MIGUEL LORENTE ACOSTA, Delegado del Gobierno contra la Violencia de Género
Por qué se teme más al terrorismo de ETA que al machismo? ¿Por qué se busca acabar antes con el terror de una banda criminal que con las referencias de una cultura violenta? ¿Por qué cuando se habla de terrorismo nada vale y cuando se habla de machismo cualquier cosa puede ser aceptable?
¿Por qué razón cuando un portavoz del entorno de la banda hace referencias a ese mundo sus palabras son para ensalzarlo, y cuando alguien con pluma, voz o mando hace directamente alusiones al machismo los oídos se entornan y las miradas se desvían? ¿Por qué?
Desde el 28 de junio de 1960, ETA ha asesinado a 857 personas, muertes que suponen una media de 16,8 homicidios al año. Sin embargo, tan sólo desde 2003, año en que se unifican las estadísticas por violencia de género, el machismo ha asesinado en España a 545 mujeres en el ámbito de la relación de pareja, es decir, un 68,1 de media anual. En los cinco últimos años el terrorismo ha matado a 12 personas, mientras que la violencia de género ha acabado con la vida de 345 mujeres, y sólo hay dos años, 1979 y 1980, con 86 y 93 víctimas, en que ETA ha matado a más que la violencia de género.
¿Por qué, entonces, se teme más al terrorismo que al machismo? Sabemos algunas de las razones, aunque no entendemos muchas de las reacciones.
La violencia terrorista se vive como ajena al sistema y dirigida contra él. Esta percepción permite que cualquier persona sienta que puede ser víctima al verse alcanzada por un coche bomba u otra acción criminal, como parte de la estrategia de atentados indiscriminados que la banda necesita para generar terror. Este diseño hace que se acompañe también de un entramado visible y de reivindicaciones que puedan ser apoyadas desde otros frentes.
La violencia machista, por el contrario, nace de los propios valores que la cultura ha establecido para la convivencia social, es lo que se denomina una “violencia estructural”. Desde ese punto de vista se percibe que no todo el mundo puede ser víctima de sus acciones, de hecho sólo las mujeres pueden serlo, y según esa misma idea, no todas las mujeres, sino aquellas que sean unas malas mujeres por no ser buenas esposas, madres o amas de casa; o si se mira al agresor, aquellas otras que se cruzan con un hombre alcohólico, drogadicto o con problemas psicológicos. También hay diferencias en la escenificación, nadie reivindica objetivos a conseguir, ya los tienen, lo que no quieren es perderlos, y tampoco salen a la calle, se quedan en sus casas ejerciendo la violencia.
Bien, ya conocemos algunas de las razones para que se muestre una actitud completamente diferente y ciertamente paradójica al mostrar mayor preocupación ante una situación menos grave en el resultado y en el significado, pues es mucho peor impedir la igualdad para toda la sociedad y ejercer la violencia desde esa posición de injusticia del machismo, que enfrentarse a la reivindicación de un grupo criminal y aislado, por más apoyo que tenga en un determinado territorio. Lo que sorprende, tal y como apuntaba al principio, es cómo ante esta situación y su dramático resultado existe una reacción tan débil por parte de la misma sociedad que se muestra tan dura con el terrorismo, y cómo, incluso, se llegan a criticar y a cuestionar los instrumentos y las acciones dirigidas a erradicar el machismo, la desigualdad y su violencia.
Sólo la gravedad del resultado debería llevar a decir desde cualquier ámbito de la sociedad y a cualquier ciudadano y ciudadana: “¿Qué tengo que hacer para contribuir a erradicar la violencia de género?”, pero la situación es muy diferente.
Está claro que no se quiere el resultado de la violencia de género, pero aún se quiere menos aceptar que su causa está en la desigualdad. No tiene sentido que en las circunstancias descritas se adopte una posición tan pasiva ante las medidas destinadas a combatirla y se sea tan beligerante en la crítica con argumentos como las denuncias falsas, que los hombres también sufren violencia o que hay que incluir en la ley a los menores como víctimas directas.
En realidad, lo que se pretende es desvirtuar el significado de la ley integral y apartar la mirada de su origen en la desigualdad. Imagínense, ahora que hemos conmemorado el Día Internacional contra el Cáncer, que al hablar de él alguien argumentara que no se hable tanto de cáncer y que se hable más de enfermedades infecciosas o metabólicas, o que si se lleva a cabo un programa sobre el cáncer de mama alguien dijera que habría que incluir en él al cáncer de próstata, o que se cuestionara toda la política sanitaria sobre el cáncer porque haya habido casos de personas que han simulado padecer esta enfermedad… sería absurdo, ¿verdad? ¿Por qué no lo es cuando se utiliza este tipo de argumentos contra la igualdad y la violencia de género?
Detrás del machismo no hay siglas, pero hay siglos de poder al que no quieren renunciar, y lo mismo que en momentos anteriores se han intentado cambiar la siglas para seguir con la estrategia, otros han intentando cambiar las palabras a lo largo de los siglos para mantener el silencio, pero todos con la violencia como argumento. Los terroristas adoptan conductas machistas en el recurso a la violencia como forma de poder, y el machismo es terrorista al instaurar el miedo y el terror como celda para las mujeres, y del mismo modo que se pide que no haya amparo para uno, no debe haberlo para el otro.
Ahora es tiempo de paz e igualdad, y para ello toda la sociedad es necesaria, toda salvo los violentos.
Miguel Lorente
Hablar de violencia de género en el periodo estival, especialmente durante las vacaciones, significa sobrellevar un tiempo marcado por la amenaza, en el que las manecillas del reloj se unen a las manos del agresor para marcar el tiempo a golpes, y así fijar los límites de manera más nítida ante las circunstancias de estas fechas y la ausencia de los patrones dibujados por la rutina. Se trata del síndrome vacacional de la violencia de género, y se traduce por más violencia y un incremento de los homicidios. Durante los meses de agosto, desde 2003 a 2008, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, lo cual sitúa la media de homicidios en el mes de agosto en 7,3, la más elevada de todos los meses y con prácticamente dos puntos de diferencia respecto al resto del año, cuya media es de 5,4.
El análisis de las circunstancias vuelve a mostrar cómo la violencia de género es diferente al resto de las manifestaciones violentas interpersonales, algo que también se manifiesta en la forma de presentarse, pues la agresión nace de los objetivos y motivaciones de estos agresores, que aunque terminen en el lugar común de la agresión o del homicidio, parten de un lugar completamente diferente, que es el que marca su significado. No es el calor, como a veces se ha oído. El pasado año, por ejemplo, el mes con más homicidios fue diciembre, con 11 casos, y la temperatura media fue de casi 7 º, mientras que en julio y agosto fue de unos 24 º. Las razones son otras. En los casos en que la pareja convive, los principales factores que influyen en el incremento de la violencia en este periodo están relacionados con el aumento del tiempo de convivencia. Las parejas pasan más tiempo juntas y cuando se inicia el conflicto violento la rutina presente durante el resto del año, que habitualmente lo fragmenta –bien porque tienen que marchar a trabajar, a recoger a los niños, porque estos regresan del colegio…– está ausente. Esto hace que la situación de violencia continúe, que pueda incrementar su intensidad y acabar en una agresión grave. Además, durante esta época los problemas surgen con más frecuencia sobre cuestiones relacionadas directamente con la familia en el sentido más amplio (visitas de padres, hermanos, hermanas, reuniones con los cuñados, cuñadas, sobrinos…), una situación que para quien busca el control de la mujer y su aislamiento de las fuentes de apoyo externo supone una amenaza, incluso un ataque.
Cuando la relación se ha roto y no existe convivencia, los agresores que están dispuestos a acabar con la vida de sus ex parejas, antes de llegar a ese extremo, lo que intentan conseguir es recuperarlas o, al menos, impedir que inicien una vida independiente, pues mientras que esto no ocurra ellos creen que sus parejas regresaran a sus dominios. Para conseguir este objetivo, inician una conducta de seguimiento y control a mayor o menor distancia para ver dónde van y con quién lo hacen, comportamientos que durante el resto del año también vienen caracterizados por una cierta rutina, pero que en agosto entran en otra órbita (se sale más, se va a sitios nuevos, con gente diferente, en horarios distintos, hay más ausencias de los lugares habituales…), lo cual hace más difícil el control y permite interpretaciones que los llevan a entender que no podrán recuperar a unas mujeres que consideran suyas. En ambas circunstancias el agresor ve alterada su construcción basada en el dominio de la mujer y en su control. En el primer caso, por sentir cuestionada su autoridad y su traducción en la ruptura de la relación, y en el segundo al entender que la idea de recuperar a la mujer se ve definitivamente frustrada para él.
La pérdida o la no recuperación, lo que se denomina el “punto de no retorno” es el factor precipitante del homicidio, con independencia del periodo anual al que nos refiramos, y en agosto las circunstancias hacen que muchos agresores crean que esa teórica “operación retorno” no se va a producir, algo que termina en un síndrome vacacional de dramáticas
consecuencias. Sin embargo, hay solución. El conocimiento es la mejor referencia para adelantarnos a los hechos y evitar sus consecuencias negativas, y la sociedad, de manera muy especial las mujeres que se puedan encontrar en estas circunstancias, así como sus entornos más cercanos, deben saber cómo se comportan los agresores en estas fechas y no confundir la sensación de distancia con un alejamiento real, ni la relajación de los hábitos vacacionales con la reducción del control que ejerce el agresor. Él siempre busca lo mismo y nunca renunciará a mantener su posición de poder sobre el dominio de la mujer. Por ello, hay que actuar preventivamente y ante los síntomas expuestos acudir a centros donde puedan recibir asesoramiento o información, o llamar al teléfono 016, para así poder actuar y poner tierra, mar y aire de por medio a la violencia y al violento.
Ello no significa que la responsabilidad esté en las mujeres que sufren la violencia. El compromiso es de toda la sociedad con sus instituciones al frente, y el entorno cercano a la mujer es un elemento fundamental en el contexto de seguridad y protección, especialmente si consideramos que entre un 70 y un 80% de los homicidios se producen sin que las mujeres hayan denunciado, y que entre las que lo han hecho este año, cerca de un 10% han minimizado el riesgo que corrían ante estos traidores.
Miguel Lorente es Delegado del Gobierno para la Violencia de Género
Ilustración de Mandrake
MIGUEL LORENTE ACOSTA

La violencia no tiene género –puede ser utilizada por hombres y mujeres–,pero el género, la construcción cultural que se hace a partir del hecho biológico del sexo para definir roles e identidades, sí tiene violencia. Y la tiene porque desde esas referencias culturales se ha presentado a los hombres como guardianes de un orden levantado a su imagen y semejanza, con la capacidad de corregir aquello que consideran alejado de los criterios que deben regir las relaciones, especialmente en el ámbito de la pareja. Para ello, históricamente han contado con el control social y con la posibilidad de recurrir a la violencia cuando esos mecanismos de control no
conseguían su objetivo.
La aproximación a la violencia desde su resultado es insuficiente, porque toda violencia termina en el mismo lugar, en una lesión física, psíquica o, en el peor de los casos, en la muerte. La clave para entender las diferentes formas de violencia y poder actuar sobre sus causas, está en el origen de estas conductas, en las razones individuales que llevan al agresor a comportarse de este modo y en las circunstancias que envuelven esas decisiones.
La violencia de género, tal y como recoge la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante Ley Integral), hace referencia a la “violencia sufrida por las mujeres como consecuencia de los condicionantes socio-culturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándolas en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los ámbitos básicos de relación de las personas: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social, y acoso en el medio laboral”. El artículo 1 de la Ley Integral centra su ámbito de actuación en la primera de las manifestaciones (las relaciones de pareja) porque es la forma primigenia y esencial de violencia de género, y la que se utiliza para mantener los pilares de la desigualdad. Además, es la más extendida y conlleva unas consecuencias muy graves por ese componente simbólico que actúa como amenaza y referencia, que normaliza la posibilidad de
que se produzca.
La violencia de género contemplada en la Ley Integral exige, por tanto, que se lleve a cabo por un hombre, que quien la sufra sea una mujer y que se produzca en el contexto de una relación afectiva de pareja.
Ante estas referencias son muchas las preguntas que se hacen alrededor de por qué se limita una norma a un contexto concreto, cuando toda violencia es reprobable. La razón está en el significado de la violencia de género, en su construcción cultural sobre la desigualdad y en su presencia histórica; elementos que permiten que se produzca y que, cuando aparezca, en lugar de profundizar en sus causas y combatirla en origen, se trate de minimizar sus consecuencias o desviar la atención hacia aspectos o situaciones marginales. Estos hechos se reflejan en la práctica, en la normalización de la violencia (recordemos la frase “mi marido me pega lo normal”); en la crítica basada en lo cuantitativo (en si la agresión ha sido grave o si “no ha tenido importancia”); en la provocación de la mujer (según el Eurobarómetro, el 46,1% de los europeos piensan que las mujeres provocan al hombre cuando son agredidas); en la justificación de la agresión alrededor del consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas; en los celos (como piensan la mayoría de los españoles y españolas según el Barómetro del CIS); o, sencillamente, en la negación directa al hablar
de denuncias falsas sin contar con datos ni evidencias.
Estas circunstancias dificultan la toma de conciencia por las mujeres que sufren la violencia y hacen creer al agresor que su conducta se ajusta al bien superior de conseguir unas referencias adecuadas con el orden social existente. Por ello, el tiempo medio de relación antes de la denuncia está entre 7 y 10 años, y puede ocurrir que se minimice el riesgo real a que están sometidas, como por ejemplo ha sucedido en el homicidio ocurrido durante la Semana Santa cuando la mujer fue a pasar las vacaciones con su familia y su agresor, a pesar de estar separados y de contar con una orden de protección. O como se observa al comprobar cómo el 80% de las mujeres asesinadas no había interpuesto denuncia alguna. Nadie compartiría su tiempo con un agresor si no existieran factores que distorsionan la percepción de esa situación. Por eso, el objetivo de la Ley Integral es asistir a las mujeres, sancionar a los agresores y, de manera muy especial, prevenir la violencia que sufren actuando sobre sus causas y eliminando las barreras que aún retienen a muchas mujeres
entre sus muros.
La transformación social nos presenta nuevas situaciones que exigen adaptar los recursos y medidas a la realidad actual, y en ese sentido debemos hacer un esfuerzo para que no se produzcan casos como el ocurrido en Adra –en donde un hombre se suicidó tras matar a su ex marido–, pero estas medidas no pueden estar en una ley dirigida a prevenir la violencia de
género porque se trata de circunstancias distintas.
La reivindicación de los recursos contemplados en la Ley Integral refleja que es una buena ley y, paradójicamente, los mismos que la critican en su aplicación sobre la violencia que sufren las mujeres, son los que luego piden su extensión a los casos que quedan fuera de su ámbito. La experiencia en su aplicación y el conocimiento obtenido de su análisis nos permite partir de referencias que, en la medida de lo posible, podrán ser extendidas a otras
circunstancias con el objetivo de mejorar la convivencia sobre las referencias de la igualdad y la paz.
Miguel Lorente Acosta es Delegado del Gobierno para la Violencia de Género
ILustración de Miguel Ordoñez
MIGUEL LORENTE ACOSTA

El dolor siempre empaña la visión de la realidad; las lágrimas por una vida arrebatada son ardientes, como la lava que sale de la tierra desquebrajada, y el vapor liberado del corazón roto por el impacto profundo de la pérdida hace traslúcido el aire frente a quien lo sufre; por ello el dolor sólo ve dolor. El homicidio de Marta del Castillo, como el de todas las mujeres que mueren cada año a manos de sus parejas o ex parejas, es lo suficientemente doloroso como para levantar el rechazo social; sin embargo, aún no han desgarrado la capa impermeable de una sociedad que a menudo prefiere no mirar a los ojos de la realidad, que toma la tangente de los argumentos de siempre o se detiene ante análisis parciales para buscar una lectura justificativa con la que concluir que el problema únicamente es la suma de los casos conocidos, desconsiderando todo lo que hace que se produzcan cada uno de ellos con sus peculiaridades y diferencias.
Hablar de violencia de género no sólo es hacer referencia a las estadísticas que resumen un periodo de tiempo determinado. Lo que se destaca bajo ese concepto es la existencia de elementos que la cultura ha puesto a disposición de los hombres para que aquellos que lo decidan puedan utilizarlos para construir la estructura en la que atrapar a “su mujer”. Y si esta escapa y ellos lo consideran, que lo haga con el precio de su vida. Son esos factores los que, según se deduce de la información existente en el momento actual, han hecho que un hombre de 20 años de edad decidiera acabar con la vida de Marta después de haber compartido una relación de dos meses hace un año.
En este caso, la juventud no es la clave del problema, sino tan sólo uno de los elementos acompañantes, que se ha visto potenciado por el resto de circunstancias. El pasado año, otra chica de 17 años fue asesinada por su novio, y la reflexión sobre el factor edad no fue tan intensa. Las profundas raíces de la violencia de género han sido el principal problema de la violencia que sufren las mujeres: esa presencia histórica y su normalización sobre la crítica de determinadas circunstancias que la esperanza en las nuevas generaciones aún no ha resuelto.
La violencia no está ausente del mundo de los jóvenes, tal y como reveló el Informe sobre la Convivencia Escolar al reflejar que un 19,9% de los alumnos actúa de forma violenta o consiente la violencia.
En 2008 el 29,2% de las mujeres asesinadas tenían menos de 30 años, y el 20,8% de los agresores pertenecía al mismo grupo de edad; todos ellos se engancharon con su corta edad a un tiempo viejo de valores caducos. No basta la actitud pasiva ni la crítica sobre los casos; ello podrá producir más o menos rechazo sobre el suceso, o mayor o menor repulsa ante las circunstancias, pero apenas modificará la conciencia crítica social sobre el problema y la violencia de género.
Un ejemplo cercano lo tenemos en el mes de diciembre del pasado año, un mes en que fueron asesinadas 11 mujeres, el mayor número de homicidios durante todo 2008; sin embargo, el porcentaje de población que consideró la violencia contra las mujeres como un problema grave, según el Barómetro del CIS, sólo fue del 1,8%, sin que ello significara que en cada uno de ellos no se produjera un rechazo ni muestras de solidaridad con las familias.
La Ley Integral ha dirigido gran parte de sus esfuerzos a concienciar y sensibilizar a la sociedad, a introducir referencias para la convivencia y la paz a través de la educación, y a formar a los profesionales que intervienen en los casos relacionados con la violencia de género. Pero no basta con las políticas institucionales: estas han dado sus frutos en los casos que han llegado a las diferentes Administraciones, pero prácticamente en el 80% de los homicidios no existía denuncia previa y nada se pudo hacer desde las instituciones.
Las políticas públicas son fundamentales pero también es necesaria la implicación de cada una de las personas y no sólo cuando la violencia esté presente, sino de manera preventiva. Debemos interiorizar el problema y transmitir a las personas que estén a nuestro lado –sean pacientes, usuarias de determinados recursos o servicios, clientes, hijos o hijas– que, del mismo modo que se dice “no puede usted comer de esto o beber de aquello”, “tiene que caminar 20 minutos al día”, “ten cuidado con lo que tomas en la fiesta”, hay que decir también “no se te ocurra controlar o cuestionar a tus amigas” y “no dejes que tus amigos te fiscalicen la vida”.
Pero aún así no será suficiente; aún haría falta algo más para poder caminar tranquilamente sobre esas nuevas referencias, y ese algo más es acabar con las amenazas, los miedos y las dudas que tratan de introducir quienes se sienten cuestionados cuando se habla de igualdad. Resulta difícil aceptar que, hoy por hoy, el debate sobre las circunstancias que envuelven la violencia de género más allá de los homicidios, todavía gire alrededor de mitos como el de las denuncias falsas, el que la ley ataca a los hombres, la inconstitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento y confirmada por el Tribunal Constitucional en las cuestiones elevadas ante él, o que se cuestione el concepto género acudiendo al purismo lingüista y al mismo tiempo se inventen otros como el de hembrismo, todo ello, en algunos casos, utilizado además desde posiciones institucionales.
La solución a la violencia de género pasa por desmontar las referencias históricas que utilizan los agresores y los que desde la pasividad las usan para esconderla o esconderse, y por situar en su lugar instrumentos para avanzar con más decisión por el camino de la igualdad. Podemos conseguirlo, pero es necesario que todas y cada una de las personas quiten una piedra y pongan su granito de arena.
Miguel Lorente Acosta es Delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad
Ilustración de Miguel Ordoñez