Kattya Cascante
Politóloga de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordoñez
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo nunca significó la despenalización del aborto. De hecho, nuestro Código Penal lo sigue contemplado como delito tipificado penalmente, aunque con sanción menor. Además, acentuaba dos grandes debilidades: no regulaba la objeción de conciencia, que sigue en indefinición jurídica, ni trabajaba en el ámbito educativo de la salud sexual y reproductiva.
Nunca fue una ley de “aborto libre”, como se ha empeñado en calificar el sector más conservador de nuestra sociedad, y menos, satisfacía las expectativas marcadas por aquellos colectivos que año tras año dedican su energía a reivindicar los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí era una ley que incorporaba garantías con respecto a la denominada ley de supuestos de 1985. Garantías en el acceso a una intervención quirúrgica en condiciones de equidad, así como de protección de intimidad y confidencialidad. Y cuestionaba al menos, la pseudoobjeción de conciencia de algunos facultativos sanitarios que, durante años, han estado negándose a practicar (o presionados a no realizar) la intervención y, por tanto, derivando la práctica a clínicas privadas que generaban mayor dificultad cultural, geográfica y económica para las gestantes.
Esta ley, conocida coloquialmente como ley de plazos, ha conseguido equipararnos a las condiciones de la UE. Una realidad que ha sido respetada, pese al cambio de Gobierno (también conservador), tanto en Reino Unido con David Cameron como en Francia con Nicolas Sarkozy. La interrupción voluntaria del embarazo ya forma parte del acervo de una ética civil de mínimos de las sociedades europeas más avanzadas. La Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento europeo sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados recomienda a los gobiernos de los estados miembros constatar, en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual, las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.
La relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva también está reconocida en el ámbito de Naciones Unidas. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12: “Los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar”. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, celebrada en 1995, reconocía que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”. Así que, si la verdadera motivación para cambiar esta ley radica en la preocupación de que permita una decisión informada y libre, estaríamos obviando nuestro marco jurídico internacional y regional más próximo.
La presente ley “reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Sin interferencia de terceros, la mujer puede tener una “autodeterminación consciente”, dado que “la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante no ofrece una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer”.
También supone una mayor protección de la vida prenatal, ya que las políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad han demostrado ser bastante más eficaces. La ley debe jurídicamente tutelar el momento inicial de la gestación a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella. Y la mujer, y sólo ella, como persona en el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal adoptará libremente las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Hasta que esto no se entienda como una equiparación de derechos, seguiremos atascados en hacer de esto una cuestión de la vida o muerte de un feto.
Los cambios anunciados por el nuevo Gobierno suponen un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres a la hora de tomar la decisión sobre su salud sexual y reproductiva. Da por hecho que los criterios que aplican las mujeres en el ejercicio de un derecho son insuficientes y necesitan ser tutelados y nos equipara con aquellos países de visión más retrógrada. Por desgracia, es un obstáculo añadido y un retroceso en el ya largo y pesado camino hacia la igualdad y libertad de todos los españoles y generaciones futuras.
KATTYA CASCANTE
Los máximos responsables europeos de cooperación y desarrollo se reunieron los pasados días 17 y 18 de febrero para analizar, junto a Estados Unidos y las Naciones Unidas, las próximas iniciativas de la UE para la coordinación de la ayuda humanitaria y, en concreto, para dar una respuesta conjunta sobre cómo realojar de modo inmediato a más de un millón de haitianos sin techo. El país –impactado el año 2008 por los huracanes Hanna e Ike y el seísmo del pasado 12 de enero– todavía busca a sus desaparecidos y sufre las consecuencias de la pésima organización del reparto de la ayuda internacional. El mismo día en que tuvo lugar en la Granja (Segovia) esta reunión, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegaba a Puerto Príncipe en una visita relámpago para ponerle una cifra a la ayuda francesa: 326 millones y más de mil tiendas de campaña y 16.000 láminas de plástico para hacer frente a las lluvias previstas en marzo. De esta manera, el máximo mandatario francés parece descartar una posición comunitaria para liderar el apoyo europeo a Haití.
Esta reunión informal, prevista inicialmente para la preparación de una hoja de ruta europea que relanzara los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), se centró en la necesidad de coordinar la respuesta del mayor donante, la UE. La Presidencia de turno, España, no sólo busca alinear las posiciones de los estados miembros frente a la catástrofe; también aspira a liderar, desde la legitimidad que le proporciona su tercer puesto como donante de ayuda humanitaria en el país desde antes del seísmo (tras EEUU y Canadá y por delante de Francia y Japón), los proyectos de reconstrucción.
La UE quiere empezar a dividirse el trabajo con EEUU y la ONU para proporcionar un techo a más de un millón de haitianos antes de que arrecie la temporada de lluvias, pero ¿qué nos hace suponer que esta vez habrá una posición conjunta europea que lo permita?
Lisboa abre ventanas de oportunidad frente al pasado. Si bien el debate sobre las ventajas comparativas y una mayor racionalidad de la UE en la lucha contra la pobreza se trató hace tiempo (Declaración de París y Consenso Europeo, ambos en 2005), el nuevo Tratado fija las pautas para un reordenamiento global de la multitud de actores en el escenario de la ayuda internacional. El actual comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, tiene ante sí una agenda donde demostrar amplias capacidades: la revisión de los compromisos para alcanzar los ODM en la reunión de septiembre, la Conferencia de México para revisar el presupuesto europeo sobre el cambio climático y la creación de las nuevas perspectivas financieras a partir de 2014. Estas citas deberían contar con una UE coordinada, que no centralizada, para permitir un ejercicio de liderazgo en los temas de desarrollo. La UE debe formular políticas con objetivos globales, pero también debe dotarlas de recursos suficientes para alcanzarlos.
Demasiados peros anteceden al futuro europeo. La incoherencia de sus políticas agrícola y de explotación pesquera deja muy poco margen de sospecha en este sentido. Sin embargo, Haití, una vez afrontadas las terribles consecuencias de la catástrofe, ofrece una posibilidad para demostrar si es posible una acción conjunta que permita contribuir al desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Lo cierto es que, y no solamente, la crisis ha cambiado de sitio las prioridades. El déficit público de los estados miembros ya ha bajado la Ayuda Oficial al Desarrollo debido a su vinculación con la Renta Nacional Bruta de los estados. Pero esto no es quizás lo más grave: lo peor es que lleve consigo un nacionalismo económico de los estados capaz de utilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo para promover su política exterior. Ello les llevaría a asignar la ayuda bajo nuevos elementos de condicionalidad que irían desde el mayor peso de la ayuda ligada, hasta la promoción de sus agendas políticas internas o incluso a vincular la ayuda a ciertos aspectos de la política migratoria para regular los flujos sur-norte. Si los créditos ganaran terreno a las donaciones, podrían mantenerse los compromisos adquiridos sin incrementar el peso fiscal en los países donantes. Este paso sería un gran retroceso, pero nada improbable, ya que por desgracia ni siquiera España puede garantizar que no recurra a esta fórmula en su ruta comprometida del 0,7%.
Sin embargo, el efecto sobre los países receptores de la ayuda y, en este caso, sobre la reconstrucción de Haití, también recaería sobre su peso fiscal, pero de un modo muy distinto. Las primeras reacciones tras el seísmo inundaron los medios de comunicación con declaraciones de cancelación de deuda haitiana por parte de varios jefes de gobiernos europeos. Sin embargo, el alivio financiero de un total de 1.250.000 millones de euros de deuda externa que soporta el país depende, en mayor medida, de la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, sus principales acreedores. Sin menoscabar que, tanto España como el resto de gobiernos de la UE forman parte de los órganos de decisión de ambas entidades, la intención de un nuevo crédito de 100 millones de dólares del FMI, es decir, mayor endeudamiento, resultaría contradictorio con la posición europea de apoyar la reconstrucción del país. La Presidencia española puede mantener un bajo perfil, actuando sólo frente a los imprevistos o puede tener la voluntad política suficiente para fomentar una acción conjunta y coordinada de la UE ante Naciones Unidas y el G-20. Pero la voluntad política necesita algo más que palabras. Quizás la cancelación sin condiciones de los cerca de 30 millones de euros de deuda externa que Haití debe al Estado español –equivalente a seis veces la aportación de la cooperación española anunciada por la vicepresidenta del Gobierno para ayuda de emergencia a Haití– hubiese sido más efectivo.
Kattya Cascante es politóloga de la Fundación Alternativas
Ilustración de Mikel Casal
KATTYA CASCANTE
El próximo 21 de enero tendrá lugar en Madrid la Conferencia de Apertura del Año Europeo para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. También será un año clave para el desarrollo, ya que se celebrará la sesión de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas para la revisión de los Objetivos del Milenio. Se hablará de pobreza dentro y fuera de las fronteras europeas, pero ¿se unen con coherencia estas dos realidades en una misma agenda política de la UE?
En la Unión se considera que una persona es pobre si su renta está por debajo del 60% del salario medio del país en el que vive. Según este indicador, alrededor de 80 millones de europeos viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él. Uno de cada diez ciudadanos de la UE vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza. Por ello, los objetivos clave de la UE para este 2010 son, por un lado, aumentar la conciencia social sobre este tema y, por otro, renovar la política común de la Unión y sus Estados miembros para combatir la pobreza y la exclusión social.
Pero en 2010 también está prevista la revisión de los Objetivos del Milenio, objetivos que 189 países adoptaron para alcanzar una visión del mundo en la cual los países desarrollados y en desarrollo trabajarían en una alianza para el beneficio de todos. A sçolo cinco años de la fecha límite para alcanzar dichos objetivos (2015), la realidad es que el avance ha sido más lento de lo esperado. Sigue habiendo alrededor de 1.400 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; esto es, con menos de 1,25 dólares al día.
El compromiso que asume la UE con la pobreza, incluso bajo los devastadores efectos de la crisis actual, no deja lugar a dudas. El presupuesto europeo para la política de desarrollo es, en términos relativos, el del mayor donante del mundo. Sin embargo, la ciudadanía europea no considera que la UE sea un actor principal para combatir la pobreza ni para evitar que haya aumentado en su país en los últimos tres años, tal y como opinan el 80% de los europeos. ¿A qué se debe?
Por un lado, en la Unión Europea, la política de desarrollo está ligada a la política exterior y a su vez está estrechamente condicionada por las agendas e intereses nacionales de los estados miembros. De hecho, la capacidad de la Comisión para impulsar la coordinación en la Unión depende de la voluntad política de los Estados, una voluntad que se define por sí sola a través de los presupuestos que la acompañan. Así se refleja en las aportaciones que los Estados miembros destinan a la cooperación al desarrollo a través de la Comisión, una contribución cuyo promedio no supera el 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de cualquiera de los estados miembros (UE-15). Un porcentaje muy ajustado si tenemos en cuenta, por ejemplo, que España canaliza el 51,31% de su AOD a través de organismos multilaterales de desarrollo y un 48%, directamente a través de sus propias instituciones. Necesariamente, surge una reflexión en torno al compromiso real de los Estados miembros con la UE en materia de desarrollo. ¿Cómo es posible que se esté pidiendo más Unión si ni siquiera en una política de consenso –como es la de Ayuda al Desarrollo– los Estados miembros son capaces de subir la apuesta?
Por otro lado, la actual crisis en Europa pone en riesgo a la mayoría de los grupos vulnerables que conseguían sobrevivir en la época de bonanza. Emigrantes, ancianos, etnias minoritarias, los sin techo, mujeres explotadas y sometidas a todo tipo de abusos, desempleados sin subsidios, etc. En Europa, ser pobre supone estar excluido de la sociedad, una sociedad que también por la crisis tiene más dificultades a la hora de asegurar una protección social para todos y que, ante la disponibilidad de menos recursos, repliega velas. En el contexto actual, el riesgo de una Europa ensimismada es alto.
¿Podría la problemática interna que vive Europa poner en riesgo la actuación de la UE en términos de la ayuda hacia los países en desarrollo, todavía mas azotados por la crisis? ¿Podría suponer la pérdida de credibilidad de la UE ante la comunidad internacional en caso de incumplir sus compromisos? Tampoco parece probable que la ciudadanía europea defienda en las calles la ayuda oficial al desarrollo cuando no lo han hecho para denunciar las millonarias cifras destinadas al rescate bancario. ¿Cómo lograr la movilización y presión de la opinión pública europea exigiendo a sus dirigentes una acción decisiva a favor de la erradicación de la pobreza? ¿Habrá que sensibilizar a la Europa de dentro también sobre lo que ocurre fuera? ¿Podría aprovecharse el año 2010 y el compromiso asumido por España en materia de cooperación al desarrollo para que la política europea sea más coherente? No en vano, el Parlamento europeo en resolución del 15 de noviembre de 2007 también declaró 2010 como el año del desarrollo sostenible y la coherencia con la acción de la UE en todo el mundo.
Durante la presidencia española, se debatirán políticas europeas con enorme alcance para el desarrollo de los países más empobrecidos; en especial, la Política Agraria Común (PAC). Negociaciones que ofrecen la oportunidad de poner en práctica el principio de coherencia de políticas, de conectar la lucha contra la pobreza tanto dentro como fuera de la UE. Es necesario demostrar que los Objetivos del Milenio son asunto de todos y que su cumplimiento interesa a Europa. Los sondeos demuestran que los problemas globales como cambio climático, pobreza, pandemias, terrorismo y seguridad, pérdida de mercados, flujos migratorios, inestabilidad política y conflictos preocupan a los ciudadanos europeos porque sienten que amenazan su modelo de vida, el Estado de bienestar alcanzado. Pero también es necesario que se sientan comprometidos porque tres cuartas partes del mundo, legítimamente, aspiran a ese mismo modelo.
Kattya Cascante es politóloga
Ilustración de Enric Jardí
KATTYA CASCANTE
El triunfo del 9 de noviembre de 2006 convirtió por segunda vez en presidente de Nicaragua al sandinista Daniel Ortega. Recibió la responsabilidad de gobernar un país que, según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2009), ocupa el puesto 124 de los 182 países objeto de medición, el penúltimo de toda Latinoamérica, sólo por delante de Haití.
Pese a sus antecedentes revolucionarios, Ortega no dudó en establecer una alianza estratégica con la Iglesia católica para mantenerse en el poder. Para ello, sostuvo durante la campaña electoral un marcado discurso ecuménico, situando su fe católica como un elemento destacado de su programa político. Fuera de su conversión real o no, Ortega ha actuado en consecuencia aboliendo, en uno de sus primeros actos de Gobierno, la ley de aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde 1893.
Desde entonces, Nicaragua forma parte de ese penoso 3% de países del mundo que prohíben sin excepciones el aborto. Según un informe de Amnistía Internacional publicado en el pasado mes de junio, la aplicación de esta ley está implicando todo tipo de coacciones al personal sanitario hasta el punto de que incluso las niñas y mujeres nicaragüenses que han sufrido un aborto involuntario son procesadas como sospechosas de la comisión de un delito. Si en los gobiernos pasados no hubo gran interés en los temas de género, con el actual, la abolición de esta ley sólo puede registrarse como un grave retroceso, reduciendo los derechos de la mujer al rol asignado por mandato religioso: la reproducción.
¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer un país como España, que ha situado en el centro de su política nacional e internacional los derechos de la mujer? Nicaragua, según el Plan Director de la Cooperación Española en vigor, está considerada como país prioritario con un marco de asociación amplia. Lo que quiere decir que forma parte del grupo de países que concentrará dos tercios de la Ayuda Oficial al Desarrollo asignable geográficamente para 2012. En las estimaciones del Plan Anual de Cooperación Internacional para 2009, los fondos destinados a Nicaragua ascienden a 117,9 millones de euros.
La cooperación española señala que, entre otros objetivos, sus recursos se invertirán en mejorar la gobernanza democrática, mediante el “aumento y la modernización de leyes que facilitan la equidad de género y así evitar obsolescencias”. ¿Puede considerarse una obsolescencia que en pleno siglo XXI, un Código Penal que entró en vigor en 2008 obligue a que un embarazo anencefálico (un feto sin cerebro, sin posibilidades de vivir tras el nacimiento) deba llevarse a término?
En la última comisión mixta de Cooperación entre España y Nicaragua, celebrada en agosto de 2007, la delegación nicaragüense expuso “la necesidad de reenfocar la cooperación” reduciendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a la salud materno infantil y sólo desde el ámbito familiar. Con esto, el Gobierno nicaragüense levanta en la práctica un muro a la estrategia que la cooperación española ha adoptado en consonancia con todas las normas y convenciones internacionales, en especial con el mandato recibido por parte de La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo (1994).
En Nicaragua, sólo el 27,3% de las denuncias por violencia de género finalizan en sentencia y cerca del 55% de las sentencias en casos de violencia doméstica y sexual son absolutorias. Por otro lado, tenemos un alto número de jueces y magistrados que son nombrados por confianza y no por el procedimiento de la carrera judicial. Además, el coste de los procesos judiciales es demasiado alto y por tanto inasequible para la población de bajos ingresos, en especial las mujeres más pobres.
El Comité contra la Tortura y el Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ambos de Naciones Unidas, coinciden en que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos de las mujeres penalizando el aborto sin a la vez garantizar que haya una atención adecuada para las niñas que queden embarazas. Ambos comités solicitan contemplar las excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto.
En su discurso de comienzo de legislatura, el presidente del Gobierno apostó públicamente por una política exterior “comprometida” con los derechos humanos. En coherencia con esa ambición, el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en diciembre 2008 propone la igualdad y no discriminación de las personas como derecho que se proyecta sobre el resto de los derechos y como un obligado compromiso político de carácter internacional de los estados. De hecho, la Presidencia española de la UE, que se iniciará en enero del próximo año, pretende colocar las políticas de igualdad de género en el centro del debate europeo.
En consonancia con este enfoque, la estrategia de género de nuestra política de cooperación coloca en primer lugar la garantía de los derechos humanos como la mejor forma de luchar contra la pobreza, como única forma directa de superar la brecha de la desigualdad que padecen las mujeres. El cumplimiento de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, incluyendo de manera explícita los derechos sexuales y reproductivos en las acciones de desarrollo, es una orientación expresa del Comité de Ayuda al Desarrollo y de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing en 1995.
Contar con un Plan de Derechos Humanos nos supone asumir el siguiente nivel. Debemos garantizar su cumplimiento, no sólo en la política interna sino en todos los instrumentos de nuestra acción exterior, no debiendo ser la cooperación al desarrollo su excepción ni, el caso de Nicaragua, la oportunidad perdida.
Kattya Cascante es politóloga de la Fundación Alternativas
Ilustración de Javier Jaén
Kattya Cascante
España cuenta con una política de cooperación al desarrollo dotada de importantes recursos financieros. Sólo este año, nuestro país destinará a este empeño nada menos que 5.279,69 millones de euros, lo que supone un incremento de 642 millones de euros (el 12%) respecto a 2008. Por tanto, pese a la severidad de la crisis económica, el Gobierno mantiene intacto su compromiso de que la cooperación española llegue a representar el 0,56% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2010 y el 0,7 en 2015.
A todas luces, se trata de un esfuerzo financiero notable. De hecho, su magnitud es similar a lo que han representado para España en los últimos años las transferencias netas de fondos con cargo al presupuesto europeo, tan importantes para la modernización de nuestro país. Con este compromiso, España prueba que es un país que no sólo se beneficia de la solidaridad internacional, sino que también la practica de forma activa y responsable. Pero ¿es eficaz esta ayuda? ¿Sabemos si logra sus objetivos de desarrollo? Se trata de una pregunta de gran importancia, tanto desde el punto de vista práctico como normativo. Indudablemente, el esfuerzo financiero que realiza la sociedad española exige a cambio un sistema de gestión de la ayuda y de rendición de cuentas que garantice que esta se gaste de forma eficiente. ¿Existe este sistema? La respuesta, hoy por hoy, es que dicho sistema existe, pero sólo de forma muy incipiente; todavía tiene por delante un gran camino que recorrer.
Demasiado a menudo se tiende a confundir el resultado de una política con los recursos empleados en ella, lo que lleva a asumir erróneamente que lo uno es sinónimo de lo otro. “Tanto gasto, tanto hago” parece ser el lema de la Administración, olvidando que el gasto es un medio, no un fin. Pero una cosa es construir escuelas y otra que los niños aprendan a leer. La política de cooperación al desarrollo no es una excepción, ya que el gasto realizado tiende a dominar el discurso, dejando en un segundo plano la cuestión de cuáles han sido los resultados que se han logrado. A lo que hay que sumarle la característica de tratarse, además, de resultados que afectan forzosamente a terceros Estados. Por ello, sin dejar de mantener la preocupación por la cantidad de la ayuda, la comunidad de donantes viene centrando su interés en la cuestión de la eficacia de la ayuda. España, donde los problemas de cantidad han sido parcialmente superados gracias al esfuerzo de estos últimos años, debe considerar que ha llegado también el momento de preocuparse de la calidad de la ayuda y dicha calidad sólo puede ser garantizada mediante un sistema de rendición de cuentas adecuado y, sobre todo, más transparente que el
actual. Por este motivo, la Fundación Alternativas, en un informe de próxima publicación que analiza el sistema de rendición de cuentas de la cooperación española, detecta que, pese a que el marco institucional existente es suficiente para controlar las desviaciones y fraudes fiscales, el sistema español carece de mecanismos –tanto en forma de incentivos como en sanciones– que permitan medir y/o en su defecto reclamar responsabilidades políticas frente a una intervención inadecuada, poco eficaz o que el país destinatario debiera realizar por sí mismo.
Se trataría, por tanto, de establecer un concepto más amplio de rendición de cuentas que nos permita no sólo abarcar cuánto, cómo y a qué se ha destinado el presupuesto, sino que además nos permita constatar que ha servido para producir desarrollo. El objetivo último, en definitiva, de nuestra política de ayuda. Para que los mecanismos de rendición de cuentas sean efectivos es necesario que las instituciones responsables de la ayuda acepten críticas, sean capaces de redirigir una acción si se descubre que está mal encaminada o puedan establecer medidas que, además de fiscalizar las cuentas o verificar las actividades realizadas, sean capaces de analizar las relaciones causales entre las acciones y los resultados en los procesos de desarrollo.
Si bien laxas y no vinculantes jurídicamente, existen una serie de recomendaciones y directrices internacionales en materia de rendición de cuentas en lo referido a la cooperación al desarrollo. ¿Cumple España con ellas? El último examen del Comité de Ayuda al Desarrollo a España, de 2007, destaca la necesidad de definir un sistema de gestión para obtener resultados en materia de desarrollo y esto afecta a todos los actores, públicos y privados. Sin embargo, los numerosos actores del sistema español actúan de manera independiente. Además de una gran cantidad de ministerios que realizan actividades de cooperación, cada comunidad autónoma dispone de sus propias agencias de cooperación, a las que se unen los organismos locales, fondos de cooperación, etc. Cada uno de estos órganos actúa en el ámbito de sus competencias y con sus propios mecanismos de control jurídico (intervención), económico (tribunal de cuentas) y político (comisiones parlamentarias), además de los mecanismos de rendición de cuentas a su propia ciudadanía. Formalmente no existe una subordinación y el principio de coherencia, que debería servir de principio coordinador, no ha sido efectivo para garantizar un sistema integral de rendición de cuentas que todavía es mas ajeno para el sector privado.
La implicación y el apoyo ciudadano a las políticas de desarrollo es una condición democrática para consolidar una política basada en la participación y el diálogo de todos los actores. La rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo también debe incorporar a la sociedad civil y la opinión pública no sólo para legitimar la política de cooperación como una política de Estado, sino para conseguir que la sociedad española asuma verdaderamente un compromiso de lucha contra la pobreza. Un sistema de rendición de cuentas adecuado es la mejor manera de que la ayuda al desarrollo logre sus objetivos y de garantizar que la política de cooperación sea, a la vez, eficaz y sostenible.
Kattya Cascante es Politóloga. Fundación Alternativas
Ilustración de Javier Olivares
KATTYA CASCANTE
El Gobierno español, que reclama un asiento en las instituciones globales, debe asumir con idéntica energía las responsabilidades y promover los compromisos necesarios para enfrentarse a los retos que la globalización implica. Asegurar el derecho a una alimentación adecuada en el mundo supone un bien público necesario y, por ello, la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria para Todos, celebrada los pasados días 26 y 27 en Madrid, ha supuesto un contrapeso al único resultado constatable: el hambre sigue aumentando.
La crisis desatada durante el primer semestre del pasado año ha supuesto un punto de no retorno en el cuestionamiento del sistema agroalimentario actual. La estimación del incremento en más de cien millones de personas hambrientas en tan sólo unos meses pone de manifiesto su inaplazable
reestructuración. El asunto no es que se produzcan pocos alimentos, sino la incapacidad de muchas personas para acceder a los mismos. Los enfoques convencionales, cuestionados incluso antes de la actual crisis financiera, son el motor de arranque hacia nuevos instrumentos en los que, como ya avanzaba la Declaración de Córdoba (2008), los alimentos se conciban en primer lugar para alimentar a las personas, y no con criterios de preferencia de los mercados internacionales.
Se advierte, por tanto, una crisis de gobernanza en la que es necesario redefinir las reglas del juego, aunque de nada sirve si son de nuevo las potencias económicas y geoestratégicas quienes diseñan el nuevo sistema. De hecho, las recientes propuestas del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, o el Nuevo Acuerdo sobre Seguridad Alimentaria promovido desde el Banco Mundial comienzan a plantear reformas en este sentido. Proteger la recientemente reformada PAC con la subida de aranceles hacia los productos agrícolas de importación y garantizar la suficiencia alimentaria dentro de las fronteras europeas son las líneas más conservadoras de estas propuestas. Un fuerte proteccionismo frente a la necesidad de los países agrícolas de incrementar sus exportaciones hacia nuevos mercados internacionales con mejores ventajas a las actuales. Por desgracia, la cumbre de Doha de diciembre tampoco supuso un avance, ni siquiera en la intención de que los más poderosos renuncien a sus cuotas de negocio y, por tanto, de que la desventaja con los países mas empobrecidos disminuya.
Está claro que el consenso de partida se centraba en una preocupación de todos; sin embargo, la solución no parece igualmente compartida. Ni siquiera los organismos internacionales con mandatos específicos sobre agroalimentación consiguen dejar atrás sus luchas de poder y focalizarse hacia un mismo objetivo.
La desaceleración en la todavía ascendente subida de los precios de los alimentos en el mercado internacional no permite hablar de síntomas de recuperación. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, subrayó la necesidad de que cada Estado debía crear un marco institucional a nivel nacional para proteger el derecho a la alimentación de sus ciudadanos y ciudadanas. De Shutter, que asumió el mandato en mayo, ya advirtió de que los problemas derivados de la crisis persisten porque no se han combatido las causas estructurales que la provocan, y que es imprescindible preparar a los países para afrontarla dentro de un marco de derechos humanos.
Por otro lado, era importante estar alerta para que la inminente necesidad nutricional no retuviera las decisiones políticas en la respuesta inmediata de la emergencia, ya que, para hacer realidad el derecho a la alimentación, es necesario mirar más allá del contexto urgente de la crisis. Así, Madrid no debía repetir el listado de cifras solidarias para cubrir la emergencia de la compra de alimentos, sino garantizar el incremento del gasto en cooperación al desarrollo y una eficaz coordinación de esfuerzos. Miguel Ángel Moratinos lo sabía y ofreció la batalla de la obligatoriedad frente al carácter voluntario de destinar del 0,7% del PIB para el 2012 de todos los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En este sentido, el presidente Zapatero no dudó en renovar el compromiso para finales de esta legislatura en sus conclusiones finales, al recalcar la importancia de restablecer el crecimiento de las economías, pero nunca por delante del avance en la ayuda al desarrollo. Por otro lado, las causas multidimensionales de la crisis afinaron la denuncia hacia el fracaso del sistema financiero, que necesita una urgente reforma, donde los principios de justicia y equidad deben orientarse hacia el desarrollo de todos.
En su discurso de apertura de la reunión, Jacques Diouf (director general de la FAO), volvió a recordar el compromiso asumido en Roma de 22.000 millones de dólares, de los cuales todavía no se han hecho efectivos más que 2.000. En España, el compromiso del ya acuñado Proceso de Madrid integrará una movilización de recursos de 200 millones de euros anuales para los próximos cinco años, que serán gestionados por la ONU y por el equipo de Alto Nivel. Confiamos en que de nuevo lo urgente no relegue a lo importante.
De iniciativas como la de Madrid se suelen hacer lecturas positivas, por el hecho de celebrarse, y negativas, porque, a la larga, parecen no cambiar mucho de lo que se denuncia. Es cierto que, como el perfil inicial de esta cumbre era limitado, las expectativas han estado a la altura. Con el encuentro se pretendía abrir un proceso de consulta para impulsar la Alianza Global por la Agricultura y Seguridad Alimentaria, y así ha sido anunciado. Los grandes desafíos acumulados, desde la obligada referencia al ya imposible cumplimiento de reducir a la mitad la población que pasa hambre en el mundo para 2015 (uno de los Objetivos del Milenio de la ONU), hasta las debilidades crónicas de los mecanismos de
coordinación de un sistema multilateral que necesita dar soluciones a los problemas de la globalización, tendrán que esperar una vez más.
Kattya Cascante es Polítologa. Fundación Alternativas
Ilustración de Patrick Thomas
KATTYA CASCANTE
Insistir sobre la deplorable actuación del director de Global Infantil sería denunciar un hecho aislado, un abuso refugiado en un envoltorio de solidaridad, donde los más vulnerables, en este caso y de nuevo, los niños y niñas de un país africano, protagonizan una triste historia. La misma triste historia que días atrás nos contaban de la ONG francesa que pretendía burlar la dignidad de un Estado y de sus gentes. ¿Se podría afirmar que las organizaciones que se dedican al desarrollo (ONGD) están en crisis?
En España, a pesar de que el tercer sector se configuró con posterioridad al resto de Europa, contamos con 92 ONGD federadas en la coordinadora nacional de ONGD. Creada hace 19 años, integra 18 coordinadoras autonómicas y seis organizaciones que, por sus peculiaridades, comparten los mismos criterios desde su condición de miembros colaboradores. En total hablamos de más de 400 organizaciones que apuestan por un desarrollo más humano, inclusivo, equitativo y sostenible. Si bien no todas las organizaciones no federadas resultan sospechosas, que no lo estén se traduce en una mayor discrecionalidad a la hora de aplicar el código de conducta consensuado y asumido colectivamente por éstas.
Su gran labor silenciosa ha impulsado posicionamientos de gran calado ante la realidad mundial. Todos nos hemos hecho eco alguna vez de las denuncias promovidas por Greenpeace y WWF/Adena sobre el abuso medioambiental, de Amnistía Internacional en la defensa de los Derechos Humanos, Transparencia Internacional denunciando la corrupción e Intermón-Oxfam y su incidencia en las campañas sobre el control de armas y la condonación de la deuda externa. Su legitimidad como actores de la cooperación no sólo viene a través de su capacidad de movilizar a la sociedad civil y captar recursos privados, sino también de los gobiernos que las reconocen y apoyan a través del cada vez más dilatado trasvase de fondos de la ayuda oficial al desarrollo, otorgándoles voz y voto en mecanismos de coordinación y decisión de las administraciones públicas.
Tras los últimos acontecimientos, la desconfianza general sobre el posible negocio de la solidaridad y el temor de que ciertas organizaciones se conviertan en chiringuitos particulares pone en tela de juicio su credibilidad. Estas organizaciones, de complejos procesos internos, precisan de mecanismos de gestión que garanticen mayor eficacia en la estrategia de desarrollo que impulsan, de instrumentos que canalicen los recursos eficientemente y una transparencia en su política de acción, gestión y resultados. El desconocimiento de la lógica de su funcionamiento resulta un gran obstáculo, no sólo para los que nunca estuvieron vinculados a ellas, sino también para los propios socios/as y voluntarios/as. Que las dudas persistan plantea un gran reto a la política de comunicación de la mayoría de estas organizaciones. Entender que las ONGD dejaron de ser ángeles para ser actores de pleno derecho, con su estructura, políticas y prioridades no debe causar recelo. Que el actual sistema detecte y expulse los abusos sólo es síntoma de que éste funciona. La cuestión es si el sistema también es capaz de identificar lo que todavía desconoce y por lo tanto, profundizar para corregir las posibles desviaciones.
Ahora más que nunca, se precisa que las ONGD españolas jueguen su papel, consolidando el protagonismo alcanzado en la elaboración del Plan Director de la Cooperación Española (2005-08) y potenciando el diálogo político que eleve la madurez adquirida de cara a la formulación del próximo (2009-12). Los desafíos son muchos en este momento único de gran impulso de la política de cooperación al desarrollo y las ONGD deberían afrontarlos con su carta más alta, una sociedad civil cada vez más partícipe del debate.
La Declaración de París, que en marzo de 2005 planteó compromisos concretos para mejorar la eficacia de la ayuda, indica claramente la necesidad de coordinación, que en el caso español, dada la compleja variedad de actores, resulta indispensable para avanzar en la gran asignatura pendiente de la coherencia política. Para las ONGD, el reto sería consensuar sus acciones dentro de la lógica de intervención gubernamental, a la vez en sintonía con la de los países receptores de la ayuda. Por otro lado, las ONGD tienen que mejorar la capacidad de absorber fondos. La cooperación descentralizada, aquella que se gestiona a través de las comunidades autónomas y entidades locales, y que resulta más cercana a la ciudadanía, canaliza la mayoría de sus fondos solidarios a través de las ONGD y sin embargo no se gasta el total de su presupuesto. El objetivo del 0,5% de la Renta Nacional Bruta ya es prácticamente un hecho; la voluntad política favorece más que nunca el tan ansiado 0,7% para los próximos años. Sería una pena que las ONGD no lograran estar a la altura.
Finalmente, las ONGD deben intensificar su búsqueda de fondos para financiarse. La tendencia europea de disminución de la ayuda apunta que, tras la cancelación de operaciones de deuda de 2005, los fondos destinados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 2006 han descendido. Esto debería iniciar en las ONGD un profundo debate sobre nuevas fórmulas de financiación, mas allá de los gobiernos, y así poder seguir garantizando sus objetivos.
Las ONGD no pretenden ser ángeles sino organizaciones que, a pesar de sus problemas de funcionamiento y financiación, resultan esenciales para educar y sensibilizar a la sociedad y sus gobiernos sobre el imperativo de lograr un mundo más equitativo.
