NICOLE THIBON
Estando justamente en su nivel más bajo y azotada por una crisis moral desconocida desde la época de los Borgia, la Iglesia del papa Ratzinger programa la beatificación expeditiva de su predecesor, Juan Pablo II. Anunciada el 14 de enero y prevista para mañana, el procedimiento puesto en marcha ha sido un desafío a la lenta majestuosidad con que esta institución reacciona ante los cambios y toma decisiones, por lo general a contracorriente con respecto a las necesidades de la época. Notificada en diciembre de 2009, cuando Benedicto XVI había dado el primer paso reconociendo las “virtudes heroicas” de su predecesor, esta beatificación seis años después de la muerte del interesado es un estreno absoluto en la historia del catolicismo. La decisión fue vista en su momento como un modo de minimizar el impacto de la beatificación de Pío XII, proceso abierto en octubre de 1967 y frenado por las controversias acerca de su actitud ante el Holocausto (aunque reanimado por Ratzinger desde los comienzos de su pontificado, en 2005). La beatificación de un papa tan popular como Juan Pablo II bien podía facilitar la de otro con un pasado tan sulfuroso.
Una beatificación exige un milagro, y ¡oh milagro!, un milagro fue convalidado, también a la carrera y pasando por alto más de una reticencia. Este milagro es la historia de la hermana Marie Simon-Pierre, nacida en 1961 en el norte de Francia, religiosa mística francesa, miembro de la Congregación de las Hermanitas de las Maternidades Católicas. Marie se habría curado del Parkinson, la misma enfermedad que padeció Juan Pablo II al final de su vida. Diagnosticada en 2001, la enfermedad le impidió progresivamente escribir y trabajar, y sin embargo siguió activa como enfermera en una maternidad. La hermana no duda: el papa Juan Pablo II, elegido cuando ella sólo contaba 17 años y a quien le había estrechado la mano en Roma en 1984, jugó un papel esencial en su curación.
Esta curación, “mediante la intercesión de Juan Pablo II”, había sido cuestionada por uno de los tres médicos especialistas de la de la propia Comisión Médica Internacional de la Santa Sede. Al cabo de un año y seis días de estudios e investigaciones, el 23 de marzo de 2010, los expertos, cuyos nombres no han sido difundidos por la Iglesia, llegaron no obstante a la conclusión de una “cura inexplicada por la ciencia”, condición sine qua non para una beatificación. Marie habría sido “curada” por la “intercesión” del papa polaco después de su muerte en abril de 2005. El retraso justificado en función de los estudios de los expertos científicos permitió, en todo caso, poner punto final a los rumores según los cuales la beatificación de Juan Pablo II se estaba retrasando a causa de su mala gestión de la crisis de los curas pedófilos. Además, habría sido una gran injusticia no beatificar a Juan Pablo II, quien durante su papado había canonizado a 482 personas y beatificado a 1.338.
Sin embargo, esta beatificación acelerada no satisface a todos por igual, ni en particular a todos los católicos. En diarios tan poco extremistas como Le Monde y La Croix, o en revistas católicas como Golias, las reservas salieron a flote. Allí se recuerda que Juan Pablo II se había rodeado de hombres tan discutibles como Maciel; que había apoyado a sectas como la de los Legionarios de Cristo o la del Opus Dei; que bajo su pontificado se frenaron Vaticano II y los progresos conciliares; que su Iglesia había combatido con ahínco la teología de la liberación; que cierto número de teólogos, como Hans Küng o Schillebeeckx, fueron apartados; que esta Iglesia se acercó a su ala de extrema derecha e impide a cierto número de sacerdotes abandonar el ministerio; que en África, su prohibición sin remisión del uso del preservativo ha condenado al sida a miles de jóvenes africanos.
Y es más. Buena parte de los católicos no comprende la necesidad ni la urgencia de la complicidad en cubrir con un blanco manto de silencio la pedofilia de los curas y obispos varios. Reclaman una condena real del doble rasero que manchó la Iglesia de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, dado que el cardinal Ratzinger, quien durante 20 años estuvo a la cabeza de la Congregación por la Doctrina de la Fe, debía supuestamente centralizar todos los casos de pedofilia desde principios de 2000.
Puede que, a causa de nuestra incapacidad de asimilar el mal, se diga siempre “pedofilia”, hablando de la Iglesia, abarcando con ese término científico y aséptico una realidad en primer término moral. La pedofilia de los curas ha matado a “personas” en formación, “almas”, término abundantemente usado- a condición de que se sepa qué cubre; ha desviado el sentido moral de niños a los que se les enseñó que los actos nada tienen que ver con las palabras, a quienes se les ha hecho sentir que no eran sino instrumentos al servicio de los deseos ajenos; se les ha enseñado a esconder los crímenes cometidos con ellos acerca de los que no podían hablar; se les ha hecho comprender que el sexo puede ser el ejercicio de un poder glacial, carente de todo sentimiento y causa de la degradación del prójimo; que los adultos pueden ser dobles y que es difícil distinguir al pastor del lobo. En todos los casos, se ha introducido un trauma grave en la relación normal de confianza con sus padres. Y más
preocupante por parte de los mensajeros de la fe: se les ha mostrado que el dios al que se les pide que adoren permite a sus ministros cometer tales agresiones en su nombre. El más obtuso de los ateos no puede ser insensible al malestar inducido en la relación del ser creyente con lo trascendente.
¿Será verdad, entonces, que desde los principios del cristianismo toda beatificación funciona no para la edificación de las masas sino para la sumisión a una autoridad no divina, sino terrena?
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Diego Mir
NICOLE THIBON
He visto a diario a miles de mujeres desempeñar todos los papeles: corean eslóganes, se ocupan de la organización, atienden a los heridos y movilizan a la gente”. Esta afirmación de la escritora egipcia Marwa Elnaggar parece sorprendernos todavía. Sin embargo, la fuerza de las mujeres es la misma en todas partes, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el islam como en otros ámbitos. Son las condiciones que se les imponen las que a menudo ocultan su papel fundamental en las sociedades y en su devenir histórico.
¿Hace falta recordar el papel de Djamila Bouhireb, el de Djamila Boupacha o el de tantas otras mártires en la guerra de la independencia de Argelia? ¿O la importancia de Wassila Tamzali, veterana en la lucha por la igualdad de las mujeres, directora del programa de la Unesco Para la Promoción de la Condición de las Mujeres del Mediterráneo y condecorada con el Lifetime Achievement Award por su lucha contra la esclavitud y la explotación sexual? ¿O a la que es probablemente la decana de nuestras heroínas, la egipcia Nawal al Sadawi, luchadora incansable por la emancipación de la mujer en el islam, por el derecho al aborto, contra la ablación y contra los abusos sexuales a los niños? ¿Y la afgana Shukria Haidar, que lucha desde hace 30 años para que “no se olvide allí la suerte de las mujeres” y que en su país, bajo el peso de los talibanes, crea escuelas clandestinas, 26 de ellas en Kabul? ¿O la sirio americana Wafa Sultan, la asiática Irshad Manji, nacida en Uganda, la turca alemana Seyran Ates, y la turca Necla Kelek, todas ellas desterradas de sus países de origen, culpables de haberse tomado en serio nuestros principios democráticos?
La ola de rebeliones que inunda casi todos los países del islam, nacida de la urgencia de reformas democráticas –como la libertad de palabra, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la tiranía, la injusticia y la corrupción–, pone de relieve una vez más el papel de la mujer en la lucha por el progreso de todos.
Allí estaban, en el Túnez precursor del movimiento, en la plaza Tahrir y en la avenida Bourghiba, y eran decenas de miles. “Las mujeres han desempeñado un papel crucial”, declaraban las comisarias europeas Ashton y Reding, “y habrán de ser tenidas en cuenta en los cambios institucionales que se avecinan”. “Sus derechos deben ser puestos en la primera fila de las prioridades”. El blog de Lina Ben Mhenni,
Tunisian Girl, por citar sólo uno, jugó un papel preponderante.
En Egipto, Ghada Shahbandar, militante de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, señala: “Uno de cada cinco manifestantes era mujer”. Fue Asmaa Mahfouz, de 26 años, quien organizó las primeras manifestaciones: “Estaré en la Plaza Tahir el 25 de enero. Decid a vuestros amigos que se lo digan a sus amigos”. Desde su videoblog había llamado a manifestarse ese día y los siguientes. Otras blogueras, como Mona Seif o Gigi Ibrahim, asumieron riesgos para dar testimonio en internet y en las televisiones extranjeras.
En Libia, según le cuenta Naeima Febril, juez en la corte de apelaciones de Bengasi, a Maite
Darnault, periodista de Rue89, “fueron las mujeres las primeras en desafiar la prohibición de manifestarse. El 15 de febrero, las madres de miles de prisioneros muertos en la cárcel se presentaron ante el tribunal de Bengasi con los retratos de sus hijos, porque Fethi Tril, uno de los abogados defensores, había sido arrestado la víspera… Algunas mujeres regresaron a sus casas durante las refriegas, pero siempre participaron en las manifestaciones. Diez días después, allí seguían”. En Bengasi, las mujeres tienen reservado un espacio en las manifestaciones de apoyo a la revolución del 17 de febrero. Presentes en las manifestaciones populares, también lo están en la organización de la disidencia. Una de ellas, cuya identidad se mantiene en secreto, forma parte del Consejo Nacional de Transición libio. Otras tres, entre las que se cuenta la letrada Salwa Bougaghis, forman parte del nuevo consejo municipal de dicha ciudad.
En Yemen, ¿quién habría dicho que una niñita de 10 años se rebelaría abiertamente contra su matrimonio forzado con un hombre que triplicaba su edad, y pediría y conseguiría su divorcio? Sostenida por la doctora Nafissa Al-Jaifi, presidenta del Consejo Supremo de la Mujer y la Infancia, esta lucha y esta conquista han sacudido profundamente la enquistada sociedad yemení, y hay quienes ven en ello un primer ataque contra los abusos de poder y del islam en ese país. La militante Tawakoul Karman espera que la revolución derribe no sólo el régimen sino también los arcaísmos. Y en el conflicto naciente en Arabia Saudí, las mujeres parecen movilizarse más que los hombres.
Es de esperar que las revoluciones que triunfen no las olviden a la hora de instaurar los nuevos poderes y de redactar las nuevas constituciones. Como contraejemplo, en Túnez, donde las mujeres además de rebeldes son las más educadas, el Gobierno de transición acaba de decidir la paridad para las elecciones de la Asamblea Constituyente con listas cremallera, las que alternan los candidatos de ambos sexos. Sin embargo, el caso de Argelia ha sido, en este sentido, paradigma de lo peor. Pese al papel de la mujer en la resistencia contra la colonización o en las fases de la construcción nacional, el Código de la Familia de inspiración
integrista adoptado en 1984 por la Asamblea Popular Nacional reduce, pese a haber sido enmendado en 2005, a la mujer argelina a un estatus de los más degradantes, casi propio de una menor, en particular en cuestiones de matrimonio, divorcio, sucesión o tutela de los hijos, y crea, de hecho, una suerte de estatus de subciudadana. Cuarenta y nueve años después de la independencia de Argelia, las hijas de los combatientes están todavía reclamando parcelas de igualdad.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Miguel Ordóñez
NICOLE THIBON
El pueblo había desaparecido. Filósofos, políticos, analistas: en Occidente todos concordaban en el aburguesamiento de las clases trabajadoras, aunque sólo fuera por los gloriosos años del Estado del bie-
nestar propio de nuestras sociedades desarrolladas. En cuanto a los países en vías de desarrollo, estaba claro que, sometidos como lo estaban a dictaduras férreas nutridas por Occidente, su estancamiento casi catatónico era la garantía de un orden mundial muy conveniente.
Dos acontecimientos quebraron nuestras sólidas convicciones. Primero, el despertar auténtico de tres pueblos árabes que lograron el asombroso resultado de echar a un par de dictadores con sus cómplices, de arrinconar a un tirano loco, de aterrorizar a unos cuantos más y de minar las bases de regímenes corrompidos exigiendo elecciones libres en nombre de la democracia. Un pueblo enfurecido pero no violento, acuciado por la miseria y la sed de libertad, en cuya lucha se fundían las diferencias de clase y de religión. La historia de Túnez, de Egipto y de Libia no ha terminado; pero ha comenzado bien.
En la democracia, en cambio, parecía inútil buscar al pueblo y esperar que se expresase: para eso tenía representantes, unos partidos convertidos, según Juan I. Macua, en agencias de colocación, una casta dirigente elegida –es verdad– y pagada en principio para hablar en su nombre. Con eso, la acción democrática parecía reducida al proceso electoral. Toda búsqueda inquieta o sentimental del colectivo que se agrupaba bajo ese nombre terminaba en la noche de los tiempos: 1789, la Comuna de París, Garibaldi, Steinbeck, las grandes huelgas… Y sin embargo, según un sondeo hecho por la revista Philosophie, frente a lo que ya se llama en democracia “la crisis de la representación”, el 66% de los franceses se declara favorable a que ciudadanos “por sorteo”, como en Atenas, compongan comités populares para controlar la acción de los elegidos locales. Y que una ley sea revisada automáticamente si una manifestación de un millón de personas lo pide.
Y entonces, pese al casi boicot o desinterés de la información, nos llega una noticia de Islandia: en 2008, en plena crisis financiera, el pueblo, los ciudadanos, bajaron a la calle. Mucho se ha razonado sobre la crisis, así como sobre la actitud desvergonzada de las organizaciones financieras nacionales e internacionales que se hicieron con el mango y con la sartén, como dijo Iñaki Gabilondo, y se llega siempre a la misma constatación: los que han de pagar la nota no son los culpables. Son la gente.
En Islandia, isla de 317.000 habitantes, con el Parlamento
(Althing) más viejo del mundo (año 930), el pueblo ha decidido no pagar. Todos los bancos islandeses se habían portado muy mal. En particular Landsbanki, cuya filial Icesave, con tasas de interés de hasta el 6%, había atraído en cinco meses 10.000 millones de dólares ingresados por 300.000 británicos y buen número de holandeses, depósitos no cubiertos por el fondo islandés de garantía. Este pueblo de pescadores pronto se vio a merced de los banqueros de negocios, de una banca central y un Gobierno ebrio de éxito financiero. Islandia fue el primer país en sucumbir a la crisis financiera. En pocos días, sus tres bancos principales, Kaupthing, Landsbanki y Glitnir, mordieron el polvo.
Cuando tuvo lugar la previsible quiebra de Icesave, Londres y La Haya se a apresuraron a reembolsar a sus ciudadanos, arrojando con ello un tupido velo sobre la nulidad total de sus autoridades de control. Luego, ambos países pasaron la factura a Reykjavik: 4.000 millones de euros (2.700 los británicos y 1.300 los holandeses), a 15 años y un interés del 5,5%. Al principio, el Parlamento islandés nacionalizó los tres bancos, cosa que provocó la huida de sus directivos y, temeroso de ver denegado su acceso a la Unión Europea, promulgó una ley sobre el reembolso. Constatando que la suma exigida significaría el pago de 100 euros mensuales durante ocho años para cada uno de los habitantes de la isla, un vasto movimiento de opinión y manifestaciones obligaron al presidente islandés a rehusar la ratificación de la ley y someterla a un referéndum, cuyo resultado fue una sorpresa: el 93% de los islandeses votaron contra el reembolso. Desde entonces, el problema está en suspenso.
Pese a la nueva oferta de reembolso de la deuda con el 3% de interés y pagos aplazados hasta 2046, aceptada esta vez por el primer ministro islandés, Reino Unido y Holanda sólo pueden esperar un rechazo masivo. “Los ciudadanos de Islandia serán llamados a las urnas para votar este nuevo acuerdo con los Gobiernos británico y holandés”, declaró el presidente Olafur Grímsson, que en marzo de 2010 se alegró del rechazo masivo al plan anterior, al que él también se opuso.
Este procedimiento debería dar que pensar tanto a los dirigentes como a los expertos en democracia. Al mismo tiempo, los islandeses decidieron cambiar la Constitución. Desde mediados de febrero, 35 ciudadanos electos al margen de todos los partidos trabajan sobre un nuevo texto, basado en la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la clara separación entre poderes ejecutivo y legislativo. Deben entregar el texto antes del próximo verano.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Gallardo
NICOLE THIBON
Cuando no se tienen ideas verdaderas para salir de la crisis actual –económica y de civilización– , se hurga en el pasado con la garantía de caer en los mismos errores. Es así que en toda Europa se constata un resurgimiento del nacionalismo. Primero económico, luego, ideológico.
En Alemania se ha lanzado una campaña nacionalista para liberar a la mayor economía del continente de sus compromisos con Europa. En “Salvemos nuestro dinero”, el ex director de los industriales, Hans-Olaf Henkel, pide una separación de la zona euro, con Europa septentrional (Alemania, Países Bajos y Austria) de un lado y los países meridionales como España, Italia y Francia, del otro. Es la Europa a dos velocidades, preconizada entre otros por Thilo Sarrazin, el líder racista de los socialdemócratas. En Italia, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Hungría, partidos políticos de ultraderecha y racistas forman parte ya del Gobierno o juegan un papel mayor en la orientación política general del país. En Francia, Sarkozy ha brillado con sus vastas campañas de expulsión de extranjeros, legales o ilegales.
En su Historia de Europa, Tony Judt recuerda que los fundadores de la Unión Europea eran esencialmente políticos que habían conocido y recordaban perfectamente las carnicerías de las dos guerras mundiales y pensaban que un sistema europeo de Estado del bienes-
tar debía sin dudas conjurar el despertar de la bestia. Después de la II Guerra Mundial, estos hombres salidos de la Resistencia, por lo general socialistas y democristianos, habían decidido ocuparse del bienestar de las vastas masas de ciudadanos del continente y crear condiciones favorables para la economía europea, a la vez que impedir todo regreso al tipo de nacionalismo que había hundido a Europa en la guerra. El Estado-nación parecía haberse descalificado y en su lugar se consolidaba un proyecto de unión en un espacio común, por encima de las naciones y sus rivalidades seculares.
Parece que esos pilares del orden democrático de posguerra se hallan seriamente quebrados y que el interés nacional pasa por delante del interés real de enteras clases sociales. Recordamos como ejemplo gráfico que, en todo el mundo, se crean nuevas fronteras: se han trazado 27.000 km de fronteras físicas desde 1991; otros 10.000 km de muros, barreras y vallas sofisticadas están programados para los años venideros. Y las tensiones se multiplican: entre 2008 y 2010 se contabilizan 26 casos de grandes conflictos fronterizos.
En la Unión Europea, el interrogante sobre la identidad nacional aflora como una enfermedad, tanto en Francia como en numerosos países. El primer ministro húngaro,
Viktor Orban, que ostenta la Presidencia semestral de la UE, cuestiona en su país la mayor parte de los principios de la Unión Europea. Nacionalista furioso, reclama nada menos que el sur de Eslovaquia, el oeste de Transilvania, el norte de Serbia y las partes menores de Croacia, Eslovenia y Austria pobladas por magiares. Con Bulgaria, es el país que trata a sus gitanos con el mayor ostracismo. En contradicción con la Carta europea de derechos fundamentales (art. 11), una nueva ley permite sancionar a los medios que publiquen contenidos faltos de “objetividad política”. Si esta ley hubiera sido votada y promulgada hace pocos años, habría impedido el acceso de Hungría a la Unión Europea, pero con 19 países sobre 27 gobernados por conservadores y liberales, Orban tiene poco que temer. Para meter la mano en la caja de pensiones privadas suscrita por tres millones de personas, el Parlamento húngaro ha amordazado la Corte Constitucional, que no podrá, a partir de ahora, ocuparse sino de cuestiones fiscales y de propiedad. ¡Mejor que Berlusconi! “¿Puede un país así dirigir Europa?”, se pregunta el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn.
La otra vertiente del nuevo nacionalismo europeo la ilustra paradójicamente Régis Debray en su último libro, Elogio de las fronteras. Este intelectual brillante agita el fantasma de un mundo sin fronteras y sostiene que estas son indispensables para proteger la singularidad de un pueblo. Colador, filtro, capa aislante, en cualquier caso la frontera vendría a ser una protección de la identidad singular de un pueblo. Para Debray, es “la globalización lo que provoca la construcción de muros electrizados y videovigilados contra las amenazas sentidas como neurálgicas por ser inaferrables”. A la vez que “la economía se globaliza, la política se provincializa”. De modo que
–se burla el filósofo– ,“una idea boba encanta a Occidente: la humanidad, que va mal, iría mejor sin fronteras… Es así que todo lo que actúa en la calle –reporteros, médicos, jugadores de fútbol, banqueros, payasos, entrenadores, abogados de negocios o veterinarios– enarbola la etiqueta “sin fronteras”. “¿Qué es el sinfronterismo? Es un ‘economismo’ que ‘disfraza a una multinacional de fraternidad’”. La tesis es lo bastante provocadora como para compararla ya con el nacionalismo del ultra-conservador antisemita Maurice Barrès, por compartir la obsesión de las fronteras; una tesis en la que el musulmán ocupa el lugar del judío, aportando agua al molino de la extrema derecha francesa.
Por cierto, no está de moda citar a Trotski; no obstante, “la tarea está por encima de la fuerza de la burguesía europea, totalmente corroída por sus contradicciones”, escribía este a propósito del proyecto de crear los Estados Unidos de Europa.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Enric Jardí
NICOLE THIBON
El 14 de julio, un barco fletado por Libia con ayuda humanitaria para la franja de Gaza atracó en el puerto egipcio de El Arish, después de que ocho buques de guerra israelíes lo hubieran rodeado previamente y, bajo amenaza de utilizar la fuerza, le impidieran continuar su travesía hacia el territorio palestino ocupado para descargar unas
2.000 toneladas de alimentos y medicinas. El 31 de mayo pasado, comandos armados israelíes interceptaron una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que trataba de romper el bloqueo israelí, en una operación en la que dieron muerte a nueve activistas turcos. “Descubrimos que hubo errores profesionales”, dijo el general Giora Eiland. Por otra parte, “volveremos”, dicen los activistas turcos, mientras varias tentativas –de Naciones Unidas, Irán, Libia, Catalunya y otras– se ponen en marcha con la intención de forzar el bloqueo israelí.
Sobre el bloqueo, son muchos los errores, mentiras y omisiones que circulan. “Nunca vi un Ejército tan democrático que se plantee tantas cuestiones morales”, escribe Bernard-Henry Lévy. Opinión tan firme no impide examinar los hechos.
La estrecha banda de Gaza, con un total de unos 370 kilómetros cuadrados, contiene 1,6 millones de habitantes y está sometida a un estricto bloqueo desde junio de 2007 –cuando Hamás llegó al poder– con el fin de debilitar el movimiento islamista responsable de disparar cohetes sobre su territorio. El 18 de mayo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió que se pusiera fin al bloqueo. Para Ban Ki-moon, el embargo israelí “no es sostenible”.
El último informe de la Comisión Europea sobre la banda de Gaza puntualiza lo que para Netanyahu no tiene otro objetivo que el defensivo y militar. Según este informe, todos los sectores económicos y sociales están afectados. En 2009, el paro representaba el 38,6% de la población activa, lo que situó a Gaza en el número 188 del rango mundial en este rubro. Un 70% de la población vive por debajo del límite de pobreza, y la Oficina de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estima en 300.000 el número de refugiados que viven en la pobreza más extrema, o sea, tres veces más que en 2007.
Para la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), más de un 60% de familias viven en estado de inseguridad alimenticia, y un 90% de la población depende de la ayuda de las agencias de la ONU. En febrero de 2009, había que recaudar urgentemente 479 millones de euros para que la población de Gaza no muriera de hambre. Sin embargo, la agricultura era uno de sus recursos no sólo para la alimentación local sino para la exportación. Sin las restricciones impuestas al transporte de mercancías, millones de toneladas de frutas y flores se podrían vender en el extranjero como en los años anteriores al bloqueo. Pero hoy un 46% de las tierras cultivables son inaccesibles y los agricultores ya no representan sino el 7,4% de la población –frente el 12,7% de 2007–. A causa de la limitación de las importaciones de ganado, de material de riego y de abonos, el sector agrícola está en estado catastrófico. Y así como las zonas cultivables, igualmente las zonas costeras se han reducido y la pesca ha menguado en un 47% en 2008 y 2009.
El sector industrial no sufre menos: el 95% de las 3.750 fábricas han cerrado o han sido destruidas, mandando al paro al 94% de sus obreros. Hay pérdidas en todos los sectores y, en particular, en la industria alimenticia (37,1 millones de dólares), la construcción, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. Según un informe del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), tres cuartos de las infraestructuras destruidas o dañadas por la operación militar Plomo fundido de diciembre de 2008 en la banda de Gaza no están reparadas, mientras que un 82,5% de las escuelas está en ruinas, como la mayor parte de carreteras y puentes. “Las restricciones en la importación de cemento hacen imposible reconstruir 12.000 casas dañadas o destruidas” en dicha operación.
Por razones de seguridad, Israel rehúsa publicar la lista de artículos autorizados o prohibidos, que fluctúan según el momento. Según el periódico israelí Haaretz, 40 productos estarían hoy autorizados (80, según la BBC), eran 4.000 antes del bloqueo. La interdicción afecta evidentemente todo lo que pueda servir para fabricar explosivos y cohetes. Pero también los “productos de lujo” como el cilantro, el chocolate y el café soluble, “que no serían consumidos por el público sino solamente por los dirigentes de Hamás ricos y corrompidos”, explicaba hace poco un comandante del Ejército israelí. “No hay crisis humanitaria en Gaza”, afirmaba recientemente Daniel Carmon, embajador adjunto de Israel ante Naciones Unidas. ¿Es una opinión o un hecho?
“Desde un punto de vista moral y humanitario, es inconcebible castigar a la población civil de Gaza por querer penalizar a sus dirigentes. Pero Gaza no es un problema humanitario, es un problema político” sostiene Robert Malley, ex consejero de Bill Clinton y actual director para el programa sobre Oriente Próximo del International Crisis Group. “La política llevada a cabo hasta hoy está en punto muerto… Es el resultado de la actitud de varios actores, inclusive Estados Unidos, Europa y países árabes. ¡El fracaso moral, humanitario y político en el tratamiento de la cuestión de Gaza debería ser tema para una comisión investigadora!”.
Más que una opinión, esto es una propuesta. ¿Constructiva?
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Jordi Duró
NICOLE THIBON
Otra vez hay que denunciar crímenes contra las mujeres o, mejor dicho, contra la humanidad. Las verdaderas feministas ya no le encontramos ningún gusto a la victimización, aunque quede mucho por hacer para alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria, equilibrada y democrática.
Sin embargo, existe otro mundo y no tenemos derecho a olvidarlo.
Así, Hassi Messaoud es una región del sur de Argelia bendecida por un Dios que, en lugar de verdes oasis y camellos, le regaló una capa de 2.000 km² de petróleo de primera calidad, o sea, por lo menos 9.000 millones de barriles de petróleo y 5.000 millones de m³ de gas. Cantidades suficientes como para garantizar la supervivencia de muchos regímenes y, en este caso, el de Argelia que, en efecto, cubre así el 95% de las exportaciones del país.
Con su sol aplastante, la arena ardiente, el humo de los pozos, los detritus de toda categoría, Hassi Messaoud no es el paraíso en la tierra, sino más bien una pesadilla en vida, pero ofrece sueldos muy superiores a los 150 euros de salario medio del país. Eso vale también para los miles de trabajadores extranjeros que dividen el año entre Argelia y su país. Hay que precisar que los accesos a la zona de extracción, con su ciudad-dormitorio prevista para 45.000 personas y sus kilómetros de instalaciones petrolíferas, están perfectamente controlados: alambres, patrullas armadas, video-control, muros altos con púas, extranjeros escoltados por el Ejército. Tanto las empresas mixtas como la Sonatrach o la British Petroleum han tomado precauciones contra cualquier intrusión criminal. Salvo en lo que concierne a la protección de las mujeres.
Hay que comprenderlo: las multinacionales no podían prever que, en esta ciudad del sur, mujeres solas que llegaron en busca de trabajo iban a ser atacadas en su casa, golpeadas, violadas, robadas, en ocasiones quemadas y amenazadas de muerte si hablaban de los hechos: mujeres solteras, obreras o empleadas con contrato, originarias del norte de país, que llegaron para trabajar en esa zona de alta seguridad. Eso ocurrió en abril de este año. Pero no se puede decir que los dueños de este tinglado no estuvieran advertidos de que la historia se repite: el 13 de julio de 2001, varios centenares de hombres fanatizados por el imán integrista y al grito de Allahu Akbar (Alá es el más grande) y Jihad, lincharon, torturaron, violaron y dejaron muertas a varias decenas de mujeres sin intervención de la omnipresente Policía, tal como lo cuentan Rahmouna Salah y Fatiha Maamoura, dos supervivientes de esta salvajada.
El escenario es siempre el mismo. Una docena de hombres enmascarados y con armas blancas entran en las casas de noche derrumbando las puertas, roban todo lo que encuentran y hacen lo que quieren con las mujeres. Cuando las víctimas se dirigen a la comisaría local, la única ayuda que reciben consiste en aconsejarles volver a su casa. En su libro Dejadas por muertas, Rahmouna Salah contó cómo había llegado a Hassi Messaoud: primera boda forzada seguida de un hijo y un divorcio, segunda boda con un tipo violento, dos hijas y un divorcio. Sin ningún medio de vida y sin alojamiento, encontró ahí un trabajo pagado normalmente que le permitía sostener a su familia y ayudar a una prima. “Lo más duro no es la impunidad, sino la actitud del Estado, que no nos ha escuchado ni ayudado… En Argelia, la mujer es de segunda categoría”. “El Gobierno se niega a defender a las mujeres”, dice la actriz Nadia Kaci a Le Monde. Estos actos son la consecuencia directa del Código de la familia de 1984. Adoptado por la Asamblea Popular en 1984 por el FLN, partido único, este texto de inspiración integrista reduce a la mujer al rango de una menor de edad, a una infrahumanidad jurídica, en materia de matrimonio, divorcio, herencia y tutela de los hijos. Aun bajo el texto atenuado de 2005, la argelina está sometida a la tutela del marido y de la familia. La legislación argelina no prevé ninguna medida especial en materia de violencia conyugal, asimilada a la violencia de gamberros. Las tradiciones arcaicas otorgan al marido el derecho de vida y muerte sobre su mujer, más todavía cuando se trata de ambientes pobres donde reina el analfabetismo. Nada esta previsto para las viudas de las víctimas del terrorismo, y tampoco para las madres o esposas de desaparecidos. Pero “la pobreza no es la única motivación de esta migración hacia el Eldorado del sur. Tiene mucho que ver con la dureza de la condición de la mujer. En Argelia, cuando una mujer es golpeada en la calle, nadie le hace caso, porque debe haberlo hecho su marido, su padre o su hermano, ¡que tienen derecho!”, denuncia la actriz.
Ante la cobardía de las multinacionales petroleras, estas mujeres confían más en la mediatización y las presiones internacionales sobre Argelia. Mientras tanto, el sitio de Hassi Messaoud es una de estas zonas del planeta al margen de cualquier ley, un zona de no-derecho, únicamente sometida a la ley del provecho.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Juan Ossorio
NICOLE THIBON
En la mañana del pasado lunes 29 de marzo, en plena hora punta, explotaron dos bombas en el metro de Moscú, una en la estación Park Kulturi, antes conocida como Gorki Park, y la otra en la estación Lubianka, zona de siniestra memoria y patrullada con intensidad por la policía. Los dos atentados suicidas sumaron 40 muertos y 121 heridos, y la responsabilidad de ambos ha sido reivindicada.
El primer ministro Vladímir Putin reaccionó rápidamente y con encomiable energía: pidió a las fuerzas de seguridad del país que “limpiaran las cloacas” en busca de los responsables del doble atentado. Hay que “extraerlos, a la luz de Dios, del fondo de las canalizaciones. Es una cuestión de honor”. Y precisó: “Quienes preparan la sopa o lavan la ropa” de los que ponen bombas deberán responder igualmente del crimen. El presidente Medvédev, en lugar de recurrir a adjetivos grandilocuentes, decidió visitar por sorpresa Daguestán, en donde otros dos atentados suicidas habían tenido lugar poco después.
Sin embargo, no es la primera vez que el blanco es el espléndido metro de Moscú. En febrero de 2004 tuvieron lugar atentados similares en los que 34 personas hallaron la muerte en un tren que se acercaba a la estación Paletevskaia. Seis meses después, un kamikaze se hizo estallar en el exterior del metro moscovita, dejando diez muertos.
Al margen de la situación en Chechenia, y cualesquiera que sean las opiniones de los ciudadanos rusos sobre las contundentes reivindicaciones de los independentistas caucásicos, muchos rusos comienzan a pensar que la falta de seguridad podría tener su origen en los Servicios de Seguridad mismos.
Mediocre espía del KGB, los servicios secretos de la época, y tras años de desempleo, Putin entra en la alcaldía de San Petersburgo. En 1998, ya bajo el Gobierno de Boris Yeltsin, llega a dirigir el FSB, sucesor del KGB, y de allí pasa a conseguir el rango de primer ministro, en 1999.
Ahora bien, en la medianoche del 8 al 9 de septiembre de 1999, en el número 19 de la calle Gurianova, un edificio de nueve pisos se derrumba sobre sus residentes, dejando 94 muertos y 249 heridos. Cuatrocientos kilos de explosivo habían sido colocados en el subsuelo junto a las pilastras de los cimientos del inmueble. Cuatro días después, a las cinco de la mañana en la avenida Kachirskoye, una bomba colocada en una casa de apartamentos de ocho pisos deja 119 muertos y 200 heridos. Otras dos ciudades de provincia también sufren atentados. El manifiesto problema de seguridad pide con naturalidad la solución de un Gobierno fuerte. La prensa, en esta época todavía relativamente libre, señala en los alrededores la presencia de un coche del FSB cargado de explosivos y advierte de que un diputado de la Duma denunció un atentado en la ciudad de Volgodonsk dos días antes de que, efectivamente, tuviera lugar en la dirección indicada. Los criminales, designados con sus nombres por las autoridades, no son arrestados. Ninguna investigación parlamentaria es autorizada. Hay fuertes sospechas de que el Gobierno está intentando acallar el asunto.
Dos meses después de los atentados y a causa de la alarma social, Boris Yeltsin dimite y deja el Kremlin en manos de Putin, que toma el poder para no dejarlo. A partir de ello, se desencadena la segunda guerra de Chechenia, la prensa queda controlada –por no decir amordazada– y los periodistas demasiado curiosos son simplemente asesinados. Los periódicos de más de 100.000 ejemplares son comprados por amigos del presidente y del FSB, y los jueces se convierten en meros servidores del poder. Según The Economist, “hay muchos indicadores de que los jefes de la seguridad gozan de una combinación de poder y dinero sin precedentes en la historia de Rusia”. Pero los atentados se interrumpen y, con un 75% de votos según los sondeos, Putin llega a la cima de su popularidad.
Hoy, el Putin primer ministro ya no goza de la popularidad del Putin presidente. Como respuesta a los últimos atentados, el FSB reclama “nuevas medidas, más duras” y, naturalmente, un aumento del presupuesto. Pero nadie parece contemplar la posibilidad de tratar las raíces del mal, es decir, el polvorín independentista y martirizado del Cáucaso. Sin ninguna estrategia antiterrorista, es como si la política del Gobierno “centrara sus esfuerzos en la lucha contra el pueblo y no contra los terroristas”, escribe Nicolás Petrov, del Centro Carnegie de Moscú. Juzgado responsable de la falta de habilidad del Comité Nacional Antiterrorista, creado en 2006 –el número de atentados subió de 48 en 2007 a 876 en 2009– Putin llega a ser abucheado por manifestantes que piden su dimisión, y la población tiende a confiar más en Dmitri Medvédev.
Qué casualidad: justamente cuando Putin pierde gran parte de su popularidad, los chechenos programan una nueva serie de atentados. Donde algunos ven la incapacidad y total falta de estrategia antiterrorista del Gobierno, otros hablan hoy en Moscú de la complicidad entre Putin y los Servicios Secretos. El politólogo Andréi Piontkovsky, ex director del Centro de Estudios Estratégicos, resume así los últimos diez años: “Septiembre de 1999: terror en Moscú. El primer ministro Putin se convierte en presidente para salvarnos. Marzo de 2010: terror en Moscú. ¿El primer ministro Putin volverá a ser presidente para salvarnos otra vez?”.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Miguel Ordóñez
NICOLE THIBON
Hay que tener una buena dosis de inconsciencia para zambullirse en la historia del genocidio perpetrado en 1994 en Ruanda por la mayoría hutu contra la minoría tutsi. Pero es de actualidad : según un informe de la ONU de noviembre de 2009, las milicias del Frente Democrático de Liberación de Ruanda (FDLR) “habrían recibido regularmente apoyo político, logístico y financiero de gente vinculada a las fundaciones católicas El Olivar e Inshuti” y fondos provenientes “directamente e indirectamente del Gobierno de las islas Baleares”. Hoy dirige el país el presidente tutsi Paul Kagamé; pero las milicias hutus –acusadas de saqueos, asesinatos, violaciones y raptos de niños en el Kivu congolés– se empeñan en retomar el poder. Lo que realmente asombra es la implicación de sectores de la Iglesia católica en la política de ese país africano.
Desde la colonización y evangelización de Ruanda, el país de las “mil colinas”, hacia el año 1900 (poblado por un 80% de hutus y un 10% de tutsis) la Iglesia jugó un papel no sólo religioso sino político. En su trabajo, los misioneros católicos se toparon con la resistencia de los tutsis y gozaron en cambio de una gran benevolencia hutu. Si bien no se puede acusar a la Iglesia de haber creado las categorías o “razas” hutu y tutsi, han contribuido a arraigar y justificar la división de dos grupos que jamás se habían enfrentado a lo largo de siglos sino en trifulcas de intereses entre agricultores tutsis y pastores hutus. En nombre de las etnias, etnólogos y misioneros pensaron haber hallado en África un terreno en el que aplicar las teorías raciales propias del siglo XIX.
En 1931, la Iglesia obtuvo la destitución del rey tutsi Muyinga, contrario a la cristianización de su pueblo. Numerosos clérigos y miembros de la jerarquía se implicaron en la propagación de “esquemas racistas”, por ejemplo en la obra del Padre Albert Pagès o del obispo Léon Classe. Después del Padre Loupias, el abate Alexis Kagamé propagó esquemas racistas en la lengua local. En 1933, los padres blancos fundaron el periódico católico Kinyamateka que más tarde propagaría la ideología “Parmehutu” en donde el tutsi es un “no cristiano”, “anti-blanco”, “mentiroso”, “inteligente y artero”; mientras que el hutu es “trabajador”, “indígena dócil”, “amigo del blanco”.
Con el monopolio absoluto de la enseñanza, la Iglesia multiplicó la formación de abates y seminaristas hutus, con el fin de realizar en Ruanda un “reino de Cristo” y en 1946 el rey Mutara III escogido por la Iglesia, consagró oficialmente el país a “Cristo Rey”. La conversión al catolicismo se volvió la puerta obligada para acceder a cualquier empleo colonial. El colonizador y la Iglesia habían logrado hacer de Ruanda un país casi 100% católico y un modelo para África llamado “la joya de África”.
Pero el viento de independencia que soplaba en los años cincuenta reforzó el nacionalismo “comunista” y “ateo” de los tutsis. En 1957, los hutus cercanos a la vicaría ruandesa redactaron un manifiesto según el cual los tutsis son intrusos llegados del Nilo, a donde han de regresar. El sermón sobre la Caridad de 1957 de monseñor Perraudin y su carta pastoral racista de cuaresma del 11 de febrero indujeron directamente la “matanza de Todos los Santos” de 1959, durante la cual paisanos armados de machetes quemaron las haciendas de los tutsis, dejando decenas de miles de muertos y no menos refugiados. Cuando en 1963 los refugiados tutsis intentaron volver a Ruanda, ahora república independiente, decenas de miles fueron asesinados en la “Navidad roja”. A partir de la independencia, el dominio de la Iglesia se acentuó, en particular el de su ala derecha, el Renouveau Charismatique y el “departamento secreto” del Opus Dei. En 1973 se puede hablar del régimen hutu del presidente Habyarimana como de una dictadura católica de un país casi 100% católico.
En las actas del 16 de mayo de 1997 de la comisión parlamentaria belga, numerosos testimonios acusan directamente a la Iglesia católica y sus ramificaciones. Sacerdotes, obispos, arzobispos, abates, curas, misioneros, miembros del Opus fueron oficialmente acusados de complicidad, pasiva o activa, en el genocidio de 1994. Según el investigador belga Pierre Galant, 816 machetes fueron comprados y distribuidos por Caritas-Ruanda en 1993. El padre blanco Johan Pristil, partidario ferviente del “hutu-power”, participó en la creación de la Radio “Mil colinas” y tradujo Mein Kampf al Kinyaruanda, y vio a los tutsis como a los “judíos de África”. Se hallaron 30.000 cadáveres en su parroquia en Nyumba. La radio “Mil colinas” –o “radio de la muerte”– predicó la matanza día tras día.
Monseñor Misado fue arrestado en 1999 por su participación en el genocidio y las hermanas Mukangango y Mikabutera por haber entregado a los tutsis refugiados en sus conventos. El abate Seromba fue condenado a cadena perpetua. Genocidas notorios se esconden y son protegidos en conventos, monasterios y parroquias. En Francia, el abate Munyeshyaka y otros están protegidos por las autoridades civiles y católica, así como Rekundo en Ginebra, exfiltrado por “Caritas Catholica”, Nahimana en Florencia y Bellomi en Brescia: unos 50 sacerdotes genocidas ruandeses lograron huir a Europa y Canadá.
¿Pedirá perdón la Iglesia católica por su política africana y el genocidio de Ruanda?
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Mikel Casal
NICOLE THIBON
Van a ser las mujeres nuevamente engañadas por la historia? Es legítimo temerlo en el caso de las afganas, donde Hamid Karzai pretende un “plan de reconciliación con los insurgentes”. ¿Dialogar con los talibanes? La idea puede parecer descabellada en un momento en que se intensifica la guerra; sin embargo, varios países financiarán el plan de paz de Karzai.
Esta política de “mano tendida”, desarrollada en la Conferencia de Londres del 28 de enero de este año, mientras la insurrección de los talibanes nunca estuvo más lejos de ser contenida, se desplegará en dos terrenos: el de la reintegración y el de la reconciliación. La reconciliación pretende abrir un diálogo con los jefes de los insurrectos, en particular con ciertos elementos del Estado Mayor del movimiento talibán (Emirato Islámico de Afganistán), replegado en Quetta, en el Baluchistán pakistaní, o sea, en el foco más ideológico de la insurrección. Karzai asegura que de ninguna manera se trata de dialogar con los talibanes vinculados a Al-Qaeda, pero no descarta hacerlo con el célebre Mulá Omar, ex brazo derecho de Bin Laden. Por otra parte, Obama ha quitado a cinco ex responsables talibanes de la lista negra. Sería cosa de hallar la perla rara: los talibanes moderados, dispuestos a respetar la Constitución afgana actual, mientras su Estado Mayor exige la salida previa de las tropas extranjeras y mantiene su objetivo de restablecer el “emirato islámico” construido entre 1996 y 2001. Ocho años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes reciben una suerte de invitación a volver a participar. Para gran parte del pueblo afgano, esta propuesta señalaría el regreso a los años de plomo anteriores a 2002.
Como un puñado de heroínas que arriesgan su vida por los derechos de las mujeres, la afgana Shukria Haidar lucha desde hace 30 años por que “no se olvide allí la suerte de las mujeres”. Ex campeona de ping-pong, expulsada –a causa de su militancia– del Comité Olímpico Internacional, refugiada en París desde el golpe de Estado pro soviético de 1978, Shukria volvió a su país en 1989, cuando la retirada del Ejército Rojo. La esperanza renació en todos los afganos cuando el partido islámico tomó el poder en 1995. Shukria organizó entonces un proyecto de ayuda al deporte femenino: “Quería recoger fondos para construir terrenos deportivos y conseguir material para liceos y colegios”, dice.
La llegada de los talibanes puso fin a este proyecto –como a tantos otros–.
Shukria tuvo la “impresión de que el cielo se (le) cae encima…”. “Sabíamos de qué habían sido capaces en las ciudades controladas por ellos: prohibición de escuelas para las niñas, burka obligatorio, acceso a los hospitales prohibido a las mujeres, prohibición de trabajar”. Para ella, como para sus camaradas, que crearon la asociación Negar de apoyo a las mujeres afganas, lo urgente ya no era el deporte, sino “los más elementales derechos de la mujer”. Con su asociación creó escuelas clandestinas, 26 en Kabul, y sembró centros sanitarios por todo el país y en los campos de refugiados: “Varios miles de mujeres trabajan allí con nosotras”. En junio de 2000, 300 de ellas se encontraron en Duchambé (Tayikistán), donde redactaron una Declaración de derechos fundamentales de la mujer afgana. Shukira multiplicó sus conferencias, también en Francia, veladas de debate, campañas de prensa para “mostrar el verdadero rostro de los talibanes… Las condiciones que imponen a las mujeres no forman parte de la cultura afgana ni del islam. Encerradas en sus casas, las mujeres no pueden salir sin que las acompañe un hombre y ni siquiera tienen derecho a escuchar música”, explicaba hace diez años Shukria al periódico francés Le Monde.
Desde entonces, a pesar de un cierto reconocimiento de los derechos de las mujeres afganas por el Gobierno de Karzai, estos se violan de manera recurrente: ataques contra las que se implican en la vida pública, violencias generales siempre impunes, casamiento de niñas y casamiento forzado, acceso vedado de la mujer a la justicia y de las niñas a la enseñanza secundaria. Las mujeres implicadas en la vida pública son objeto de amenazas y maniobras de intimidación. Muchas de ellas han sido asesinadas, pero ningún asesino ha sido llevado ante la justicia. El asesinato en 2009 de Sitara Achakzai, política y valiente militante de los derechos humanos, conocida por su manera directa y clara de hablar, fue una advertencia más dirigida a todos las que se inmiscuían en la vida pública. Una oficial de policía recibió amenazas de muerte: “Me dijeron que matarían a mis hijas”. “La situación de las mujeres y jóvenes afganas es alarmante y corre peligro de empeorar”, declaró recientemente Rachel Reid, especialista de Human Rights Watch sobre Afganistán. “Mientras el mundo tiene la mirada clavada en la nueva estrategia de la administración Obama en cuestiones de seguridad en Afganistán, es absolutamente esencial asegurarse de que los derechos de mujeres y jóvenes no se queden en un piadoso deseo y que se pongan en primera fila de las prioridades tanto de los gobiernos como de los proveedores de fondos”.
“Las mujeres no son una prioridad para nuestro Gobierno ni para la comunidad internacional… Hemos sido olvidadas”, dice Shinkai Karokhail, parlamentaria. “El presidente Karzai tiene mucho que hacer si quiere redorar su imagen moderada respecto de los derechos de las mujeres”, añade Rachel Reid. En la Conferencia de Londres, Hillary Clinton dio prueba de fina analista y optimismo desbordante: “La premisa de partida es que uno no hace la paz con sus amigos. Debéis ser capaces de negociar con vuestros enemigos”. El problema es que, para la opinión general, el Gobierno Karzai es demasiado débil frente a los talibanes. Mientras que Shukria Haidar no cesa de repetir: “No hay talibanes moderados, como nunca hubo nazis moderados”.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
NICOLE THIBON
Extraña idea, por cierto, la de hacer decir a los franceses que son efectivamente franceses y se sienten franceses, que respetan ciertos símbolos tan anticuados como obvios –la bandera, la Marsellesa–, que rinden “culto” a la República o a la emancipación de los pueblos (¿por qué la palabra “culto”?), y que suscriben plenamente el lema “Libertad, igualdad, fraternidad”. ¿No será que, con la firma del Tratado de Lisboa, se ha despertado el viejo pánico ante una posible pérdida de soberanía nacional?
En todo caso, es eso lo que pretende Eric Besson, ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, que desea reunir a los ciudadanos para debatir su proyecto de ley sobre la identidad nacional en los 96 departamentos, las 342 circunscripciones, sin olvidar los departamentos y territorios de ultramar. El diseño de la futura ley no está del todo claro, pero una cosa está decidida: los jóvenes franceses cantarán al menos una vez por año la Marsellesa.
Desde luego, un proyecto así comienza por dividir a la derecha, a la izquierda y a toda la ciudadanía: según un sondeo, el 60% estaría de acuerdo con que se discuta; según otro, el 64% piensa que la propuesta del Gobierno sólo pretende seducir a la derecha, y que, de nación a nacionalismo, sólo media un paso.
Es necesario subrayar que el anuncio de tan apasionante debate llegó después de un mes de ataques ininterrumpidos contra emigrantes y refugiados. Es el caso vergonzoso de los refugiados afganos que huyen de la certeza de ser enrolados por los talibán y, por consiguiente, de disparar contra soldados franceses u otros en misión de paz en su país. El 22 de octubre pasado, tres jóvenes afganos fueron introducidos en un vuelo charter inglés y devueltos a “zonas seguras” –Kabul– en las que “no corren riesgo alguno”, cosa que niegan las ONG allí instaladas. Otros 40 afganos esperan en centros de retención franceses. “Francia es una especie de guarida para ellos –dice el ministro de Inmigración e Identidad Nacional–, mientras que cinco países europeos los devuelven a Afganistán”. ¿Una guarida para una invasión de 43 afganos? ¿Y qué es del derecho de asilo político? Según el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, habría un total de 12.000 solicitudes de asilo de afganos y 11.000 de somalíes presentadas en 40 países.
Es cierto que, para un ministro, lo importante es cumplir los objetivos. El objetivo de monsieur Besson es aumentar de modo significativo el número de expulsiones de inmigrantes sin papeles. Para tal fin, se instaura el “delito de solidaridad” –“inexistente”, según el ministro, pero en nombre del cual una comerciante de la ciudad de Mulhouse (Alto Rin francés) será condenada a un mes de prisión por haber albergado durante cuatro meses a un kurdo turco que vivía en Francia desde hacía seis años–. Y el artículo L-622-1 del código de extranjería prevé hasta cinco años de prisión y 30.000 euros de multa para quien ofrezca una sola comida a un sin papeles. Para Benjamín Constant, uno de los padres del pensamiento liberal, “toda ley que obligue a la delación no es una ley; toda ley que infrinja la tendencia que comanda al hombre a dar refugio a quien le pida asilo, no es una ley”. Pero eso era en 1819. “La realidad es que, desde hace 30 años, la legislación fabrica clandestinos en nombre de la lucha contra la clandestinidad. Hay demonios de exclusión en la historia de Francia”, escribe el sociólogo Jean-François Bayart.
Es bien curioso que la idea de la campaña sobre la “identidad nacional” haya salido de la cabeza del ministro ex socialista de un presidente, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa, que es hijo de un inmigrante húngaro. ¿O será verdad lo de que los últimos en llegar sean quienes cierren la puerta tras de sí?
Porque, ¿qué es Francia sino un mosaico de celtas, latinos, germanos, vikingos, hunos y árabes, con un amalgama de lenguas germánicas, celtas y francas, encrucijada de todas las religiones y herejías, cátara, valdense, protestante, o judía? “Francia es sólo un conglomerado de pueblos desunidos”, dijo bien Mirabeau en 1789. Su identidad profunda es quizás el no poseerla, cosa que hoy, con cerca de doscientos millones de personas desplazadas en el mundo, debería ser considerada como prueba de apertura y de modernidad.
El comunitarismo que hace estragos en Inglaterra no se ha instalado en Francia. Y, para ser francés, el ius soli prevalece todavía sobre el ius sanguinis, vigente en Alemania. Según Gallup, el 83% de los musulmanes intenta vivir como y con los franceses; sólo un 4% prefiere vivir “entre sí”; y el 80% se dice profundamente apegado a Francia. El problema es que apenas un 40% de franceses piensa que es cierto. Y si se quiere que los inmigrantes aún no franceses se integren, tal vez habría que empezar por darles el derecho de voto en el país del cual pagan impuestos. “He dicho la igualdad. No he dicho la identidad”, escribió Victor Hugo en su tiempo.
El colmo podría ser la suerte de los franceses desde muchas generaciones, uno solo de cuyos antecesores haya nacido en el extranjero, incluso en una colonia ex francesa. A padres de familia nacidos en París, educados, casados y con trabajo en Francia, se les niega el pasaporte por tener un progenitor francés nacido en las colonias. Un profesor titular pierde de pronto su identidad porque la administración descubre que uno de sus ancestros nació en Alsacia cuando Alsacia era alemana. ¿No habrá algo profundamente enfermo en esta búsqueda de pureza para una identidad ilusoria y aberrante? “A partir del momento en que se la define a priori, toda forma de tarjeta de identidad se convierte en una máquina de exclusión”, escribe el profesor Yann Moulier Boutang.
¿Y si al lema “Libertad, igualdad, fraternidad” se le agregase la necesaria palabra “generosidad”?
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de César Vignau
