PERE ORTEGA
Ante el alud de críticas y descalificaciones vertidas contra los pocos que nos hemos opuesto a la intervención militar en Libia, es oportuno abordar un argumento despreciado en el debate –el de la noviolencia– y aportar algunos datos para desmentir las bondades del derecho a proteger planteadas por el coro de partidarios de las guerras justas.
En general, se ha hecho referencia al fracaso de la comunidad internacional en los conflictos yugoslavos o en Ruanda. Hoy, pasados unos años, podríamos hacer balance y preguntarnos qué arreglaron aquellas intervenciones. Recordemos que, si bien los bombardeos de la OTAN en Bosnia (1994) liberaron Sarajevo, no acabaron con las matanzas. El ejemplo más dramático de toda la contienda, el asesinato de 8.000 bosnios en Srebrenica, fue perpetrado frente a las fuerzas de los cascos azules de la ONU, quienes no hicieron absolutamente nada para proteger a aquella población.
Otro ejemplo. Más tarde, para proteger a los kosovares, la OTAN bombardeó Serbia (1999). Aquellos ataques desprestigiaron y tiraron por el suelo la resistencia activa noviolenta preconizada por el líder kosovar Ibrahim Rugova y ayudaron a instalar en el poder al jefe de la UCK, Ashim Thaci. Una guerrilla que recibía ayuda de EEUU y además se financiaba (ya se sabía entonces) de la prostitución, el tráfico de drogas y de órganos humanos (esto lo sabemos hoy). Una vez instalado el nuevo Gobierno albanokosovar, prosiguieron las hostilidades y las represalias. Pero esta vez contra la minoría serbia, 200.000 kosovares serbios fueron expulsados de sus hogares y, los pocos que se quedaron refugiados al norte del río Ibar piden hoy la autodeterminación y la anexión de su territorio a Serbia.
Es decir, ni las bombas ni la intervención de la OTAN acabaron con las matanzas ni la limpieza étnica, ni tampoco con el régimen criminal de Milosevic. Y si este cayó en el año 2000, fue gracias a las revueltas populares no violentas que dieron al traste con aquel sátrapa que luego sería entregado al Tribunal Penal Internacional.
Respecto al genocidio de Ruanda en 1994, también puesto como ejemplo de inacción internacional, se debe recordar que, en la región de los Grandes Lagos, las atrocidades entre hutus y tutsis se remontan a decenios anteriores. Entonces, la responsabilidad de la comunidad internacional es por no haber arbitrado medidas de mediación que impidieran el genocidio, no por la tardía intervención militar, pues la operación Turquesa para frenar el genocidio acabó apoyando a la guerrilla tutsi. Además de ayudar a expulsar a un millón de hutus hacia la República Democrática del Congo, una vez instalada en el poder, lanzó acciones de represalia contra los supuestos responsables del genocidio, produciendo nuevas matanzas. Hoy, Paul Kagame, el presidente tutsi del Gobierno ruandés, tiene abiertos procesos en Francia y España acusado de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, tampoco parece que la intervención militar en Ruanda fuera muy eficaz ni favoreciera la protección de la población civil.
Pero aún hay más. Los defensores del derecho a proteger con intervenciones militares humanitarias no dicen nada de las causas de violencia estructural que originan muchos de los conflictos actuales en el mundo. Los organismos internacionales que regulan las políticas económicas y comerciales transnacionales (OCDE, BM, FMI, UE) son señalados por múltiples analistas como una de las causas que originan conflictos. Estos adoptan medidas que en general van dirigidas a eliminar la protección de las economías locales para favorecer el comercio internacional y que siempre van acompañadas de exigencias de ajustes para que se reduzca la protección social. Medidas que acaban desestructurando el tejido social, generan paro, marginación, y en algunos casos haya quien se convierta en delincuente o se enrole en grupos armados como medio de subsistencia. Entonces, ¿cómo se puede clamar por intervenciones militares a causa de violaciones de los derechos humanos cuando entre las causas que originan los conflictos hay una responsabilidad directa de quienes gobiernan esos organismos internacionales? Intervenciones para implementar una paz liberal (M. Duffield, 2001), término que designa de manera apropiada las intervenciones militares de la comunidad internacional.
Ahora volvamos a Libia. Los rebeldes tomaron el camino de las armas abandonando la senda que dio el triunfo a las revoluciones no violentas de Túnez y Egipto. Cierto es que ese camino lo inició Gadafi para reprimir las protestas, pero los rebeldes deberían haber reflexionado sobre el alcance de tamaña decisión, pues empuñar las armas para conseguir una reivindicación política es apostar por un final violento, y eso abre una espiral de difícil control y de final incierto donde puede haber represalias y matanzas en ambos lados.
Además, hay que añadir un hecho diferencial al resto de revoluciones: entre los rebeldes hay ministros y generales que hasta hace poco formaban parte del régimen de Gadafi, y todo apunta a que se trata de una lucha para hacerse con el poder mediante un golpe de Estado. Y otro elemento, la cuestión tribal. En la región de Bengasi, los rebeldes son de un clan opositor del de Gadafi que gobierna en Trípoli. ¿Qué ocurrirá si el clan de Bengasi vence gracias a la ayuda exterior y los rebeldes entran en Trípoli? ¿Se repetirán las tristes experiencias vividas de las matanzas de las guerras de la exYugoslavia y Ruanda?
La violencia armada de tantos grupos que decían luchar por la emancipación ha demostrado ser un error de proporciones colosales. Recordemos que aquellos grupos que alcanzaron el poder mediante la fuerza de las armas sólo con las armas se pudieron mantener. En el caso de Libia se vuelven a repetir los mismos errores del pasado.
Pere Ortega es coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Justícia i Pau)
Ilustración de Iker Ayestaran
PERE ORTEGA
El progreso de la tecnología ha permitido que se desarrolle un tipo de armas que hace muy difícil, si no imposible, diferenciar entre armas convencionales y armas de destrucción masiva. Esto se debe a que determinadas armas producen un impacto muy nocivo sobre la población civil. Es el caso de las minas antipersona, las bombas de racimo y los proyectiles de uranio empobrecido. Esa dificultad también se extiende a ciertas armas químicas.
Tal es el caso del fósforo blanco, una sustancia química tóxica que arde de manera espontánea en contacto con el oxígeno. A las personas les puede producir la muerte o quemaduras muy profundas que alcanzan órganos internos. Aunque no esté prohibido por la Convención de Armas Químicas (CWC, en inglés), el fósforo blanco está ampliamente cuestionado por muchos expertos de la propia CWC, pues lo consideran un arma especialmente dañina para la población. En ese sentido, existe la demanda de incluirla en el reglamento de prohibición de la CWC. En cambio, los gobiernos que las poseen y utilizan argumentan que el fósforo blanco, si es utilizado en un contexto exclusivamente militar –es decir, sin intención de ser usado como agente tóxico contra civiles–, no debe ser prohibido.
Respecto a otras armas de efectos masivos, la más conocida es el proyectil recubierto de uranio empobrecido, utilizado en las guerras de Serbia (1999), Afganistán (2001) e Irak (2002) por parte de EEUU y Gran Bretaña. Estos proyectiles se utilizan por ser muy efectivos en la penetración en blindajes. Pero, al impactar en su objetivo, diseminan partículas de uranio en su entorno y son múltiples los casos de cáncer entre los habitantes de las zonas que se vieron expuestas a la radiación de esos proyectiles.
Otro ejemplo de arma de destrucción masiva es la bomba de gran potencia desarrollada por Rusia en contestación a otra similar de EEUU (MOAB) pero veinte veces superior, con un peso de 7.000 kg. Se trata de una bomba química que se diferencia escasamente, por sus efectos, del arma nuclear: en una primera explosión dispersa líquido inflamable en forma de aerosol y en una segunda explosión inflama el líquido, produciendo una gran onda expansiva de calor que destruye todas las construcciones y la vida humana en varios kilómetros a la redonda.
Israel, con la ayuda de EEUU, ha desarrollado una potente industria bélica y ocupa un destacado quinto lugar en el ranking mundial de fabricantes y exportadores de armas, lo que indica que existe un fuerte esfuerzo en la investigación y desarrollo de nuevos prototipos de armamentos. En sus ataques a Gaza, Israel ha puesto a prueba parte de ese siniestro armamento.
El Ejército de Israel ha utilizado bombas de fósforo blanco para atacar Gaza, produciendo múltiples muertes entre civiles por los efectos de las graves quemaduras sufridas. Pero, además del fósforo blanco, las fuerzas armadas israelíes han utilizado un tipo de bomba fabricada con metal inerte denso (DIME, en inglés), ya utilizada en Líbano en 2006. Se trata de una bomba compuesta de una aleación de tungsteno con pequeñas partículas de níquel y cobalto que, al explosionar, se desintegra y disemina un polvo que actúa como una micrometralla incandescente en un radio de acción muy reducido, diez metros, por lo que se reducen los indeseados “efectos colaterales”. Una bomba denominada “inteligente”, pues actúa con precisión letal sobre su objetivo en ámbitos altamente poblados. Lo siniestro de la DIME es que la metralla microscópica que disemina penetra en el cuerpo humano cortando órganos y huesos. Si la víctima sobrevive, las partes afectadas deberán ser amputadas y es más que probable que desarrolle cáncer.
El armamento químico está en manos de muchos países. Lo tuvo y utilizó el Irak de Saddam Hussein contra los kurdos y en la guerra contra Irán; Rusia, lo tiene y lo utilizó en el asalto al teatro de Moscú en 2002, donde murieron 130 personas, y es más que seguro que un buen número de países lo posean. Respecto al fósforo blanco, además de Israel, EEUU lo utilizó en la toma de Faluya de 2004 en Irak y, en el pasado, fue utilizado en la guerra de Vietnam junto a otras armas químicas (gas mostaza, agente naranja y napalm).
La utilización del fósforo blanco en los ataques en Gaza, debido a la densidad humana de la zona, puede considerarse un ataque con armamento químico contra la población. Se debería abrir una investigación y, en su caso, sancionar a Israel por crímenes de guerra contra la población civil.
A pesar de haber avanzado en acuerdos de desarme y prohibición de armamentos de destrucción masiva –que incluyen tanto las minas antipersona y las bombas de racimo como las armas químicas, bacteriológicas y nucleares–, en muchos casos, en la práctica, esos acuerdos son simples declaraciones de principios cargados de buenas intenciones. Así, nos encontramos con que muchos países no son firmantes de esos acuerdos y las poseen. Otros son firmantes, pero no se dejan inspeccionar. Y unos terceros son firmantes pero tienen bula para fabricarlas e incluso exportarlas. Y la mayoría de ellos no cejan en investigar y desarrollar nuevos tipos de armas cada vez más mortíferas, lo que deja sin argumentos la separación entre armas convencionales y de destrucción masiva.
Seguimos viviendo bajo el impulso de unas potencias que promueven guerras mediante la carrera de armamentos. Por ejemplo, España vendió en el 2007 armas a Israel por un importe de 2,37 millones de euros. ¿Habrán sido utilizadas en Gaza?
Muchas cosas tiene que arreglar Obama. Deberíamos ayudarlo en impedir que prosiga la carrera de armamentos.
Pere Ortega es Investigador del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs (Justícia i Pau)
Ilustración de Enric Jardí
PERE ORTEGA
A propósito del gasto militar existen dos grandes tópicos. Uno, el utilizado por los estados para justificar la inevitable, dicen, existencia de los ejércitos. El cual se basa en la creencia de que los ejércitos ofrecen seguridad a los ciudadanos, cuando lo cierto es que los conflictos armados y guerras no han amainado en el planeta.
El segundo tópico, este extendido entre la población, es el de rechazo al gasto militar por considerarlo improductivo por superfluo. Para contrarrestar esa opinión pública desfavorable, los gobiernos recurren a minimizar al máximo el gasto militar e ingeniárselas para camuflarlo mediante fórmulas de contabilidad creativa dentro de los Presupuestos del Estado. Ello no tiene excesivas dificultades pues, consignando en menor cuantía algunas partidas militares, para después, en el transcurso del ejercicio, complementar, zanja el asunto. También se pueden asignar partidas militares a otros ministerios que no son el de Defensa. Este es un caso muy extendido tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y en el caso particular de España que he estudiado.
Esto viene a cuento del artículo Gasto militar y otros tópicos, de Jesús Cuadrado (Público, 12-11-08), en el que sostiene que España, según la OTAN, mantiene un gasto que representa el 1,2% del PIB. Esto es cierto si se circunscribe exclusivamente al gasto del Ministerio de Defensa. Pero si se tiene en cuenta lo que la misma OTAN recomienda a los estados –que deben incluir como gasto militar todas aquellas partidas relacionadas con la defensa–, entonces, en el caso español, nos encontramos que diversos gastos de defensa se encuentran repartidos entre otros ministerios. Tales son el I+D militar, las contribuciones a organismos internacionales militares, las pensiones y mutuas militares, o la Guardia Civil, un cuerpo que debería ser civil, como reclaman sus integrantes, pero que en cambio se rige por el código militar. Entonces, el porcentaje aumenta y se sitúa en el 1,7% del PIB este año 2008.
Pero aún hay más. Este cálculo se establece sobre los presupuestos iniciales, cuando se aprueban en el Congreso de Diputados. Pero si se observa la liquidación del presupuesto al finalizar el ejercicio, entonces encontramos que sobre el presupuesto inicial existen desviaciones que oscilan, según los años, entre un 15% y un 20%. En 2007 la desviación ha ascendido a 1.500 millones de euros, con lo que el porcentaje respecto al PIB aumenta otro poco más, hasta situarse en torno al 2%.
Pongamos algunos ejemplos. Las misiones militares en el exterior han sido presupuestadas este 2008 en 17,36 millones de euros. Según declaró ante la Comisión de Defensa el secretario de Estado para la Defensa, en lo que va de año se llevan gastados 688 millones de euros.
El I+D militar es otra de las trampas presupuestarias: cada año se otorgan desde el Ministerio de Industria créditos a las industrias militares para llevar a cabo nuevos prototipos de armamentos. Como se trata de créditos iniciados en 1997, han acumulado una deuda con el Ministerio de Defensa de 13.254 millones de euros. Este año 2008 se han otorgado 1.308 millones. A una pregunta parlamentaria de IC-EUiA, se le respondió, el 23 de junio pasado, que se han retornado 81,45 millones desde 1997. ¿Cabe la esperanza de recobrar esos créditos? ¿O se trata de un gasto militar camuflado? Yo me temo que, más temprano que tarde, esa deuda será condonada, convirtiéndose en gasto militar.
Otros casos son las pensiones de los militares jubilados o en la reserva, que son abonados desde la Seguridad Social; las contribuciones a organismos internacionales en asuntos militares (tratados de desarme y OTAN) que surgen del Ministerio de Exteriores; o la parte de los intereses de la deuda del Estado, que, en el caso de las inversiones militares, alcanzaron el 16% del total de todas las inversiones de España.
Por último, Jesús Cuadrado acusa de pereza intelectual y moral a las gentes de izquierda que cuestionan los ejércitos, las intervenciones militares en el exterior y el gasto militar. Yo iría más lejos y extendería esa acusación de pereza a la derecha y al centro del arco político. Pues la mayoría de la clase política se sitúa en la inercia de mantener la seguridad a través de los ejércitos, cuando estos no parecen haber hecho disminuir los conflictos armados en el planeta. Así, hoy tenemos 25 millones de soldados repartidos por todo el globo, dos millones en la UE, mientras sigue sin llegar el necesario gobierno mundial que pudiera regir mediante un contrato de mínimos la salvaguarda de la paz.
Es decir, la ONU sigue sin disponer de recursos, entre otros, unos cuerpos propios para el mantenimiento de la paz, cuerpos que hoy (cascos azules) son cedidos en función de los intereses particulares de los estados.
Pero es que la ONU continúa prisionera de la banda de los cinco (EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña), que, mediante el derecho de veto, impiden cualquier intento de democratización del organismo. Ojalá dispusiera de esos recursos, pues indicaría más salud democrática, mayor autonomía política y mejor disposición para hacer frente a catástrofes humanitarias, naturales y crímenes de lesa humanidad.
Entonces podríamos empezar a disminuir o eliminar esos 25 millones de soldados nacionales, pues su misión quedaría reducida a asegurar la paz interior de los estados, pues de la exterior ya se encargaría la ONU. Y, de paso, reduciríamos el gasto militar que, según datos oficiales de los gobiernos, es de 1.350 billones de dólares al año, el 2,5% del PIB mundial.
Pere Ortega es investigador en paz y desarme del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs (Justicia i Pau)
Ilustración de Mikel Jaso
