Lidia Falcón
Abogada. Presidenta del Partido Feminista de España
Ilustración de Mikel Casal
Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Este tipo de agresiones está tan extendido que la ONU ha declarado que “es el crimen oculto más numeroso del mundo”. Sólo en el último periodo democrático de la historia de España las luchas feministas han logrado que el maltrato a las mujeres se considere un problema social que concierne a las instituciones del Estado. Pero es sin duda la cantidad de víctimas de los últimos 30 años –y que al fin las estadísticas se han decidido a contar, aunque sea incompletamente– la que impulsó que el Gobierno elaborara una Ley de Violencia de Género el 28 de diciembre de 2004 –no sé si esta fecha tendrá algún simbolismo–, que fue votada por todos los diputados por aclamación.
Cuando siete años después de entrar en vigor la merecida ley contamos ya 500 asesinadas, resulta difícil mantener el optimismo que muestran los gobernantes sobre la eficacia de la norma. Las cifras de los últimos 30 años resultan demoledoras: 2.200 muertas, dos millones de apaleadas sistemáticamente, 15.000 violadas cada año, y miles de niñas –no hay estadísticas oficiales– maltratadas, abusadas sexualmente, asesinadas y desaparecidas. Con este resumen de la realidad, ¿cómo se puede defender el éxito de un ordenamiento legal plagado de contradicciones, omisiones y complejidades?
La más grave injusticia de esa ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental permanente. A la par, los jueces se sienten autorizados para exigir a las víctimas que demuestren que la violencia ejercida contra ellas se realiza en razón de la posición “de subordinación al hombre” al haber redactado los legisladores (como consecuencia de la ampulosa e ineficaz Exposición de Motivos) el artículo 1 en la forma siguiente: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
Esta prueba se ha convertido en el principal argumento de la judicatura para archivar muchas denuncias de maltrato, “si no se demuestra que las agresiones se han producido como esa relación de poder del hombre sobre la mujer”. Criterio avalado hace un año por una sentencia del Tribunal Supremo que establece la doctrina ad hoc.
El resultado está siendo que muchas denuncias se archivan sin más trámite ante la declaración del maltratador de que él no actuaba con desprecio machista, y se le exige a la víctima que pruebe la situación de desigualdad en la pareja. Si el juzgador no llega al convencimiento de que se halla ante un caso específico de “violencia de género”, según la confusa terminología adoptada oficialmente, se archivan de inmediato las actuaciones.
Si no existiese la ley y se aplicase únicamente el Código Penal antiguo, en el caso de injurias, amenazas y coacciones, y, por supuesto, lesiones, se celebraría un juicio de faltas y se condenaría al agresor a una multa o se seguirían unas diligencias previas para perseguir el delito, como en cualquier otro caso, sin la calificación de esa “violencia de género”. A día de hoy, todos esos maltratos se archivan sin más trámite.
Pero la más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos, según el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras el legislador se ha molestado en especificar, con resultados completamente nocivos como hemos visto, que la violencia de género es diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral y en la Ley de Igualdad. Pero la sola mención de esta posibilidad indigna de tal manera a los expertos en Derecho y elaboradores de doctrina, que es imposible abrir ese debate.
A la vez, la falta de dotación económica de la Policía, de los juzgados y de las unidades forenses impide la verdadera protección de las víctimas que en algunas comunidades se van de las comisarías con un folleto de consejos de autoayuda y sin que siquiera hayan tomado nota de su denuncia.
La consecuencia de todas estas circunstancias y negligencias es que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite. Del 45% restante que llegan a juicio, se condena al 70% –la mayoría porque el acusado se conforma con la pena que no excede de dos años y que, en consecuencia, no cumple– y, en definitiva, únicamente el 38% de las denuncias concluyen en condena del culpable, de las que sólo el 10% son superiores a dos años de prisión.
A este retrato de la aplicación de una ley que debía ser el instrumento eficaz de protección de las víctimas, hay que añadir el incumplimiento –no perseguido– de las órdenes de alejamiento, que permite los continuos asesinatos de mujeres que se creían protegidas por tal orden judicial. Podemos pronosticar que sin reformar la Ley de Violencia y dotar económicamente a la Policía y a la Administración de Justicia para que tengan medios con que cumplir con su deber de protección de las víctimas, las cifras de femicidios seguirán siendo escandalosas, ante la inhibición de las instituciones y la indiferencia social.
LIDIA FALCÓN
La diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado democrático es la protección y el respeto que muestra hacia sus ciudadanos. Ante los asesinatos de mujeres que continuadamente se producen en España no es exagerado ni improcedente exigirle a nuestras instituciones que protejan a las víctimas. Es imaginable que si sufriéramos de 60 a 70 víctimas mortales cada año por atentados terroristas, los mecanismos de prevención y punición serían mucho más contundentes.
La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad en el Parlamento, lo que ya permitía sospechar de su benignidad. Y así fue. Para no molestar a los sectores de la derecha machista, el Gobierno consensuó unas normas incompletas que las hacen ineficaces, a las que se unen la falta de medios que padece la Administración de Justicia. El resultado ha sido evidente. El Instituto de la Mujer admite que deben ser 2.600.000 las mujeres víctimas habituales de violencia machista, y a día de hoy sumamos 65 asesinadas, seis más que en 2009.
Pero cuando, a los casi dos años de entrada en vigor de la ley, desde el Partido Feminista presentamos el informe Hacer de los derechos realidad sobre las carencias de dicha ley y nos dirigimos a todas las instituciones que representan el Estado –el Parlamento y el Senado, el Parlament de Catalunya, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Igualdad, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, los Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo– solicitando las modificaciones necesarias, se nos negó esa posibilidad o ni siquiera se nos contestó. Nunca supe para qué había servido la Comisión de Violencia del Parlamento que estuvo reuniéndose durante un curso.
En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene el redactado legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado –que cuando se trata de otras jurisdicciones como la laboral no se aplican desde hace cien años– que obligan a esperar a la denunciante interminable tiempo para ver dirimida su denuncia en los tribunales. La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas. El 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilidad de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto que llevamos al Congreso y que fue desestimado.
Si a estas carencias legales añadimos que ni se han dotado de los medios necesarios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados, ni estos disponen de personal preparado para su misión, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.
Mas no es este el único escollo con que hemos tropezado en el camino de lograr mayor eficacia en la protección y punición del delito. Inmediatamente después de que se aprobara esa tímida ley, un sector social inició una agresiva campaña contra ella y las instituciones que tenían que hacerla cumplir, asegurando que permite que las mujeres se beneficien presentando denuncias falsas. La difusión de esta perversa acusación ha sido tan eficaz, ha estado tan bien dirigida, que en poco tiempo se dictaron normas de funcionamiento interno en los juzgados para no aceptar las denuncias “sospechosas” e investigar su veracidad. A partir de esa inflexión del criterio de la Justicia dedicada a la violencia contra la mujer, y a pesar de las negativas del Observatorio de Violencia del CGPJ sobre la veracidad de estas afirmaciones, las causas se archivan en mayor proporción, se exige mayor rigidez en las pruebas y las absoluciones se menudean, se dictan condenas más leves y las más pequeñas no se cumplen nunca y, en consecuencia, las mujeres denuncian menos. Resulta totalmente comprensible que las mujeres no confíen en la Justicia.
La involución se ha producido radicalmente con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que la agresión contra una mujer por parte de un hombre no siempre es violencia machista, y pasa entonces a ser considerada como cualquier otra pelea entre ciudadanos. Y no digamos si ella se defiende, será condenada a la par que el maltratador. Pero, incluso después de una condena, la falta de medios hace imposible una verdadera protección de la víctima. Las famosas pulseras de alarma no se han impuesto más que en una minoría de casos, no hay personal suficiente para vigilarlas y, al estar en libertad el agresor, la intervención de la policía llega tarde cuando aquel se propone consumar el asesinato.
Y en estas condiciones, muy resumidas, aún se regaña a las mujeres porque no denuncian, logrando el objetivo perfecto para el poder: convertir a las víctimas en culpables de su propia desgracia.
Lidia Falcón es abogada. Presidenta del Partido Feminista de España.
Ilustración de Enric Jardí
LIDIA FALCÓN
Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Hernández recuerdo que en la Semana Santa de 1966 Eliseo Bayo y yo sacrificamos nuestros pocos días de asueto y nos fuimos a Orihuela, que no era nuestra patria pero sí la de Miguel Hernández, porque queríamos sacarle del olvido en que la dictadura y sus corifeos pseudointelectuales lo habían hundido. Una semana que nos conmovió a quienes nos sabíamos sus versos y su triste biografía de memoria.
El primer reportaje que sobre Miguel Hernández se publicó en España en aquellos peligrosos años lo escribimos nosotros y se publicó en la revista Destino de Barcelona, que entonces constituía un pequeño refugio de rojos. Visitamos la casa de sus padres, nos entrevistamos con sus hermanos y cuñadas, conversamos con los amigos que lo ayudaron y con los próceres de la ciudad que lo persiguieron, fotografiamos el colegio, la iglesia y los campos de cabras donde se forjó la infancia de Miguel. La viuda y su hijo vivían en Alicante entonces y no querían hablar con nadie, perseguidos todavía por el odio franquista. Fuimos hasta el cementerio de Alicante y el vigilante nos guió hasta su nicho, que exhibía únicamente dos palabras en la lápida: “Miguel Hernández”, de la cual aún guardo la fotografía. Ni siquiera constaba la fecha de su muerte. A pesar del riesgo que corrimos y que desafió la revista, no tuvo eco aquel trabajo. Durante este tiempo han aumentado los trabajos sobre la obra de Miguel, incluyendo la serie que se filmó en los nefastos tiempos de la televisión de Aznar, donde se le humillaba y minimizaba. Han debido pasar 44 años para que se cumpla su centenario y al fin eclosione el entusiasmo que todos sentimos por la obra y la vida de Hernández en congresos, conferencias, revistas, libros. Ninguno de ellos recoge aquella primera, valiente y novedosa aproximación a la vida del poeta y a la obra del militante comunista, que no por breve y autocensurada como correspondía al momento deja de tener su mérito.
Leo el número de La República de las Letras, revista dirigida por Andrés Sorel, donde se recogen 20 trabajos literarios, históricos y biográficos sobre el poeta y constato que en ninguno de ellos se menciona a César Falcón, mi padre, el periodista y escritor peruano que vivió en España 20 años y luchó por la República y el socialismo invirtiendo en ello todo lo que tenía: su prestigio como intelectual, su trabajo como periodista, su libertad, que perdió en varias ocasiones, su supervivencia económica, y que concluyó finalmente en el exilio. Falcón conoció y protegió a Miguel, un muchacho recién llegado a Madrid cuando mi padre ya había sido corresponsal de El Sol en París y en Londres, y colaboraba en Blanco y Negro, y más tarde perteneció al Comité Central del Partido Comunista. Mi padre fue director del periódico Mundo Obrero, publicó novelas, escribió obras de teatro, montó y dirigió durante varios años el Teatro Proletario, la versión revolucionaria de un teatro popular frente al elitista de La Barraca, del que hoy se han querido olvidar, y estuvo en primera línea de fuego con el primer programa de radio que creó con el nombre de Altavoz del Frente y que transmitía las noticias de la guerra. Para el muchacho que era Miguel, Falcón fue su amigo al llegar a Madrid, su maestro en el periodismo y su avalador en el partido. Frente a la hostilidad que le mostró García Lorca, desde su pedestal de poeta exquisito, mi padre admiró y apoyó a Hernández. El compromiso militante que no todos los intelectuales de la época asumieron, unieron a Falcón y a Hernández, que más tarde se encontrarían en el frente, donde uno en su juventud luchaba con las armas y el otro en su madurez con las palabras. Ninguno de los eruditos colaboradores de La República de las Letras lo conoce e incluso alguno atribuye Altavoz del Frente a otro periodista.
Todavía más sorprendente es que ni aún se le mencione en la ponencia publicada en el libro, dirigido por Julio Rodríguez Puértolas, sobre los periodistas y escritores latinoamericanos que estuvieron en España durante la República y la Guerra Civil, de la que es autor Teodosio Fernández Rodríguez. No puedo decir que tal ninguneo me haya sorprendido. Exceptuando a Gonzalo Santonja, que escribe con verdadera erudición sobre los intelectuales que defendieron la República y que publicó una hermosa semblanza de César Falcón en Diario16, nadie más le cita y quizá ni siquiera le conoce.
Bien sé que el viento de muerte que se abatió sobre España mató, con la mejor gente de nuestro pueblo y de nuestra intelectualidad, también el recuerdo y envileció la historia. Pero en estos años, los que dirigen el país no sólo no han mostrado reconocimiento ni gratitud por aquellos que lucharon y murieron por construir un país que les permitiera a ellos sentarse en los sillones del Parlamento, de los gobiernos y de las cátedras, sino que han elevado a la fama y al reconocimiento a mediocres personajillos, cuando no corruptos, a los que se les conceden las canonjías, los puestos de mando, los sustanciosos sueldos y los premios. Cierto es que la primera ingratitud es la del Partido Comunista, que nunca ha reivindicado la figura y el papel que cumplió César Falcón durante tantos y difíciles años, pero los profesores e investigadores que se especializan en descubrir la verdadera y oculta historia de nuestro país no tienen derecho a ignorar que César Falcón fue uno de los intelectuales más afamados de la España de los años veinte y treinta, que luchó contra el fascismo invirtiendo en ello su tiempo y su libertad y que hizo más por conseguir que la democracia se implantara en nuestro país que muchos de ellos.
Lidia Falcón es periodista y escritora.
Ilustración de José Luis Merino
LIDIA FALCÓN
Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significó en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento aceptaron sin cortapisas –el Partido Comunista con un entusiasmo que dejó atónitos a muchos– legitimar al rey que había sido designado por el dictador y coronado por las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos: palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir 30 años para que el PCE –ya sin poder político– rectificara y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, que reivindica la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y que reclama justicia para sus abuelos. Pero, con independencia de la evolución del PCE, es importante constatar la desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia una monarquía impuesta a la sociedad por los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Se ha ocultado, consciente y culpablemente, a las nuevas generaciones de la postdictadura que el pueblo español llevaba luchando un siglo y medio por alcanzar una República democrática, igualitaria y justa. Y que, cada vez que parecía haberlo conseguido, sus pretensiones fueron destruidas manu militari por la violencia de las armas. Muchos sufrimientos y una atroz guerra nos proporcionaron los enemigos de todo progreso: el ejército monárquico y franquista, los grandes consorcios industriales y la banca, en colaboración con los latifundistas del sur y del oeste, con la bendición de la Iglesia católica.
De ese túnel de miseria, represión y miedo en que estuvimos metidos durante 40 años, salimos muy lenta y violentamente. En los años ochenta, la Universidad de Yale (EEUU) me pidió un artículo sobre la violencia en los años de la Transición y, a pesar de mis limitadas fuentes de información, obtuve la cifra de 280 personas pertenecientes a grupos de izquierda asesinadas por las fuerzas de la ultraderecha. Últimamente, las indagaciones más completas elevan el número a más de 500, como se demuestra en una investigación reciente. Ya es hora de desmentir la falsedad más repetida y publicitada por todos los estamentos del poder de que la Transición política española se realizó en una calma paradisíaca. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, en su libro El final de la dictadura, explican que en un solo año se produjeron, nada más y nada menos, 14.000 huelgas y se celebraron miles de asambleas y manifestaciones de todos los estamentos sociales, convocadas por las organizaciones obreras, vecinales, estudiantiles, feministas. Fueron asesinados, por diversas facciones y sicarios fascistas, un alto número de activistas sindicales, comunistas, anarquistas, nacionalistas, en las calles, en los despachos de abogados, en las comisarías y en las cárceles.
Durante casi siete años –desde la muerte de Franco hasta el golpe del 23-F– todos los medios de comunicación alertaron de las conspiraciones del ejército con la conocida frase de que se escuchaba “ruido de sables” en los cuarteles. Todavía en octubre de 1982, en vísperas de las elecciones que le dieron el triunfo al PSOE, se descubrió una nueva conjura militar. Recuerdo cómo Miguel Núñez, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista y diputado en las Cortes, al regresar a Barcelona después de cada semana parlamentaria, intentaba justificarse ante los militantes impacientes y disgustados con la complicidad del partido con la monarquía y la derecha con el argumento de que los militares estaban nuevamente organizándose para “dar el golpe”.
Este fue el verdadero clima de la sociedad y de la política española en el que se impuso la monarquía, y no la plácida situación que se ha descrito desde todas las instancias dominantes: poder político, medios de comunicación, historiadores. Mediante una Constitución redactada por una mayoría de representantes de la derecha y la extrema derecha, y dos diputados del PSOE y del Partido Comunista que habían abandonado sus reivindicaciones republicanas. Esa Constitución se votó por el pueblo en un clima de amenazas constantes y de vivo recuerdo de los horrores de la Guerra Civil y de la dictadura. El plebiscito de la monarquía es, por tanto, inválido, porque fue convocado en unas circunstancias de permanente coacción, de modo que esa generación de los años setenta responsable de lo ocurrido no puede obligar a sus descendientes a heredar las consecuencias de su actuación.
Lidia Falcón es periodista y escritora
Ilustración de Mikel Casal
LIDIA FALCÓN
A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la Justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado: llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia, el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Jersey, abochornó a la mujer –a la que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies– lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, de desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.
María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de 5 años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero esta no conocía el talante de los jueces esta-
dounidenses, porque, cuando se presentó ante el tribunal, en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.
Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo– han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que, si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija, alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que, además del encierro, está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.
Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula La guerra contra las mujeres, en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, fue escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.
No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el Gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar –ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José– y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahui despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo –condenado a 11 años por un manifiesto– que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. He leído la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso hasta hace pocos días en Copenhague.
Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.
Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y, por tanto, está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.
Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo–: ¿qué hace el movimiento feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y, por ello, está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático. ¿Qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?
Lidia Falcón es periodista y escritora
Ilustración de Miguel Ordóñez
LIDIA FALCÓN
La manifestación del sábado 17 de octubre contra la nueva Ley del Aborto –magnificada por ciertos medios de comunicación– parece que ha tenido más éxito del que le atribuíamos, a tenor de lo que informa la prensa católica, que asegura que el Gobierno debe modificar el proyecto que está a punto de aprobarse. Después de que el PP reclamara su retirada para atender a lo que denominan “el clamor de la calle”, ya sabíamos que tanto para el PP como para los medios afines, de 250.000 a 480.000 manifestantes deben imponer su criterio a los 13 o 14 millones de votantes que reúnen los partidos a la izquierda del PP y que apoyan decididamente la reforma que ahora se plantea. Pero, ciertamente, no puedo imaginar que para el Ejecutivo del PSOE sea también determinante lo que grite en la calle una manifestación de votantes del PP.
En España, la hipocresía y las contradicciones del PP son tan evidentes que siempre me asombro de que puedan defenderlas con la seguridad con que lo hacen, a veces a voz en grito. Cuando el PP gobernaba y la oposición se manifestó contra las decisiones injustas que tomaba, contestaron, arrogantes y desafiantes, que éramos pancarteros; cuando son ellos los que organizan la protesta, esta debe ser escuchada y debe prevalecer sobre las decisiones del Parlamento. Durante los ocho años del desdichado Gobierno de Aznar no se puso en cuestión la Ley de 1983 y esta fue refrendada por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que a su amparo se practicaron en España más de medio millón de abortos ante la mirada distraída –y también complaciente, porque muchos de los que siguen el ideario del PP acudieron a las clínicas privadas a realizar un aborto– de los gobernantes de derecha. Cuando los populares exigen consenso para llevar adelante las reformas legales que plantea el PSOE quiere decir que el Ejecutivo siga sus planteamientos, pero cuando el PP gobernó no hizo más que reírse de las peticiones de la oposición.
Esta conducta, por más inaceptable que sea, se ha instalado en esta derecha ultramontana que es la oposición política en España. Ningún país democrático y avanzado se ha planteado nuevamente la polémica sobre el derecho de la mujer a escoger su maternidad, después de 30 años de que se diese por zanjada. Ni los países católicos como Francia, Bélgica, e incluso Italia, donde reside el Papa, ni los protestantes, como los nórdicos y el Reino Unido, Alemania u Holanda, se plantean hoy restringir la posibilidad legal de que las mujeres interrumpan su embarazo voluntariamente en unos plazos que en algunos de esos países son más generosos que los que se contemplan en la nueva ley española. No hacen con ello más que cumplir la solicitud de los millones de mujeres que hemos exigido que se nos reconozca ese derecho –y que sin duda somos más que las que se oponen–, así como el mandato de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los gobiernos que legalicen el aborto y que este se practique en los hospitales públicos como cualquier otra intervención sanitaria para evitar los millones de muertes y enfermedades invalidantes que sufren las mujeres en los países donde el aborto está prohibido y tienen que proporcionárselo en condiciones insalubres y clandestinas.
La agresividad y los insultos que nos propinan los dirigentes del PP a los que apoyamos el derecho al aborto –ayudados por Convergència i Unió, partido pilotado, como todo el mundo sabe, por el Opus– serían impensables en la campaña política de la derecha civilizada europea. Nadie puede imaginar a Sarkozy planteando una ley para ilegalizar el aborto y gritando desaforadamente al frente de una manifestación en compañía de obispos y organizaciones de ultraderecha. Quizá los partidos al estilo de Le Pen lo hagan, aunque yo no lo he sabido a través de nuestros medios, pero tales se consideran ultras, filonazis, xenófobos y toda la gama de tendencias fascistas que siguen existiendo en esta maltratada Europa, y que como la hidra de siete cabezas renace después de las masacres con que asolaron el continente –casi siempre por la complacencia y la permisividad de los partidos democráticos–.
Así, las ingentes cantidades de dinero que se le entregan a la Iglesia católica española por parte del Gobierno, en vez de calmar su furia, como supongo pretendían Zapatero y Fernández de la Vega –darle carne a la fiera para que estuviera saciada– han servido para financiar las campañas y manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aborto.
El PP presume de ser hoy la única derecha democrática del país, que se enseñorea en varias regiones españolas y se considera la única alternativa al Gobierno del PSOE, pero esto sucede porque ha incorporado en su seno a las facciones de ultraderecha que, aparte de esos minúsculos grupúsculos que se presentan a elecciones con el nombre de Falange, no se atreven a separarse de la casa madre para mostrarse claramente y sin tapujos a la opinión pública reclamándole su voto.
Desde la Transición política no se han decidido a formar partidos de un ideario claramente fascista porque el sagaz cálculo de esas opciones les dice que sólo pueden tener poder al abrigo del gran paraguas del PP –también quiero creer que porque en España el fascismo no tiene posibilidades de gobernar, como sucedió antes de la Guerra Civil– y porque los “demócratas” populares no les hacen ascos a esas facciones de facciosos. Pero lo que los demás no podemos consentir, empezando por el Gobierno, es que todavía en España las ideas franquistas se impongan impidiendo el avance de los derechos de la mujer. Eso es lo que espero que no suceda en el inminente debate de la Ley del Aborto.
Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Ilustración de Iker Ayestaran
LIDIA FALCÓN
La celebración del Día de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha jugado la Constitución
–que recientemente cumplió 30 años–, en la vida de las mujeres españolas. Este olvido resulta más culpable si se tiene en cuenta que no sólo las mujeres constituyen el 52% de la población, sino que, si la Carta Magna ha producido algún efecto perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos, ese es fundamentalmente el que ha causado en la de las mujeres. Ellas fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil que yuguló sangrientamente los avances y las esperanzas de progreso que albergó la II República. El dictador y sus secuaces, con el inestimable apoyo de la Iglesia católica, se cebaron con especial sadismo en torturar a las españolas. Privadas de derechos civiles y laborales, de la patria potestad de sus hijos, condenadas por ley a la marginación de la vida pública y a la miseria económica, perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas, aborto o abandono del hogar, se hundieron en la condición más penosa de toda la historia de España.
Solamente la firmeza que mostramos durante la transición en la exigencia de nuestros derechos nos situó en el escenario social del que también los organizadores de esta democracia querían apartarnos. Es bueno recordar fechas y actuaciones para que a los dirigentes políticos se les sitúe en el lugar que les corresponde. A dos meses de promulgarse la Constitución, en octubre de 1978, después de tres años de celebrar el Año Internacional de la Mujer y de los interminables casi dos años que los padres de la patria estuvieron pactando el texto –recuérdese que ninguna mujer participó en la redacción de la Carta Magna– el único avance que conseguimos fue que los diputados, incluyendo a socialistas y comunistas, eliminaran del Código Penal el delito de adulterio, que sólo cometían las mujeres, y el de prácticas anticonceptivas.
En los programas electorales del PSOE y del PCE de 1977 y de 1979 no constaban ni el divorcio ni el aborto. Nos costó cinco años de luchas heroicas –asambleas, manifestaciones, encierros, cierre de revistas, procesamientos y una buena paliza que recibí yo en la calle en la última manifestación en Barcelona– conseguir el divorcio. Un divorcio condicionado a la separación –han tenido que transcurrir 25 años para permitirnos divorciarnos de primeras, como en cualquier país civilizado–. Aún hubimos de sufrir cuatro años más de penalidades para lograr el permiso de abortar por grave peligro para la salud de la mujer, violación y malformación del feto, que no se ha vuelto a modificar. Mientras se discute la estúpida norma, implantada por los tan progresistas diputados, que impuso la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en un país que, para derogar la Ley Sálica, libró tres guerras y para proclamar dos Repúblicas, otras dos, ninguno ha planteado la derogación del precepto que obliga a preservar la vida de “todos”.
La Constitución es la jaula de hierro que nos encarcela en las tiranías de nuestra fisiología y nos impide alcanzar el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, con esa disposición del artículo 15, estableciendo que “todos” tienen derecho a la vida, que los franquistas y cristianos metieron complacidamente, ante la indiferencia de socialistas y comunistas. Así, el Tribunal Constitucional, ante el que la Alianza Popular de la época, comandada por el franquista Fraga Iribarne, presentó recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto, con una interpretación torticera ante un término tan vago como el de “todos”, pudo pronunciarse exigiendo más limitaciones en la práctica. Y esto ha permitido una feroz ofensiva de la derecha, que ha llevado al cierre de varias clínicas de abortos y al encarcelamiento de siete médicos en Barcelona. El Gobierno ha nombrado una comisión de estudio –estupendo sistema inventado por esta democracia para enterrar cualquier proyecto–, en la que han entrado asociaciones del Opus, con las que asegura la vicepresidenta que hay que ponerse de acuerdo, mientras las mujeres siguen teniendo que pagar los 600 euros que cuesta un aborto en una clínica privada, porque sólo el 3% de los abortos se practica en la Sanidad pública. La limitación de derechos a las mujeres de nuestra Constitución ha sido hábilmente ignorada por los partidos políticos y sus líderes, que tanto se están alabando hoy de las componendas con que llegaron a redactarla.
Las mujeres no conseguimos los avances que la Constitución de la II República nos reconocía 50 años antes, porque naturalmente esta tampoco es una Constitución republicana y la monarquía –tan arteramente introducida sin consulta popular, con ayuda de la Iglesia Católica y la derecha, y protegida por el Ejército– impone esas limitaciones. Lo que también se oculta es que, si el movimiento feminista, enfurecidas al fin las mujeres después de casi medio siglo de esclavitudes y vejaciones, no hubiese exigido sin componendas ni rebajas las reivindicaciones que planteábamos, los ilustres constitucionalistas no hubieran introducido el carismático artículo 14, que impone la no discriminación por razón de sexo y que, en teoría, permite a las mujeres exigir igualdad de salario, de oportunidades y de trato con los hombres.
Derechos que no se cumplen, y a esto las mujeres unen la enorme carga de ser las que deben seguir trayendo los hijos al mundo, sin que el pomposo derecho constitucional a la vida exija a los gobiernos a facilitarles la obligación de darle realidad. Ni tampoco la democrática Constitución las protege contra la violencia machista, pero eso es motivo de
otro artículo.
Lidia Falcón es Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España.
Ilustración de Jordi Duró
LIDIA FALCÓN
En plena polémica pública por la rebelión de los jueces y el grave retraso que sufre nuestra Administración de Justicia, sorprende que ningún especialista haya mencionado entre las causas de tanto desaguisado a nuestro anquilosado y anacrónico sistema procesal. Las Leyes de Enjuiciamiento no han avanzado apenas desde el Derecho romano, a pesar de las reformas del año 2000.
Desde la demanda hasta la ejecución, el procedimiento está organizado para que se desarrolle con la máxima lentitud e ineficacia. Las citaciones se realizan enviando a un agente judicial con un papel sellado al domicilio del demandado. Naturalmente, si el destinatario no se encuentra en él cuando el agente acude, es imposible entregar la citación, y a los tres intentos fallidos se devuelve al juzgado con el sello: desconocido. Y esta puede ser la última actuación judicial del procedimiento en cuestión durante semanas, meses o años. Si no se dispone de profesionales que busquen activamente el paradero del citado, la citación no se moverá de la mesa del juzgado. Pero no crean que si los interesados logran localizar al desaparecido la citación entregada por aquellos será útil, porque únicamente el agente judicial puede certificar la validez del precioso documento.
Para las citaciones fuera de la población donde se ha presentado la demanda se sigue utilizando el malhadado exhorto que viaja por correo; se detiene en el registro de los juzgados; se reparte por riguroso turno y se envía nuevamente por agente judicial hasta ser entregado en mano, si se logra, al destinatario. Ninguno de los sistemas de comunicación inventados desde hace más de un siglo –teléfono, fax, e-mail, móvil, Internet–, ha entrado en nuestras nuevas leyes procedimentales. ¡Tan satisfechos como están los gobiernos y políticos con el gran avance de nuestro país en materia de nuevas tecnologías!
Pero este es únicamente el comienzo del calvario del procedimiento judicial. La demanda, la contestación y la reconvención, si cabe, se presentan por escrito, y sólo para los abogados existe una extrema rigidez en el cumplimiento de los plazos legales, ya que ni el juez ni el fiscal los respetan. Para los profesionales del Derecho que estamos en el ejercicio diario nos parecen una burla tanto las pomposas declaraciones de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como los breves plazos que estipularon los legisladores para que los jueces dicten sus resoluciones, plazos que jamás cumplen, sin responsabilidad para nadie. Ninguna de estas actuaciones puede realizarse oralmente, ni por videoconferencia, ni ser grabada o audicionada por algún sistema técnico. Papel y únicamente papel y más papel, hasta que se llena de pulgas, como ha sucedido en algunos juzgados de Madrid. Carpetas y carpetas que llenan las estanterías, los armarios, las mesas, las sillas, el suelo y hasta los lavabos de algunos juzgados. En esa producción interminable de escritos que se van transmitiendo manualmente de demandante a demandado, a abogados, a procuradores, a fiscales, a forenses, a secretarios y a agentes judiciales. Escritos que se copian, se sellan, se folian y se unen por cuerda floja cuando deben pasar a las Audiencias, y a los Tribunales Superiores, y al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Transcurren uno, dos, cinco, ocho, diez años, depende. Depende del número de citaciones, contestaciones, recursos, autos, sentencias, apelaciones, resoluciones y nuevos recursos.
Nunca se puede contestar ni recurrir oralmente y grabar en cinta, en vídeo, en cedés, en pendrives. El juez o los magistrados nunca pueden conocer el problema y resolver, en consecuencia, mediante el simple y humano sistema de llamar a los implicados –citados por teléfono, o por e-mail, o por fax–, sentarlos delante, con sus abogados, escucharlos y decidir a continuación. Todas las actuaciones del juzgado se plasman en papel, algunas vistas, pero sólo vistas, también en vídeo, y así los procedimientos complicados pueden alcanzar las astronómicas cifras de 20, 30, 50, 150.000 folios. Las dos terceras partes de esas montañas de papel consisten en providencias o diligencias de ordenación en las que se dice que se da por recibido el escrito tal o el recurso cual; que se ha llevado a cabo la citación o que no se ha llevado a cabo la citación cual; que se ha admitido a trámite tal demanda, tal apelación o no; que se da por recibido el escrito o no, sin que signifique que a la vez se resuelva ninguno de esos recursos, peticiones, apelaciones, impugnaciones, oposiciones y ejecuciones. Porque la ejecución de la sentencia supone un procedimiento nuevo, igual o más farragoso que el principal, cuando ya este se ha concluido y sentenciado, con sus también contestaciones, impugnaciones, vistas, recursos y apelaciones. Años puede durar la ejecución de un procedimiento que ya tardó años en alcanzar la sentencia firme.
En comparación con el pragmatismo del sistema judicial anglosajón, donde la citación realizada por cualquier persona que lo justifique y la comparecencia personal ante el juez resuelven rápidamente numerosos asuntos que aquí se eternizan, el nuestro pertenece al mundo de Justiniano. Se cambia la terminología –ahora se les llama operadores jurídicos a los procuradores, abogados, forenses, y diligencias de ordenación a las antiguas providencias–, pero los viejos métodos siguen rigiendo la Administración de Justicia, ahogada en océanos de papel; paralizada en las manos de agentes, secretarios, procuradores, abogados; cercenada cualquier iniciativa para agilizarla; inutilizadas las nuevas tecnologías; embalsamada en la momificada Ley de Enjuiciamiento.
Lidia Falcón es Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Ilustración de Mikel Jaso
LIDIA FALCÓN
Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.
Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.
Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.
Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.
Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.
En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.
Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.
Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.
Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Ilustración de Iker Ayestaran
LIDIA FALCÓN
Contra las mujeres se ha desencadenado una campaña machista. En cuanto han conseguido un poco de libertad, aquellos que las consideran de su propiedad se han organizado para calumniarlas y perseguirlas judicialmente. Algunos también las matan. Hace más de 15 años, en un debate de televisión dirigido por Cristina García Ramos, yo adelanté –no sabía entonces con qué trágica certeza– que la lucha por la igualdad de las mujeres iba a tener una respuesta sangrienta por parte de ciertos hombres. El catedrático Javier Pérez Royo, que participaba en el debate, mirándome con una expresión de absoluto desprecio replicó que ese comentario no merecía ni siquiera respuesta. Pues bien, señor Pérez, en estos 15 años transcurridos han sido asesinadas por hombres 1.200 mujeres, sin contar las que se han suicidado o muerto a consecuencia de los malos tratos sufridos a manos de aquellos, y unos dos millones más están siendo golpeadas sistemáticamente. A los femicidios hemos de agregar las violaciones, el acoso sexual, la prostitución y las demás violencias que se practican contra ellas.
Pero no sólo las matan, como si ese no fuese suficiente motivo para escalofriarnos –y para que el sr. Pérez me pidiese disculpas– sino que también sufren toda clase de marginaciones y opresiones. El 50% de las divorciadas con hijos no cobran la pensión alimenticia que el juzgado señaló al padre, y la “feminización de la pobreza” avanza en las familias monoparentales dirigidas por una mujer. El subempleo, los bajos salarios, el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y la falta de promoción en la empresa son femeninos.
Pero ni siquiera esta realidad es lo más remarcable, precisamente por lo muy sabida. Lo destacable de estos últimos tiempos es la campaña machista organizada por las asociaciones de hombres que afirman ser maltratados por mujeres, orquestada con muchísima eficacia por medios de comunicación afines a ellos. Esta campaña se ha desencadenado sobre todo a partir del momento en que se aprobó la Ley de Violencia, que les ha parecido a los machistas intolerable a pesar de las múltiples carencias que padece, así como de la ineficacia de la justicia, como se puede comprobar diariamente en los casos de hombres condenados que andan sueltos a su libre albedrío y que acaban matando a la mujer o a algún niño.
La acusación de que las mujeres presentan denuncias falsas para obtener múltiples ventajas en los procesos de divorcio, que con toda rotundidad defiende María Sanahuja, que fue decana de los Juzgados de Barcelona, apoyada por el entonces fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, se ha convertido en una verdadera campaña de prensa, radio y televisión contra las mujeres maltratadas. Se han creado asociaciones de hombres víctimas de falsas denuncias, y no hay televisión –aún las de mayor audiencia– que no haya introducido el tema en sus programas sobre la violencia machista.
A esta campaña de difamación contra las mujeres, y contra sus abogados, ha seguido la de apoyar la custodia compartida de los hijos entre el padre y la madre. Reivindicación que únicamente defienden los padres, con el propósito claro de no pagar las pensiones de alimentos a los niños. Tal medida se implantó, aunque con condiciones, en la reforma del Código Civil cuando aprobó la reforma legal llamada del divorcio “exprés”, mediante la cual ya no se pueden alegar causas para solicitarlo. De tal modo, las tropelías que algunos maridos cometen contra las mujeres: infidelidad, corrupción, desatención a la esposa y a los hijos, negativa a colaborar en las tareas domésticas, ausencia del hogar, no entregarle el dinero para subsistir, no pueden ni aún plantearse ante el juzgado, y, en consecuencia, tampoco se puede reclamar una reparación adecuada; si fuera que la indemnización por tales actuaciones hubiese podido contemplarse alguna vez en el ordenamiento jurídico, que jamás se ha planteado en nuestro país, ya que tanto legisladores como jueces consideran normal que una esposa aguante todo tipo de vejaciones por parte del marido. Y, para añadir mayor sufrimiento a las mujeres que se encuentran privadas de la compañía de los hijos y deben contemplar impotentes el maltrato de los niños a manos del padre, en la actualidad el proyecto del Codi Civil catalán establece la custodia compartida, casi automáticamente.
La campaña contra las mujeres está cada día más en auge. Y con éxito. Por ello, los jueces archivan el 55% de las denuncias por maltrato, considerando que son falsas, únicamente condenan al 70% de ese 45% restante, es decir el 38% de las denuncias, y casi nunca a más de dos años de cárcel, con lo cual los maltratadores no la cumplen, e incluso cuando la sentencia es mayor no ordenan tampoco el ingreso en prisión. Y cuando se deciden, con mucha dificultad, a dictar una orden de alejamiento, no tienen ningún interés en hacerla cumplir. A esta actitud de los jueces hay que añadir que en la mayoría de los abusos sexuales de los niños, los psicólogos dictaminan casi sistemáticamente que son inventados por las madres, y en consecuencia se archivan las denuncias. Ahora, además, se está acusando a las madres de consentir los abusos, sin parar mientes en que la primera maltratada, violada y amenazada de muerte, si se atreviera a denunciarlo, son ellas. Por eso es posible que se asesine a una niña y a una esposa y a una madre por un pederasta, un marido y un hijo que habían sido condenados hacía años por abusos sexuales y maltratos a otras o a las mismas personas. Por eso únicamente tenemos que esperar a que cualquier otro asesino, que sigue libre, repita la hazaña.
Lidia Falcón es presidenta del Partido Feminista de España, abogada y escritora
Ilustración de Iker Ayestarán
