Pensar en clave social
JULIA MONTSERRAT
Profesora de Política Social de la Universitat de Girona
Ilustración de Iker Ayestaran
El Impuesto sobre el Patrimonio ha sido reactivado de su estado de letargo desde que, en 2007, el Gobierno central decidió que podía renunciar a los 2.000 millones de euros que, bien o mal, se estaban recaudando en aquel momento. Eran tiempos felices. Aunque se presagiaba la crisis económica, vivíamos de los últimos coletazos de la época de vacas gordas. ¿Quién no recuerda que en aquellos años los presupuestos de las administraciones públicas se liquidaban con superávit?
Ahora, entre una crisis económica escalofriante que ha provocado una caída de ingresos fiscales de un tercio respecto a 2007 y con unos déficits presupuestarios que superan, en la mayoría de las administraciones, dos dígitos del PIB, el Gobierno decide reactivar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero lo hace con la boca pequeña, como si se tratara de un acto involuntario y no deseado. Se aprueba con un horizonte de vigencia temporal –dos años–, y sólo para los “ricos”, aquellos tramos cuyo patrimonio neto sea superior a 700.000 euros y, como resultado, la recaudación bajará a la mitad de la cifra de 2007.
¿Por qué no se piensa en clave social? ¿Por qué las administraciones autonómicas renuncian a aplicarlo?
Si retrocedemos tan sólo cuatro años, podemos observar que tan confiado estaba el Gobierno de que los excedentes presupuestarios continuarían que, el mismo año que dejaba inactivo el Impuesto sobre el Patrimonio, entraba en vigor una ley de gran calado social –la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia– que iba a suponer un incremento del gasto público de un 1% del PIB, aproximadamente. No sólo no se previeron incrementos fiscales para sufragar el nuevo gasto, sino que se prescindió de unos ingresos que podían ayudar a financiar dicha ley.
La suspensión del Impuesto sobre el Patrimonio fue un error compartido entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. Al primero, esta acción le congraciaba con la clase media, ya que rebajaba la presión fiscal y, de paso, la clase alta también se beneficiaba. A las autonomías también les venía bien porque apenas lo iban a notar. Se compensaba dicho impuesto por una cuantía económica que, a pesar de que fuera de menor importe, les evitaba todo el trasiego de la recaudación. Mientras, nadie pensaba en clave social: ¿cómo se financiaría el incremento del gasto que iba a suponer la Ley de la Dependencia?
Como era de prever, el desarrollo de la ley está generando tensiones financieras entre los dos niveles de la Administración que participan en la financiación de este nuevo gasto social. Las administraciones autonómicas reclaman a la central más recursos financieros para poder atender a las personas beneficiarias –parece ser que los 2.000 millones de euros que les está aportando, actualmente, son insuficientes–. A su vez, la Administración central reclama a las comunidades autónomas que aporten, como mínimo, el mismo importe. Es la parte que les corresponde en la financiación del gasto nuevo generado por los beneficios sociales previstos en la ley. El problema de ello no es tanto cuánto tiene que poner cada nivel de las dos administraciones, sino cómo hacer cuadrar el gasto necesario con los ingresos fiscales.
A todas luces, los presupuestos destinados para financiar el gasto de la Ley de la Dependencia son insuficientes. Una respuesta adecuada a unas prestaciones de mayor calidad orientadas a servicios requiere dotaciones presupuestarias superiores a las actuales.
La reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio es una oportunidad para las comunidades autónomas de aumentar sus ingresos fiscales y aplicarlos a cubrir el gasto en protección social a la dependencia y, aún con ello, será insuficiente. Los 1.000 millones de euros que se estima recaudar del Impuesto sobre el Patrimonio apenas alcanzan a cubrir la mitad del gasto nuevo que deben financiar las administraciones autonómicas en la aplicación de la Ley de la Dependencia.
También es una oportunidad para revisar el modelo de copago de los usuarios en las prestaciones de la dependencia. Este incorpora soterradamente un sucedáneo de gravamen sobre el patrimonio de las personas beneficiarias incrementando su capacidad económica. Dicho modelo no hace justicia con los usuarios, ya que el mayor peso de la cuota a pagar sólo recae en aquellos con rentas medias. A los beneficiarios con rentas medias-altas no les afecta, ya que alcanzan el tope del copago antes de que actúe la imputación del patrimonio. ¿No es más lógico gravar el patrimonio a través de la figura jurídica que le corresponde?
La reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio no debería hacerse con la boca pequeña, sino que debería utilizarse la oportunidad para rediseñar un impuesto de mayor alcance asegurando mayores cotas de progresividad y equidad, evitando las grietas de la ingeniería fiscal que descafeínan la esencia del impuesto, y aplicarlo a la financiación de fines sociales. Todos nosotros tenemos muchas probabilidades de llegar a una situación de dependencia y de necesitar protección social en algún momento. Los impuestos son para esto: “Hoy por ti, mañana por mí”.
