MIGUEL ÁNGEL LORENTE
JUAN RAMÓN CAPELLA
Una gran masa de dinero mundial está en manos muertas. Unas manos dedicadas a especular con las deudas públicas, con los precios de mercancías futuras, con títulos bursátiles cuya sustancia no les importa, cuando no a jugarse billones en la evolución de los precios de entes reales o jurídicos sin poseer ningún título de propiedad, siquiera transitorio, sobre ellos. No se trata, en puridad, de mercados financieros, sino de juegos de apuestas que generan inestabilidad económica y, sobre todo, pobreza. Esa especulación enriquece a las manos muertas al tiempo que empobrece los bienes públicos creados por el trabajo de generaciones, incrementa las deudas públicas y destruye no sólo los empleos sino las posibilidades de crearlos.
Es necesario desamortizar, acabar con las manos muertas de la especulación. Canalizar el dinero hacia inversiones productivas. He aquí algunas sugerencias:
Es preciso limitar la especulación en el mercado de capitales. Para ello hay que determinar que se compre y se venda en ese mercado con plazos determinados. No se debe permitir que en un mismo día se realicen varias operaciones sobre títulos que representan el capital de una empresa, o sus deudas a medio y largo plazo, o se vendan y se recompren varias veces en el mismo día títulos de deuda pública con vencimiento aplazado. Esas operaciones especulativas generan movimientos bursátiles que pagan incluso quienes no operan en bolsa. Porque los altibajos de las expectativas económicas se traducen en empleos y ajustes y en el alza de las primas de riesgo de la deuda pública. Una nueva regulación debe gravar fortísimamente los beneficios de ese tipo de operaciones intradía o simplemente prohibirlas.
A un capitalismo menos destemplado le convendría que los mercados fueran “mercados de capitales”, no agrupaciones especulativas. La invención de las sociedades anónimas y de las bolsas le facilitó a este sistema el crecimiento económico: pequeños capitales, incapaces por sí solos de emprender nada, se unían en proporciones alícuotas; y la bolsa moderna nació para crear grandes capitales a partir de aportaciones pequeñas. Se trata de adoptar medidas para que los mercados dejen de ser agrupaciones especulativas que se imponen a los poderes políticos y vuelvan a ser mercados de capitales que se invierten productivamente. Ciertamente, los problemas no terminan aquí, pero esta es una condición esencial. Para ello se debe gravar fiscalmente los beneficios de los bancos en sus actividades no crediticias. El dinero que se deposita en los bancos se puede dedicar, básicamente, a dos cosas: a crédito o a inversiones en los denominados mercados. Pues bien: los beneficios de lo primero no pueden equivaler a los de lo segundo. Si se gana en inventos especulativos se debe tributar mucho más que si se hace en crédito. Porque el riesgo del crédito lo corre el prestador, pero el de la especulación lo corremos todos.
La especulación es peligrosísima. Los grandes bancos estadounidenses, británicos, alemanes, irlandeses e islandeses que quebraron en 2008 no cayeron por el impago de sus créditos, sino por sus inversiones en instrumentos financieros (“titulizaciones”, “derivados”, fondos especulativos). Los estados soberanos que asumieron sus pérdidas –en vez de dejarles quebrar– las trasladaron a sus servicios sociales, recortando de ahí. Y además exigieron, y exigen, que todos los países, especialmente los más débiles, paguen sus deudas con los bancos de los países centrales. Eso, en un contexto de crisis –descenso de la actividad productiva y de ingresos fiscales–, ha implicado e implica reajustes económico-sociales brutales.
También hay que limitar los objetos de inversión de los llamados fondos de inversión y regular fiscalmente sus beneficios. Los fondos de inversión se han convertido en la forma moderna del ahorro neoliberal. En sus versiones más extendidas agrupan ahorros muy pequeños, incluidos planes de pensiones modestos, y consiguen reunir así capitales importantes. No serían un problema sistémico si esos capitales se invirtieran en actividades productivas o en deuda pública. Pero la inversión especulativa los convierte en problemáticos. Los fondos suelen invertir en lo que se llama futuros, esto es, en apuestas sobre los precios futuros de ciertos bienes físicos. De la producción física de esos bienes –por ejemplo, cacao, café, materias primas– vive –o sobrevive– mucha gente. Las apuestas sobre los precios tienen un efecto devastador al influir en la cotización de las divisas y tienen otras consecuencias económicas que se manifiestan al cambiar el signo de la tendencia especulativa. Los fondos desregulados son los reyes del daño colateral: muchísimas personas ajenas a su existencia resultan damnificadas cuando las burbujas explotan, pero no se benefician de ellos cuando sus negocios van bien. La fiscalidad sobre los beneficios de los fondos es mucho más suave que la que grava las rentas del trabajo: en España el PP y el PSOE han estado de acuerdo en que la cotización máxima de aquellos sea el 20%, muy por debajo de la cotización media de las rentas del trabajo. Esta fiscalidad carece de equidad.
La vigilancia pública sobre el crédito es también esencial. La del Banco de España sobre los bancos no se ha extendido a las cajas de ahorros. Otra cuestión: cualquier gobierno de países como el nuestro debe abogar por el establecimiento de la tasa Tobin sobre las operaciones financieras internacionales. También debe respaldar una intervención sobre el FMI y el Banco Mundial por su mala gestión en esta crisis, y una regulación de las agencias de calificación, que ahora son poco más que lobbies de los especuladores.
Lo que está ocurriendo no es complicado de descifrar. Y tampoco es imparable. Si hay voluntad política para ello se puede reconducir.
Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella son coautores de ‘El crack del año ocho’
Ilustración de Enric Jardí
JUAN RAMÓN CAPELLA
La gente exige democracia real. Con razón: el diseño del sistema político, construido en 1978 con temor al desgobierno, en las circunstancias de la Transición, ha generado finalmente un sistema de bipartidismo imperfecto hermético a las demandas sociales, cerrado a ellas. Aquí se pretende señalar algunos de los instrumentos clave de ese hermetismo del sistema político y presentar líneas razonables de cambio.
El sistema electoral ha resultado, contra una disposición constitucional que exige lo contrario, muy poco proporcional. Los votos de los ciudadanos no valen lo mismo, y muchos quedan inutilizados legalmente, además, por la Ley Electoral. Ello se debe a que la Constitución establece sin más que la circunscripción electoral es la provincia. Alternativas: modificar la Constitución para instituir un colegio nacional de restos que recoja los votos inutilizados y les dé representación; o bien identificar circunscripción con comunidad autónoma. O bien modificar la Ley Electoral , estableciendo un sistema a dos vueltas. En cualquier caso, es menester acabar con un sistema electoral escasamente proporcional.
Un aumento del número de diputados hasta el máximo permitido por la Constitución también incrementaría la proporcionalidad entre sufragio y representación.
Otros instrumentos de apertura serían las listas electorales abiertas, extender los derechos de sufragio a todos los censados –nacionales o no–, para no mantener sin derechos políticos a la gran cantidad de personas que trabajan y tributan en España careciendo de la condición de nacionales; y financiar electoralmente a las agrupaciones de electores que reúnan determinados requisitos. En realidad todo el sistema existente de financiación electoral pública debería poder ser repensado y rectificado; el ciudadano contribuyente, dicho sea entre paréntesis, no desea un sistema electoral de costes altos.
Alteran el valor del voto los artículos 162 y 163 de la Ley Electoral al atribuir un mínimo inicial de dos diputados por provincia, cifra que puede no guardar relación con la población censada; también al limitar el número de diputados del Congreso y al despreciar las candidaturas que no hubieran alcanzado el 3% de los votos en una circunscripción. Los artículos mencionados son los que establecen el mayor hermetismo del sistema.
Un instrumento de hermetismo adicional, de otra índole, es la configuración de la moción de censura en la Constitución, que la hace imposible en la práctica: es preciso eliminar el párrafo segundo de su artículo 113, que contiene ya otras cautelas. La moción de censura es un instrumento de exigencia de responsabilidades esencial en un sistema parlamentario, y el nuestro carece de él en la actividad política real. Algunos sistemas políticos hacen extensiva la moción de censura no sólo al Gobierno sino también a los ministros, individualmente considerados.
La iniciativa legislativa popular no debería poder ser desoída fácilmente por el Parlamento, sino en todo caso por una mayoría cualificada.
Los atenienses, inventores del ideal de distribución del poder entre el pueblo, de la democracia, tenían instituciones especiales para exigir la responsabilidad de los gobernantes: el ostracismo y la graphé paranomon; esta última institución establecía la responsabilidad de quien hubiera propuesto una ley que, aprobada por la asamblea, resultara finalmente contraria a los intereses públicos. En una sociedad compleja como la nuestra no es fácil recurrir a algo así, pero sí cabría establecer plazos de prescripción muy largos para los delitos cometidos por autoridades electas y por los excluidos del sufragio pasivo según lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Electoral. La impunidad penal de las eventuales prácticas antijurídicas en el ámbito público es una gangrena para el conjunto del sistema político.
Cualquiera de estas propuestas impulsaría una democratización real y abriría el sistema político a las demandas sociales. Cerrar el paso a estas demandas significa convertir la democracia formal en una democracia
imaginaria.
Los procesos de democratización que se dan en el interior de la sociedad española no van todos en la misma dirección. En el plano cultural la democratización avanza, sobre todo en la no discriminación de las personas por razón de género o por razones de orientación sexual, y también con el incremento de la educación. Horizontalmente la sociedad española es más democrática, probablemente, que nunca, y tenemos mil pruebas de eso en las relaciones que se establecen espontáneamente en la vida cotidiana. Pero no puede decirse, en cambio, que en el plano económico haya menos desigualdad, sino todo lo contrario: el abanico de las rentas nunca ha estado tan abierto como ahora, y este es un factor que erosiona la democracia, pues expresa una gran desigualdad en este plano cuyo alcance otras sociedades, como la japonesa, la alemana o incluso la norteamericana, limitan mediante sus sistemas fiscales.
La democratización política no ha avanzado en más de tres décadas de sistema constitucional, tras su instauración. Es hora de que lo haga cuando se imponen mayores cargas a las poblaciones, en época de vacas flacas y ante un futuro que ha de regirse por un principio de austeridad. Un sistema político menos hermético que el que tenemos, que dificulte delegar a ciegas, facilitará el establecimiento de reglas de convivencia consensuadas con mayor veracidad.
Juan Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Moral y Política
Ilustración de Enric Jardí
JUAN RAMÓN CAPELLA
Los discutibles procesos judiciales penales en los que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón que han suscitado esos procedimientos penales ante –o del– Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?
Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.
Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los GAL, esto es, al terrorismo de Estado de la época de Gobierno de Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el largo brazo del PSOE de Felipe González y Garzón la ha recusado. Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron en la cárcel el director general de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España y la directora del Boletín Oficial del Estado, por mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el banquillo.
Un segundo pecado de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel, de modo que se ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales. De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación de los principales encausados con sus segundos vulneró los derechos de defensa… que el propio juez había tomado la precaución de proteger en sus autos. La cuestión es opinable jurídicamente: lo que para unos son garantías, para otros es impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de interpretación, y resulta más que feo que, para el hecho hermenéutico del juez Garzón, el garantismo se desvanezca. Lo que nos tememos los observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a alcanzarles gracias… a los votos y a la magistratura. Los españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda pública…
Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez estrella. La estrella más brillante. El observador no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito; la prevaricación, sí.
Pero el cuarto pecado de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la Guerra Civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros compartiendo las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; no vaya a ser que además los delitos comunes queden al descubierto.
La aceptación por el sistema constitucional de las leyes internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento sin advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca derrotado. Sin percibir que incluso la modesta Ley de Amnistía española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por caso, si había además, o sobre todo, odios y venganzas, medios para usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir este jodido país
–por emplear la certera calificación del padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás ha investigado eso que en España llamamos la Justicia–.
Las víctimas de los nazis han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el genocidio armenio: al olvido.
El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los GAL, ni ser complacientes con el genocidio.
Aún se puede esperar que el tiro salga finalmente por la culata.
Juan Ramón Capella es Catedrático emérito de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Patrck Thomas
