PABLO SAPAG M.
Profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Patrick Thomas
Con asombro y el malestar propio de quien se ha sentido engañado por años, el mundo es testigo de la actual convulsión chilena. Tres meses de protestas, no ya contra el Gobierno del derechista Sebastián Piñera, sino contra el modelo económico, político y social impuesto tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así es, porque el movimiento que el sistema chileno y sus altavoces mediáticos internacionales intentan reducir a mera protesta sectorial no se condice con la implicación profunda y transversal de toda la sociedad en estos meses de efervescencia. Tan claro es que no se trata de la reedición de otras protestas estudiantiles que el lema más coreado por unos jóvenes que no habían nacido cuando el dictador dejó el poder en 1990 no deja lugar a dudas: “Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet”, repiten los estudiantes, pero también quienes con ellos protestan.
Con esa consigna los manifestantes han puesto al Chile aparentemente exitoso frente a su realidad. La de un país que, pese a cambios parciales, sigue anclado en una problemática socioeconómica similar a la de 1983, cuando al grito de “y va a caer”, la movilización popular estuvo a punto de tumbar un régimen que sólo se mantuvo por la represión. Ese año se saldó con el mayor número de víctimas en una década, entre otras cosas porque militares y carabineros disparaban a mansalva a los que como hoy hacían sonar sus cacerolas en plazas y esquinas.
Se exige así la caída de un modelo educativo que es fiel reflejo de un Chile al servicio de las grandes empresas y la maximización del beneficio –lucro–, sin importar si se comercia con bienes básicos o suntuarios. La educación chilena es la más cara del mundo. Según la OCDE –club de países ricos al que tanto empeño puso la élite chilena por asociarse–, el costo mensual de los estudios universitarios equivale al sueldo medio de la mayoría, por lo que las familias se endeudan de por vida. El modelo ultraliberal chileno las ha engañado durante años con la promesa de un avance social imposible en uno de los 20 países más desiguales del mundo, según su índice Gini. Esa desigualdad social se sustenta en el desequilibrio racial y cultural de un Chile de mayoría mestiza y latinoamericana gobernada por una élite racialmente blanca y culturalmente europea. Con esas condiciones de fondo, la burbuja financiera de la educación convertida en negocio no podía durar eternamente. Hinchadas por el peculiar sistema chileno, esperan su turno otras burbujas. Como la educación, los sistemas de salud y jubilación también han sido privatizados y operan como negocios y no como los servicios públicos que debería proveer un Estado hoy desertor de sus obligaciones.
Al exigir la caída de la “educación de Pinochet” se apela, además, al destierro de los valores implantados por la dictadura y los gobiernos que le siguieron: individualismo feroz, atomización social y descrédito de cualquier iniciativa colectiva. Por eso el paro nacional convocado por la modesta Central Unitaria de Trabajadores los días 24 y 25 de agosto fue más éxito que fracaso. Nunca en estas décadas de modelo chileno se había logrado semejante paralización parcial acompañada de una gran marcha popular. Eso teniendo en cuenta que la sindicalización en Chile apenas alcanza al 20% de los trabajadores y que la negociación colectiva es casi inexistente. Un éxito más de un movimiento amplio que el Gobierno y su aparato de propaganda intentan desacreditar magnificando los episodios de violencia. La única víctima mortal de esas jornadas de huelga, sin embargo, fue un menor al parecer baleado por un carabinero.
La salida a esta crisis de un modelo tanto tiempo puesto como ejemplo positivo y hoy en tela de juicio en el mundo entero no será fácil. Al recuperar una consigna de los años ochenta se apunta al origen espurio de un sistema político impuesto entonces y vigente sin cambios reales hasta ahora. El mismo sistema de cuyos registros electorales se excluye un 40% de los ciudadanos con derecho a voto, incluido el casi millón de chilenos que a casi cuatro décadas del golpe de Estado no se identifican tanto con el exilio político como con el económico. Chilenos que tienen claro que los 15.000 dólares de renta per cápita de la propaganda oficial no son reales en un país tan desigual.
Ese sistema político y la peculiar legislación electoral binominal facilita el empate perpetuo en escaños parlamentarios entre el centroderecha y el centroizquierda, independientemente del número de votos cosechados. Eso imposibilita los cambios a leyes pinochetistas, como la del sistema educativo y otras de igual importancia. A 20 años del final formal de la dictadura y un lustro de la muerte de Pinochet, muchos chilenos están hartos de un sistema que se ha mantenido por miedo al general y la conveniencia de unos políticos hoy repudiados en las encuestas. Por lo mismo, los manifestantes exigen una asamblea constituyente para refundar el sistema político con el objetivo de que sea cauce verdadero para la discusión pública de cuestiones tan importantes como la educación, la salud, el sistema previsional o la protección de un mediambiente también amenazado por el neoliberalismo. Quizás entonces Chile pueda dejar de ocultar al mundo y a sí mismo su problemática étnica, económica y social. Difícil empeño.
PABLO SAPAG M.
Mal podían los medios internacionales ofrecer una explicación profunda de lo ocurrido en Chile a cuenta de sus 33 mineros. Convertido ese país desde hace mucho en la historia de éxito de América Latina gracias a la espiral de silencio y al discurso de su élite blanca y culturalmente europea, el guión periodístico del rescate estaba escrito. A un final feliz garantizado por un Gobierno que ante la mínima duda habría sido propagandísticamente menos generoso, sólo podía seguir el tópico con el que desde hace unos años se “analiza” la realidad chilena. Para esos medios se trata de un rescate ejemplar propio de una sociedad cohesionada, democrática y en imparable ascenso al desarrollo. Así es porque de Chile poco y nada se sabe porque nada se informa, ya sea por interés económico, ignorancia o prejuicios ideológicos.
Se vuelve a caer así en la trampa de una élite chilena avezada en sepultar la realidad. Un grupo que, además de contar con la connivencia mediática, juega con la ventaja del aislamiento natural del país y la desorganización de una gran masa mestiza e indígena atomizada e inconsciente, en muchos casos, de su propia condición. Desde hoy, quizás también con eso que Nick Davies llama Flat Earth News, esos fenómenos periodísticos descontextualizados que, lejos de informar, confunden.
Al ver el rescate, un observador más perspicaz se daría cuenta del reparto de roles de un país que se encuentra entre los más desiguales del planeta. Eso explica por qué los mineros son mestizos mientras que los miembros del Gobierno y los ingenieros a cargo del rescate son blancos y, en muchos casos, de apellidos centroeuropeos: Von Baer, Golborne, Kast, Sougarret, Schmidt, Ravinet, Hinzpeter, Larroulet, Fontaine, Solminhiac, Parot, Mañalich o Weber. Ese observador perspicaz habría descubierto también que Chile es un país tan proclive al populismo, si no más, como otros de América Latina.
El multimillonario empresario derechista y hoy presidente Sebastián Piñera ha dado el golpe a la cátedra con un uso y abuso mediático que, en parte, puede explicar los motivos del indudable coraje político exhibido al asumir el rescate de los mineros, a lo que, por otra parte, lo obligaba la ley. Su salida no sólo ha descubierto la fisonomía de los mineros a quienes creen que Chile es racial y étnicamente como Argentina y Uruguay. También el populismo paternalista con el que se gobierna Chile desde hace 200 años, un instrumento que en ocasiones, y como demuestra la experiencia latinoamericana, puede ser, si no revolucionario, al menos proclive a los sectores más desfavorecidos. La versión de Aló Presidente protagonizada por Piñera, casaca roja y apelaciones religiosas incluidas, sólo busca perpetuar el escasamente consensuado orden vigente. Un modelo impuesto por la dictadura de Pinochet y en la que el hermano del presidente tuvo mucho que ver como ministro de Minería y Trabajo. Un modelo que, a 20 años de la salida del poder de Pinochet, se exhibe corregido y aumentado. Pero nada ha cambiado en un sistema que permite que el 5% de la población concentre el 50% de la riqueza. Por eso las apelaciones de Piñera a una unidad nacional que todos saben imposible ante semejante desigualdad racial, cultural y económica.
El populismo de Piñera, como antes los de Bachelet –dejó el Gobierno con un 80% de popularidad y su coalición derrotada–, Lagos y el mismísimo Pinochet, muestra la precariedad de la “ejemplar” democracia chilena, esa de la que está excluida de facto un 35% del electorado, incluido el millón de chilenos en el extranjero expulsados por el modelo económico y a quienes nadie rescata ni concede derecho a voto sin cortapisas. El sistema electoral binominal instaurado por la dictadura se traduce en el Parlamento en un empate permanente entre centroderecha y centroizquierda. Eso con una constitución pinochetista todavía en vigor que exige mayorías imposibles para cambiar un modelo que impone una jornada laboral de 45 horas semanales y limita la sindicalización. Por eso los sindicatos apenas han tenido protagonismo en este episodio. En esas circunstancias, la impotencia de los partidos y otras instituciones es evidente, como también lo es el desinterés de la población por la política.
En Chile todo el mundo sabe que el poder recae en el presidente, más aún si este pertenece a la todopoderosa oligarquía empresarial. Piñera, cuya psicología lo hace buscar el reconocimiento a cualquier precio, ha entendido que en esas circunstancias el populismo es su mejor aliado. Coincidiendo con el derrumbe de la mina, Piñera revocó la autorización de un organismo público a la empresa francesa GDF Suez para construir una central térmica. Por razones de imagen se saltaba así la legislación ambiental de un país que
presume de seguridad jurídica.
La única diferencia con otros casos latinoamericanos muy criticados por el consenso neoliberal es que Piñera y su Gobierno son blancos y, para lo que les interesa –lo del Estado del bienestar no va con ellos–, culturalmente europeos. Poco más, porque en realidad su país es, desde la perspectiva europea del término, tan latinoamericano como los demás. Al fin y al cabo, la tragedia de la mina San José –imposible en otras latitudes donde se cumplen los protocolos de seguridad de la OIT– se ha convertido en un nuevo ejercicio de Flat Earth News gracias a los elementos de realismo mágico que la rodean, brutal día a día de una mayoría de chilenos que en otras circunstancias jamás son noticia o icono propagandístico.
Pablo Sapag M. es profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Iker Ayestaran
PABLO SAPAG M.
Chile celebra estos días el bicentenario del comienzo de su independencia de España. No lo hace, sin embargo, como lo había previsto la élite que lo gobierna desde hace dos siglos. Ese homogéneo y compacto grupo avistaba una fiesta de consumo interno con la que apuntalar una unidad nacional siempre precaria y amenazada por desigualdades económicas y sociales que se alimentan de otras aún más complejas y permanentes: las raciales y culturales. Lejos mucho tiempo del interés de una prensa internacional que lo ha convertido en alumno aventajado de un neoliberalismo sin anestesia que se sostiene en la espiral del silencio, el bicentenario sorprende a Chile, sin embargo, convertido en estrella mediática de América Latina. Una región en la que este año se suceden conmemoraciones similares.
La efeméride chilena, no obstante, disputa ya a un México en horas muy bajas el escaso interés histórico de la prensa internacional. La misma que tardó dos semanas en informar suficientemente de la tragedia de los 33 mineros sepultados a 700 metros de profundidad en una mina chilena. Sólo la noticia de que estaban vivos, difundida al mundo por un presidente Sebastián Piñera, que asumió el riesgo político de implicarse personalmente en su búsqueda, hizo que Chile y sus mineros dieran la vuelta al mundo. Momento de gloria para un Piñera tan poco conocido en el mundo como su propio país. El problema es que el rescate llevará semanas, si no meses, lo que lejos de desinflar el interés mediático lo alimenta, de ahí un despliegue informativo internacional que no tenía a Chile como protagonista desde los tiempos del dictador Pinochet. Así, lo que prometía ser una muy periodística y rápida historia humana con final feliz para todos, obliga a buscar otros enfoques noticiosos de mayor profundidad, pero también más incómodos.
Emergen entonces otras realidades de una sociedad en la que el 15% de población blanca y culturalmente europea gobierna a una mayoría compuesta por un 70% de mestizos y un 10% de indígenas. La tragedia de la mina ha puesto negro sobre blanco esos perfiles y roles. La inmensa mayoría de los atrapados son mestizos, lo delatan su aspecto físico y su nombre. Los que desde de arriba organizan su rescate después de hacer la vista gorda ante las precarias medidas de seguridad de la mina son, casi sin excepción, todos blancos y de apellidos tan centroeuropeos como los de los dueños del yacimiento. A partir de esos datos tan básicos, en Chile, uno de los países más de-
siguales del mundo según su índice Gini, es casi imposible equivocarse a la hora de caracterizar social y económicamente a la población. Por algo menos de 700 euros, en un país en el que casi todo cuesta igual o más que en España, los 33 mineros se la jugaban cada día en una mina insegura de la que sus dueños obtenían millonarias ganancias. Esa pobreza y desigualdad explican que un ex futbolista profesional que fue compañero de Iván Zamorano en un equipo de la primera división chilena haya bajado a la mina. Franklin Lobos lo hacía para pagar los estudios universitarios de sus dos hijos en un país que, en relación a los sueldos, está considerado entre los más caros del mundo en ese y en otros rubros. Entre otras cosas, porque un Estado mínimo –que es el resultado de un sistema tributario escasamente progresivo– apenas subsidia nada.
La prolongación del encierro en la mina también ha permitido a la prensa internacional descubrir que desde un mes antes del
derrumbe un número casi igual de presos mapuche mantenían una huelga de hambre. El traslado al hospital de varios de ellos ha terminado por desinflar la euforia tras el hallazgo con vida de los 33 mineros a los que se ha querido convertir en símbolo del bicentenario y del Chile recién admitido en la OCDE por sus “envidiables índices macroeconómicos”.
El llamado conflicto mapuche es tan largo como el propio Chile, histórica y geográficamente hablando. La “gente de la tierra” reclama precisamente eso, la devolución de una mínima parte de las tierras que les fueron expropiadas por un Estado de Chile que no se conformó con lo heredado de la Corona española. También reclaman el reconocimiento étnico a un Estado que se ha esforzado como pocos en América Latina por homogeneizar a la población desconociendo la realidad demográfica y cultural de un país donde se llama “pueblos originarios” a los mapuche y otros indígenas, paradójico reconocimiento semántico de que otros no lo son, aunque mandan y mucho.
La élite no oculta su preocupación. Varios de sus miembros, sean de Gobierno o de oposición, racial y culturalmente homogéneos, aseguran que la muerte de uno de esos mapuche procesados en su día por la Ley Antiterrorista en vigor desde la época de Pinochet daría al traste con los fastos del bicentenario. Peor aún, “dañaría la imagen internacional de Chile”. Es lo que realmente espanta a una clase dirigente que hasta que aparecieron con vida unos mineros que apenas habrían sido un breve en cualquier periódico “de clase mundial” contaba con un silencio cómplice justificado por intereses empresariales o por un sistema mediático que discursiva y económicamente busca al menos una historia de éxito por continente –Suráfrica, por ejemplo–. Esta vez la gran mayoría de chilenos mestizos e indígenas –muchos de ellos inconscientes de su condición– son los auténticos protagonistas, dejando al descubierto un modelo contradictorio y poniendo en entredicho la imagen proyectada al exterior de un Chile sólo a la medida de su excluyente y todopoderosa élite.
Pablo Sapag M. es Profesor de Historia de la Comunicación Social e investigador en la UCM
Ilustración de Federico Yankelevich
PABLO SAPAG M.
Mañana, por quinta vez desde el final de la dictadura, los chilenos eligen presidente y renuevan parte de un Parlamento bicameral en el que, contrariamente a lo que ocurre en España, el Senado es el decisivo. No es la única diferencia entre dos países con sistemas políticos y electorales tan dispares como los procesos que dieron lugar a los mismos. Si en España hubo que esperar a la desaparición física del dictador, en Chile fue derrotado en un plebiscito en el que sólo creían los chilenos. El no a la continuidad de Pinochet, sin embargo, no fue tan abultado como para que el personaje desapareciera de la escena, lo que condicionó una transición que en Chile algunos creen terminada y otros piensan que apenas ha arrancado, dadas las limitaciones que aprecian en la actual Constitución aprobada durante la dictadura y luego sólo parcialmente modificada.
Para esos sectores –de izquierda alternativa a la socialdemocracia y ausente estos 20 años del Parlamento como consecuencia de un sistema electoral binominal, mayoritario y excluyente–, ese marco constitucional impide la participación democrática y la modificación de un modelo económico que es de los más desiguales del mundo. Todo eso, según sus críticos, ha ahuyentado a los ciudadanos de una democracia encorsetada y al servicio de élites y grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas no pocas españolas de todos los ámbitos.
Algo de eso puede haber porque, desde el plebiscito de octubre de 1988, en el que los chilenos derrotaron a Pinochet, el censo electoral ha disminuido alarmantemente en relación al conjunto de la ciudadanía. Entonces, el 95% de los chilenos con derecho a voto se inscribieron en esos registros, superando engorrosos trámites. Hoy, y después de muchas campañas llamando a la inscripción, algo menos del 70% de los mayores de 18 años figura en un padrón electoral envejecido por la deserción masiva y voluntaria de los jóvenes y la imposibilidad legal de participar en cualquier elección del millón de chilenos residentes en el extranjero. El fenómeno no es nuevo y, al menos desde hace una década, empezó a preocupar más a los analistas que a una clase política incapaz de pactar un cambio legislativo para que estos comicios se celebrasen con inscripción automática y voto voluntario. Como pronto, y sin que se haya resuelto el voto de los emigrantes, los cambios parciales llegarán en 2012.
Así las cosas, el sucesor de Michelle Bachelet será elegido por apenas un tercio de los mayores de 18 años. El resto votará por otro candidato, se abstendrá –a pesar de que los inscritos que no votan pueden ser multados– o ni siquiera participarán al no estar en el padrón. Eso cuando las encuestas indican que, en reñida segunda vuelta y por vez primera desde 1958, el candidato de la derecha, el multimillonario empresario Sebastián Piñera, puede ganar las elecciones y desalojar tras 20 años de Gobierno a la Concertación de Partidos por la Democracia. Esa alianza entre democristianos y socialistas presenta al ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, ungido tras unas primarias parciales y poco representativas que terminaron por hartar a algunos de sus miembros. Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de un líder guerrillero muerto en combate en 1974. Como rival de Piñera en segunda vuelta, los sondeos sitúan al democristiano Frei, más aún después de que esta semana un juez calificara de asesinato la muerte en 1982 de su padre y también ex presidente Eduardo Frei Montalva, crimen atribuible a los servicios secretos de la dictadura. No se descarta del todo, sin embargo, que el 17 de enero sea el joven y ecléctico Enríquez-Ominami el que vaya al balotaje.
Más allá del resultado, el hecho es que la aparentemente modélica democracia chilena tiene un serio problema de representatividad. La falta de participación no sólo puede ser sinónimo de hartazgo con una clase política endogámica en la que todavía hay actores de la crisis de 1973. Descubre, sobre todo, a una sociedad desigual, fragmentada y excluyente. Por un lado, por las no reconocidas diferencias étnicas, que se traducen en que una mayoría mestiza y un largo 10% de indígenas son gobernados en exclusiva por blancos de cultura esencialmente europea, cosa que, gane quien gane, no cambiará demasiado, dado que, como en todas las anteriores convocatorias, los candidatos en estas elecciones tienen el mismo perfil racial e idéntica matriz cultural. Por otro lado y claramente vinculado a lo anterior, esa fragmentación es también socioeconómica. En ese sentido, la ONU recuerda año a año que, según el índice Gini, la distribución de la renta en Chile está entre las 20 peores del mundo, concentrando el 10% más rico el 42%, mientras que el 10% más pobre no llega al 2%. Respecto a la reducción de la pobreza, que la Concertación esgrime como gran logro, algunos candidatos, como Enríquez-Ominami, destacan que la medición debe ajustarse toda vez que se hace de acuerdo a parámetros de 1988 y no a los actuales.
Cabe preguntarse si, con un sistema electoral abierto y en el que se reflejen fielmente todas las tendencias, el ultraliberal modelo económico imperante podría mantenerse más o menos incólume, como lo ha hecho desde que fue implantado por Pinochet tras el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Paralelamente, surge la pregunta sobre si la buena prensa internacional de la que goza un Chile oficial considerado positivamente como excepción latinoamericana resistiría las discusiones y tensiones políticas propias de un sistema más democrático e integrador de todos los chilenos.
Pablo Sapag M. es profesor e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
