PERE VILANOVA
Con los datos de que disponemos en estos momentos, los analistas han de ser prudentes –a menos que tengan acceso a información privilegiada– y no pretender entrar en competiciones extravagantes sobre quién sabe exactamente qué sobre la noche de autos y las horas siguientes al ataque. Rumores habrá para todos los gustos.
Quizá debamos centrarnos en otro quehacer, por ejemplo el de intentar identificar algunas de las consecuencias de la desaparición de Bin Laden. Lleva razón el prestigioso analista pakistaní, Ahmed Rashid, cuando escribe que conviene centrar nuestra atención en dichas posibles consecuencias partiendo de la peculiar estructura organizativa de Al Qaeda. En una organización terrorista tradicional o convencional, basada en una estructura muy piramidal, extremadamente jerárquica, en la que las órdenes e instrucciones operativas pasan verticalmente de arriba abajo por dicha estructura, el descabezamiento del liderazgo produce –al menos a corto y medio plazo– daños funcionales a la organización. Depende para su supervivencia de la capacidad de “sustitución” de la cabeza, o de los escalones seccionados. En una estructura, o mejor dicho una “no estructura” como Al Qaeda, la situación es otra.
Con las informaciones disponibles en los últimos diez años, se puede considerar lo siguiente: por un lado es una franquicia más que una pirámide, una nebulosa que trabaja en red, en base a unas directrices ideológicas bastantes rudimentarias, atemporales y repetitivas. Por tanto, en estos últimos años –cuatro o cinco aproximadamente–, Al Qaeda ha funcionado más bien sobre una estrategia de reclutar donde y como se puede, de manera fragmentada y aislada y después de un entrenamiento rudimentario se sueltan “bombas humanas” individuales y aisladas. Operar por Internet se ha vuelto cada vez más complicado –los terroristas tienen acceso a la tecnología de las redes, pero los gobiernos también, y más aún–, de modo que el resultado es desigual. Por desgracia, el atentado de Marrakech del otro día fue sangriento, pero las fuerzas policiales de varios países están teniendo cada vez más éxito en sus estrategias preventivas (la última célula desmantelada fue en Alemania, hace unos días). Un desgraciado se autoincendia un día en un avión al intentar activar un artefacto más bien todo a cien; otro se estrella con un jeep en la puerta de un aeropuerto del que no sabe ni cómo se entra ni cómo se sale; etcétera.
Por otro lado, el reclutamiento. No debemos olvidar que más del 85% de las víctimas mortales de los atentados atribuidos a Al Qaeda en los últimos nueve años han sido ciudadanos musulmanes, y eso ha ido haciendo mella en las sociedades afectadas. Para poder matar a Benazir Buttho, hicieron falta varios atentados, de los cuales dos provocaron la muerte de más de 130 personas. No es nada evidente que el carisma de Bin Laden entre la juventud reclutable se mantenga. Si se mira el ciclo de violencia en Argelia en los noventa, la expansión social inicial del FIS, seguida del golpe de Estado, y la violencia a gran escala posterior, al final queda un extraño balance: el régimen argelino no sale bien parado, pero se mantiene. El reclutamiento islamista radical, sus bases de apoyo, la influencia de lo que después del FIS se decantó en el Gia, y después en facciones cada vez más violentas pero minoritarias, ha dejado a Argelia hoy en una situación bien distinta. Lo que queda de los grupos radicales islamistas se ha tenido que retirar al desierto, o bajar a Níger, Mali y Mauritania, mientras que la calle, es decir, la sociedad civil que se manifiesta desde enero, lo que pide es una transición democrática, unas elecciones limpias y un cambio de régimen que no les lleve precisamente a un “emirato islamista”.
Es igualmente cierto que la geografía política de la etapa post- Bin Laden que ahora empieza será muy heterogénea y desigual. Las franjas más sensibles de las zonas tribales de Pakistán, los Waziristan, o la franja sureste de Afganistán, son y serán plazas fuertes de la violencia, precisamente por la fuerte autonomía y fragmentación de Al Qaeda. Los grupos allá afincados son autosuficientes para mantener un alto grado de tensión. Las variantes pakistaní y afgana (sobre todo la primera) contemplarán probablemente reacciones a la muerte de Bin Laden.
Pero en última instancia, diez años son muchos años. Nada indica que el viento de revueltas que recorre desde enero el mundo árabe (que no el mundo musulmán en general, sobre todo en Asia) tenga nada que ver, ni se vaya a sentir afectado por la de-
saparición de Bin Laden. Estas revueltas piden en la calle exactamente lo que Al Qaeda más aborrece: regímenes políticos de tipo estatal de lo más clásico. Los Hermanos Musulmanes se postulan a la manera de los partidos constitucionales de, por ejemplo, Turquía e Indonesia: confesionalidad dentro de la lealtad al Estado y a la Constitución, por encima de cualquier otra consideración. Acabamos de saber que Hamás ha pedido formalmente a Qatar que acoja su sede política exterior, actualmente en Damasco. E Irán está en el pelotón de los que más se alegran de la muerte de Bin Laden.
En conclusión, precisamente por la naturaleza de su estructura, la desaparición del líder no comporta el fin operativo de su organización-franquicia, pero es difícil pensar que va a seguir ocupando un lugar central en la agenda de los gobiernos de todo el mundo. Lo cual no quiere decir que sus restos de serie no puedan seguir haciendo daño durante cierto tiempo.
Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
PERE VILANOVA
La intervención ordenada por el Consejo de Seguridad (en adelante CS) en Libia, a estas alturas, ha suscitado un amplio debate, que a juicio de quien firma estas líneas requiere alguna precisión. Por un lado, es uno de estos casos en los que amplios segmentos de la opinión pública tienen sensación de confusión. A eso se le llama dilemas, y no sólo el largo debate sobre el llamado “deber de intervención” (en los noventa) o “Responsabilidad de proteger” (endosado por Naciones Unidas en 2005 y 2009) contiene dilemas. Sobre todo comportan dilemas todos y cada uno de los casos en los que se han producido intervenciones internacionales bajo esta invocación en exactamente los últimos 20 años. Y por favor, dejen de lado el caso de Irak en 2003, porque es el único en el que las diferencias con Libia son de tales dimensiones que invocarlo carece de todo fundamento.
El criterio de legalidad es inobjetable: la resolución 1973 del CS es explícita, es previa a la acción, define claramente el mandato, y además fija también los límites que el mandato no debe traspasar. En este caso, el criterio de legalidad viene reforzado por el criterio de legitimidad. Los casos en los que en el pasado no se intervino, o se hizo tarde (como en la ex-Yugoslavia entre el 91 y el 95, bajo misión de Naciones Unidas, la Unprofor), han pesado mucho en la decisión de los miembros del CS. Incluso los que tenían reservas –por motivos varios y que les corresponde a ellos explicar– se han abstenido, no ha habido votos en contra.
La Resolución 1973 es clara: se trata de defender al pueblo libio de los ataques de su propio Gobierno, mandato de los artículos 138 y 139 del Documento aquí referido. Se trata pues de defender civiles –supuesto básico del Derecho Internacional Humanitario–y en concreto de la llamada “Responsabilidad de proteger”, definida por la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, y por la Declaración de su secretario general de 2009, que llama a su “efectiva implementación”. El CS precisa que actúa bajo el capítulo VII de la Carta (relativo al uso de la fuerza) y otorga un doble mandato. Por un lado, la zona de exclusión aérea, que necesita de medios militares para ser impuesta, y de su utilización para mantener la credibilidad de la Resolución, si Gadafi da pie a ello. Y lo dio en las 48 horas siguientes a la Resolución de Naciones Unidas. Sus fuerzas fueron detenidas a 15 km del centro de Bengasi, declaró y violó dos veces su propio alto el fuego. Pero el mandato expreso de la Resolución 1973, además de la zona de exclusión aérea, tiene otro aspecto esencial: autoriza el uso de los medios necesarios para defender a la población “cuando esté bajo amenaza” de dicha fuerza. No es verdad que no hay precedentes. Los hay, varios, y además su variedad demuestra tanto su eficacia si se hace con determinación (protección de la población kurda del norte de Irak, con la zona de exclusión aérea de 1991, que se mantuvo durante más de diez años con un alto grado de eficacia), como los costes humanos si se hace lo contrario (Unprofor en Bosnia Herzegovina o el fracaso en la protección de los chiítas del sur de Irak en 1991). La Resolución no autoriza y veta expresamente cualquier proyecto de invasión por tierra o despliegue de tropas con voluntad de permanencia. En opinión de muchos expertos, ello no implica que no pueda ser preciso crear “perímetros de seguridad” cuando ACNUR y otras agencias humanitarias tengan que desplegarse sobre el terreno, si llega el caso. La crisis Libia había generado un éxodo hacia las fronteras tunecina y egipcia de entre 150.000 y 200.000 personas. El regreso, repatriación o reubicación de esta gente forma parte del problema humanitario en curso.
La Resolución no tiene como propósito atentar contra la integridad territorial de Libia, y no llama a un cambio de régimen. Ni lo propone ni está en las competencias del CS hacerlo. Cuando se trata de resoluciones del Consejo de Seguridad, son los estados los que aceptan –siempre voluntariamente–participar o no y de qué modo en las operaciones subsiguientes. Ello explica que la UE o incluso la OTAN (al no tratarse de un supuesto de defensa mutua del Art. 5) no tengan por qué tomar una posición colectiva común como tales organizaciones. Pero con este mandato del CS de la ONU no sería aceptable que, a la espera de esta improbable decisión, aquellos que quieran no pudieran actuar.
Existe el agravio comparativo, en particular en Yemen (el mismo día que se aprobó la Resolución murieron 50 manifestantes sólo en la capital). La Liga Árabe y el CS deberían seguir con atención el caso. Esto también es un dilema: ¿dónde está el listón para el CS? ¿Yemen, Bahrein? Los agravios comparativos existen, y son, por desgracia, muchos. Todos los dilemas se resumen en lo siguiente: ante esto, la comunidad internacional puede hacer dos cosas. No actuar en ningún sitio para evitar agravios comparativos, a la espera de actuar en todos a la vez y resolverlos positivamente. Es un supuesto ideal pero injustificable. Y parece el de algunos manifestantes del día después, instalados en el llamado “pensamiento impecable”. La otra opción es la de que el CS de la ONU decida cuándo y dónde se deba y se pueda, con el mandato adecuado, los medios suficientes, y una voluntad colectiva suficiente, con todos los dilemas a cuestas.
Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona
Ilustración de Enric LLardí
PERE VILANOVA
Las elecciones de hoy no sólo tienen en vilo a Estados Unidos, sino que sus expectativas van mucho más allá, son una especie de test de la Presidencia de Barack Obama. Para evaluar tal hipótesis, hay que tener en cuenta al menos dos aspectos de la cuestión. Uno es el propio sistema político norteamericano, y en concreto su sistema electoral, que en este caso se aplica a las elecciones legislativas. El otro es el envite, o los envites, reales de estas elecciones, de las que ya cabe adelantar que ni son un caso inédito (pase lo que pase) en la tradición de Estados Unidos, ni van a enterrar la actual Presidencia. Pero los resultados sí pueden influir, o incluso alterar, la agenda política del presidente Obama.
El régimen político de Estados Unidos, dentro de las tipologías clásicas de regímenes políticos comparados, es el paradigma del “presidencialismo puro”, basado en una separación de poderes muy rígida en comparación con el régimen parlamentario tan extendido en Europa. La diferencia con nuestro sistema político es muy grande, aun cuando ambos comparten el principio de la separación de poderes. En Estados Unidos, el mandato presidencial dura cuatro años, y se vota el primer martes después del primer lunes de noviembre. Punto. Y lo mismo sucede con las dos cámaras del Parlamento, es decir, el Congreso. La Cámara Baja, o Cámara de Representantes, se renueva totalmente cada dos años, y el Senado, por tercios también cada dos años. En ese tipo de régimen, no hay ni voto de investidura, ni moción de censura, ni cuestión de confianza, ni disolución anticipada de las cámaras (el llamado impeachment presidencial se limita a casos de imputación penal). En este contexto, Obama, o mejor dicho, su partido, puede tener un mal resultado hoy, pero ello no implica necesariamente que esté en riesgo su reelección en 2012. De hecho, desde Truman, todos los presidentes han sido castigados en las primeras legislativas de su primer mandato, con dos excepciones: G. W. Bush en 2002 y Clinton en 1998, pero la lista incluye a Reagan, Kennedy, Bush padre, Nixon. Clinton perdió mas de 50 parlamentarios en 1994 y ganó su reelección cómodamente en 1996.
Ello nos lleva a la segunda cuestión: en unas elecciones legislativas, los candidatos tienen que rendir cuentas (y prometer mucho) a sus votantes en sus distritos uninominales, y en ambos partidos la fragmentación de intereses, grupos, lobbies, e incluso ideologías es espectacular. ¿Cuáles son los envites? Según muchos analistas, los votantes se pronunciarán sobre la crisis económica, pero no desde la perspectiva de si el G-20 tiene que pasar a G-22 o si China e India han de presidir el Banco Mundial. Se trata de los jobs, la creación de empleo (hay un 10% de tasa de paro, porcentaje que en Estados Unidos se considera alto), y en cómo se traduce el déficit (casi el 10% del PIB) en la vida diaria del votante. La reforma sanitaria, el sello personal de Obama en esta primera legislatura, sus costes y sus consecuencias. Aquí es donde florecen estas peculiares acusaciones de que Obama es socialista o comunista, y además musulmán (lo cree el 18% de la población), y donde siembra el Tea Party, que sobre empleo no ha dicho esta boca es mía. Es uno de los temas de la agenda donde hay más agitación ideológica en el extremo derecho del espectro. La inmigración es un tema que ha ido creciendo, hasta el punto de que algún Estado ha definido políticas de control (de hecho represión) que vulneran aspectos clave de la legislación federal en materia de derechos. El cambio climático es otro tema que, en otros sectores electorales, tiene su importancia. La gente ha olvidado que en 2000 la polémica elección presidencial en Florida, que dio de modo dudosamente legal la victoria final a Bush sobre Gore, se debió sobre todo a las decenas de miles que sacó el candidato ecologista (y apolítico) Ralph Nader en Florida. La gestión de la catástrofe de la plataforma petrolera de BP en las costas del Golfo de Mexico, imputable exclusivamente a la compañía, recae electoralmente sobre la Presidencia, pero su alcance es escaso en los estados alejados del lugar. La incógnita es, por ejemplo, si el tema de la Seguridad Nacional, la lucha antiterrorista, le puede costar votos al partido demócrata en general, aunque más bien es un tema que afectaría a la próxima elección presidencial, como el tema de Afganistán o en su día el de Irak.
En otras palabras, ante la heterogeneidad y fragmentación de cada uno de los partidos, tanto el demócrata como el republicano han de afrontar sobre todo sus dilemas internos. Por ejemplo, el establishment republicano está muy preocupado por ese ovni llamado Tea Party, que es ante todo una revuelta interna de la extrema derecha de sus bases, pero en última instancia lleva a muchos candidatos (de ambos partidos) a acercarse a tan estrafalario discurso por si su influencia fuera mayor de la esperada. Los demócratas temen sobre todo la abstención, por fatiga o por escepticismo ante el escaso avance del programa de Obama: los jóvenes y los votos hispano y negro son esa variable.
Que Obama tenga ahora un 47% de aprobación es significativo en relación al 74% que tuvo al comienzo de su presidencia. Pero desde Truman, en el momento de la primera mid-term election los presidentes han estado entre el 65% (Clinton, en 1998) y el 41% (Reagan, en 1982). Es una opinión muy generalizada que la primera elección parlamentaria suele incluir siempre una advertencia, admonición o rapapolvo al presidente. Veremos qué sucede hoy. Hasta las presidenciales de 2012 quedan dos años justos.
Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Enric Jardí
PERE VILANOVA 
Cuando fueron por fin liberados los cooperantes catalanes, pareció por un momento que se abriría un debate de fondo sobre la cooperación y sus diversas variables, y sobre todo sus contradicciones. Ignoro si este debate se está produciendo en el seno de las diversas ONG e instituciones gubernamentales (el término debe ser entendido en sentido amplio: gobiernos estatales, autonómicos, municipales, etc.), pero desde luego en el espacio público no, o al menos no a la escala que parecía anunciarse. Pero la reflexión sigue siendo necesaria, aun partiendo de la prudente certeza de que al final no habrá una “fórmula mágica” que permita definir un formato de cooperación que garantice al cien por cien su eficacia, optimice sus recursos y supere sus contradicciones. Además, que tenga no sólo un masivo apoyo de la opinión (esto es sencillo, en general la gente es sensible a las desgracias ajenas y se ha visto con ocasión de diversas catástrofes en los últimos años), sino un apoyo sostenido de las instituciones públicas, y aquí el rendimiento es más desigual.
Para empezar, sería útil repensar las diversas tipologías y clasificación de las ONG existentes. Hay muchas organizaciones en la foto de familia y no todas tienen el grado de transparencia exigible, ni la
misma capacidad de “rendir cuentas” (en el sentido de accountability,
término tan difícil de traducir con exactitud). Existen tres posibles criterios sencillos para que el ciudadano medio pueda guiarse en la maraña de siglas. Ante todo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), frente a los organismos de cooperación orgánicamente integrados en las diversas administraciones públicas (desde la Unión Europea hasta los departamentos de cooperación internacional de muchos ayuntamientos, pasando por la AECID y organismos autonómicos de vocación análoga). Aquí es necesario introducir una nueva variante, no siempre popular entre muchas ONG: el grado de autonomía/independencia económica en cuanto a la relación entre fondos privados y fondos públicos. Y es un hecho que muy pocas, por cierto, siempre las más profesionales, son realmente independientes gracias a su alta tasa de asociados y de donantes (vean la web de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo). La mayoría depende de proyectos, subvenciones, convocatorias públicas de diverso tipo, es decir, de dinero público, lo cual tiene su lógica, pero cuidado, hay un problema subyacente: en muchos casos las instituciones lo que hacen es “externalizar” sus funciones. Es decir, presentar como actividad de cooperación propia una subrogación de la misma. Si además entran criterios ideológicos o políticos en la adjudicación de los fondos, y sucede en muchas latitudes, entonces hay un problema de fondo.
Otro criterio, este basado en una perspectiva más “funcional”, reside en la diferencia entre ONG de cooperación al desarrollo frente a las especializadas en emergencias, ya sean guerras, hambrunas, terremotos o inundaciones. Tienen que tener no sólo estructuras diferentes, sino criterios de reclutamiento distintos, y las segundas requieren en general una gran especialización de su personal, una capacidad de intervención (y despliegue) ágil, etc. Uno de los problemas de fondo es que las primeras deben y pueden preparar proyectos con antelación suficiente, proyectar a largo plazo, planificar sus recursos, mientras que las segundas han de tener un “fondo de reserva” constante (tanto económico como en recursos humanos), pero ello no es fácil de planificar, pues han de hacer frente a situaciones muchas veces súbitas y a escala dramática. No es sencillo.
Un tercer criterio suele pasar más desapercibido, pero tiene su importancia, y casualmente tiene que ver con la distinción religioso/laico. En muchas partes del mundo hay personal religioso muy entregado humanamente, y con mucha experiencia acumulada en sus temas y en su lugar de actividad, pero además hay también ONG que tienen apoyo subyacente de (o vinculación orgánica con) instituciones religiosas. Ello les da un plus de medios, tanto en recursos humanos como –en ocasiones–económicos, pero a la vez compiten con las ONG laicas en la captación de recursos, tanto privados como sobre todo públicos.
A partir de ahí empieza (o continúa) el debate. Profesionalización frente a amateurismo (sea cual sea el impulso generoso del afectado): la tendencia acelerada a escala global es a lo primero, y se invita al público a priorizar sus donaciones en metálico, con compromiso de transparencia y rendimiento de cuentas. Grandes organizaciones frente a pequeñas (¿cómo comparar
ACNUR con una pequeña ONG municipal?); proyectos a largo plazo frente intervenciones puntuales; priorizar lo local (contrata localmente, compra localmente, consume localmente) para acompañar la ayuda de efecto inmediato con la transformación del tejido social a largo plazo, frente al viaje de ida y vuelta.
Pero todo esto es lo sencillo, los problemas de fondo aparecen con los dilemas sobre el terreno: cuándo ir, quedarse o irse, denunciar políticamente o garantizar un silencio presentado como imparcialidad, como condición para seguir actuando. Sólo los años noventa nos han legado más dilemas de los que quepa imaginar. Permitan que recomiende a los lectores dos libros esenciales para este debate: Cuidar el mundo persona a persona, de J. Orbinski (Destino, 2009) y El espejismo humanitario, de J. Raich (Debate, 2004). Ambos autores, muy críticos y autocríticos con el gremio, tienen tres cosas en común: experiencia (llevan 20 años en el tajo), lucidez y siguen en ello. Como dice Orbinski, al final la conclusión es obvia: ante los desastres de este mundo, nadie puede hacerlo todo, pero todo el mundo puede hacer algo…
Pere Vilanova es Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Mikel Casal
PERE VILANOVA
La decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) era muy esperada, y no sólo por las partes en el contencioso en torno a la proclamación de independencia de Kosovo. Las razones son obvias, dado el valor simbólico de dicha decisión jurídica, y las diversas actitudes adoptadas por muchos gobiernos al respecto. De ahí el insólito caso de la Unión Europea, cuyos miembros han estado divididos en dos grupos de veintidós a cinco (entre ellos España). Que la Unión Europea lleve diez años intentando construir una política exterior y de seguridad común (ahora, con el Tratado de Lisboa, la Política Común de Seguridad y Defensa), y en un caso como el de Kosovo tenga posiciones dispares, es muy significativo, pero es una cuestión política interna de la UE.
Sugerimos una lectura atenta (no se preocupen, ocupa 12 líneas) de la declaración de la alta representante Ashton. Subraya involuntariamente lo básico: la Unión Europea no reconoce ni deja de reconocer estados, esta es una competencia de cada uno de los estados soberanos que la componen. Si todos juntos deciden una cosa en este ámbito, ello tiene más peso político. Europa occidental ya estuvo dividida sobre la tragedia de Yugoslavia entre 1989 (cuando Belgrado derogó unilateralmente el estatuto de autonomía de Kosovo, ¡en marzo, casi dos años antes de las independencias de Eslovenia y Croacia!) y 1995.
El TIJ ha convertido en el eje principal de su dictamen precisamente esta doble idea. Por un lado una declaración de independencia, en sí misma, no esta prohibida ni atenta contra ninguna disposición del derecho internacional (que el tribunal llama, en inglés, “ley internacional general”). Por otra parte, ningún Estado está legalmente obligado a reconocer (o a no reconocer) un nuevo Estado recién proclamado. En su momento procesal, cuando Naciones Unidas admite en su seno un nuevo Estado, se formaliza así la normalización de la nueva entidad internacional. Pero el tribunal recuerda que una cosa es la proclamación de independencia y otra el reconocimiento de este nuevo Estado. Kosovo ya está reconocido, antes de esta decisión jurídica, por 69 estados, y reúne todos los elementos doctrinales que estipulan las teoría jurídicas declarativa y constitutiva (territorio, población, instituciones públicas) en esta materia.
La decisión del TIJ es muy precisa, y no cabe sino recomendar su atenta lectura: se aprende mucho de derecho internacional y de sentido común. El TIJ recuerda que es competente para pronunciarse, aunque en este caso mediante dictamen no vinculante (para ello es necesario el consentimiento expreso de las partes), establece una muy completa relación de precedentes y recuerda que esta competencia le da derecho a pronunciarse estrictamente sobre lo que se le pregunta. Es decir, no se concede a sí mismo ninguna potestad expansiva. No se olvide que la iniciativa de llevar el tema al tribunal es de Serbia, y que los términos de la demanda los estableció Serbia. Y en este sentido, el tribunal contesta con toda precisión: Serbia puede considerar que, en relación a su ordenamiento interno, Kosovo no tenía ese derecho a la secesión. Pero en sede de derecho internacional, esa proclamación no contraviene ninguna disposición jurídica vigente. El TIJ, en su rigurosa argumentación, no deja ningún extremo por contestar, y entra en el tema de la integridad territorial de un Estado soberano. Y recuerda que la competencia de Naciones Unidas (y de su Consejo de Seguridad) en materia de garantizar dicha integridad territorial se aplica pero exclusivamente en las relaciones entre estados soberanos, es decir, en caso de agresión, anexión o despiece territorial de un Estado por otro u otros. De lo que se deduce que, en síntesis, la secesión de Kosovo es una cuestión que durante una larga etapa es de orden constitucional interno de Serbia, pero, como bien explica (con un nivel de detalle abrumador) el TIJ, a partir de 1999 –al pasar Kosovo a una administración internacional directa por parte de Naciones Unidas–, entra en una fase diferente, con un mandato expreso del Consejo de Seguridad para buscar una forma de solución política definitiva.
El TIJ, por cierto, reivindica el buen nombre de Martii Ahtisaari (denostado injustamente dentro y fuera de Kosovo por mucha gente), que se limitó a cumplir el mandato que le dio Naciones Unidas a final de 2005 para encarrilar el futuro de Kosovo. Su dictamen no era vinculante, pero el tiempo ha confirmado su diagnóstico.
Ahora asistiremos a un torrente de debates basados en agravios comparativos y analogías abusivas. Sería interesante, en estos debates, saber cuántos habrán leído la sentencia además de opinar sobre ella. Pero es inútil esperar racionalidad en cosas tan sensibles políticamente. El mundo, entre 1945 y 2010, ha visto cómo Naciones Unidas ha pasado de 51 estados a 192, y el TIJ también recuerda multitud de casos y de supuestos: pocas veces estos procesos han sido pactados o sin graves desacuerdos; Naciones Unidas no crea estados, sino que levanta acta de su reconocimiento por otros estados en su momento; y –el TIJ insiste en ello– cada caso es ad hoc. Es decir, lo de Kosovo es un caso específico y no tiene más valor de precedente que otros casos anteriores. Todos distintos. Invocar el derecho para proclamas políticas apresuradas es imprudente e improcedente, sobre todo sin haber fundamentado bien dicha invocación. El derecho internacional necesita ser tomado en serio, y sólo los estados pueden apuntalarlo. A ver si nos ponemos a ello.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la Universitat de Barcelona
Ilustración de José Luis Merino
PERE VILANOVA
Estimado lector, aquí tiene varias noticias. Si son ciertas, falsas, exageradas o distorsionadas, da relativamente lo mismo: son ciertas porque están en Internet. Y tienen su gracia.
La primera es la de que en Irán un clérigo afirma que la culpa de que haya tantos terremotos (y por extensión tantos desastres naturales) es de las mujeres, pero no todas, sino las que se comportan de modo promiscuo. Aunque el listón de donde empieza y acaba tal comportamiento, por supuesto, queda en manos de tan ilustre personaje. Nos da detalles: “Muchas mujeres que no se comportan con modestia… llevan a los hombres [y precisa, a los hombres jóvenes] a corromper su castidad y extienden el adulterio en la sociedad”. Es verdad que, desde hace varias décadas, los expertos en seísmos advierten de que Teherán está encima de una falla tectónica y hay riesgo de un terremoto severo. Esperemos que nunca suceda, pero avisados están.
La segunda es más interesante todavía: hace unas semanas, un modesto periódico jordano, Al Ghad, publicaba en primera página que habían aterrizado varios platillos volantes en el desierto de la parte oriental del país, cerca del pueblo de Jafr. En cuanto la noticia se propagó a la red, cayeron las comunicaciones, los teléfonos se colapsaron, hubo un pánico general, cerraron las escuelas y se consideró evacuar la localidad, de unos 15.000 habitantes. Pero era el día 1 de abril, el equivalente de nuestros Santos Inocentes (el 28 de diciembre), solo que nadie cayó en ello porque el 1 de abril nunca se ha celebrado en Jordania. Ni por asomo. Luego, Internet se encargó del resto, pues en realidad cerca de dicha localidad “se dice” que hay una gran base militar (jordana), de la que “se dice” que alberga tropas americanas, e incluso “se dice” que incluye una cárcel secreta para militantes de Al Qaeda. De ahí los marcianos, y el pobre alcalde de la localidad fuera de sus casillas.
Tercera noticia: amigo lector, puede usted visitar la tumba de Jesucristo (sí, sí, Jesús de Nazaret)… ¡en Cachemira! Pues, en efecto, “se dice” que Jesús sobrevivió milagrosamente a su muerte, consiguió huir hasta Cachemira y allí, en el centro histórico de Srinagar, se recluyó hasta su muerte, a muy avanzada edad. El nombre del lugar: el Templo Rozabal, dentro hay una pequeña tumba cubierta por una manta verde. La afluencia de visitantes es tal, desde que eso apareció en la red, que la autoridad municipal estudia cerrar el pobre templo. El grueso de los visitantes está formado por una curiosa mezcla de nuevos fundamentalistas (cristianos), algunos musulmanes muy heterodoxos (Jesús
–Issa– es considerado como uno de los mayores profetas después de Mahoma), y seguidores de lo que se conoce como “Da Vinci groupies”. En Srinagar, las autoridades insisten en vano en que esa es la tumba de Yuza (o Yusef) Asaph, un sabio musulmán que vivió hace unos pocos siglos. Como dice un modesto comerciante de la misma calle: “Eso ha estado toda la vida aquí, pero vino un profesor chiflado, salió esta historia en Internet y en Lonely Planet, ¡y ya está!”.
Podemos añadir la noticia sobre la investigación de un juez español sobre las irregularidades (procesales) del proceso a Jesús en la noche del 2 al 3 de abril del año 33 de nuestra era. La minuciosa reconstrucción concluye que a Jesús se le imputaron los delitos de “crimen soladiciorum”, “crimen receptatorum” y nada menos que “seditio”. Parece que la intención del autor es escribir un libro. Habrá que leerlo, pues sabremos que la Última Cena acabó poco después de las 21h, entre otras cosas.
En otras palabras, si sale en Internet, ha entrado en la Historia. Que los hechos sean ciertos o falsos, es secundario. Todo esto no tendría mucha importancia si no fuera porque está modificando profundamente los hábitos informativos del ciudadano, y ello, de varias maneras.
Por ejemplo, comparen ustedes la naturaleza y funciones que cumplían (de hecho, cumplen todavía pero de modo marginal) las “cartas al director” de cualquier diario tradicional, con esas enojosas ventanillas que aparecen al final de una noticia del mismo periódico en digital, en las que entra todo tipo de personajes, básicamente para dos cosas: denigrar o insultar al autor o al tema objeto de la noticia, e insultarse entre sí en cuanto hay más de dos en liza. Las cartas al director eran breves, formalmente muy corteses, y había que poner nombre, apellidos y DNI. Ahora nada de nada: cualquiera dice cualquier cosa, de modo que, a la larga, el lector acaba procesando noticia e improperios de modo confuso. Al final, análisis (o argumentos) e improperio acaban “fusionándose”.
Otro ejemplo es que todo ello puede afectar muy directamente a los que toman decisiones de alcance público (en política, en economía, en cualquier tema similar), pues la preocupación por reflexionar y analizar, decidir sobre la cuestión y dar respuesta en tiempo real a tal avalancha de ruido informativo hace que se tenga menos tiempo para pensar y para ponderar.
Hay más ejemplos, pero una conclusión es obvia. El problema actual no es el “pensamiento único” (de hecho, nunca lo hubo), sino la “sobrecarga de flujos de comunicación”, el exceso de un caudal que mezcla noticias, facebooks, youtubes, power points y otros gadgets, y el ciudadano tiene cada vez menos tiempo y paciencia para discriminar información de opinión, análisis de desahogos ideológicos, seleccionar opiniones sólidas sobre cosas que le preocupan o que le interesan (no es lo mismo). Con lo que al final puede tender a abdicar, y delegar la esfera de lo público en una clase a la que, por otra parte, concede una ínfima valoración, los “políticos”, que ni son todos iguales, ni al final son tan distintos de los ciudadanos que les han votado. En tiempos de aceleración de todo, resulta que lo más difícil es comprar tiempo.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la UB y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Patrick Thomas
PERE VILANOVA
A estas alturas, la situación es tan dramática que parece invitar a todos los pesimismos, porque, más allá de la invocación a que no deberíamos olvidar Haití, queda todo por hacer y, se haga lo que se haga, no será suficiente. Y sin embargo hay que hacerlo, hay que seguir trabajando por Haití pero, sobre todo, con Haití, es decir, con sus habitantes. ¿Lecciones aprendidas? Muchas, por poco que nos esforcemos en hacer un balance de estos últimos dos meses y medio.
Una primera lección es que, por muy imprevisibles que sean las grandes catástrofes de la naturaleza, hay una correlación empírica dramática: en condiciones catastróficas similares, cuanto más pobre es un país, cuanto más débiles son sus instituciones, su economía, más gente muere y, por cierto, siempre los más pobres y más vulnerables. Dicen los expertos en sismografía que el terremoto de Chile ha sido más fuerte que el de Haití. Dentro de su gravedad, comparen ustedes el balance. La capacidad de
reacción de las autoridades, de las instituciones, del Derecho, de la propia estructura del tejido social ha hecho que el balance se haya medido en centenas. En Haití, cruzando las diversas fuentes, los muertos oscilan entre 170.000 y 220.000. En Chile las cifras son exactas, la gente estaba censada, los atribulados familiares han podido saber, identificar, enterrar a sus muertos. En Haití, con las excepciones que se puedan contar, la solución de emergencia fue –por razones incluso de salubridad– enterramientos masivos con bulldozer de miles y miles de muertos sin identificar, y lo que es peor, sin posibilidad de que lo vayan a ser nunca.
Una segunda lección, inédita. En Haití hay que reconstruir al mismo tiempo el país y el instrumento de la reconstrucción del país: la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), presente en ese territorio desde 2004, ha padecido la mayor hecatombe de toda su historia, guerras incluidas. Casi 120 de sus miembros murieron, la gran mayoría en la sede central del Hotel Christophe, y la verdad, ojear el austero álbum de homenaje que tiene en su mesa de trabajo Edmond Mulet resulta estremecedor, sobre todo si en sus páginas descubres algunos amigos y conocidos. Ni siquiera el brutal atentado de Irak de 2003, en el que murió Sergio Vieira da Melho, se acerca a la cuarta parte de los caídos en Haití. Y esa “reconstrucción en paralelo” no puede ni debe esperar, porque ninguna nueva misión de urgencia puede suplir la experiencia, el saber acumulado y los conocimientos que tienen los supervivientes y el nuevo equipo que Ban Ki-moon envió el mismo día del terremoto, formado por una decena de veteranos de la Minustah (que en aquel momento estaban en el extranjero) Mulet, ex jefe de misión, Damian Onses y otros varios.
Tercera lección, quizá una buena estrategia en el terreno sea combinar una buena coordinación desde la dirección de la Minustah (instalada en contenedores en el propio aeropuerto) de todos los operativos de ayuda que van llegando, con una adecuada distribución territorial, con la suficiente autonomía funcional como para no verse entorpecida por complejos procesos burocráticos demasiado centralizados. Un buen ejemplo, el trabajo que está haciendo España en Petit Goave. El jefe de la Minustah nos mostró en un mapa la “línea de fractura” del terremoto, que va de oeste-suroeste a este-noreste, con su parte más destructiva en el tramo Petit Goave-Leogane-Port au Prince. Pues bien, Petit Goave tenía una población de 12.000 habitantes, murieron unos 1.800, y han llegado a la localidad unas 15.000 personas huyendo de poblaciones cercanas. La ayuda española en los primeros días del terremoto se centró en sacar gente de las ruinas en la capital (la Unidad Militar de Emergencias y diversos grupos especialistas en rescates, coordinados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo), y en una segunda fase se ha centrado en Petit Goave, a petición de la Minustah. A la escala de esa población, con un eficaz dispositivo técnico, el rendimiento de esta ayuda ha sido muy alto. Los servicios médicos, de desescombro, de potabilización de aguas (el gran, el mayor de los problemas), todo lo que ha hecho la Agrupación Hispaniola con el buque Castilla, ha funcionado bien según todos los indicadores. Pero el valor añadido ha de ser –y en ello están los diversos equipos internacionales– formar cuadros locales para seguir con la reconstrucción, desde enfermeras a arquitectos técnicos, pasando por el sector de seguridad. No en vano Haití hace frente a un problema añadido. De la cárcel derruida de la capital se fugaron 4.000 presos muy peligrosos, de los que sólo han sido detenidos unos 200.
Cuarta lección, que es una especie de derivada previa al terremoto: hay que detener la fuga de cerebros. Desde hace años (unos 15), desde que la inestabilidad política y social empieza a ser cíclica y crónica, hasta el punto de que cada vez más gente renuncia a toda esperanza en comparación con la era de los Duvalier, la gente joven con formación se va. A Estados Unidos, Canadá, Francia, Bahamas, hasta un 20% de la población forma ahora una diáspora que sería útil en el país. Pero a la vez, con las remesas que, desde fuera envían a casa, Haití cubría una parte esencial de su subsistencia económica. Un círculo infernal.
Quinta lección, seguir con el esfuerzo, no dejar Haití abandonado a su suerte. Las cifras dan vértigo: sólo en Port au Prince, unas 800.000 personas están en la calle a menos de cuatro semanas de la estación de lluvias y a tres o cuatro meses de la previsible serie de huracanes anuales en el Caribe. ¿Podemos enviar casas prefabricadas? Hagámoslo sin demora. Tiempo hay para los grandes debates sobre cómo y por qué el primer país de América latina (el segundo después de EEUU) en conseguir la independencia (en 1804) ha llegado a la situación actual.
Pere Vilanova es catedrático de políticas y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Iker Ayestaran
PERE VILANOVA
Estamos ya en 2010, de manera que ha transcurrido el 10% de la vida útil de este siglo XXI. No es mucho, pero un 10%, en términos de inflación, rebajas, etc., es considerable y, por los tiempos que corren, mucho más. Partiendo de la obviedad de que este simple ejercicio se basa en los parámetros culturales de nuestro calendario eurocéntrico en origen, pero universal en su alcance y aplicación, podemos comparar porcentajes similares de otros siglos.
Por ejemplo, el siglo XIX y el siglo XX. Una primera constatación es que a la altura de los años 1810 y 1910, respectivamente, se puede sacar una conclusión contundente. A aquellas alturas, nadie podía ni por asomo sospechar lo que se avecinaba, por lo que, sin prejuicio de algún descubrimiento documental sorprendente, se puede concluir que la dificultad de la prospectiva ha sido siempre un problema.
En 1810, por ejemplo, no se podía prever la derrota y caída de Napoleón en Waterloo cuatro años después o, en todo caso, la cadena de cambios estructurales en cadena que ello conllevó. Porque la derrota de Napoleón no fue sólo un espectacular evento militar, o el fin de una cierta aventura megalómana del famoso emperador. Fue mucho más. Por un lado, el cierre
propiamente dicho de la revolución francesa, iniciada en 1789. Implicó también que las potencias vencedoras de Napoleón, reunidas en el Congreso de Viena, procedieran a una vasta reordenación del sistema político mundial de su época. Un directorio de vencedores, pero sin Naciones Unidas, que no sólo procedió a repartirse propiedades del vencido, no. Rehízo el mapa del mundo (eurocéntrico) de su época, diseñando incluso el tipo de régimen político homologable, las “monarquías constitucionales limitadas”. Con ello, a la vez entierra el absolutismo caduco anterior, pero intenta amarrar formas de Estado y de gobierno conservadoras, con instituciones públicas bien asentadas.
En el horizonte inmediato: la aparición de varias ideologías muy radicales y, diríamos hoy, antisistema, pues el siglo XIX verá aparecer proyectos como republicanismo, socialismo utópico, anarquismo, comunismo. Todas ellas tienen en común, por cierto, una dimensión transnacional, global, una aspiración mundial, por si alguien todavía cree que la transnacionalización de las ideologías es de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos añadir que el siglo en cuestión fue el de la expansión del colonialismo europeo, el de las independencias latinoamericanas y el de la lenta construcción de lo que en el siglo siguiente serían las superpotencias: Estados Unidos y Rusia (posteriormente Unión Soviética). Se caracterizó ese siglo por tener un número limitado de actores estatales –varios de los cuales, por cierto, surgen del Congreso de Viena, verdadero creador de países– y ninguna organización internacional (eso sí fue un invento del siglo XX), y las reglas eran simples tanto para cooperar como para competir: comercio, diplomacia y guerra. Fue un siglo largo, algo desfasado, pues empezó en 1814 y acabó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en el que sucedieron muchas cosas y casi todas inesperadas. Todo esto lleva a una primera conclusión: para quienes lo vivieron en primera persona, los diez primeros años del siglo XIX fueron una experiencia que en ningún caso permitía prever o adivinar cómo serían las décadas siguientes.
Si trasladamos esto al siguiente siglo, constatamos que los años que van de 1901 a 1910 son un extraño respiro antes del cataclismo total, la Primera Guerra Mundial, que, por cierto, se llamó la Gran Guerra porque era la mayor de todas las guerras conocidas, hasta que llegó, claro está, la Segunda. En 1910, por ejemplo, nadie podía pensar que el siglo XX sería el de las mayores desgracias y amenazas que hubiera conocido la humanidad. No sólo hubo dos guerras mundiales, sino que el propio “arte de la guerra” se transformó como nunca antes, llevando la guerra a las ciudades, lo que incluyó a la población civil en la estrategia de destrucción del adversario y la innovación en armas impensables (como los gases). Y sobre todo, la extraña aventura de la carrera de armas nucleares, el equilibrio del terror y todo lo que ello implicó.
Para un europeo medio de 1909 fue totalmente imprevisible la crisis de los tres imperios hegemónicos (el ruso, el austrohúngaro y el otomano), el declive de las dos supuestas grandes potencias europeas (Reino Unido y Francia) y, tanto después de 1918 como después de 1945, la nueva proliferación de estados, fronteras y litigios entre grupos étnicos, religiosos o de otro tipo que todavía hoy, en ciertas áreas (como los Balcanes y Próximo Oriente), envenenan la política internacional.
No debemos por tanto preocuparnos mucho por la profecía, en el sentido que es un arte que va más allá que la prospectiva, modesto intento de anticipar algunas tendencias de futuro. No tenemos, nosotros, ciudadanos de 2010, por qué saber lo que pasará a 20, 30 o 50 años vista, porque, si miramos atrás, en las dos ocasiones aquí reseñadas nadie acertó. Sí que deberíamos, en cambio, esforzarnos en identificar y tomarnos en serio algunos indicadores de futuro preocupantes, por su potencial desestabilizador, como las crisis económicas y financieras globales cíclicas, las incertidumbres sobre el cambio climático, el futuro de las fuentes de energía, el agua, la agricultura (como proveedora de algo tan esencial como la comida).
Cuando uno mira atrás, en el fondo, ve que razones para el temor siempre las ha habido, pero no hay que incurrir ni en el catastrofismo ni en el optimismo ciego. Y la profecía es a la prospectiva lo que la astrología es a la astronomía.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas en la UB y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Javier Jaén
PERE VILANOVA
La reciente Conferencia de Londres sobre Afganistán tiene una importancia considerable, que nadie pone en duda pero que hay que evaluar con detalle, más allá de los titulares que genere estos días. La razón es bien simple: ni debe ser analizada desde el punto de vista coyuntural (la situación actual en Afganistán, medida en términos de días o semanas), ni es un hecho aislado o la primera conferencia de este tipo.
En efecto, para bien medir sus posibilidades o su rendimiento, habrá que esperar un tiempo. Pero está en la línea de una serie de grandes conferencias internacionales sobre Afganistán que se han desplegado a lo largo de los últimos años. Intentar evaluar el rendimiento de esta dimensión concreta del conflicto afgano –la de las conferencias internacionales que ha producido– no es algo que genere grandes titulares (al menos de manera duradera, más allá de los días que dure la reunión), ni desde luego una cosa que apasione o movilice a una opinión pública que tiene otras preocupaciones tanto en Europa como en el resto del mundo.
Y, sin embargo, dos cuestiones merecen ser resaltadas. La primera es que estas conferencias ponen de relieve un fuerte compromiso de la comunidad internacional, y este compromiso se ha sostenido en el tiempo: casi diez años. De esta voluntad de compromiso, hablemos claro, no se deriva necesariamente que todas las decisiones que se han tomado en estos años sean las más eficaces, justas y resolutivas que quepa imaginar. La justeza de una causa no avala o hace necesariamente buenas las políticas que los actores implicados desarrollan para tal fin.
La segunda cuestión tiene que ver con la novedad o rasgo específico de esta Conferencia de Londres. Teniendo muchos elementos de continuidad con las anteriores, y sobre todo con las orientaciones de los últimos dos años, esta Conferencia quedará como aquella en la que claramente se ponen sobre la mesa algunas cuestiones básicas. En síntesis: el tema de fondo es el de fijar (y por tanto explicitar) “una estrategia de salida” –“Exit Strategy”– sin determinar necesariamente fechas exactas, pero desde luego “temporalizando” esta última fase de la intervención internacional. Cierto que los aliados debatirán sobre la (in)conveniencia de fijar una fecha de salida, porque ello es dar argumentos innecesarios a la insurgencia, etc. Pero ello se viene haciendo desde hace un tiempo, cuando algunos países han ido diciendo que el compromiso clave es 2010, que a partir de 2011 se va a proceder a una “reducción progresiva” de efectivos, y todo ello en función de los avances en materia de “afganización”. Lo han hecho Canadá, Holanda, recientemente Alemania, y por cierto, también Estados Unidos.
Esta “estrategia de salida”, por tanto, sale de la Conferencia de Londres no como una fecha límite, sino como la confirmación expresa de que se está (o se ha entrado) en la última etapa de la intervención de la comunidad internacional en Afganistán, al menos tal como la hemos conocido desde 2002 hasta la actualidad. Pero de ello no debe deducir nadie que el cierre de esta etapa comporte una desvinculación pura y simple de la comunidad internacional con Afganistán. Un “apaga y vámonos”, como hizo la URSS en 1989 cuando el general soviético Gromov abandonó (quiso ser simbólicamente el último soldado de la URSS en hacerlo) Afganistán.
Cómo definir la etapa posterior, el tipo de presencia y compromiso que habrá que mantener con Afganistán es algo que está por hacer, pero en lo que la comunidad internacional debiera estar trabajando ya. Y por cierto, Naciones Unidas, la propia Unión Europea, serán probablemente requeridas con mayor intensidad si cabe.
Pero volvamos al debate actual. Esta Conferencia de Londres se ha centrado en varios aspectos, y como suele suceder muchas veces, los titulares se han quedado con el más llamativo de ellos: negociar con los insurgentes. Esto no es nuevo, y era una obviedad, pero hasta que lo han dicho los generales Petraeus y McChrystal parecía que no sucedía. Falso, Arabia Saudí ya ha mediado en alguna ocasión, y a escala provincial y de distrito se ha hecho en muchos sitios en los últimos dos o tres años. La fragmentación de la propia insurgencia, su heterogeneidad, debe ser vista paradójicamente como una oportunidad. Si fuera una estructura piramidal, rígida, muy jerárquica, y estuviera bajo la férula de Bin Laden, no valdría la pena ni pensar en ello. Pero las fuerzas y grupos insurgentes en aquel país son tan heterogéneas como la propia composición social y cultural de la población afgana.
Esta cuestión tiene relación con la “afganización”, pero no sólo como transferencia de “capacidades de seguridad militar y policial”, sino más allá. En lo social, en lo económico, a nivel de gobierno local. Y aquí el término clave es “gobernanza”. En suma, invertir y apostar en aquello que “restaure” más que “instaure” (como modelo “importado”) formas de relativa estabilidad política y social. Ello implicará cosas que no son fáciles de aceptar (un cierto grado de clientelismo, de corrupción, la condición de la mujer, y otras malas noticias). Y esto a su vez deberá apoyarse en una “regionalización en serio”: incluir realmente a los países vecinos, a las ex repúblicas soviéticas colindantes, China, y en particular Irán, en la gestión del proceso, aunque la situación en Pakistán siga siendo inestable.
En realidad, desde Bonn (2001) hasta Londres (2010), el repaso de las propuestas de la Conferencia de Londres de 2006 (The Afghanistan Compact), la Cumbre Otan de Bucarest (2008), la Conferencia de París (2008), el anuncio en enero de 2009 de la Nueva Estrategia para Afganistán por Barack Obama (no tan nueva, por cierto) y la Cumbre OTAN de Estrasburgo-Khel de 2009, el elemento básico de continuidad es un proceso de aprendizaje de casi diez años que se resume así: Afganistán es mucho Afganistán, no tiene soluciones mágicas, y lo que hay que definir es un estatuto final que Ahmed Rashid llama “back to a minimal state”. Que ya existió, y que hay que restablecer.
Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política (UB) y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Gallardo
PERE VILANOVA
Partimos del supuesto de que a la ciudadanía le preocupa mucho lo que pasa en el mundo, los problemas “que nos acechan”, las series de “riesgos, retos y amenazas” que todo analista de prospectiva debe conocer de memoria. En realidad, no sabemos muy bien lo que preocupa de verdad a la gente, y las encuestas de opinión fiables (es decir, las que se basan en técnicas rigurosas y muestras representativas) sólo dan indicaciones en las tendencias más obvias. Por ejemplo, actualmente la crisis económica y el paro, pero en años de bonanza estos dos indicadores no ocupaban un lugar relevante o no aparecían. Y además, los temas que el ciudadano percibe como “de política internacional” todavía le resultan más volátiles, excepto en casos extremos como el 11-S y sus derivadas. Parte de la confusión se deriva del hecho de que la relación entre política internacional y política interior está más interconectada que nunca, la tradicional
división formal y temática con la que operaban los estados durante mucho tiempo se ha difuminado. Mejor dicho, se ha esfumado, literalmente.
Esto debería llevarnos a todos, a gobernantes y gobernados, a reflexionar desde una doble perspectiva: la de los problemas que afrontamos como sociedades (retos, riesgos, amenazas), y más aún, la de las posibles soluciones a nuestro alcance. Y ello pasa por sentar un principio de partida, una especie de premisa mayor, para a continuación ver algunos ejemplos que confirmen la validez de esta premisa mayor.
Dicha premisa es la siguiente: para afrontar con cierto éxito la mayor parte de los problemas que acechan a nuestras sociedades es indispensable que tengamos una dosis suficiente de solidez, de cohesión, de estabilidad institucional y jurídica, también desde el punto de vista de los valores comunes. Es lo más parecido a lo que cabría llamar “moral colectiva”. En otras palabras, no deberíamos subestimar el peligro de que uno de los factores de debilidad que nos acechan, ante un mundo lleno de incertidumbres, es precisamente de orden interior. La desestructuración social, la fragmentación de valores, en otras palabras, el debilitamiento de los sistemas democráticos, no son sólo un factor de riesgo en un mundo volátil. Ese debilitamiento interno es un riesgo multiplicado por la sencilla razón de que tendemos
a ignorarlo, cuando no a negarlo.
Varios ejemplos ilustran el problema de fondo: hay una serie de temas que, por su importancia “estratégica” –es decir, por su trascendencia para definir nuestro lugar en el mundo y, sobre todo, en el mundo del futuro–, deberían ser preservados de los efectos más negativos del debate político, mediático y de opinión. No se trata –tampoco hay que ser tan idealistas– de pretender que sobre ellos no haya debate político o ideológico. Se trata de que sean abordados de modo distinto. En algunos países cercanos o lejanos, visto desde fuera, parece que el experimento es posible. En este país, desde luego, no, desde la superación exitosa del 23-F.
Cambio climático, terrorismo, crisis económica global o, en su día, la cuestión de las armas nucleares (por ejemplo, durante la Guerra Fría), son algunos ejemplos. Pero la lista es más larga y compleja. En un reciente encuentro (Halifax International Security Forum) organizado por el Gobierno de Canadá y la German Marshall Fund a finales de noviembre, además de los temas mencionados, se trataron otros como Seguridad ártica, Derecho versus poder a escala global, El futuro de la democracia en el hemisferio occidental, Seguridad energética global, o dos muy significativas, como ¿Qué ideas merece la pena defender? y Se necesita cooperación regional urgentemente: el papel de los vecinos para asegurar la paz (se entiende que en conflictos armados). Y ello sucedía en un foro de formato supuestamente hard security approach, es decir, junto a temas como Irak, Afganistán, la OTAN, el terrorismo transnacional, etc.
De los asuntos aquí mencionados se deriva que, sin ser condición suficiente, es condición necesaria –o preferible– abordarlos desde gobiernos democráticos de sociedades democráticas, ancladas lo mejor posible en sólidos valores. Y en la certeza de que cualquier gobierno, el actual y los venideros (por vía de la alternancia), deberá lidiar con ellos. Pero algunos de estos debates se abordan mal. Por ejemplo, desde el punto de vista de las sesiones Derecho versus poder o ¿Qué ideas merece la pena defender?, algunos países europeos están dando un mal ejemplo. El debate abierto en Francia por el propio presidente de la República sobre qué es ser francés ha virado muy rápidamente hacia un caldo muy reduccionista: el islam “como problema”. Si Francia, el más republicano de los estados europeos, tiene que preguntar eso en voz alta, y la respuesta subyacente se limita exclusivamente al perfil sociológico-religioso de menos del 8% de su población, hay un problema.
En Suiza, el tema de los minaretes (¡hay cuatro!), si se quiere abordar desde el derecho –¿desde dónde si no?– debería tener que ver únicamente con dos cosas: reglamentos urbanísticos en materia de altura de edificabilidad de lugares de culto, y si los creyentes de las diversas religiones pueden o no tener templos siempre que no contravengan dichas normativas urbanísticas. Pero eso vale para todas las religiones, pues la eficacia del derecho y su poder residen en el principio de igualdad ante la ley y la generalidad en su aplicación. Los políticos que aborden este tipo de temas –complejos– con la vista puesta en la siguiente campaña electoral y poco más nos debilitan por dentro. Pero los ciudadanos han de
asumir su parte de responsabilidad en el debate.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la Universidad de Barcelona y analista del Ministerio de Defensa
Ilustración de Miguel Ordóñez
