Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Desde los primeros momentos de la crisis sorprendió que nuestras autoridades afirmaran que los bancos españoles eran los más solventes del mundo, que estaban, decía Zapatero, en Liga de Campeones. Era chocante que los nuestros tuviesen tan buena salud cuando la inmensa mayoría de la banca mundial estaba literalmente quebrada. Se decía que era debido al magnífico papel de supervisión desempeñado por el Banco de España, pero eso tampoco casaba con las denuncias de pasividad que habían hecho pocos años atrás sus inspectores ante el gobernador Caruana y el Ministro Solbes. Y, desde luego, con el hecho evidente que cualquiera conocía, por muy poco experto que fuese en temas financieros: la salvaje financiación que nuestra banca había realizado a una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia.
¿Cómo era posible que no les hubiera dejado créditos sin cobrar cuando todo se vino abajo? ¿Cómo se explicaba que no tuviese problemas un sistema bancario que en 2007 solo recibía 0,76 euros en depósitos por cada euro de crédito que concedía (casi la mitad de lo que recibía en 2000, 1,43 euros)? ¿Cómo podía creerse que estaba, o que podría mantenerse en Liga de Campeones un sistema bancario que en ese mismo periodo había multiplicado por nueve el crédito a una actividad inmobiliaria que se estaba volatilizando, y que había pasado de recibir 78.000 millones de euros de financiación interbancaria europea a 428.000 millones, también entre 2000 y 2007? ¿Cómo se podía creer que no tenía problemas o que no los tendría pronto un conjunto de bancos que había financiado miles de préstamos hipotecarios a más del 100% del valor de la vivienda (en época de subida artificial de precios) o de préstamos a empresas también a más del 100% del valor de la inversión?
Y, sobre todo, ¿cómo podía creerse que estaban en buena situación si a la hora de la verdad habían dejado de dar créditos a las empresas y consumidores, dejando así que se hundiera nuestra economía?
La respuesta a estas paradojas es esencial para comprender lo que ha ocurrido en España y lo que nos va a suceder muy pronto.
Los banqueros tienen un poder extraordinario en Europa, en donde hacen y deshacen normas a su antojo, pero los españoles tienen en nuestro país una influencia política, mediática y social incluso mucho mayor que en otros lugares. Perdonan desde hace años los créditos a los partidos políticos, dominan la política editorial de los medios, influyen en las universidades y mantienen contratados a docenas de investigadores que difunden las tesis que les convienen. Así, no les debió resultar difícil convencer a los principales líderes políticos y de opinión de que su situación era buena. Sobre todo, cuando podían disimularla gracias a los cambios contables aprobados por la Comisión Europea, precisamente a instancias de la patronal bancaria. En particular, la “mentira piadosa”, como la califica el catedrático de Contabilidad Oriol Amat, que les permitía seguir valorando los activos dañados a su precio de adquisición y no al mucho menor del mercado en el momento de la valoración.
Esos trucos contables, las inyecciones de liquidez que los grandes bancos españoles recibieron en otros países y las demás ayudas que les dio el Estado permitieron manipular y disimular su situación patrimonial hasta el punto de aparecer como los más rentables del mundo. Lo dicho: Liga de Campeones.
Pero la realidad era otra y mucha gente lo sabía. Los bancos, todos, y no solo las cajas, estaban tocados del ala y en el fondo de sus balances había un deterioro estructural gravísimo como consecuencia de la crisis del ladrillo que ellos mismos habían provocado facilitando el endeudamiento explosivo de toda la economía. Un deterioro que tenía dos caras: la acumulación de activos (títulos de préstamos y créditos y propiedades inmobiliarias) que no ya no tenían ni mucho menos el valor que se les asignaba, y unas deudas con otros bancos extranjeros que sí seguían valiendo lo que inicialmente se había registrado: muchos cientos de miles de millones.
Si se hubiese puesto en claro esta circunstancia a medida que iban apareciendo activos con pérdida de valor, los bancos españoles se tendrían que haber ido declarando en quiebra porque las provisiones de las que tan orgullosos estaban los reguladores del Banco de España eran totalmente insuficientes. Y para evitar esa situación (que los banqueros sabían -o debían saber- ya en 2007 que antes o después se iba a producir) lo que trataron de hacer fue ganar tiempo para ir creando las condiciones que les permitieran finalmente quedarse con todo el mercado. Gracias a su gran poder político consiguieron que el PP y el PSOE asumieran una estrategia de reforma que poco a poco iba a permitirles que recobrasen el dominio de la situación y el equilibrio patrimonial. Se trataría de ir quitando de en medio a las cajas de ahorros, a quienes era mucho más fácil hacerlas culpables de todo lo que había ocurrido, en gran parte con razón, por la lamentable gestión de los políticos responsables de sus órganos rectores (aunque en realidad se debía a que habían dejado de ser auténticas cajas de ahorros para convertirse en clones de los bancos privados).
Si casi la mitad de los operadores del mercado que competían con los grandes bancos privados desaparecían o eran poco a poco absorbidos, los dos, tres o cuatro mayores de estos últimos quedarían reforzados sin necesidad de mostrar su insolvencia ni de pagar por sus irresponsabilidades. De este modo y a base de recibir ayudas del Estado, como ahora, es como ha ido evolucionando siempre el sector bancario español, cada vez más concentrado.
Pero la intranquilidad y los problemas han empezado a agravarse por lo que era previsible que sucediera: el proceso de fagocitación del mercado como estrategia para salvar a la gran banca privada sin que se le vean sus vergüenzas es muy lento, inseguro y a veces, como ha ocurrido con Bankia, incluso escandaloso.
Además, hay que tener en cuenta que el partido no solo se juega en campo nacional. ¿Se iban a conformar los acreedores europeos de la banca española con esta estrategia? ¿Estarían dispuestos a esperar? ¿Se van a arriesgar sabiendo que la política de austeridad va a deprimir por largo tiempo a nuestra economía y que eso va a acelerar el deterioro patrimonial de los bancos españoles y a dificultar el pago de su propia deuda?
Hasta ahora, los banqueros españoles han conseguido que todos nos creamos su gran mentira. O, al menos, que actuemos como si nos la creyésemos (porque basta hablar con responsables políticos y directivos económicos de cualquier ideología o tendencia política para oír a muchos de ellos decir que el rescate es inevitable por el gran agujero de los bancos). El gobierno de Zapatero se limitó a seguir el protocolo marcado por la gran banca incluso en los detalles más pequeños, desde el indulto final al decreto de vergonzosos nuevos privilegios aprobado también estando su gobierno ya en funciones. Pero el de Rajoy ha querido mover ficha jugando a mostrar la verdadera situación de la banca y está precipitando las cosas, porque su estrategia de reformas en unidosis y muy improvisadas solo ha servido para mostrar que la del sector financiero es mucho peor que la que se venía diciendo, y para hacerla quizá ya indisimulable.
Ahora solo queda saber lo que ocurrirá tras la auditoría solicitada y que, como todas, proporcionará resultados “por encargo”. Solicitar una evaluación objetiva a Oliver Wyman (que se “equivocó” cuando auditó a los bancos irlandeses considerándolos ejemplares poco antes de que tuvieran que ser nacionalizados, o que fue una de las garantes de los derivados de las hipotecas sub prime como productos muy seguros) es como es como pedir auxilio en el naufragio a quien no sabe nadar.
Así que para qué nos vamos a engañar: aunque la gente normal y corriente no sepamos el final, las autoridades ya lo han negociado porque en cuestión de banca nadie da puntada sin hilo. Pueden ocurrir dos cosas. O bien que hayan acordado ya que se siga mareando la perdiz porque las autoridades europeas (que posiblemente sepan la magnitud real del agujero) admiten que el rescate sería impagable para España y que quizá levantaría una auténtica polvareda social. O bien que se concluya que hasta aquí hemos llegado y que hay que tirar por fin de la manta que cubre las miserias de los bancos españoles.
Me parece a mí que esto último va a ser lo más probable porque, al fin y al cabo, los bancos españoles y extranjeros serían los beneficiados. Los auditores, como tantas veces, serán los que se encarguen de hacer la representación necesaria para que todo se nos presente de la forma más fácil de asumir.
Y aquí es donde estamos. Botín y compañía han dejado atrapada a España a base de irresponsabilidades y de mentiras. Van a terminar obligando a que España, como le ocurriera a Irlanda, tenga que asumir su rescate; haciendo que éste -que en realidad es la recapitalización de lo que los banqueros irresponsables han perdido jugando en el casino- se presente como la salvación de España; y obligando a que los españoles tengamos que sufrir nuevos recortes en derechos sociales y bienestar para que los ellos nos sigan gobernando y obteniendo beneficios a nuestra costa.
Espero y deseo, sin embargo, que las cosas no terminen ahí y que los banqueros no puedan respirar tranquilos en ese momento, como si se hubieran acabado entonces sus problemas. Lo espero y deseo en la confianza de un buen número de españoles, ojalá su gran mayoría, sean dignos y patriotas y que no perdonen a quienes han arrastrado a España a la ruina a base de mentiras para salvar sus privilegios políticos y económicos.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las autoridades europeas se empeñan en hacer creer que el principal problema que tienen que resolver es el de la deuda pública y afirman que ésta se ha generado por el excesivo gasto de los gobiernos en servicios públicos, y porque las personas normales y corrientes hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Por eso dicen que su único remedio es aplicar las durísimas políticas de austeridad que proponen.
Se trata de un juicio que no responde a la verdad y que está llevando a los países europeos al desastre porque los efectos de los recortes de inversión pública y gasto social que aplican está destruyendo la capacidad de generar ingresos, no solo a corto sino a medio y largo plazo, y eso va a dar lugar, si no se cambia de rumbo urgentemente, a muchos años de penurias y grandes sufrimientos y convulsiones sociales.
Con independencia de que en la mayoría de los países el problema es la deuda privada y no la pública (un asunto que no voy a tratar ahora) la realidad es que las causas verdaderas de ésta última son otras distintas a las que proclaman las autoridades y, por tanto, requieren un tratamiento diferente. Las más importantes son la siguientes:
- En primer lugar, haber prohibido la financiación a los gobiernos por el banco central y obligar a que se financien por la banca privada. Eso ha producido un encarecimiento extraordinario de la deuda traducido, paralelamente, en enormes beneficios para los banqueros privados. Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado en su libro La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système? ( Ed. Yves Michel 2009) que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones en intereses desde 1980 a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año. Es decir, que si hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se hubiera ahorrado 914.000 millones de euros. Sabemos que España ha pagado ya tres veces la deuda que tenía en 2000, Agustín Turiel ha demostrado que solo en 2008, 2009, y 2010 ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer frente a la deuda en las condiciones que le imponen los mercados (La deuda ilegítima del Estado Español) y que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se consignan más de 28.876 millones de euros de intereses. En toda la Unión Europea los dos investigadores citados muestran que se pagan anualmente unos 350.000 millones de euros a la banca privada por este mismo concepto. Es evidente, pues, que el factor principal que ha encarecido la deuda pública, el que la mantiene hoy día en sus niveles desorbitados, es el que haya sido financiada por la banca privada a intereses de mercado.
Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como un auténtico banco central, en lugar de ceder la financiación a la banca privada para que esta hiciera un negocio descomunal, las economías europeas no estarían en la situación calamitosa en la que están y los pueblos europeos no tendrían que estar soportando los sacrificios tan grandes que ahora soportan. Además, de esta forma se habría evitado no solo tener que gastar mucho más en la financiación sino también el sufrirla en las condiciones tan volátiles que generan los inversores especulativos que predominan en los mercados. Y así se obligaría más fácilmente a los bancos a que dediquen sus recursos a cumplir con su función que es la de financiar a las empresas y consumidores para que así haya actividad, empleo e ingresos públicos suficientes.
- En segundo lugar, el gran incremento de las desigualdades que ha hecho que montantes cada vez más grandes de ahorro de las clases más ricas se destinen a la especulación deteriorando la actividad productiva y disminuyendo así la generación de ingresos privados que, a su vez, nutran puedan nutrir las arcas públicas. Y no se puede olvidar que esa desigualdad se ha generado deliberadamente, por influjo de los grandes grupos oligárquicos, al aplicarse políticas de moderación salarial y de fomento del trabajo precario, y haciendo reformas fiscales regresivas que han mermado los ingresos públicos con tal de permitir que los más ricos, las grandes fortunas y grandes empresas, apenas paguen impuestos. Si estas últimas no cometieran fraude fiscal en España no habría que hacer posiblemente ningún tipo de recorte en el gasto público.
- En tercer lugar, la existencia consentida de paraísos fiscales en donde se calculan que hay entre 1,5 y 2 billones de euros que no tributan ni un solo euro a las haciendas europeas.
- En cuarto lugar, la identificación del progreso con el mito del crecimiento intensivo que ha llevado a realizar gastos públicos completamente innecesarios e improductivos (grandes aeropuertos e infraestructuras infrautilizados y desproporcionados, trenes de alta velocidad, edificios suntuarios…).
- Y finalmente, la falta de democracia real que permita el control social de las autoridades, la sanción contundente de la corrupción y la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión presupuestaria para poder evitar que ocurra todo lo anterior.
Por lo tanto, la solución a los problemas de la deuda pública en Europa no puede pasar por las políticas de austeridad que están aplicando las autoridades y que simplemente consisten en recortar derechos sociales y recursos para el bienestar, con el fin soterrado de facilitar el negocio de su provisión privada y de mantener los privilegios de la banca y de las grandes empresas.
La solución es otra.
Con carácter inmediato hay que plantear una quita en toda Europa de la deuda existente, que es completamente imposible que se pueda pagar, repudiando la deuda generada por la financiación privada y por la especulación en los mercados; modificar el estatuto del Banco Central Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los gobiernos (sin perjuicio de que eso deba ir acompañado de un control de las demás circunstancias que provocan un crecimiento inadecuado de la deuda pública que debe limitarse a financiar necesidades extraordinarias o las inversiones que necesita el desarrollo integral y sostenible de las economías); la prohibición de los paraísos fiscales; la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude en toda Europa y de reformas fiscales progresivas con figuras impositivas que graven las transacciones financieras y particularmente las de carácter especulativo; recuperar el poder adquisitivo de las rentas más bajas para generar actividad, empleo e ingresos públicos; prohibición de la utilización de productos financieros vinculados a las necesidades sociales básicas o a los recursos estratégicos de las economías; y reformas políticas que fortalezcan las democracias el control, social y la participación ciudadana. Aunque, siendo realistas, hay que señalar que para frenar de verdad la deuda pública y no echar sobre las economías una losa insoportable e insostenible en forma de gasto público corrupto y despilfarrador, será necesario a medio plazo avanzar aún más, estableciendo controles de capital para evitar la constante inestabilidad monetaria, desmercantilizando el trabajo y repartiendo el empleo, y configurando nuevos regímenes de propiedad y de derechos asociados a ella para evitar la concentración actual de los recursos y el dominio de los mercados y de la sociedad por los grandes grupos de poder empresarial y financiero.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.
No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.
La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.
Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.
Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.
Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.
Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.
No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.
Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.
Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda ago insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.
El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.
Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.
Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.
La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Mariano Rajoy ha inventado el Bálsamo de Fierabrás. Lo ha dicho claro y sin tapujos: de aquí al final de legislatura, una reforma todos los viernes; como Dios manda, con la misma disciplina estricta que requiere el cumplimiento de las fiestas de guardar de las personas de bien.
Si el mal de todos los males es que la gente se de cuenta de adónde nos lleva cada una de ellas, el agua milagrosa que puede curarlo no puede ser mejor que el hacerlas una detrás de otra, sin solución de continuidad, de modo que el dolor de la nueva haga olvidar el daño de la anterior. ¿Quién se acuerda ya de las primeras subidas de impuestos si luego han venido, ay Dios, los Presupuestos, el hachazo suplementario posterior en educación y sanidad, y ahora, poco a poco, su concreción y las privatizaciones que conlleven aumentos de tarifas, la subida del IVA y vaya usted a saber qué otras más?
Además, ¿qué mejor forma de tener contento al Gran Jefe Alemán que la de presentarle un golpe de efecto cada semana, la de mostrar cada siete días que el gobierno está dispuesto a ir cada vez más lejos y a donde digan en cada momento que debe ir?
¿Que la Señora que todo lo puede manda a su Ministro de Hacienda a Santiago de Compostela para que revise nuestras cuentas? Pues aprovechamos para anunciar que privatizamos lo que haga falta, para que vayan preparando la cartera y nos compren otro más de los pocos recuerdos de familia que nos van quedando.
- ¿Qué quiere, Ministro Shäuble, dígame qué quiere? ¿Loterías?, ¿Renfe?, ¿AENA?, ¿ADIF?, ¿los puertos?, ¿gestión de hospitales, de colegios, o quizá también las universidades? Tranquilo, dígale a Frau Merkel que el viernes próximo están a su disposición y no se preocupe por la cuenta que ya haremos números cuando les venga bien. ¿Algo más? Sí, claro, algo de trigo para los pollos: que, por supuesto, como dice el alemán, que hemos de ir a una economía del conocimiento. Con menos maestros y escuelas, con perores universidades y cerrando centros de investigación, eso sí, ¡qué le vamos a hacer! ¡A ver!, los investigadores que aprovechen y aprendan de paso a emprender: a buscar por ahí unos miles de euros si quieren acabar sus proyectos. Y si no, que los anulen todos, eso, como la Cospedal, que lo cierren todo. ¿Investigar?… ¡qué sabrán de eso!
Se podría decir que la estrategia de Rajoy es pura improvisación, que si de verdad tuviese un proyecto reformista serio, profundo y consistente lo presentaría como se presentan siempre los auténticos proyectos de reforma, en un paquete y de una tacada y no a base de pildorazos cuyo contenido nadie conoce ni siquiera dos o tres días antes de que se anuncien.
Es posible que sea así pero hay que reconocer que Rajoy ha conseguido hacerlo como quien ejecuta un arte singular, como un maestro del ingenio y la creatividad capaz de distraer la atención y encerrar la realidad en unas cuantas frases que pueden con todo. Rajoy ha hecho un arte de la improvisación y del disimulo para aparecer cada viernes como el autor de una obra previamente trazada. No sé si lo está logrando del todo, ni lo que pensarán de él y de su gobierno los amos a los que intenta complacer o las gentes más corrientes a las que quiere engañar, pero en todo caso me recuerda mucho lo que nos enseñó uno de mis grandes clásicos preferidos, Thomas de Quincey. En unas pocas pero sublimes líneas de su opúsculo El asesinato considerado como una de las Bellas Artes (Alianza, 1994) nos indica lo que suele suceder a quienes abusan de lo malo, como, salvando todas las distancias que haya que salvar, quizá podría pasarle a nuestro Presidente si insiste en seguir improvisando con tanto denuedo como disimulo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato -dice de Quincey-, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.
Es por ello, por cierto, que de Quincey subraya la importancia que tiene oponerse desde el principio a lo que no nos conviene (principiis obsta, nos dice recordando los Remedia Amoris de Ovidio). Deberíamos tomar nota porque, aunque conmueve el arte de Rajoy, preocupa mucho cómo puede terminar y adónde nos puede llevar.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
En un artículo anterior titulado Repsol no es España escribía en este mismo diario que el intento de confundir los intereses de la multinacional con los del conjunto de los españoles es un ardid demasiado forzado. Hubiera dejado ya el tema si no fuera porque los dirigentes del Partido Popular se empeñan en utilizar el contencioso entre el gobierno argentino y Repsol como un velo que oculta los verdaderos problemas y enemigos que tenemos los españoles.
El Ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión argentina perjudica a nuestros intereses y a los del conjunto de las empresas españolas. Una afirmación que me parece igualmente desenfocada y que busca encontrar enemigos donde yo creo que no están los de verdad.
Vaya por delante que no me pronuncio sobre la conveniencia o no de que el gobierno argentino defienda sus intereses nacionales nacionalizando YPF. Y que entiendo que los propietarios de esta última traten de sufrir el menor quebranto económico posible. Pero eso es una cosa y otra que todo un gobierno se equivoque a la hora de determinar quiénes son los enemigos que verdaderamente perjudican nuestros intereses con tal de ayudar a los propietarios de la multinacional, que somos precisamente todos los españoles.
Por eso me parece que no estaría de más que el gobierno se planteara y respondiese con sinceridad ante la opinión pública a algunas preguntas elementales.
¿Quién perjudica a España y a sus empresas? ¿Argentina, o los tratados europeos que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, lo que ha ocasionado que solo en 2008, 2009 y 2010 España haya tenido que soportar una deuda ilegítima de 120.842 millones de euros?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los especuladores financieros, las agencias de calificación y los banqueros que manipulan los mercados para alterar artificialmente el precio de la deuda y obtener pingües beneficios?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los grandes poderes europeos, encabezados por su cómplice principal, el gobierno alemán de la Señora Merkel, que se empeña en imponer a toda Europa políticas que inevitablemente nos llevan a la depresión económica?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las grandes fortunas y grandes empresas cuyo fraude a la hacienda española supuso 42.711 millones de euros en 2010?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos y no cumplir con todas sus obligaciones fiscales en España, como Repsol, que es la empresa del IBEX-35 que mantiene más sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no luchan decididamente contra el fraude fiscal y hacen que España sea el país europeo que menos gasta en perseguirlo?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que aprueban amnistías fiscales para legalizar el comportamiento de los defraudadores?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos que para obtener beneficios extraordinarios dando crédito financian burbujas inmobiliarias insostenibles y que influyen en los gobiernos para imponer políticas económicas que endeuden a las familias y a las pequeñas y medianas empresas?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos españoles que reciben del Banco Central Europeo todo el dinero que pidan al 1% y sin embargo obligan a miles de pequeñas y medianas empresas a financiarse mediante tarjetas de crédito a más del 29% de interés porque no les dan otro tipo de financiación?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que indultan a banqueros delincuentes y a políticos corruptos que roban el dinero público, mientras hacen que las leyes caigan con todo su peso sobre los trabajadores y pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los ministros que imponen recortes en servicios sociales básicos recurriendo a mentiras y datos falsos para justificarlos, como viene haciendo particularmente el de Educación y Cultura?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que permiten que las compañías eléctricas estafen a las familias y empresas españolas inventándose ellas mismas el déficit de tarifa o mediante engaños como el de los costes de transición a la competencia o los relativos a los contadores de la luz, haciendo que nuestra factura eléctrica sea la tercera más cara de Europa solo para que ganen más que en ningún otro país?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no hacen frente con dignidad a las imposiciones que llevan a nuestra economía a la depresión, reducen a mínimos la inversión fundamental en materias como investigación, educación y formación, o apoyo a las empresas que crean empleo para subsidiar a bancos y grandes corporaciones?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina. o los gobiernos que privatizan empresas públicas a bajo precio para dárselas a sus amiguetes?
Deberíamos obligar a que los gobiernos hablaran claro y se dejaran de tanto engaño y de tanta demagogia.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.
Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.
Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.
Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.
Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.
¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?
En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.
Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.
Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!
Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones
Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.
Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.
Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.
En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, salud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.
La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.
En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.
Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.
Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.
El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.
¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española?
Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos?
Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.
Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.
El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.
En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.
A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.
Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.
Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.
Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.
Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.
Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.
Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
El 28 de febrero de 1980 se celebró un referendum en Andalucía con el que la extinta UCD trataba de impedir que Andalucía accediera al autogobierno por el artículo 151 de la Constitución, en las mismas condiciones que Cataluña o el País Vasco. Confiada en su histórico dominio de la voluntad popular, la derecha mintió y manipuló y terminó sufriendo una derrota histórica. No tanto por el resultado sino por lo que tuvo de auténtico levantamiento frente al poder oligárquico que el pueblo andaluz encontraba escondido entonces tras las maniobras de las derechas andaluza y madrileña, como en tantas otras ocasiones, confabuladas contra sus intereses.
Las elecciones del domingo me han recordado lo que sucedió aquel 28-F. La derecha andaluza estaba en los últimos meses tan segura de su victoria que ni por asomo pensaba que no llegase a gobernar porque pudiera ocurrir lo que ha ocurrido.
Los resultados electorales son sencillamente una respuesta bastante contundente al dar por hecho que las cosas en Andalucía han de ser necesariamente como digan los de siempre y un rechazo igualmente expreso a los recortes y mentiras del gobierno del PP que en menos de tres meses casi está haciendo bueno al de Zapatero.
A mi juicio, los resultados muestran muy nítidamente que una mayoría sustancial de la población desea un cambio de progreso y que sea la izquierda quien lo dirija a partir de ahora. La cuestión que está por ver es si el Partido Socialista e Izquierda Unida están dispuestos a sumar esfuerzos para regenerar la vida política y evitar que se vuelvan a dar los episodios de corrupción que se han producido en los gobiernos de Chaves y Griñán, para cambiar de modelo productivo y para avanzar en Andalucía hacia una auténtica democracia, participativa y abierta a la deliberación social.
A una mayoría importante de los dirigentes del Partido Socialista parece que les cuesta demasiado pensar y actuar en términos de izquierda, incluso en los de la socialdemocracia, y más bien actúan, como antes demostró la gestión del gobierno de ZP y ahora algunas de las propuestas que están haciendo en las Cortes, abducidos por el neoliberalismo. Si en Andalucía no son capaces de liberarse de esa servidumbre va a ser muy difícil que puedan responder al mandato popular que parecen encerrar los resultados electorales y que, en realidad, simplemente implica que los socialistas sean fieles a los principios y valores de los que hace gala su partido.
Izquierda Unida, por su parte, se debate también entre contradicciones. Líderes como José Manuel Sánchez Gordillo siguen renunciando a participar en un hipotético gobierno o incluso a llegar a pactos con el PSOE. Algo incomprensible en alguien de acción como él y que se reputa revolucionario porque renunciar al boletín oficial para escribir en él nuevas normas que consoliden cambios políticos, cuando se puede hacer y sobre todo en estos momentos de ofensiva neoliberal, es prescindir del instrumento que, junto a la presión ciudadana, hace firme cualquier transformación social.
Izquierda Unida tiene la oportunidad de demostrar en Andalucía que tiene alternativas y que sabe hacer las cosas de otro modo para cambiar la sociedad y, además, de ayudar a que el partido socialista deje de hacer políticas neoliberales y refuerce a sus dirigentes y militantes más progresistas, algo que no debe ver con temor sino, todo lo contrario, como el mejor refrendo social de que sus propuestas de izquierdas son más útiles y necesarias que ninguna.
El electorado progresista andaluz se ha expresado con claridad y ahora corresponde a las dos principales fuerzas de la izquierda estar a su altura. Al PSOE le toca demostrar que en su seno hay vida y no solo contaminación neoliberal y a IU que es una fuerza política en el pleno sentido de la palabra, capaz de hacer cestos con las mimbres existentes y de poner en marcha procesos de empoderamiento y cambio social efectivo. Lo ha hecho en otros niveles de gobierno y ahora le toca hacerlo en Andalucía.
La cuestión no es baladí. Generar en Andalucía un potente polo de resistencia frente a las políticas de recortes del gobierno de Madrid es hoy día una precondición para que se inicie en toda España la reconquista de los derechos sociales y personales en peligro. Algo que no será posible sin implicar en ese reto a un amplio bloque social de progreso que precisa del impulso conjunto de las fuerzas políticas de izquierda, de los sindicatos y de todos los movimientos y organizaciones empeñados sinceramente en decir No a las políticas neoliberales que es, en suma, lo que dijeron también los andaluces el pasado domingo.
Juan Torres López
Comité Científico de ATTAC España
Carlos Martínez García
Promotora Estatal de Mesas de Convergencia
Francisco Jurado
Democracia Real Ya
Ilustración por Jordi Duró
La extraordinaria subida de la prima de riesgo española y de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa nos pone al borde del límite de lo que la ciudadanía no debería consentir.
Nada ha cambiado en España en los últimos días –salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está– que haya podido dar a entender a “los mercados” que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que debamos que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino en cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.
Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran “demasiado grandes para dejarlos caer” y, en otras, porque había que “salvar al sistema financiero”. En ello se gastaron varios billones de euros; más de 800.000 millones sólo en Alemania y Francia.
Sin embargo, cuando fueron los estados los que necesitaron financiación, fundamentalmente como efecto de la crisis que habían provocado los bancos, aunque en mucha menor medida, en lugar de recibirla en las generosas condiciones en que lo obtuvo la banca, tuvieron que ponerse en manos de esta. Y, gracias a ello, los bancos no sólo levantaron de nuevo cabeza, prestando a tipos cinco o seis veces más altos el dinero que recibían al 1% del Banco Central Europeo, sino que así pudieron poner contra las cuerdas a los gobiernos y exigirles nuevas reformas liberalizadoras como condición imprescindible para salir de la crisis, cuando, en realidad, fue la generalización de ese tipo de medidas lo que la provocó.
Los gobiernos, y en concreto el español, vienen diciendo a la ciudadanía que para acabar con esta situación hay que contentar a los mercados y que para ello es inevitable llevar a cabo las reformas que se les exigen y que, en gran parte, ya se han aplicado: del mercado de trabajo y de las pensiones, privatizaciones de empresas públicas y, pronto, de servicios públicos esenciales. Pero estas recetas se han revelado como una gran mentira, como evidencia el que ni estén produciendo los efectos beneficiosos sobre la economía con que se justifican, ni logren detener los ataques especulativos contra nuestra deuda.
Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de “terrorismo financiero” cediendo a la extorsión, como está haciendo el Gobierno socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.
Al terrorismo financiero que está destrozando economías enteras no se le puede combatir con sometimiento, sino con firmeza y decisión, defendiendo la economía que crea empleo, riqueza y bienestar y cortando las alas de los capitales especulativos.
Europa tiene medios para lograrlo.
Debe garantizar que los estados dispongan de financiación adecuada a través del Banco Central Europeo, negociando para ello las condiciones que le permitan generar ingresos y no destruir sus fuentes, como ha venido sucediendo. Es una ignominia inaceptable que se preste al 1% a bancos irresponsables y que se obligue a que los pueblos tengan que hacerlo incluso al 10%, como está ocurriendo en algunos casos.
Además, Europa debe establecer impuestos y tasas sobre las transacciones financieras especulativas que las desincentiven en la mayor medida posible.
Y Europa tiene también la obligación moral de establecer controles de capital para impedir que financieros sin escrúpulos sigan poniendo en juego el futuro de la Unión Monetaria, la estabilidad económica y social y el bienestar de sus ciudadanos.
Pero ni España ni el resto de países europeos pueden esperar a que todo se resuelva en Bruselas. Se equivocarán una vez más este Gobierno y los partidos políticos que lo apoyen si vuelven a recortar derechos sociales creyendo que así disminuirá la voracidad de los mercados. Volveremos a ir todos a peor, salvo la banca y las grandes empresas.
En una democracia real, las personas son las verdaderas depositarias de la soberanía nacional y, por tanto, deben constituirse en protagonistas de las decisiones políticas que se toman, como actores y como beneficiarios principales. Si viviésemos en esa democracia real, y los ciudadanos supieran de verdad lo que está pasando, no consentirían el tipo de terrorismo que se está practicando, ni la complicidad de los gobiernos. Y por eso creemos que es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de todo tipo hagan el máximo esfuerzo para informar, concienciar y movilizar a todas las personas que, con independencia de ideologías o de posiciones políticas, simplemente se indignen y reaccionen ante la injusticia y la irracionalidad que se nos está imponiendo.
