JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
En medio de la renovada discusión sobre la naturaleza reaccionaria del franquismo y sobre su protagonista, aterriza en las librerías la última escala del pasajero del Dragón Rapide: La conspiración del general Franco (Ed. Crítica, Madrid, 2011). Se trata del nuevo libro de Ángel Viñas, catedrático de Economía, alto funcionario europeo e historiador acreditado en sólidos estudios anteriores, entre los que destacan su trilogía republicana (La soledad/ El escudo/ El honor de la República). En esta entrega, el profesor Viñas ofrece una innovadora mirada sobre aquellos “tres días de julio” evocados en la trilogía de Gironella. Y nos apunta, con fehacientes soportes de veracidad, la hipótesis de que el golpe militar viniese precedido de un asesinato alevosamente planeado por el propio general Franco desde su mando en Canarias, pugnando por un papel propio en la gran conspiración que sumiría al país en un baño de sangre. Según esta investigación, el 16 de julio de 1936 Franco habría ordenado la eliminación de un viejo compañero de armas, el general Amado Balmes, comandante militar de Las Palmas, después de haber sondeado infructuosamente su disposición a secundar bajo sus órdenes la sublevación militar y el subsiguiente aquelarre represivo en la plaza bajo su mando.
El estudio de Viñas enriquece así su itinerario intelectual en torno a episodios cruciales de la experiencia republicana y su política exterior, sobre la implicación extranjera en la contienda española y la diplomacia activa de las partes en conflicto. Sus excelentes trabajos anteriores se anudan en el aparato crítico de esta sorprendente publicación, a caballo entre el ensayo, la historia rigurosamente documentada, la pesquisa detectivesca y la instrucción de un sumario judicial. La tesis central del volumen sostiene que la sublevación no arrancó en el acuartelamiento de Melilla el 17 de julio, sino con la premeditada liquidación del general Balmes aquel 16 de julio de modo que “pareciera un accidente”, un hecho tan cuidadosamente ejecutado como ocultado desde entonces.
El falso e inverosímil fallo de pistola que costó la vida a Balmes (según la versión oficializada entonces, la habría disparado accidentalmente tras apoyarla sobre el propio vientre) sirvió, además, de coartada para que el Ministerio de la Guerra autorizase a Franco (destinado en Tenerife) a desplazarse en barco desde Santa Cruz a Las Palmas para acudir al sepelio. Tras ese acto, emprendió el vuelo en el Dragón Rapide que le esperaba en Gando (aeródromo de Gran Canaria) desde el 14 de julio, después de haber dispuesto con todas las garantías que su mujer y su hija zarpasen desde Tenerife a puerto seguro en la península a bordo de un buque alemán. La aeronave procedía de Londres y había sido fletada con anticipación –con la intermediación desde Biarritz del propietario de ABC y antiguos agentes británicos– para trasladar a Franco desde Gran Canaria a Tetuán, desde donde asumió el mando del Ejército de África y, literalmente, embarcarlo en la guerra de España desde Ceuta hasta Tarifa.
Parte del extraordinario interés de esta aportación reside no sólo en el relato del minucioso complot maquinado, sino en el abono que supone a una visión del personaje del Franco conspirador que supera ampliamente los márgenes de la versión que durante largo tiempo lo ha retratado reluctante y reservón, nadando y guardando la ropa en los inciertos prolegómenos del estallido del conflicto. No sólo mostraría a Franco en su determinación de erigirse en comandante protagónico entre los sublevados, sino que ilustraría su carencia de escrúpulos y remordimientos a la hora de disponer fría y despiadadamente de la vida de los demás, incluida la de un viejo conocido, colega y veterano africanista como fue el general Balmes. Insisto, sólo una parte: mayor interés aún reviste el concienzudo análisis que Viñas emprende a la hora de diseccionar el papel de la diplomacia ejercida por el embajador británico (sir Henry Chilton), por el del ultraconservador premier (Stanley Baldwin), y, aún menos conocida, por los servicios secretos del Reino Unido, inquietos ante los informes que presentaban a la República española incursa en abierta deriva prerrevolucionaria. Esta implicación británica resultaría decisiva tanto en la organización del viaje de Franco desde Canarias con destino a las plazas norteafricanas, cuanto en el acompañamiento de la insurrección militar contra el Gobierno legítimo, cuyos episodios eran seguidos en Londres, no ya desde la desconfianza, sino desde la animosidad instigada sin desmayo por una élite de monárquicos ultraderechistas españoles a los que el Foreign Office escuchaba con atención.
El relato pormenorizado de los antecedentes y de los días, con sus horas y minutos, en los que el general Franco y su entorno intervinieron en la historia de aquellas jornadas de julio de 1936 ilustra, por sí, el carácter de la sublevación y de sus protagonistas, imprimiendo, desde entonces, el marchamo ferozmente represivo y dictatorial del periodo que vino después. Al margen de la polémica doctrinal en torno a las adjetivaciones “totalitaria” o “autoritaria” de ese régimen (conforme a las categorías teorizadas por Juan Linz), la hoja de ruta trazada anticipatoriamente por Franco y por sus ayudantes y cómplices, para abocar a una catástrofe de proporciones dantescas, a través de una secuencia de hechos consumados que no admitiese medias tintas ni tentación de marcha atrás, conduce a una asimilación cabal de la ambición ilimitada y la sanguinaria resolución del militar que dio nombre a un régimen brutal, cuya estela y cicatrices continúan estremeciendo.
Juan Frenando López Aguilar es presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo
Ilustración de Javier Olivares
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR Y POUL NYRUP RASMUSSEN
Hoy las nubes oscuras
de la recesión y el cambio climático cuelgan, pesadas, del cielo europeo, nubes que amenazan tanto nuestro presente como nuestro futuro económico. Cuanto más tardemos en invertir en la lucha contra el cambio climático, más altos serán los costes, y cuanto más se retrasen las inversiones inteligentes en la economía europea, más personas padecerán. El mes que viene, 375 millones de votantes europeos irán a las urnas para participar en la elección trasnacional más grande de la Historia del mundo, un proceso electoral del que emerge una nueva política ambiciosa que aborda estos retos. Se ha denominado crecimiento verde e inteligente y explota el enorme potencial de las industrias ecológicas como yacimiento de nuevos empleos y prosperidad.
Se trata de una política que apuesta por fomentar las energías renovables, la rehabilitación y el aislamiento de edificios, las redes de distribución energética, el transporte eficiente de personas y mercancías, el reciclado, la reconversión de industrias contaminantes, los servicios de gestión medioambiental, la gestión forestal y el uso más racional de los recursos hídricos. Y, para desarrollarla, hace falta el apoyo público,
subvenciones inteligentes, una estructura legal apropiada y, por supuesto, la voluntad política de los gobiernos.
Se estima que en el año 2020 la facturación mundial del sector de tecnologías verdes superará los dos billones de euros. Si actuamos sabiamente e invertimos ahora, a corto plazo podremos estimular la economía y, a largo plazo, convertirnos en los líderes mundiales de este sector económico; y al mismo tiempo, trasformar Europa en la fuerza mundial que protagonice la lucha contra el cambio climático.
Esta política de cooperación responsable entre el sector privado y un sector público que fomente una industria creciente, con la mirada puesta en el horizonte, es la esencia de la socialdemocracia. En este sentido, el manifiesto del Partido Socialista Europeo propone una estrategia para el empleo verde que creará en la UE diez millones de nuevos puestos de trabajo en el horizonte 2020. Allí donde la izquierda está en el poder, esta política ya se está desarrollando: en España, Portugal y Reino Unido. Cuando gobernábamos en Alemania y Dinamarca, también se dieron grandes pasos en el desarrollo de las energías renovables. Los socialistas estamos
orgullosos de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero esté haciendo realidad esta visión común de los socialistas europeos, transformando España en un país de referencia en este campo el crecimiento verde e
inteligente.
Cuando en 2004 recibió como herencia un modelo económico cimentado en el uso anárquico de los recursos naturales, Zapatero asumió el sobreesfuerzo que supone cumplir con el Protocolo de Kioto (según José María Aznar, “la tumba” de las empresas españolas) y lo consideró una oportunidad para trabajar por la construcción de un sistema económico sostenible. Algunos ejemplos de ello son la creación en el Ejecutivo de una Comisión Delegada para el Cambio Climático –en la que están presentes nueve ministros y nueve secretarios de Estado–, la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una Estrategia Española de Movilidad Sostenible como hoja de ruta de los objetivos y las directrices generales para conseguir un cambio de modelo en el transporte en España (que representa más del 40% de la energía total nacional) y, sobre todo, la apuesta por las energías renovables, cuya planificación para los años 2005-2010 supone una inversión pública de 8.492 millones de euros. Una señal de que las medidas puestas en marcha comienzan a dar resultados es la reducción de un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en 2008.
Frente a la crisis, y a pesar de que al principal partido de la oposición no le ha importado nunca el cambio climático ni sus consecuencias, el Gobierno ha reforzado sus compromisos para seguir adelante por esta senda. Dentro de su nuevo plan de estímulo ha acelerado el tránsito a la economía verde con la creación de un Fondo de Financiación para la Economía Sostenible de 20.000 millones de euros y un nuevo fondo de inversión local dotado con 5.000 millones para obras medioambientales, de dependencia y tecnológicas; ha dado un impulso a la renovación del transporte público con un parque energéticamente eficiente y menos contaminante, un nuevo cheque-transporte exento de tributación para promover la implantación de un nuevo modelo de movilidad sostenible; y subvenciones para la renovación de autobuses eficientes energéticamente.
El pasado mes de marzo, España
conmemoró el 25 aniversario de la puesta en funcionamiento del primer aerogenerador instalado y conectado a la red. Nadie podía predecir entonces que en 2008 el 11% de la energía producida en este país proviniera del viento. A día de hoy, su desarrollo ha generado 175.000 puestos de trabajo, señal de que en España, como en el resto de Europa, el crecimiento verde e inteligente es la marca de los
socialistas.
El aprovechamiento del viento, del sol y de las olas contribuirá a alejar esas nubes oscuras que amenazan nuestro bienestar y nuestro entorno natural. Es lo inteligente.
Juan Fernando López Aguilar es candidato socialista a las elecciones europeas.
Poul Nyrup Rasmussen es presidente del Partido Socialista Europeo.
Ilustración de Javier Olivares
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
Con la condena dictada por la Audiencia Nacional, España envía un triple mensaje al mundo: determinación contra el terrorismo, solidaridad con sus víctimas, y confianza en la ley y las instituciones democráticas como garantía frente a cuantas amenazas, por dolorosas que sean, se ciernan sobre nuestro orden de convivencia.
Esta consideración es hoy especialmente útil. Tras un proceso ejemplar con todas las garantías, la sentencia determina los hechos probados y las responsabilidades penales en la peor masacre terrorista de la historia de España y de Europa. Pero no sólo: el relato de evidencias y culpabilidades pone en su sitio a quienes antepusieron sus intereses electorales a la verdad, al dolor infinito de quienes lloraban a las víctimas y a la consternación general de la sociedad española y mundial.
Se ha dicho hasta la saciedad: desde aquel 11-M, y durante tres largos años, la delirante fabricación conspirativa alentada por el PP, definitivamente arrumbada por la acción de la Justicia, ha buscado irresponsablemente deteriorar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho arrojando disparatadas sospechas sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entonces al mando de los mismos y mendaces mentirosos sin escrúpulos que han propalado esas infamias. Su descabellada estrategia de manipulación de la realidad se ha aferrado desde entonces al propósito de dar cobertura retrospectiva al engaño masivo en el que se embarcó el Gobierno de Aznar del 11 al 14 de marzo de 2004.
Es ahora el momento de afirmar que la infamante teoría de la conspiración ha puesto de manifiesto, por encima de cualquier otra consideración penal o política, una dolorosa patología moral: la pretensión de presentar los atentados del 11-M como una conspiración política dirigida, como el PP ha repetido hasta la náusea, a “cambiar el Gobierno de España”, atenta contra la total ausencia de base empírica que indique que un atentado genera rechazo electoral contra el Gobierno (las experiencias apuntan en sentido contrario).
Tal pretensión comporta, y esto es lo terrible, una lectura innoble de la masacre terrorista por la que se presenta al propio PP como la primera víctima, puesto que el móvil no era otro que “sacarles del Gobierno” (como si les perteneciera por derecho natural), siendo todo lo demás daño colateral de aquel perjuicio principal: alterar el ciclo político en el que ellos se sentían tan ricamente acomodados.
Duele tanto desvarío, pero tan ignominiosa lectura de lo que sucedió sólo puede sustentarse desde un mayúsculo desprecio por las verdaderas y únicas víctimas del 11-M: los 192 inocentes que perdieron la vida, como inocentes son todas las víctimas de la barbarie sin más objetivo “político” que la sinrazón del terror indiscriminado; los casi 2.000 heridos y lesionados; los miles de seres humanos que lloran a sus seres queridos; la sociedad entera, la española y la global, que aprendió en aquella fecha que lo peor nos acecha y nos puede golpear cuando menos lo esperamos.
Detrás de la enloquecida fabricación conspirativa, está la idea de que el atentado fue un cálculo preciso de efectos electorales a devengar a tres días desde aquel 11-M: según lo que hemos oído durante años del PP, oscuros intereses políticos buscarían su derrota electoral, en modo que la víctima primera y más cierta de las bombas no sería otra que el Gobierno de Aznar. Tan monstruoso razonamiento no sólo es falaz, pues todo el mundo alcanza a entender que ningún atentado terrorista genera por sí rechazo a los gobiernos democráticamente legitimados. Salvo, a la vista está, que algún Gobierno trate después de encubrir y mentir, primando el cortoplacismo de un pánico electoral, como pasó en este caso.
Es que, además, esta teoría desplaza ignominiosamente a las auténticas víctimas, los casi 200 muertos, los llantos de sus familias, a la posición secundaria de daño colateral en la producción del mal directamente perseguido: alterar lo que se presentaría como “curso natural” de la política española, para “cambiar el Gobierno” del PP ¡por uno del PSOE!
Este desprecio infinito del PP por el dolor de las víctimas se ha manifestado de manera constante, tanto en el proceso judicial como en el paralelo proceso político y parlamentario. No ha ayudado haber tenido que asistir a la desnaturalización de los interrogatorios conducidos por algunas acusaciones particulares, con tal de buscar alguna implicación inexistente de algún conspirador en el horizonte.
Entristece tener que recordar cómo algún representante del Grupo Popular en la Comisión de Investigación instituida en el Congreso de los Diputados, ferviente partidario de la teoría de la conspiración, leía displicentemente el periódico cuando alguna de las víctimas relataba el sufrimiento por el que estaba pasando.
Duelen también los escarnios, algunos de ellos públicos, que han tenido que padecer algunas de las víctimas por no compartir la locura conspiratoria, por no aceptar que la irreparable pérdida causada por el 11-M tocaba a sus seres queridos, no al Gobierno de Aznar.
Muchos infundios, fabulaciones, insidias, se han ido por el desagüe con la sentencia de la Audiencia Nacional. Es hora también de que esta sentencia sirva para que todos los españoles, tengamos las ideas que tengamos, nos unamos en torno a las víctimas, a su dolor, a su recuerdo. Que la acción de la Justicia sirva para que todos, sin exclusiones, reafirmemos la confianza en nuestra convivencia, en nuestras instituciones, y en nuestra determinación de luchar juntos contra el mal, contra el terror, la sinrazón, la injusticia y toda forma de guerra y violencia criminal.
Juan Fernando López Aguilar es ex ministro de Justicia y Secretario general del PSC-PSOE
