Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics.
Segunda entrega de una serie de dos artículos en los que analiza los Presupuestos Generales del Estado y los posibles escenarios futuros.
Los ingresos: El Gobierno pretende obtener alrededor de 12.000 millones de euros más en los ingresos. Con el sistema fiscal de este país que desde mediados de los ochenta favorece al mundo de los negocios y a los ingresos más altos, los ingresos fiscales se habían mantenido e incrementado gracias a la burbuja inmobiliaria. Al estallar ésta y generalizarse la crisis los ingresos caen en picado, por lo que es imprescindible aumentarlos si se pretende suavizar el déficit fiscal. Hay que decir que el Gobierno del PP por lo menos ha aumentado ligeramente las tasas del IRPF para los ingresos más altos y ahora en los presupuestos elimina algunas deducciones y desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, lo que sin duda aumentará la recaudación (estiman que en el Impuesto de sociedades aumentará en 5.300 millones y una cifra algo superior en el IRPF); así mismo ha establecido un pago mínimo para las grandes empresas, se acota la deducción para los gastos financieros y se acaba con la libertad de amortización para las grandes empresas. Se aumentan también el impuesto sobre el tabaco y las tasas que afectan a la justicia. Es decir, no se puede ignorar que el Gobierno del PP, ha introducido algunos modestos aumentos en ciertos impuestos que gravan a los poderes económicos del país y que, de momento, no ha aumentado aquellos impuestos que afectan directamente a las clases populares. Que es más de lo que se puede decir del Gobierno anterior.
El escándalo, la amnistía fiscal: Ahora bien, probablemente asustados por su audacia y para ‘compensar’ esta exigencia, no sólo el aumento de estos impuestos se ha establecido como ‘temporal’ (es decir, se volverán a reducir si la situación mejora) sino se ha establecido una generosa amnistía fiscal para los grandes defraudadores de la Hacienda Pública. Se ha establecido la posibilidad de regularizar la situación de los capitales de los particulares situados en el exterior (paraísos fiscales) mediante una tributación del 10%, cuando muy probablemente estos capitales habrían de tributar por lo menos el 35% en condiciones normales y, además, se les dispensa de cualquier penalización (multas) que pudieran tener por la evasión previa. Menos conocido, se permitirá, también, a las empresas que repatríen fondos que tengan en paraísos fiscales con un gravamen de sólo el 8% (dinero que a diferencia del de los particulares está en el exterior de manera legal por tener su origen en dividendos obtenidos en el exterior). Evitan así tener que tributar por el 30% vigente en España. En ambos casos un esplendido regalo para quienes evitan legal o ilegalmente la tributación normal en el Estado.
Regalo que no sólo supone una enorme ventaja para quienes defraudan al fisco frente a quienes tributan regularmente, sino que, además, es de muy dudosa eficacia. Ya que acceder a esta normativa es totalmente voluntario y no se ve muy bien que incentivo pueden tener los sujetos que defraudan regularmente al Estado para cambiar su actitud; más todavía cuando los procedimientos de control fiscal y lucha contra el fraude son extremadamente débiles en este país. La evaluación que se hace en los Presupuestos de que se integraran unos 25.000 millones de euros y producirán unos ingresos de 2.500 millones en 2012 es una apreciación totalmente voluntarista que no se corresponde ni con intentos anteriores similares hechos por los gobiernos socialistas, ni por recaudaciones que sistemas semejantes han logrado en otros países europeos. Puede interpretarse que este procedimiento de regulación fiscal es un muy tímido intento de mejorar la recaudación fiscal, permitiéndole al gobierno al mismo tiempo justificarse ante la opinión pública, hacer gala de progresismo, aparentar que ya se lucha contra el fraude. Probablemente no sólo ante la opinión pública del estado español, sino también ante nuestros socios europeos alarmados ante la magnitud del fraude fiscal en este país. De todos modos no deja de ser un fuerte agravio ante la ciudadanía que cumple regularmente con sus deberes fiscales y un ejemplo más de la enorme tolerancia de la Hacienda pública de este país frente a los poderosos.
El futuro: El presupuesto y las medidas tomadas desde que llegaron al poder indica el camino que nuestros dirigentes políticos se aprestan a seguir. El Sr. Rajoy ya ha aceptado con determinación que ‘no hay otra alternativa’, el estrechísimo margen de maniobra que los mercados y la UE nos conceden. Insiste en su inquebrantable voluntad de aceptar el papel subordinado que la UE le permite y le ofrece. Ha establecido la reforma financiera, la laboral, y descontado con facilidad una huelga general. Y se propone seguir por este camino. Desde agosto de 2011 había aceptado la estabilidad presupuestaria por la que con este presupuesto se apresta a presionar. La derecha del estado –incluyendo la de sus autonomías- nunca ha estado demasiado preocupada por la democracia, de modo que tampoco ahora es ésta una de sus máximas inquietudes. Que en la escena política europea manden dos personajes, que un ministro alemán venga a cuestionar nuestra situación económica, que los mercados sean quienes dicten nuestro presente y nuestro futuro porque nuestros grandes deudores tienen que pagar su deuda a los bancos del mundo, no parece que les inquieta demasiado. No ponen obstáculos a continuar en el mismo camino. Están dispuestos a ‘sacrificarse’ para exigir de la población los mayores sacrificios. Y ¿para qué?
El paisaje: Un país con 5 millones y medio de parados, con una previsión de casi 500.000 familias desahuciadas, la mitad de los jóvenes sin empleo, e igualmente un alto porcentaje de personas con más de 45 años. Los jóvenes más preparados emigran, la precariedad e incertidumbre de quienes trabajan es permanente, disminuyen quienes tienen un empleo que les permite tener un plan de vida. La sanidad y la educación se deterioran, la asistencia social disminuye acentuadamente, los jubilados tienen que mantener a sus hijos parados. Y, además, la capacidad productiva disminuye, la escasísima investigación existente se degrada, las empresas y los comercios se deterioran. Volvemos a una situación de hace varias décadas ¿Qué perspectivas ofrece a la población el capitalismo global, europeo, del país?
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics
Situando el tema: Aunque la presentación de los Presupuestos del Estado y la Seguridad Social vienen siempre precedidos de una gran parafernalia mediática, hay que tener en cuenta que su importancia cuantitativa es menor cada vez ya que se refieren a las administraciones centrales, es decir, al Estado y a la Seguridad Social, que suponen sólo una parte del gasto público total, siendo las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que suponen una cifra creciente del gasto. Así el déficit del Estado central se prevé que constituirá el 3,5% del PIB, mientras que el de las CC.AA. será del 1,5 y las Corporaciones locales el 0,3%, pero el Presupuesto que comentamos se refiere sólo al estado Central. Si, además, se tiene en cuenta que los gastos e ingresos de la Seguridad Social son poco proclives a cambiar por razones de política económica pues están sujetos a compromisos previos, nos quedan únicamente los gastos e ingresos centrales a considerar que, aunque son importantes, distan mucho de suponer la totalidad de las haciendas públicas.
Por otra parte, desde que el Partido Popular ganó las elecciones se han presentado cifras distintas acerca de la magnitud del déficit y los compromisos de su contención: desde el 6,8% que fijaba el anterior Gobierno, que había aceptado reducirlo al 4,4% en 2012, al 8,5 % que señala el ejecutivo actual que advirtió que sólo podría reducirlo al 5,8 si bien presionado por la UE aceptó el porcentaje del 5,3% de déficit como objetivo para 2012. Hay que tener en cuenta, además, que las cifras del Presupuesto son previsiones basadas en estimaciones de la evolución económica y que ambos conjuntos de estimaciones pueden muy bien no cumplirse. Estos bailes de números dan lugar a que las cifras se puedan manejar de formas muy distintas, por lo que considero que es más importante un tratamiento cualitativo de lo que significan los presupuestos que empeñarse en jugar con cifras de difícil precisión.
Lo esperado, los recortes: Ya era sabido que el Presupuesto del Estado y de la Seguridad Social (Presupuestos en adelante) iba a establecer un fuerte recorte del gasto público –‘el mayor recorte desde la democracia española’-, que ha supuesto una caída de casi el 17% del gasto medio de los ministerios, 13.400 millones de euros en la estructura del Estado. Un recorte en el gasto de esta magnitud no puede menos que afectar muy negativamente las posibilidades de reactivación de la economía española. De hecho, se ha aceptado ya por la propia administración que este año el PIB caerá un 1,7% y se pueden perder hasta 600.000 puestos de trabajo. Es decir, los presupuestos refuerzan el círculo vicioso de la economía española abundando en la recesión y la dramática y disparatada magnitud del paro. Alguien tendría que explicar en detalle como piensan que estas medidas permitan mejorar eventualmente la economía española. Es curioso que se insiste en que estas medidas son inevitables, que ‘no hay otra alternativa’, pero ningún brillante economista que asesora al Gobierno actual, como los que asesoraron al anterior, explica en detalle como piensan que esto va a suceder. Se limitan a decir que esto proporcionará confianza a los mercados, y al mismo tiempo son capaces de señalar que los mercados, la Unión Europea y el FMI están muy preocupados no sólo por la magnitud de la deuda sino por la del paro y la débil capacidad productiva del país. ¿Cómo piensan resolver este problema entonces? Porque estas medidas no pueden conducir más que a un deterioro de ambos aspectos, la capacidad de mejorar la actividad económica y la magnitud del paro.
Revisando, muy brevemente, los recortes por ministerios esta impresión se acentúa: los ministerios más afectados son aquellos más vinculados a las actividades productivas –Fomento, Industria, Energía y Turismo, Agricultura, alimentación y medio ambiente y Empleo y Seguridad Social. A destacar que en este último, cuando hay más de cinco millones de parados, se eliminan 2.458 millones de euros en el Servicio Público de Empleo Estatal. Lo que conduce a lo obvio: se reducen los gastos para este Servicio y, así, se puede explicar que hay que dar entrada a las empresas privadas para los Servicios de Empleo. Si observamos qué sucede por capítulos, las inversiones públicas experimentan un intenso bajón y, prácticamente desaparece el gasto en desarrollo rural (Agricultura), con lo que el estímulo a la actividad económica queda reducido a mínimos, mientras que en el gasto social disminuyen las políticas activas de empleo en 1.500 millones, las ayudas al acceso a la vivienda en un 42%, el gasto en el ministerio de Sanidad en un 13,7% y las transferencias en Educación en un 35,4%, y así sucesivamente. Es decir, este Presupuesto sólo puede suponer una fuerte disminución de la actividad económica y un deterioro de la suerte de quienes necesitan del gasto social.
No hay otra alternativa: La única ‘razón’ que nos dan para ello es: ‘no hay otra alternativa’ ….¿Es así realmente? ¿Es la situación española tan desesperada que no hay ninguna otra posibilidad? ¿No hay posibilidad alguna de recuperar el crédito para las empresas y las familias, de mejorar la situación del mercado laboral para aumentar la demanda que facilite una, aunque sea modesta, recuperación de la actividad? ¡Que poca capacidad para la gestión social!
Parece que el temor es a que desde la Unión Europea nos impongan un rescate; muchos comentaristas ya no se preguntan si nos rescataran o no, sino cuando. Se supone que el rescate, si es necesario, es debido a nuestra situación respecto a la deuda externa, y a las dificultades para satisfacer nuestras obligaciones respecto a la misma. Pero hay también muchos comentaristas no menos rigurosos que mantienen que el problema de la deuda del Estado español no es la deuda pública, sino la magnitud de la deuda privada y la limitada capacidad de su sistema productivo. ¿Por qué el estado español ha de empobrecerse y deteriorar su capacidad de producir riqueza por muchos años, por que una cuarta parte de su población sufrir los horrores del paro – mientras, además, algunos empresarios pretenden disminuir o eliminar el subsidio de desempleo-, una gran parte de los trabajadores ver deteriorarse sus condiciones de trabajo y salarios, la población ver que desaparecen unos derechos sociales muy trabajosamente logrados y que deterioran gravemente si nivel de vida, para pagar las deudas que las grandes empresas españolas y sobre todo el capital financiero español tiene con los grandes bancos europeos? Ya nos están imponiendo medidas de una dureza y severidad análogas a las del rescate, ¿son necesarias todavía más? ¿No podrían considerarse otras medidas basadas en una negociación de la deuda, una quita de la misma y una demora en el cumplimiento de los límites del déficit y la deuda? En que planteamiento de la ciencia económica se basa el establecer que el déficit ha de ser el 5,3% este año y el 3% el año próximo? Son disposiciones totalmente arbitrarias que se basan en el poder de los grandes agentes económicos y los políticos que siguen sus normas.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración Diego Mir
Cada vez es más difícil entender la posición de los países que dominan la UE y a las autoridades de la misma. Parece que quienes detentan el poder en esta institución están empeñados en destruir a los miembros más débiles de la misma, con una creciente arrogancia e ignorancia, como dice Wolfgang Münchau, del Financial Times. Haciendo inevitable el castigo tras la supuesta culpa, como en el más obsoleto cristianismo del pasado. La actuación de las autoridades comunitarias frente a lo que califican de rescate de Grecia, y posiblemente pronto de Portugal, pone de manifiesto que no es el satisfacer el compromiso de la deuda lo que motiva sus políticas, sino que sus objetivos son de mucho mayor alcance, consistiendo en reestructurar las economías de la UE por un largo periodo para favorecer los procesos de acumulación.
Es obvio que Grecia no puede pagar su deuda y que un país que nunca se ha contado entre los ricos de la UE no puede soportar más austeridad: recortes presupuestarios, disminución de sueldos y del salario mínimo por encima del 20%, lo mismo con el importe de las pensiones, despido de 15.000 funcionarios inmediatamente y 150.000 antes de 2015, y la exigencia de que se privatice todo lo que es patrimonio público, etc. Además, junto a esta presión de austeridad para la población, es difícil imaginar una pretensión mayor de abandono de soberanía –un “comisario de la UE controlará las cuentas griegas”–, sin olvidar cómo bajo el mecanismo de los programas para satisfacer la deuda se está reconfigurando el poder político y debilitando la democracia.
Todo ello supuestamente para intentar que la deuda pública se reduzca al 120% del PIB este año. Frente a ciertos comentarios favorables a prorrogar los plazos para cubrir el déficit, se ha impuesto, de hecho, la brutal exigencia de forzar las medidas para cumplir los imposibles compromisos. La reducción de la deuda, ¿no podría realizarse en un periodo de tiempo más largo, ni el déficit reducirse más lentamente?, ¿qué es lo que lo impide, excepto la intransigencia del tándem Merkozy?
Se negocia la quita en una deuda que, debido a sus altos intereses, es cada vez mayor (30 puntos más en 2012 que en 2009). ¿Se trata de castigar por ella a la ciudadanía? Se retiene la entrega del primer plazo del segundo rescate, porque no se han cumplido exactamente las condiciones que fueron impuestas, sabiendo que Grecia tiene que pagar 14.400 millones de euros antes del 20 de marzo y no podrá hacerlo si no dispone de esta ayuda. Y que una parte de los acreedores de Grecia, especialmente el BCE, no está dispuesta a acceder a la quita. Frente a un aumento del número de economistas ortodoxos e incluso especuladores financieros que consideran que esta no es la vía, la ortodoxia europea, el establishment de la UE, insiste y se aferra a sus obsoletas medidas y duras exigencias.
Esto es mucho más un secuestro que un rescate. Y, lo que es peor, todo ello para forzar un programa que sólo puede empeorar las cosas, pues con este ajuste draconiano es imposible pensar que Grecia podrá rehacerse. La población se muestra desesperada. Un pueblo no sale a la calle como está saliendo la ciudadanía griega si no está inmerso en la desesperanza; no es apoyado por los personajes míticos de su población –Theodorakis y Manolis Glasis, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, entre otros muchos– sin una muy sólida causa; no se revuelve frente a una inicua y escandalosa represión por la fuerza, si no está exasperada hasta el límite. Hasta la Policía ha emitido un comunicado advirtiendo que no disparará contra la población… Es el secuestro de una población sometida.
¿A dónde está llevando la UE a uno de sus países miembros?, ¿quiere hacer de él un ejemplo para otros, o señala lo que se propone hacer con los demás países que fallen? Es dramático constatar el enfoque hacia los países en dificultades que tienen quienes mandan en la Unión y en los países que la controlan.
El panorama que ofrece Grecia y el trato que se le está dispensando tienen por objeto impresionar y asustar a todos los países débiles de la UE. ¿Es esto lo que nos espera si las cosas van a peor, como es de temer? Sin ser todavía “rescatados” oficialmente, nos exigen adoptar muchas de las medidas que se han impuesto a Grecia –disminución de personal interino y contratado en los servicios sociales, fuerte recorte presupuestario en sanidad y educación en algunas comunidades autónomas, además de la imposición del copago, reforma de las pensiones, y una drástica reforma laboral que supone la disminución de salarios, indemnizaciones de despido, y el deterioro de las condiciones laborales, etc.–.
En una misma semana, una de las reputadas agencias de evaluación disminuye la calificación de la economía española –a pesar de haber aprobado una tiránica reforma laboral–; se nos repite que hay que realizar un recorte de 40.000 millones de euros en 2012 para cumplir nuestros compromisos fiscales, en el marco de unos dos puntos aproximadamente de recesión; nos avisan de que no se podrá cumplir la predicción del límite del 4,4% establecido para el déficit; nuestras máximas autoridades nos avanzan sin el menor reparo que la situación de los 5.400.000 parados no mejorará este año a pesar de una durísima reforma laboral que abarata sustancialmente el trabajo para los empresarios… ¿A dónde se pretende llegar?, ¿no nos están anticipando que es el trato a la griega lo que nos espera?
Nos recomiendan aplicar las medidas a las que el país “se ha comprometido con sus socios europeos como la mejor manera de protegerse del contagio” (palabras del portavoz comunitario de Economía). Es decir, el contagio se contempla posible y… ¿esperado? Nunca mejor que ahora parece válido el refrán popular “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. ¿Esperaremos hasta que los golpes sean inevitables para
reaccionar?
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Patrick Thomas
Es curioso el revuelo generado en torno a la hipotética demanda que se han planteado hacer algunos ricos españoles de que se les aumenten sus impuestos siguiendo el ejemplo de sus colegas de Estados Unidos, Alemania y Francia. En el fondo es un tema menor que ha recibido una gran atención mediática. Parece que ser un muy rico moderno exige que se pida al Estado que aumente la imposición sobre sus respectivas fortunas para hacer su aportación a la salida de la crisis, añadiendo además sobre qué bases y tasas de imposición se puede hacer. Hay quien se impresiona por este patriotismo de los fortunados y considera que es una encomiable actitud digna de ser copiada. ¡Qué buenos, qué progres, son los ricos de ciertos países, mientras que nuestros ricos siguen negándose a asumir estas tasas voluntarias! Porque, eso sí, los ricos españoles, por si acaso, de momento se niegan rotundamente a esta posibilidad.
Este es un pequeño indicador que muestra ampliamente hasta qué punto estamos perdiendo las rutas del análisis social. Resulta que ahora quienes poseen las más grandes fortunas son quienes van a decidir por sí mismos si van a ser o no gravados y en qué formas y niveles, usurpando una de las pocas atribuciones que le quedan al Estado de regular la vida social. Sólo si a ellos les parece bien, podrán ser gravados y serán ellos asimismo quienes decidirán sobre el alcance de dicha imposición. Es totalmente el fisco al revés. En lugar de ser el Estado el que disponga el sistema impositivo que considere adecuado, se encuentra ahora en una posición en la que los filántropos adinerados le dirán lo que tiene que hacer. ¿Es el poder del dinero tal que se le admite que establezca su propio sistema de imposición? Quizá sea más grave que quienes guían a la opinión pública lo presenten como algo positivo en vez de mostrar su verdadera naturaleza de absorción de uno de los pocos reductos que le quedan a la acción pública.
Filántropos con intención de incidir en la actuación pública los ha habido siempre y los seguirá habiendo en el futuro, pero que esta supuesta filantropía llegue a determinar una parte importante del sistema fiscal no deja de ser una ocupación escandalosa de la autoridad democrática.
Desde la crisis de los setenta, los impuestos disminuyeron en todo el mundo occidental y en España han estado disminuyendo principalmente en las dos últimas décadas. Y ahora estos ricos que tanto han presionado para la disminución de impuestos a los tramos económicos más altos y sus fuentes de riqueza pretenden presentarse como ciudadanos responsables que están dispuestos a pagar un poco más, si es en sus términos: discuten “qué es un rico”; desde qué nivel de riqueza se puede empezar; cuánto podrían pagar; a qué se tendrían que dedicar esos fondos. Entre otras cosas, ni se nos ocurre pensar en el absurdo y en el enorme agravio comparativo que supone, ¿puede el resto de la ciudadanía diseñar el sistema fiscal al que será sometida? Si esto no es la usurpación del poder democrático, habrá que explicarlo.
Incluso ahora, existen suficientes figuras fiscales para mejorar la recaudación de los más ricos sin grandes modificaciones legales, sin recurrir a las aportaciones graciosamente ofrecidas. Bastaría con que se revisasen las exenciones al impuesto de sociedades, o establecer gravámenes superiores a figuras como la imposición a los fondos de inversión y las sicav, o que se recuperara que la llamada imposición al ahorro que establece una tasa de imposición más baja para los intereses y dividendos que el cómputo de ingresos totales que regía hasta hace poco, o se incrementen los tipos de imposición a los tramos más altos del IRPF. Por no hablar de las posibilidades que ofrece la mejora del control del fraude fiscal –es curioso que entre algunos de estos muy ricos que piden ser taxados, en Francia, por ejemplo, aparece algún nombre hasta hace muy poco conocido por su grado de fraude fiscal–. Que empiecen por pagar lo que el sistema fiscal les puede exigir que paguen y ahora eluden con ingeniosas fórmulas fiscales legales.
El sistema económico y social actual no precisa de filantropía, requiere de derechos y actuaciones fiscales que aseguren a los entes públicos la capacidad de participar de forma regulada legalmente, y sin excepciones en la riqueza creada por la sociedad.
El objetivo de los más ricos no es ingenuo: pretenden adelantarse a que, ante la enorme acumulación de riqueza por unos pocos, esta se cuestione, pretenden que no se ponga en cuestión su derecho a seguir siendo muy ricos, se presentan como filántropos en lugar de absorbedores de la riqueza social y se aprestan a limitar el coste que están dispuestos a pagar por ello.
Incluso es necesario revisar los números con cuidado. Aunque es una propuesta de otro cariz, pensemos que en las recientes propuestas de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio y un impuesto a la banca, se prevé que el primero ingrese 1.080 millones de euros y el segundo en torno a 1.000 millones, mientras el antiguo Impuesto sobre el Patrimonio en su último ejercicio de vigencia recaudó 2.212 millones. ¿Filántropos progresistas además de más baratos? Inteligente combinación… para los ricos.
La supuesta filantropía de estos muy ricos consigue manejar el aparato del Estado como ellos quieren, pagar menos de lo que tendrán que hacer si la opinión pública realmente toma constancia de su privilegiada situación y, además, quedar como personas profundamente preocupadas por la situación social. ¡Que fantástica operación de imagen!
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración por Dani Sanchís
Los medios de comunicación nos inundan con temas financieros: deudas, evaluaciones de agencias, tipos de interés, primas de riesgo, las probables consecuencias de todo ello, etcétera. Intentemos mirar más allá de estas apariencias y probemos a detectar algunos aspectos de lo que realmente significa el sistema económico en el que vivimos. Fundamentos que son iguales desde la consolidación del capitalismo, pero que ahora se muestran en toda su crudeza.
En primer lugar, aparece con fuerza la idea de que el sistema es totalmente tributario del crédito. No se debe olvidar que el crédito supone que se gasten en el presente los recursos del futuro. El capitalismo actual no puede subsistir, no tiene capacidad de reproducirse a sí mismo más que utilizando más y más recursos del futuro, dando saltos adelante hacia el vacío. Es también un sistema dirigido por unos agentes que controlan lo que llaman mercados, cuyo único objetivo es obtener el máximo beneficio para ellos. Esto siempre ha sido así en el capitalismo, pero ahora se hace explícito y adquiere la máxima legitimación. No les preocupa el crecimiento, la producción o el empleo. El mayor o menor bienestar para la población que el sistema pudiera generar subsidiariamente ha de estar totalmente subordinado a los fines de estos agentes.
Quienes dominan los mercados –unos pocos agentes financieros de enorme poder–, y quienes trabajan para ellos –unas agencias de evaluación cuyo carácter arbitrario y especulativo está ampliamente demostrado– parecen ser quienes controlan el mundo. Tres grandes agencias oligopolísticas dictaminan las decisiones del capital, estructurado en muy pocos pero imponentes conglomerados financieros. El resto de poderes están difuminados, debilitados, incapaces de controlar a estos grandes operadores mundiales. En todos los casos, los mercados y sus agentes dictarán la política que consideren adecuada, que consiste esencialmente en dar todas las facilidades al capital global. Muy pocas personas con inmenso poder someten al mundo.
Las estructuras políticas que llamamos democráticas y por las que los países más ricos se rigen desde hace 200 años están siendo cada vez más marginadas. Esta crisis está desvelando con claridad el papel instrumentalizado y subordinado de la política. El poder económico dictamina la política. Los poderes políticos se encuentran impotentes para domeñar estos poderosos agentes, para regular la vida económica, mucho más para dirigirla. Los mercados imponen la orientación económica y la vida política está cada vez más supeditada a sus indicaciones. Es cada vez más dictatorial y está alejada de cualquier objetivo relacionado con el bien común. Las contradicciones entre distintos tipos de capital aumentan. El capital financiero cada vez deja menos espacios para el ámbito de lo real. La producción de riqueza real, la capacidad de producir bienes y servicios, tiene cada vez menos importancia en los objetivos de quienes toman las decisiones, se ha convertido en mero instrumento de la acumulación financiera. No importa si cumplir los objetivos financieros supone deteriorar grave y permanentemente la capacidad de producir riqueza. El único objetivo es el de aumentar la riqueza financiera, el dinero del que se pueden apoderar, aunque esta impresionante acumulación de riqueza consista en poco más que en complicadísimas anotaciones contables de capitales ficticios. El capital financiero fagocita a las fuentes reales de producción de riqueza y en el proceso se devora a sí mismo, pues sólo se produce riqueza en la esfera de lo real.
Este capitalismo es cada vez menos capaz de distribuir la riqueza que se genera de forma que proporcione unos niveles de vida adecuados. La explotación de muchos por muy pocos es cada vez mayor y a su vez genera contradicciones que dificultan el mantenimiento del sistema. La población cada vez puede esperar menos que el empleo le proporcione niveles de vida adecuados, no puede hacer un proyecto para su vida: vivirá cada vez peor y más subordinada a la riqueza de unos pocos. Ni económica ni ideológicamente se legitima el sistema, y de ahí que intensifiquen el recurso a la represión.
Es la dinámica de un sistema insaciable que necesita devorar más y nuevos recursos –humanos, naturales, financieros– cada día. Todas las medidas son insuficientes. Controladas las periferias, tratan ahora de apoderarse del centro del sistema: se hunde la periferia europea más débil, después van a por España e Italia, se comienza a mencionar a Bélgica e incluso a la potente Francia. Por primera vez se pone en cuestión la fortaleza de Estados Unidos. Algunos afirman que son los síntomas de un importante cambio de poder: la decadencia del poder del hasta ahora centro a la consolidación del poder de los países emergentes. En cualquier caso, el sistema es cada vez más inestable, cualquier cambio lo altera, las turbulencias son crecientes y no cesan. Las crisis, más frecuentes.
¿Puede mantenerse, sobrevivir, un sistema de estas características?, ¿o asistimos más bien a la inviabilidad del capitalismo, fagocitado el poder por sus mismas fuerzas? ¿Es Saturno devorando a sus hijos por miedo a perder el poder? Lo que está muy claro es que toda está dinámica es muy perjudicial para las poblaciones y los países. Llevamos años asistiendo a una enorme reestructuración del poder que ha conducido a la última crisis, de la que no está nada claro que se esté consiguiendo salir. Nada podemos esperar del capitalismo senil que está dispuesto a las mayores crueldades para mantenerse. Estamos en la cubierta del Titanic plenamente conscientes del hundimiento. La única posición lógica es trabajar para lograr cuanto antes un sistema alternativo. Muy pocas personas con inmenso poder controlan el mundo.
MIREN ETXEZARRETA
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Mikel Casal
Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta –impulsado por los poderes económicos del mundo, con Thatcher y Reagan como valedores políticos, legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas–, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los países “desarrollados”. La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas poblaciones (lo que tampoco es obstáculo a que se intensifique la explotación de los demás pueblos del mundo globalizado).
En el Estado español, como en otros países de la denominada periferia de la UE, estos ataques se están ejerciendo con inusitada virulencia. Toda una serie de elementos conocidos han conducido a altos niveles de endeudamiento de la economía, y sobre todo a una deuda externa difícil de gestionar. Los mercados financieros a los que se recurre, reforzados por instituciones públicas internacionales (FMI, OCDE) y en particular por la propia Unión, imponen exigencias crecientes a las economías deudoras, requiriendo de los gobiernos la realización de políticas que suponen un durísimo ataque a las condiciones de vida y derechos cívicos y sociales.
Las medidas “de ajuste” se suceden sin cesar. La gestión de la crisis fue desacertada y caótica en 2008 y 2009, pero es a partir de 2010 cuendo se intensifica el ataque. En febrero se emprendieron nuevas medidas de austeridad, y a partir de mayo se produjo un giro drástico en la política económica española para adentrarse de lleno en un periodo de severidad: fuerte recorte presupuestario, reforma laboral y reforma de las pensiones, seguidas por otras parecidas de menor entidad en diciembre.
En 2011 se está acentuando esta orientación, a pesar de que el Acuerdo Social y Económico de febrero fue totalmente superfluo. Supuso poco más que reiterar la voluntad de reformar las pensiones y abrir la puerta a la reforma futura de la negociación colectiva, junto a pobres medidas para el empleo y vacías retóricas sobre política industrial, energética y de innovación. Podemos preguntarnos si el objetivo real del acuerdo, compuesto sólo de medidas preexistentes y futuras, no era sólo mostrar el consenso entre Gobierno y fuerzas sociales (con foto incluida) respecto a la política que establecía el primero.
A partir de marzo, la presión viene de instancias más potentes y se acentúa intensamente. A cambio del establecimiento de un fondo de ayuda financiera por si es necesario para rescatar a los países, y a través principalmente del Pacto por el Euro, la UE decreta una serie de medidas de envergadura que los países de la zona euro habrán de cumplir, supuestamente para impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reforzar la estabilidad financiera. Los aumentos salariales habrán de seguir la pauta de la productividad y no actualizarse según el IPC; hay que ahondar en la flexiseguridad –léase precariedad laboral–; eliminar la economía sumergida; disminuir la tributación del trabajo (de los más ricos y las cotizaciones sociales) y aumentar la fiscalidad indirecta (el IVA); “armonizar” la fiscalidad del impuesto de sociedades con un sistema que supondrá la disminución en la tributación de las empresas transnacionales europeas; revisar la estabilidad del gasto público –léase disminuir– especialmente en salud, educación y asistencia social; las jubilaciones habrán de demorarse hasta los 67 años o más tarde según la esperanza de vida; los presupuestos públicos habrán de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 o ser penalizados con multas del 0,2% del PIB (en España unos 20.000 millones de euros anuales); y, además, han de ser revisados por la UE antes de ser presentados a los parlamentos; etcétera, etcétera.
España se da prisa en cumplir: Iberdrola ya ha logrado que sus salarios se negocien en función de la productividad y Telefónica seguirá un complicado sistema mixto (productividad e IPC); la ley sobre la economía sumergida ya se ha emitido por Decreto-Ley; ya estaba aprobada la reforma de las pensiones; los recortes en sanidad, educación, asistencia social, y todo el gasto público son drásticos. Asistimos a la continua implantación de políticas económicas severas y crueles con la mayoría de la población, que deterioran las condiciones de vida en todas sus facetas.
Aún hay aspectos más graves. Uno, que debido a su carácter fuertemente recesivo estas medidas no sirven para resolver la crisis, sino que implican el deterioro de la economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo (Grecia señala la evolución posible). Y segundo, que las medidas negativas para la población no se terminan, sino que seguirán ahondando en este deterioro. La reciente normativa sobre la negociación colectiva, que supone eliminar la fuerza de la misma, es un potente ataque a las condiciones laborales del futuro; además, los grandes empresarios que rigen la orientación de la política económica y sus asesores, el gobernador del Banco de España y la UE, señalan que las medidas de “austeridad” en curso han de completarse. Hasta explicitan que hay que finalizarlas antes de convocar elecciones. Este tipo de medidas no tienen límites, no se acaban nunca. Más y más de lo mismo, insisten.
Su objetivo de fondo no es otro más que, con la excusa de la crisis de la deuda, lograr disminuir de forma permanente el nivel de vida de la población, haciendo retroceder muchos años los derechos adquiridos con largas luchas para conseguir mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita. No van a parar si no les forzamos a ello. Son insaciables.
MIREN ETXEZARRETA
Según un informe publicado en mayo, la economía sumergida supone en España entre un quinto y una cuarte parte del PIB y de cuatro a cinco millones de trabajadores. Por ella, las arcas públicas han dejado de ingresar una media de unos 31.000 millones de euros al año entre 1989 y 2008. Y ha crecido muy intensamente –entre 1980 y 1985 era del 12,5% del PIB– hasta la crisis. Una actividad económica tan considerable deja patente que es una vieja fórmula consentida por las autoridades a pesar de suponer un importante fraude a la Seguridad Social, a los derechos de los trabajadores y, probablemente, también de naturaleza fiscal. Muchas empresas españolas logran con ello sustanciales beneficios y una flexibilidad total en sus relaciones laborales. Algunos aducirán que supone la parte empresarial más cutre, que las empresas respetables no incurren en estas prácticas, pero no se pueden ignorar que en la moderna sociedad capitalista los canales de transmisión son amplios y todas las empresas acaban beneficiándose de precios y salarios más bajos y del ambiente laboral inferior. De hecho son pocas las denuncias de esta fórmula por las empresas legales.
La Unión Europea se ha propuesto ejercer una fuerte presión para que se controle la economía sumergida. Debe de ser por ello que el Gobierno español ha tomado nuevas medidas para regularizarla y someterla –Decreto-Ley del 29 de abril–, aunque ya existían leyes con la misma orientación. Nueva normativa sorprendente, tanto por su carácter de Decreto-Ley que impide el debate sobre la misma, como porque se incluye en ella una insólita disposición dedicada a la “Modificación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual…” que poco tiene que ver con el tema principal.
Pero lo realmente inconcebible es el contenido del Decreto-Ley: en su artículo primero permite la regularización de los trabajadores clandestinos antes del 31 de julio de 2011 sin ningún tipo de penalización, haciendo tabla rasa de todo lo sucedido hasta ahora, aceptando a las empresas de economía sumergida sin ninguna responsabilidad por sus obligaciones anteriores. Si las empresas regularizan sus trabajadores antes de julio se les concede una completa y total amnistía. No queda más remedio que denunciar esta escandalosa amnistía fiscal que se concede a quienes durante años y años han estado delinquiendo estafando al fisco, abusando de los trabajadores y ejerciendo una competencia ilegal con los demás empresarios. El Gobierno español anula toda obligación previa, a decir del Ministro de Trabajo, para “facilitar la emergencia de este tipo de economía”. ¿No será que temen que muchas de tales empresas cerrarán si son penalizadas, o que tales empresarios tienen mucho poder?
Política arbitraria e injusta donde las haya. Injusta con los trabajadores, a quienes no se les reconoce ningún derecho, ni la más mínima compensación por los años que han estado superexplotados, injusta con el erario público e injusta en una intensa competencia desleal con los empresarios que cumplen con sus obligaciones. Y que tiene consecuencias en muchos ámbitos. Por citar algunos de actualidad, ¿cómo incide en el déficit fiscal?, ¿cómo en la productividad?, ¿cómo se computa para evaluar los aumentos de ésta de los que han de depender los salarios?
Pero no es sólo injusta, sino muy poco realista: si se supone que los patronos que tienen que regular trabajadores preferirán hacerlo sin penalizaciones que arriesgar a ser encontrados en fraude y pagarlas después de esta fecha, ¿hay que imaginar que las empresas que, en total, emplean a más de cuatro millones de trabajadores en negro van a regularizarlos en tres meses? Esto si que equivaldría casi a una revolución.
La impresión que produce todo este proceso es que la presión de la UE ha forzado una normativa que, además de ser lo más suave posible con el empresariado, no se tiene voluntad de hacer cumplir. Como se ha ignorado en el pasado, se adopta ahora una muy benigna negligencia con ella, esperando quizá que la UE controle más la formalidad legislativa que su ejecución real, pues está claro, también, que no se pueden esperar ayudas de Europa con este objetivo.
Porque un problema todavía mucho más grave para el Gobierno es que bastantes de los casi cinco millones de parados que existen logran sobrevivir por medio de trampear con trabajos irregulares en la economía sumergida; de hecho, muchos de los parados se mantienen formando parte de la misma. Mucho más teniendo en cuenta que mas de 1.300.000 familias tienen a todos sus miembros en paro, que uno de cada tres parados es un parado de larga duración, que el sector público está poniendo en práctica duros programas de ajuste y que se han eliminado prácticamente las ayudas para los que ya no tenían subsidio. Dado que no parece probable que los empresarios de la economía sumergida estén dispuestos a emerger en masa al mundo legal a pesar de las inmejorables condiciones legales otorgadas, ¿de que van a vivir todas estas familias si hasta el recurso a la economía sumergida se elimina? ¿Qué puede hacer, a qué queda condenada una población sin empleo si se le cierra la espita de último recurso? ¿Se atreverá realmente el Gobierno a disminuir sustancialmente la economía oculta? ¿Qué consecuencias pudiera tener si esto sucediera? ¿Es consciente la UE de lo que propone?
El problema es muy grave y contradictorio. La economía sumergida se tiene que eliminar para lograr una economía más sana, pero las condiciones actuales hacen dramática esta tarea. ¿Podrá la presión de la UE sanear una situación fraudulenta o, con tantos trabajadores parados o sumergidos, podrán más aquellos empresarios firmes en su voluntad de mantener la clandestinidad?
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Iker Ayestaran
MIREN ETXEZARRETA
Los problemas financieros de Grecia continúan y tendrá que recurrir de nuevo a la Unión Europea para resolver sus dificultades. Los 110.000 millones de euros que obtuvo como préstamo hace un año no bastan y se teme que tenga que pedir a la Unión entre 30.000 y 70.000 millones de euros y/o una reducción en los tipos de interés exigidos. Se plantea, incluso, que se haya de proceder a una reestructuración de la deuda (que aunque se quiera camuflar con otros nombres no deja de ser una quita –disminución del importe a percibir como pago–),
y hasta dicen que se ha contemplado que este país abandonase el euro, aunque esta posibilidad ha sido ardientemente rechazada. Es decir, todas las medidas que Grecia se ha visto obligada a tomar no han resuelto su situación financiera y, sin embargo, han empeorado otros muchos de sus problemas: decae la actividad económica y se deterioran las condiciones de los trabajadores (salarios y paro) y sus derechos sociales. Grecia está peor que hace un año. Y la única solución que se les presenta es tomar más de la misma medicina, pues aunque indican que la UE plantea el nuevo rescate con condiciones menos duras, es probable que si proporciona los fondos necesarios imponga otras exigencias.
Es fácil hablar a toro pasado, pero hay que decir que esta evolución era de esperar. Si a un país que tiene graves dificultades económicas se le fuerza a poner en práctica una dura política recesiva, ello no puede llevar a ningún otro lugar más que a empeorar su situación y dificultar todavía más el pago de la deuda. Los ajustes exigidos asfixian la economía: disminuyen los salarios y aumenta el paro, decrece la capacidad de compra de la población y, además, se reduce el gasto público, ¿de donde vendrá la recuperación de la demanda para estimular la actividad? Las exportaciones de este país no son capaces de arrastrar la economía; menos todavía cuando su principal cliente –la UE– adolece de un débil crecimiento de su demanda. Sería muy interesante que los mercados, las instituciones públicas internacionales y sobre todo la UE, al recomendar los ajustes, hiciesen explícito cómo creen que estos pueden resolver el problema de la deuda. Cuesta entender que tras la experiencia de la crisis de la deuda de los ochenta, cuando esta misma política hizo cada vez más difícil que los países deudores (entonces latinoamericanos y africanos principalmente) se liberaran de sus deudas, se fuercen los mismos remedios en la periferia europea.
Porque el caso de Grecia es el ejemplo de lo que puede suceder en los demás países de la UE con problemas. Ni Irlanda, ni Portugal, ni España (aunque esta no ha sido rescatada, por lo menos todavía) podrán resolver sus problemas financieros con estas medidas y, sobre todo, no podrán recuperar su actividad económica ni mejorar su sistema productivo ni, todavía menos, generar empleo. Fiar la recuperación sólo al aumento de las exportaciones es una quimera. ¿Cómo se relanzará, entonces, la actividad económica?
El problema de fondo es que las medidas no van dirigidas a estos propósitos. Las prioridades son otras: una y principal, dedicar recursos al pago de la deuda (o más bien de sus intereses). Los grandes bancos europeos –alemanes, franceses, holandeses y hasta españoles– constituyen los acreedores principales de estos países periféricos y quieren cobrar sus préstamos y a ello se subordinan las otras finalidades posibles y deseables.
Y la segunda, se trata de lograr una recuperación de los beneficios de las grandes empresas, industriales y financieras, aunque sea a un nivel más bajo de actividad económica y mucho más bajo de empleo. No olvidemos que en el capitalismo el objetivo primordial de la economía no es producir ni generar empleo sino proporcionar beneficios. Si estos se obtienen a un nivel más bajo de actividad, no es demasiado grave. El ejemplo de la banca europea, obteniendo beneficios a pesar de todos los problemas, corrobora nuestra hipótesis, y evoluciones de grandes grupos como Telefónica la sustentan. El relanzamiento de la actividad y la recuperación del empleo, si se produce –y hasta los agentes más vinculados al poder económico y político señalan que serán muy, muy lentas–, será a pesar de estas políticas. No sólo Grecia lo muestra, sino que la evolución de España apunta claramente en la misma dirección: con mucha suerte quizá se crezca alguna décima en los dos próximos años, pero hay cinco millones de parados, uno de cada dos jóvenes no tiene empleo, los ingresos de los trabajadores disminuyen y la demanda está totalmente congelada (excepto una ligera mejora en las exportaciones)… pero los bancos y las grandes empresas están recuperando sus beneficios, sus dirigentes mejoran sus ingresos, la presión fiscal disminuye para los más poderosos. El capital está saliendo de su crisis. Una vez más, la estrategia que se presenta como salida de la crisis sigue siendo la de deprimir las condiciones de vida de los trabajadores para recuperar los beneficios. Y el deterioro tiene todas las trazas de no estar asociado a una coyuntura de la que se saldrá rápidamente, sino de ser permanente, estructural.
Con las medidas que se han impuesto con el argumento de la deuda las poblaciones no saldrán de la crisis. Y esto es muy grave. No sólo porque ellas están pagando con un fuerte y permanente deterioro de su situación las consecuencias de los remedios que se nos han prescrito, sino porque la medicina es equivocada y la economía de ninguna manera se va a recuperar con ella. Grecia y España lo demuestran. No vale que dentro de algún tiempo se lamenten como errores de política económica. No son errores, son opciones estratégicas que rescatan los intereses de los poderosos a costa de las clases populares.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Mikel Casal
MIREN ETXEZARRETA
Las autoridades españolas y las de la Unión Europea llevan un periodo de intenso activismo normativo. La crisis sigue rampante en el Estado español pero tampoco está dominada en la eurozona, y ante los problemas del euro, se diría que los dirigentes de la UE se han convencido de que tienen que enfrentarlos, mientras avanzan en lo que denominan la gobernanza de la Unión. Los países más importantes de la eurozona parecen aceptar ambos aspectos pero quieren asegurarse de su orientación, para lo que impulsan múltiples normas. Entre ellas destaca el Pacto de Competitividad de la mano de Merkel y Sarkozy, que intentan guiar la zona en la dirección que les interesa. Esta normativa, matizada y dicen que suavizada por las autoridades comunitarias, se plasma rebautizada como el Pacto por el Euro. Simultáneamente, en el Estado español asistimos a la firma del Acuerdo Económico y Social, que en unos aspectos se anticipa a las medidas del Pacto por el Euro y en otros prepara el territorio para implantarlas. No es este lugar para una descripción de las medidas, ya recogidas en otros ámbitos, pero digamos que en conjunto constituyen una proliferación de normas de complicado seguimiento que dificulta la evaluación de su impacto.
Del Acuerdo puede señalarse que, excepto para el apartado de las pensiones y la concesión de la muy condicionada ayuda de 400 euros a los parados sin subsidio, lo firmado tiene muy poco contenido concreto. En su mayoría el resto consiste en emplazar a los firmantes para acuerdos subsiguientes que serán materia de otros debates y de nuevos acuerdos. Podría decirse que el aspecto principal de este Acuerdo reside en avanzar las orientaciones principales por donde habrán de transcurrir los acuerdos concretos y hacerlos posibles con mayor facilidad, dejando claro el acentuado carácter conservador que han de tomar los mismos. Pero poco más. Dado que la normativa acerca de las pensiones estaba ya planteada desde el Gobierno como inamovible en sus elementos centrales, ¿era necesaria tanta parafernalia y fotografías para añadir modificaciones marginales? ¿Qué ha supuesto la intervención de los agentes sociales en este Acuerdo que no sea la imagen de una aceptación social para el mismo que, sin embargo, parece muy alejada de la que expresa mayoritariamente la opinión pública? Un gran esfuerzo por aderezar el escaparate con muy escasa preocupación por el contenido, eficacia y calidad de la mercancía real.
Más contenido tienen el Pacto por el Euro y otras medidas comunitarias. A pesar de estar también aderezadas por la retórica comunitaria y pretendiendo hacer ver que se respeta la soberanía de cada Estado, las normas comunitarias marcan una dura política económica para el inmediato futuro. Por un lado, hace permanente la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) –que se convertirá en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)–, que es de esperar suavice los ataques de los mercados sobre el euro y en particular para España, lo que es positivo para el país. Pero, por el otro, en contrapartida por esta ayuda potencial, impone duras medidas totalmente contradictorias con las posibilidades de relanzamiento de la economía, que van a dificultar mucho la recuperación de economías como la española y que reducen enormemente la capacidad de los estados para realizar una política económica compensatoria en el ámbito de lo social. La exigencia de un sistema de fijación salarial ligado a la productividad en detrimento de la compensación por el IPC; el control previo de los presupuestos estatales por la Comisión; el endurecimiento de la normativa presupuestaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con multas automáticas a los estados que no cumplan; los intentos (todavía no aprobados) de introducir para la deuda un criterio limitativo, igual que ya existe para el déficit, con la reducción anual en un 1/20 del excedente de deuda que supere el 60% del PIB; la muy peculiar manera de armonizar el impuesto de sociedades que conduce a favorecer a las empresas transnacionales y supondrá disminuciones en la recaudación del mismo para las arcas publicas, y otras muchas normas de orientación similar, no hacen más que limitar los márgenes de maniobra de las políticas públicas estatales, dejando en un segundo plano la cuestión del paro. Estas medidas suponen, desde luego, una mayor integración de la política europea, pero de un carácter que refuerza una Europa a varias velocidades y conduce a nuevas regresiones sociales en los países europeos en dificultades.
Todas estas medidas tendrán un gran impacto negativo en la política económica, ya que no son sustituidas por una política económica europea compensatoria de apoyo a las necesidades de los países. No sólo esto, sino que no existe ni la más mínima voluntad de avanzar en tal dirección, con lo que la política económica de la UE respecto a los países miembros se convierte únicamente en una política de estrecho control con el fin de que los países ejerzan sólo una acentuada política de ajuste que debilita o elimina toda acción pública conducente a mantener los derechos sociales y laborales.
Rodríguez Zapatero ha manifestado no sólo que acepta, sino que está a favor de estas medidas, que ve favorable que haya una exigencia mayor que será compartida porque “nos examinaremos unos a otros y rendiremos cuentas colectivamente”. Y, además, ha declarado también que se tomarán todas las medidas que sean necesarias en esta dirección. Así que todo lo que viene detrás se presenta muy duro.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Jordi Duró
MIREN ETXEZARRETA
Hace meses que se presentan las cajas de ahorros como los entes financieros cuyos problemas son más difíciles de resolver porque, dicen, la peculiar composición de su propiedad y la politización y falta de profesionalización de sus órganos gestores hacen mucho más arduo reunir los fondos necesarios para resolverlos. Pero su delicada situación lastra la evaluación de los mercados del sistema financiero español, por lo que se plantea su restructuración y recapitalización.
Se realiza un diagnóstico que destaca sólo un tipo de problemas y presenta una única vía para su tratamiento. Se prepara a la opinión pública y se llega a la única conclusión posible, por la que ya se había optado: la privatización
Se utiliza la imagen de las cajas como una unidad indivisible. Pero ni todas son iguales ni sus problemas son de la misma urgencia y magnitud. Con el Sistema Institucional de Protección (SIP) algunas cajas están logrando una mejora de su situación. Y hay cajas de ahorros que continúan siendo todavía potentes entidades. “El valor económico de las cajas excede en mucho a los posibles costes de saneamiento y reestructuración de las mismas, y hay que hacerlo visible” (Santiago Carbó, El País, 09-01-2011).
Si todas las cajas no están en la misma situación, ¿por qué no es posible que algunas reestructuren sus deudas y otras se hundan? Si las empresas quiebran, ¿por qué no un ente financiero? ¿Dónde esta el riesgo que dicen justifica los beneficios? Sanear a fondo el sistema financiero podría incluso ser muy útil para mejorar la credibilidad del país ante los mercados.
Las cajas hubieran podido ser tratadas con procedimientos adaptados a cada una de ellas. Asimismo, hubiera merecido la pena explorar, con imaginativas fórmulas económico-jurídicas, una profunda operación de saneamiento y refundación que aprovechara con equidad y eficiencia la infraestructura, experiencia y redes operativas que las cajas ofrecían para establecer una potente banca pública. ¿Por qué esta reticencia a pensar en ello cuando el sistema de las cajas la hubiera facilitado? Por otra parte, en algunas entidades, ¿por qué no se mejora el ratio de core capital mediante la disminución de capital?
Parece, además, que los problemas más urgentes de la cajas no son tanto los de hacer frente a sus acreedores, sino los de cubrir los ratios de core capital y en los plazos que impone el decreto del 18 de febrero, con lo que se sitúa a las cajas en dificilísimas situaciones inmediatas. Es decir, la vacuna puede matar al paciente. ¿Por qué aumentar y anticiparse a las exigencias de Bruselas?
¿La recapitalización exige la privatización? Se aduce siempre que el sector público no tiene fondos y se ha de recurrir al sector privado. Las informaciones sobre el capital necesario son tan dispares –oscilan entre 20.000 y 80.000 millones de euros, aun ignorando las últimas cifras del Servicio de Estudios del BBVA, que lo evalúa entre 13.000 y 17.000 millones solamente– que es difícil pronunciarse. Pero la Confederación Española de Cajas de Ahorros –cierto que no es neutral– señala que con las fórmulas de la actual ley y los recursos del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria (FROB) sería suficiente para efectuar la recapitalización necesaria.
El Gobierno, que no ha escatimado acudir al rescate de los bancos
–casi 20.000 millones de euros con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), la posibilidad de recurrir al FROB hasta 99.000 millones y la provisión de amplios avales– y se ha responsabilizado de facto de su deuda privada externa, ¿por qué considera que contribuir a recapitalizar directamente las cajas no es una opción? Con una estrategia más individualizada, escalada y serena, ¿seguro que el sector público no puede disponer de los fondos necesarios?
¿Existen algunas razones no publicitadas para forzar ahora la privatización? La banca alemana tiene riesgos muy elevados en las cajas españolas. ¿No serán tales intereses los que refuerzan este preciso modelo y tempo de saneamiento?
Parece difícil que las cajas convenzan a los inversores privados para que les presten dinero. Con los mercados de crédito actuales, no se pueden ignorar las consecuencias para la disponibilidad y el precio de capitales si las cajas y los bancos salen al mercado para recapitalizarse al mismo tiempo. Asimismo, parece que el capital privado no tiene prisa en tomar posiciones como accionista respecto a las cajas, sino que espera a que el FROB las sanee para comprarlas después. Es probable que sean los fondos públicos los que las rescaten para pasarlas después a precios muy favorables al capital privado A no ser que se pretenda que los ya en alerta fondos de capital riesgo –¿son los inversores más convenientes?– compren algunas cajas a precios de saldo para adelgazarlas brutalmente y revenderlas después. ¿Es este el futuro que se desea para la mitad del sistema financiero español?
Está claro que no se tiene interés en ninguna otra vía que no sea la privatización. El sistema financiero español se hubiera beneficiado mucho de un saneamiento y refundación de las cajas bajo una estructura pública en lugar de ofrecer toda su experiencia histórica, sus recursos y el patrimonio acumulado al sector privado, que logra disminuir la competencia y obtener estimulantes perspectivas de negocios futuros a buen precio. Una operación redonda para la banca.
Para entender qué pasa con las cajas se ha de invertir la percepción del proceso: la privatización no es la solución del problema, sino un objetivo deseado desde hace tiempo que se va a lograr presentando el tema de las cajas de una forma determinada y planteando una única solución. De nuevo, una verdad a medias –las cajas tienen problemas– se utiliza para una solución a la medida de los poderes fácticos: la privatización. Quizá en algún momento en el futuro se podrán exigir responsabilidades por estos planteamientos.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Alberto Aragón
