MABEL BUSTELO
Hoy se conmemora el 65º aniversario del bombardeo nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Pocos minutos después de las ocho de la mañana, el bombardero militar estadounidense Enola Gay dejaba caer una bomba de uranio enriquecido de cuatro toneladas de peso, que detonó a 600 metros de altura y envolvió la ciudad en una lluvia de fuego. Tres días después le tocaría a Nagasaki, sobre la que se arrojó una bomba de plutonio. Eran los días finales de la Segunda Guerra Mundial, y EEUU quería asegurarse de que todo el mundo recibía el mensaje sobre quién emergía como la auténtica potencia política y militar dominante en el mundo de la posguerra.
Se calcula que unas 250.000 personas murieron como consecuencia de estos bombardeos. Muchos lo hicieron de inmediato debido a las altísimas temperaturas. En Hiroshima se produjo el fenómeno de las sombras muerte: personas que literalmente se volatilizaron como consecuencia del calor abrasador. Quedaron reducidas a polvo y sus sombras se dibujaron sobre las calles y casas. Todos los años, los habitantes de la ciudad dibujan de nuevo aquellas sombras, para conmemorar la memoria de los fallecidos.
Muchos de los que aparentemente resultaron ilesos comenzaron después a sufrir alteraciones graves de salud como síndrome agudo de radiación, disminución extrema de glóbulos blancos, diarreas o hematomas. Los supervivientes, que se llaman a sí mismos hibakusha, están en muchos casos afectados por anemia crónica, tumores malignos y trastornos psíquicos.
En este año 2010 la conmemoración tiene un carácter especial. Por primera vez, un alto representante de EEUU (su embajador) asiste a los actos conmemorativos. También acude el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Pero este aniversario debería servir para algo más que para la reconciliación sobre el pasado. Debería ser un recordatorio del peligro, actual y muy real, que suponen las armas nucleares para nuestro planeta y para el futuro de la humanidad.
Según el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), ocho países con capacidad nuclear cuentan con 22.000 cabezas nucleares, de las cuales más de 7.500 son armas operativas. Se trata de EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China (las cinco potencias atómicas reconocidas por el Tratado de No Proliferación, TNP), y de India, Pakistán e Israel. Varios de estos países han anunciado iniciativas para modernizar y diversificar sus arsenales. En Reino Unido, por ejemplo, se debate el reemplazo de los submarinos nucleares Trident. Es decir, que aunque muchos puedan pensar que las armas nucleares son algo de la Guerra Fría, un asunto olvidado y del pasado, nada más lejos de la realidad.
Este año se han producido varias iniciativas relativas al peligro nuclear. En abril, EEUU y Rusia firmaron en Praga un tratado de reducción de armamento. Ambos países se comprometen a reducir sus arsenales en casi un tercio, en torno a unas 1.550 cabezas cada uno, así como a limitar el número de lanzadores (se trata de armamento desplegado, no del arsenal almacenado). En mayo tuvo lugar la Conferencia de Revisión del TNP, que concluyó con un documento de consenso entre los casi 190 países participantes. Aunque se trata de un texto débil, hay una referencia importante, ya que se rescata la idea de crear una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. La fecha para la primera conferencia destinada a ese fin se fijó para 2012.
Son iniciativas destacables, aunque sin duda insuficientes y con un impacto potencial sobre la situación global limitado. El peligro que suponen las armas nucleares requiere ser abordado con mayor decisión y audacia y actuando en varias vías paralelas. Los países más poderosos están haciendo un esfuerzo para evitar que Irán pueda hacerse con un programa atómico y eventualmente con el arma nuclear. Esto contrasta con su tolerancia con los programas atómicos de India y Pakistán (que son miembros del Tratado y, por tanto, lo han incumplido), o con el de Israel (que ni siquiera ha firmado el Tratado). A su vez, las cinco potencias nucleares reconocidas deben, en virtud del mismo Tratado, dar pasos decididos hacia el desarme, algo que tampoco están haciendo. Estos dobles raseros minan toda posible credibilidad.
Hoy se habla con insistencia del terrorismo y del peligro que supone para la seguridad internacional. También de la posibilidad de que eventualmente grupos terroristas pudieran obtener (y utilizar) armamento no convencional. Con un mercado negro de armamento floreciente y en auge a nivel internacional, es aterrador pensar en la posibilidad de que los materiales para fabricar una bomba sucia cayeran en manos de grupos terroristas. Pero también lo es pensar que un accidente, un error humano o un problema en una negociación pudieran dar lugar a la detonación de una bomba. Las armas nucleares son uno de los peligros existenciales a los que se enfrenta la humanidad y su eliminación debe ser una prioridad desde ahora mismo y para las generaciones venideras.
Mabel Bustelo es responsable de Desarme de Greenpeace
Ilustración de Iker Ayestaran
MABEL GONZÁLEZ BUSTELO
El pasado 30 de mayo, la Conferencia Diplomática de Dublín aprobó por consenso de 109 países el texto de un tratado de prohibición de las bombas de racimo. Se trata de un momento histórico. Este tipo de armas de efecto indiscriminado se ha usado en todos los grandes conflictos desde hace 40 años. De Laos, Vietnam o Camboya, hasta Kosovo, Afganistán, Irak o Líbano, allí donde se han utilizado han mostrado su letalidad con los civiles, que constituyen el 98% de sus víctimas. Han sido casi 100.000 personas las que han resultado muertas, heridas o mutiladas como consecuencia de este armamento letal. Su prohibición, en los términos más duros posibles, es el paso más importante que ha dado la comunidad internacional, en más de diez años, en materia de desarme y de protección de los civiles en situaciones de conflicto armado.
El tratado prohíbe este armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo. No habrá retrasos, ya que a pesar de las presiones de ciertos países, no se han admitido periodos de transición. Pero sobre todo, el documento detalla de forma clara las obligaciones de asistencia a las víctimas y de cooperación y asistencia internacional. Este era uno de los puntos débiles del tratado contra las minas antipersonales y aquí, por el contrario, se ha logrado un texto que establece obligaciones y plazos.
Una vez que un estado firme y ratifique el texto, tendrá un plazo de 180 días para entregar un informe de situación al secretario general de la ONU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. También se establecen medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación.
Pero no sólo se trata de la concreción lograda en el texto, inédita en el Derecho Internacional relativo al desarme, sino del apoyo político alcanzado que garantiza que será efectivo. El tratado ha recibido el respaldo de 109 países, entre los que están la mayoría de los latinoamericanos, africanos y asiáticos, además del Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España y Japón, entre otros.
Nada de esto hubiera sido posible sin la presión de la sociedad civil. Hace años que organizaciones de todo el mundo reclaman el fin de este armamento. Entre ellas hay organizaciones de países productores, de países que las han utilizado, de países que han sufrido sus efectos, organizaciones de supervivientes… Desde hace unos años todas ellas se agrupan bajo el paraguas de la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), lo que ha permitido unificar mensajes y estrategias, implementar acciones coordinadas y como consecuencia de ello ganar en peso político. Más de discientas organizaciones forman hoy parte de la CMC, y han estado presentes en Dublín coordinando su presión política para lograr el tratado más eficaz. Sin retrasos; sin excepciones; sin lagunas.
Hace algo más de un año, en febrero de 2007, el Gobierno noruego recogió el testigo y decidió liderar un proceso que llevase a la prohibición de las bombas de racimo. Se inició entonces el llamado Proceso de Oslo, que a lo largo de varias conferencias ha ido sumando apoyos en busca de este objetivo. El proceso es un espejo de lo que hace diez años pasó con las minas antipersonales: un grupo de gobiernos valientes que, sostenidos e impulsados desde la sociedad civil, decide poner manos a la obra para acabar con un armamento inaceptable. La única diferencia es que el Proceso de Oslo ha sido más rápido y su resultado más eficaz.
Todo esto culminó en Dublín. Fueron dos semanas de duras negociaciones porque, si por un lado presionaba la sociedad civil, por el otro estaban los poderosos lobbies del armamento y, sobre todo, Estados Unidos. Este país no participó pero su aliento se sintió muy cerca, en forma de presiones para lograr un tratado descafeinado. Sólo la determinación de la presidencia irlandesa de la Conferencia y el apoyo de un buen número de países logró desatascar las negociaciones y avanzar en los asuntos clave. El resultado ha sido el mejor de los posibles y ha superado incluso las expectativas de la sociedad civil.
Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, pero puede afirmarse que el proceso es como una bola de nieve: rápido e imparable. Ya durante la Conferencia, varios países, como el Reino Unido y Alemania, anunciaban el inicio inmediato del proceso de destrucción de arsenales. Japón, que era reticente al tratado, sumó finalmente su apoyo. Y algunos países europeos que mostraban resistencia decidieron sumarse sin reservas.
Por su contenido y por el apoyo político recibido, el tratado no sólo prohíbe las bombas de racimo sino que estigmatiza este tipo de armamento. Esto significa que condicionará el comportamiento de aquellos que lo firmen, porque el tratado así se lo impone, pero también de quienes no lo hagan, por la condena moral que supondrá usar este tipo de arma. Hoy podemos afirmar que es muy posible que el uso de bombas de racimo ha llegado a su fin.
Los días 2 y 3 del próximo mes diciembre el tratado se abre a la firma en Oslo. Sólo es necesaria la firma y ratificación de 30 Estados para que entre en vigor y se convierta un nuevo y poderosísimo instrumento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero no se trata sólo de un instrumento jurídico sino de una victoria en toda regla para las víctimas. Las que murieron o sobrevivieron con terribles lesiones, porque les da una victoria moral que llevaban años reclamando y mereciendo; y para las que no se producirán en el futuro, porque este armamento ya no volverá a usarse. Observar a muchas de ellas, presentes en Dublín, y su alegría ante el resultado logrado, daba la mejor idea de la magnitud de esta victoria. Como antes decíamos, se ha hecho historia.
Mabel González Bustelo es responsable de desarme de Greenpeace
Ilustración de Iván Solbes
MABEL GONZÁLEZ BUSTELO
Sólo la voraz e incesante especulación urbanística ha logrado que por fin, 42 años después, salga a la luz la contaminación radioactiva en Palomares (Almería). Sólo la perspectiva de que pudiera urbanizarse en terrenos contaminados, liberando al aire partículas de plutonio y americio, ha logrado que se tome en serio la tarea de analizar la contaminación y su impacto real sobre el medio ambiente. Ahora se descubre que hay dos zanjas rellenas de tierra radioactiva. En todo este tiempo, las administraciones implicadas han hecho gala de una notable desidia y dejación de funciones, tanto en relación con la contaminación del territorio como en lo referente a los controles sobre la salud humana.
En enero de 1966, un B-52 de las fuerzas armadas estadounidenses, que llevaba en su bodega cuatro bombas termonucleares, colisionó con un avión nodriza mientras realizaban una maniobra de repostaje de combustible en vuelo. Los cuatro miembros de la tripulación del avión nodriza murieron en el acto, mientras cuatro de los siete tripulantes del B-52 pudieron salvarse saltando en paracaídas. Dos de las bombas cayeron directamente contra el suelo, lo que hizo explotar su carga convencional y liberó el contenido radioactivo (principalmente plutonio y americio). Esto creó una nube radioactiva que, debido al viento, se extendió sobre más de 200 hectáreas de terreno: el área incluía el pueblo de Palomares y sus habitantes. Las otras dos bombas cayeron con el paracaídas abierto. Una se encontró en el lecho de un río y la otra, 80 días más tarde, en el mar.
El ejército estadounidense puso en marcha una operación, denominada Broken Arrow, que localizó los proyectiles perdidos para después pasar a descontaminar la zona. Sin embargo, la retirada de material contaminado se limitó a las zonas que habían recibido una contaminación intensa, lo que, según afirmaron, no superaba el 1% del área afectada. La tierra se recogió en más de 5.000 barriles, que fueron trasladados a EEUU. El resto del terreno se sepultó bajo medio metro de tierra no contaminada.
A partir de entonces y hasta 1980, la antigua Junta de Energía Nuclear se hizo cargo de los controles de contaminación, que supuestamente afectaban a la atmósfera, suelos, plantas silvestres, cultivos y animales. La población fue sometida a seguimientos médicos periódicos, consistentes en análisis de orina y exploraciones pulmonares (análisis que fueron descalificados más tarde por distintos organismos, por insuficientes e incluso sesgados, y por lo inadecuado de los métodos utilizados). Nunca se realizó un auténtico estudio epidemiológico. Y todo siguió igual. Con el efecto secundario de que la posibilidad de que hubiera contaminación mantuvo libre a este rincón de costa, durante décadas, de la fiebre de la especulación urbanística. En aquellas tierras se sembraron verduras, que se vendieron y consumieron.
Pero la voracidad del ladrillo no tiene límite, y los terrenos afectados por el accidente entraron en el circuito de la especulación. Greenpeace ya denunció en el informe Destrucción a toda costa 2006 que los proyectos de construcción de urbanizaciones se situaban en zonas afectadas por la radioactividad, y que los movimientos de tierras podrían dispersar en el aire partículas de plutonio y americio. Y finalmente se comenzó a analizar en serio. El resultado de la búsqueda son dos zanjas con residuos radiactivos, con 30 metros de largo, 10 de ancho y tres metros de profundidad media (de unos 1.000 metros cúbicos cada una).
Por lo que ahora se sabe, ni el ejército de EEUU se llevó toda la tierra contaminada, ni las administraciones competentes asumieron sus responsabilidades después. Durante más de 40 años han predominado la desidia, la ocultación y el silencio. La existencia de las zanjas figuraba en informes clasificados del Departamento de Energía de EEUU. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada en todo este tiempo? Resulta trágico que sólo debido a la especulación inmobiliaria alguien se haya preocupado por comenzar a analizar, cuando el accidente de Palomares ha sido el mayor accidente nuclear de la historia en una zona habitada.
Este caso demuestra algo que Greenpeace viene diciendo desde hace décadas: no hay tecnología nuclear segura, ni civil ni militar. Otro hecho que lo demuestra sobradamente es el escándalo que rodea en estos días a la central nuclear de Ascó. Se trata del escape al medio ambiente de partículas de material altamente radiactivo (principalmente de Cobalto-60) desde la central nuclear de Ascó-1, propiedad de Endesa e Iberdrola. Este incidente ocurrió en noviembre de 2007, aunque sólo se ha tenido conocimiento del mismo meses después, gracias a que Greenpeace lo denunció el 5 de abril (inmediatamente después de ser alertada al respecto por algunos trabajadores). Esto no es sólo una nueva demostración de la política oscurantista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica. Una tecnología incontrolable, capaz de provocar catástrofes como la ocurrida en Chernóbil en 1986, y cuyo coste en vidas humanas se cifra ya en más de 200.000, según estudios recientes, entre ellos el de la Academia de Ciencias Rusa.
La energía nuclear, además de peligrosa y sucia (no se debe olvidar el problema no resuelto de los residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante cientos de miles de años), ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que redunda inevitablemente en un aumento del riesgo de sufrir un accidente grave. El escape de Ascó es un aviso de accidentes más serios que podrían pasar.
Por su parte, las 30.000 armas nucleares que hay en el mundo son una herencia envenenada de la Guerra Fría, que deberían desmantelarse y desaparecer. Es urgente dar pasos reales hacia el desarme y no, como se está planteando en algunos países, desarrollar nuevos programas de armas nucleares. Además, cualquier programa nuclear de uso civil puede utilizarse, convenientemente adaptado, para desarrollar armas nucleares. Así lo demuestran los miedos que genera el programa iraní (que, según sus dirigentes, tiene sólo fines pacíficos). Esta tecnología es peligrosa y sucia, nos vuelve a todos más vulnerables, y hace de la posibilidad de un accidente o un ataque terrorista un escenario de pesadilla. Palomares y Ascó vuelven a demostrar que quienes pedimos la desaparición de la tecnología nuclear no somos utópicos: nosotros somos los realistas.
Mabel González Bustelo es responsable de desarme de Greenpeace
Ilustración de Mikel Jaso
MABEL GONZÁLEZ BUSTELO
La Ley de Comercio de Armas que aprobó el Parlamento español el 19 de diciembre es un avance importante para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. El comercio de armas sin control causa una muerte cada minuto. Se calcula que en el mundo hay un arsenal de 640 millones de armas y que cada año se fabrican ocho millones más. Esta proliferación hace más fácil que terminen en manos de Gobiernos irresponsables o represores, señores de la guerra, mafias y organizaciones terroristas o grupos armados que las utilizan para violar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La falta de controles y el largo ciclo de vida de las armas son una mezcla explosiva. Se cree que, de todas las que están ilegalmente en circulación, un 80% salió al mercado como consecuencia de una transferencia autorizada y aprobada por un Estado, para luego acabar en el mercado negro. Las armas no son la causa de la violencia que afecta a muchas sociedades, pero contribuyen al estallido de conflictos latentes, hacen más graves sus efectos y ayudan a perpetuarlos, afectando a la vida diaria de millones de personas. La violencia causa 500.000 muertos todos los años. Además, en países que salen de un conflicto, hace más difíciles –en ocasiones, imposibles– los esfuerzos por reconstruir el Estado, reanudar el desarrollo y consolidar la paz.
No hay regulaciones internacionales estrictas para controlar el comercio de armas. Sería muy importante lograrlas pero, al mismo tiempo, cada Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. La Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que el día 19 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, es un paso en esta dirección. La ley, por ejemplo, obligará al Gobierno a aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, que no permiten transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, entre otras limitaciones.
Esto es un paso importante si tenemos en cuenta que España se convirtió en el año 2006 en el octavo exportador del mundo de armamento y material de doble uso, con 845 millones de euros (el doble que el año anterior). Además, hasta ahora hemos tenido escasa información sobre qué se vende exactamente y a quién, y en la poca información pública aparecían destinos preocupantes como Colombia, Pakistán, Guatemala o Marruecos. Nuestro país es también el primer exportador de munición a África subsahariana. En 2006, vendió munición a Ghana por valor de 3,2 millones de euros, a pesar de su posible impacto negativo y del riesgo de tráfico ilícito a países vecinos, algunos de ellos en situaciones de conflicto o posconflicto.
La nueva ley debería forzar cambios en esta situación. Por ejemplo, a partir de ahora las armas y municiones de caza y tiro deportivo se considerarán material sujeto a controles, algo que hasta ahora no sucedía. Además, cualquier operador que pida una licencia de exportación deberá incluir documentos de control, como cláusulas de no reexportación, e información sobre los métodos de transporte de las cargas y los países de tránsito. Se podrán denegar operaciones a países donde haya evidencia de desvíos de armas. Y, para autorizar o denegar una transferencia, también se tendrán en cuenta los informes sobre derechos humanos de organismos de Naciones Unidas y otros centros, y organizaciones que trabajan en paz, desarme o derechos humanos. Por otro lado, la ley incluye un compromiso de avanzar hacia la prohibición nacional e internacional de las bombas de racimo, armas de efecto indiscriminado cuyas víctimas son en un 98% civiles y que se fabrican en numerosos países, entre ellos España.
El texto aprobado también amplía el control parlamentario. A partir de ahora, el Parlamento no sólo recibirá la información sino que podrá emitir un dictamen con recomendaciones de cara al año siguiente. En materia de transparencia, se elimina la referencia a la Ley de Función Estadística Pública, que era hasta ahora el principal argumento esgrimido para no dar más información sobre el tipo de producto exportado. Esto abre la puerta a una mayor transparencia, que debería permitir que la sociedad pueda tener más información sobre qué productos exporta España y a dónde.
La sociedad civil española lleva más de 10 años presionando para lograr más control y transparencia del comercio de armas. Hace poco más de una década, la información relativa al comercio exterior de material de defensa era secreta y las transferencias de armas no estaban sujetas al control político ni de la opinión pública. La toma de conciencia de los ciudadanos y el trabajo de diferentes organizaciones y de distintas fuerzas políticas parlamentarias han permitido combatir el secretismo y avanzar hacia una mayor transparencia y control. Desde el lanzamiento de campaña, cientos de miles de personas y decenas de instituciones han apoyado estas peticiones.
A lo largo del último año la presión ha ido dirigida a mejorar el proyecto de ley que presentó el Gobierno. Activistas, voluntarios y ciudadanos han apoyado con sus firmas y sus acciones esa necesidad de control, y la ley finalmente aprobada, aunque lejos de ser perfecta, abre la puerta a mejoras sustanciales.
Ahora la tarea será vigilar que se cumple de forma estricta en el espíritu y la letra. Una señal positiva sería que el Gobierno enviase pronto al Parlamento la información sobre las ventas en el primer semestre de 2007.
Mabel González Bustelo es responsable de Desarme de Greenpeace
Ilustración de Mikel Jaso
