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Dominio público

Opinión a fondo

Un cambio de personas no basta

28 dic 2011
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Octavio Granado
Exsecretario de Estado de la Seguridad Social
Ilustración de Miguel Ordóñez

El PSOE vive en estos momentos una de las horas más difíciles desde 1977. Probablemente, el elemento más singular de la actual situación sea que todos estamos igualmente afectados por el resultado electoral. Nadie puede argumentar una mayor autoridad que el resto de sus compañeros. Por esta razón, conviene reflexionar sobre las causas. Ahora no basta con escoger la mejor o el mejor. Todos estamos noqueados.

La actual estructura del PSOE se configura después de dos sucesos. El primero, la implosión de la UCD a manos de sus dirigentes, heterogéneos tanto en orígenes como en convicciones. El segundo, la crisis del 28º Congreso socialista, donde un debate nominal sobre el término marxista obligó a dimitir a Felipe González, que volvió como secretario general ante la ausencia de alternativas y con una resolución ambigua que asumieron los partícipes en aquella contienda bizantina.
Como consecuencia, se definió una estructura “preventiva” en la que el Gobierno gobernaba casi sin rendir cuentas, y el partido organizaba, discutía poco de política y casi nada de la acción gubernativa, legitimando con elecciones piramidales los diferentes poderes territoriales de la organización, que asumían la representación de la dirección y devolvían a los que les habían elegido cuotas de poder municipal o autonómico. Con delicadeza, Santos Juliá señalaba como hilo conductor “un valor preindustrial, el de la confianza”. Una caracterización menos piadosa hablaría de lazos feudales de fidelidad. Los partidarios de uno u otro jefe se asocian en grupos que se denominan como en la política latinoamericana con su nombre, quedando como excepción la corriente Izquierda Socialista, que en este panorama más parece un equipo de polo jugando en un campo de hockey sobre hielo.

El PSOE es así un partido sobradamente democrático en la elección de sus dirigentes, e insuficientemente ideológico en la definición de su política. El déficit ideológico tuvo paradójicamente en el enfrentamiento entre Alfonso Guerra y Felipe González cierto paliativo, ya que el monolitismo gubernativo se compensaba con la discusión sobre el control de la organización. Con el paso del tiempo, los polos de decisión se han territorializado, pero también la legitimidad del secretario general ha llegado al paroxismo, hasta el punto de que en nuestros congresos se le elige primero y después propone a la Comisión Ejecutiva. El valor de la disciplina se reconoce como esencial, y la cultura interna evita la autocrítica hasta cuando se rectifica, considerándola un obstáculo para los resultados electorales cuando no una traición. Como se decía en las organizaciones clandestinas de la oposición al franquismo, “te vamos a hacer una autocrítica”.

En las últimas elecciones, el PSOE fue a las urnas después de haber aplicado, por virtud y por necesidad, una política radicalmente diferente a los mensajes con los que concurrió hace cuatro años. Todo el partido defendió con convicción la labor gubernativa en 2008, y la hizo suya con disciplina en 2011. Que no se me interprete mal: creo que lo realizado era básicamente acertado. Pero miles de socialistas hemos defendido algo y lo contrario con la apariencia de la fe del carbonero, y nuestra credibilidad como partido se ha resentido. Porque lo realizado por el Gobierno es consecuencia también de algunas reflexiones discutibles, poco o nada analizadas en el partido, que no ha sido capaz de definir qué partes del ajuste debían descansar sobre el reforzamiento de la presión fiscal, sobre la disminución del gasto, y sobre las reformas.

Sería simplista atribuir a un único factor el derrumbamiento electoral. El brutal incremento del desempleo, la demagogia del Partido Popular, el hecho de que los electores de izquierda no se resignen con tanta facilidad como los de derechas a compartir la pérdida de riqueza, la dificultad de organizar con los sindicatos la parte del sacrificio correspondiente a los trabajadores que conservan su empleo para minimizar el desempleo han sido factores tan importantes o más que los comentados. Pero los socialistas estamos en la posición del comandante Marckinson, de Algunos hombres buenos, desesperado porque no es capaz de saber si pudo o no pudo evitar el desastre, pero conocedor de que no lo hizo.
La realidad es que en toda Europa la izquierda se hace más plural, y si el PSOE no asume diferentes sensibilidades, una fragmentación de la izquierda podría hacer que un partido de derecha unido ganara las elecciones con el 15% menos de apoyo que la izquierda. La realidad es que nuestra estructura orgánica repele a las personas más interesadas en el debate político que en la contienda interna. La realidad es que seguimos articulando el debate entre partidarios de alguien, mucho más que entre defensores de algo.

Necesitamos un PSOE en el que la discusión política no se difumine cuando el partido gobierne. En el que los programas no sean un mero trámite. En el que las diferentes sensibilidades tengan legitimidad propia y no otorgada. Que escoja parte de los delegados a los congresos en función de sus criterios en listas nacionales, y no de su pertenencia tribal. Necesitamos un PSOE más plural, y esto no es fácil, porque los medios de comunicación de la caverna seguirán anatemizando la discusión, caricaturizada de división, y porque la opinión pública asume cada vez más la política como simple consumidora. Debemos pues trabajar prudentemente, pero con decisión, porque si no corremos riesgo de languidecer.

Esto exige que los manifiestos promuevan ideas y no, aunque sea de refilón, personas; que las candidaturas expresen compromisos políticos y no simplemente diferentes encabezamientos; predicar con el ejemplo para conseguir una organización más democrática. La autonomía del proyecto socialista se construyó alrededor de una posición de fortaleza, la de la disciplina, que ha sido en el pasado mediato e inmediato el núcleo de nuestro éxito. Ahora esta muralla no nos defiende: impide a quienes están fuera que establezcan relación con nosotros.

Escándalos y mutuas

10 may 2011
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OCTAVIO GRANADO

Viçenc Navarro decía el 5 de mayo que la mayoría de los ciudadanos no están informados sobre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Estoy de acuerdo, aunque tampoco el autor del artículo goza de la información que echa de menos en la ciudadanía.
Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y sus presupuestos forman parte de los Presupuestos Generales del Estado. No gestionan, como afirma Navarro, “aportaciones empresariales” sino cotizaciones de la Seguridad Social. Y no tienen inmensos beneficios, sino resultados presupuestarios que devuelven al erario común de la Seguridad Social. Según Navarro, la diferencia entre ingresos y gastos de las mutuas en 2010 fue de 5.000 millones de euros. En realidad, esta cifra fue diez veces inferior. El 100% de los resultados derivados de la gestión por enfermedad común será ingresado en el Fondo de Reserva, como se viene haciendo (eso sí, desde 2004), y aproximadamente el 75% de los resultados provenientes de su gestión de prestaciones y asistencia por accidentes y enfermedad profesional se ingresa en el Fondo de Prevención, que en 2004 tenía 700 millones de euros y ahora tiene más de 4.500 millones. Todo esto sin contar los más de 3.000 millones que las mutuas devuelven anualmente a la Seguridad Social como aportación a servicios comunes, reaseguro de sus prestaciones y capitalización de las aproximadamente 30.000 pensiones de incapacidad por accidente o enfermedad profesional reconocidas cada año a los trabajadores mutualizados.
Los únicos beneficios que las mutuas obtienen para su patrimonio privativo son los derivados de la prevención de riesgos laborales que realizan a través de sociedades mercantiles segregadas desde 2005, y que suman unos 30 millones para el conjunto de mutuas. Esta segregación, el sometimiento de las mutuas al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social y un control más efectivo de sus presupuestos, han rendido sus frutos y permiten a la vez mantener prestaciones, disminuir la cotización y aumentar lo que las mutuas retornan cada año a la Administración, cantidad que en estos últimos siete años ha multiplicado por diez lo retornado de 1996 a 2004. Lamento que Navarro no haya accedido a esta información accesible para todos en nuestra web www.seg-social.es.
Los 5.000 millones de euros de los que habla Navarro son las reservas de las mutuas, generadas no en un año (2010) sino a lo largo de sus cien años de existencia; estas reservas han crecido desde 2004 mucho menos que los retornos a la Seguridad Social y se nutren de lo que las mutuas no deben ingresar en los fondos o presupuestos del sistema. Son también fondos de la Seguridad Social, ya que están afectas a la garantía de las prestaciones. En resumen, ni aportaciones empresariales, ni beneficios millonarios, ni recursos privados. Cotizaciones sociales, reingreso en el erario de la Administración y contribución a los fondos públicos (aportación a servicios comunes, reaseguro, capital-coste, Fondo de Reserva y Fondo de Prevención).
De ahí que sea difícil seguir a Navarro cuando señala que si las mutuas abonaran más al sistema sanitario este podría reducir su déficit, porque supondría financiarlo con cotizaciones sociales, y lo único que conseguiríamos es cambiar déficit sanitario por déficit de la Seguridad Social. Uno de los grandes logros de nuestro sistema de pensiones ha sido excluir la financiación de la sanidad, que como cualquier derecho ciudadano debe financiarse con impuestos, de las cotizaciones sociales que sólo financian prestaciones a los cotizantes. La propuesta de Navarro plantearía dudas: ¿tenemos que pagar más tributos a la Seguridad Social para que esta financie en mayor medida al sistema sanitario? ¿No sería mejor buscar mayores ingresos para el sistema sanitario directamente sin comprometer las cotizaciones sociales?
Las mutuas no aplican la legislación siguiendo su arbitrio. Desde 2005 las decisiones de las mutuas sobre otorgamiento y calificación de prestaciones son recurribles de forma gratuita ante las entidades gestoras de la Seguridad Social, que en dos de cada tres casos dan la razón a los recurrentes en los más de 10.000 recursos presentados anualmente. Además, se ha puesto en marcha una Oficina de Reclamaciones para resolver decisiones controvertidas sin necesidad de acudir al recurso.
Es llamativo que Navarro concluya que la enfermedad profesional no es objeto de atención en nuestro país por el número de trabajadores en activo fallecidos. A Navarro tres muertos le parecen –estadísticamente hablando– muy pocos, a mí me parecen demasiados, porque lo normal es que una enfermedad profesional sea objeto de diagnóstico, a ser posible precoz, y que el trabajador no fallezca cuando está en activo, sino cuando ya está cobrando prestaciones de incapacidad, que en España otorgamos deprisa y con criterios razonables. Desde 2004 tenemos un nuevo listado de enfermedades profesionales, hemos creado un sistema de comunicación de enfermedades profesionales (Cepross) y del trabajo (Panotratss), considerado como un modelo de registro y notificación en toda Europa. Con la introducción de las enfermedades del trabajo, pasamos a ser con Francia el país de la UE con mayor número de declaraciones registradas. El Cepross 2010 refleja cinco fallecimientos de activos por enfermedad profesional a los que hay que añadir 291 fallecimientos de pensionistas de incapacidad permanente por enfermedad profesional en el mismo año, de los que 42 eran menores de 65 años y el resto superaba esa edad.
Cabría terminar con una conclusión. Es necesario conocer bien nuestras carencias, que en materia de enfermedad profesional y del trabajo siguen siendo muchas. Pero confundir recursos públicos con recursos privados, desconocer aspectos esenciales de la realidad o de lo actuado en los últimos años, ni aporta información ni soluciones. Magnificar los problemas es útil para la retórica, pero no para las ciencias sociales ni para la gestión de las políticas públicas. Y así, se producen escándalos que están más, como decía Buero Vallejo, en el ojo del que mira.

Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social

Ilustración de Jordi Duró