un descenso de sus niveles de vida. Como ha dicho Mark Weisbrot: “Los medios de difusión de masas son, en el siglo XXI, una de las fuerzas más poderosas que bloquean el progreso económico y social. A ellos se debe que decenas de millones de norteamericanos estén convencidos de que los déficits del presupuesto son más importantes que las vidas arruinadas por el paro”.
Más grave resulta aún la complicidad de los gobiernos, que aceptan la situación y se limitan a aplicar medidas cosméticas inofen-
sivas para apaciguar al público. Los mecanismos de formación de opinión que maneja la derecha representan una amenaza que no se atreven a desafiar. En Estados Unidos, donde los medios de Murdoch dirigen el ataque, un personaje tan turbio como Dinesh D’Souza ha publicado en Forbes un artículo, “Cómo piensa Obama”, en que nos desvela el misterio de la política del actual presidente de Estados Unidos: lo que Obama se propone, con medidas como la de ofrecer atención médica a unos 50 millones de norteamericanos que carecen de ella, es seguir las ideas antiimperialistas de su padre, que era un keniata de la tribu luo, con el fin de destruir Estados Unidos.
Más seria aún es la amenaza que representa el populismo ultraconservador del Tea Party, ese aquelarre que Will Bunch ha retratado en The Backlash, que está sostenido y financiado por un grupo de billonarios empeñados no sólo en conservar los privilegios fiscales alcanzados con Bush, sino en avanzar hacia la destrucción de lo poco que queda del Estado del bienestar.
Entre sus patrocinadores principales están los hermanos Charles y David Koch –dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, propietarios de industrias altamente contaminantes–, quienes, a través de Americans for Prosperity, financian toda una serie de grupos que combaten la reforma sanitaria, los sindicatos, las medidas para prevenir el cambio climático, etc. Para entender cuál es el mundo que aspiran a crear, baste recordar que en 1980 David Koch se presentó a las elecciones por el Libertarian Party con un programa que proponía la supresión de la Seguridad Social, del FBI, de la CIA, del Departamento de Energía y de las escuelas públicas, entre otras instituciones del Estado.
Este es el futuro con el que nos amenaza la derecha y del que una socialdemocracia en quiebra no es capaz de defendernos. Si aspiramos a sobrevivir, sólo nos queda volver a organizarnos para protestar.
Josep Fontana es historiador.
Ilustración de Federico Yankelevich
JOSEP FONTANA 
Un buen amigo me reprocha el artículo en que expuse un juicio desfavorable sobre la transición (Público, 05-05-10), que encuentra injusto y negativo. Admite que es cierto que los partidos de izquierda abandonaron las pretensiones de transformar la sociedad y se contentaron con gestionar el tránsito a la democracia. Pero ¿qué más podía hacerse? ¿Cuál era la alternativa?
Claro está que yo no tenía entonces respuestas a estas preguntas. Pensaba que, cuando menos, debían haber mantenido un mínimo de aquellos principios por los que muchos hombres y mujeres se habían jugado la libertad, y hasta la vida, en la lucha antifranquista. Es casi seguro que por este camino los comunistas españoles habrían acabado en la decadencia y el olvido, como les ha ocurrido por la vía del compromiso; pero por lo menos lo habrían hecho con cierta dignidad.
Respeto a quienes optaron por dedicarse limpiamente a la tarea de reconstruir una sociedad más libre, aunque me cueste disculparles por ciertas renuncias. Pero ello no me obliga a respetar también a la partida de sinvergüenzas que se dedicaron al travestismo político para sacar provecho: recuérdese, por poner un solo ejemplo, que Aznar pudo armar todo un Gobierno con una partida de rojos reconvertidos que se vendieron a bajo precio.
Como frentepopulista que soy, lo que más me inquieta es la perspectiva de un futuro inmediato en que parece ser que los votos de la mayoría van a devolver el poder a los herederos del franquismo. Y tengo claro que la culpa de que pueda ocurrir esto no será de los votantes. Hace unas semanas Paul Krugman publicó un artículo en que advertía contra la tentación de criticar a los votantes por su ignorancia. La gente que “tiene cuentas que pagar e hijos que criar”, decía, no puede dedicarse a los estudios y las estadísticas, sino que forma sus opiniones políticas en función de “lo que ven en sus propias vidas y en las vidas de aquellos que les rodean”.
El drama de nuestra izquierda es que no tiene hoy programas que el hombre y la mujer de la calle puedan identificar con sus necesidades de acuerdo con “lo que ven en sus propias vidas”. Como el actual Gobierno de una “izquierda realmente existente” no ha sido capaz de conservar los puestos de trabajo, y recorta los derechos sociales, es comprensible que muchos de los que le votaron reaccionen ahora en su contra, por instinto de supervivencia, y busquen refugio en una derecha que se alimenta de sus miedos y le promete por lo menos estabilidad.
No será hasta después de haberle cedido el poder que descubrirán que han empeorado su suerte, no sólo porque lo propio de la derecha es preservar el beneficio de la gran empresa y recortar el gasto social, sino porque está claro además que la nuestra es incompetente: que no tiene ni una sola idea para hacer frente a los problemas actuales de la sociedad española. ¿Puede haber algo más patético que ver al señor Rajoy pregonando la vieja y desacreditada doctrina del “santo temor al déficit”, que es una garantía segura de una política económica que lleva al descalabro?
La expresión la acuñó hace más de un siglo Echegaray, que fue un buen matemático y un mal hacendista, y que ganó el Premio Nobel de Literatura con engendros como El gran galeoto, un drama en verso que resulta hoy ilegible, pero que puede resultar útil para comprender al PP, cuyas ideas parecen corresponder a aquella época. Y es que nuestra derecha –de Fraga a Rajoy, pasando por las bodas escurialenses de la familia Aznar– es muy, muy antigua.
¿Qué puede hacer la izquierda para evitar el desastre anunciado? Muy poco que pueda resultar efectivo a corto plazo; pero debe aprender que si quiere movilizar en el futuro a unos votantes que cada vez tienen menos fe en un sistema que sólo rinde cuentas una vez cada cuatro años, y encima lo hace mal, como lo demuestra su incapacidad para enfrentarse a la corrupción, ha de proponerles un programa que aborde sus problemas básicos, como son los del trabajo, la vivienda y los servicios sociales, pero que contenga también algo que vaya más allá de ese horizonte de cuatro años en el que viven inmersos nuestros políticos: que se atreva a plantear alguna esperanza de mejora de una sociedad que sigue siendo demasiado desigual y demasiado injusta. Que en lugar de anunciarle que debe resignarse a perder sus derechos, sea capaz de plantearle otros nuevos por los que merezca la pena seguir luchando. Porque cuando se renuncia a cambiar el mundo, se está renegando de lo que ha sido siempre la razón de ser de la izquierda.
No me estoy refiriendo, claro está, a que desenterremos viejos programas que se pensaron para otros tiempos, aunque contengan mucho que sigue vivo de lo que debemos seguir aprendiendo. Necesitamos recuperar la esencia misma de lo que los hombres de comienzos del siglo XIX definieron como socialismo, que respondía a un programa de lucha contra los males del capitalismo que les explotaba, para reformularla de acuerdo con lo mucho que hay que combatir de un capitalismo muy distinto, como es el del siglo XXI.
No va a ser una tarea fácil, porque tendremos en contra a la Iglesia, que sigue en su negocio de ofrecer la felicidad en otra vida a cambio de resignación en esta, y a unos medios de comunicación que están al servicio de sus propietarios y de sus anunciantes en la tarea de moldear la opinión colectiva.
Pero es mucho peor rendirse.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOSEP FONTANA
Santos Juliá expone en un artículo publicado en El País el 25 de junio una tesis sobre la naturaleza de la Guerra Civil española que puede resumirse en la frase con que el propio periódico la sintetiza: “Las matanzas en el bando antifranquista durante la Guerra Civil no fueron de los republicanos, sino de los partidarios de una revolución social que, de haber triunfado, también hubiera supuesto el fin de la República”.
La tesis no es nueva. Es la de los sublevados –que pretendían que su objetivo era prevenir una imaginaria insurrección comunista–, la de la carta colectiva de los obispos o la del revisionismo neofranquista de nuestros días. No es de extrañar que la caverna de Intereconomía haya reaccionado con voces de júbilo para celebrar el regreso del hijo pródigo a la verdadera fe.
Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.
Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.
En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.
Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Federico Yankelevich
JOSEP FONTANA
Un amigo de Salamanca me envía la fotocopia de dos documentos del verano de 1936 que certifican dos asesinatos causados “por las fuerzas de Falange Española”. Resulta alucinante que esta misma entidad se haya atrevido a acusar en la actualidad a un juez por denunciar estos crímenes. Esto parece ser consecuencia de la Ley de Amnistía de 1977, que sobrevive al cabo de más de 30 años, en abierto contraste con las leyes de impunidad de la República Argentina de 1986 y 1987, que fueron declaradas nulas en 2003 y 2005, lo que permitió juzgar los crímenes de su dictadura. Si, como se nos dice, esta aberración es necesaria porque la ley de 1977 fue una de las bases en que se asienta la Transición, tal vez sea la Transición misma la que necesite ser revisada.
Ocurre, sin embargo, que en cuanto se expresa cualquier duda sobre las excelencias de estos pactos, quienes ayer los firmaron reaccionan hoy con irritación, negándose a discutir su naturaleza y oportunidad. El mes pasado, en Revista de libros, Ignacio Sotelo, un intelectual orgánico del PSOE, se despachaba con cierta ferocidad contra un libro (El mito de la transición, de Ferran Gallego), por atreverse a plantear un análisis crítico de lo sucedido. Lo cual resulta tanto más sorprendente por cuanto acababa aceptando el punto central del planteamiento de Gallego: “Que el proceso transcurrió en todo momento dirigido y controlado desde el régimen”.
Sotelo nos regala de paso afirmaciones tan estupendas como la de que “Franco había estado siempre muy lejos de ser un inmovilista”; algo que hubiera sorprendido al propio autor del “lo dejo todo atado y bien atado”. Le guste o no, la imagen mítica de la Transición que se nos ha estado vendiendo durante más de 30 años no se sostiene hoy. Hemos recuperado, por ejemplo, la realidad de la violencia que se empleó para imponerla. Sophie Baby ha calculado que, de octubre de 1975 a diciembre de 1982, murieron 178 personas como consecuencia de la violencia policial, y Mariano Sánchez Soler, en La transición sangrienta, denuncia que estas víctimas fueron además sistemáticamente silenciadas para preservar la imagen del “éxito casi inmaculado de un pacto en las alturas entre caballeros providenciales y clarividentes”.
Un silencio que, por otra parte, resultaba conveniente para disimular la mayor de las miserias del trato: el precio de la renuncia a sus principios que los dirigentes de los dos grandes partidos de la izquierda, PCE y PSOE, pagaron para que se les permitiera entrar en el juego parlamentario en las condiciones fijadas por el ex ministro secretario general del movimiento Adolfo Suárez. Y digo los dirigentes, y no los partidos, porque, como señaló Abril Martorell, “nuestra Transición la protagonizaron individuos y no partidos”. Esto es, que las renuncias se hicieron a espaldas de los militantes.
Cualquiera que se moleste en analizar las diferencias que existen entre lo que PCE y PSOE ofrecían en los programas de la Junta Democrática de 1974, de la Plataforma de Convergencia Democrática de 1975 y de la Platajunta de 1976 –que definían un proyecto para una auténtica recuperación de la democracia y no para la revolución– y lo que votaron en la Constitución de 1978, habrá de concluir que o en 1976 estaban engañando a sus militantes, o en 1978 los traicionaron. La afirmación de Sotelo de que, salvo aceptar la continuidad del Gobierno posfranquista y de la monarquía, “se consiguieron todos los demás puntos” no resiste un ejercicio de lectura comparada de estos textos.
No se trata tan sólo de que hicieran concesiones dictadas por la necesidad coyuntural de acelerar el desmontaje del aparato dictatorial. Sino que tanto el PCE como el PSOE dieron un giro a la derecha, renegando de buena parte de cuanto venían predicando, y se han mantenido desde entonces en esta misma línea, que es lo que explica que sigan obligados, 33 años después, a defender medidas como la Ley de Amnistía de 1977.
En una tesis doctoral presentada en diciembre de 2009 en la Universidad de Extremadura, El PCE y el PSOE en (la) transición, que conviene que se publique cuanto antes, Juan Antonio Andrade ha estudiado cómo PCE y PSOE “vivieron su propia transición dentro de la Transición”, y cómo se procuró reeducar a los militantes para que olvidasen los viejos principios por los que habían luchado y se adaptasen a los nuevos. El proceso fracasó en el PCE, que entró en una rápida crisis, pero tuvo más éxito en el PSOE. Andrade muestra, por ejemplo, que en sus “escuelas de verano” los socialistas enseñaban en 1976 “fundamentos del marxismo”, y que en 1977 hablaban de la “superación del Estado burgués”, pero que en 1981 eliminaron toda referencia doctrinal de sus programas, que se reorientaron con el fin de preparar a sus militantes para la tarea de gestionar el “Estado burgués”.
“Quis custodiet ipsos custodes?”. ¿Quién amnistiará a los que siguen empeñados en amnistiar los crímenes del franquismo?
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Jordi Duró
JOSEP FONTANA
El jurado del Premio Internacional Catalunya, concedido por la Generalitat, ha decidido otorgar el de este año a Jimmy Carter. Era difícil elegir peor. Carter fue un presidente incompetente –los miembros de su Gobierno hacían chistes a costa de su ineptitud, como “el presidente hace el trabajo de dos hombres: Laurel y Hardy”– y fue rechazado al presentarse a la reelección (algo que sólo les ha sucedido a otros dos candidatos en los últimos 65 años) porque había dejado el país en una desastrosa situación económica.
Es cierto que recibió el Premio Nobel de la Paz –como Henry Kissinger, Anwar al-Sadat, el terrorista Menajem Begin y algunos otros malhechores internacionales– y que ha dedicado sus últimos años a la causa de la paz, pero no fue esto lo que caracterizó su política exterior mientras estuvo en el poder, cuando seguía ciegamente los consejos de su asesor, Zbigniew Brzezinski, con quien el presidente se veía cuatro o cinco veces al día y que le acompañaba en sus viajes al extranjero.
Sadat y Begin fueron precisamente los protagonistas de una de sus supuestas hazañas pacifistas, los acuerdos de Camp David de septiembre de 1978, que llevaron a la firma de un tratado por el que Egipto reconocía al Estado de Israel y este le devolvía la península del Sinaí, a cambio de recibir 3.000 millones de dólares en préstamos para construir nuevas bases en el desierto de Negev. El tratado no significó avance alguno por el camino de la paz: era un acuerdo bilateral, que no contenía ninguna garantía real para los palestinos (Begin se negó a suspender la construcción de asentamientos judíos en la orilla occidental). Servía únicamente para acabar con los enfrentamientos entre ambos países y para poner a Egipto firme e inalterablemente en la órbita norteamericana.
Carter respaldó a dictadores como Zia-ul-Haq de Pakistán o a Pol Pot: Estados Unidos votó en la ONU el 21 de septiembre de 1979 a favor de que su Gobierno, desalojado ya del poder por los vietnamitas, siguiese siendo considerado como legítimo representante de Camboya, lo cual le permitió proseguir su labor de genocidio en las zonas que seguía controlando, ante la indiferencia general.
Como admirador que era del Sha de Irán, a quien se proponía vender reactores nucleares, Carter pronunció en Teherán un discurso en que dijo: “Irán, a causa del liderazgo del Shah, es una isla de estabilidad en una de las regiones más turbulentas del mundo. Esto es un gran tributo para vos, majestad, para vuestra política y para el respeto, admiración y amor que os tiene vuestro pueblo”. Al cabo de un mes comenzaron los disturbios que acabaron con la expulsión del soberano.
Sus errores se completaron en este caso con el fracaso de la operación de rescate de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán: un complicado plan al estilo cinematográfico, que acabó en un espantoso ridículo, con siete aeronaves destruidas y ocho soldados muertos, cuyos cadáveres quedaron abandonados sobre el terreno. Su secretario de Estado, Cyrus Vance, dimitió indignado por esta disparatada operación, que el presidente y su consejero habían fraguado a sus espaldas.
Pero el mayor de sus errores fue el de Afganistán. Sabiendo que los soviéticos estaban preocupados por lo que allí ocurría, Brzezinski le propuso intervenir con el fin de provocar una respuesta de los rusos y “dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam”. El 3 de julio de 1979, seis meses antes de la invasión soviética, Carter firmó la autorización para dar ayuda a los grupos islamistas afganos.
Poco después Brzezinski viajó a Pakistán, donde estableció acuerdos con Zia-ul-Haq para que diese pleno apoyo a los islamistas, y pasó en su regreso por Arabia Saudí, donde llegó a un pacto para que los saudíes colaborasen en la ayuda a los mujahidin, lo que vino a significar que cada uno de los dos “socios” gastase a la larga más de 3.000 millones de dólares en la financiación de la guerrilla. “Durante los años ochenta –explica Milton Bearden, que fue responsable de la oficina de la CIA en Pakistán– la compañía proporcionó cientos de miles de toneladas de armas y de material militar a Pakistán para que se distribuyesen entre los rebeldes afganos”.
Años más tarde el propio Brzezinski, que mentía al sostener que la aventura afgana se había iniciado en respuesta a la invasión rusa, puesto que su gestación era anterior, resumía así su estrategia global: “La administración Carter no sólo decidió de inmediato apoyar a los mujahidin, sino que organizó una coalición que abarcaba Pakistán, China, Arabia Saudí, Egipto y Reino Unido en favor de la resistencia afgana. De igual importancia fue la garantía pública norteamericana de la seguridad de Pakistán contra cualquier ataque militar soviético, con lo que se creó un santuario para las guerrillas”. Y así seguimos hoy, tras 30 años de un conflicto que ha desbordado sus fronteras iniciales para convertirse en una amenaza mundial.
El motivo principal por el que Carter pasará a la historia contemporánea será probablemente el de haber sido el principal artífice de la creación de la alianza islamista internacional que es hoy el principal objetivo de la llamada “guerra contra el terror”.
Los miembros de los jurados que atribuyen premios internacionales deberían tener unos mínimos conocimientos de la historia de su propio tiempo.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Javier Olivares
