JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Desde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.
En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.
Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?
Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.
Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.
Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.
La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Patrick Thomas
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
En el pasado solía ser una de las reivindicaciones de la izquierda. Conviene recordar que en 1976, en la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que seis años más tarde sería superministro de Economía y Hacienda, se pronunciaba a favor de la nacionalización de la banca. Eran los últimos coletazos de una ideología de izquierdas que quedaría sepultada bajo el tsunami del pensamiento único, pensamiento único que, sin aportar razones, exclusivamente a través de la descalificación y colgando el cartel de desfasado a quien osase contravenir sus dictámenes, condenaba todo lo público y ensalzaba lo privado.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no se nacionalizó la banca, sino que innumerables entidades financieras, tras ser saneadas con dinero público, fueron devueltas al sector privado. Asimismo, se perdió la oportunidad de establecer con las cajas de ahorro una banca pública potente. Tengo que reconocer que una de las primeras medidas que me sorprendieron y me decepcionaron de aquel primer Gobierno socialista con el que, de alguna manera, me sentía implicado, fue la ley de Cajas de Ahorro, ya que se entregaba su control a los ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos de impositores, que era lo mismo que concederlo a sindicatos y partidos políticos.
La nueva ley suponía una ocasión perfecta para crear una banca oficial fuerte, capaz de servir de contrapeso a las entidades financieras privadas. Por el contrario, la norma que se aprobó disgregaba la capacidad de decisión y de actuación del Estado en un sector tan estratégico como el del crédito. Se perdió esta oportunidad, pero es que además, corriendo los años, se privatizaría la modesta banca oficial que provenía del franquismo: Caja Postal, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola, Hipotecario, etc., pasaron al sector privado. Es seguro que en los momentos presentes el Gobierno echa de menos contar con una extensa red de entidades financieras públicas con las que instrumentar las ayudas y los créditos.
La actual crisis económica está demostrando algo que en realidad todos sabíamos con anterioridad: la importancia que el crédito tiene en una economía moderna y los perniciosos efectos que pueden deducirse de un mal funcionamiento de las entidades financieras. Sólo la sustitución de la teoría económica por un catecismo huero ha podido conducir a aceptar sin ningún análisis que los bancos deben ser privados. No parece que exista ninguna razón para ello; más bien los argumentos se inclinan en la línea contraria.
Se suele afirmar con bastante ligereza que en el sector privado los gestores se están jugando su propio dinero y que, por lo tanto, ponen más interés que los burócratas nombrados por un gobierno. Esto puede ser cierto para las pymes, los pequeños comercios o los negocios familiares –de ahí la irracionalidad económica de los sistemas llamados del socialismo real, que pretendían tener socializada toda la economía– pero desde luego no lo es en el caso de las entidades financieras, donde se produce un divorcio claro entre gestión y capital y donde la participación de los administradores en el patrimonio de la compañía es nula o insignificante. Uno de los factores que está detrás de la actual crisis es que los intereses de los ejecutivos no coinciden, por supuesto, con los de los ciudadanos, pero ni siquiera con los de la
corporación que dirigen.
En estas coordenadas, la afirmación de que la cuenta de resultados es un buen termómetro de la marcha de la empresa no se sostiene. Las consecuencias de una mala gestión pueden manifestarse, tal como estamos viendo, muchos años después, cuando ya no hay remedio, y con graves daños no sólo para la entidad que se dirige, sino también para toda la sociedad en su conjunto.
En contra de la banca pública se agita el fantasma de que los intereses políticos pueden interferir en la marcha del sistema financiero; utilización política de las empresas, se afirma. Pero ¿es que acaso lo evita el que sean privadas? Hoy, intereses políticos y económicos se amalgaman en una extraña mezcla. Políticos y ejecutivos de las grandes compañías forman una clase en la que los sitios se intercambian, y más grave aún que la política condicione a las empresas es que las empresas condicionen a la política. Al menos el sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero.
Hoy, paradójicamente, es el propio sector financiero el que reclama la intervención estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero y que limpie con dinero público la basura que han ido acumulando en sus balances. Cantidades ingentes de fondos estatales están afluyendo a las entidades financieras en Europa y en Estados Unidos sin que el panorama se despeje y sin que, lo que es más grave, el crédito llegue a las empresas y a las familias. Incluso el propio Banco Central Europeo está dando la voz de alarma. ¿No habrá llegado el momento de emplear todos esos recursos en la constitución de una banca pública que nos libre de situaciones similares? Concretamente, en nuestro país, ¿no sería la ocasión de nacionalizar las cajas de ahorro dándoles una unidad de acción y librándolas de las banderías e intereses provincianos?
Juan Francisco Martín Seco es Economista
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Resulta difícil entender por qué la estabilidad presupuestaria se ha convertido en una especie de tabú que nadie está dispuesto a violar. Se habla de postura ortodoxa, pero ¿desde cuándo la economía es una religión, con su correspondiente dogma, que es necesario acatar?
Si hay alguna ciencia (por catalogarla de alguna forma, aunque quizás le cuadraría mucho mejor la denominación de arte) obligada a ser flexible y maleable, esa es la economía, porque tiene que adaptarse a las circunstancias y estas raramente se repiten. Lo que suele ser conveniente en épocas de auge económico, puede ser contraproducente en momentos de recesión. Un ejemplo clarísimo es el de las finanzas públicas.
Los datos de déficit o superávit tienen una significación diferente según nos encontremos en una época de fuerte crecimiento o de depresión. Ello es tan así que la teoría económica ha acuñado un concepto que, si bien tiene su origen en el keynesianismo, ha terminado por ser utilizado por todo el mundo, el de los estabilizadores automáticos. Consisten en una serie de magnitudes que –se supone– varían sin intervención discrecional de los gobiernos, al unísono del ciclo económico. La recaudación de la mayoría de los impuestos crece mucho más en los tiempos de prosperidad económica que en los de crisis y, a su vez y en sentido contrario, en momentos de dificultades económicas deben dispararse los gastos sociales, en especial el subsidio de desempleo.
Tanto el vicepresidente económico como el gobernador del Banco de España han declarado que es conveniente dejar actuar a los estabilizadores automáticos, sin adoptar medidas discrecionales. Es decir, permitir que el déficit sea el que tiene que ser. Por eso resulta contradictorio que, poco después, hayan defendido la necesidad de ajustes en el gasto público o, lo que es lo mismo, medidas para compensar y restringir la actuación de los estabilizadores automáticos. Dejar actuar a estos no solo es oponerse a medidas tales como subvencionar a los transportistas o ayudar a los constructores, sino también a los ajustes presupuestarios de todo tipo. Hay que preguntarse si la forma de luchar contra la crisis económica no es precisamente la de mantener una actuación expansiva del sector público, lejos de esa política de austeridad que, con un sentido casi monacal, predican algunos políticos. En un momento en que la iniciativa privada se encuentra bajo mínimos, al sector público le incumbe compensarla con medidas expansivas o, al menos, dejando actuar a los estabilizadores automáticos.
Por otra parte, sería conveniente ponerse de acuerdo sobre el concepto de estabilidad presupuestaria. Al igual que la estabilidad de precios no consiste en mantener en todo momento una tasa de inflación cero, tampoco la estabilidad presupuestaria debe consistir en mantener un déficit cero en cualquier época. En ese sentido, la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido mucho más coherente que la que en su momento elaboró el Gobierno del PP, ya que entiende la estabilidad presupuestaria como una tendencia a lo largo del ciclo económico en el que se compensen los déficits (en épocas de crisis) con los superávits (en momentos de auge).
Sin duda el mayor riesgo del déficit público radica en la posibilidad de entrar en un proceso explosivo de autoalimentación, en el que las cargas financieras se van acumulando haciendo cada vez más acusado el desajuste. Pero precisamente de este hecho surgen dos conclusiones fundamentales. La primera es que todos los déficits no son iguales. Determinadas partidas de gasto público son autofinanciables en el futuro, es decir, van a generar ingresos al menos en cuantía suficiente para cubrir los gastos financieros y las amortizaciones de la deuda contraída para afrontarlos.
La segunda conclusión es que a la hora de juzgar la estabilidad presupuestaria habría que atender más al stock de deuda pública que al déficit. El objetivo podría consistir en hacer que esta última variable oscilase alrededor de un porcentaje determinado del PIB, lo que puede conseguirse sin necesidad de tender al déficit cero, ya que el PIB nominal también se incrementa año a año. Supongamos que el porcentaje de referencia es el marcado por Maastricht, del 60%, y que el crecimiento medio anual en términos nominales sea del 4% –tasa más bien exigua para España con un potencial de crecimiento mayor–; unos sencillos cálculos nos indican que el déficit público podría oscilar alrededor del 2,4% (en momentos de recesión más y en períodos de auge menos), sin que el porcentaje sobre PIB de la deuda pública se alejase tendencialmente del 60%.
Nuestro país cuenta con un margen significativo en materia de finanzas públicas. Es cierto que el margen sería bastante mayor si en las etapas de auge económico no se hubieran llevado a cabo diversas reformas fiscales con un alto coste para el Tesoro Público. Pero, así y todo, el stock de deuda pública no llega al 36% del PIB, mucho más bajo que el porcentaje del 60% establecido en Maastricht.
Durante los pasados meses, el Gobierno no ha parado de afirmar que estábamos en mejor situación que el resto de los países europeos gracias a unas finanzas públicas muy saneadas. Era mentira y verdad. Mentira, porque nuestra situación era bastante peor debido al endeudamiento privado, al déficit exterior y a la burbuja inmobiliaria. Verdad, porque nuestras finanzas públicas estaban saneadas, pero ¿de qué nos sirven si, presos de un dogmatismo mal llamado ortodoxo, nos negamos a utilizarlas? Países como Francia y Alemania no han dudado en permitir en los momentos críticos un déficit elevado, superior incluso al 3% establecido como límite por la UE. ¿Qué problema hay en que nuestro déficit público llegue al menos a ese nivel?
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Patrick Thomas
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Existe una visión ingenua de la Historia, optimismo trascendental que considera que en las civilizaciones y, en general, en la humanidad no es posible la marcha atrás. Pero lo cierto es que cuando una sociedad retrocede a las premisas ideológicas del pasado, casi es seguro que los resultados terminarán siendo también los mismos. Desde principios de los ochenta, la economía internacional ha asumido un proceso involutivo, renunciando progresivamente a los principios ideológicos que se habían aceptado como intangibles, al menos en los países occidentales, y volviendo a los presupuestos que regían en el siglo XIX. Los resultados tienen que ser forzosamente parecidos a los de aquella época. En realidad, lo que llaman globalización, en buena medida no es otra cosa que adherirse a aquellas premisas. No puede, por tanto, extrañarnos que ahora se retorne a unas condiciones laborales que creíamos totalmente superadas.
El Consejo de Ministros de Empleo y Política Social (¡qué ironía!) de los 27 acaba de aprobar una directiva por la que se deroga la jornada de 48 horas semanales, establecida nada menos que en 1917 por la OIT, y se admite que el empresario y el trabajador puedan pactar una jornada mayor, hasta 60 horas, incluso 65. La semana de 48 horas semanales fue una de las primeras reivindicaciones de la clase obrera. Conquista social que no fue gratuita. De hecho, la fiesta del trabajo se celebra el primero de mayo para conmemorar la masacre que se realizó en Chicago en 1886 con los manifestantes que reclamaban la jornada de 48 horas. Se puede entender, pues, que desde distintos ángulos se haya contemplado la medida como una quiebra fundamental de los derechos laborales que se creían consolidados.
No obstante, como cabía esperar, en nuestro mismo país se han alzado voces que pretenden justificar el acuerdo. Se alude a la complejidad de la sociedad actual y a que, por lo tanto, todos los trabajos no son iguales (¡menudo descubrimiento!), y, dada esta heterogeneidad, conviene dejar a las partes libertad para que pacten la jornada que crean conveniente, de manera que no se imponga una norma sobre casos dispares.
Como siempre, se acude a una falacia. No se trata de imponer una jornada uniforme para todos los trabajadores, sino tan sólo un máximo de horas que las partes no pueden contravenir, puesto que hablar de libertad económica es en la mayoría de las relaciones laborales un completo sofisma. El trabajador se ve en la obligación de aceptar las condiciones que imponga el empresario. “Libertad para morirse de hambre”, como afirmaba Marx. Es la misma libertad de pacto que condujo al mundo descrito por Dickens y otros muchos autores, en el que los niños y las mujeres estaban sometidos a jornadas abusivas que hoy nos parecen imposibles. Por ello, a lo largo del siglo XX fue tomando cuerpo una consideración tuitiva del derecho laboral que mantenía la necesidad de que el Estado estableciese unas condiciones mínimas e irrenunciables que las partes no podían violar. Es esta salvaguarda la que ahora se pone en cuestión.
Hay quien quiere explicar el acuerdo tomado en Luxemburgo por el desequilibrio de fuerzas que en la actualidad existe en la Unión Europea, donde la socialdemocracia ha desaparecido casi en su totalidad y gobiernan partidos de derecha en los principales Estados, al tiempo que se han incorporado nuevos países que han pasado recientemente de sistemas de economía centralizada al capitalismo salvaje. Pero este planteamiento supone quedarse en una capa muy superficial del problema sin ahondar en las causas últimas. La verdadera causa se encuentra en la progresiva aceptación en materia económica de un discurso que nos retrotrae al siglo XIX y la introyección de los mismos presupuestos básicos, libertad absoluta de mercados y capitales. En estas condiciones, resulta imposible que no vaya desapareciendo progresivamente todo el andamiaje construido alrededor del Estado social.
El argumento más fuerte esgrimido por los defensores de la desregulación del mercado laboral es el de la competitividad. En definitiva, se trata de aplicar el dumping social, pero este mismo dumping social desbarata la forma de razonar de los que alegan que la directiva ahora aprobada por el Consejo de Ministros europeo no impide que cada país continúe aplicando su propia normativa. Incluso los países que ahora se han opuesto a su implantación no tendrán más remedio que ir flexibilizando la legislación, si no quieren perder cuota de mercado.
El hecho de que la mayoría de los gobiernos europeos sea de derechas y que la socialdemocracia esté en decadencia no constituyen la causa sino que son más bien el efecto, el efecto de un hecho mucho más radical. Hemos construido un espacio económico bajo unos parámetros tales que las políticas de izquierdas ya no son posibles. Los partidos progresistas, cuando gobiernan, se ven obligados a aplicar las mismas medidas que los de derechas.
En estas circunstancias, no puede extrañarnos que los ciudadanos, en las raras veces que son consultados, terminen votando en contra o absteniéndose, que es aún peor. Así ocurrió con la Constitución Europea. Así sucede con el Tratado de Lisboa. Irlanda, único país en el que se ha celebrado un referéndum, se inclinó por el no y, tal como se expresó uno de los más prestigiosos diarios europeos, el no habría sido el resultado si Gran Bretaña, Francia o Alemania se hubiesen atrevido a consultar a los ciudadanos. Los ciudadanos interpretan que, tanto con la Constitución como con el nuevo tratado, sus Estados pierden soberanía a favor de no se sabe qué instituciones políticamente irresponsables. Pero aciertan tan sólo parcialmente, ya que, por desgracia, hace ya bastante tiempo que sus gobiernos han ido perdido soberanía, entregándola en aras de eso que eufemísticamente llaman mercados.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Iván Solbes
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Pasadas las elecciones, quizás el análisis económico pueda regresar a la normalidad y sea posible juzgar la coyuntura con un mínimo de objetividad. Antes de los comicios el discurso estaba desvirtuado por los intereses de los distintos partidos. Al PP todo se le volvían catástrofes, mientras que para el Gobierno todo quedaba reducido a unas turbulencias sin apenas relevancia. Lo cierto es que cada día que pasa la situación se torna más crítica y los augurios, más pesimistas. Ha sido el mismo Greenspan el que ha afirmado que la crisis que nos amenaza puede ser la más grave después de la del 29. Tal vez sea una exageración, pero da idea de la importancia con que se está viendo el problema en EEUU.
Habría que decir que la crisis presenta dos caras distintas, aunque lógicamente interrelacionadas, una interna y otra externa. Las dificultades han partido ciertamente del exterior: el pinchazo de las hipotecas subprime de EEUU; pero el impacto en nuestra economía no sólo va a depender de la mayor o menor transmisión de las turbulencias financieras a Europa, sino también de los desequilibrios domésticos de nuestra propia realidad económica.
Las crisis siempre se han originado en una ola de desconfianza que, con mayor o menor fundamento, crea incertidumbres e inseguridades. México, Japón, los tigres asiáticos, Argentina y ahora EEUU. Lo insólito de la nueva situación es que es el corazón del Imperio el que se tambalea, con lo que la amenaza y la prevención son mayores.
Tras muchos años de ensueño neoliberal, afloran los problemas y las contradicciones. La inhibición estatal ha convertido al mercado, tal como afirma el primer ministro francés, en la ley de la selva. Sin vigilancia, las entidades financieras se han adentrado en operaciones especulativas y enormemente arriesgadas, y la tupida maleza de la ingeniería financiera –con operaciones encadenadas y recíprocas– hace difícil distinguir qué empresas están implicadas y cuáles no, de manera que nadie se fía de nadie ni está dispuesto a prestar dinero a nadie. El sistema se colapsa por falta de liquidez.
La falacia del discurso neoliberal aparece de manera clara en situaciones como la actual, en las que se descubre que la economía de un país es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos privadas, especialmente porque las consecuencias de los errores o abusos no se restringen al ámbito de los que los cometen, sino que tienen repercusiones en capas importantes de la población, de tal modo que en la mayoría de los casos es el Estado el que tiene que venir a sufragar los platos rotos. Incluso el muy liberal y conservador Gobierno de Bush está acudiendo en auxilio de los bancos en crisis, mientras que los gestores responsables se llevan cuantiosas indemnizaciones.
Cada día se hace más evidente que la crisis exterior va a influir en nuestra economía, al tiempo que se va desmintiendo un discurso erróneo, el de que nuestro país está en mejores condiciones que otros muchos para soportar las inclemencias futuras debido a que hemos hecho los deberes y tenemos unas finanzas públicas saneadas.
No entraré en cuestionar la cuantía del superávit presupuestario y cómo este se puede trocar en déficit en cuanto la actividad económica se ralentice y se ponga en práctica la pedrea de beneficios fiscales. Me referiré, sin embargo, al hecho mucho más significativo de que el saldo del sector público es tan sólo uno de los elementos, pero no el único, ni siquiera el principal, que coadyuva al déficit exterior. De nada vale que el sector público presente unas cuentas saneadas si los otros sectores de la economía arrojan importantes saldos negativos, y el endeudamiento de empresas y familias alcanza niveles peligrosos.
En el presente, el déficit por cuenta corriente ronda el 10% del PIB, el mayor de la OCDE en términos relativos, y el segundo, después de EEUU, en absolutos. Para darnos cuenta del nivel de magnitud del que estamos hablando, conviene recordar que en 1993 alcanzaba solo el 3%, porcentaje que nos parecía elevadísimo y que estuvo en el origen de las tres devaluaciones que tuvo que sufrir la peseta. Nuestra situación, pues, ante la crisis financiera, lejos de ser privilegiada respecto a los otros países europeos, es más bien crítica. En un momento de restricciones de liquidez y de desconfianza en los mercados, la economía española tiene que salir al exterior a financiar el 10% de su PIB y refinanciar, además, la deuda viva que venza en ese momento.
Nuestra moneda no es ya la peseta, sino el euro, y por lo tanto no cabe la devaluación como medio de recobrar el equilibrio de nuestra balanza de pagos; pero quizás por eso la situación es más delicada porque, al no poderse lograr el ajuste en el terreno monetario, se producirá en el ámbito real, del crecimiento y del empleo. Deberíamos haber tenido en cuenta este dato cuando nos vanagloriábamos de haber alcanzado a Italia en renta per cápita. Aparte de no ser cierto, hay que señalar que, de haberse producido la devaluación que eliminase o al menos paliase el déficit exterior, la relación entre la renta per cápita de España y de otros países sería distinta.
Es imprescindible considerar la diferencia en la evolución en los precios para poder realizar las comparaciones entre rentas per cápita. Esa ha sido siempre la historia económica de nuestro país. Cada cierto tiempo éramos víctimas de un espejismo. Durante años íbamos convergiendo en renta per cápita hacia la media del resto de países desarrollados hasta que la necesidad de depreciar la moneda rasgaba el velo de malla y devolvía los datos a su verdadera realidad, mostrándonos que la convergencia había sido bastante más pequeña de lo que creíamos. Ahora no se ve lo que está detrás del velo, pero eso no quiere decir que no exista.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Iván Solbes
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Curiosamente, el tema de las pensiones, que ocupaba un puesto de honor en todas las campañas electorales, se encuentra casi ausente de la actual, a pesar de ser la más larga que hemos conocido, y en la que se han hecho todo tipo de ofertas hasta confundirse con una subasta. Parece que han pasado ya los tiempos en que los dos grandes partidos se acusaban mutuamente de pretender eliminar las pensiones. Ahora, por el contrario, los dos pugnan por autoproclamarse garantes del sistema, creando o incrementando el fondo de reserva, en el argot, la hucha de las pensiones. El Gobierno acaba de aprobar una aportación adicional a ese fondo de 4.700 millones.
Las cosas han cambiado mucho desde que todos los servicios de estudios y fundaciones de las entidades financieras se dedicaban a elaborar informes pronosticando a fecha fija la quiebra del sistema público. Los plazos señalados han ido expirando sin que acaeciesen los cataclismos anunciados. Y es que las profecías no suelen cumplirse, especialmente cuando son interesadas y se seleccionan determinadas variables obviando –queriendo o sin querer– otras. En este caso, los agoreros no tuvieron en cuenta ni el fenómeno de la emigración, ni el aumento de la población activa por la incorporación de la mujer al mercado laboral, ni la excelente coyuntura económica de la que hemos disfrutado durante quince años. Todo ello ha originado que en lugar del déficit anunciado, el saldo entre cotizaciones y prestaciones haya sido positivo, con lo que se ha podido constituir e ir aumentando el fondo de reserva hasta alcanzar los 51.000 millones de euros, es decir, el 4,84% del PIB.
Tanto el Gobierno del PP que lo creó, como ahora el Gobierno del PSOE que lo está incrementando, presentan el fondo de reserva como garantía del sistema público y de que en el futuro podrán seguir pagándose las pensiones. A mi entender, tal planteamiento es en extremo arriesgado. El fondo de reserva, después de tanto bombo y platillos, no llega ni siquiera al 5% del PIB y, desde luego, sería totalmente insuficiente en caso de verdaderas dificultades.
Paradójicamente, el mayor peligro que se cierne sobre el sistema público de pensiones no proviene de ninguna evolución demográfica, como se dice habitualmente, sino del Pacto de Toledo y del esquema en él diseñado, teóricamente con la finalidad de fortalecer el sistema, pero que en la práctica lo debilita, porque en lugar de ligar las pensiones, igual que el resto de prestaciones y servicios públicos, a la totalidad de ingresos del Estado, lo hace de forma exclusiva a las cotizaciones.
La mayoría de los análisis catastrofistas, que aunque ahora están en suspenso volverán a renacer en cuanto cambie la coyuntura, parten de este supuesto, y solo bajo esta hipótesis tiene sentido acudir a la evolución demográfica, a la relación activos-pasivos y a otras variables similares. Cuando se niega la separación de fuentes de financiación y se mantiene que debe ser el Estado con todos sus ingresos el que garantice (igual que se garantiza el pago de la deuda) el cobro de las pensiones, desaparece el problema, porque el acento se traslada de considerar exclusivamente el número e ingresos de los trabajadores a tener en cuenta toda la renta nacional, incluyendo por supuesto las rentas de capital y los beneficios empresariales, así como los gravámenes que el Estado debe girar sobre ellos.
Desde esta óptica, el Sistema Público de Pensiones no puede quebrar porque el Estado nunca quiebra, a no ser que se hunda la economía nacional, en cuyo caso no solo serían los jubilados los que se encontrarían en una situación crítica, sino todos los ciudadanos. Cuando la renta per cápita casi se ha multiplicado por dos en los últimos treinta años y cuando es de esperar que siga creciendo en el futuro de forma parecida, no tiene sentido, sean cuales sean el empleo y la evolución de la población, dudar de la viabilidad de las pensiones. Es más, el Estado tiene margen no solo para mantener el poder adquisitivo de ellas, sino también para que se incrementen (y no únicamente las mínimas) por encima del porcentaje de aumento del coste de la vida, participando así del crecimiento económico.
La posible vulnerabilidad del sistema público es pretender financiarlo exclusivamente con cotizaciones sociales, porque en una situación de dificultad grave poco podría hacer ese fondo de reserva. El fondo de reserva obedece solo a una ficción que puede ser extremadamente peligrosa en otra coyuntura, la de que la Seguridad Social es algo distinto del Estado. Si rompemos el engaño, la Seguridad Social no tendrá superávit y, por ende, fondo de reserva, pero por la misma razón se garantiza que tampoco tendrá nunca déficit dado que detrás de ella se encuentra el Estado. El superávit o el déficit será conjunto de todas las Administraciones públicas. A nadie se le ocurre poner en duda que los tenedores de deuda pública vayan a cobrar lo que les corresponde.
La separación de fuentes presenta otro riesgo y es que en tiempos de relativa bonanza, al constituirse el fondo de reserva, los empresarios y asociaciones profesionales presionen para que se reduzcan las cotizaciones. No hace mucho que las Cámaras de Comercio –y eso que las preside un socialista– se han pronunciado varias veces en este sentido.
Debemos exigir que sea el Estado el garante de nuestras pensiones, en este apalancamiento se encuentra la verdadera hucha. Ahora bien, esta comienza a resquebrajarse con las reformas impositivas pasadas y con las anunciadas para el futuro. Si la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal se deteriora y se exime de imposición a las rentas de capital y a las empresariales, difícil va a ser no solo sostener las pensiones sino todo nuestro precario Estado de bienestar.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Patrick Thomas
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
El Impuesto de Patrimonio está condenado a muerte. Los dos partidos mayoritarios han incluido en los respectivos programas electorales su eliminación, lo que no puede extrañarnos, teniendo en cuenta la evolución que desde hace muchos años ha experimentado nuestro sistema fiscal: deterioro de la progresividad, reducción de gravámenes a las rentas empresariales y de capital, y potenciación de los impuestos indirectos. Como siempre, lo más hiriente de este proceso son las mentiras que se manejan.
El anuncio de la supresión del Impuesto de Patrimonio ha venido precedido de toda una campaña de desprestigio de esta figura tributaria. La estrategia es muy simple. Se trata de repetir constantemente la misma idea aunque sea sin argumentos, o bien con argumentos superficiales y falsos; la consigna va quedando y así uno de los principales políticos españoles puede afirmar en la radio sin que nadie le replique que van a suprimir el Impuesto de Patrimonio, “que, como todo el mundo sabe, es un impuesto injusto y obsoleto”.
Los que tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Algunos han encontrado la piedra filosofal, siempre que quieren arremeter contra un gravamen se escudan en la doble imposición. Y es que, dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha, sólo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los Impuestos Especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre la Renta? En el Impuesto de Trasmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? Y qué decir del IBI, este sí que es un impuesto de patrimonio, sólo que generalizado, no progresivo y que recae exclusivamente sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas. Nadie ha pedido sin embargo su supresión, todo lo contrario, se está incrementando de forma espectacular, entre otros motivos para compensar la eliminación de las licencias industriales de los empresarios.
La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio.
La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. No es, desde luego, un argumento muy original. Un razonamiento similar se ha utilizado cuando se trataba de reducir la progresividad del IRPF o de eliminar el Impuesto de Sucesiones.
Siempre la misma monserga que posee una buena dosis de cinismo, sobre todo cuando después se reduce el Impuesto de Sociedades, o cuando se exime a éstas de tributar por los incrementos patrimoniales o se eliminan los mecanismos de transparencia que permitían imputar a los socios los beneficios y patrimonios de la sociedad.
Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, Patrimonio o Sucesiones, es tan sólo porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas, que pueden ser perfectamente identificados, y los valores de aquéllas, incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado tiene suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto. Algo similar cabe afirmar de las clases medias. No existe ningún impedimento para no elevar el límite exento y dejar por tanto fuera del alcance de este tributo el montante de riqueza que se desee.
Se afirma que este impuesto ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino, puede que lleguemos a un gravamen tan original como era el de puertas y ventanas. Lo cierto es que el Impuesto de Patrimonio no puede estar obsoleto por la sencilla razón de que está casi por estrenar, apenas se había comenzado a extraer toda su virtualidad.
Se afirma con superficialidad que su único objetivo consistía en ser un elemento de control. No hay por qué negar que ésta podría ser una de sus finalidades –curiosamente, tal cometido parece despreciarse ahora a pesar de las enormes bolsas de fraude existentes–, pero hay otra más importante: la de ser, junto con el Impuesto de Sucesiones y el IRPF, un factor de corrección de la injusta y desigual distribución de renta que realiza el mercado. No es ningún secreto que el sistema económico capitalista produce la acumulación progresiva de recursos y riquezas, y que se precisa de la actuación del Estado, especialmente a través del sistema fiscal, para subsanar tales efectos nocivos.
El Impuesto de Patrimonio puede ser un buen instrumento de socialización, pero precisamente por esto siempre ha contado, tanto en España como en Europa, con la oposición radical de las fuerzas económicas y reaccionarias.
En un sistema fiscal moderno y progresivo, el Impuesto de Patrimonio tiene un importante papel que cumplir. Es evidente que el actual tiene múltiples defectos y lagunas, pero ello debe constituir un motivo para su reforma, nunca para su supresión. Esto me recuerda aquella coplilla de nuestra tradición literaria: “El Señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital y primero hizo a los pobres”. Nosotros primero creamos los agujeros fiscales y luego, amparándonos en ellos, suprimimos el gravamen.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Enric Jardí
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
El peor mal que hoy aflige a la política –política en sentido amplio– es su hipocresía. Casi nadie se cree lo que dice y todos, absolutamente todos, sean cuales sean sus intereses e ideología, disfrazan su discurso de altruista y filántropo. En este “todos” no se encuentran solos los políticos en sentido estricto, los profesionales de la política, sino cualquiera que desde distintas plataformas pretenda indicar las normas y principios sobre los que se debe asentar la sociedad.
Que haya personas, partidos, asociaciones o gobiernos que aboguen por la reducción de impuestos no tiene nada de extraño, lo insultante es que pretendan convencernos de que esa medida beneficia a todos los ciudadanos o que puede realizarse sin coste alguno. Nada tiene de sorprendente que el Partido Popular propugne rebajas fiscales, otra cosa es que también lo haga el partido socialista y que encima intente persuadirnos de que es una postura progresista.
Con la imposición se produce un cierto espejismo social; se considera que las bajadas de tributos son gratuitas. A nadie ciertamente le complace pagar impuestos, pero estos, al igual que los gastos públicos, no pueden juzgarse aisladamente abstrayendo de las otras partidas presupuestarias.
Cuando en época electoral un partido promete determinados gastos sociales, inmediatamente se le exige que calcule su coste y que diga de qué manera piensa financiarlo, bien mediante la reducción de otros gastos, bien mediante el aumento de impuestos, bien a través de incrementar el déficit público. Tal demanda parece lógica y consistente. No se entiende, sin embargo, que no se plantee la misma pregunta cuando se trata de rebajar impuestos. También entonces habría que cuestionarse cómo se va a financiar la rebaja prometida. A qué gastos se va a renunciar o qué otros gravámenes piensan elevarse, o si más bien se va a permitir que se incremente el déficit público. En realidad, el tema podría plantearse de otro modo: ¿a qué destinos alternativos podrían orientarse los recursos empleados en la rebaja impositiva? Es lo que los economistas solemos llamar coste de oportunidad.
El Partido Popular va a proponer en su programa electoral otra rebaja impositiva. La propuesta es aún tan ambigua e indefinida que resulta imposible su análisis. No obstante, lo que desde ahora se puede calificar de inadmisible es esa pretensión de negar lo evidente: el que la recaudación será menor. Es un latiguillo usado con profusión ya en las anteriores reformas. Con tal finalidad se barajan dos pseudoargumentos, el de la reactivación de la economía y el de la disminución del fraude.
Se acepta como axioma que la reducción de los impuestos producirá una reactivación económica que a su vez incrementará la recaudación (curva de Laffer). Y es que tratándose de impuestos, los neoliberales se vuelven todos keynesianos, pero keynesianos chapuzas e incoherentes. Según Keynes, para practicar una política expansiva no es suficiente reducir los impuestos o incrementar los gastos. Se precisa, además, que tales medidas no se compensen con otras de signo contrario, lo que implica incrementar el déficit público y que su financiación se lleve a cabo mediante la ampliación de la masa monetaria. Siempre que exista capacidad económica ociosa, tal política no tiene por qué traducirse en una mayor inflación, sino en crecimiento económico y en creación de empleo.
Se puede estar o no de acuerdo con estos planteamientos, pero lo que no parece de recibo es cercenarlos y asumir exclusivamente una parte –la que nos interesa–, porque lo único que se consigue con ello es acabar defendiendo posiciones absurdas. La razón del error se encuentra en no considerar el coste de oportunidad de reducir los tributos, como si los recursos orientados a tal fin descendiesen del cielo. Porque si no se quiere aumentar el déficit público, es evidente que los fondos destinados a la rebaja impositiva no pueden asignarse a otras finalidades como pensiones, desempleo, obra pública, etcétera, con lo que el efecto expansivo o contractivo dependerá tan solo de cuál sea la mayor o menor virtualidad de estas partidas a la hora de expandir la actividad económica. No parece que el recorte de impuestos a los empresarios y a las clases altas sea la medida que disfrute de ventaja en esta comparación, tanto más cuando se supone que evitar o no la recesión va a depender del comportamiento del consumo. Habría que preguntarles por qué no proponen estimular la actividad económica incrementando la cobertura y cuantía del seguro de desempleo, aumentando el importe de las pensiones públicas, dedicando más dinero a la sanidad o realizando más obra pública.
En cuanto a la explicación de que se reduce el fraude, resulta bastante ridícula y difícil de creer. Mientras el nivel de los impuestos sea considerable, y no puede ser de otra forma en una sociedad moderna, siempre existirá incentivo para defraudar y se defraudará si la conciencia fiscal de la sociedad y la administración tributaria no lo impiden. El argumento sería similar al de propugnar la abolición del Código Penal con el fin de acabar con la delincuencia.
Por supuesto que en ese tartufismo político y económico nadie confesará que la finalidad de rebajar los impuestos es favorecer a los colectivos de ingresos elevados. Todos asegurarán que quieren beneficiar a las clases bajas y medias, pero lo cierto es que los impuestos que se reducen o se pretenden eliminar son los progresivos y los que afectan a las rentas de capital y a los empresarios: IRPF, impuesto de sociedades, de patrimonio, de sucesiones. Es significativo que todas estas reformas conciten el aplauso de las fuerzas económicas y empresariales. Hay que ver cuántos benefactores de los pobres existen.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Patrick Thomas
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Se equivoca quien piense que la economía es una ciencia objetiva y exacta. Los economistas apenas podemos experimentar. Nos está vedado repetir en el laboratorio los fenómenos. Así que la mayoría de las veces caminamos en la niebla, en el claroscuro; nos movemos en la teoría y nunca estamos seguros de que esta se cumplirá en la práctica. Es este carácter impreciso y vacilante de la economía el que permite que se abandone la objetividad y se practique el partidismo, incluso el sectarismo.
Viene esto a cuento de la hipotética crisis actual. Los medios de comunicación opuestos al Gobierno pretenden dar una imagen catastrofista, acentuando los elementos negativos; dan por hecho que se cumplirán las peores expectativas. Otros, por el contrario, los próximos al partido en el poder, resaltan los factores positivos y ocultan los peligros e incertidumbres.
En ambos casos tienen en cuenta la futura consulta electoral. Lo curioso es que si algo debería estar al margen de la lucha electoral sería precisamente la economía, dado que los dos partidos defienden una política económica similar.
Los datos positivos de hoy no son muy distintos de los de ayer y en ese sentido ambos gobiernos (los de Zapatero y Aznar) han sido triunfalistas. Pero también los peligros y riesgos que en la actualidad acechan a la economía estaban ya presentes en la situación económica de antaño. A los pocos días de que el partido socialista ganara las últimas elecciones, escribí un artículo en el que describía las debilidades del modelo seguido y las incertidumbres alarmantes que se cernían sobre el futuro económico, que en modo alguno eran distintas de las que hoy amenazan la economía. Solo que con el tiempo esas amenazas se han hecho más palpables y se han incrementado las posibilidades de crisis. Las dificultades que están atravesando los mercados financieros y las subidas del precio del petróleo y de los alimentos tan solo son el catalizador que puede provocar un proceso que antes o después tiene que producirse.
Desde hace más de diez años, el modelo de crecimiento español se ha cimentado principalmente en la construcción y en el consumo privado, en un consumo privado no asentado en los incrementos salariales sino en el endeudamiento de las familias. Se puede decir que hemos estado creciendo a crédito y, como todo crédito, antes o después habrá que pagarlo. El endeudamiento de hoy reducirá el consumo de mañana y por tanto el crecimiento económico del futuro. Es curioso que los que consideran negativo el déficit público permanezcan impasibles ante el enorme endeudamiento de las familias, cuando las consecuencias de ambos son similares: aumento de los desequilibrios de la balanza de pagos.
A la hora de analizar el déficit exterior debe tenerse en cuenta otro factor que cierra el círculo: el diferencial de inflación que año tras año se viene manteniendo con respecto al resto de países de la zona euro. Esa divergencia en la evolución de los precios no es en absoluto nueva para nosotros. Ha sido constante a lo largo de toda la vida económica española. Lo que ha variado en la situación actual es nuestra pertenencia a la Unión Europea y que el desequilibrio generado en los precios relativos frente al exterior no puede compensarse cada cierto tiempo, como se hacía anteriormente, con una devaluación. No hay manera de recuperar por tanto la competitividad perdida por el encarecimiento de nuestros productos en relación a los de los otros países. Aumentarán las importaciones y disminuirán las exportaciones, con lo que cada año se incrementará el déficit exterior. En los momentos presentes, el déficit por cuenta corriente ha alcanzado niveles jamás conocidos.
Las altas tasas de crecimiento de los últimos años se han conseguido mediante actividades de muy baja productividad y, en buena medida, gracias a la incorporación en ellas de mano de obra emigrante. De tales parámetros se han derivado dos consecuencias: la primera es que, al aumentar la población, la renta per cápita no ha tenido unos incrementos tan espectaculares como los que afectan a la renta global. La segunda consiste en una modificación de la distribución de la renta en contra de las remuneraciones de los trabajadores y a favor del excedente empresarial, con lo que los salarios no se han beneficiado del crecimiento económico e incluso han llegado a perder poder adquisitivo.
Analizando con objetividad la marcha de la economía en estos años, aun cuando haya que reconocer que existen datos muy positivos, no se puede cerrar los ojos a las debilidades del modelo y a las incertidumbres que amenazan el futuro. Resulta imposible pensar que la construcción iba a continuar creciendo al ritmo que lo estaba haciendo y tampoco el endeudamiento de las familias puede seguir aumentado indefinidamente, con lo que antes o después el crecimiento económico tiene que resentirse, tanto más si la aportación del sector exterior, como es probable que suceda, continúa siendo negativa.
Todo hacía prever que en un momento o en otro se produciría el cambio de coyuntura, tan pronto hubiese unos factores externos que colaborasen a ello. La crisis de los mercados financieros norteamericanos y su posible repercusión en Europa; la subida de los precios del petróleo y de los alimentos, ocasionados en este último caso por una mala política agrícola comunitaria; las actuaciones del Banco Central Europeo elevando los tipos de interés más de lo necesario y originando una revalorización excesiva del euro, son todos ellos factores que, aunque no pueden tomarse como causa de la hipotética crisis (la verdadera causa está en las debilidades del modelo económico que antes hemos señalado), sí pueden ser los detonantes que precipiten el cambio de coyuntura. Que se produzca o no, solo el tiempo lo dirá.
Juan Francisco Martín Seco es economista
