LEONARDO PADURA
Escritor cubano. Autor de ‘El hombre que amaba a los perros’
Ilustración de Patrick Thomas
Copyright IPS
Hasta los estrictos portavoces de la Administración de Barack Obama han dado su veredicto aprobatorio: el Decreto Ley 288 recién promulgado por el Gobierno cubano, que al fin legaliza los actos de compra, venta y cesión de inmuebles en la isla, ha sido catalogado por ellos como un “paso positivo” dentro del proceso de cambios emprendidos por el Ejecutivo cubano.
No se trata de que la actual Administración estadounidense haya mejorado su capacidad de entendimiento respecto a las realidades de Cuba.
Su beneplácito apenas reafirma lo obvio. Porque apenas una semana antes, cuando la Asamblea General de la ONU volvió a condenar, por vigésimo año consecutivo y otra vez de manera casi unánime, la fallida política del embargo comercial y financiero estadounidense aplicado a la isla por cinco décadas, esa misma Administración hizo oídos sordos del reclamo internacional, sin la menor capacidad de entender lo que todo el mundo ha entendido: que el embargo no ha conseguido obtener los efectos esperados (la caída del sistema cubano) y que su aplicación más bien afecta, en lo esencial, a los 11 millones de personas que cada día tienen que pensar cómo hacer su día en Cuba.
Con total independencia de ese beneplácito norteamericano, la realidad es que hoy, muchos cubanos sienten que respiran con un poco más de libertad y que su día será menos arduo: al menos los que tienen casas, incluso los elegidos poseedores de autos, son ahora más propietarios (o verdaderamente propietarios) de esos bienes que, por décadas, fueron suyos pero a la vez no lo eran en virtud del entramado de leyes que prohibían la libre disposición de ellos por parte de esos propietarios legales.
Ojalá que la visión realista y de cambio que ha impulsado la promulgación de esta nueva ley llegue pronto a otros sectores de la vida cubana que claman a gritos por transformaciones radicales y profundas.
Si la ley que al fin permite la compra y venta de autos fabricados después de 1959 (sólo era posible disponer de los fechados antes de ese año) generó expectativas que no se han cumplido en todos los casos (se mantienen los límites para la venta de autos nuevos y regulaciones para los de segunda mano que puede ofertar el Estado), el decreto del 2 de noviembre pasado toca con mayor profundidad y espíritu de cambio uno de los temas más candentes para el país: el de la vivienda.
La nueva ley abre la posibilidad de la libre compra y venta de inmuebles entre ciudadanos cubanos e, incluso, residentes extranjeros; elimina trámites y regulaciones oficiales en los intercambios de vivienda (la llamada permuta), y legaliza y facilita la cesión de propiedades, incluso en el caso de “salida permanente” del país del poseedor (desde 1959 hasta ahora condenadas a la confiscación estatal). La disposición legal, en sí misma, no va a resolver los grandes problemas de déficit de vivienda, calculado en más de medio millón de casas, aunque sin duda traerá un alivio legal en los intercambios, donaciones y actos de compra-venta hasta ahora controlados o simplemente prohibidos.
Entre las ganancias que trae para los cubanos esta nueva ley se encuentra, en primerísimo término, la conversión de los títulos de propiedad de sus casas en un documento mucho más real de lo que hasta ahora había sido. Otras ventajas serán la posible redistribución más racional de los espacios, la mejora de los inmuebles por parte de nuevos propietarios con medios económicos para su reparación y mantenimiento, la ganancia de una propiedad por parte de un familiar o persona cercana cuando se produzca una “salida definitiva” o un deceso, la posibilidad de venta de terrenos y azoteas en las cuales se puedan levantar nuevas habitaciones.
La otra y no menos importante retribución radica en la eliminación de la interferencia oficialmente impuesta por los diversos niveles burocráticos del Instituto de la Vivienda, que en una notable cantidad de casos se movían con los mecanismos de la compra-venta de funcionarios, especialistas, asesores legales, es decir, con las oscuras reglas de la corrupción administrativa en la que caían los encargados de velar por la ley. Gracias a esa coyuntura, miles de funcionarios medraron con la necesidad y la carencia, y también miles fueron despedidos y hasta juzgados a lo largo de estas cinco décadas, mientras se pueden contar también en otros miles los trámites ilegales que, por artes de esa corrupción, alcanzaron la al parecer imposible legalidad.
Unas leyes que en su origen tuvieron el deseo y la misión de repartir el patrimonio para beneficio de amplias capas de la sociedad, impedir la especulación y la concentración de riquezas, terminaron por convertirse, en una época diversa, en un freno a la libertad de los individuos, en un laberinto de trámites y regulaciones violados por la realidad y en fuente de enriquecimiento de una burocracia despiadada, dedicada por años a medrar con la ley y la necesidad de los ciudadanos.
Ojalá que la visión realista y de cambio que ha impulsado la promulgación de esta nueva ley llegue pronto a otros sectores de la vida cubana que claman a gritos por transformaciones radicales y profundas.
Leonardo Padura
Escritor cubano
Ilustración de Javier Olivares
Bajo el sol inclemente del agosto cubano, tres jóvenes grafiteros intervienen una pared que da a una céntrica avenida. Los transeúntes los observan curiosos, extrañados, algunos quizás molestos por lo que consideran un embarre de pintura sin sentido. Los jóvenes intercambian con algunos que les preguntan por el significado de esas letras extrañas, que forman una palabra ilegible que ha resultado ser el apellido, escrito al revés, del fundador del movimiento de grafiteros independientes al que pertenecen estos muchachos.
Lo significativo es que el responsable del taller de reparación automotriz al cual pertenece la pared dio su autorización para la intervención de los jóvenes, pues él no tiene recursos para pintarla. Lo más curioso es que, a lo largo de las seis horas de labor que les lleva “la obra”, han pasado varios policías a pie y en autos oficiales, y ninguno de ellos se ha acercado siquiera a preguntarles a los pintores qué hacen, qué dice su pintada.
Mientras los jóvenes grafiteros realizan una faena que en el resto del mundo se hace con nocturnidad y alevosía, en un templo protestante de La Habana un grupo de alrededor de sesenta fieles, seguidores de un expastor excluido de su denominación religiosa, se han encerrado, según se dice en la calle, a esperar el proximísimo fin del mundo anunciado por su líder. La Policía, sí convocada en este caso, rodea el sitio con el argumento expreso de evitar incidentes. Lo que ocurra dentro de las paredes de la iglesia se ha dejado a la decisión del pastor excomulgado y sus fieles.
Aunque los cubanos sean gregarios por naturaleza, no parece factible que se produzca en esa iglesia una inmolación colectiva. Y si ocurre, es que en Cuba las cosas están cambiando demasiado.
Al mismo tiempo corre por la capital cubana una pregunta que va perfilando su respuesta a base de rumores. ¿Y qué ha pasado con el cable de fibra óptica que, tendido desde Venezuela, conectaría a Cuba con las redes de transmisión de datos e imágenes, y cuya operatividad fue alegremente anunciada para este verano que se extingue (con tanto sol y calor, como lo habrán comprobado los grafiteros)? Se dice, extraoficial y callejeramente, que la conexión no se ha podido realizar por haber existido serios problemas operativos debido a manejos corruptos de funcionarios cubanos encargados de tan importante misión. La prensa plana, radial, televisiva y digital de los sitios del Estado y el Gobierno nada han dicho al respecto. Ni de por qué no hay cable, ni sobre si hay o no corrupción. Y ante el silencio, el rumor es dueño y señor.
De lo que sí hablaron, y mucho, los sitios digitales más oficiales fue de las declaraciones que hizo en Miami el músico cubano Pablo Milanés, quien, entre otras cosas, declaró que había dejado de ser fidelista (devoto de Fidel Castro) y además aceptó un diálogo con un destacado opositor al sistema cubano. Aunque los periódicos y la televisión no hablaron del incidente, ni de los varios conciertos realizados en Estados Unidos por este importantísimo músico, los sitios y revistas digitales lo castigaron duramente por lo que consideran una infidelidad (y nunca mejor utilizado el término) e, incluso, hasta se habló de traición a los principios. Sin embargo, según ha trascendido por agencias de prensa no cubanas, Pablo Milanés ha regresado a Cuba y se encuentra, esperamos que tranquilamente, en su casa habanera.
Algo que con orgullo se ha reconocido es que ya pasan de 300.000 las personas que han solicitado licencias de “trabajo por cuenta propia” y han montado sus pequeños negocios a lo largo de la isla. La conclusión sacada por esos “independientes” parece haber sido la misma: aunque se deba trabajar más y pagar impuestos, resulta más rentable ser trabajador por cuenta propia que serlo para el Estado, con los salarios que paga el Estado.
También se ha anunciado el hecho extraordinario de que el Narciso de Caravaggio, y quizá otras dos obras del maestro italiano y otras varias debidas a sus seguidores, viajarán en breve a La Habana para ser exhibidas durante dos meses. Todo parece indicar que sería la primera ocasión en que un Caravaggio llegase a América Latina y, sin duda, una ocasión única para que los cubanos se asomen, como Narciso, a una de las más retumbantes creaciones del genio humano.
Como los grafitis, algunas cosas llegan tarde a Cuba. Otras cosas escogen a Cuba para llegar. Y otras sencillamente no llegan o se les hace difícil llegar. De algunas se habla oficialmente y otras caen en el pozo sin fondo del llamado secretismo, en muchas formas auxiliado y sostenido por alguna de las cosas que no llegan, como el acceso público a internet que, quizás, podía haber garantizado el controvertido cable de fibra óptica.
IPS
LEONARDO PADURA
Hace cinco años se hizo público el anuncio, dictado por Fidel Castro, de que, por razones de salud, delegaba “provisionalmente” sus altos cargos al frente del Estado y el Gobierno cubanos y colocaba sus responsabilidades en manos de una pentarquía encabezada por su hermano Raúl hasta tanto su estado físico le permitiera retornar por sus fueros. Con los meses se fue haciendo evidente que el regreso planificado del todavía por entonces primer secretario del gobernante y único partido admitido en Cuba, el comunista, no iba a ser tan inmediato y poco después se reveló que resultaría imposible y se anunció su retiro de la vida política activa… aunque no de la política.
La lejanía del líder de la Revolución de 1959 y por muchos años poseedor de los máximos cargos del país abrió un interrogante que un año después comenzó a tomar forma: ¿sería igual una Cuba sin Fidel al frente que la Cuba gobernada por Fidel? Hoy, cinco años después, quizá resulta posible aventurar una respuesta de ciertas sonoridades socráticas: la Cuba de hoy es la misma de Fidel, pero a la vez bastante diferente de la que gobernaba Fidel.
Sin que las esencias del sistema socialista cubano y su proyección política hayan cambiado sustancialmente, las estructuras y concepciones sociales y económicas han sufrido una violenta revulsión, muy visible en dos o tres renglones altamente significativos. Se ha producido un cambio total del equipo de Gobierno encargado de la economía (y no sólo la economía), una reanimación y ampliación del trabajo por cuenta propia y de las potencialidades de la propiedad privada, una guerra contra la corrupción de alto nivel, una sustitución de la retórica triunfalista por una más realista… entre otras variaciones.
En los cinco años transcurridos, quizá la mayor transformación haya radicado en el cambio de una visión política de la economía por el de una visión económica de la política. La revelación de las proporciones de la
ineficiencia económica imperante en el país empujó hacia un necesario saneamiento de sus mecanismos financieros, productivos y comerciales, como condición para la supervivencia de un modelo político. De ahí la derogación de medidas de puro carácter político que impedían la recaudación de circulante (telefonía celular, venta de equipos electrodomésticos y de computación, apertura de las instalaciones turísticas a los ciudadanos cubanos, etc.) y otras incluso más profundas como una nueva repartición de las improductivas tierras estatales a productores privados y la apertura de la microempresa individual o familiar como fuente de creación de bienes y recursos, de recaudación de ingresos por impuestos y de absorción de mano de obra, justo cuando el Gobierno “descubría” que el pleno empleo cubano escondía la existencia de más de un millón de trabajadores pagados por el Estado sin contenido real de trabajo.
A los que hemos vivido en Cuba todos estos años casi nos parece increíble que lo evidente por fin se haya hecho política de Estado, con la eliminación de métodos de movilización social tan arraigados como el del trabajo voluntario, por ser considerado improductivo e irrentable; de las brigadas estudiantiles que cada año debían sacrificar parte de sus vacaciones en labores para las cuales no estaban aptos y que engendraban más gastos que beneficios; o la supresión de los centros de enseñanza media ubicados fuera de la ciudad con la intención de facilitar la combinación del estudio con el trabajo, sin que al final ninguno de los dos fuesen muy rentables: ni el estudio ni el trabajo, y menos aún, la formación ética y civil de esos jóvenes.
En el puro terreno político quizá el hecho más significativo haya estado en la liberación de más de medio centenar de presos, la mayoría de ellos encarcelados en la primavera de 2003 y condenados a largas penas. Gracias a la mediación de la Iglesia católica y a la intervención de España como facilitadora, alrededor del 90% de esos expresos hoy están fuera de Cuba y, con su liberación, el Gobierno de Raúl Castro consiguió resolver una crisis política que se había abierto con la muerte del huelguista de hambre Orlando Zapata y amenazaba complicarse con el posible fallecimiento del disidente Guillermo Fariñas.
Pero, mientras se le quitaba presión a la olla política, se ponía más fuego en la guerra contra la corrupción de funcionarios públicos, y sólo en lo que va del año son ya 36 los burócratas, incluidos un exministro y un exviceministro, juzgados y condenados…
Sin embargo, fue en abril de este año, durante la celebración del VI Congreso del Partido Comunista, cuando Raúl Castro hizo el anuncio que definitivamente distingue su forma de hacer política: junto con la orden de que se imponía un cambio radical de mentalidad para dirigir y vivir en un país que comienza a ser diferente, anunció la decisión de que los altos cargos del Gobierno y el Estado sólo puedan ser ejercidos por dos periodos de cinco años.
Esta mutación de estilo y proyección, inédita en un Estado socialista de partido único, y más profunda de lo que aparenta desde el presente, parece marcar el fin de un modelo de Gobierno y una forma de hacer política hacia otra que podrá ser de muchas maneras, pero ya distinta de la que patentizó Fidel Castro en sus más de 46 años al frente del país.
Leonardo Padura es escritor cubano.
Ilustración de Diego Mir.
LEONARDO PADURA
Escritor cubano
Ilustración de Patrick Thomas
Posiblemente Cuba sea la única nación del mundo en la cual, desde hace medio siglo, ningún ciudadano del país puede adquirir libremente (y el puede en este caso no tiene las habituales connotaciones económicas) un automóvil o una casa nuevos.
Como parte de las políticas igualitarias y de absoluto control estatal de la mayoría de las propiedades existentes en el país, a lo largo de estas cinco décadas el Gobierno socialista fue dictando una serie de leyes y regulaciones que, originalmente destinadas a limitar la cantidad de propiedades acumulables y a establecer reformas en la tenencia de los bienes inmuebles (la llamada Reforma Urbana), permitían a las personas conservar algunas de estas propiedades –una (1) casa, un (1) automóvil–, que, en realidad, no eran totalmente suyas, pues sólo en casos excepcionales (automóviles fabricados antes de 1959) podían ser libremente vendidos a otro ciudadano.
Para llegar a tener una casa o un auto nuevo se crearon complejos mecanismos todavía hoy existentes. En algunos momentos de cierta bonanza económica fue posible que algunos esforzados llegaran a construir casas en terrenos o azoteas de propiedad o usufructo familiar, lo cual se ha bautizado como construcción con “esfuerzo propio”. Sin embargo, el más recurrido de los caminos fue el procedimiento mediante el cual el abarcador Estado “otorgaba” al ciudadano, por méritos o necesidades excepcionales, algunos de estos bienes, con la coletilla de que eran disfrutables por el beneficiado, y en muchos casos también heredables por sus familiares, pero nunca podían ser vendidos a otra persona, a pesar de que el “otorgamiento” podía incluir el título de propiedad mediante el contrato de compra, en dinero contante y sonante, a precios realmente asequibles para la mayoría de esos afortunados.
En los últimos 15 años, ya en plena crisis económica de los años 1990, se extendió la posibilidad de comprar autos –nuevos o de segunda mano, pero de fabricación más reciente– a personas que, también por vías excepcionales, acumulaban las divisas necesarias para adquirirlos y obtenían de varios presidentes de instituciones, ministros y hasta de un vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros la famosa “carta” que los autorizaba a comprarle a una dependencia de ese mismo Estado un auto gravado con altísimos impuestos… auto que, tampoco, era posible vender a otra entidad que no fuera el propio Estado que lo había vendido y luego lo compraba a bajísimos precios, como suele suceder en todas las actividades económicas monopolizadas. Con los inmuebles, las regulaciones siguieron siendo más o menos las mismas, pues se buscaba con la prohibición de las ventas y las limitaciones de los intercambios de casas (conocidas como permutas) que los involucrados no pudieran lucrar con la venta o cambio de su domicilio.
Para controlar las limitadas posibilidades de realizar alguna operación con estos bienes, que como se ve no eran tan propios, en el caso de los inmuebles se creó una Ley General de Vivienda que regulaba prácticamente cualquier movimiento legal o ilegal. A la Ley, con los años, se le fueron añadiendo coletillas cada vez más asfixiantes en forma de Decretos-Ley (5), Decretos (2) y otras 180 disposiciones “de rango inferior, entre resoluciones, instrucciones y circulares del Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Justicia y otros organismos”.
Mientras, en el caso de los vehículos automotores funcionaban “40 prohibiciones o limitaciones (…) para la transmisión de la propiedad”.
Lo significativo es que, a pesar de tanta regulación y vigilancia, sobre todo en el caso de los inmuebles se fue creando un mercado subterráneo donde, para su funcionamiento, por supuesto que se debía nadar en el mar de las ilegalidades al cual muchos se lanzaban por arriesgados o por desesperados. Además, ninguna de esas medidas propició un verdadero alivio en el tenso estado del fondo inmobiliario cubano, en déficit permanente y con una creciente aglomeración de inmuebles en mal estado.
Ahora el Gobierno cubano, en el proceso de “actualización del modelo económico” emprendido por el presidente Raúl Castro, ha decidido flexibilizar la compra-venta de estos dos objetos del deseo de tantos cubanos. El anuncio de tal liberalización del mercado inmobiliario y automotor no contempla aún la libre oferta de casas o vehículos nuevos (lo cual sería un excelente negocio para el Estado monopólico), sino sólo de los ya existentes en el país, y mediante unas normas que incluyen impuestos sobre la venta, la herencia y la propiedad. Cincuenta años después, la práctica más o menos universal retorna a este mercado en Cuba…
Al igual que en las citas anteriores, todas reproducidas de la información publicada por el diario Gramna, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba (edición del viernes 1 de julio, en la reseña de una “reunión ampliada del Consejo de Ministros”), ahora vuelvo a utilizar las comillas, pues, significativamente, en el diario oficial se afirma que con la nueva política también se pretenden eliminar “regulaciones burocráticas que propicien la repetición de las manifestaciones de ilegalidades y corrupción”…
Cuando menos resulta curioso que tanta ley, decreto, resolución y prohibición, hayan prohijado, al final del camino, infinidad de violaciones, entorpecimientos, corrupciones e ilegalidades, de las cuales se beneficiaron por décadas los más pícaros, los más arriesgados, y una legión incontable de burócratas corrompidos por las ebulliciones de esas leyes y decretos que supuestamente debían observar y aplicar para el bien de todos.
Copyright: IPS
LEONARDO PADURA
Con esperanzas para algunos y con escepticismo para otros; con temor o satisfacción por lo que vendrá o podría venir; hasta con el sentimiento de que lo proyectado pueda ser una renuncia a viejos principios ideológicos o con la certeza de que apenas se trata de un maquillaje: de todas estas y otras formas, a veces tan antagónicas, han sido recibidos en la isla y reflejados por la prensa internacional los acontecimientos ocurridos en Cuba durante la última semana. Pero, en ningún caso, los acuerdos, decisiones, proyecciones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba han dejado indiferentes al mundo: Cuba tiene un magnetismo (morboso en ocasiones, admirativo en otras) que haría imposible esa última reacción.
Aunque la noticia no resultó sorprendente, mucho se ha hablado de la renuncia de Fidel Castro, el líder histórico, gobernante por más de 45 años de los destinos del partido, el Gobierno y el Estado cubanos, quien ha decidido pasar a ser un simple militante del partido –aunque todos sabemos que será todo menos “simple”–.
Más sorprendente y conmovedora (política y hasta humanamente hablando) resultó la propuesta del nuevo primer secretario y ya presidente de la República, Raúl Castro, de establecer que se reduzcan a dos periodos de cinco años las estancias en el poder de las figuras que regirán los destinos de la nación, ya sea desde el Gobierno, el Estado y el propio partido, algo inédito en la estructura dirigente de un país socialista, donde las altas esferas apenas solían alterarse por la llegada de la muerte. De qué modo se producirán esos relevos aún está por ver.
Esperada, asimismo, resultó la propuesta de toda una reestructuración de un modelo económico obviamente agotado, que buscará con alternativas como las inversiones extranjeras, el trabajo, los impuestos y la producción privada, la descentralización del Estado, la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de subvenciones. Todas estas medidas procuran la necesaria competitividad mercantil que reclama con urgencia un país agobiado por una interminable crisis económica y una rampante ineficacia productiva, y con una sociedad deformada por los modos en que se accede a bienes y servicios.
La palabra mercado, por décadas satanizada por los círculos oficiales cubanos (hasta para la comercialización de libros) ha reaparecido, pero antes y mucho más que ella se ha repetido una y otra vez el término clave que hoy debe imponerse en Cuba: cambio. ¿Cuán profundos y radicales serán esos cambios? ¿Afectarán las esencias económicas y sociales del sistema, incluso las políticas? Eso también está por verse, pero lo indudable es que los cambios han llegado y seguirán llegando, no siempre por deseados (para ciertos sectores de la dirigencia del país), pero en todos los casos por
inevitables –pues muchos de ellos ya se habían instalado en nuestra sociedad y otros se imponen como un reclamo de los tiempos y la realidad cubana y planetaria–.
Sin embargo, poco, casi nada, se ha hablado de otras raigales transformaciones que deberán o deberían acompañar los cambios económicos, sociales y hasta políticos propuestos o aprobados. Cambios tal vez más sutiles, pero indispensables y no menos esenciales, entre los que valdría la pena recordar las urgentes transformaciones en la mentalidad verticalista, ortodoxa, fundamentalista, excluyente que, alimentada por años, tuvo la capacidad de convertir en sospechoso, cuando no en enemigo, a todo el que disintiera de las posiciones oficiales y pretendiera pensar con sus propias neuronas y no con las que “el momento”, “la situación del país”, “la orientación desde arriba”, permitían y avalaban. Si hace cinco, siete años, alguien en Cuba hubiera propuesto medidas como las adoptadas esta semana por el congreso partidista, seguramente habría sido catalogado de revisionista, incluso de contrarrevolucionario y estigmatizado como tal por un sector cavernario de la burocracia gobernante.
Sin cambios profundos en esta manera de conducir el pensamiento y admitir la libertad de expresarlo por los demás será difícil instrumentar una verdadera cultura que se sostenga sobre la necesidad de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”, pues los acuerdos y decisiones partidistas no van a eliminar de un día para otro la tendencia a acusar (por los de arriba) y la reacción de temer (por los de abajo). Muchos años y demasiadas acusaciones y miedos se acumulan en las vidas y conciencias de los cubanos como para que esta transformación llegue de inmediato, aun cuando lo cierto es que en la Cuba de hoy los niveles de permisibilidad y heterodoxia resultan estar a distancias siderales de los que existieron treinta, cuarenta años atrás, cuando cualquier opinión fuera de tono era considerada un “problema ideológico” o un modo de darle “armas al enemigo”: aun cuando se tratara de la más obvia y dolorosa verdad.
Demasiados años de verticalidad política, de abultado poder de la burocracia, de considerar enemigo a quien no pensase exactamente igual son lastres que la proyección hacia el futuro de los lineamientos sociales y económicos aprobados deben insistir en hacer desaparecer para que brote una sociedad más viva y audaz. Como también debe esfumarse la posibilidad de estigmatizar al inconforme, una fuerza a la que tantas veces ha recurrido esa retardataria burocracia y, por tanto, reaccionaria, responsable no sólo de incontables desastres económicos (por los cuales nunca ha pagado o si acaso lo ha hecho sólo con la pérdida de ciertos privilegios), sino, y sobre todo, promotora de la sustracción de la cultura del diálogo y la inconformidad expresa como componentes de la diversidad social. Esa necesidad de admitir lo nuevo, lo diferente, lo heterodoxo que hoy, también, se reclama desde la dirección partidista y gubernamental cuando el propio Raúl Castro reconoce que “lo primero a cambiar dentro del PCC es la mentalidad, es lo que más nos va a costar porque ha estado atada durante años a criterios obsoletos”.
Solo así habrá verdaderos cambios en Cuba. No sólo por decreto, sino también por consenso. No sólo promovidos desde arriba, sino también empujados desde todos los rincones.
Leonardo Padura es escritor y periodista cubano
Ilustración de Enric Jardí
