MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
En política, y particularmente en política exterior, la realidad define en gran medida la agenda. Objetivos claros y voluntad de cumplirlos conforman el resto. De ambos elementos, realidades y ambiciones, ha habido en la recién finalizada Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la segunda fase de la crisis económica nos han impuesto retos que hemos gestionado, sentando las bases para permitir futuros avances en ambos terrenos. Pero la Presidencia ha sido mucho más que eso. Teníamos una visión clara de algunos intereses estratégicos que había que recuperar o impulsar, de decisiones a tomar para mejorar la vida de los ciudadanos europeos. Y por ambos caminos ha transitado nuestro semestre.
Sabíamos que ser la primera Presidencia tras los profundos cambios que introducía el Tratado de Lisboa no iba a ser tarea fácil. Pero, además, entrañaba una enorme responsabilidad. Levantar un nuevo esquema institucional suele terminar dependiendo más de cómo se va construyendo en la práctica, que de las previsiones iniciales. Nuestro objetivo era consolidar un presidente del Consejo Europeo y una alta representante que iniciaban su andadura. En cada gesto, en cada reunión, en cada declaración, España estaba estableciendo precedentes. Conscientes de ello, hemos actuado buscando unas instituciones fuertes y asentadas, condición indispensable para que la Unión pueda desarrollar su papel de actor global. Haber logrado cerrar el acuerdo para la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, el futuro servicio diplomático europeo, es prueba visible de que hemos conseguido nuestros objetivos.
La Presidencia comenzó con la segunda ola de la crisis económica: la inestabilidad de la deuda soberana en la zona euro. Mejorar la coordinación europea en la lucha contra la crisis era nuestro primer objetivo. Pero los acontecimientos se precipitaron llevándonos a retos concretos a los que había que responder: el fondo de rescate de Grecia y el vehículo de estabilización del euro, dotado con 750.000 millones, fueron las mejores respuestas posibles. El camino queda así abonado para la necesaria mejora de los mecanismos de gobierno económico y fiscal.
Una realidad muy dura fue el terremoto en Haití, en el que coordinamos la respuesta europea en ayuda humanitaria y para la futura reconstrucción del país. O los efectos en la navegación aérea de la nube de ceniza creada por el volcán islandés, a la que respondimos con criterios que permitieron abrir los cielos de forma coordinada y segura.
Pero, más allá de dar respuestas a esas realidades, hemos hecho política exterior europea en aquellos campos en los que las nuevas instituciones todavía no estaban preparadas o debían atender otras prioridades. Así, en los Balcanes Occidentales, región clave para la seguridad y la estabilidad de nuestro continente, hemos relanzado la perspectiva europea de la región. En la simbólica ciudad de Sarajevo, sentamos a Serbia y Kosovo a la misma mesa, en clara demostración de que la cooperación y el diálogo son el único camino para incorporarse a Europa.
La relación con Estados Unidos ha ocupado un lugar central en nuestro semestre. El objetivo era claro: avanzar hacia una nueva agenda transatlántica tras la entrada en vigor de Lisboa. Así, hemos revitalizado el Consejo Económico Transatlántico, pieza clave para hacer frente conjuntamente a la crisis, y el Consejo Transatlántico de Energía, foro para actuar conjuntamente en materia de seguridad energética. Tras un primer rechazo del Parlamento Europeo hacia el Acuerdo SWIFT sobre transferencia de datos bancarios, la Presidencia termina con la firma de un nuevo acuerdo que, todo parece indicar, podría aprobarse próximamente. Si a todo ello añadimos la primera declaración conjunta sobre cómo combatir el terrorismo, o el acuerdo de cielos abiertos, cabe preguntarse si es preferible una cumbre sin contenido a los avances sustanciales obtenidos. Que cada uno haga su opción entre forma y fondo. Yo hubiera preferido tener los dos, pero nunca sacrificaré el segundo a la primera.
Por esa misma razón aplazamos la cumbre de la Unión para el Mediterráneo (UPM). Pero, entretanto, la Presidencia ha culminado el complejo andamiaje institucional de la UPM y facilitado los avances en las conversaciones entre israelíes y palestinos. Las bases para la consolidación del proceso están puestas.
Iberoamérica era otra opción estratégica clara. A las razones habituales se suman elementos nuevos: la fortaleza con la que la región está respondiendo a la crisis y la presencia de Brasil y México entre las potencias emergentes del nuevo orden mundial. Relanzar las relaciones con Mercosur, la Comunidad Andina y Centroamérica era el reto. En Cuba, la Unión ha respondido al diálogo abierto entre la Iglesia y el Gobierno cubanos, una iniciativa que está dando sus primeros frutos en materia de derechos humanos. Esa iniciativa requería tiempo y se lo hemos dado.
Asimismo se han impulsado las relaciones con socios estratégicos de la UE como Rusia, Marruecos, con un primer encuentro de máximo nivel, China, Japón y Pakistán. En todas ellas hemos introducido a la nueva Europa salida del Tratado. La solidaridad y la cooperación al desarrollo han sido también ejes de nuestro semestre por encima de los problemas financieros. Hemos trabajado para seguir ayudando al cumplimiento de los objetivos del milenio y asegurar que la Unión tuviese hechos sus deberes para la reunión de septiembre en Nueva York.
Acaba así una Presidencia distinta de cualquier otra pasada, y me atrevería a decir que futura, por su peculiar situación en la historia institucional de la Unión. Generosidad con las nuevas instituciones y eficacia eran los principios que nos guiaban. Creo que hemos respondido a ellos y ayudado a la construcción europea en uno de los momentos más delicados de su historia.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ilustración de Javier Olivares
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS, BERNARD KOUCHNER Y FRANCO FRATTINI
El mundo entero se sorprendió ante las consecuencias trágicas que el operativo militar israelí desarrolló, en aguas internacionales, contra el convoy marítimo de la Flotilla de la Libertad. El balance humano es inadmisible. Nada podría justificar el uso de tal violencia y, por ello, nuestros países lo condenaron inmediatamente.
Tras el drama y la vuelta a Europa de nuestros compatriotas, ha llegado el momento de analizar y reflexionar sobre los profundos motivos de esta tragedia. Las causas del apresamiento del Mavi Marmara tienen un nombre, uno solo, y lo conocemos perfectamente: Gaza.
El origen se encuentra en la voluntad intransigente de hacer respetar el bloqueo adoptado en 2007 tras el golpe de Estado de Hamás contra la Autoridad Palestina, de la misma manera que la operación Plomo Fundido y su insoportable cascada de dolor fue desencadenada por los incesantes lanzamientos de misiles sobre el sur de Israel. El año pasado, como en la noche del 30 al 31 de mayo, Israel decidió recurrir a la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos y de seguridad.
Debemos salir hoy de esta lógica puesto que, si no, otros dramas, otras tragedias, aparecerán, y no tendrán otro resultado que el refuerzo de Hamás y del resto de enemigos de Israel en la región, la desestabilización de los moderados de ambos bandos y un mayor aislamiento político de Israel.
¿Cómo?
El 1 de junio, el Consejo de Seguridad se pronunció esbozando las tres vías con las que debemos comprometernos.
La investigación, en primer lugar: es indispensable y deberá ser imparcial, transparente y conforme a las normas internacionales. Debemos estar atentos para no repetir los errores cometidos tras la entrega del informe Goldstone, cuyo seguimiento fue instrumentalizado por el Consejo de Derechos Humanos y que dedica lamentablemente la mitad de sus resoluciones a condenar a Israel. Ciudadanos turcos y estadounidenses han sido víctimas de esta operación; la investigación tendrá por tanto, obligatoriamente, un componente internacional, como ya lo ha propuesto el secretario general de las Naciones Unidas. Apoyamos estos esfuerzos.
El levantamiento del bloqueo, en segundo lugar. Desde los primeros momentos, subrayábamos que la situación de Gaza no era sostenible. A través de esta expresión, retomada por el Consejo de Seguridad al día siguiente, queremos decir que debemos asegurar mejor las necesidades humanitarias de la población de Gaza, ahogar la economía mafiosa de los túneles, pero también aportar garantías de que esto no vendrá acompañado por un recrudecimiento del tráfico de armas y del flujo de grupos terroristas a Gaza. Es, de hecho, lo que se estipula en la resolución 1860, adoptada al día siguiente de la guerra de Gaza y que el Consejo de Seguridad ha llamado, hace unos días, a poner en práctica íntegramente y no selectivamente. Esto conlleva, por supuesto, la liberación sin dilación de Gilad Shalit, hecho que no olvidamos.
En el ámbito humanitario, Tony Blair había sugerido pasar de una lógica de prohibición del suministro a Gaza, salvo excepciones, a una lógica de autorización general excepto para productos prohibidos. ¿Por qué no retomar esta idea para demostrar rápidamente que se puede mejorar la situación?
La Unión Europea dispone ya de una misión civil in situ, que estaría preparada para ser desplegada simultáneamente en los puestos fronterizos de Karni y de Rafah, que unen Gaza con Israel y Egipto. Para garantizar la plena seguridad de los suministros, proponemos que se establezcan inspecciones sostenidas y financiadas por la Unión Europea bajo condiciones aceptables para todos, de modo que se pueda asegurar que los cargamentos con destino a Gaza no contienen armas ni explosivos. Un régimen parecido podría además aplicarse a los cargamentos con destino a Gaza, por ejemplo, a través del despliegue de equipos europeos de control en Chipre. Estos distintos dispositivos no se pondrían en práctica más que en un contexto de reducción muy sustancial de las restricciones para la importación y la exportación desde y hacia Gaza.
Una solución duradera supone también el pleno regreso de la Autoridad Palestina a Gaza y la reintegración de este territorio en una lógica de paz. Se debe seguir apoyando los esfuerzos de Egipto a favor de la reconciliación entre Fatah y Hamás, tras la iniciativa del presidente palestino, Mahmud Abbas.
Por último, queda lo esencial: la reactivación del proceso político entre israelíes y palestinos. Esta tragedia no debe crear las condiciones para una nueva escalada de la violencia, no sólo en Oriente Próximo sino también en Europa, donde se desatan pasiones. La amplitud de las protestas internacionales demuestra que Israel no es beneficiario de impunidad alguna. ¡Cuánto nos gustaría que otros dramas suscitaran la misma reprobación!
El presidente palestino, Mahmud Abbas, que se desplazará a Europa en unos días, ha anunciado que, a pesar de todo, las negociaciones continuarán. ¡Pongámonos a la altura de la valentía política demostrada por la dirección palestina! Deseamos que dichas negociaciones permitan abordar rápidamente el estatuto final. Por su lado, Europa, que el pasado 8 de diciembre adoptó un texto fuerte y ambicioso sobre la definición de un futuro acuerdo, debe avanzar junto con las partes, en línea con la mediación norteamericana, para la construcción y el reconocimiento de un Estado palestino que viva en paz y en seguridad junto a Israel.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores de España
Bernard Kouchner es ministro de Asuntos Exteriores de Francia
Franco Frattini es ministro de Asuntos Exteriores de Italia
Ilustración de Jordi Duró
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Es sabido que en su larga, compleja y apasionante biografía Francisco Ayala fue también durante un tiempo diplomático al servicio de la República. Él mismo mencionó tal episodio en sus memorias. Menos conocidas son las circunstancias en que se produjo su nombramiento como secretario de primera clase en la legación española en Praga. Influyeron en ello dos circunstancias. En primer lugar, el hecho de que Ayala había estudiado en Berlín y conocía bien el alemán. Praga era a la sazón un importante centro intelectual en donde el idioma alemán tenía gran proyección de la mano de autores como Franz Kafka. El joven Francisco Ayala ya había traducido obras de autores entonces tan prestigiosos como Carl Schmitt y Karl Mannheim. En segundo lugar, también era catedrático de Derecho Político y letrado de las Cortes. Una mente jurídica bien equipada era imprescindible para lidiar en particular con los problemas de la legación praguense y, en general, con la política centroeuropea.
El fenómeno subyacente a la incorporación de Ayala a la carrera diplomática fue otro. La Guerra Civil dividió a todos los españoles. También a la administración, al Ejército y, no en último término, a los funcionarios del servicio exterior, que se vieron en la obligación de escoger bando. Se ha calculado que de los 380 miembros de la carrera diplomática que estaban en servicio el 18 de julio de 1936, no menos de 243 se pasaron en lo que quedaba de año al bando franquista. En los primeros meses de 1937 se sucedieron los abandonos, lo que causó un daño irreparable al maltrecho servicio exterior. De hecho, una reciente estimación ha determinado que la carrera diplomática del período de paz perdió, en el curso de la guerra, casi un 90% de sus efectivos.
¿Cómo lidiar con tal catástrofe, cuyos efectos se hicieron sentir a lo largo de toda la Guerra Civil y de manera agudísima en los puestos del exterior? El Gobierno encontró varias fórmulas. Una de ellas consistió en disolver la carrera diplomática tal y como había existido hasta entonces y crear otra de nuevo cuño. El Decreto del 21 de agosto de 1936 sentó la base jurídica, pero hubo que abordar, sin dilación y en la urgencia, una labor inmensa, no muy diferente –aunque salvando las distancias– a como fue la creación de un nuevo Ejército Popular. Ahora bien, este último se ha estudiado pormenorizadamente y todavía no se ha alumbrado su trasunto en el campo de las relaciones exteriores.
Dentro de poco sabremos algo más. Hace algunos meses di instrucciones para que un equipo de historiadores reconstruya lo que continúa siendo un capítulo poco conocido de la historia de la diplomacia española.
Por las primeras catas efectuadas, sabemos que el Gobierno procedió de dos maneras. La más conocida consistió en nombrar como jefes de misión en embajadas o legaciones emblemáticas a figuras de la intelectualidad, la política y la cátedra. Ello nunca fue sustituto para la tarea más pedestre de rellenar las filas de los nuevos batallones de la infantería diplomática que, de consuno con los funcionarios del servicio exterior que permanecieron fieles a la República, constituyeron el meollo de la nueva carrera.
En las filas de aquella infantería se insertó un joven Francisco Ayala, a las órdenes inmediatas del embajador en Praga, el eminente catedrático de Derecho Penal y vicepresidente socialista de las Cortes, Luis Jiménez de Asúa.
La legación en Praga tuvo que hacer frente a dos tareas urgentes. La primera, conseguir que el Gobierno checoslovaco –que, como los de los restantes países europeos, se había alineado tras la política de no intervención en los asuntos de España– se viese inducido a suministrar armas a la República. No fue un cometido fácil. El Gobierno de Praga, de coalición, estaba dividido en sus simpatías hacia los dos bandos en lucha en España. Jiménez de Asúa y sus colaboradores, a la cabeza de los cuales se situó Ayala, puso toda la carne en el asador por llevar a cabo complicadas operaciones, la mayor parte de las cuales no tuvieron éxito. La segunda tarea fue montar un servicio de inteligencia que pudiera proporcionar informaciones de naturaleza política sobre la evolución en la Europa central y los designios alemanes, tanto en el plano general como sobre la guerra en España. Este es un aspecto más conocido, ya que los informes de Jiménez de Asúa están perfectamente conservados.
Dos intelectuales lúcidos al servicio de la República en la misma embajada no fue algo que se repitiera con frecuencia en la red exterior. La legación de Praga se puso a la cabeza y superó a otros puestos incluso teóricamente más importantes, como Londres, París o Moscú.
Las cosas no terminaron bien. Los diplomáticos en Praga tuvieron que sufrir los efectos de un Ministerio de Estado desmantelado, a pesar de los esfuerzos titánicos de sus cuadros directivos, por lo general funcionarios de la antigua carrera. Los viejos demonios de la administración española de la época –descoordinación y una logística pobre– hicieron de las suyas. Los funcionarios de Praga, como los de otros tantos puestos, recibieron escasas instrucciones y los sueldos con notable retraso. Añádase a ello el ensombrecimiento del panorama europeo, para seguir el cual los telegramas de Praga constituyeron ayudas preciosas.
Notable es, pues, que no disminuyera el fervor republicano de Jiménez de Asúa y de sus colaboradores de Praga. Ayala lo demostró cumplidamente cuando le llamaron a filas y volvió a España, incorporándose como teniente auditor al Ejército Popular. Su etapa de diplomático quedó atrás.
Hoy no podemos hacer sino recordarla y recordar las circunstancias que a ella le llevaron.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ilustración de Iker Ayestaran
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
A pesar de los estragos de la crisis, la economía española y nuestras empresas cuentan hoy con más resortes y mejores condiciones que hace sólo dos décadas. Una mayor estabilidad macroeconómica, la solidez del tejido empresarial, su diversificación y el liderazgo de nuestra banca y compañías transnacionales nos hacen más fuertes, y también más europeos. No corren tiempos para el desánimo sino para la audacia, la concertación eficaz y el impulso colectivo. Como dicen destacados miembros de la Administración norteamericana, “nunca se debe desaprovechar una crisis”.
La actual crisis desborda las barreras nacionales y nuestra estrategia de ajuste pasa necesariamente por Europa y la zona euro, así como por la adecuación del sistema financiero internacional. Las políticas global y europea necesitan instituciones cada vez más ágiles, participativas y legitimadas si queremos gestionar objetivos a medio y largo plazo, así como las dificultades que demandan soluciones inmediatas y urgentes. Debemos acelerar las incipientes y tímidas reformas de organismos internacionales para asegurar la eficacia de una nueva gobernanza mundial. Los países que participamos en el Foro de Estabilidad Financiera, donde se elaboran propuestas para la cumbre del G-20 ampliado de Londres, percibimos que estamos ante el desafío de una crisis sistémica que, sumada a otras, nos sitúa ante un escenario de cambio de paradigma. Así lo señalan muchos analistas que han iniciado la búsqueda de nuevos modelos, aunque “la dificultad no reside tanto en concebir nuevas ideas sino en cómo saber librarse de las antiguas”, como afirmó Keynes.
Entre lo inmediato y lo urgente está la regulación del sector financiero y la reforma del Fondo Monetario Internacional y, lógicamente, gestionar con eficacia los planes de estímulo que ascienden a casi 400.000 millones de euros en toda Europa; es decir, el 3,3 por ciento del PIB de la Unión. Los planes de choque nacionales son el resultado de un gran esfuerzo público y la garantía del mantenimiento de un modelo social europeo. Por ello, se ha activado también un plan de 5.000 millones de euros destinados a interconexiones energéticas y telecomunicaciones, mientras que el empleo sigue estando en el epicentro de la preocupación política europea. Los planes de recuperación están en marcha y, afortunadamente, la red social en Europa es fuerte y goza de buena salud.
Desde el Foro de Estabilidad Financiera se apuesta por la actuación conjunta y por mayores medidas de vigilancia; por un buen control público frente a las tendencias fracasadas de autorregulación. Necesitamos normas para articular el sector financiero internacional y reformarlo, para adecuarlo a una economía global e interdependiente y para hacerlo más previsible. De ahí que “la mano invisible” deba ser cada día más visible y más previsible. No se puede poner en riesgo el desarrollo actual y los estímulos globales asumidos por los compromisos de la comunidad internacional en materia de ayuda al desarrollo. Como señala Ban Ki-moon, “es cuestión de necesidad económica pragmática”, pues la interrelación de los desafíos globales que nos avanza el futuro requiere de mayores dosis de diálogo político, de confianza y de concertación eficaz.
En el último Consejo Europeo se reforzó la posición común para la reunión del G-20, al tiempo que se acordó el incremento de recursos para el Fondo Monetario Internacional. Este organismo debe ser reformado a fondo, ampliar su transparencia,
optimizar sus mecanismos de gestión y garantizar su financiación. El objetivo marcado de los 370.000 millones de euros para el FMI es factible y así lo hemos hecho saber los europeos e importantes países asiáticos.
Ante este panorama conviene recordar que la crisis es fruto del descalabro de las bases ideológicas conservadoras y de las decisiones de sus referentes políticos que, a día de hoy, sólo miran para otro lado mientras reducen o acallan sus dificultades internas. “Aparentemente, la ideología conservadora tiene permiso para dejar de lado la sensatez”, afirma Paul A. Samuelson, lo que debe animar amplios acuerdos e innovar para propiciar un cambio de modelo, desde los ámbitos político-institucionales, económico-financieros, sociales y culturales.
La consecuencia más dramática de esta crisis son los más de 50 millones de personas de todo el mundo que previsiblemente engrosarán el desempleo. Para afrontar el nuevo paradigma, la cumbre del G-20 debe profundizar en el diseño de unas bases de negociación para establecer relaciones financieras, económicas y comerciales más justas y equilibradas. Debemos ir más allá de los planes de rescate, de la recuperación de la demanda, de la modernización del FMI y las instituciones económico-financieras, de la implantación de mayores garantías de regulación, y diseñar también un plan de rescate para las economías emergentes y los países menos desarrollados. Más que “un New Deal a escala global” debemos cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y concretar políticas y medidas orientadas a los países en desarrollo y a favor del crecimiento económico de los países africanos.
Tenemos que mantener y ampliar el crédito dirigido a estos países y a los programas de lucha contra el hambre, la pobreza y la enfermedad. Darle la vuelta a las previsiones de contracción del capital dirigido a los países emergentes y del África Subsahariana, que necesitan también de líneas de crédito y de financiación para afrontar con éxito posibles tensiones políticas, sociales y culturales, y demostrar que no aciertan agoreros y escépticos.
El gran reto del G-20 no es sólo legitimar y hacer visible la mano de Adam Smith, sino estimular el control y la transparencia del sistema financiero internacional, así como el efecto multiplicador keynesiano en la economía mundial. Y activar este efecto también en el campo de la confianza, un valor que debemos aportar desde la responsabilidad de la sociedad civil global para vencer las dificultades.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ilustración de Patrick Thomas
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
El lunes se inició la visita de Estado del presidente de la Federación Rusa, Dimitri Medvédev, a España, la primera que realiza a un país de la Unión Europea tras asumir el poder el pasado 7 de mayo. A su vez, el rey fue el primer jefe de Estado de un país occidental en ser recibido por Medvédev en el Kremlin. Ambos gestos dicen mucho de la dimensión privilegiada que han adquirido nuestras relaciones y del prestigio de nuestro país en la escena internacional. En las relaciones entre España y Rusia y, por ende, entre Rusia y Europa– el cambiante contexto nos dirige
hacia nuevos tiempos, portadores de nuevos horizontes para nuestros ciudadanos.
El primer elemento sobre el que se sustenta esta nueva relación es la necesidad compartida de avanzar hacia una Europa más unida. En la primera mitad del siglo XX, Europa conoció toda clase de fracturas que la hirieron profundamente: las dos guerras mundiales, que tanto dividieron el continente; las dictaduras, que fueron fuente de marginación; y el llamado Telón de Acero, que tanto aisló a la llamada Europa del Este. Sin embargo, el siglo XX concluyó con la sutura de casi todas estas heridas: de la confrontación se pasó a la unión, y hoy la UE integra a casi todos los Estados europeos. Quizás la principal herida que aún falta por cicatrizar es la del reencuentro con Rusia.
Es patente el potencial que tenemos para actuar en común. Nuestras economías tienen una complementariedad notable, nuestras culturas una gran capacidad de enriquecerse mutuamente y nuestra acción internacional ganaría en fuerza al estar bajo una mayor concertación.
Cuesta poco imaginar lo positivo que sería para Europa contar con la energía, el conocimiento científico y las dimensiones de mercado que posee Rusia. Por su parte, Rusia podría beneficiarse de la experiencia de Europa en diversificación económica y de su potencial en términos de capital, conocimiento y mercado. Juntos podemos frenar los riesgos de la proliferación nuclear, contribuir a traer la paz en Oriente Medio y proteger el medio ambiente.
Ha llegado el momento de cooperar. La actual crisis económica internacional evidencia tanto nuestras fragilidades como el valor de la unión frente a las derivas unilaterales y refuerza la solidaridad frente al aislamiento. En el caso de Rusia, la crisis fortalece la idea de la diversificación industrial. No vale confiar sólo en las ventajas naturales (energía, materias primas, etc). El verdadero desarrollo debe basarse en la diversificación, y la UE es, por su nivel de desarrollo y su perfil económico, el socio natural de Rusia.
Para la UE, Rusia representa un mercado de tales proporciones y posibilidades que una alianza impulsaría el crecimiento y consolidaría su posición como gran actor mundial. Este continente que afronta los embates de la crisis económica puede entender y valorar con mayor claridad el coste que puede suponer la
no gran Europa.
España y Rusia, dos de los países que cierran en sus extremos el gran espacio europeo, hemos tomado buena conciencia de esta nueva mano que nos tiende el nuevo siglo. Aunque Europa sea nuestro punto central de anclaje, Rusia y España tenemos en nuestra identidad una dimensión que trasciende las estrictas fronteras europeas: España, con su profunda implicación en Iberoamérica y el Mediterráneo sur, y Rusia, con su intensa penetración en Asia. De ahí que un diálogo intenso, sincero y efectivo entre nosotros pueda contribuir a modelar conceptos y estrategias claves en este siglo. En esta línea, hemos concluido una declaración política de asociación estratégica que inicia el camino hacia un Nuevo Tratado de Amistad y Cooperación.
Por otra parte, la próxima presidencia española de la UE, que comenzará el 1 de enero, y la actual presidencia española del Consejo de Europa nos brindan la posibilidad de compartir con el resto de los países estos planteamientos con especial intensidad. Los grandes proyectos son capitales como factor de desarrollo, y así lo hemos experimentado en Europa con el euro, que, cuando han llegado las tormentas financieras, nos ha resguardado de la división del mercado interior que seguramente se hubiera producido al darse una diferente evolución de las monedas nacionales. Debemos, pues, progresar hacia un marco que integre mejor nuestras capacidades y refuerce la seguridad y el progreso de nuestros ciudadanos. En este sentido, es oportuna la propuesta del presidente Medvédev de reflexionar sobre una nueva arquitectura de seguridad europea que, preservando los esquemas existentes, redoble la seguridad de todos y cada uno
de nosotros.
Los nuevos tiempos en nuestras relaciones han llevado a la intensa participación de nuestra sociedad civil en esta visita de Estado. Por primera vez se ha producido un encuentro de rectores de universidades españolas, rusas y de América Latina para plantear una mayor presencia de nuestras culturas a través de la vasta red que ofrecen las universidades. Además, se han estudiado fórmulas para favorecer la movilidad de nuestros investigadores, profesores y estudiantes. El futuro compartido en el mundo del conocimiento y la formación de las nuevas generaciones ha dado con este evento un paso importante. Por otra parte, la celebración del primer Foro de la Sociedad Civil, fruto de la acción de la fundación Consejo España-Rusia, que propusieron en su día los presidentes de nuestros Gobiernos, ha creado un espacio de diálogo y encuentro para importantes actores del mundo económico, cultural y mediático.
Los tiempos nos llevan a redescubrirnos y a reencontrarnos, y en este proceso muchas puertas cargadas de posibilidades se están abriendo estos días en Madrid.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ilustración de Iker Ayestarán
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
La situación de hambre y desnutrición que viven cerca de 1.000 millones de personas empeora en la actualidad. Según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 65% de esos 1.000 millones se concentra en siete países de Asia y de África Subsahariana, región en la cual una de cada tres personas sufre desnutrición crónica). Las subidas de los precios de las materias primas del año pasado y las incertidumbres generadas por la crisis económica internacional han conducido al agravamiento de la crisis alimentaria internacional. Pese a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntan a una reducción de la inflación internacional durante el año 2009, la FAO ha señalado que los precios de los alimentos básicos seguirán altos, con las terribles consecuencias que esto puede acarrear a las poblaciones de numerosos países socios.
Paradójicamente, la coyuntura actual del incremento de los precios de los alimentos, unida a las tendencias globales a largo plazo de demanda de alimentos y productos agroindustriales, representan una gran oportunidad para luchar contra el hambre y la pobreza, si se combinan adecuadamente medidas de emergencia a corto plazo –con la revisión de las políticas agrícolas y de los modelos actuales de consumo y producción global– y a medio y largo plazo desde una perspectiva sostenible y basada en el derecho a una adecuada alimentación, según la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial de 1996.
La respuesta por parte de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Tras la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria mundial de la FAO celebrada en Roma en junio de 2008, los países donantes han aumentado de forma considerable las contribuciones financieras al sector, de manera bilateral y a través de los organismos internacionales especializados, tales como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco Mundial o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Por su parte, la Unión Europea ha aprobado recientemente una partida urgente de 1.000 millones de euros adicionales destinada a apoyar la agricultura y la seguridad alimentaria de los países más afectados por el hambre con el objetivo, además, de seguir avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esta respuesta internacional ha quedado reflejada en el “Marco ampliado para la Acción”, elaborado de manera conjunta y coordinada por las principales agencias del sistema de Naciones Unidas y que ha sido refrendado por los países del G8 y por la Unión Europea. En el mismo, se enmarca la estrategia y las medidas a corto y medio plazo para hacer frente a los retos actuales que plantean la agricultura y la seguridad alimentaria.
España ha asumido un firme compromiso en la lucha contra el hambre y la pobreza, y mantiene su objetivo de alcanzar el 0,7% del PIB en ayuda oficial al desarrollo en 2012. Según señaló el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso en la Cumbre de la FAO en junio de 2008, los objetivos fundamentales que tiene ante sí la comunidad internacional son dos: por un lado, las NNUU deben mostrar su liderazgo en la gestión e intervención ante la grave crisis alimentaria que afrontan decenas de países en desarrollo; por otra parte, y ante la crisis alimentaria actual, los países donantes no deben reducir la ayuda financiera en cooperación al desarrollo, sino aumentarla, siempre que fuera posible, con el firme propósito de consolidar las políticas de cooperación vigentes entre países donantes y países receptores.
La reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria que tendrá en lugar en Madrid los próximos días 26 y 27 de enero servirá de escenario para dar continuidad al Plan Global de Acción de NNUU y tendrá como principal objetivo revisar el cumplimento de los compromisos adquiridos en Roma por parte de todos los actores implicados y avanzar en la formulación de iniciativas y medidas concretas en el sector de la agricultura y de la seguridad alimentaria de forma eficaz y coordinada y tomando cono eje vertebrador el Derecho a la Alimentación.
La reunión de Madrid no puede ser una reunión más. No podemos salir sin avances sustanciales. El mundo necesita un mensaje claro de que la crisis de 2008 no fue coyuntural, sino que tiene causas estructurales, ligadas a una marginación creciente durante 30 años del sector agrícola, reflejadas en caídas constantes de la inversión en investigación agrícola y en infraestructuras que afectan al sector rural.
El compromiso de todos los actores es totalmente necesario para combatir de forma efectiva las consecuencias de la crisis financiera y la inseguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del mundo. Por eso el Gobierno de España impulsará para que la reunión de Madrid formalice el lanzamiento de una alianza global por la agricultura y seguridad alimentaria que involucre a todos los actores implicados en el sistema de producción y distribución de alimentos, a los países donantes y receptores, a la sociedad civil y al sector privado. Una alianza que permita trabajar conjuntamente, con un compromiso renovado de rendición de cuentas mutua, para lograr una respuesta internacional comprehensiva y coherente al hambre y malnutrición en el mundo actual y para el futuro.
El desafío más importante de la humanidad es erradicar el hambre y la pobreza extrema, principales causas de la inestabilidad y de la violencia en nuestro mundo. Por primera vez en la historia los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas permiten que hoy esto sea posible. Pero para ello se requiere el compromiso de todos, países ricos y pobres, unidos en torno a esta causa fundamental. Confiamos en que la próxima reunión de Madrid sirva para dar un impulso decidido a esta causa.
Miguel Ángel Moratinos es Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ilustración de Miguel Ordóñez
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Considero que la oposición a la pena de muerte es ante todo un deber ético, porque el derecho a la vida está íntimamente ligado a la dignidad de la persona y este debe ser absolutamente inviolable. Como progresista me siento muy orgulloso de que España impulse en la Comunidad Internacional la erradicación de la pena de muerte, porque es una causa justa, digna y humanitaria. Desde el Gobierno consideramos que la pena máxima es una violación de los Derechos Humanos y su irreversibilidad la convierte en el caso más extremo de trato cruel, inhumano y degradante.
La ejecución de un ser humano nunca es un acto de justicia sino de venganza y por lo tanto un fracaso de la Administración de Justicia. Tampoco es un elemento disuasorio para prevenir el crimen; antes bien, es un castigo cruel que legitima implícitamente el uso de la violencia desde el Estado.
España abolió con carácter general la pena capital en 1978 y, 17 años más tarde, prohibió también el recurso a este castigo en tiempos de guerra. El Gobierno ha dado pasos ante la Comunidad Internacional para crear una Comisión Internacional que vele por la abolición universal de la pena de muerte, mediante dos líneas de acción concretas: la aplicación de una moratoria efectiva de la pena de muerte en 2015 y la construcción del consenso político para que ningún país del mundo la aplique a discapacitados mentales, menores de edad o personas que cometieron delitos en este período de su vida.
España rubricó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte. Afortunadamente, y en sintonía con este Protocolo, el número de países que se suma cada año a su supresión crece a un ritmo constante y hoy somos más de 130 Estados los que de iure o facto la hemos suprimido. Estos progresos se deben en gran medida al impulso pionero y vivaz de la sociedad civil, cuyo activismo ha sido y es imprescindible para sacudir las conciencias de los Estados y para mantener la lucha contra la pena de muerte en la agenda internacional.
Ha llegado el momento de que las voces que piden la erradicación absoluta de la pena de muerte resuenen con más fuerza en la esfera internacional y en Naciones Unidas, que es el foro más adecuado para debatir los asuntos de la humanidad. La lucha contra la pena capital no afecta sólo a un grupo de países en función de su régimen político, cultura o religión, sino que es una causa universal, como universales son los Derechos Humanos.
El año pasado 85 Estados proclamamos nuestra oposición a la pena de muerte en una Declaración que finalmente fue firmada por 95 países. Se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que insta a todos los Estados a establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a la completa abolición de la pena de muerte.
España suma su voz al llamamiento a la Comunidad Internacional para que se establezca una moratoria universal sobre las ejecuciones, lo que supondrá un primer paso importantísimo y decisivo en el camino hacia la supresión total de la pena de muerte. No podemos olvidar que en algunos países la pena capital cuenta con el respaldo de sectores de su opinión pública y genera tensiones entre partidarios y detractores. El establecimiento de una moratoria brinda la oportunidad para que evolucionen las mentalidades, al tiempo que permite a los gobiernos comprobar que la suspensión de las ejecuciones no aumenta el número de delitos.
El objetivo inmediato de la moratoria nos sitúa a medio camino de nuestra meta: la abolición universal de la pena de muerte. Este debe ser un objetivo de la Comunidad Internacional en la búsqueda de garantías para la dignidad humana y la aplicación efectiva de los derechos humanos. Sólo así seremos coherentes con la legalidad internacional y estaremos en mejor disposición para afrontar los retos y desafíos del siglo XXI, donde se perfila una sociedad civil global que exige a los mandatarios de Estados y organismos internacionales más dignidad y solidaridad, así como más participación y transparencia.
Tenemos el deber ético de lograr el éxito de esta iniciativa, lo exigen nuestras opiniones públicas y nuestros parlamentos, pero sobre todo, se lo debemos a las miles de personas que esperan, a veces largos años, el momento de su ejecución; porque el castigo no es justicia y la justicia no es venganza.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ilustración de Mikel Jaso
