Josep Maria Antentas
Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona
Esther Vivas
Miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF
Ilustración de Iker Ayestaran
Nunca imaginamos que íbamos a hacer una revolución. Esperábamos sólo unos cuantos miles de personas”. Así cuentan unánimemente los activistas egipcios sus expectativas sobre la protesta del 25 de enero de 2010 que, hace ahora poco más de un año, inició el principio del fin de la era Mubarak, cuya dimisión llegó el 11 de febrero. Siguiendo la chispa encendida en Túnez, la llama revolucionaria había prendido en Egipto. “Siempre anacrónica, inactual, intempestiva, la revolución llega entre el ‘ya no’ y el ‘todavía no’, nunca a punto, nunca a tiempo. La puntualidad no es su fuerte. Le gustan la improvisación y las sorpresas. Sólo puede llegar, y esta no es su menor paradoja, si (ya) no se la espera”, nos recordaba certeramente Daniel Bensaïd.
Aunque imprevista en su magnitud, la rebelión no nació de la nada. Fue la culminación de un largo periodo de renacimiento de las luchas sociales como consecuencia del impacto de las políticas neoliberales del régimen que comportaron una fuerte polarización social, la generalización del paro y la subocupación y la extensión de la pobreza absoluta hasta el 40% de la población, cuya precaria situación quedó patente con la subida de los precios de los alimentos en 2008 y los años subsiguientes.
La juventud, con un peso destacado de las mujeres jóvenes, fue la protagonista de la revolución del 25 de enero. Sin su empuje, el dictador aún permanecería en su sitio. Pero contrariamente a algunos relatos interesados, no fue la egipcia una revolución sólo de la juventud y de las clases medias, pues los trabajadores fueron decisivos en las jornadas de febrero.
Si bien la caída de Mubarak no fue una “Facebook (o Twitter) revolution”, como a veces superficialmente se ha presentado, las nuevas tecnologías jugaron un papel determinante, en conjunción con un medio tradicional como la televisión a través de Al Yazira. Las redes sociales y la telefonía móvil tuvieron un rol de aceleradores y precipitadores, favorecieron el trabajo horizontal y en red y actuaron como espacios de politización.
Desde el derrocamiento del dictador, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que rige los destinos del país, ha intentado pilotar una “transición ordenada” en la que “todo debe cambiar para que no cambie nada”. La desautorización de cualquier protesta, y en particular de las huelgas, se ha combinado con la represión política, con más de 12.000 ciudadanos juzgados por tribunales militares en un año. En esta estrategia de cambio limitado y controlado desde arriba, el CSFA ha establecido una alianza de conveniencia con los Hermanos Musulmanes, principales beneficiarios de una transición por vías institucionales. La junta militar ha sido cómplice también de la violencia salafista hacia la minoría cristiana copta, para desviar las reivindicaciones democráticas, sociales y de clase hacia enfrentamientos sectarios.
Las elecciones del pasado noviembre mostraron, como era previsible, la fortaleza electoral y social de los Hermanos Musulmanes, la única organización política con arraigo real y con legitimidad histórica como fuerza opositora. Su proyecto, no exento de contradicciones y de dificultades para articular los intereses de una base social heterogénea, combina un programa económico neoliberal con una política reaccionaria en el terreno de los valores, la familia y la religión.
A pesar de que el islamismo es la principal fuerza organizada y el beneficiario inmediato del cambio de régimen, por primera vez en décadas emergió una corriente significativa de radicalización social al margen de este, que no satisface las aspiraciones de libertad y justicia social de parte de la juventud. Se ha abierto así la base para la reconstrucción, desde un nivel muy bajo, de la izquierda política y social y para poner fin a su declive desde finales de los setenta.
Las protestas en Tahrir y la represión en noviembre y diciembre supusieron la entrada en una segunda fase de la revolución en la que la Junta Militar es ya el blanco de la crítica. Aunque los sectores activistas nunca tuvieron confianza en el Ejército, gran parte de la población lo veía en febrero como un aliado y un garante del cambio. Este segundo estallido social representa un salto adelante en la conciencia política de un sector amplio del pueblo egipcio y de su comprensión de los mecanismos de poder y de la naturaleza de las fuerzas armadas.
Un año después de su inicio, y en un contexto de deterioro económico, la revolución egipcia tiene un desenlace abierto y vive desgarrada entre las fuerzas que quieren darla por terminada y las que quieren continuarla. Su gran victoria ha sido la recuperación de la confianza en la capacidad colectiva para transformar el mundo, tras años de frustración y descomposición social y de ausencia de perspectivas. Pero las conquistas democráticas son todavía frágiles. Las sociales son escasas y la situación de las mujeres está plagada de incertidumbres y nubarrones.
Los procesos revolucionarios no son lineales ni rectilíneos y están poblados de frenazos, acelerones y curvas imprevistas. El reto ahora es ir hasta al final, completar la revolución y conseguir cambios económicos y sociales de calado. Revolución y contrarrevolución libran en el país de los faraones un pulso permanente en el que cada una apela respectivamente a la solidaridad y a la ilusión y al egoísmo y al miedo. En otras palabras, la contrarrevolución busca aflorar lo peor del ser humano. La revolución, lo mejor.
JOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
La reciente cumbre del G-8 en Deauville, Francia, ha ofrecido pocas novedades. Sus protagonistas se han ceñido fielmente al guión repetitivo de todos sus encuentros previos: retórica democrática y humanitaria vacía de contenido, por un lado, y profundización de las políticas neoliberales, por el otro.
La fidelidad a un guión invariable no ha podido disimular, sin embargo, el debilitamiento progresivo del G-8. Su pérdida de protagonismo como instrumento para gestionar el orden mundial en beneficio del G-20 es ya incuestionable, como resultado de las reconfiguraciones de la geopolítica y la economía global, el declive de Estados Unidos y la Unión Europea y el ascenso de los países emergentes.
La agenda de Deauville ha estado marcada en particular por las revueltas del mundo árabe, cuyo desarrollo desestabiliza los cimientos de la economía del petróleo y debilita enormemente los mecanismos de dominación imperialistas de la región. El objetivo del G-8 no es otro que intentar encauzar los procesos en curso en la dirección menos perjudicial para los intereses occidentales y recuperar la iniciativa a través de la intervención en Libia. En medio de grandes proclamas acerca de su “compromiso para defender las reformas democráticas en todo el mundo y responder a las aspiraciones de libertad” y del anuncio de ayudas económicas de 40.000 millones de dólares, el llamado “compromiso de Deauville” persigue mantener la continuidad de las políticas neoliberales, de los planes de austeridad y del papel del Fondo Monetario Internacional en la región, el impacto social de cuyas recetas es de sobras conocido.
Bajo el shock del accidente de Fukushima, el G-8 ha tenido también en su agenda la cuestión nuclear. Detrás de la retórica sobre “promover los niveles más altos de seguridad nuclear en todo el mundo”, y de aumentar la cooperación internacional para reforzar “la cultura de la seguridad en todo el planeta y mejorar la transparencia”, subsiste la firme voluntad de no perjudicar los intereses del lobby nuclear, cuyos planes para relanzar la energía nuclear como alternativa a la crisis del petróleo se han ido al traste tras el accidente japonés. La verborrea sobre la seguridad nuclear esconde, como señala el sociólogo Michael Löwy, que dicha industria “trae la catástrofe como la nube la tormenta”.
En paralelo, a pesar de que la declaración final de la cumbre afirma que “afrontar el cambio climático es una prioridad global”, el G-8, siguiendo la estela de las reuniones del COP15 y 16 en Copenhague y Cancún, avala una política de “ecoretoques” cosméticos que rechaza adoptar medidas que incidan en el corazón del actual modelo de producción, distribución y consumo.
El debate sobre internet ha sido otro de los temas estrella en Deauville. Y, de nuevo, el divorcio entre retórica y realidad salta a la vista. La defensa de “internet como instrumento de promoción de los derechos humanos y de la participación democrática en el mundo entero” suena a proclama vacía de contenido a la luz de las políticas concretas impulsadas por los miembros del G-8 acerca de la red. La reunión previa a la cumbre entre los jefes de Estado con los gigantes empresariales del sector, el llamado eG-8, escenifica la alianza entre gobiernos e intereses privados. Garantizar la red como un espacio libre para la difusión de conocimientos no pasa precisamente por ahí, como bien saben los ciberactivistas.
Aunque no figurara en la agenda oficial, la llegada al viejo continente de los vientos que han electrizado el mundo árabe los últimos meses ha recorrido, también, la cumbre de Deauville. Quizá desde su atalaya, para los líderes del G-8, las acampadas en Sol o Plaza Catalunya aún parecen poco significativas, pero sin duda alguna son bien conscientes de la amenaza de que prenda la mecha de la contestación social en una Europa golpeada por los planes de austeridad. Miles de personas se movilizaban en Grecia durante los días de la cumbre, continuando la larga serie de protestas que sacuden al país desde hace meses, pero importando el modelo de ocupación de plazas y acampadas del movimiento en el Estado español. Justo un par de días después del fin del cónclave, varios miles de personas intentaban ocupar y acampar en la plaza de la Bastilla en París. Algo se mueve por abajo.
La “rebelión de los indignados” en el Estado español es la punta del iceberg de un malestar social acumulado que empieza a transformarse en movilización. Una primera sacudida social hacia una previsible nueva oleada de movilizaciones. Lejos de ser un movimiento circunscrito a nuestro país, las crecientes muestras de solidaridad internacional y de intentos de emulación en otros lugares indican que podemos estar ante el inicio de una nueva fase internacional de radicalización y movilización contra las medidas de ajuste. En la memoria de los miembros del G-8 debe estar aún el ascenso fulgurante del movimiento antiglobalización hace una década que puso en jaque a las instituciones internacionales. Deauville ha tenido lugar, precisamente, pocos meses antes del décimo aniversario de la histórica cumbre del G-8 en Génova, escenario entonces de fuertes movilizaciones que marcaron el momento de máximo apogeo de la contestación social a este antidemocrático club de países ricos.
Al igual que entonces, el gran reto del presente es internacionalizar el renacimiento de la contestación social y coordinar las múltiples voces de la indignación.
Josep Maria Antentas es profesor de Sociología de la UAB
Esther Vivas es miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF
Ilustración de Jordi Duró
JOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
La celebración del Mundial de fútbol en Suráfrica ha colocado a este país en el primer plano de la actualidad política y mediática internacional. Este es precisamente el objetivo del Gobierno del presidente Zuma, quien intenta presentar el evento como un punto de inflexión en la historia surafricana y como una palanca para su desarrollo económico y social. Incluso, como un símbolo más general del “renacimiento de África”. Sin embargo, la realidad muestra que la celebración del Mundial se inserta en la continuidad de las políticas económicas neoliberales que han impactado duramente en la población, adoptadas en 1996, dos años después de la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, con un programa de tipo neo-keynesiano, que sería implementado solo muy parcialmente y rápidamente abandonado.
Las consecuencias sociales del ajuste neoliberal han sido muy drásticas. El desempleo se ha disparado de un 16% en 1990 hasta un 40% en la actualidad (aunque las cifras oficiales hablan del 23%). La tasa de pobreza es de en torno al 50% y afecta de forma mucho más drástica a la población negra. Así, el 75% de los niños vive en la pobreza por un 5% de los blancos. La polarización de la renta se ha acentuado, y el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social (siendo 1 el valor de máxima desigualdad), se situó a comienzos de los años 2000 en un 0,77 %,
frente al 0,68% de 1992. El 10% de los hogares más ricos del país concentra el 50% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre, sólo el 7%. La privatización de los servicios públicos impulsada a comienzos de los años 2000, bajo una política considerada “modélica” en su día por el Banco Mundial, comportó un fuerte aumento del precio de servicios básicos como el agua o la luz, lo que provocó cortes masivos del suministro a unos diez millones de familias por no poder pagar las facturas.
Estos procesos de aumento de las desigualdades han ido acompañados por el surgir de una pequeña nueva clase media negra y una pequeña élite empresarial negra, cuyos intereses son diferentes de los de la mayoría de la población pobre. Por todo ello, la evolución de la sociedad surafricana ha sido definida por muchos analistas críticos como una transición desde el apartheid racial al apartheid de clase, en el que los cambios políticos acontecidos después del fin del régimen racista no han ido acompañados de cambios sustanciales en el terreno material y de los derechos sociales.
La Suráfrica que acoge el Mundial es un país dividido y con fuertes contradicciones sociales, y en el que los beneficios del evento serán para una pequeña minoría, empezando por las grandes firmas del sector de la construcción. En cierta forma, como señala el reputado comentarista deportivo Dave Zirin, el Mundial ha sido una especie de “Caballo de Troya neoliberal, que ha permitido una serie de políticas que no habrían sido aceptadas por parte de la sociedad surafricana en caso de no haber tenido el honor de albergar el Mundial”.
La crítica más extendida al Gobierno es su enorme gasto, un total de 9.500 millones de dólares, financiados esencialmente a través del endeudamiento público en la construcción de grandes instalaciones deportivas cuya utilidad posterior al Mundial está muy poco clara, y en infraestructuras de transporte de lujo. Entre ellas, el tren de alta velocidad Gutrail, destinado a la élite de los negocios y a los sectores acomodados.
El desvío de las inversiones públicas a proyectos faraónicos y de poca utilidad social, u orientados a una minoría, contrasta con la incapacidad del Gobierno de satisfacer algunas necesidades sociales básicas, como construir una red de transporte público eficiente o solucionar el gravísimo problema de la vivienda. En Suráfrica, miles de personas viven en chabolas y la burbuja inmobiliaria de los años recientes de crecimiento económico y boom especulativo ha hecho aumentar el precio de la vivienda en un 400%. Así, se calcula que el gasto para el Mundial equivale a todo lo invertido entre 2000 y 2010 en vivienda pública. En palabras del Foro Contra la Privatización de Johannesburgo, “el Gobierno ha conseguido, en muy poco tiempo, construir infraestructuras de primera división de las que la mayoría de surafricanos no va a beneficiarse ni poder disfrutar”. También hay perjudicados directos por el evento como los vendedores ambulantes, expulsados de las proximidades de las grandes instalaciones deportivas, o los pescadores en zonas como Durban, que han visto restringidas sus áreas de pesca habituales.
El impacto de las políticas neoliberales provocó la emergencia desde finales de los años noventa de crecientes resistencias sociales, en contra de la privatización y los recortes sociales y convirtiendo a Suráfrica de nuevo en una referencia para la protesta social en el continente africano. Unas luchas sociales que entroncan, en otro contexto histórico, con el movimiento contra el apartheid y su espíritu de liberación social. Muchos de estos movimientos, como el Abahlali baseMjondolo, que agrupa a los habitantes de las chabolas de las grandes urbes, intentan estos días, a pesar de la restricción oficial a cualquier tipo de manifestación hasta el 15 de julio, hacerse visibles y explicar al mundo su historia de exclusión y marginación.
“Cuando los elefantes están de fiesta, la hierba sufre”, reza un viejo proverbio africano. Es una buena forma de tener presente esta otra Suráfrica que no debemos
olvidar.
Josep Maria Antentas y Esther Vivas son autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’
Ilustraciónde Iker Ayestaran
JOSEP MARÍA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
La sexta cumbre de los jefes de Estado de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) llega justo después del anuncio del drástico paquete de recortes sociales por parte del presidente Zapatero. Las turbulencias de la zona euro y el estallido de estas en Grecia parecen anunciar una fase más dura de las medidas anticrisis y el previsible aumento de las tensiones sociales en la UE.
Los jefes de Estado de la UE acuden a la cumbre con el objetivo de fortalecer la “asociación estratégica” con ALC iniciada a mitad de los noventa tras el Consejo Europeo de 1995. En el centro de su política está la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales entre la UE y determinados países latinoamericanos, como los ya anunciados con Colombia y Perú, al servicio de los intereses de las grandes multinacionales europeas, que buscan acceso a los mercados y recursos naturales latinoamericanos.
A pesar de la retórica sobre la lucha contra la pobreza y la defensa de la cohesión social que adorna la política de la UE respecto a ALC, la realidad es bien distinta. Como denuncia la red birregional Enlazando Alternativas, impulsora de la Cumbre de los Pueblos paralela a la oficial, los acuerdos de libre comercio contribuyen a un modelo de globalización económica que ha favorecido la desigualdad y la polarización social, el hundimiento del mundo rural frente a la agroindustria, la erosión de las bases productivas nacionales, la destrucción medioambiental y la degradación de los servicios públicos en ALC. La firma de un acuerdo con Colombia, cuyo triste récord en materia de derechos humanos es conocido, constituye el mayor ejemplo del carácter hueco de la retórica social de la política de la UE.
La cumbre llega al término de una primera década de siglo marcada por la crisis profunda del modelo neoliberal y de los mecanismos de dominación de clase en América Latina. Desde la “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia) en abril del 2000, un largo proceso de luchas sociales ha recorrido el continente, protagonizadas por una amplia variedad de actores, entre los que destacan los indígenas y los campesinos (sobre todo en la región andina) y también los “pobres” urbanos (parados, trabajadores informales, habitantes de las periferias urbanas…).
Sin embargo, la situación política del continente permanece incierta, sin haberse decantado definitivamente, y coexisten proyectos estratégicos diferenciados. Gobiernos como los de Brasil y Argentina tienen como objetivo buscar una inserción más ventajosa en la economía global, actuando en el caso de Brasil como potencia subimperialista regional con una cierta autonomía respecto al Norte. Los procesos de cambio en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, aunque reales, parecen más bien estancados y están plagados de grandes contradicciones crecientes derivados de la falta de una perspectiva anticapitalista clara, más allá de la retórica, y de su anclaje en un modelo extractivista. Por su parte, la derecha dura está a la ofensiva en muchos puntos del continente y tiene el poder en países como Colombia, México, Chile o Perú, con gobiernos vasallos del capital transnacional.
Ante este escenario incierto, el pulso que se libra en Honduras tiene dimensión continental. En un momento donde sólo dos gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el colombiano y el peruano, han reconocido al Ejecutivo ilegítimo de Porfirio Lobo, y en el que la resistencia popular hondureña se encuentra en plena campaña para obtener un millón de firmas a favor de un referéndum sobre una nueva Constituyente, la renuncia de Lobo a ir a Madrid es una victoria importante.
La cumbre llega también en un momento donde un viejo conocido de los pueblos latinoamericanos, el FMI, entra de lleno en la escena europea, con la aplicación del plan de ajuste en Grecia, simultáneamente banco de pruebas y castigo ejemplar, que dista poco de las recetas que el Fondo dictó en su día a muchos países latinoamericanos, provocando levantamientos sociales, las llamadas “revueltas anti FMI”. Entre ellas está el Caracazo de 1989, que marcaría el comienzo del fin de la IV República venezolana. Después de un declive desde la segunda mitad de los años noventa, al calor del auge del movimiento altermundialista y de la crisis asiática de 1997-98, el Fondo está de vuelta. Ya la cumbre del G-20 en Londres, en abril de 2009, buscó darle un renovado protagonismo, con una inyección de 500.000 millones de dólares, en la gestión de la crisis.
Ante una UE cuyas políticas buscan transferir el coste de la crisis a los trabajadores europeos y que promueve una política imperialista en ALC, los movimientos sociales de ambos lados del Atlántico deberían articularse, fortalecer lazos entre ambos continentes e impulsar campañas internacionales contra los abusos de las multinacionales, la deuda o la privatización de servicios públicos. La cumbre alternativa celebrada durante este fin de semana ha sido un paso en esta dirección con la celebración, entre otras actividades, de una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar los crímenes económicos, sociales y ambientales de las multinacionales europeas y la complicidad de la UE con ellas.
* Autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’
JOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
El Foro Social Mundial (FSM) está de aniversario. Desde su lanzamiento en el año 2000 se ha convertido en el referente internacional más importante para el grueso de las fuerzas críticas con la globalización neoliberal y ha permitido afirmar un espacio simbólico de oposición.
Nacido bajo el impacto de las movilizaciones de Seattle, conectó con el espíritu del movimiento emergente, apareciendo como una referencia para buena parte de sus integrantes (aunque no para todos). El formato de la propuesta y su concepción de fondo eran funcionales a las necesidades del momento, al abrir un punto de encuentro amplio y flexible, adaptable a un movimiento cambiante, plural y en desarrollo. De ahí su éxito inicial imparable.
En su trayectoria, el FSM ha ido evolucionando en consonancia con la coyuntura política y la de la movilización internacional. Después de una primera etapa de ascenso, de aumento de su visibilidad y de creciente capacidad de atracción, pasado el efecto novedad, el Foro perdió notoriedad, y su impacto e influencia disminuyeron, aunque no su poder de convocatoria. En esta situación ambivalente ha llegado a su décimo aniversario.
En esta década, el movimiento antiglobalización y el Foro consiguieron colocar sus preocupaciones en la agenda pública y desgastar la legitimidad del neoliberalismo, cuya credibilidad se hundió definitivamente con el estallido de la crisis. Pero no obtuvo casi ninguna victoria, más allá del terreno simbólico, con la excepción parcial de algunos países de América Latina.
La combinación entre las dificultades para derribar el neoliberalismo y el impacto de la crisis empujan al aumento del debate estratégico y político en el seno del Foro. Así se ha constatado en los eventos realizados con ocasión del presente aniversario, sin un aparente resultado concluyente acerca de su rumbo futuro. El FSM se fundó sobre la base de un cierto optimismo antiglobalizador, una visión bastante simple del cambio social que escamoteaba los grandes debates estratégicos y, especialmente, sobre la idea de que el movimiento social se bastaba por sí solo para transformar a la sociedad. Diez años después se constatan los límites del discurso fundacional del Foro y del movimiento antiglobalización, y la necesidad de repensarlo para obtener un segundo aliento. El contexto apremia a una mayor clarificación estratégica, sin por ello romper la unidad y la amplitud del proceso. “Pienso que pasamos de la fase de los eslóganes simpáticos de los foros sociales. Si otro mundo es posible, llegó la hora de decir cuál”, nos señalaba ya Daniel Bensaïd en vísperas de la edición de Belem en enero de 2009.
Los foros no son ninguna panacea o fórmula mágica para los movimientos sociales, pero sí experiencias que ayudan a sumar fuerzas. No han comportado de forma mecánica la creación de convergencias duraderas ni el desarrollo de luchas concretas, pero sí han tenido una influencia positiva genérica en esta dirección y han contribuido a crear un clima más propicio al trabajo en común en los lugares donde se han celebrado. Así lo hemos visto el pasado fin de semana en iniciativas como el Foro Social Catalán en Barcelona o el FSM en Madrid, que muestran cómo, en un periodo de dificultad para transformar el malestar social frente a la crisis en movilización colectiva, los foros ofrecen un espacio para encontrarse, verse y debatir.
El gran desafío que tenemos por delante es pasar de las convergencias y las solidaridades simbólicas a las tangibles y al refuerzo concreto de luchas específicas. Las formas que toman las luchas reales son imprevisibles y cambiantes y la articulación de las resistencias sociales no se realiza por decreto. Se trata de un proceso dinámico, con altibajos, que requiere voluntad de trabajo común y habilitar espacios de convergencia y solidaridad que permitan la discusión mutua, crear una cultura de trabajo compartida y aprender a ver los problemas particulares desde una óptica general.
En el debate actual sobre su futuro, marcado por las polémicas sobre si el Foro debe ser esencialmente un espacio de discusión o un instrumento orientado a la acción, conviene recordar que los foros sociales no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al servicio de la discusión y la articulación de campañas y movilizaciones y tienen que ser vistos y concebidos como tales. Tienen sentido si ayudan a avanzar en esta dirección, si no pueden retraer energías de las luchas reales. Como señala Eric Toussaint, del Comité para la Abolición de la Deuda Externa del Tercer Mundo, “necesitamos un instrumento para determinar objetivos, un calendario común de acción, un elemento de estrategia común. Si el Foro no permite esto, tendremos que construir otro instrumento, sin eliminar el Foro”. De ahí la importancia de las asambleas e iniciativas de coordinación internacional de los movimientos sociales que tienen lugar en el marco y el entorno del Foro.
La vitalidad y autoridad simbólica del Foro Social Mundial se han derivado del hecho de ser percibido como la mayor expresión de las luchas contra la globalización neoliberal. El día en que el Foro apareciera como un proyecto desvinculado de ellas, el proceso se deshincharía rápidamente o perdería su utilidad como instrumento para seguir avanzando en la lucha por este “otro mundo posible” del cual ha sido, con sus límites y contradicciones, un estandarte muy importante.
Josep Maria Antentas y Esther Vivas son autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’
Ilustración de Iker Ayestaran
Josep Maria Antentas
Justo cuando se cumple un año del estallido de la “gran crisis”, el G-20 afronta su nueva cumbre en Pittsburgh. Este tercer round, después de los encuentros de Washington y Londres, llega en medio de una intensa cháchara desplegada por los principales gobiernos acerca del fin de la crisis. El coro de voces es claro: lo peor ya pasó, la recuperación se aproxima y enfilamos la recta final. Asunto concluido. Y dentro de poco tiempo, business as usual. Quizá, en el fondo, la cosa no era tan grave. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Como señala el economista francés Michel Husson: “Suponer que la recesión pueda ser borrada por una minirrecuperación es no ver más allá de la punta de la nariz (…). Los próximos meses verán, pues, ponerse en marcha un nuevo bucle recesivo alimentado por dos mecanismos que no actúan aún. En primer lugar, la demanda salarial va a acabar por estancarse debido a la bajada del empleo y el bloqueo de los salarios. A la vez, las medidas destinadas a reabsorber los déficits presupuestarios van a anular progresivamente el efecto de arrastre de los gastos públicos y sociales sobre la actividad económica. Tenemos, al contrario, ante nosotros varios años de crecimiento deprimido y de medidas de austeridad destinadas a enjugar los planes de relanzamiento”.
A pesar de la retórica grandilocuente de la anterior reunión del G-20 y su pompa escenográfica, las medidas adoptadas durante este año por los principales gobiernos del mundo han buscado transferir el coste de la crisis a los sectores populares, socializar pérdidas y apuntalar los cimientos del modelo económico, sin cambios significativos del mismo, más allá de la corrección de algunos “excesos” negativos desde el punto de vista del propio funcionamiento del sistema. Contrariamente a algunas ilusiones, a menudo sacadas de lecturas poco sólidas de los años treinta y haciendo abstracción de las diferencias de contexto, no ha habido giro neokeynesiano alguno. La crisis, como indica el filósofo Daniel Bensaïd, “es también, aunque no guste a los profetas de la salida de la crisis gracias a los prodigios de un New Deal verde, una crisis de las soluciones imaginadas para superar las crisis pasadas”. Bajo el impacto del shock del hundimiento de Wall Street y las medidas de rescate bancario, algunas voces desde la izquierda hablaron hace un año de forma excesivamente optimista del “fin del neoliberalismo”. Lo acontecido ha sido distinto. El neoliberalismo ha sufrido una crisis de legitimidad muy profunda y las falacias y contradicciones del discurso neoliberal han quedado más descubiertas que nunca. Pero esto no significa que las políticas neoliberales estén enterradas, ni que la salida a la crisis haya comportado una ruptura con el paradigma neoliberal, ni la adopción de medidas favorables a los intereses populares. Para ello haría falta construir otra correlación de fuerzas entre capital y trabajo. No habrá reformas espontáneas desde arriba sin más.
La incapacidad para arrancar cambios significativos en las políticas dominantes se explica fundamentalmente por la debilidad de la respuesta social frente a la crisis. El desfase entre el malestar social y el descrédito del actual modelo económico y su traducción en movilización colectiva es claro. Las respuestas a la crisis, sobre todo en los centros de trabajo, son limitadas, eminentemente defensivas, de poco alcance, y la mayoría, con algunas excepciones, han terminado en derrotas. Esta dinámica es favorecida, además, por la política de concertación de los grandes sindicatos. Ante un contexto de crisis, las reacciones de los sectores populares pueden estar dominadas por el desánimo, el miedo y el egoísmo, o por la rabia ante la injusticia, la movilización colectiva y la solidaridad. Pueden orientarse hacia opciones progresistas y de izquierda o girarse hacia alternativas populistas y reaccionarias. A pesar de la tibieza de la respuesta colectiva ante la crisis no hay que sacar de ello conclusiones pesimistas o prematuras. Conviene recordar, por ejemplo, que después del crack de 1929 el movimiento obrero norteamericano tardó cuatro años en responder, pasar a la ofensiva y sacudir el panorama político y social del país. Estamos, pues, todavía en una primera etapa. Las promesas de moralización del capitalismo entonadas desde hace meses y las proclamas recientes de que lo peor ya pasó tienen en común el intento de negar el carácter sistémico de la crisis y de evitar que la misma abone el cuestionamiento del propio sistema económico. Nicolas Sarkozy lo señalaba bien claro hace un año en su discurso de Toulon, justo después de la debacle de Wall Street: “La crisis financiera no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema alejado de los valores fundamentales del capitalismo a los que, en cierto modo, ha traicionado. Quiero decírselo claro a los franceses: el anticapitalismo no ofrece ninguna solución a la crisis actual”.
¿Seguro? En realidad, la crisis económica, transformada en grave crisis social, en conjunción con la crisis ecológica, energética y alimentaria plantea con más fuerza que nunca la necesidad de una ruptura con el actual orden de cosas. Sin duda, el anticapitalismo aparece hoy como un doble imperativo, moral y estratégico, insoslayable. Lo vamos a recordar estos días desde las calles de Pittsburgh.
Josep Maria Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de Mikel Jaso
Josep Maria Antentas
Esther Vivas
La reciente cumbre del G-8 en L’Aquila ha deparado pocas novedades. Aunque la magnitud del desastre causado por sus políticas no es posible ya de esconder, los amos del mundo siguen con su guión invariable en la gestión de la crisis global. Declaraciones grandilocuentes, medidas de cara a la galería vacías de contenido y profundización del actual modelo económico han marcado, otra vez, la cumbre de los grandes.
La cita de L’Aquila significaba el retorno del G-8 a Italia, después de la cumbre del Génova de 2001 que será recordada sobre todo por la fortaleza de las movilizaciones altermundialistas y su feroz represión por parte de un poder establecido desconcertado por el renacimiento de la contestación social al orden establecido que acompañó al cambio de milenio. A diferencia de entonces, la cita de L’Aquila se presentaba algo devaluada, pues hoy, fruto de las nuevas configuraciones económicas y geopolíticas, el G-8 ha perdido protagonismo en los intentos de gestión de la crisis sistémica global por parte de los principales estados. La ampliación de la cumbre a algunos países emergentes y las propuestas de formalizar un
G-13, un G-14 o un G-43, y la relevancia adquirida el último año por el G-20, muestran la incapacidad por parte de Estados Unidos y el resto de integrantes del G-8 de manejar solos la situación.
A pesar de la maniobra demagógica de Bersluconi de buscar un G-8 con “rostro humano” trasladando la cumbre a L’Aquila, ciudad devastada por el terremoto de hace tres meses y víctima de un rapaz plan de reconstrucción basado en la especulación, los acuerdos de la cumbre transitan de nuevo por la senda neoliberal.
Los 20.000 millones de dólares en tres años anunciados para hacer frente a la crisis alimentaria suponen más un anuncio efectista que una medida seria. Ni el dinero es suficiente para atajar el problema, ni el G-8 cuestiona el modelo económico que ha comportado el estallido de la crisis. Peor aún, se intenta dar un nuevo espaldarazo a la liberalización económica fijando la voluntad de concluir la ronda de Doha en 2010. Gas a fondo en dirección contraria. Más libre comercio equivale a más hambre.
De L’Aquila sale un enésimo compromiso del G-8 ante la pobreza y el hambre de millones de personas, en particular en África, reafirmando los Objetivos del Milenio. Todo un clásico en el repertorio de medidas de las cumbres internacionales. Pero, después de años de promesas vacías y del bluff de los acuerdos de Gleneagles en 2005, la credibilidad de los amos del mundo en este terreno es francamente escasa. Así lo denunciaron, a miles de kilómetros de distancia, en Malí, un millar de activistas africanos reunidos en el Foro de los Pueblos, recordando además que el G-8 no tiene ningún mandato de nadie para elaborar políticas para y en nombre de África.
Acerca del cambio climático tampoco hay novedades en la buena dirección. Como ha señalado Amigos de la Tierra: “El enfoque del G-8 a la crisis climática continúa siendo limitado y restringido al ámbito de mecanismos de mercado y la primacía del sector privado. Este enfoque ya ha probado ser un fracaso. Favorece solamente a las corporaciones para acumular más ganancias, no paga por la reparación de daños al medio ambiente y a las comunidades generados hasta ahora y evita transformar sus negocios”.
La cumbre del G-8 ha llegado casi un año después del estallido de la gran crisis de 2008 que ha puesto al descubierto de forma brutal la verdadera naturaleza del actual sistema económico. El malestar social ante el mismo no ha hecho más que aumentar. Por ello, el eco potencial de los planteamientos rupturistas y anticapitalistas de los miles de manifestantes que han participado estos días en las protestas en Italia contra la cumbre es hoy mucho más amplio que antes.
Sin embargo, la resistencia social frente al impacto de la crisis y a los intentos de que esta la paguen los sectores populares es todavía débil. Como nos recuerda el economista filipino Walden Bello, “las ideas no bastan, y lo que será decisivo es el modo de traducir nuestras ideas, nuestros valores y nuestra visión a una estrategia y a unas tácticas con vocación ganadora que puedan triunfar democráticamente”.
En los últimos meses ha habido en varios países, entre ellos el nuestro, algunas luchas significativas, pero limitadas y aisladas entre sí. En esta primera fase de la crisis existen dificultades obvias para traducir el malestar en movilización, y el grueso de las resistencias concretas –en particular en los centros de trabajo– tiene una lógica muy defensiva. A falta de una reacción social fuerte, también los planteamientos populistas y reaccionarios se abren paso ante los desastres del
neoliberalismo, como se pudo comprobar, por ejemplo, en las pasadas elecciones europeas.
El contraste entre la pérdida de legitimidad del capitalismo neoliberal y de sus instituciones y la debilidad de los movimientos populares para imponer un cambio de políticas es enorme. Para cerrar esta brecha es necesario seguir organizando, desde abajo y día a día, la resistencia social, con criterios unitarios y combativos y buscando enlazar las distintas luchas y problemáticas. Se trata de transformar el malestar individual en acción colectiva e ir trabajando para, como señala el sociólogo Luc Boltanski, “socializar la rebeldía y socializar la idea de que la realidad es inaceptable”.
Josep Maria Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Esther Vivas trabaja para el Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales – Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
JOSEP MARÍA ANTENTAS
ESTHER VIVAS
Si algo ha caracterizado a la reciente Cumbre del G-20 en Londres es la grandilocuencia de las declaraciones de sus protagonistas, empeñados en dar trascendencia histórica a sus decisiones y en buscar frases de impacto. Pero ¿qué hay detrás de los acuerdos anunciados y de las políticas seguidas por los gobiernos desde el estallido de la crisis? En palabras del respetado geógrafo David Harvey, “lo que están intentando hacer es reinventar el mismo sistema(…). El razonamiento fundamental que se están planteando es ¿cómo podemos reconstituir el mismo tipo de capitalismo que hemos tenido en los últimos 30 años en una forma ligeramente más regulada y benevolente?”.
Los acuerdos de la Cumbre profundizan las políticas hasta ahora adoptadas por sus integrantes para hacer frente a la situación. La declaración final mantiene el compromiso del G-20 con las bases del modelo de globalización neoliberal y sus instituciones. Se reafirma la necesidad de seguir impulsando la liberalización del comercio mundial y las inversiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de evitar medidas que limiten la circulación de capitales.
Se señala la necesidad de dar un nuevo protagonismo al Fondo Monetario Internacional (FMI), receptor de la anunciada inyección de 500.000 millones de dólares. Esto supone el enésimo intento de restablecer la credibilidad y las funciones de uno de los símbolos y pilares institucionales del actual modelo de globalización. Reforzar el rol del FMI, en el ojo del huracán desde su nefasto papel en la crisis financiera asiática de 1997, es toda una declaración de intenciones.
En el terreno del sistema financiero, los acuerdos anunciados están lejos de suponer cambios estructurales, a pesar del anuncio de más medidas regulatorias y de control que buscan evitar los desmanes recientes. Los rescates a entidades financieras continuarán como hasta ahora. La retórica y la presión contra los paraísos fiscales se endurece, pero no se anuncian medidas concretas en dirección a su desaparición efectiva. Tampoco hay propuestas claras referentes a la regulación de los salarios de los directivos de las grandes empresas. Más allá de algunas medidas que puedan paliar la indignación popular ante situaciones escandalosas, lo cierto es que no se vislumbra ningún cambio sustancial de la dinámica que ha comportado la explosión por arriba de las remuneraciones de los altos cargos y el aumento espectacular del diferencial entre sus salarios y los de los trabajadores medios.
En definitiva, como señalan Éric Toussaint y Damien Millet, miembros del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), los acuerdos de la cumbre representan “un pequeño retoque de pintura en un planeta en ruinas (…). El G-20 vigilará para que se preserve lo esencial de la lógica neoliberal. Los principios son de nuevo apuntalados, aunque su fracaso esté claro”.
El sentido de las políticas de los principales gobiernos del mundo es claro: hacer pagar el coste de la crisis a los sectores populares e intentar apuntalar el modelo actual con tímidas reformas que aseguren su viabilidad. Frente a ello es necesario plantear otra agenda portadora de una lógica de ruptura con el actual orden de cosas. “Cambiar el mundo de base”, como reza la conocida estrofa de la Internacional, aparece hoy como más necesario que nunca. La declaración de la asamblea de los movimientos sociales aprobada en el pasado Foro Social Mundial de Belém traza lo que pueden ser las líneas maestras de una agenda alternativa de salida a la crisis sistémica contemporánea: “Tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como: la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social; reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario; medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética; poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras; reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación; garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos; democratizar los medios de comunicación y de conocimiento”.
Es el momento de profundizar y radicalizar las alternativas, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, de apuntar hacia el “núcleo duro” del actual sistema económico y no de conformarse con retoques cosméticos, la “moralización” del capitalismo o, simplemente, la domesticación de sus excesos neoliberales. Así ha quedado patente en las demandas de las manifestaciones celebradas en Londres y en todo el mundo en el marco de la Semana de Acción Global acordada en Belém.
Aunque Gordon Brown afirmara en vísperas de la Cumbre haber entendido el mensaje de los manifestantes en Londres, en realidad, entre las políticas del G-20 y las demandas expresadas en las movilizaciones se enfrentan dos lógicas irreconciliables. En palabras de Daniel Bensaïd: “La del beneficio a cualquier precio, el cálculo egoísta, la propiedad privada, la desigualdad, la competencia de todos contra todos, y la del servicio público, los bienes comunes de la humanidad, la apropiación social, la igualdad y la solidaridad”. Para nosotros la elección es clara.
Josep María Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
Esther Vivas es Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Jordi Duró
JOSEP MARÍA ANTENTAS
El panorama de la izquierda francesa se ha visto sacudido por el nacimiento del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), impulsado por la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), cuyo candidato en las últimas elecciones presidenciales de 2007, Olivier Besancenot, se afirmó como la principal opción a la izquierda del Partido Socialista (PS) con un 4,1% de los votos.
Besancenot se ha convertido en una de las figuras más populares de la izquierda francesa y en la principal cara visible de la oposición a Sarkozy, en un contexto donde el PS no representa una alternativa real a la política del Gobierno, a pesar de su recién giro cosmético hacia la izquierda. Su popularidad no es un elemento puntual y, según un estudio de la Fondation Jean-Jaurès, se ha consolidado en tres procesos: la campaña por el non en la Constitución Europea en 2005, la movilización contra el Contrato de Primer Empleo (CPE) en 2006 y las elecciones presidenciales de 2007.
Con la creación del NPA, que acredita ya más de 9.000 militantes, se intenta traducir en fuerza militante organizada el apoyo social y electoral de Besancenot. La fundación del nuevo partido culmina años de búsqueda y de tentativas por parte de la LCR para avanzar en la construcción de una nueva herramienta de combate adaptada al periodo histórico actual.
La audiencia y eco encontrado por el NPA muestra que, por primera vez en mucho tiempo, existe en Francia una corriente de simpatía popular para la izquierda radical fuera de los aparatos políticos tradicionales que va más allá de los sectores sociales habitualmente más organizados y combativos. Se ha abierto un espacio, aunque contradictorio, inestable y con limitaciones, para una nueva alternativa anticapitalista.
Ello obedece a dos elementos. Primero, el renacimiento de las luchas populares frente a la globalización neoliberal, desde las ya lejanas huelgas de noviembre-diciembre de 1995 contra el Plan Juppé de reforma de la Seguridad Social, hasta las recientes movilizaciones contra Sarkozy. Segundo, la erosión de los grandes partidos de la izquierda y su desplazamiento hacia la derecha. El PS se ha adaptado hace tiempo a los intereses del gran capital y ha tejido fuertes lazos con sectores empresariales. El Partido Comunista y los Verdes se han convertido en fuerzas subalternas al primero, desconectadas de las luchas sociales, absolutamente institucionalizadas, y han sido coresponsables de políticas contrarias a su propia base social e ideario. El balance de la ya lejana izquierda plural de Jospin está ahí para recordarlo.
El proyecto del nuevo partido es, como señala Besancenot, “hacer emerger, a partir de lo que ya existe a nivel social, un referente político que no quede atrapado por los engranajes del poder y que no sea satelizado por el PS.” El NPA sitúa el combate contra el neoliberalismo en una perspectiva de ruptura con el capitalismo, y hace del ecologismo, el feminismo y el internacionalismo elementos constitutivos de su programa. El “anticapitalismo”, del cual es portador, no contiene sólo una dimensión negativa de rechazo. Lleva consigo la formulación de propuestas alternativas en dirección a la construcción de otra sociedad y de un “plan de urgencia social” frente a la crisis, con medidas como la nacionalización del sistema bancario, la prohibición de los paraísos fiscales, un aumento salarial general de 300 euros o la defensa de los servicios públicos.
Los retos del nuevo partido son muy grandes. Tendrá que pasar la prueba de la práctica y mostrarse como una herramienta eficaz. Para Besancenot, “resistir solamente no basta, hace falta un instrumento político, y hoy el NPA es el mejor que tenemos”. Recién constituido, afronta ya unas semanas y meses decisivos en la lucha contra los planes y las recetas antisociales de Sarkozy frente a la crisis, en los cuales conseguir victorias será crucial para iniciar un nuevo ciclo de acumulación de fuerzas favorable a los sectores populares.
La fundación del NPA ha generado gran expectación y curiosidad entre la izquierda anticapitalista internacional, entre ellas la del Estado español. Tres factores lo explican: el importante papel jugado por Francia en el ascenso de las resistencias a la globalización desde mitad de los 90, la credibilidad de la LCR convertida desde hace tiempo en una de las formaciones radicales más emblemáticas de Europa, y la coyuntura política del momento marcada por el impacto de la crisis sistémica global.
Esta empuja más que nunca a la colaboración internacional entre las fuerzas anticapitalistas para hacer emerger “otra agenda” opuesta a la lógica del capital, a los intentos de hacer pagar los costes de la crisis a los sectores populares, y a la retórica de “refundación del capitalismo” impulsada por Sarkozy y compañía. A escala de la Unión Europea, el reto es reforzar la “europeización” de las luchas y las resistencias, formular una verdadera estrategia continental y hacer cristalizar un polo anticapitalista no subalterno al social-liberalismo. No hay duda que el NPA puede dar un importante impulso a esta tarea.
El NPA no es un modelo para copiar o exportar mecánicamente, pero sí una referencia y un poderoso estímulo en la búsqueda de un camino propio, en el Estado español y en otros lugares, para levantar una alternativa anticapitalista. Detrás del proyecto del NPA subyace una idea muy simple: construir, en palabras de Daniel Bensaïd, uno de sus intelectuales de referencia, “un nuevo partido, tan fiel a los intereses de los dominados y los desposeídos como lo es la derecha con los poseedores y los dominadores, y que no pide excusas por ser anticapitalista y por querer cambiar el mundo”.
Josep Maria Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Ilustración de Patrick Thomas
JOSEP MARÍA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
Este 1 de enero se cumplen 15 años del alzamiento zapatista en Chiapas, que coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desbarató de un plumazo las pretensiones del Gobierno corrupto y neoliberal de Carlos Salinas de Gortari de presentar la puesta en marcha de dicho acuerdo como el avance definitivo de México hacia la modernidad. De hecho, galvanizó la oposición a un Tratado que había suscitado ya durante su proceso de negociación considerables campañas de rechazo y una innovadora e interesante dinámica de coordinación transfronteriza entre movimientos, sindicatos y organizaciones de los tres países concernidos.
El alzamiento marcó simbólicamente el inicio de una etapa de rechazo al nuevo orden internacional proclamado por Bush padre en 1991. Esta reorganización del mundo surgió como consecuencia, entre otros factores, de los efectos producidos por la caída del Muro de Berlín en 1989, la primera guerra del Golfo en 1991 y el comienzo de la desintegración de la URSS que tendría lugar a finales del mismo año.
Los zapatistas fueron los primeros en codificar un discurso general de crítica a este nuevo orden mundial al cuestionar con su lucha particular los principios generales del mismo y defender los valores de “la humanidad e ir contra el neoliberalismo”. En palabras del mismo subcomandante: “Marcos es gay en San Francisco, negro en Suráfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, judío en la Alemania nazi, ombudsman en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría…”. La revuelta zapatista combinaba de forma peculiar lo nuevo y lo viejo, la defensa de los derechos indígenas con el uso de las nuevas tecnologías y una hábil política de comunicación. Además, se dotó de un lenguaje y de un planteamiento estratégico innovador, aunque con límites y contradicciones en un momento de crisis y desconcierto de la izquierda.
Otro de los hechos que convirtieron a los zapatistas en pioneros en articular la incipiente resistencia internacional contra el nuevo orden mundial fue la convocatoria del I Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en la Selva Lacandona en 1996. Dieron un impulso decisivo a lo que luego se llamaría el nuevo “internacionalismo de las resistencias” y que tendría su mejor expresión en la abrupta entrada en escena del movimiento antiglobalización a partir de las protestas de Seattle durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre de 1999.
Ya en el nuevo siglo, la visibilidad específica del zapatismo ha perdido fuerza precisamente por el ascenso de la corriente antiglobalizadora. Estos movimientos, que alcanzaron su máximo esplendor en el periodo 1999-2003, consiguieron desplegar una estela de manifestaciones durante las cumbres oficiales en todo el mundo. También fueron los protagonistas de la irrupción en el Foro Social Mundial a partir del año 2001, el movimiento contra la guerra en 2003, y el auge de la resistencia al neoliberalismo en América Latina –iniciado simbólicamente con la “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000– y la consolidación de Gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y ahora Paraguay.
El zapatismo ha tenido importantes momentos de visibilidad y centralidad política gracias a sus principales iniciativas, como la Caravana a la Ciudad de México en febrero y marzo de 2001, que culminó con la multitudinaria llegada de Marcos al Zócalo, y la Otra Campaña en 2005 y 2006. De hecho, ha seguido siendo uno de los componentes de referencia de los movimientos de resistencia al capitalismo global.
El mundo actual es bastante distinto del de hace 15 años. El nuevo orden mundial anunciado por Bush padre se tambalea. Si entonces los Estados Unidos se presentaban como la única superpotencia indiscutible, hoy aparecen como una potencia en declive que lucha por mantener su hegemonía mundial. Si el neoliberalismo, codificado en el llamado Consenso de Washington, se postulaba como la única política posible y se encontraba en su momento de mayor apogeo histórico, hoy sufre un fuerte descrédito y cuestionamiento. Y si el capitalismo salía victorioso de la Guerra Fría, mostrándose como un sistema económico sin rival, y prometía prosperidad para todo el mundo, hoy se hace más evidente que nunca su carácter destructivo. No sólo es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la humanidad, sino que amenaza a la propia supervivencia de la especie debido a la crisis ecológica global que ha provocado.
Desde el alzamiento zapatista, las políticas neoliberales se han profundizado, acelerado y generalizado, pero las propias contradicciones que estas han causado han engendrado crecientes y múltiples resistencias, aunque todavía sin la fuerza suficiente para derrotarlas y provocar un cambio de paradigma.
“Ya Basta” fue el grito que mostraba la ira y la indignación de los zapatistas insurrectos. “Ya Basta” es lo que han sentido, pensado y expresado los millones de personas que en estos 15 años se han rebelado contra el actual orden mundial y que, con sus acciones, han enterrado la tesis del Fin de la Historia –proclamada poco antes del alzamiento zapatista por Francis Fukuyama– abrazada por los entonces muy confiados ideólogos neoliberales. Muy a pesar de algunos, la historia no terminó y el resultado de la partida aún está por determinar.
Josep María Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
Esther Vivas es Miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)
Ilustración de Silvia Alcoba
