MARISA SOLETO
La escalada de la presión en torno a la cuestión del aborto en los últimos días nos ha ofrecido el lamentable espectáculo de ver a un grupo de mujeres declarando ante la Guardia Civil por la única razón de haber sido pacientes de una clínica hace casi un año. Sorprende, además, que esta medida se haya tomado en el marco de una investigación que parece haberse iniciado en relación con el tratamiento de residuos, incluso antes de que haya sido llamada a declarar ninguna persona relacionada con el funcionamiento de la propia clínica.
La presión social contra el aborto no es algo nuevo. Desde el mismo momento de la aprobación de la actual legislación, hemos asistido al espectáculo de concentraciones, presiones y agresiones de bajo tono, protagonizadas por grupos ultraconservadores, a las puertas de las clínicas. Afortunadamente casi durante 20 años la cosa no pasó de ahí. Pero, desafortunadamente, a nadie le parecieron estos hechos lo suficientemente importantes como para intervenir en defensa de la integridad de las clínicas y las personas trabajadoras de estos centros, y de la intimidad y seguridad de las pacientes. Tampoco parece que haya importado para plantear la modificación de una legislación que permite hablar con una ligereza impresionante de abortos ilegales a cualquier persona que pasara por allí. La novedad de la situación actual es que esta presión ha encontrado la colaboración de algunas instituciones del Estado. De esta forma, entre otras, se ha admitido a trámite una denuncia en cuya investigación se ha implicado a las mujeres, arrojando sobre ellas no sólo la sospecha de una conducta ilícita, sino la inseguridad y vulneración de sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad de sus historias clínicas.
La legislación española en materia de aborto es mala, un pastiche fruto de la tibieza y de la desconfianza hacia el criterio de las mujeres, que pretendió dejar contentos a todos y cuyas lagunas y concesiones a las posiciones más detractoras, lejos de ser un argumento para eliminar o disminuir la presión de determinados sectores, están siendo utilizadas como punto de apoyo para el cuestionamiento de la posibilidad de interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia.
El ideario de las organizaciones sociales que han promovido las acciones contra la regulación y la práctica del aborto está claramente orientado en este sentido y, sin duda, su objetivo final es intentar eliminar la posibilidad de que, en España, puedan realizarse abortos legales. Volvemos a toparnos con una situación en la que hay personas que desean imponer sus criterios morales al resto de la sociedad y que se sienten agredidas frente a la realidad de que hay quienes no coinciden con sus opiniones o no comparten sus creencias. En otras palabras, hay quienes para evangelizar necesitan de la cooperación punitiva de la ley. Algo que me ha parecido siempre tremendo, ya que estamos hablando de que si no son capaces de convencernos con sus argumentos morales, entonces nos obligarán a ello vía prohibición y sanción, aun en los casos en los que esto vaya en contra de los derechos y la libertad de las demás personas.
Hay quienes están buscando una victoria en este terreno. Una victoria que a ser posible termine, entre otras cosas, con una prohibición total del aborto en España. No importa que para ello haya que poner bajo sospecha y perjudicar los derechos de un grupo de mujeres. El sistema permite que los mismos grupos que ejercen la presión sobre las clínicas puedan convertirse en denunciantes. Permite que las mismas personas que intoxican a la opinión pública con supuestos conocimientos forenses y valoraciones sobre protocolos de intervención que son, para la mayoría de las personas, desconocidos, se conviertan en promotores de la inspección de las garantías de la actual regulación. Total, un despropósito, porque es imposible que quien pretende eliminar una ley emprenda acciones para garantizar el buen funcionamiento de la misma, que es el objetivo que
deberían tener las actuaciones administrativas y judiciales.
Por lo tanto, están buscando poner en tela de juicio una ley aprovechando sus propias lagunas. Así hemos llegado al lamentable espectáculo de casi una treintena de mujeres interrogadas por la Guardia Civil por el solo hecho de haber sido pacientes de una clínica que, supuestamente, no está gestionando bien sus residuos. Así, hemos acabado leyendo titulares sobre posibles abortos ilegales, sin que se nos aclare cuál de los supuestos recogidos en la ley está siendo vulnerado. Pero lo más importante es que, de esta forma, hemos acabado volviendo a abrir hueco en el debate social a quienes lo único que buscan es que no pueda abortarse legalmente en España.
Si hay clínicas que están actuando fuera de la ley, las administraciones públicas y la justicia tendrán que actuar diligentemente para sancionar y reparar con la mayor celeridad posible las irregularidades o conductas delictivas que puedan estarse produciendo. Pero no pueden, de ninguna manera, arrojar de forma indiscriminada la sospecha sobre personas que lo único que han hecho ha sido actuar dentro de los límites que la ley establece. No pueden investigar a todas las mujeres que han abortado en España para ver si existen indicios de delito, de la misma manera que no podríamos interrogar a toda la población de una ciudad sólo porque nos conste la procedencia de un delincuente. A algunas personas les gustaría que esto fuera posible, pero la presunción de inocencia en un Estado de derecho funciona así.
Con la actual regulación del aborto en España, éste no será el último episodio. Posiblemente no hay ninguna fórmula que nos libre de los intentos reiterados y la influencia social de ciertos grupos y posiciones ideológicas integristas, pero es evidente que la actual regulación es manifiestamente mejorable en este sentido. Hay que cambiarla y empieza a ser urgente, sobre todo para proteger la posición y los derechos de las mujeres que, una vez más, son los más fácilmente vulnerables.
Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres
Ilustración de Javier Olivares
MARISA SOLETO DÁVILA
Lamentablemente, el agrio y abrupto debate al que hemos asistido en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía nos ha privado de la posibilidad de concentrar esfuerzos y considerar diversas opiniones sobre cómo debe fortalecerse la educación en valores dentro del sistema educativo, en general, y en particular en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, chicas y chicos.
Todo el mundo nos hemos planteado que hay problemas sociales que sólo vamos a poder arreglar en las generaciones futuras. Lo pensamos porque depositamos en la educación nuestra esperanza de una sociedad mejor para nuestras hijas e hijos, frente a problemas, frecuentemente de orden estructural, que somos incapaces de resolver desde nuestra realidad cotidiana. Es habitual encontrar este argumento en relación con la desigual posición social de mujeres y hombres y, sobre todo, en relación con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Pero si queremos que los chicos y chicas que en este momento están en el sistema educativo aprendan a construir sus relaciones mutuas desde el respeto y sean capaces de un diseño social futuro sin problemas de asimetrías discriminatorias para con las mujeres en los espacios públicos y privados, es evidente que tendremos que darles criterios y fundamentos que les ayuden a superar los problemas que las personas adultas (sus padres y sus madres) no hemos sido capaces de resolver en nuestra vida, con la suficiente eficacia como para eliminar la discriminación social por razón de sexo.
La pregunta es si lo estamos haciendo y la respuesta la podemos encontrar en cualquier colegio a la hora del recreo. Los modelos de relación entre las niñas y niños actuales apenas han cambiado y siguen basados en roles muy parecidos a los que existían hace 30 años. Existen problemas para compartir juegos y espacios. Se tiene una idea certera sobre qué cosas corresponden a los territorios masculinos y femeninos y las relaciones se segregan. El primer amor continúa prisionero de los mitos del príncipe azul y la princesa que espera su oportunidad de agradar. El acoso es una práctica extendida que en muchas ocasiones tienes motivaciones de género, por poner algunos ejemplos.
No podemos cambiar esta situación confiando exclusivamente en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La educación para la igualdad dentro del sistema educativo, necesariamente, tiene que tener una visión más amplia y más integral. Debe cubrir el itinerario escolar completo desde la educación infantil y debe implicar no sólo los aspectos relativos a la docencia, sino al propio funcionamiento de los centros y la participación de toda la comunidad educativa.
Sí. Se trata de recuperar y desarrollar plenamente la malparada transversalidad de la educación en valores, que ya se propuso en reformas educativas anteriores, y que sigue siendo la mejor de las actuales opciones posibles. Es necesario considerar la experiencia de un fracaso previo y aprovechar la información que los errores cometidos nos pueden dar sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir en esta segunda oportunidad.
No podemos ni debemos sobrecargar los tiempos y las tareas relativas a la docencia. No resulta razonable atribuir toda la responsabilidad de la tarea al profesorado. Necesitamos herramientas, concretar contenidos y propuestas de intervención que tengan cabida en el normal desarrollo de la actividad de los centros educativos. El compromiso debe incluir no sólo la labor docente sino el conjunto de relaciones que se desarrollan dentro de las escuelas y los institutos. Necesitamos una mejor y mayor formación del profesorado, pero también la intervención de otro tipo de profesionales y entidades. Hay que trabajar en medidas de apoyo que conviertan la educación en una tarea también de otros miembros de la comunidad y otros agentes sociales, como las familias y los medios de comunicación.
La tarea es conjunta y deberíamos estar hablando de todas estas cosas en lugar de discutir, como tozudamente se empeñan las posiciones sociales, políticas y religiosas más conservadoras, sobre si nos asiste o no un derecho individual para preservar, dentro de la escuela, modelos tradicionales de transmisión de valores.
Nadie quiere que la injusticia social de la discriminación por razón de sexo se perpetúe. En términos generales queremos que la sociedad futura esté libre de desigualdades que impidan un verdadero desarrollo social y un crecimiento democrático pleno, real y efectivo, o al menos eso declaramos la mayoría social. Confiamos en la educación como uno de los principales vehículos para ello. Pero cuando se hacen propuestas relacionadas con la apertura de modelos y contenidos que puedan cambiar las cosas, intentan convencernos de que debemos apelar a la libertad individual para pedir que las cosas no cambien, para reivindicar el valor social de modelos tradicionales que son, en parte, responsables de los problemas que queremos erradicar.
Así no hay manera. Terminemos cuanto antes con debates circulares, promovidos por quienes no quieren que las cosas cambien, por quienes quieren conservar patentes de corso sobre la educación moral de la futura ciudadanía, y vamos a concentrarnos en proponer soluciones prácticas y valientes sobre cómo educar desde la escuela para conseguir un futuro con mejores y más equilibradas relaciones sociales entre mujeres y hombres dentro y fuera de las familias y de las relaciones afectivas y sexuales. Quizá en un marco de debate más amplio sobre cómo abordar y desarrollar una educación para la igualdad desde el sistema educativo, cuestiones como la utilización del velo en la escuela por parte de las niñas de religión musulmana no nos producirían tantas dudas, ni nos generarían tantos problemas. Aunque esto, también, forma parte de otra historia.
Marisa Soleto Dávila es directora de la Fundación Mujeres
Ilustración de Enric Jardí
MARISA SOLETO ÁVILA
En septiembre de 1978 se celebraron en España las primeras jornadas gubernamentales de la condición femenina, organizadas por la entonces Subdirección General de la Condición Femenina del Ministerio de Cultura, que contaron con la crítica de una buena parte del movimiento feminista.
Recurriendo a hemeroteca, sorprende encontrar entre las conclusiones algunos temas que siguen estando presentes en las actuales políticas de igualdad. Las referencias al empleo, la participación política o la imagen pública de las mujeres en los medios de comunicación eran ya en aquel momento temas de interés. Hoy, tenemos mejores herramientas de trabajo y se han logrado grandes avances en la posición social de las mujeres y en el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero parece que una parte del problema continúa resistiéndose.
Varias organizaciones feministas estuvieron, a lo largo de toda la celebración de las jornadas, pidiendo la elaboración de conclusiones más progresistas y reclamando un mayor compromiso con la igualdad en la Constitución Española, cuyo texto se encontraba ya en proceso de aprobación legislativa. Denunciaban sexismo en algunos de los contenidos de la Constitución y el hecho de que muchas de las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres no se hubieran tenido en cuenta en su elaboración, ni tan siquiera aquellas que formaban parte de las conclusiones de estas jornadas, que se celebraban demasiado tarde.
Se organizaron varios actos de protesta a la puerta del Palacio de Congresos a lo largo de la de celebración del encuentro y varias representantes de esta postura consiguieron estar presentes en la rueda de prensa oficial que se ofreció tras el acto de clausura. Relata Karmentxu Marín que fue prácticamente imposible el encuentro con los periodistas y que, ante esta situación, los medios se dirigieron hacia las disidentes para saber cuáles eran sus propuestas. No hubo respuesta, incluso llegó a escucharse que si querían saber lo que estaban reivindicando asistieran a las reuniones que se celebraban los martes por la tarde en su sede social (El País 17/09/78).
La anécdota sirve para ilustrar el hecho de que las relaciones entre los medios de comunicación y el feminismo no han sido, en muchos momentos, precisamente buenas. Pero los años han pasado y las estrategias y formas de hacer de las organizaciones de mujeres han evolucionado mucho. Hemos mejorado nuestra capacidad de comunicación y mantenemos apuestas activas, serias y atrevidas a favor de la información y la sensibilización social en materia de igualdad. También han mejorado mucho nuestras relaciones con los medios de comunicación. Las noticias relativas a temas de igualdad y el trabajo de las organizaciones están presentes, con cierta regularidad, en la prensa y es cada vez menos raro encontrar opiniones de mujeres feministas sobre los temas más diversos: derechos humanos, fiscalidad, separación y divorcio, participación social y política, etc.
La mejora de la relación con los medios se ha convertido, incluso, en una estrategia de reivindicación. Así lo demuestra, por ejemplo, la relación que se ha establecido entre organizaciones y medios de comunicación en torno a la violencia de género. La atención puesta por los medios en el seguimiento de los asesinatos de mujeres fue parte del soporte de la campaña a favor de una ley integral contra la violencia de género. Los datos recopilados por las organizaciones de mujeres a partir de las noticias publicadas nos permitieron demostrar la inexactitud de los datos oficiales sobre víctimas mortales de la violencia de género y reivindicar un cambio de los indicadores recogidos por el Ministerio del Interior que cristalizó en el año 2002.
No obstante, aún podemos encontrar numerosos ejemplos de tratamientos y tonos propios de otro tiempo en los contenidos informativos, de entretenimiento y de opinión. Es necesario, por lo tanto, continuar insistiendo en el papel de los medios de comunicación como vehículos de información y sensibilización social en este tema. La importancia que se concede a este papel de la comunicación se ha dejado notar en la reciente legislación aprobada en España. Tanto la Ley Integral contra la Violencia de Género como la Ley para la Igualdad realizan propuestas dirigidas a los medios de comunicación relacionadas, sobre todo, con la calidad de la información y la publicidad que difunden.
La presencia de noticias relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el tratamiento adecuado de los contenidos informativos que afectan especialmente a las mujeres, la ausencia de posiciones sexistas tanto en las opiniones como en la publicidad y el rechazo de publicidad ilícita, incluyendo la sección de anuncios por palabras son algunos de los contenidos que desarrollan estas propuestas legislativas.
La fórmula exige responsabilidad y autorregulación por parte de los propios medios. Se trata de conseguir que el respeto a la igualdad de oportunidades, en los términos recogidos en la ley, forme parte de la deontología profesional. Para ello es necesario que, por encima de las posiciones ideológicas de las líneas editoriales, los contenidos en materia de igualdad tengan calidad y cuenten con una especialización profesional, propia de una información con antecedentes políticos y sociales muy importantes. Es necesaria, además, la definición de un acuerdo general del sector, que cuenta ya con algunos ejemplos muy valiosos, para el rechazo de contenidos evidentemente sexistas, presentes, de vez en cuando, en las páginas de los diarios y los espacios televisivos y radiofónicos. Desde el feminismo somos muchas las organizaciones de mujeres que así lo vamos a seguir reivindicando y, ahora sí, dando respuestas.
Marisa Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres.
