MARIO AMORÓS
Más de 500 medios de comunicación nacionales e internacionales están acreditados para informar sobre el rescate de los 33 trabajadores sepultados a 624 metros en la mina San José, cerca de Copiapó, en el Norte Chico chileno. Televisiones, radios y periódicos de todo el planeta abren sus principales espacios a la singular odisea de estos obreros, a la conmovedora espera de sus familiares, que anhelan volver a abrazarles tras más de dos meses atrapados en esa tierra en la que buscaban cobre y oro para conquistar su sustento. El Gobierno de Sebastián Piñera no ha escatimado esfuerzos y el sábado la imponente perforadora T-130 del Plan B llegó hasta el refugio donde se cobijan desde el 5 de agosto. Los trabajos avanzan a buen ritmo para que por fin mañana se ponga en marcha el dispositivo que les devolverá a la superficie, unas imágenes que conmoverán profundamente a Chile en el año en que un terrible seísmo devastó sus regiones meridionales.
Pero también asoma en el horizonte el riesgo de que su indudable hazaña se convierta en un circo mediático, usufructuado por el Gobierno y en particular por Piñera, quien con tal de ser testigo –y protagonista– de esas horas estaba dispuesto incluso a retrasar una importante gira por Europa planificada desde hace meses para los días 16 y 17 de octubre. Porque después de una exhaustiva atención médica y del emotivo reencuentro con sus familias en el “Campamento Esperanza”, los 33 trabajadores se pasearán por estudios de televisión, por las páginas de la prensa nacional e internacional, serán el centro de varias películas, libros y documentales que ya se preparan. Incluso el Gobierno va a condecorarles como los “héroes del Bicentenario” puesto que, según Piñera, “la epopeya de los mineros ha iluminado el alma de nuestro país y fortalecido el espíritu de los chilenos”. Mientras tanto, los 300 trabajadores que escaparon al derrumbamiento se están movilizando, en medio de la más absoluta indiferencia de las autoridades y la prensa, para reclamar a los propietarios de la mina San José el pago de sus salarios atrasados con la irónica consigna: “¡Para tu show Piñera, 300 estamos afuera!”.
Excluido de los deslumbrantes focos y de los ampulosos discursos oficiales puede quedar el aspecto determinante de esta historia: las lacerantes condiciones de inseguridad, precariedad y sobreexplotación en que miles de personas trabajan en Chile, un país ensalzado como un ejemplo en el contexto latinoamericano, pero donde aún subsisten las leyes laborales de la dictadura militar, que dificultan –entre otros– los derechos de huelga y negociación colectiva. Precisamente, el 1 de octubre la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores entregó a Piñera su Agenda Social y Laboral, que subraya que “la
desigual distribución del ingreso continúa siendo una característica fundamental de la sociedad chilena, a pesar del crecimiento económico”. Este documento revela la precariedad que marca las relaciones de producción en Chile: los asalariados sin contrato son un 23%, mientras que llegan a un 40% los que no cotizan a la Seguridad Social. “El mercado de trabajo –sostiene la mayor confederación sindical– continúa siendo la fuente de mayor desigualdad… Es urgente abordar con decisión el tema laboral largamente postergado en nuestro país y poner el trabajo en el centro de la vida de la sociedad”.
Este es el desafío al que el heroísmo de estos 33 mineros puede contribuir con su inminente protagonismo en los grandes medios de comunicación. De este modo honrarían la memoria de quienes antes que ellos horadaron el subsuelo de Chile, ya que la historia de su movimiento obrero y popular no puede entenderse sin el protagonismo de los trabajadores de la minería del salitre, del carbón y del cobre. Fueron los obreros de la pampa salitrera quienes, acompañados por Luis Emilio Recabarren, fundaron en junio de 1912 el Partido Obrero Socialista, antecedente inmediato del Partido Comunista. Fueron los mineros del carbón quienes, en el otoño de 1960, protagonizaron la emblemática huelga de 96 días en la cuenca de Arauco que culminó con la marcha hacia Concepción. Y la mayor parte de los trabajadores del cobre acompañó al Gobierno de Salvador Allende en la histórica nacionalización de esta riqueza natural en 1971 y fueron ellos también de los primeros en protagonizar movilizaciones contra la dictadura militar a partir de 1978.
Estos 33 trabajadores quedaron sepultados el 5 de agosto a consecuencia de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal, así como de la voracidad de los propietarios de una mina con un oscuro historial de accidentes que no han tenido más remedio que admitir su responsabilidad. Si los planes se cumplen, a partir de mañana verán la luz del sol en el desierto de Atacama, recibirán los cuidados que merecen y el afecto de sus familiares, el reconocimiento local y universal ante su ejemplar comportamiento en tan dramáticas circunstancias. Serán agasajados como héroes en los aristocráticos salones de La Moneda y en los programas de “interés social” de las televisiones, ocuparán extensos reportajes en los diarios más importantes, tendrán, en definitiva, un protagonismo que jamás imaginaron. Como hicieron los mineros mexicanos que de manera magistral retratara el director Herbert J. Biberman en La sal de la tierra, en su mano estará mostrar orgullosamente, e incluso defender, su dignidad como trabajadores y forjar la unidad con sus hermanos de clase para transformar un modelo económico y social que condena a los más humildes a arriesgar la vida en sus puestos de trabajo.
Mario Amorós es doctor en Historia y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
MARIO AMORÓS
Han transcurrido ya casi dos semanas desde el cataclismo que resquebrajó una extensa franja del sur de Chile, arrebató la vida a cerca de 500 personas, destruyó más de un millón de viviendas, arrasó numerosas localidades costeras y ciudades tan importantes como Concepción, Talcahuano o Constitución y arruinó un sinfín de infraestructuras, incluso en Santiago. El seísmo y el posterior tsunami, seguidos por sus incesantes réplicas, devastaron las regiones del Maule y el Biobío, pero también han dejado al descubierto la falacia del mito chileno, proyectado por el poder político, mediático y económico, alimentado por los medios de comunicación y los gobiernos de Occidente, jaleado recientemente con su ingreso en el exclusivo club de la OCDE o con sus relaciones comerciales privilegiadas con Estados Unidos y la Unión Europea.
Como en tantas otras ocasiones a lo largo de su historia republicana, las élites chilenas intentan presentarse como la excepción en una América Latina supuestamente atrapada hoy entre el autoritarismo y el neopopulismo. Se trataría de un país con un sólido desarrollo democrático, confirmado aparentemente por la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales de enero. Y de una nación que se habría anticipado, debido a la mano dura de la dictadura militar, en la aplicación de las recetas que conducirían al éxito: la privatización de la sanidad, las pensiones, la educación y los principales servicios (electricidad, agua, transportes, carreteras…), la laminación de los derechos de los trabajadores y los sindicatos y la sacralización del poder económico y financiero.
El terremoto tuvo su epicentro también en las entrañas de este mito. En los últimos días hemos podido contemplar el hiriente desamparo de centenares de miles de ciudadanos de un país que carece de una red pública eficaz de asistencia, a pesar de la persistente amenaza de estas catástrofes naturales, y cuyo Gobierno decretó tempranamente el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y el toque de queda para restaurar el orden y proteger la propiedad privada.
En cambio, el Ejecutivo que preside Michelle Bachelet tardó unas interminables 72 horas en lograr repartir alimentos en Concepción (la segunda ciudad más populosa del país), por lo que muchas personas no tuvieron más remedio que recurrir al pillaje para sobrevivir, en un escenario dramático en el que, a la ausencia durante días de luz eléctrica y agua potable (servicios en manos de compañías privadas), se sumaba la carencia de equipos humanos suficientes para rescatar a las personas atrapadas por los derrumbamientos o atender a los heridos. Estos sucesos han sido utilizados para sustituir el debate sobre el modelo de sociedad que se derrumbó el 27 de febrero por los retóricos llamamientos en pro de la unidad nacional para la reconstrucción del hermoso sur del país, simbolizados en el “Fuerza Chile” de la presidenta y en el larguísimo telemaratón conducido por el inefable Don Francisco entre el viernes y el sábado.
José Luis Ugarte, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, reflexionaba estos días: “¿Por qué en Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar– los sectores más pobres se sienten con el legítimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo –legalmente– no alcanzan? Porque la sensación de injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres hace que nuestra sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy se derrumban. El terremoto ha desnudado al capitalismo chileno, mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios nos parecemos más a los países africanos que a los del Primer Mundo, con los que nos gustaría compararnos”.
La historia de Chile está marcada también por los terremotos. El 24 de enero de 1939, un seísmo de 8,3 grados en la escala de Richter con epicentro en Chillán (a 112 kilómetros de Concepción) destruyó prácticamente la misma región ahora devastada y segó la vida de casi 6.000 personas. Eran las primeras semanas de Gobierno del Frente Popular y el presidente Pedro Aguirre Cerda impulsó la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para coordinar los trabajos de reconstrucción.
En muy poco tiempo, la CORFO se convirtió en uno de los ejes del desarrollo económico y social al promover el crecimiento de la industria y las infraestructuras públicas. Mascarones de proa como la Empresa Nacional de Electricidad, la Compañía de Aceros del Pacífico, la Industria Azucarera Nacional o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones nacieron bajo su alero y nos remiten a un tiempo histórico en el que el Estado, legitimado por la sociedad democrática, ejercía un papel preponderante del que le despojaron, para reemplazarlo por el dios Mercado, la dictadura de Pinochet y sus políticas neoliberales, cuyas directrices principales han mantenido los cuatro presidentes de la Concertación a lo largo de estos últimos 20 años.
Mañana, la socialista Michelle Bachelet traspasará la banda presidencial al derechista Sebastián Piñera, cuyo consejo de ministros estará integrado por un elenco de empresarios, economistas adscritos a la ortodoxia monetarista y políticos conservadores afines al Opus Dei y otros grupos integristas. Ante esta perspectiva, el presidente del Partido Comunista y diputado electo, Guillermo Teillier, ha llamado a la constitución de un gran frente político y social por “la reconstrucción de Chile”, pero no sólo por la reparación de los daños causados por el terremoto y el tsunami, sino también por la “reconstrucción democrática de Chile”.
Mario Amorós es doctor en Historia y periodista. Autor de ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’
Ilustración de Mikel Casal
Mario Amorós
En el corazón de Santiago de Chile se alza el imponente edificio construido por el Gobierno de Salvador Allende para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, que en su origen adoptó el nombre de Gabriela Mistral. En abril de 1972, en la inauguración de aquella Conferencia, el presidente Allende pronunció un memorable discurso en defensa del derecho de los pueblos del Tercer Mundo a nacionalizar sus riquezas naturales para ponerlas al servicio de su desarrollo social y económico, tal y como su país había hecho un año antes: el 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional había aprobado, por unanimidad, la estatización de la gran minería del cobre, el “sueldo de Chile”, en palabras de Allende, que aportaba a la nación más del 70% de sus ingresos por divisas.
Después del 11 de septiembre de 1973, con La Moneda devastada por el bombardeo de la aviación, la Junta encabezada por Pinochet se instaló en este enorme edificio y lo rebautizó con el nombre de Diego Portales, el arquitecto del régimen oligárquico con la Constitución impuesta en 1833. La huella de los golpistas aún persiste allí: las puertas de sus salas de conferencias tenían un elaborado pomo labrado con la forma de un puño alzado, muestra del orgullo de una clase obrera que construía el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. La dictadura no dudó en girar esos pomos para colocar los puños hacia abajo, toda una metáfora de la refundación neoliberal del país impulsada por Pinochet y los Chicago boys. Chile evoca estos días los 36 años del golpe de Estado con la noticia del procesamiento de más de 130 represores, dictado por el juez Víctor Montiglio, debido a su responsabilidad en la desaparición de centenares de militantes de izquierda entre 1974 y 1976. La memoria de los años más duros de la dictadura se entrelaza con la coyuntura política, condicionada por los comicios del 13 de diciembre, que renovarán la Cámara de Diputados y la mitad del Senado y elegirán al sucesor de Michelle Bachelet. Después de 20 años de hegemonía indiscutida de la Concertación de Partidos por la Democracia, por primera vez el candidato de la derecha, el empresario multimillonario Sebastián Piñera, encabeza las encuestas, aunque permanece alejado de la mayoría absoluta que evitaría una segunda vuelta, que tendrá lugar el 17 de enero.
El perfil de los cinco candidatos que probablemente le disputarán la Presidencia de la República, todos procedentes de una Concertación en proceso de descomposición, confirma el fin de un largo ciclo inaugurado por la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 y la victoria de Patricio Aylwin en 1989. El candidato de la coalición gubernamental, el democristiano Eduardo Frei (presidente entre 1994 y 2000), es el único que valora satisfactoriamente el balance de dos décadas de Gobierno. Jorge Arrate (ministro con Allende, Aylwin y Frei y ex presidente del Partido Socialista) es la opción del Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y sectores muy representativos procedentes del socialismo y quien plantea un programa de transformaciones más nítido, con la renacionalización del cobre entre sus propuestas más relevantes. Los senadores Alejandro Navarro (también alejado del PS) y Adolfo Zaldívar (ex presidente de la Democracia Cristiana) aparecen con escaso apoyo en unos sondeos que casi a diario confirman el sorprendente respaldo al diputado Marco Enríquez-Ominami, procedente de las filas socialistas. Enríquez-Ominami, hijo de Miguel Enríquez (el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria muerto en 1974 cuando combatía contra decenas de agentes de la DINA), utiliza hábilmente su juventud (36 años), su aparente distanciamiento de la política tradicional y las nuevas tecnologías, así como un programa muy ambiguo, con guiños tanto a la izquierda como a la derecha (acaba de proclamarse “pinochetista” en relación con una posible salida al mar para Bolivia), para concitar un apoyo social que amenaza ya las posibilidades de Frei de superar la primera vuelta, algo impensable hace unos meses.
La otra novedad de estas elecciones es el “acuerdo instrumental” suscrito por la Concertación con el Partido Comunista y sus aliados para presentar una lista unitaria de candidatos a diputados con la aspiración de conquistar una amplia mayoría frente a la derecha y poner término a dos décadas de exclusión parlamentaria del PC. La ley electoral (impuesta por Pinochet en su Constitución de 1980) exige votaciones próximas al 30% para alcanzar un escaño y concede, de manera calculada, una desproporcionada representación al segundo bloque (la derecha), por lo que garantiza casi un empate técnico en el Congreso Nacional que impide la aprobación de las reformas democráticas pendientes. A un año de la conmemoración del bicentenario de la independencia, Chile se acerca a una encrucijada trascendental. Sebastián Piñera representa la perpetuación del modelo neoliberal, la persistencia de la herencia pinochetista (código laboral represivo, ley electoral binominal, privilegios de las Fuerzas Armadas, Ley de Amnistía de 1978) y un viraje conservador en política internacional, frente al positivo balance de Michelle Bachelet en este último terreno. Su posible rival en la carrera definitiva hacia La Moneda, Eduardo Frei o Marco Enríquez-Ominami, se decidirá a enfrentar las asignaturas pendientes de la Concertación (nueva Constitución, renacionalización de la minería del cobre, justicia para el pueblo mapuche, una nueva política económica y social que supere el paradigma neoliberal) si la izquierda que encarna sobre todo la candidatura de Jorge Arrate alcanza un significativo apoyo popular que pueda condicionar la segunda vuelta y si el partido de Pablo Neruda y Víctor Jara retorna al Parlamento. Sólo así el puño podrá alzarse de nuevo.
Mario Amorós es Periodista e historiador. Su último libro es ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’
Ilustración de Mikel Casal
