Manuel de la Rocha
Diputado socialista en la última legislatura
Ilustración de Javier Jaén
Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del XX, las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda analizaban las relaciones sociales desde la perspectiva de la lucha de clases, como expresión de la explotación en que una minoría dirigente, the ruling class, la clase dominante, tenía a la mayoría de la población, a los trabajadores. Hoy, la consolidación de la democracia representativa y el desarrollo del Estado de bienestar en Occidente y en España han llevado a la izquierda a superar de alguna manera esa visión tan enconada del conflicto social.
Y sin embargo, con cierta frecuencia aparecen en toda su crudeza hechos que nos muestran hasta qué punto la desigualdad de clases sigue latiendo en el fondo del modelo social del capitalismo que vivimos. Una de esas manifestaciones, tan actual estos días, es el diferente tratamiento de todas las cuestiones que afectan a las retribuciones e indemnizaciones de los administradores y altos directivos del sector financiero, bancos y cajas de ahorro.
La derecha económica, y muchas veces la política, y la gran patronal, incluida claro está la banca, vienen clamando de forma sistemática por una rebaja de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, además de insistir en la necesidad de un ajuste salarial. La CEOE acaba de plantear que el próximo Gobierno debería bajar la indemnización por despido de 45 a 20 días por año trabajado. Hasta el Gobernador del Banco de España nos ha venido predicando que la culpa de que no salgamos de la crisis la tienen los trabajadores y los sindicatos que no aceptan flexibilizar sus condiciones laborales, ajustar salarios y reducir el coste del despido.
Pero ese planteamiento se olvida cuando se trata de los suyos, de los banqueros y de quienes administran y dirigen las cajas de ahorro. En este caso las cosas son distintas, muy distintas.
Hace dos años supimos que Gorigolzarri, al cesar como consejero delegado del BBVA, iba a cobrar una indemnización en forma de pensión vitalicia que suponía 53 millones de euros. También supimos que Amusástegui y Corcóstegui, anteriores copresidente y vicepresidente, respectivamente, del Banco de Santander, cobrarían como indemnización por cese 108 millones y 44 millones de euros cada uno. Más tarde supimos que Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco de Santander, percibiría 85,7 millones, y que Francisco González, actual presidente del BBVA, cobrará cuando se jubile 80 millones como pensión de jubilación, es decir, más de 13.000 millones de las antiguas pesetas. En todos los casos siempre a cargo de las cuentas de resultados de esos bancos.
También tuvimos información de que la propia CEOE pagó una indemnización multimillonaria a quien fuera su secretario general, simplemente porque el entonces nuevo presidente no lo quería en su equipo.
Y ahora hemos sabido que en dos cajas de ahorro, Novacaixagalicia y la CAM, gestionadas de forma nefasta y que han tenido que ser recapitalizadas por el FROB con cantidades muy importantes de 3.628 y 2.800 millones de euros, respectivamente, se han producido también indemnizaciones multimillonarias. En la primera el anterior director general José Luis Méndez cobró el año pasado 16,5 millones de euros de indemnización, equivalentes a 2.745 millones de pesetas, y otros tres directivos han recibido la suma de 23,5 millones, a la vez que se anunciaba a los sindicatos que la obra social de la caja era insostenible. Y en la CAM López Abad percibió 5,4 millones y la última directora general María Ángeles Amorós, cesada por su mala gestión, pretende cobrar una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, que equivale a un capital cercano a 10 millones de euros (1.666 millones de pesetas).
Hay en todo esto, sin duda, una cuestión moral, de indecencia ética y desprecio a los trabajadores, los depositantes y los accionistas de los bancos que responde a la hipocresía moral que una parte de la derecha española viene arrastrando desde hace siglos.
Pero hay sobre todo un problema social y, por tanto, político, aún más grave en una época de profunda crisis económica generada en su origen por el propio sistema financiero internacional y en España incrementada por el bucle inmobiliario, en el que tanta responsabilidad han tenido bancos y cajas, especialmente las ayudadas e intervenidas con dinero público.
Es escandaloso que se propugne un tratamiento tan profundamente desigual, que exige recortes de indemnizaciones para los trabajadores a la vez que impone y comparte elevadísimas cifras para los banqueros y los dirigentes de las cajas, como si estos fueran otra clase, otra casta a la que no cabe aplicar las reglas generales. Como abogado laboralista, me pregunto cuántos cientos de años de antigüedad a 45 días por año tendrían aquellos directivos para devengar esas indemnizaciones.
Por eso la cuestión hay que abordarla políticamente. Hay que decir basta. Hay que exigir responsabilidades políticas a los gobernantes de las comunidades autónomas, ambas del PP, que no han controlado los sueldos y las indemnizaciones que han devengado los directivos de las cajas bajo su control y que al final se acaban pagando, estas sí, con dinero público. Y hay que exigir responsabilidad a estos directivos que tan negativamente han gestionado estas entidades semipúblicas, para que devuelvan las cantidades que se han llevado y se ajusten a los criterios generales de todos los trabajadores.
Y hay que decirle de nuevo a la CEOE que no tiene legitimidad moral ni social para hablar de recortes en el despido mientras acepte que en su cúpula y en la de los bancos y cajas los directivos cobren estas indemnizaciones tan escandalosas. ¡No más desigualdades de clase !
MANUEL DE LA ROCHA
Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, además de la CEOE, rompen una dinámica muy negativa en la que se había instalado la política española, especialmente desde que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se vio compelido a cambiar su estrategia y sus políticas por la decisión europea de terminar con las políticas keynesianas y volver a la implantación del modelo de ajuste duro , así como por los fuertes ataques de los mercados financieros al euro y a las deudas soberanas.
Si el primer cuatrienio del Gobierno socialista había estado marcado por el diálogo social, expresado en más de 20 acuerdos con sindicatos y empresarios, la crisis había interrumpido ese enfoque, esa manera de hacer política basada más en la importancia del pacto que en la radicalidad de reformas impuestas y con fuerte rechazo social. Los eventos de mayo de 2010 llevaron al Gobierno a adoptar duras decisiones de ajuste fiscal y de reducción del déficit público, con recortes en pensiones y salarios de funcionarios, así como en inversiones públicas. Pero también a abordar reformas en materias tan sensibles como el mercado de trabajo, la negociación colectiva y la regulación futura de las pensiones, cuya razón de ser no estaba en su vinculación con las causas de la crisis ni en la reducción del déficit público, sino en “dar confianza” a los mercados financieros que, junto al ajuste fiscal, venían exigiendo un ajuste social con mayor flexibilidad laboral –mayor poder de los empresarios– y recortes en las pensiones futuras.
Este cambio dio lugar a un gran enfrentamiento entre Gobierno y sindicatos, con convocatoria de una huelga general, al oponerse aquellos a una reforma laboral que no iba a crear empleo sino a abaratar el despido, y a la subida generalizada de la edad legal de jubilación a los 67 años comprometida por el Gobierno con Europa, con un fuerte distanciamiento entre el Gobierno y sus bases sociales.
Ahora el pacto da un giro a esa política volviendo al diálogo social, con un importante acuerdo que permite al Gobierno recuperar el discurso y retomar la iniciativa política, lanzando un mensaje potente de confianza. Por una parte a la sociedad española, harta de enfrentamientos tan estériles y de recortes sin consenso, y por otra a los mercados financieros, apareciendo en esta crisis como el único Gobierno en Europa que ha conseguido que al menos algunas reformas importantes se hagan con acuerdo con los sindicatos. Y sería positivo que también con acuerdo de todas las fuerzas políticas, si Rajoy se baja de la hamaca.
No ha sido fácil. Aunque como en todo pacto hay aspectos concretos que no satisfacen, los sindicatos han conseguidoreconducir y reequilibrar la propuesta inicial del equipo económico del Gobierno en materia de pensiones, innecesariamente dura para los trabajadores, rompiendo con la pretensión de generalizar la edad de 67 años para jubilarse con pensión plena e incorporando el concepto de carrera de cotización que permitirá la jubilación en diferentes edades, 63, 65 y 67 años, y por lo que más de la mitad de los trabajadores podrán seguir jubilándose con pensión completa a los 65 años. Este acuerdo, además, mejora con una cotización adicional a las mujeres que dejaron el empleo por la maternidad, reconoce derechos a los jóvenes becarios o en prácticas en las empresas, mantiene la jubilación parcial y refuerza los incentivos al retraso en la edad de jubilación.
El acuerdo incluye otros temas relevantes. No sólo el desarrollo reglamentario de los despidos colectivos que corrige alguno de los excesos de la reforma laboral, o la recuperación de un programa semejante al Prodi con reconocimiento de un derecho subjetivo para los parados que han terminado el subsidio, o la potenciación de las políticas activas y un plan de choque para el empleo de los jóvenes, sino también el acuerdo de bases con la CEOE sobre la negociación colectiva.
Uno de los objetivos del actual modelo de capitalismo financiero en su ataque contra el Estado del bienestar es la disminución del poder sindical, de la acción colectiva en defensa de los intereses de los trabajadores. De ahí la feroz campaña que una parte de la derecha económica y política libran contra los sindicatos de clase y los intentos de cambiar radicalmente el modelo de negociación colectiva vigente. Sin embargo, el acuerdo alcanzado lo preserva, manteniendo la autonomía de sindicatos y empresarios y girando sobre tres ejes clave: la primacía del convenio colectivo sectorial estatal en la regulación de la estructura de la negociación en cada sector; la potenciación del sindicato como principal agente de la negociación colectiva; y que la flexibilidad interna de las empresas, su imprescindible adecuación a los cambios, deba realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores, es decir, una apuesta por la flexibilidad negociada. El objetivo es que haya más negociación colectiva y, por lo tanto, que las condiciones de trabajo y la flexibilidad en las empresas se regulen colectivamente y no a través de las relaciones individuales, como se pretende desde algunos sectores económicos.
Por último, el acuerdo apuesta decididamente por un mayor impulso en el cambio del modelo productivo de nuestro país, clave para un desarrollo ordenado y potente de nuestra economía y del empleo.
En definitiva, frente a una visión estrictamente economicista de las reformas y frente a los sectores que propiciaban reformas sin pactos, que hubieran incrementado el conflicto social y ahondado las diferencias con las bases sociales de la izquierda que apoyaron al Partido Socialista, se ha impuesto una visión que integra la perspectiva social y política. Se ha recuperado, así, un discurso que se truncó en el mes de mayo pasado, el de los pactos sobre las reformas, con la convicción de que las decisiones que adopte el Gobierno tienen más eficacia si son compartidas por quienes tienen que asumirlas y aplicarlas, ampliando así a las organizaciones sindicales y patronales un poder y una responsabilidad inicialmente exclusiva del Gobierno. Sin duda que es una buena noticia.
Manuel de la Rocha es diputado socialista por Madrid
Ilustración de Enric Llardí
MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ
El proceso de elecciones primarias en el PSM está generando controversia. Una parte –creo que minoritaria– del PSOE y de la opinión pública considera que se trata de un error y, en todo caso, de un riesgo para el partido y para el presidente del Gobierno, que se ha implicado a favor de una candidata. Otra parte pensamos, por el contrario, que constituye una excelente oportunidad de participación y de transparencia, un ejercicio de democracia interna y, por tanto, un proceso de legitimación democrática de la organización y del propio candidato que finalmente sea elegido. Sin rechazar que el consenso en una persona es también un buen método de designación, pero siempre que sea real y no resultado de ninguna imposición de algún tipo de aparato al margen de los propios militantes.
Las primarias, objetivo que reivindicó una parte de la izquierda del partido hace más de una década, no son sólo un sistema de selección de candidatos, sino también una vía de formidable dinamización interna y externa de los afiliados y los simpatizantes y votantes socialistas, pues estimula la participación al permitir conocer mejor a los aspirantes, su trayectoria y liderazgo, grado de aceptación y el apoyo que puedan llegar a tener, pero igualmente sus ideas y sus propuestas para la Comunidad de Madrid.
Por eso, a los actuales candidatos hay que pedirles debate de ideas. Hasta ahora todo parece quedarse en saber quién es más conocido o mejor valorado por las encuestas o en resaltar el trabajo realizado en Madrid, cosas ambas importantes a considerar, pero nunca decisivas, pues la demoscopia no puede sustituir a la democracia. Pero de momento no entran a exponer sus posiciones sobre lo controvertido, bajo el reclamo de que ambos son de Zapatero y le apoyan.
Pero el socialismo es plural, con posiciones distintas, como estamos viendo en estos momentos de crisis económica. En 1998, las primarias entre Almunia y Borrell suponían una elección entre posiciones diferentes dentro del partido, aún cuando ambos habían sido ministros de Felipe González. Almunia, con un perfil más social-liberal, venía marcado por la reforma laboral de 1984 que creó el contrato de fomento de empleo y extendió entre los empresarios la cultura de la temporalidad. Por el contrario, Borrell, un socialdemócrata más clásico, había luchado como ministro por una fiscalidad más progresista y contra el fraude fiscal. Entonces, el partido optó por Borrell, inclinándose a la izquierda.
Por eso parece importante que los candidatos expongan sus posiciones sobre los temas hoy conflictivos que nos afectan. Por ejemplo, la fiscalidad. ¿Están de acuerdo con que, si en España queremos tener una cultura de servicios públicos universales como en Europa, será necesario incrementar la presión fiscal, muy inferior a la media europea? O con referencia más directa a la Comunidad de Madrid: ¿creen que habría que incrementar el IRPF sobre las rentas más altas, al igual que han hecho comunidades autónomas socialistas como Andalucía, Catalunya y Extremadura, y rechaza el PP? Y ¿qué opinan sobre la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, que muchos no compartimos, y que era un impuesto gestionado por las CCAA que recaudaba 2.000 millones de euros anuales, más que la congelación de las pensiones? Y lo mismo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando hay quien cree que debe prácticamente eliminarse. O sobre un replanteamiento global del sistema impositivo que lo haga más justo y recaudador, como reclaman los sindicatos y a lo que se opone la derecha.
También sería interesante que los candidatos se pronunciaran sobre el alcance de las medidas de ajuste, especialmente sobre la reforma laboral y la futura de las pensiones, dos temas sobre los que hasta este año había consenso entre el PSOE y los sindicatos, pero que han dado lugar, además de a la convocatoria de una huelga general, a una confrontación en el seno de la izquierda y, por tanto, entre los votantes socialistas madrileños.
Trascendente es también el futuro de Caja Madrid, que Esperanza Aguirre quiso transformar en su chiringuito financiero. La nueva Ley de Cajas posibilita su transformación en bancos, por eso es importante saber si están de acuerdo en un proceso que pudiera llegar a su privatización, a lo que pudiera estar inclinado Rodrigo Rato, o defenderán el carácter actual de entidad social y cuasi-pública de Caja Madrid.
Los socialistas defendemos el acceso universal y en igualdad a una sanidad pública de calidad, pero ¿qué piensan los candidatos que debe hacerse con los hospitales privatizados por Aguirre, o con el área sanitaria única? Y lo mismo sobre la educación en nuestra región, o sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, materia en que la derecha ha conseguido que sea Madrid la última región de España.
En definitiva, no bastan encuestas y trabajo, siendo importantes. Los socialistas madrileños queremos saber también cuál es la orientación o “sensibilidad” de los candidatos dentro del pluralismo del partido, de lo que de momento poco se ha hablado, aunque algo va apuntando Tomás Gómez al presentar su candidatura en la Casa del Pueblo de UGT y abogar por el entendimiento con los sindicatos.
Manuel de la Rocha Rubí es diputado del PSOE por Madrid
Ilustración de Enric Jardí
MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ 
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha acordado el sobreseimiento libre de 17 de los procesados como consecuencia del incendio producido en el verano de 2005. Revoca así el sorprendente auto de procesamiento dictado anteriormente por la segunda de las juezas que conocieron la causa, en Sigüenza, quien a instancia del PP y de parte de las familias afectadas dio la vuelta a una instrucción que estaba abocada a lo que finalmente ha terminado, el procesamiento únicamente de los implicados en la barbacoa inicial, origen y causa del incendio.
Los hechos son conocidos. En julio de 2005 tuvo lugar un incendio forestal de grandes dimensiones con origen en La Riba de Saelices (Guadalajara), en el que fallecieron once trabajadores de un retén contra incendios, quedando herido otro trabajador.
La instrucción, en la que está personado el PP, la llevó inicialmente y durante dos años una primera jueza. Personalmente intervine como abogado de la acusación, dado que cinco de los once trabajadores fallecidos eran afiliados a UGT, a fin de indagar si había habido responsabilidades penales en la muerte de los trabajadores, responsabilidades que no aparecieron. En esa condición hablé varias veces con ella, quien me manifestó, como lo hizo con otros abogados, que pensaba sobreseer el asunto salvo en lo que afectaba a los implicados en la barbacoa.
Pero esa jueza, al tratarse de un juzgado “de entrada” y llevar en él dos años, planteó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una prórroga de jurisdicción para terminar este asunto, dada su complejidad. Sin embargo, el anterior CGPJ, dominado por el PP, no lo aceptó, nombrando a una segunda jueza que, contra todas las evidencias, contra la declaración del único testigo directo, el trabajador superviviente, y contra el dictamen expreso de los peritos judiciales, procesó a los responsables políticos de la Junta, incluida la consejera de Medio Ambiente, y a los técnicos de la misma que dirigieron la lucha contra el incendio, así como a alcaldes y responsables de empresas que también intervinieron. A todos ellos les imputó un delito de incendios, a pesar de que cuando intervinieron el incendio estaba ya provocado, y a los técnicos además un delito de homicidio de sus compañeros fallecidos, así como otro contra los derechos de los trabajadores. Hubo aspectos esperpénticos, como que incluso a uno de los técnicos que estaba de vacaciones y que se presentó voluntariamente para luchar contra el incendio, también le procesara por homicidio de sus compañeros muertos al día siguiente de él incorporarse.
Las evidencias, sin embargo, eran claras. Los peritos judiciales, designados por el juzgado de forma aleatoria para dar una opinión al margen de las partes, explicaron con rotundidad que el fallecimiento de los miembros del retén fue un accidente fortuito e impredecible. Que su jefe, Pedro Almansilla, persona con gran experiencia y formación, valoró la situación y decidió de forma correcta y acertada, sin que, por lo demás, esta responsabilidad pudiera corresponder a otras personas que no estaban en el lugar concreto del incendio. Y que “lo que ocurrió allí fue algo absolutamente imprevisible”, “que nadie, ni un observador imparcial hubiera podido prever el suceso tal y como se produjo”. Que nada hubiera podido evitar la catástrofe, pues concurrieron una serie de circunstancias que produjeron lo que se entiende por “efecto venturi”, rachas de aire en las capas superiores de la corteza terrestre, que succionan el aire que se instala en la capa inferior, de los valles, provocando movimientos ascendentes de ese aire, ladera arriba, empujando el fuego a una velocidad de propagación muy rápida, que otros informes elevan hasta 70 km/hora.
Uno de los más importantes expertos mundiales en materia de incendios forestales, catedrático de Coimbra, validaba también esta explicación, hablando de un fenómeno excepcional que se produce en ciertas condiciones térmicas y de aire en las zonas de valles, que llamó blow up o “explosión del monte”, reiterando que la muerte de los trabajadores fue accidental e impredecible. Y lo mismo explicaba el único superviviente del retén, que habló de una “explosión térmica” imposible de prever.
A pesar de ello, la segunda instructora decidió procesar a todos, políticos y técnicos. Lo que ahora revoca contundentemente la Audiencia, quien en unos autos técnicamente muy fundamentados, acuerda el sobreseimiento libre, equivalente a la absolución en sentencia con todos los pronunciamientos, y no por falta de pruebas o por indicios insuficientes, sino afirmando que la jueza ha actuado “con una imprecisión considerable” y que los hechos que les atribuye no constituyen infracción penal alguna.
¿Por qué lo sucedido hasta aquí? Estamos ante una manifestación más de la judicialización de la política. El PP de Castilla LaMancha, y Cospedal como singularmente experta, viene recurriendo periódicamente a los tribunales penales, buscando ganar ahí, o en el proceso intermedio de descrédito a través de su publicación, lo que no consigue en las urnas ni contra José Bono ni contra José María Barreda, en un proceso objetivo de deslegitimación del Estado democrático.
Las encuestas muestran que la sociedad está preocupada por esa judicialización progresiva de la vida pública y la correspondiente politización de al menos una parte de la justicia, que se deja influir o llevar de esa actuación, con riesgo de ruptura del equilibrio institucional y entre los poderes del Estado.
Si el auto de procesamiento de la segunda instructora era un despropósito, afortunadamente la resolución de la Audiencia Provincial nos reconcilia con la justicia y muestra que la mayoría de nuestros jueces y magistrados son independientes y cumplen su función constitucional sin dejarse interferir por la política partidista. A pesar de Cospedal, quien ahora dice hipócritamente que se alegra de la exculpación que ella misma promovió.
Manuel de la Rocha Rubí es diputado socialista y abogado
Ilustración de Alberto Aragón
MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ
Al día siguiente de la Cumbre del G-20 en Londres, el mundo se despertó y la misma crisis económica continuaba en toda su virulencia. Previo a la reunión, diversos medios la comparaban con la Conferencia Económica Mundial, celebrada en Londres en 1933 en mitad de la Gran Depresión, cuyo fracaso sembró la semilla de la discordia que condujo directamente a la Segunda Guerra Mundial. La situación actual puede ser muy distinta a la de los años treinta, pero, dadas las altas expectativas, un fracaso sonado del G-20 habría desatado seguramente un escenario muy negativo, hundiéndonos en una crisis aún más profunda y dura que la actual. Por fortuna esto no ha ocurrido, la Cumbre fue un relativo éxito y, en algunos aspectos, se lograron avances muy relevantes.
Por un lado, el billón largo de dólares acordado para el estímulo financiero de la economía internacional es más de lo que se manejaba en los debates previos y es, sin duda, el mayor plan fiscal concertado de la Historia. Las cifras son tan enormes que uno se pregunta qué pasará si no funciona. Con los tipos de interés casi en cero y la deuda pública y los déficit disparados en muchos países, no está muy claro qué más, se podrá hacer si el paquete de estimulo financiero no logra arrancar a la economía internacional de la recesión. Es algo que los líderes mundiales deberían estar ya preguntándose.
En el medio plazo, las medidas anunciadas en Londres para reforzar la regulación de los mercados y sistemas financieros internacionales son lo más cercano que se ha acordado nunca a una regulación económica mundial destinada a evitar crisis futuras. Sin embargo, el alcance real de muchas medidas dependerá de su verdadera puesta en marcha y ejecución en los próximos meses. No olvidemos que, por ejemplo, a nivel europeo ya existen numerosas regulaciones de las entidades y mercados financieros que no han evitado la crisis. Desde 2005 hay incluso una directiva para acabar con los paraísos fiscales, los cuales siguen existiendo en el interior de la UE. La clave, por lo tanto, será la voluntad real y decidida de poner en marcha los acuerdos.
Uno de los aspectos destacados de la Cumbre es el reforzamiento del Fondo Monetario Internacional, al que se le dota de enormes recursos para actuar de prestamista de última instancia, a la vez que se le encomienda un papel central de vigilancia del sistema financiero internacional junto al nuevo Consejo de Estabilidad Financiera. El FMI sale también de Londres con el encargo de ser más ágil y transparente, dar mayor representatividad a los países en desarrollo y acabar con la condicionalidad leonina que acompañaba a sus créditos. Esto representa un gran cambio para un organismo que hasta ayer imponía a muchos países en desarrollo la amarga medicina del ajuste estructural y el consenso de Washington.
Además, habrá que ver en el futuro en qué medida EEUU permitirá realmente al FMI monitorear y criticar el sistema financiero americano cuando este suponga un riesgo para la estabilidad internacional. Pero, siendo optimistas, tal vez la mejor prueba de que la reforma del Fondo va en serio sea ver a un país como México apresurarse en la Cumbre por ser el primero en obtener uno de los nuevos préstamos del FMI; o que China haya accedido a aportar 40.000 millones de dólares al Fondo, algo a lo que se negaba si no se aumentaba su influencia en el mismo.
En mi opinión, sin embargo, la reunión de Londres será recordada en el futuro sobre todo, como la Cumbre que estableció los pilares de la nueva gobernanza internacional del siglo XXI, más inclusiva y multipolar. Las actuales instituciones y organismos internacionales fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial, reflejando el equilibrio de poderes e influencias de los vencedores de entonces. Eso explica el reparto de poder de voto a favor de EEUU y algunos países europeos en los organismos que surgieron tras los acuerdos de Bretton Woods, y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Posteriormente, la creación en 1975 del Grupo de los Siete (G7), después transformado en G8, vino a escenificar aún más claramente una manera de entender el mundo en la que un club de países ricos se arrogaba el derecho de decidir por todos, pero en función de sus intereses.
Es muy posible que este orden internacional anacrónico y profundamente antidemocrático haya firmado su defunción en Londres. La Cumbre del G-20 ha sido la primera en la que las grandes economías emergentes como China, Brasil, India o México se sientan a la mesa en igualdad de condiciones con las más poderosas, y no como, hasta ahora, de convidados de piedra a compartir el postre. Estos países han venido para quedarse y no aceptarán fácilmente una vuelta al status quo anterior, lo que augura una consolidación del G-20 (que, no olvidemos, representa cerca del 70 % de la población mundial) como auténtico foro de decisión, frente a un G-8 cada vez menos relevante y falto de legitimidad.
Por lo tanto, si el G-8 pierde fuerza a favor del G-20, si los organismos de Bretton Woods y el Foro de Estabilidad Financiera son reformados, dando mayor voz y voto a los países emergentes y en desarrollo, cabe preguntarse cuánto más habrá que esperar para una verdadera reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que apuntale y consolide esta nueva gobernanza surgida en Londres.
En definitiva, la Cumbre del G-20 ha supuesto un importante avance en la creación de la nueva gobernanza mundial del siglo XXI, pero la agenda pendiente sigue siendo inmensa. Pero ¿es que alguien pensaba que el capitalismo se podía refundar en un día?
Manuel de la Rocha Vázquez es Economista. Miembro de la Fundación Alternativas
Ilustración de Enric Jardí
MANUEL DE LA ROCHA
JOSÉ MANUEL ALBARES
Asistimos en estos momentos a un importante cambio de ciclo económico y político mundial que anuncia una nueva época. El término crisis económica para definir la situación de las finanzas mundiales describe correctamente la situación coyuntural actual. Sin embargo, no deja ver suficientemente lo que conlleva de renovación profunda en nuestro sistema económico y sobre todo financiero. A su vez, la reciente presidencia de Barack Obama supone mucho más que la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca. Anuncia un nuevo estilo de liderazgo y una nueva visión de las relaciones internacionales y del multilateralismo que se verán amplificados si Europa responde adecuadamente a la nueva situación.
En este contexto, España debe estar preparada para influir decisivamente en la definición del mundo de un mañana que se revela ya muy cercano. Estamos bien situados para hacerlo. Para ello, debemos ser audaces en las propuestas sobre la gobernanza global durante nuestra futura Presidencia de la UE y en la definición de políticas en aquellos escenarios regionales que son los puntos calientes del planeta. Nuestra apuesta clara y constante por un multilateralismo activo y eficaz nos legítima para reclamar una reforma de las instituciones internacionales, empezando por la ONU, en donde España ya participa activamente en la reforma de su sistema de desarrollo para hacerlo más eficiente y mejor coordinado.
La crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar también el sistema financiero internacional, transformando el FMI en un verdadero Fondo Monetario Global, que integre al Fondo de Estabilidad Financiera, con auténtica legitimidad, dotado de más recursos y auténtica capacidad de supervisión de las políticas de todos los países. A su vez, España debe reclamar la desaparición del G-8, y su adhesión formal a un G-20 ampliado, que dé entrada a más países y organismos regionales y que se vincule de alguna forma al sistema de la ONU. Esto último es fundamental para mantener la coherencia de nuestra posición clara a favor del multilateralismo, con el deseo de entrar en un club selecto, pero que en definitiva toma las decisiones y lidera la gobernanza mundial. Igualmente, España debe abogar por la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente con mandato normativo y capacidad suficientes para liderar la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental del planeta.
La Presidencia española del UE en el primer semestre del 2010 será otro momento fuerte para nuestro país en el que debemos hacer avanzar el funcionamiento de las instituciones europeas para que la Unión actúe eficazmente en este mundo en cambio. Nuestra Presidencia estará afectada por la posible entrada en vigor del Tratado de Lisboa antes o durante la Presidencia una vez ratificado, y así lo esperamos, por los 27 Estados miembros. España debe jugar fuerte para lograr una rápida y completa entrada en vigor del nuevo Tratado, particularmente las novedades institucionales de la política exterior europea (presidente electo del Consejo Europeo, alto representante de Asuntos Exteriores y política de defensa, servicio europeo de acción exterior, etc.)
Para entonces, la Administración Obama estará ya asentada y rodada y nuestra Presidencia acogerá la cumbre trasatlántica que debe impulsar una nueva relación entre Europa y Estados Unidos. España tendrá así una gran oportunidad de jugar un papel clave, estableciendo el puente necesario entre una administración norteamericana renovada y una Unión Europea ya dotada de los mecanismos para afrontar de manera eficaz los retos de la nueva gobernanza mundial. La Presidencia española será un buen momento también para situar de nuevo con fuerza a América Latina en la agenda europea e internacional, pero igualmente para reactivar el interés de Estados Unidos por esta región, tan marginada durante toda la Administración Bush.
Por último, España puede ser una pieza fundamental en la búsqueda de soluciones para Oriente Medio y África subsahariana, las dos zonas más inestables del planeta por motivos diferentes. En Oriente Medio debemos seguir siendo un mediador fiable que dialoga permanentemente en la búsqueda de una solución justa al conflicto. En África subsahariana es importante continuar reafirmando nuestro compromiso con los más desfavorecidos del planeta y con la solidaridad internacional, expresada en los importantes aumentos del volumen y calidad de nuestra ayuda al desarrollo, junto a una continua llamada a los países ricos para que sus niveles de ayuda alcancen cuanto antes el 0,7% del PIB.
Una vez más, la historia se acelera. Avanzamos con rapidez hacia un mundo en el que la frontera entre lo interior y lo exterior se difumina totalmente. Ante fenómenos como el cambio climático, las migraciones internacionales o las crisis económicas a nadie se le ocurre ya preguntar dónde ocurren o a quién afectan. Es evidente que la única respuesta sensata a ambas cuestiones sería: en el planeta y al planeta. Asimismo, ese nuevo orden internacional hacia el que nos movemos parece sugerir que la ortodoxa y ya asumida supremacía de lo económico sobre lo político se invertirá. La demanda de regulación financiera a nivel mundial cierra una forma de entender la economía mundial y el papel de los gobiernos que ha estado vigente durante los últimos 30 años. La nueva gobernanza mundial requerirá una mayor presencia e intervención reguladora del Estado. España debe comprender bien esta nueva realidad y participar activamente en su definición.
Manuel de la Rocha es Miembro de Fundación Alternativas
José Manuel Albares es Diplomático
Ilustración de Juan Ossorio
MARÍA MUÑIZ DE URQUIZA y
MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ
La aguda crisis económica y financiera internacional está revalorizando las políticas y valores promovidos desde hace años por la socialdemocracia, que resurgen como la mejor receta para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento y garantizar la prosperidad y el progreso para todos. En esta situación, la Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en la construcción de una nueva y necesaria gobernanza de la globalización económica. Pero no nos engañemos, las estrategias para salir de la crisis, y la distribución de sus costes, no van a ser iguales gobierne quien gobierne en Europa.
Existe un consenso bastante general que señala que han sido años de políticas económicas neoliberales, de desregulación sin control y de fe ciega en el laissez faire de los mercados, los causantes del desastre actual. A su vez, las respuestas que se han puesto en marcha coinciden básicamente con las que la socialdemocracia europea siempre ha defendido: más transparencia y más y mejores controles de los sistemas financieros; estricta disciplina para las agencias de calificación de riesgos; una vuelta a las políticas keynesianas para dinamizar la economía a través, básicamente, de inversiones públicas; la protección de los consumidores y los inversores… todas ellas medidas con las que los Estados garantizan a las empresas, los trabajadores, los consumidores y los ahorradores que la economía está bajo control o, como se ha dicho muy correctamente, más Estado para controlar el buen funcionamiento del mercado. En definitiva, utilizando palabras de Habermas sobre la globalización, se trata de la domesticación política del capitalismo desbocado.
Desde el principio de la crisis, la Unión Europea ha liderado la iniciativa en la búsqueda de soluciones
coordinadas, y su modelo normativo supranacional debería servir como modelo de gobernanza del capitalismo global. En efecto, hay que recordar que la inflexión en la caída libre de la bolsas no se produjo con los planes nacionales de rescate de los bancos en crisis, sino a partir de la respuesta coordinada de los Estados miembros y que el texto común con el que Europa ha ido a Washington es la base de la hoja de ruta mundial acordada por el G-22. Ya está, además, asumido que en diciembre el Consejo Europeo acordará un sistema de coordinación de las políticas económicas de los 27, no sólo de los países de la zona euro, en lo que podría ser la concreción de un gobierno económico de Europa, tan denostado por los conservadores y euroescépticos y tantas veces defendido por los socialdemócratas europeos en su ambición de consolidar un modelo europeo de economía social de mercado.
Esta es la combinación ganadora en un momento histórico de cambios y desafíos: una UE fuerte y progresista. Una Europa capaz de regular los mercados y de profundizar en su modelo solidario de cohesión social, de manera que sus mecanismos de integración se utilicen en beneficio de los ciudadanos, por encima de los intereses del mercado. Por ejemplo, se trata de que la libre circulación de trabajadores no sea un activador del dumping social; de que el aumento de competitividad de la economía europea se base en la capacidad para innovar y en el valor añadido de los trabajadores y no en el aumento del tiempo de trabajo; de que la respuesta al cambio climático se concrete con reducciones de emisiones y más energías renovables; de promover las inversiones en educación y en I+D+i como vectores fundamentales para el crecimiento y la creación de mejores empleos; de que cada acto legislativo europeo tenga en cuenta el progreso social; de avanzar con firmeza en la igualdad de género efectiva y la extensión de derechos en toda la UE; de labrar políticas migratorias comunes que abarquen desde la cooperación con los países de origen y la gestión de los controles fronterizos hasta la integración solidaria de los que vienen de fuera.
A nivel global, la victoria de Barack Obama en Estados Unidos abre la puerta para renovar una alianza trans-
atlántica que aborde los retos globales sobre unas bases de progreso. Para ello se requiere de una UE fuerte, capaz de hablar con una sola voz para defender sus valores, dotada de los instrumentos para desarrollar una política exterior sólida, creíble y efectiva. De ahí la importancia de ratificar el Tratado de Lisboa.
Todo ello en un marco de estrecha cooperación internacional y reforzamiento de las instituciones multilaterales. Así, la agenda progresista incluiría la reforma del sistema financiero internacional y de las instituciones de Bretton Woods en el sentido de darles más transparencia, mejorar su legitimidad con una mayor participación de los países emergentes y en desarrollo y reforzar su vinculación con el sistema de Naciones Unidas, sin olvidar otros retos globales como la lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta; la financiación del de-
sarrollo para la erradicación de la pobreza y la consecución de los Objetivos del Milenio; el combate al
terrorismo desde la legalidad internacional y los derechos humanos; y la construcción de la paz y de una alianza de civilizaciones duradera.
Muchas de las ideas perfiladas se incluyen en el Manifiesto del Partido Socialista Europeo –que se presentó ayer en Madrid– y que reúne a los principales líderes socialistas y socialdemócratas de la UE. Los ciudadanos deben saber que las respuestas a la crisis no son las mismas si vienen desde la derecha o desde la izquierda. La Europa que defendemos en esta tribuna sólo será posible con una mayoría progresista en los gobiernos e instituciones de la UE. Les toca a los ciudadanos identificar la opción.
María Muñiz de Urquiza es Doctora en Ciencias Políticas y asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
Manuel de la Rocha Vázquez es Economista. Miembro de la Fundación Alternativa.
Ilustración de Mikel Jaso
MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ
La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Estos días, la atención mundial volverá a centrarse en torno a esta cuestión con ocasión del Encuentro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, organizado por Naciones Unidas (ONU), congrega hoy en Nueva York a los principales líderes mundiales.
Los ODM fueron adoptados en la llamada Declaración del Milenio en 2000 por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno.
Los ocho Objetivos representaban un verdadero hito en la lucha contra la pobreza pues, por primera vez, la comunidad internacional se fijó unas metas concretas, medibles y con plazos determinados en relación a la reducción de la pobreza económica, el hambre, la enfermedad, la educación, la falta de vivienda y la sostenibilidad ambiental. Los Objetivos del Milenio son ambiciosos, pero realizables, y sirven para marcar el rumbo y concentrar los esfuerzos internacionales en la lucha contra la pobreza extrema.
¿Dónde nos encontramos a día de hoy, a mitad del camino hacia 2015? Se puede decir que el grado de consecución de los objetivos ha sido desigual. Si bien la cantidad de personas que vive en situación de pobreza extrema sigue disminuyendo a escala mundial y numerosos países en vías de desarrollo (PVD) están avanzando adecuadamente hacia la consecución de algunos de los ODM, ese éxito oculta que los progresos han sido lentos e insuficientes en otros países, entre ellos gran parte de los de África subsahariana. De hecho, de mantenerse las tendencias actuales, ningún país africano estará en condiciones de alcanzar todos los objetivos en 2015. A su vez, los países que están saliendo de conflictos o padecen inestabilidad política plantean desafíos especiales. En los llamados países de renta media –incluyendo casi toda Iberoamérica– en los que se han realizado progresos más rápidos hacia los ODM, la existencia de grandes bolsas de desigualdad significa que millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema.
Además, aun cuando la proporción de personas que sufren de malnutrición y hambre en el mundo se ha reducido desde comienzos del decenio de 1990, ha aumentado la cantidad de población con insuficiente acceso a los alimentos. La FAO estima que debido al reciente aumento de los precios de los alimentos, aproximadamente 1.000 millones de personas pasan hambre, y que por lo menos otros 2.000 millones sufren malnutrición. A su vez, los progresos mundiales en lo tocante a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres han sido bastante escasos.
A pesar de lo anterior, no todo son malas noticias. Varios éxitos recientes en distintas partes del mundo en desarrollo, tales como el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, la expansión del tratamiento del sida, las reducciones en la mortalidad infantil, la extensión de la educación primaria y del acceso al agua y el saneamiento demuestran que es posible lograr rápidos progresos cuando existen políticas nacionales correctas con el incremento de la ayuda al desarrollo. Los logros obtenidos, aunque insuficientes, son testimonio de que el compromiso de los países en desarrollo y desarrollados con la Declaración del Milenio ha alcanzado un nivel sin precedentes, y de que es cada vez mayor el éxito en la formación y fortalecimiento de la alianza mundial para el desarrollo.
Así con todo, el logro de los ODM en 2015 es todavía posible, pero va a requerir respuestas eficaces e inmediatas de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Este sentido de urgencia no puede menos que agudizarse ante los dramáticos y repentinos aumentos del precio de los alimentos y el desafío –cada vez mayor– del cambio climático, particularmente para los países en desarrollo.
Según la ONU, se necesita incrementar las corrientes de asistencia a los PVD en 18.000 millones de dólares anuales entre 2008 y 2010, a fin de alcanzar las metas convenidas para 2010, de los que 7.300 millones deberán ir dedicados a África subsahariana. El incremento del volumen de la ayuda deberá ir acompañado de rápidas mejoras en la calidad, eficacia y previsibilidad de la misma, y en consonancia con las prioridades de los países receptores. Por otro lado, se puede y se debe hacer más para reforzar la coherencia de políticas de los países más ricos para lograr un entorno más propicio para los países en desarrollo en ámbitos como el comercio, la deuda externa, la prevención y reconstrucción de conflictos o la transferencia de tecnología a los PVD.
En definitiva, en este momento en que la atención de los gobiernos de los países industrializados está centrada en la grave crisis económica que padecemos, es necesario hacer una llamada a los líderes mundiales para que no olviden que el desafío más importante que deben enfrentar es el de la pobreza y subdesarrollo que sufre casi la mitad de la población del planeta.
No está mal recordar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio:
1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos.
4. Reducir a dos terceras partes la mortalidad de los menores de cinco años.
5. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
6. Detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la
tuberculosis.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.
Manuel de la Rocha Vázquez es economista, asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y miembro de la Fundación Alternativas
Ilustración de Iker Ayestaran
MANUEL DE LA ROCHA Y BORJA LASHERAS
Ahora que comienza una nueva legislatura, en la cual el electorado ha revalidado sobradamente su confianza en el gobierno actual, es un buen momento para plantear una reflexión constructiva y serena sobre algunas cuestiones en apariencia menos importantes para el día a día de mucha gente, pero que también tienen relevancia para el progreso de este país en el sentido más amplio de la palabra. Cuestiones como algunas perspectivas dominantes sobre la política exterior, que se han reflejado en la posición española sobre la independencia de Kosovo, son el objeto de este artículo.
La postura del Gobierno español ante la declaración de la Asamblea de Kosovo del pasado 17 de febrero se basó en el argumento de que este acto vulneraría la legalidad internacional. Ello, en principio, sería coherente con la política de un Gobierno que, entre otras razones, llegó al poder con la defensa del orden internacional. A nuestro juicio, existen no obstante algunos motivos que conducirían a la necesidad de reconsiderar esta postura a medio plazo.
En primer lugar, lo cierto es que existen sólidos argumentos en ambos sentidos. Es cierto que el derecho internacional clásico prima principios como la soberanía e integridad territorial de los Estados, reflejados en la Carta de la ONU y tantos otros documentos, como la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/RES/1244) de 1999, en cuyo preámbulo se reconoce en efecto la soberanía de la antigua República Federal de Yugoslavia (RFY). Sin embargo, también es verdad que la parte dispositiva de esta misma resolución, fundamental para entender la situación actual, privaba a la entonces RFY de sus atributos de gobierno sobre la provincia de Kosovo, al ordenar la retirada indefinida de todas sus tropas (elemento de soberanía por excelencia) y establecer una administración internacional transitoria; administración que supervisaría el desarrollo de unas instituciones kosovares de autogobierno también provisionales, dejando la resolución final del status definitivo de Kosovo a un proceso político –sobre el cual la 1244 no fijaba casi límites–.
Esta decisión del propio Consejo de Seguridad era tajante, única y motivada por los crímenes del régimen de Milosevic ante el patético papel de la comunidad internacional en las trágicas guerras que culminaron en la desaparición de la antigua Yugoslavia. Este argumento simplemente pone de manifiesto, como hicieron algunos miembros del Consejo el pasado febrero, que, por así decirlo, el tema viene de largo.
Asimismo, también hay que tener en cuenta que el derecho internacional contemporáneo, por medio de tratados, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas e incluso decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, ha venido reconociendo una serie de límites al principio de soberanía clásico (como son los derechos humanos, el principio de libre autodeterminación de los pueblos, etc.). Kosovo, siendo un caso particular, no representa tampoco la primera vez que una minoría, partidaria de la secesión de un Estado que ha conculcado masivamente sus derechos más básicos, acaba constituyendo un nuevo Estado independiente y tras una intervención exterior. Los ejemplos de Bangladesh, Timor Leste o quizá el norte de Irak o el sur de Sudán en unos años, con mayores o menores diferencias, apoyan esta idea básica.
Toda posición sobre Kosovo, en uno u otro sentido y a la luz del derecho internacional del siglo XXI, debe ser por ello matizada. Identificar legalidad internacional únicamente con el Consejo de Seguridad de NNUU es pues incorrecto y, por otra parte, muy discutible, dado que supone legitimar una lógica de profunda desigualdad y de poder, reflejada en los intereses de los cinco del 45 –algunos de dudosa calidad democrática–. No hay que olvidar que este último aspecto es objeto continuo de cuestionamiento, también por la propia ONU, organización internacional que no se diseñó para frenar movimientos de secesión internos. Ello se debe, en parte, a que algunas concepciones ortodoxas de la Carta y del principio de soberanía están en la base de hechos como el genocidio de Ruanda en 1993 o las barbaridades en Bosnia.
Es evidente –y en cierto modo comprensible– que razones de índole interna, en periodo preelectoral, también han jugado un factor de peso, ante las demandas nacionalistas y su previsible utilización del caso de Kosovo (como, lamentablemente, mostró en el debate el candidato conservador). Pero es contraproducente que de cara a la comunidad internacional hayan destacado los temores a nuestros propios separatistas. Esto se interpreta como debilidad de convicciones y conduce a la errónea conclusión de que somos una sociedad incapaz de debatir. Ambos efectos son justo lo que desean algunos nacionalistas, quienes siempre buscan comparaciones en el exterior (en los kurdos, los colonialismos, etc.). Estas tensiones internas las tienen –y más graves– algunos de los países europeos que han reconocido Kosovo, como el Reino Unido o Bélgica. Lo que es más importante, pueden ser perfectamente gestionadas dentro de las instituciones de un Estado europeo moderno, sujetas al ejercicio de responsabilidad política, como muestran los resultados electorales en País Vasco y Cataluña.
Los efectos de la independencia de Kosovo desde el punto de vista geoestratégico son difíciles de prever. El énfasis ahora para España debe ser la estabilidad en la zona, el respeto a las minorías, el imperio de la ley y, en general, los estándares europeos, reflejados en el Plan Ahtisaari –que es un informe ONU, y que justifican la nueva misión europea, EULEX.
Pero a largo plazo, sería conveniente ir abandonando esta dinámica de abordar cuestiones de política internacional desde una óptica doméstica, para el caso de Kosovo y otras futuras crisis. Adoptar puntos de vista algo menos dogmáticos y más acordes con el complejo marco global en el que vivimos redundaría en beneficio no sólo de la política exterior, sino también de la fortaleza democrática de este país.
Manuel de la Rocha Vázquez y Borja Lasheras son miembros del Observatorio de Política Exterior (OPEX)
de la Fundación Alternativas
Ilustración de Javier Olivares
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
MANUEL DE LA ROCHA
El encuentro entre los líderes europeos y africanos que se celebrará este fin de semana en Lisboa debe ser algo más que una ocasión para hacerse la foto o criticar la presencia del dictador de Zimbabue, Robert Mugabe. La Cumbre Unión Europea-África supone una ocasión única para forjar una verdadera asociación entre dos continentes que afrontan desafíos comunes. Los jefes de estado y de gobierno esperan aprobar una ambiciosa Estrategia UE-África alrededor de cinco temas: energía y cambio climático; comercio, infraestructuras y desarrollo; paz y seguridad; gobierno y derechos humanos y migración y empleo.
La agresiva entrada protagonizada por China en los últimos años en África en búsqueda de recursos energéticos y materias primas está cambiando los equilibrios geoestratégicos en esta región. Sin embargo, a diferencia de China, o incluso de EEUU, en la apuesta europea por África el desarrollo, la paz y el medioambiente o la inmigración juegan un papel prioritario.
Aunque no está incluido en la agenda oficial, la Cumbre viene sin duda marcada por el tramo final de las negociaciones comerciales de los llamados Acuerdos de Asociación Económica, que conlleva la liberalización comercial de los mercados africanos a los productos europeos. En conformidad con las reglas de la OMC, las negociaciones deben concluir antes de fin de año o muchos países africanos verán limitado su acceso comercial al mercado europeo. Ante la inminencia de la fecha final, la parte europea se ha mostrado agresiva y poco flexible, presionando con dureza para que los subsaharianos firmen unos acuerdos complejos bajo la amenaza de perder sus preferencias comerciales. En estas circunstancias, varios gobiernos africanos, molestos por las presiones, han manifestado su intención de no firmar. No parece de gran coherencia que Europa ofrezca un gran acuerdo de asociación estratégica con Africa basado en valores de solidaridad, democracia y entendimiento, mientras al mismo tiempo antepone las reglas estrictas de la OMC y los intereses económicos a esos mismos valores.
Por fortuna para los que creemos en Europa como un factor de desarrollo en el mundo, no son sólo los intereses exportadores los que dominan las relaciones entre estos dos continentes. En la actualidad, por ejemplo, la UE es el primer donante en África, proporcionando más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo en este continente (48.000 millones de euros) y es también el primer inversor y socio comercial. El previsible incremento de la ayuda europea para África debe ir acompañado por una apuesta decidida por los organismos africanos para proporcionar respuestas al continente. En primer lugar por la Unión Africana, que trata de consolidarse como la verdadera organización regional inspirada en el modelo europeo. También la UE ha apoyado la iniciativa NEPAD, incluida el Mecanismo Africano de Evaluación entre Pares, instrumento único de evaluación de la buena gobernanza y de aprendizaje entre los propios países, por y para los africanos. Este último aspecto es esencial, pues la mejora en la gobernabilidad y la creación de instituciones sólidas no se pueden imponer desde fuera, sino que tienen que surgir dentro del continente.
Otro tema fundamental será la agenda de paz y seguridad. La UE debe renovar sus esfuerzos de prevención de conflictos y restauración de la paz. Se ha hecho mucho en este campo. Creado en 2003, el Fondo para la Paz en África ha armado y adiestrado a tropas africanas en Somalia y en Darfur; militares y policías europeos se desplegaron el pasado año durante las elecciones en el Congo. A medio plazo hay que avanzar más decididamente para que sean los propios africanos los que asuman más responsabilidades en los conflictos africanos. La UE debe apoyar de manera más decidida, con recursos financieros y técnicos, la consolidación de las Fuerzas de Reacción Rápida Africanas (Stand-By Forces) impulsadas por la Unión Africana.
En los temas de migraciones la UE debe ser más sensible a las peticiones africanas. Nadie niega el derecho de los países europeos de luchar contra la inmigración ilegal y descontrolada. Pero hoy más que nunca es evidente que concentrarse en el control fronterizo es como ponerle puertas al mar. Lo que se requiere es una política europea que combine la firmeza en la lucha contra las mafias y el control de fronteras, con aumentos importantes y ordenados de contrataciones en origen, promoviendo la inmigración circular y facilitando los envíos de remesas. No parece sin embargo que la llamada Tarjeta Azul que propone la Comisión Europea para atraer a los africanos más capacitados vaya en esa dirección. Más bien al contrario, la fuga de cerebros al sur del Sáhara en dirección a países más prósperos sigue siendo un barrera importante al desarrollo de muchos países, por lo que habrá que encontrar soluciones innovadoras que combinen la libertad de elección con incentivos para quedarse para los más capacitados.
Por su lazos históricos y culturales, su cercanía geográfica y sus intereses mutuos, Europa tiene una responsabilidad solidaria fundamental en el porvenir del continente africano. Y en esa función, España, que ha realizado un giro notable hacia África en esta legislatura, debe estar entre los países que lideran el diálogo y la búsqueda de acuerdos en la Cumbre.
Miguel Ángel Martínez es Vicepresidente del Parlamento Europeo por el Partido Socialista Europeo
Manuel de la Rocha es Asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y coordinador del área de África de la Fundación Alternativas
