PEDRO ZEROLO
Hace 30 años se documentaron los primeros casos diagnosticados de sida en el mundo. Durante este tiempo, más de 25 millones de personas han muerto y más de 60 millones han sido infectadas por el VIH. Cada día, más de 7.000 hombres, mujeres y niños contraen el virus.
Cuando en 2001 tuvo lugar la Asamblea General de la ONU sobre el VIH-sida (UNGASS), estábamos perdiendo la batalla frente al VIH. La celebración de esta Asamblea, 20 años después de la aparición de los primeros casos, supuso un gran impulso a la respuesta mundial contra la pandemia con la creación de una importante institución mundial de financiación sanitaria, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Estos esfuerzos fueron complementados más tarde con la Declaración política sobre el VIH-sida de 2006, en la que los países miembros de la ONU hicieron suyos una serie de objetivos, entre ellos, lograr el acceso universal a la prevención, al tratamiento, a la atención y al apoyo en relación con el VIH. Estos importantes compromisos están dando ya sus frutos, pues la incidencia del virus disminuye, los programas de acceso al tratamiento van en aumento y existe una mayor conciencia sobre la exigencia de respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas vulnerables y afectadas. Avances que ponen de manifiesto, además, que el acceso universal a la terapia antirretrovírica es viable, posible y esencial.
Estos logros, aunque nos sitúan en una mejor posición que en 2001, sin embargo son insuficientes, porque aún hoy la epidemia sigue avanzando a un ritmo más acelerado que la respuesta. Así, por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraen la infección; la mayoría de las personas necesitadas de tratamiento antirretroviral no tienen acceso a él, y todavía estamos lejos de alcanzar el objetivo de proteger a los recién nacidos de la infección, mediante la cobertura mundial de la profilaxis para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo.
Para poder seguir avanzando, pues, es necesario una transformación revolucionaria en la respuesta. El año pasado, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida (ONUSIDA) expuso un ambicioso objetivo al respecto: “Un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida”. Pero para lograr esta transformación es imprescindible cambiar algunos métodos de trabajo. Aún hoy muchos países no cumplen los compromisos adquiridos en materia de prevención, pues a pesar de que todos los gobiernos acordaron que esta sería la base de su acción, sus prioridades presupuestarias no lo reflejan. Es más, en un importante número de países, las estrategias nacionales de prevención no están dirigidas a las poblaciones de alto riesgo que lo necesitan y se destinan, en cambio, a segmentos poblacionales de bajo riesgo. Esto ocurre especialmente con los jóvenes, los consumidores de drogas, las personas que ejercen la prostitución, los hombres que tienen sexo con hombres y las personas migrantes, transexuales, privadas de libertad o con discapacidad.
Asimismo, después de tantos años del reconocimiento de la epidemia, siguen produciéndose violaciones de los derechos humanos que impiden abordar el VIH, desalientan a los afectados a acudir a los servicios sanitarios y de apoyo, y aumentan enormemente su vulnerabilidad. El estigma y la discriminación son los mayores impedimentos para lograr un progreso acelerado en la respuesta. Además, a pesar de los avances en el acceso a los tratamientos, casi dos de cada tres personas que requieren terapias carecen todavía de acceso a ellas y es preciso que los gobiernos realicen un mayor esfuerzo económico a la hora de apoyar las investigaciones para desarrollar una vacuna segura y eficaz.
Ahora tenemos otra oportunidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el VIH-sida. Hoy comienza una nueva reunión de alto nivel sobre el sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). Para este encuentro, el secretario general, Ban Ki-moon, propone a los países miembros una serie de compromisos y objetivos para 2015, entre los que destacan reducir en un 50% la transmisión sexual del VIH y asegurar que 13 millones de personas puedan recibir tratamiento contra el virus. Debemos aprovechar este nuevo encuentro de líderes mundiales para exigir y garantizar que realmente se establezcan propuestas y compromisos concretos y cuantificables, y pedir a todos los gobiernos que apuesten firmemente por ellos. Es una tarea en la que todas y todos debemos implicarnos, y porque sólo así podremos garantizar que esta reunión suponga un importante impulso en la lucha contra el sida, al menos tanto como lo fue la celebrada en 2001.
Pedro Zerolo es embajador de ONUSIDA para América Latina y el Caribe
Ilustración de Dani Sanchís
PEDRO ZEROLO
En las últimas décadas, el reconocimiento de la diversidad se ha convertido en un concepto capital de la teoría política. Si hubo un momento en que las políticas centradas en la justicia social giraban sólo en torno a la redistribución de la riqueza, lo que supuso un avance histórico sin precedentes, hoy el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. La razón es clara: nuestra sociedad es un todo diverso –de ahí su riqueza– y el modelo social y económico debe contemplar la cohesión y la paz social como objetivo fundamental. De no ser así, acabaremos definitivamente atrapados en un escenario disfuncional en el que, con el aplauso de los de siempre, los conflictos serán continuos y el desprestigio de la política también, lo que derivará en un aumento del populismo y de la injusticia social.
La acción política debe entender y explicar, pues, que la justicia social es bidimensional. Por una parte, tiene que atender a las reivindicaciones de bienestar social, material y de atención pública de la ciudadanía y, al mismo tiempo, hacerlo también con las reclamaciones de reconocimiento efectivo de la igualdad y amparo de la diferencia de cada cual. En realidad, es algo tan evidente como atender el interés general y asegurarnos de que ninguna persona, por razón de su propia diferencia legítima, encuentre interferencias en su deseo de realización personal y participación en condiciones de igualdad. De no ser así, de no conseguir que la diversidad sea considerada como un valor ciudadano, la consecuencia será el incremento de la segregación y el ascenso de la desigualdad de trato, consideración y oportunidades.
Pues bien, para la buena gestión del interés general y de la diversidad, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trabaja en un anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Una iniciativa que, una vez se convierta en proyecto con la debida participación social, pretende ampliar la legislación actual –cuyo basamento es el artículo 14 de la Constitución–, e incorporar los ámbitos de protección recogidos en el artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Con esta apuesta legislativa no sólo se reforzará uno de los ámbitos más susceptibles a la discriminación como es el laboral, donde se ha avanzado en los últimos años, sino que se extenderá a otros espacios donde las discriminaciones se presentan con formas más sutiles, como es el acceso a la sanidad, la educación, el transporte, la vivienda…
Otro ámbito importante en la protección contra la discriminación es que las víctimas puedan tener a su disposición todos los medios posibles para poder canalizar sus demandas. La experiencia ha demostrado que las personas que se sienten víctimas de una discriminación rara vez presentan una denuncia, bien porque el proceso se alarga, es caro o porque desconocen a dónde acudir y qué trámites realizar.
Diversos países europeos cuentan con organismos independientes que no sólo ofrecen asistencia práctica a las víctimas, sino que también emiten informes, con la correspondiente recogida y estudio de datos, que contribuyen a que se visualice y se conozca el alcance y los efectos de las discriminaciones, ayudando a sensibilizar a la sociedad ante este fenómeno creciente. Un buen ejemplo de todo lo anterior es la
Alta Autoridad francesa, un organismo que tiene la capacidad de realizar una completa investigación tras la denuncia de la víctima, tiene potestad para sancionar y, si finalmente ve delito, remite la denuncia a la fiscalía. Es necesario, por tanto, que la futura legislación contemple la creación de un organismo autónomo e independiente similar a los que existen en otros países de nuestro entorno.
Discriminar no debe salir gratis, por lo que sería importante también reforzar el papel de la fiscalía en la persecución de los actos discriminatorios que constituyan delito mediante una fiscalía especializada, que contribuya a establecer una mayor coordinación y eficacia frente a la discriminación, posibilite una estadística anual en este tipo de delitos y coadyuve a incrementar el reproche social frente a los mismos. Así, la futura legislación puede convertirse no sólo en un importante instrumento jurídico que revise y amplíe la política contra las discriminaciones, sino que también puede ser una eficaz herramienta institucional y social para avanzar en la igualdad real y efectiva. La situación en España no es alarmante, pero existen datos que nos deben hacer actuar y así lo reclaman desde hace años distintas organizaciones sociales. El último Eurobarómetro recoge que el 15% de los españoles había sufrido una discriminación en el último año y un 31% había sido testigo de ella. En España, el barómetro del CIS de diciembre de 2008 señalaba que para la mitad de los encuestados se hace poco o ningún esfuerzo para luchar contra toda forma de discriminación.
En definitiva, la igualdad de trato es un elemento que es necesario incorporar plenamente como valor social y democrático porque nos afecta a todas y a todos, ya que todos somos susceptibles de sufrir algún tipo de discriminación directa o indirecta en algún momento de nuestra vida. Así pues, la futura Ley no es una iniciativa para unos pocos o para minorías, sino para la gran mayoría de la ciudadanía. Una legislación que, además de mejorar la convivencia y la integración, estoy seguro que será capaz de reforzar la cohesión social, convirtiéndose así en un poderoso instrumento de gestión de la diversidad y, por ende, de justicia social.
Pedro Zerolo es secretario de Movimientos Sociales del PSOE
Ilustración de Javier Olivares
PEDRO ZEROLO
La Conferencia Internacional sobre el Sida, celebrada la semana pasada en Viena, ha puesto de manifiesto la preocupación de los organismos internacionales encargados de minimizar el impacto de esta pandemia y de los propios activistas ante el hecho de que la actual situación de crisis global pueda, como está ocurriendo y denunció el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, detraer recursos económicos destinados a tratar de frenar la extensión de una enfermedad que afecta a 33 millones de personas, de las que más del 50% desconoce su estado serológico, y que en tres décadas ha ocasionado la muerte a 25 millones de mujeres y hombres.
El lema de la conferencia ha sido “Derechos aquí y ahora”, pero, como hemos denunciado muchos participantes, no hay derechos cuando diez millones de personas no pueden recibir tratamiento.
Se estima que más de cinco millones de personas recibían ya tratamiento contra el VIH a finales de 2009, un millón más que el año anterior. A pesar de que el dato es positivo, sólo representa un tercio de las personas que deberían estar recibiendo tratamiento con urgencia. Son cifras aportadas por los expertos que han participado en esta conferencia. A la vista de estos datos, estamos lejos de conseguir la meta fijada hace una década por los líderes mundiales de que en 2010 el tratamiento debería ser universal. Según las últimas estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (ONUSIDA), el acceso al tratamiento podría evitar diez millones de muertes antes de 2025 y un millón de nuevas infecciones. Por ello, debemos seguir trabajando por la cobertura universal en el acceso a los tratamientos; debemos reducir la transmisión sexual del VIH y promover su detección precoz. Además, está en nuestras manos luchar contra el estigma y la discriminación que aún hoy existe ante la pandemia y que invisibiliza a las personas que viven con el VIH, y podemos y debemos capacitar a los jóvenes para que se protejan frente al VIH.
En mi encuentro con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, abordamos algunos de los retos y preocupaciones que tiene por delante este organismo, y que sin duda compartimos. El primero es el reto de mantener el VIH y el sida en la agenda política de los gobiernos, algo que siempre ha sido difícil, pero que ahora, ante las nuevas prioridades políticas producidas por la crisis, corre el riesgo de convertirse en una tarea aún mayor. El segundo aspecto, relacionado con el anterior, se centra en la necesidad de dar un fuerte impulso al activismo social en torno a esta pandemia, explorando nuevas formas en su desarrollo que permitan aumentar su liderazgo social, un activismo que hoy más que nunca se hace necesario renovar para seguir presionando a los gobiernos a que mantengan sus compromisos con el VIH. Finalmente, otra de las preocupaciones de ONUSIDA se centra en la dificultad de concienciar a los gobiernos para que los recursos destinados a la prevención vayan encaminados a financiar programas en aquellas poblaciones más vulnerables al VIH. Se trata de una mala praxis que también existe en América Latina y el Caribe. Según las últimas tendencias epidemiológicas de 2009 para esta región, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres conforman la mayor proporción de las nuevas infecciones y su probabilidad de contraer el VIH es tres veces mayor, seguidos por las personas que ejercen la prostitución y los usuarios de drogas inyectables. Pues bien, a pesar de estos datos, sólo una insignificante fracción de los programas de prevención del VIH desarrollados por los gobiernos de la región están orientados a estas poblaciones, algo que sin duda dificulta, cuando no hace imposible, que podamos invertir el curso de la pandemia en esta zona. No debemos olvidar que el Caribe es, después del África subsahariana, la zona más afectada por el VIH y ocupa el segundo lugar entre las prevalencias más altas en adultos, lo que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar programas preventivos con las poblaciones afrodescendientes e indígenas, que son también otro de los ámbitos olvidados de esta pandemia.
Pensábamos que la anterior Conferencia Internacional de 2008, celebrada en México, supondría un verdadero cambio de rumbo en el desarrollo de las políticas regionales en materia de prevención, pero lamentablemente este cambio no se ha producido, y son ya muchos los activistas que alzan su voz para denunciar que el machismo, el racismo, la homofobia, la transfobia…, así como el prejuicio y el desinterés de una mayoría de gobiernos latinoamericanos, están provocando lo que ellos denominan “genocidio silencioso” de estas poblaciones. Tenemos ante nosotros el desafío de impulsar los cambios razonables para evitar que esta situación se prolongue por más tiempo, así como empezar a trabajar desde ahora para que los retos y necesidades que esta pandemia provoca en Latinoamérica emerjan con fuerza en la próxima Conferencia Internacional de Washington en 2012.
Pedro Zerolo es embajador de ONUSIDA para América Latina y el Caribe y Secretario Federal de Movimientos Sociales del PSOE
Ilustración de Miguel Ordoñez
