Juan Hdez. Vigueras
Analista político financiero
Ilustración de Jordi Duró
La presión europea para la suspensión del referéndum en Grecia incrementa la responsabilidad de la Unión sobre el problema griego, que hay que recordar que arrancó con las trampas de la banca financiera y el laissez faire de la Comisión, con la industria del armamento y la corrupción de altos funcionarios; y además por la carencia de un gobierno democrático europeo.
Los mismos trucos de Wall Street que alimentaron las hipotecas subprime precipitaron la crisis que sacude Grecia y socava a la UE al haber permitido ocultar su endeudamiento a sus socios europeos, como contó The New York Times en febrero de 2010, meses antes de que “los mercados” tomaran el mando. En noviembre de 2009, el banco de inversiones Goldman Sachs ofrecía sus servicios al recién elegido Gobierno socialdemócrata griego, que acababa de revelar la falsificación de los informes presentados por sus antecesores a Bruselas ocultando el incumplimiento de las reglas de Maastricht. Esta vez, el nuevo Gobierno dijo que no, pero ocho años atrás los gobiernos conservadores negociaron con Goldman Sachs –cuyo vicepresidente era entonces Mario Draghi, ahora presidente del Banco Central Europeo (BCE)– y JP Morgan la creación de “instrumentos financieros” destinados a engañar a Bruselas, camuflando como operaciones con divisas lo que eran simples préstamos. El mecanismo fue una modalidad de derivados de crédito que siguen sin tener regulación, los swaps o permutas de tipos de interés para la emisión de deuda griega en dólares y yenes, que se permutaba por deuda en euros durante un periodo para luego, en fecha posterior, ser intercambiada de nuevo a las divisas originales. Esas operaciones se contabilizaban como ventas en divisas cuando en realidad eran préstamos bancarios encubiertos. Y Grecia recibía una suma mucho mayor que el valor que tenían los bonos en el mercado del euro; por ejemplo, con 10.000 millones de dólares o yenes en bonos, gracias a Goldman Sachs, los griegos camuflaban un crédito adicional de hasta 1.000 millones.
Y ese crédito disfrazado de “swap de tipos de interés” no aparecía en las estadísticas europeas. ¿Por qué? Pues por el principio vigente en la UE de no interferir en los mercados financieros, de modo que no se controla todo lo que sean derivados de crédito ni Eurostat, la oficina de estadísticas europeas, lo tiene en cuenta. Y como la comercialización de estos productos se sigue realizando en mercados no regulados, fuera de las bolsas oficiales, no hay constancia oficial de esos acuerdos. Aunque Eurostat había informado a la Comisión de que Atenas había enmascarado durante años su déficit, en particular, ocultando que entre 1997 y 2003 el país había incrementado su endeudamiento con la compra de armamento por valor de 9.000 millones de euros, gracias a créditos bancarios internacionales.
En el verano de 2010, el eurodiputado de los verdes Daniel Cohn Bendit, pedía el desarme de Grecia y Turquía y denunciaba en el Parlamento europeo la venta de armas de Alemania a Grecia mientras la UE le estaba obligando a duros recortes presupuestarios. Desde marzo de ese año, diversas informaciones recogían comentarios en privado de funcionarios griegos sobre la presión de Berlín y París, que utilizaban la crisis para impulsar las negociaciones sobre la venta de armas y los pagos pendientes. Entretanto, Alemania aprobaba los 22.400 millones de euros, que eran su parte del plan europeo de rescate de las finanzas griegas; y aquellas negociaciones daban lugar a investigaciones de la Fiscalía de Munich por la posible corrupción de políticos griegos y directivos de empresas alemanas, según la RTV alemana Deutsche Welle. Dentro de un largo proceso, altos cargos de la Marina, expertos y funcionarios griegos negociaron con directivos de la constructora alemana de submarinos Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) y sus socios de Abu Dhabi Mar, cuándo y cómo pagaría Grecia los millones de euros adeudados por la compra de unos submarinos, además de decidir el futuro del astillero griego de Skaramanga; y una nueva compra de submarinos alemanes. Estas negociaciones llegaron a la opinión pública alemana y también a la griega, que explicaría la fuerte irritación ciudadana frente a los escandalosos recortes aprobados por el Gobierno.
Más aún, para ultimar el segundo rescate de Grecia con la aquiescencia de Alemania, en junio de 2011 el primer ministro griego Yorgos Papandreu designaba como ministro de Finanzas y viceprimer ministro a Evangelos Venizelos (ahora contrario al referéndum propuesto), que hasta ese momento era ministro de Defensa y conocedor a fondo de los contratos de compras de armamento. Aunque oficialmente el reajuste ministerial tenía como objetivo negociar y aprobar ayudas y más recortes del gasto público con Bruselas y el FMI, fue capaz de lograrlo junto a los acuerdos sobre armamento.
Y es que Grecia es el mayor comprador de armas de Europa y con el mayor ejército de los países de la OTAN en proporción a sus habitantes, que en la década última ha gastado 50.000 millones de euros en Defensa, traducidos en sustanciosas ganancias para las empresas suministradoras alemanas, francesas y estadounidenses. Y es obvio que los gobiernos alemán y francés están presionados por sus propios bancos, que como ya es sabido son los principales acreedores de Grecia, aunque se hayan ido desprendiendo de los bonos griegos en sus carteras.
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Analista político-financiero y miembro del Consejo Científico de Attac
Ilustración de Mikel Casal
No hace mucho, un ministro del Gobierno de Zapatero y dirigente del Partido Socialista sostenía que las elecciones generales no iban a resolver la crisis, como ha sucedido en Portugal y Reino Unido. Y desde luego, los nuevos gobiernos de signo opuesto a los anteriores no han evitado las duras medidas de ajuste fiscal y los recortes sociales. Pero lo más significativo es que no han variado el sentido y las razones de los ajustes, el discurso político, en suma. He ahí una muestra de que, en el complejo entorno actual, los problemas no se resuelven con el cambio de gestores sino con el cambio de políticas.
Frente a la crisis de la globalización neoliberal y del Eurogrupo, el fenómeno del sometimiento a los mercados financieros está alcanzando a los gobiernos de modo similar a como alcanzó a las grandes empresas hace años: como fenómeno económico y político. Nuestros gobernantes europeos de uno y otro signo han asumido abiertamente aquella afirmación de Margaret Thatcher de “no hay alternativa”; e incluso los gobernantes de la izquierda han optado por erigirse en gestores de los intereses de los mercados, a los que apelan para justificar medidas impresentables para sus votantes.
Desde que las empresas se convirtieron en conglomerados o grupos empresariales con proyección global, los ahorradores y las familias que solían ser los accionistas mayoritarios en los países más desarrollados fueron sustituidos por los grandes bancos y otras entidades inversoras como los nuevos propietarios que les daban nuevo rumbo bajo directivos de nuevo cuño. La gran banca, las firmas de capital riesgo, los fondos especulativos, etc., que dominan los consejos de administración, no solamente marcan los objetivos de los grupos empresariales que controlan financieramente, sino que han definido un nuevo modelo de gerente. Hasta no hace mucho, el director de la empresa solía ser un experto en el producto o la actividad que había dado vida a la empresa industrial o de servicios, conocedor del negocio e interesado por su explotación y por todos sus elementos. Pero, en las últimas décadas, las corporaciones controladas por las finanzas han impuesto el modelo de directivo “generalista”, un gestor profesional que ignora los detalles del negocio pero que gestiona cualquier tipo de empresa. Es el modelo de la empresa como “agencia” de los mercados financieros, analizado por economistas heterodoxos estadounidenses. Entre nosotros, hace tiempo que Telefónica dejó de estar dirigida por ingenieros para ser dirigida por gestores de sus finanzas que alzan cotizaciones con ERE.
De modo similar, los gobernantes que antes se regían por principios, ideas y valores de izquierda, ahora se muestran como “generalistas” capaces de administrar cualquier proyecto de Gobierno. Nuestros gobernantes han asumido los intereses de los mercados en sus manifestaciones públicas de tal modo que recuerdan el entusiasmo con el que los renovados gestores de las corporaciones asumían “la creación de valor para el accionista” (el incremento del valor de las acciones), como reflejan las memorias anuales de las multinacionales del Ibex-35. De ahí que los mercados estén imponiendo la salida de la crisis que más beneficia a sus intereses con el empobrecimiento de la ciudadanía.
Por ejemplo, para estos nuevos gestores exitosos de conglomerados empresariales, una filial o sociedad del grupo es sólo un activo líquido, del cual el grupo puede desprenderse en los mercados de capitales si no ha alcanzado determinados niveles de rentabilidad. Igualmente, para nuestros gestores políticos un organismo público determinado o incluso las centenarias cajas de ahorro son también activos líquidos cuyos fallos de gestión o de cuentas se resuelven con su venta, cualesquiera que fuesen los fines para los que surgieron o su razón de ser.
Quienes han analizado los procesos de financiarización de las corporaciones concluyen que los gerentes han de gestionarlas en favor de los nuevos propietarios o accionistas, sean los grandes bancos o los fondos; porque se les contrata no para que la empresa alcance nuevos horizontes y genere sustanciosos dividendos, sino para que logre creación de valor para los accionistas, consiguiendo la subida de la cotización de las acciones y estos, grandes ingresos con su venta en las bolsas. Y a un gerente se le cambia si, por el apego a la tecnología, a la rentabilidad o a la historia de la organización, no responde a aquellos objetivos de lucro financiero y no maximiza el valor bursátil de la empresa.
Así llegamos a la situación actual en la que los mercados contemplan a los gobernantes como gestores de sus intereses más que de los programas aprobados por los votos de sus electores. De ahí que, desde que la gestión gubernamental se desideologizó, los gobernantes resulten intercambiables para el votante, cualquiera que sea el partido al que representen. Y aunque no parece que este fuera el sentido de la afirmación del citado ministro, es cierto que los problemas de la crisis no se resuelven con el cambio de Gobierno sino con el cambio de políticas, dentro de España y en el horizonte europeo, donde se toman gran parte de las decisiones clave para la vida de los ciudadanos.
JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS
El 28 de noviembre de 2010, los ministros de finanzas del Eurogrupo y luego los de la UE, el Ecofin, aprobaron el plan de 85.000 millones de euros para la salvación financiera de Irlanda, de los cuales 35.000 millones van destinados a reflotar la banca irlandesa, que es la que ha hundido al Estado irlandés. Y, asimismo, dieron su bendición al programa gubernamental de ajuste brutal de los ingresos públicos por el que tanto habían presionado Bruselas y los gobiernos de la UE. Respetando los procedimientos burocráticos establecidos, está pendiente de su pertinente ratificación en la reunión de diciembre del Consejo Europeo y,
al mismo tiempo, manteniendo la incertidumbre para goce y disfrute de “los mercados”. Pero la cuestión clave en la Europa de hoy es saber adónde nos llevará esta dinámica desatada y alimentada por los actuales gobernantes de nuestra Unión y la tecnocracia de Bruselas. Nadie parece saberlo, aunque una cosa es cierta: el casino funciona a pleno rendimiento para los apostadores y la banca sigue ganando. Lo dicen cantidad de datos indiscutibles pero ocultos tras el montón de noticias de prensa insulsas aunque amedrentadoras para el ciudadano. Para entenderlas tenemos que recordar aquella idea genial de Naomi Klein de la doctrina del shock. Veamos un rosario de datos bancarios recientes.
El rescate financiero de Grecia acordado por la UE fue el rescate de los bancos alemanes y franceses que tenían en sus carteras de valores el mayor volumen de deuda griega.
Irlanda, víctima de la doctrina neoliberal, logró salvar a sus bancos, que habían creado la burbuja inmobiliaria y endeudado al país, incluso con la nacionalización del Anglo Irish Bank, sin cambiar su dirección ni su operativa (¡Esperanza Aguirre dice que el Gobierno irlandés se volvió socialista!). Pero el Gobierno irlandés, realmente, salvaba de forma temporal a los bancos acreedores británicos y continentales. Y ahora la ayuda financiera acordada por la UE significa el rescate de ciertos bancos acreedores europeos, incluidos los de Reino Unido. He ahí la explicación de la solidaridad europea mostrada esta vez por el Gobierno británico.
La opacidad de la banca europea sigue siendo clamorosa. Los tres bancos irlandeses habían superado en julio pasado los famosos test de estrés o pruebas de resistencia-solvencia organizados por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios, organismo tecnocrático dependiente de la Comisión. Un sucedáneo de una inexistente autoridad bancaria supranacional que controle las cuentas de los bancos europeos que operan internacionalmente (el BCE es solamente un banco emisor del euro, pero no supervisa los balances de los bancos de la zona euro).
La difícil situación económica y financiera de Portugal supone un fuerte riesgo de contagio para España o mejor deberían explicarnos que el contagio viene por “las alegrías” de la banca española, que tiene activos portugueses por valor de 89.000 millones de euros (Financial Times dixit).
Y se ha olvidado que el BCE ha venido salvando los apuros financieros de los bancos del Eurogrupo con su política de liquidez para que los bancos prosiguieran sus negocios financieros; y admitiéndoles como garantía sus activos conforme a la calificación de las tres agencias de evaluación crediticia (consideradas causantes de la crisis financiera internacional pero revigorizadas). ¿Por qué ultimamente el BCE practica esa política, opaca y mezquina, de comprar deuda de sólo aquellos países en situación de agobio frente a los mercados? ¿Por qué no practica la política abierta y transparente de compra de deuda pública como hacen el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EEUU?
Y, para colmo, dentro del llamado Fondo de Estabilización Financiera creado en mayo por la UE, su elemento básico se instrumenta como cualquier banca financiera según el modelo de financiación que llevó a la quiebra a tantos bancos, la European Financial Stability Facility. En julio, con el aval de los gobiernos de la UE, se creaba lo que en lenguaje de la comunidad bancaria se llama una SPV (Special Purpose Vehicle), una expresión que denomina una sociedad virtual como instrumento recaudador que emite títulos para venderlos en los mercados globales. Y esa sociedad financiera se ha constituido bajo la dirección del alemán Klaus
Regling conforme a la legislación de Luxemburgo y con domicilio en ese paraíso fiscal y financiero que sobrevive a todas las crisis. Pero estos títulos bursátiles han logrado el objetivo marcado por sus diseñadores, porque han conseguido la máxima calificación crediticia, la triple A de las tres famosas agencias de ratings (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch), lo que les hace más atractivos para los inversores. Es decir, el sistema sigue intacto: los que mandan en los mercados siguen siendo los mismos.
Y, por tanto, serán los mercados, financieros por supuesto, quienes proveerán de recursos a la
European Financial Stability Facility, denominación oficial del ente virtual, hasta los 440.000 millones de euros que tiene avalados y autorizados por el acuerdo del Consejo Europeo de 9 mayo de 2010.
Y así los mercados salvarán a los gobiernos europeos de los apuros en los que ellos mismos les están metiendo. Resultado de un proyecto europeo de mercado abierto sin Estado supranacional.
Juan Hernández Vigueras es miembro del comité de apoyo de Attac.
Ilustración de Gallardo
JUAN HDEZ. VIGUERAS
C
uando Obama se enteró de que las gratificaciones de 2009 en Wall Street iban a superar a las del año anterior a la crisis, exclamó: “O sea, que estos tíos se reservan unos bonus record porque ganan dinero y ganan dinero únicamente porque los hemos rescatado” (The Huffington Post, 29-08-10) Pero su reforma financiera firmada en julio se la habían aguado ya los Summers y los Rubin de su confianza y de la gran banca. Y ni tira la economía ni baja el desempleo. El futuro del Partido Demócrata es, pues, oscuro.
En julio pasado, el Financial Times titulaba un artículo: “Tres años después, los mercados son los dueños de nuevo”. Y el columnista recordaba las grandilocuentes promesas de los líderes “de la derecha, del centro y de la izquierda”, los bancos centrales y el FMI, que aseguraron que las finanzas estarían al servicio de la economía real y que se habían acabado el secreto bancario y los paraísos fiscales: “El capitalismo del laissez faire del Consenso de Washington había cumplido sus días”; eso parecía (FT, 28-07-10). Algo que algunos en la izquierda se creyeron.
¿Y la socialdemocracia europea? Todos bien, gracias.
Blair y su Tercera Vía, sin paz en Irak ni Palestina, se ha enriquecido. Y antes de irse preparó el terreno para la derecha y en sus memorias dice que la culpa fue de Brown. Y ahora el laborismo vira hacia la izquierda.
Y Schroeder, la ilusión del SPD alemán, con su “modernización” de recortes sociales preparó la tarea de la derecha, acordó con Putin y su oligarquía el oleoducto del Báltico y como premio le contrataron para el consorcio constructor con sede en Zoug (Suiza).
Y los Papandreu y demás socialdemócratas todavía en el poder, que también asumen la falacia del discurso de “los mercados”, aplican duros recortes salariales y sociales para saldar el déficit público. Se han creído que “no hay alternativa”, como afirmaba Margaret Thatcher, si no se acepta el dictamen de “los mercados”.
¿Y qué quieren los mercados (financieros) de los gobiernos europeos que decían que la crisis no la pagarían los de siempre?
Nos lo dicen los llamados “vigilantes de los bonos”, los fondos especulativos (escondite de sicav) de los Soros y Warren Buffet, los grandes fondos de pensiones estadounidenses y otras entidades inversoras, que amenazan con cargarse “a los políticos derrochadores”, según fuentes autorizadas (The Wall
Street Journal, 17-05-10). Reconocen que la crisis financiera ha trasladado la carga de las deudas de los bancos a los gobiernos, y eso alarma a los inversores de todo el planeta. Con apalancamiento y veloces plataformas electrónicas de negociación, estos compradores y vendedores de bonos “disparan primero, cabalgan y no miran atrás”. Su mensaje para los gobiernos es tajante: “Limpia tu casa fiscal o paga más a los tenedores de bonos por el dinero que necesitas”; lo que llaman “consolidación fiscal”, recortes de todo lo público.
Pero más grave aún es que los líderes de nuestra izquierda gobernante asumen ese discurso político, pese a lo que ha llovido desde que Thatcher marcó la ruta del “there is no alternative” porque dicen que Bruselas lo impuso en mayo pasado, sin más explicaciones.
Sin embargo, hay muchas alternativas económicas y muchas más políticas dentro de los parámetros internacionales del momento. Claro está: si se aprovecha la oportunidad para rectificar dada por la huelga general última. Ejemplos: recuperar el impuesto sobre el patrimonio (perdimos 1.800 millones en 2009); más que congelación de pensiones, acabar con el escándalo de las prejubilaciones a costa de la Seguridad Social; cortar las prácticas empresariales contrarias al Estatuto de los Trabajadores que fueron la liberación de la etapa Aznar sin tocar la legislación; combatir de verdad el fraude y la evasión fiscal y las filiales ficticias en paraísos fiscales; cumplir el programa aprobado por los diputados de PSOE y PP para la presidencia europea de España, etc.
Sin los “beneficios” del despido abaratado y sin congelar aún las pensiones, etc., ya ha disminuido significativamente el déficit público. En septiembre lo reconocía el Financial Times en un artículo titulado “La subasta de bonos confirma la fe de los inversores en España” (FT, 16-09-2010) argumentando el aumento de la confianza de los inversores a raíz del plan de austeridad y de reducción de costes “de los más duros de toda la Unión Europea”. Días después, el FT decía que “ahora es el momento de poner buena cara”, porque “los problemas de España no son los de Grecia (deudas) o Irlanda (bancos)”; que ha disminuido la prima de riesgo sobre los bonos a 10 años exigida por los inversores; pero que quizás “los mercados” exijan medidas más duras y más comprometidas políticamente (Ft.com, 29-09-10).
Ciertamente, los “mercados” propugnan la política que apuntaba ya aquella humorada de “la bajada de impuestos es de izquierdas” y que ha aflorado desde mayo. Pero la huelga general ha mostrado que a los votantes de izquierdas sólo les interesa el Gobierno si hace política de izquierdas; por eso, las salidas post huelga serán políticas de un signo o de otro. La coyuntura y el marco europeo de hoy dejan margen para una salida por la izquierda. Aunque los políticos tengan que cambiar a sus economistas para que sus votantes no los cambien a ellos.
Juan Hdez Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac
Ilustración de Miguel Ordóñez
JUAN HDEZ. VIGUERAS
La disyuntiva no tendría justificación si por mercados entendiéramos todos los que integran la economía de un país, desde el de la vivienda o los automóviles hasta el de las patatas o el vino; porque no hay democracia sin todos estos mercados reales que crean riqueza y empleo.
Pero hoy sabemos que cuando nos hablan de los mercados para justificar recortes salariales o sociales, nos están hablando de las Bolsas y de la banca financiera, de los llamados inversores, a los cuales tienen que acudir los gobiernos para obtener los préstamos necesarios para cubrir el déficit de ingresos públicos provocado por las ayudas a esos bancos y a una economía destrozada por la crisis de esos mismos mercados.
Y lo más curioso es que muchos inversores, si a finales de 2009 hubieran escrito una carta a los Reyes Magos, les habrían pedido beneficios crecientes y tipos de interés muy bajos; justo unos deseos que han sido colmados, como afirma The Economist en su último número. A lo que podríamos añadir que los bancos han logrado igualmente un tercer deseo: gobernar de facto a los países y sin riesgo político, obligando a los gobiernos europeos a ejecutar recortes del gasto público muy alejados de los programas por los que fueron elegidos en las urnas.
Porque nos encontramos con que los rescatadores son rehenes de los rescatados. Los gobiernos europeos rescataron a la banca y a los mercados con el dinero de los contribuyentes, y se están sometiendo a los dictados de esos mercados. A eso los expertos de guardia le llaman “el problema de los bonos soberanos”, la incertidumbre sobre la rentabilidad de los préstamos a los gobiernos del Eurogrupo que ha creado una crisis del euro. Un asunto elevado al nivel de riesgo sistémico para
Wall Street y para Washington, que lo equipara al actual riesgo geopolítico (que Corea del Norte la líe con la del Sur).
Pero la realidad que se oculta es que, si los inversores internacionales presionan al Eurogrupo, es porque los impagos de Grecia o de otro país miembro podrían provocar una crisis grave de la banca europea, que es la mayor acreedora (Financial Times, 27-05-2010). Por otra parte, el endeudamiento exterior de país engloba el sobreendeudamiento del sector privado, de bancos y grupos empresariales con el exterior, como es el caso de España. Porque, conforme al acuerdo político del Consejo europeo de octubre 2008, para salir de la crisis bancaria originada fuera de Europa, los gobiernos del euro decidieron no solamente rescatar bancos para evitar su quiebra, sino avalar su endeudamiento, algo que les trajo buenos negocios. Y ahora los bonos gubernamentales y los bonos y empréstitos privados del exterior, que están garantizados por los gobiernos, cuentan para el llamado “riesgo-país”, que evalúan las resucitadas tres agencias privadas de calificación de riesgos crediticios.
Y al mismo tiempo los inversores siguen apostando por la falta de liderazgo y de voluntad política comunitaria, que se ha puesto de relieve con la demora para comprometer los préstamos bilaterales que ayuden a Grecia. Una clara muestra de la desunión e insolidaridad del Eurogrupo, además de su desnudez al carecer de supervisión bancaria comunitaria para operaciones transnacionales (el Banco de España solo tiene competencia hasta las fronteras) y, sobre todo, de un gobierno que controle las economías, recurriendo en cada momento a los acuerdos políticos intergubernamentales. Para colmo, la mayor paradoja es que el fondo acordado de 750.000 millones es sólo un mecanismo común para defender la estabilidad del euro, pero obteniendo el dinero de los propios mercados. Y el que paga, manda.
Por tanto, los interrogantes abiertos son serios y graves. ¿Puede sobrevivir un Eurogrupo basado en la plena libertad de las operaciones extracomunitarias del capital sin fiscalidad compartida y sin gobierno controlado democráticamente? ¿Puede el euro apoyarse únicamente en un simple pacto que limita el déficit público al 3% y el endeudamiento al 60% del PIB? ¿Puede seguir siendo el Eurogrupo una mera zona monetaria por más tiempo?
Porque frente a la crisis financiera llegada del exterior, antes y después del fracasado Tratado de Lisboa, tanto la UE como el Eurogrupo han carecido de un proyecto para corregir la competencia fiscal y la desregulación bancaria y financiera a nivel comunitario, donde nadie controla las transacciones extracomunitarias de los bancos. Y en el plano mundial, la pretendida regulación financiera ha fracasado hasta el momento. El martes 25 mayo en Madrid, el director de mercados financieros del Fondo Monetario Internacional, el español José Viñals, anunció que para la cumbre del G-20 de junio en Canadá no se esperan acuerdos, pero que en el club de Basilea –el auténtico gobierno mundial de la banca– estaba todo muy avanzado para que se formalicen algunos acuerdos en la reunión de noviembre en Corea del Sur, que no cambiarán un ápice el paradigma neoliberal en vigor.
Por todo ello se comprende que, sin advertir a sus socios europeos, el martes 18 mayo Alemania adoptara la decisión unilateral de atacar la especulación financiera, un hecho significativo que alumbra la esperanza de decisiones que saquen a la UE del atolladero en que se encuentra. Frente a la crítica por ignorar los informes de los grandes bancos, el ministro de Hacienda alemán, Schaüble, respondía que “si se quiere desecar una ciénaga, no se les pide a las ranas la opinión objetiva”. Y ese es el camino para superar la crisis actual; porque el dilema político al que se enfrentan los gobernantes en la Europa de hoy es mercados o democracia.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac
Ilustración de Patrick Thomas
JUAN HDEZ. VIGUERAS
El pasado 28 abril, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitaron a la canciller alemana Angela Merkel y, con su ministro de Economía, Wolfgang Schaüble, se reunieron en el Parlamento con otros líderes para vencer sus reticencias sobre la imprescindible ayuda germana para el rescate de las finanzas griegas y para la defensa del euro. Entre tantas noticias sobre Grecia, esta insólita visita de ambos tecnócratas revela, ante todo, el decisivo papel político jugado por Trichet.
Para comenzar, recordemos que el BCE es el banco central más independiente del mundo, asentado sobre un tratado internacional y prácticamente responsable, si acaso, ante Dios y ante la historia. De ahí que se le culpe de su contribución a esta preocupante situación europea, entre otras cosas por la presión que hizo sobre los gobiernos del eurogrupo para que rescataran y avalaran a los bancos tras el estallido de la crisis financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas (The New York Times, “Can Europe Save Itself?”, 29-04-2010).
Asimismo, hay que destacar que para los gobiernos que gestionaron sus economías con rigor –como en el caso de España–, es la falta de armonización fiscal europea entre los propios socios la que agrava la necesidad de cubrir con endeudamiento el déficit presupuestario sobrevenido con la crisis. Y es el propio funcionamiento del banco emisor del euro el que dificulta la financiación de los gobiernos, al convertir los bonos del Tesoro Público que adquieren los bancos de la eurozona en un mecanismo para que estos puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar créditos a las economías.
Ese mecanismo resulta simple de entender si traducimos la terminología al uso. Los bancos utilizan la deuda de los estados para lograr liquidez mediante las operaciones de repo del BCE: préstamos de euros con entrega como garantía de un paquete de valores que el banco se compromete a recomprar al devolver el préstamo. Esto no trae más créditos, pero los bancos hacen un negocio claro y limpio: mientras el BCE les carga un 1% por los euros frescos, ellos pueden sacarles un interés del 5% o más, como vemos en las cotizaciones alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia y otros países europeos. Esta facilidad para acceder al crédito, que pudo justificarse al comienzo de la crisis financiera cuando sufrían restricciones del crédito, los bancos suelen utilizarla para la especulación en esos mercados bursátiles tan respetados. Y así tenemos que son los bancos alemanes y franceses los que tienen bonos griegos en mayor cuantía e, incluso, se sospecha que esos bancos serán los primeros beneficiarios del rescate griego al que se acompaña de un duro ajuste a costa de los asalariados.
Según algunas fuentes anglosajonas, los bancos españoles pidieron prestados 63.000 millones de euros al BCE a través de los mecanismos de repo en diciembre de 2007. Y, por esas mismas fechas, los bancos españoles crearon masivamente valores bursátiles que no tenían mercado, con el único fin de depositarlos en el Banco de Fráncfort, después de que este hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez bancaria. Todo un rescate del sector bancario español orquestado por el BCE sin autorización de ningún Gobierno, puesto que sus estatutos no se lo exigen. Y esos mismos bancos que habían vendido créditos caros con muchas facilidades culpan ahora a los clientes morosos hipotecados.
Más aún, para estas operaciones de repo, el BCE valora los bonos o títulos de deuda pública según la calificación que tres firmas privadas estadounidenses de rating otorgan a la solvencia de los estados del eurogrupo. Lo más grave es que a esa actividad privada, que enjuicia por anticipado la capacidad futura de pago de un país del euro, el BCE le da carácter oficial. Por un lado, prejuzgan los resultados de la política económica de los gobiernos y los coarta; por otro, esas calificaciones alimentan el casino financiero y encarecen el endeudamiento público para salir de la crisis. Como subraya un experto del sector, esa dependencia del BCE de las agencias de rating para los bonos soberanos es como poner en manos de un tercer país el control de sus ingenios nucleares (Financial Times, 24-03-2010). Pero no debe de verlo así el gobernador del Banco de España, que es miembro del Consejo de Gobierno del BCE y prefiere presionar para despidos baratos.
De ahí que, a la vista del éxito de Trichet y Strauss-Kahn al convencer al Parlamento alemán, deberíamos prestar mayor atención al desgobierno del eurogrupo y al nuevo protagonismo europeo del FMI. Desde luego, es obvio que el problema no estriba en que los gobiernos busquen “tranquilizar a los mercados”, sino en controlar por vía democrática unas instituciones europeas que los potencian. Para Grecia, está claro que los especuladores y el entramado institucional europeo aliados al FMI han dejado sin valor las elecciones democráticas de octubre de 2009, arrojando a la papelera el programa de progreso del Gobierno elegido. Y en esta complicada coyuntura, está claro que ese predominio otorgado a los mercados financieros empobrecerá a los griegos y es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de bienestar en los países del eurogrupo.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Iker Ayestaran
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Hace justo un año, el 2 de abril de 2009, tenía lugar en Londres la tercera cumbre del G-20 para remediar la crisis. Al día siguiente, toda la prensa recogía las declaraciones de los gobernantes diciendo solemnemente que el secreto bancario se había acabado; era un reconocimiento público del papel decisivo jugado por los paraísos fiscales en el colapso financiero. Pero en el comunicado oficial, aquella frase era una mera declaración de intenciones, huérfana de medidas concretas para acabar de verdad con la opacidad de las operaciones transnacionales de la banca y las finanzas.
Con el respaldo del G-20, la máxima autoridad en la materia, la OCDE, publicaba una “hojita” (así la ha calificado su secretario general) pomposamente denominada “informe de progreso” que recogía una cuádruple lista de jurisdicciones fiscales para disimular una nueva relación oficial de “paraísos fiscales” que dejaba fuera a las Islas de Man y de Jersey, sin precisar el criterio aplicado. Y las ediciones posteriores la han ido reduciendo hasta dejarla con 12 micropaíses a fecha 24 de marzo de 2010; y excluyendo de esa relación oficial a Las Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco o Andorra, aunque sigan asociados al blanqueo de capitales y al fraude fiscal y conserven intacto el atractivo de su secreto bancario.
Paradójicamente, aquellas rotundas declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales ocultaban el abandono de la definición clara que establecía el proyecto multilateral de la OCDE del año 2000, aunque también era incompleta aquella primera lista de países y territorios así catalogados; un programa que no había logrado el objetivo de suprimirlos por la oposición de los neoconservadores del presidente Bush. El G-20 en Londres respaldó el nuevo criterio definitorio de la OCDE que “legalmente” vaciaba de contenido la expresión “paraíso fiscal”, reduciendo la cuestión al cumplimiento por las jurisdicciones, países y territorios autónomos de los llamados “estándares fiscales internacionales”, una expresión que esconde una simple regla para dejar de ser considerado como tal: basta la firma de doce convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria a petición de parte. El modelo de convenio que se suscribe no obliga a suprimir el secreto bancario ni a modificar la legislación propia, y solamente obliga a dar esa información cuando lo pide la otra parte justificadamente, es decir, no automáticamente sino a solicitud de un juez o en una investigación oficial.
Días antes de ese acuerdo del G-20,
Suiza había captado su alcance. En nombre de la Presidencia Federal Helvética, el ministro de Finanzas, Hans Rudolf Merz, hacía una breve declaración oficial asegurando que el Gobierno había decidido adoptar plenamente el estándar de la
OCDE “para la asistencia administrativa en materia tributaria”; aseguraba que el Gobierno permitiría el intercambio de información con otros países en casos individuales en los que se plantearan requerimientos justificados. Pero como había “algunas dudas entre el público en general sobre lo que esto significa y a menudo oímos que se pregunta si el secreto bancario se abolirá”, declaraba tajantemente que “el Gobierno sigue plenamente comprometido con el secreto bancario. El secreto bancario es un aspecto de una adecuada protección de nuestro temor particular y está inserto sólidamente en nuestro sistema bancario y goza de salvaguardias en nuestra Constitución y en numerosas leyes. Esta protección continúa para todos los contribuyentes residentes en Suiza. La ley no se modificará. Las autoridades fiscales suizas todavía no tienen acceso a los datos de los clientes. No habrá fisgoneo en las cuentas suizas”.
Por si quedaban dudas, a comienzos de 2010 el Tribunal Administrativo Federal de Suiza declaraba que el secreto bancario había sido violado por la Autoridad de Supervisión Financiera, FINMA, abusando de su poder al ordenar al banco USB que suministrara a EEUU información sobre 225 clientes defraudadores, en aplicación del acuerdo político alcanzado para poner fin al litigio con el fisco estadounidense y desencadenado en 2008 por una investigación del Senado. Había fracasado la presión diplomática exterior.
Por tanto, ante esta “regulación” internacional, la lucha de verdad contra los paraísos fiscales en Europa tiene que plantear la revisión de la política de la Unión, que mantiene convenios de libre comercio y el libre movimiento de fondos con todos esos microestados de su entorno, a pesar de que son notorios refugios del dinero de la evasión fiscal y de los negocios sucios de la droga y de la corrupción política o corporativa. Y en el plano interno, está clara la inoperancia de las declaraciones nominalistas, parlamentarias o gubernamentales, contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas efectivas contra las prácticas bancarias. Por ejemplo, requiriendo una mayor información ordinaria sobre la banca e incluso la supresión de las filiales y entidades de bancos y cajas de ahorro y de los grupos empresariales en Jersey, las Caimán y demás territorios, donde carecen de actividad comercial local y son meras sociedades instrumentales para planificar el fraude fiscal en España, el refugio de los millones de la corrupción o el blanqueo del dinero sucio. Una petición documentada que hicimos en 2005 los grupos de Attac en España al Ministerio de Economía y Hacienda con el aval de 4.000 firmas. Eso sí serían medidas eficaces para superar el déficit presupuestario actual.
Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho. Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’
Ilustración de Alberto Aragón
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Grecia y la recesión económica de origen financiero están dejando en entredicho la capacidad de la Unión Europea y de los propios gobiernos para afrontarla. La situación mundial es frágil porque continúa la crisis del sistema bancario globalizado, que es estructural como se ha afirmado repetidamente en el reciente Foro de Davos, donde los banqueros han dejado ver su oposición a las reformas anunciadas por el G-20 y reafirmadas por Obama.
Desde luego, esta crisis ha revelado claramente las carencias de la Unión y, en particular, del Eurogrupo; empeñados en que sea únicamente la zona del euro con reglas imposibles y un Banco Central que no controla las cuentas de los bancos nacionales, aunque les presta dinero. Al no tener una autoridad política común ni mecanismos para instrumentar soluciones para la crisis, se tuvo que recurrir a los acuerdos políticos en el Consejo europeo, que la desinformación reinante los adornaba como éxito institucional. Pero la aplicación de las modificaciones del Tratado de Lisboa ha puesto en claro que no hay nada previsto para prevenir el riesgo de suspensión de pagos de un Estado miembro al que se ha privado de sus anteriores competencias. Y el reciente intento en Bruselas para acordar una ayuda a Grecia se ha quedado en simple declaración de apoyo, traducido en la imposición de ajustes presupuestarios y recortes de derechos sociales; es decir, la vieja receta neoliberal, con el inri de que Reino Unido y Suecia, que no tienen euro, preferían que acudiera al FMI, como habría tenido que hacer cualquier otro país con moneda propia. ¿Dónde queda, pues, la Unión?
Recordemos que, salvado el desconcierto del primer año de crisis, el debate europeo se planteaba sobre si habría o no decoupling (desconexión de la crisis destapada en Wall Street), olvidando que la UE carece de controles europeos frente a las idas y venidas del capital o las operaciones internacionales de los bancos europeos; que habían acopiado en sus carteras valores respaldados por las famosas hipotecas subprime, sin garantías, ingeniadas en EEUU. Y así, Reino Unido, Alemania y el Benelux se vieron obligados al rescate de bancos grandes y menos grandes a costa del contribuyente. Luego, en noviembre de 2008, otro acuerdo político de mera coordinación europea dejó en manos de los gobiernos las opciones de bajada de impuestos o aumento del gasto para estimular la economía. Pero ahora ha quedado muy clarito que la disposición comunitaria para ayudar a la banca no se aplica cuando se trata de ayudar al recién estrenado Gobierno socialdemócrata griego, al que se le obliga a resolver por sí mismo los problemas en el marco de limitaciones impuestas por una Europa incapaz de cooperar para superar la vulnerabilidad que ella misma entraña para sus miembros.
Y la paradoja es que, después de haber contribuido a salvar el sistema, los gobiernos europeos se encuentran políticamente debilitados para afrontar la insuficiencia del crédito y la disminución acusada de la actividad económica con cierres de empresas y elevado nivel de paro, con el consiguiente déficit fiscal; las diferencias intraeuropeas son de grado. Pero los gobiernos afrontan la fragilidad de sus economías y sus finanzas sin haber rentabilizado políticamente el decisivo apoyo prestado a la banca. E incluso, como es evidente en Reino Unido (igual que en EEUU), el sistema bancario se mantiene sostenido por los contribuyentes sin las reformas anunciadas para una mayor transparencia y control. Y hay que recordar que las privatizaciones de empresas y bancas estatales que demandaba el fundamentalismo neoliberal –como ocurrió en España– hicieron que el 90% de los ingresos públicos de los estados europeos provengan sólo de los impuestos, teniendo que cubrir con deuda externa los altibajos de esos ingresos en función de la coyuntura económica; es decir, son dependientes de los “mercados”, eufemismo mediático para designar el poder financiero de la banca. Grecia es todo un paradigma del resultado de una Europa inspirada por el neoliberalismo insertado en los últimos tratados.
La Unión no está dotada de instituciones comunes propias para afrontar la crisis; y como parte del Eurogrupo, el Gobierno griego –que no puede restringir su comercio exterior, ni controlar los movimientos de fondos, ni devaluar su euro, ni tampoco recibir préstamos del FMI, que pondría condiciones monetarias que no dependen de Atenas– se ve obligado a endeudarse para cubrir el déficit fiscal acumulado. Y ahora se encuentra condicionado por esa dependencia de los “inversores” foráneos, de fondos especulativos que revolotean por el mundo en busca de altas rentabilidades bajo la opacidad de las finanzas globales, porque la Unión se define en sus documentos como un simple “espacio financiero europeo”. Y las apuestas “inversoras” oscilan con los simples comentarios de las agencias privadas de calificación crediticia o si barruntan que Alemania nunca dejará que Grecia llegue a ser la Argentina de 2001, ya que una buena parte de la deuda pública griega está en manos de aseguradoras y bancos alemanes. Pero la profunda raíz del problema europeo ya fue denunciada en carta de mayo de 2008 dirigida a Barroso como presidente de la comisión, que firmaban Jacques Delors y otro antiguo presidente de esa comisión más 12 ex líderes de la socialdemocracia europea, antiguos ministros de finanzas o jefes de gobiernos como Helmut Schmidt y Lionel Jospin, quienes, con la experiencia de sus errores ya históricos, resumen su pensamiento en una frase del texto: “¡Los mercados financieros no nos pueden gobernar!”.
Juan Hdez. Vigueras es autor, entre otros libros, de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Juan Ossorio
Juan Hdez. Vigueras
Hace días anunciaba Financial Times que las filiales en Europa de Lehman Brothers Holdings Inc. presentarán una serie de demandas reclamando unos 100.000 millones de dólares a esa sociedad de cartera matriz a la que están vinculadas y que quebró hace un año. Es una de tantas complejas derivaciones de una quiebra bancaria sobre la que últimamente predomina la opinión de que fue un fallo político del Gobierno Bush y de Bernanke, el presidente del Banco Central (la Reserva Federal o Fed), porque dejaron caer a este banco global sin ofrecerle la ayuda que antes habían prestado al Bear Stearns y luego a Citigroup y a tantos otros. El caso es ya una referencia histórica, porque para una vez que los neoliberales intentaron ser consecuentes con su fe en la capacidad autorreguladora del mercado, se tambaleó el sistema financiero globalizado, dejando claro que no funciona sin el apoyo de los contribuyentes.
La bancarrota del entonces cuarto banco de inversiones pesa como una losa sobre los debates del G-20, como reflejan los dos documentos aprobados por los ministros de Finanzas en Londres el pasado 5 de septiembre. Olvidado aquello de refundar el capitalismo, la preocupación dominante se ha centrado sobre medidas concretas que impidan otro derrumbe de los bancos globales, demasiado grandes para dejarlos que fracasen (el “too big to fail” de los anglófonos) porque, cuando se les deja caer, tiembla todo el sistema mundial. Es decir, intentan sentar las bases para que, superada la larga crisis actual, el sistema financiero vuelva a funcionar con normalidad sin abandonar el paradigma neoliberal. Pero las discrepancias encubiertas van más allá del tema de las retribuciones variables de los altos directivos de la banca (los bonus), que algunos querrían que jugara como otra cortina de humo, del mismo modo que se utilizó el asunto de los paraísos fiscales con éxito mediático para la pasada cumbre de abril. Para entender las discusiones en la cumbre, hay que recordar que Lehman Brothers se declaraba legalmente en quiebra un lunes 15 de septiembre con un pasivo de 613.000 millones de dólares frente a unos activos teóricamente valorados en 639.000; una quiebra diez veces mayor a la de Enron Corporation en 2001. Sin embargo, para comprender la trascendencia sistémica del caso, hay que tener en cuenta que el terremoto que siguió demostró que ni Bernanke ni nadie en el Gobierno de Bush tenían idea de la compleja dimensión de este banco de negocios, revelada luego por la firma encargada de investigarla por orden del juez neoyorquino competente.
En febrero de 2009, la firma Álvarez & Marsal presentó un informe con el plan de actuaciones (denominado International Protocol Proposal) a partir de la situación en que se encontraba Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, que la define literalmente como “caos”. Entre otros rasgos, destacamos sólo dos: “La pérdida de los sistemas contables” y “la inexistencia de inventarios de activos”; aunque utilizaba más de 2.700 aplicaciones informáticas diferentes. Algo así como si en una gigantesca inmobiliaria en quiebra no se tuvieran a mano las relaciones de pisos vendidos y de los que están sin vender. Y los datos aportados explican qué se nos quiere decir cuando las autoridades estadounidenses reconocen que hubo fallos en la supervisión bancaria. Para escapar a la contabilidad oficial supervisada por la Reserva Federal y las autoridades, como en otros casos de rescates bancarios que hemos analizado, en Lehman Brothers se gestionaba una banca paralela a la oficial, en la sombra, a través de la cual se obtenían fondos y se especulaba con valores innovadores, entre ellos los respaldados por las famosas hipotecas subprime, sin garantías; todo para protegerse frente a los riesgos al mismo tiempo que para dispersar estos de sus transacciones, apoyadas en entidades opacas en centros off-shore conocidos como paraísos fiscales. Lehman Brothers operaba como una firma global en más de 40 países con más de 650 entidades legales fuera de Estados Unidos, incluidas las filiales en lugares como Las Caimán, Bermudas, Suiza, Hong Kong o Singapur, según el citado informe.
De ahí que el G-20 intente que los bancos recauden más capital para lograr mayores niveles de solvencia una vez superada la crisis y además que se obligue a los grandes bancos para que dispongan siempre de un plan propio de decisiones finales (“resolution plan”, dice Geitner, Secretario del Tesoro estadounidense) o “testamento vital”, como lo llaman los británicos. Este plan para el caso de quiebra de un gran banco permitiría su disolución y liquidación ordenadas con el fin de tener un control de los riesgos que pudieran derivarse para el sistema financiero global. Y este nuevo concepto se ha reflejado en las medidas acordadas por los ministros de Finanzas, que tienen que ser ratificadas en la próxima cumbre de Pittsburg. Desde luego, a nuestro juicio, la exigencia de que los bancos globales “hagan testamento” podría tener consecuencias letales para el papel opaco que los llamados paraísos fiscales desempeñan en las finanzas mundiales. Porque conllevaría un permanente inventario de activos y entidades vinculadas para el caso de disolución de una entidad compleja, lo cual podría romper la opacidad con que funcionan los grandes bancos. Sin embargo, hay quien subraya que la cosa habría sido más fácil hace seis meses, cuando la gran banca estaba políticamente en la cuerda floja; pero recuperados ya del shock de Lehman Brothers, parece más difícil que sobreviva esta idea de hacer testamento en vida.
Juan Hdez. Vigueras es Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’
Ilustración de Jordi Duró
JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS
La pasada reunión en Berlín de siete países europeos, incluida España, para preparar la próxima cumbre del G-20 en Londres apunta, lo mismo que los anteriores acuerdos de Washington, hacia la transparencia financiera; pero la cruda realidad es que no plantean explícitamente la supresión de los centros offshore o paraísos fiscales, cuya desaparición antes de 2006 preveía la OCDE en su fracasado proyecto. Porque, más allá de la nula o baja fiscalidad, constituyen un sector de los mercados financieros globales, con la ventaja competitiva de la opacidad, y forman parte de la banca en la sombra que los gobiernos han respetado al concederles ayudas y avales a los bancos en dificultades.
Y es que la supresión de los paraísos fiscales requerirá tocar la libertad de los movimientos de capitales y otros aspectos del actual orden internacional. Eso se vio claramente en febrero de 2008 en el debate de la Cámara de los Comunes británica sobre si la nacionalización del Northern Rock Bank abarcaba o no también a la entidad Granite, domiciliada en la isla de Jersey y ligada al banco, pero propiedad de un fideicomiso benéfico registrado en otro paraíso fiscal. Esta empresa se había empleado para la emisión de bonos respaldados por el banco hasta que estalló la crisis en el verano de 2007 y quebró el negocio porque ya no podía refinanciar los préstamos.
El neoliberalismo aún dominante niega el papel de los mecanismos offshore en la crisis financiera, que ya se reveló en verano de 2007 con la quiebra de los dos fondos de alto riesgo o hedge funds del entonces quinto banco de inversiones, Bear Stearns. Dichos fondos estaban registrados en las Islas Caimán como simples letterbox companies (buzones de correos), a los cuales se les concedían préstamos apalancados, es decir, con un endeudamiento superior a su capital, para que especularan con valores respaldados por hipotecas subprimes. Operativas similares fueron utilizadas por los Landenbanken –los bancos regionales alemanes rescatados luego con dinero público–, por el franco belga Dexia, el conglomerado asegurador AIG de EEUU y los hedge funds de Madoff (véase www.laeuropaopacadelasfinanzas.com).
Los llamados paraísos fiscales son parte del denominado shadow banking system (sistema bancario en la sombra), como se denomina a un sector subalterno de la gran banca surgido para atraer a los grandes inversores con los fondos de alto riesgo y los instrumentos estructurados (ABS, SIV, etc.). La llamada “ingeniería financiera” desarrolló la titulización o conversión de créditos/deudas en activos financieros comercializables en los mercados mundiales, gracias a la libertad de los movimientos internacionales de capitales con escasa supervisión. Como en noviembre de 2007 denunciaba el fundador de la firma financiera estadounidense Pimco,
Bill Gross, ese sistema bancario desregulado y oculto era “libre para crear mágica y místicamente préstamos hipotecarios subprime y luego empaquetar en una caterva de conductos (conduits) de tres letras que únicamente podían explicar los magos de Wall Street”.
En la larga etapa de crecimiento económico y finanzas globalizadas, esta operativa paralela permitía, en primer lugar, desvincular del banco matriz la propiedad de los activos financieros negociados mediante vehículos en los paraísos fiscales offshore. Así se gestionaba toda clase de operaciones opacas fuera de la contabilidad oficial de la banca con el fin de sortear la supervisión de los bancos centrales, con el catastrófico resultado final.
En segundo lugar, se diseminan los riesgos en las operaciones de compraventa de activos financieros encadenando transacciones que pasan por diversos centros offshore; facilitadas por el espacio financiero europeo sin fronteras para los fondos y sin supervisor comunitario. De modo que los impagos de deudas hipotecarias en Michigan, convertidas en títulos adquiridos por otros bancos, se convirtieron en pérdidas para ahorradores españoles.
En tercer lugar, para las grandes operaciones se practica, desde entidades en paraísos fiscales offshore, el denominado arbitraje regulatorio o legislativo, que designa la posibilidad de optar o de combinar diferencias entre las diversas legislaciones nacionales o jurisdiccionales, tanto en fiscalidad como en la regulación y el grado de control y supervisión financiera.
La banca en la sombra, responsable de la especulación y de las burbujas financieras e inmobiliarias en los años anteriores a la crisis, según los analistas críticos, habría producido la mitad del nuevo crédito generado en los EEUU; y la financiación de esos instrumentos innovadores ligados a centros offshore, que obtenían efectivo barato a corto plazo, alcanzaba el pico de los 1,2 billones de dólares en el verano de 2007, mientras que en años anteriores había oscilado entre los 600 y los 700.000 millones (Financial Times, 16-12-2007).
Obviamente, la crisis financiera produjo el progresivo desmantelamiento parcial de esa operativa bancaria offshore, reflejado en la contabilidad de los bancos matrices con pérdidas millonarias y reduciendo al mismo tiempo su volumen. Pero sin llegar a la desaparición de sus instrumentos bancarios opacos, porque ni las nacionalizaciones sui géneris ni las ayudas ni avales de los gobiernos de la Unión Europea han exigido a la banca la supresión de filiales y sociedades instrumentales en paraísos fiscales –como solicitó Attac-España al Gobierno en 2005– y que el G-20 tendrá que abordar en serio para superar la crisis del sistema.
Juan Hdez. Vigueras es Autor de ‘La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales ‘offshore’.
Ilustración de Mikel Jaso
