Pilar Estébanez
Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
Ilustración de Mikel Casal
Ainhoa, Enric, Montserrat y Blanca son cuatro jóvenes, como tantos otros. Con una buena formación, comprometidos y, seguramente, prudentes. Lo que les diferencia en este momento del resto de los chicos de su edad, es que han sido secuestrados mientras trabajaban ayudando a poblaciones vulnerables.
Ainhoa Fernández de Rincón (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura) y Enric Gonyalons (de Mundubat) trabajaban en los campamentos de Argelia apoyando al colectivo de refugiados más antiguo del mundo, los saharauis. Montserrat Serra y Blanca Thiebaut (de Médicos Sin Fronteras) habían acudido a Kenia para colaborar en la lucha contra la mayor crisis humana de los últimos años y trabajaban atendiendo a los refugiados somalíes desplazados hasta el mayor campamento de refugiados del mundo, Dadaab.
Conociendo como conozco el mundo de la cooperación, al que he dedicado buena parte de mi vida, estoy segura de que no se trata de aventureros inconscientes, sino de profesionales –entendido como especialistas, formados pero sensibles a los problemas de sus semejantes– que han elegido dedicar su experiencia y saber hacer a un campo que no proporciona grandes sueldos ni perspectivas profesionales, pero sí enormes satisfacciones personales.
Trabajar en países en conflicto tiene sus riesgos. Son incontables los cooperantes y trabajadores de agencias internacionales que han sido asesinados o secuestrados en los últimos años. Según Naciones Unidas, cada año muere asesinado un centenar de trabajadores humanitarios. En 2010 se produjeron casi 90 secuestros y, en los últimos 15 años, 55 cooperantes españoles han sido secuestrados y seis han sido asesinados.
Las áreas geográficas en las que suelen trabajar los humanitarios son, por su propia naturaleza, poco seguras, aunque en los últimos años la proliferación de conflictos armados ha multiplicado la inseguridad a la que deben enfrentarse trabajadores y miembros de las agencias internacionales. El caso de África, aunque también Centroamérica, es paradigmático. En muchos de los países en los que se despliegan las ONG no existe apenas Estado, tal y como lo concebimos en Europa. Somalia, de donde proceden los secuestradores de las cooperantes de Médicos Sin Fronteras, es un país destruido hasta los cimientos, donde campan los señores de la guerra cuyo único objetivo es el control de su área y a quienes poco importa la población civil. Además, han visto que las ONG pueden ser una fuente de recursos económicos. En Centroamérica y en algunos países de Sudamérica las guerrillas y los paramilitares eligen con frecuencia a los trabajadores humanitarios como objetivos, bien con fines propagandísticos, bien como medio para obtener rescates.
¿Hasta qué punto es responsable Occidente de lo que está pasando en el Cuerno de África –desaparición de todo vestigio de Estado en Somalia, hambruna, conflictos armados–? Desde el fracaso estrepitoso de la intervención norteamericana en Mogadiscio en 1993, Occidente abandonó cualquier intento de intervención o mediación en esa área geográfica, dejando a los civiles a su suerte. La hambruna que está matando a miles de personas en la zona fue advertida con la suficiente antelación, pero tampoco se hizo nada para evitarla hasta que fue demasiado tarde y nos encontramos con centenares de miles de desplazados y refugiados. Ahora, con el riesgo de una intervención militar de Kenia en Somalia, la situación se está volviendo muy inestable y peligrosa para los miles de refugiados de la zona. En estas circunstancias, el secuestro es uno de los riesgos a que deben de enfrentarse los cooperantes. Las organizaciones y grupos militares o paramilitares que llevan a cabo esas acciones buscan dos objetivos: el primero propagandístico, y el segundo, y no menos importante, económico.
Las consecuencias de esta situación, de esta nueva estrategia del terror, se extienden más allá de la situación personal de los secuestrados: para las poblaciones vulnerables con las que trabajan es desastrosa. Significa la suspensión de proyectos necesarios, vitales en muchos casos. Significa, o puede significar, un empeoramiento grave de las condiciones de vida de miles de personas. La seguridad de los cooperantes, la seguridad en sus condiciones de trabajo, puede ser el fino hilo que separa la supervivencia de la muerte de miles de personas. Médicos Sin Fronteras, después del secuestro de sus dos trabajadoras, se ha visto obligada a suspender temporalmente sus actividades en varios campos de refugiados.
¿Qué podemos hacer ante este problema? ¿Deben estar los trabajadores humanitarios escoltados por fuerzas armadas para hacer su trabajo? Es urgente debatir esta situación: agencias, ONG, representantes de los gobiernos deben plantearse la situación, teniendo en cuenta además la proliferación de organizaciones armadas que está experimentando un continente tan necesitado de cooperación internacional como es África. Quizás sería conveniente, como han pedido algunas organizaciones, sentarse a negociar con los beligerantes para asegurar sin peligro el acceso a las víctimas.
Si no actuamos, si dejamos escapar la oportunidad de marcar lo que sería una nueva vía para la intervención humanitaria de carácter civil y no queda otra opción que retirarse del terreno y cedérselo a la intervención militar, habremos dado un enorme paso atrás y de consecuencias imprevisibles. Una vez que se retroceda en la aplicación del derecho a la ingerencia humanitaria, recuperar el terreno perdido será una tarea muy difícil.
PILAR ESTÉBANEZ
Uno de los mayores cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad es el crecimiento acelerado del grupo formado por las personas mayores de 65 años, que en España son cerca de ocho millones de personas –casi la quinta parte de la población– y que, en pocas décadas, llegará a 10 millones. Según la ONU, en 2050 en España habrá más personas mayores de 60 años que niños. Este es un fenómeno sin precedentes: el aumento del porcentaje de las personas mayores de 60 años debido a un descenso de la mortalidad está acompañado por la disminución del porcentaje de niños y adolescentes debido a la baja fertilidad. Es lo que los expertos denominan “la transición demográfica”.
Este hecho, que está cambiando el perfil de nuestra sociedad de una manera significativa y que puede ser una verdadera revolución –por las exigencias presupuestarias necesarias para hacer frente, por ejemplo, a las necesidades derivadas de los servicios sociales o sanitarios–, está despertando, paradójicamente, un escaso interés social, como si no quisiéramos darnos por enterados. Se calcula que en el año 2050, por primera vez en la historia de la Humanidad, la cantidad de ancianos en el mundo superará a la cantidad de jóvenes. La proporción de ancianos creció en forma continua durante el siglo XX, y se prevé que la tendencia proseguirá en el siglo XXI. Actualmente, el porcentaje de mayores de 65 años supone el 7,3% de la población mundial. En 2050, el porcentaje subirá hasta el 16,2%, aproximadamente 1.500 millones de personas. En Europa estamos ya en un 17%, y en algunas zonas de España el porcentaje asciende hasta un 33%. Y el subgrupo dentro de los ancianos que experimenta un mayor crecimiento es el de mayores de 80 años. A tal punto está aumentando este grupo que supondrá más del 12% de la población española en el 2050.
¿Qué significan todos estos datos? Que nuestra sociedad está efectuando una rápida transición hacia una sociedad envejecida. Y se considera casi irreversible por el escaso aporte de nueva población –pocos nacimientos– que parece tener poco remedio.
En el fondo, se trata de un logro social: los avances de la medicina, del acceso a una buena alimentación y buenos cuidados, han hecho que cada vez podamos vivir más. Y este gran logro social a veces es visto como un gran desastre, porque la sociedad ni está preparada para ello, ni está teniendo en cuenta todos los desafíos que supone el envejecimiento de la población. Y lo que es evidente y hay que asumir es que la población activa laboralmente está decreciendo en porcentaje respecto de la población pasiva, con todo el desafío que supone para la economía y el mantenimiento del Estado del bienestar. Si consideramos el grupo de personas entre 60 y 80, estos cuentan con un sistema nervioso en plenas facultades –a excepción de aquellos con enfermedades degenerativas–, pues es uno de los órganos que envejece más tarde. De hecho, grandes intelectuales, científicos, escritores, artistas y muchos premios Nobel se incluyen en este grupo. A esto se añade un porcentaje alto de personas mayores con buena salud, aunque somos conscientes de que esta longevidad implica también un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas y con grandes consecuencias por la aparición de dependencia. También es cierto que este fenómeno se retrasa cada vez más.
La vulnerabilidad de los mayores puede derivar en situaciones de ausencia de derechos, mismas oportunidades y discriminación –todo ello dominado por la gerontofobia– y pueden ser rechazados porque no son considerados productivos. Además de este determinismo económico, parte de la opinión pública mantiene los estereotipos más negativos asociados tradicionalmente a la vejez, considerándola como un estigma que nadie quiere. El ser humano se niega a aceptar el envejecimiento: en las últimas décadas, el crecimiento de toda una industria anti-edad ha sido espectacular: ahí están la industria cosmética o la farmacéutica.
Muchas veces se olvida también que esas personas que han llegado a mayores, que ya no son productivos desde un punto de vista economicista, han contribuido con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio durante muchos años a que nuestra sociedad haya llegado hasta donde ha llegado. Por tanto, la sociedad no les está regalando nada. Tienen derecho a tener cubiertas todas sus necesidades.
Pero, para poder garantizar esos derechos –que todos disfrutaremos tarde o temprano (parece que a veces se nos olvida)–, se necesitan recursos financieros que sólo pueden llegar a través de los impuestos. Debemos pagar hoy para tener bienestar mañana, un principio social que no debemos olvidar. También tenemos que considerar seriamente la necesidad de facilitar la llegada de inmigrantes, necesarios en una sociedad con un creciente desequilibrio entre los sectores que trabajan (jóvenes) y los que ya han quedado fuera del sistema productivo (mayores).
Es imprescindible y se hace necesaria la cohesión social entre generaciones de jóvenes y mayores. Los jóvenes de hoy tienen que ser conscientes de que con el tiempo pasarán a engrosar unas abarrotadas filas de la tercera edad, y se encuentran con la oportunidad de luchar contra la discriminación que sufren las personas mayores. También es necesario que la sociedad civil y los medios de comunicación colaboren con el fin de romper con la imagen de que los mayores son una carga para la sociedad joven y laboralmente activa.
Igual que nos estamos planteando un desarrollo sostenible para ser responsables con las generaciones futuras, debemos plantearnos ser responsables también con las generaciones anteriores. No se trata más, en definitiva, que de una inversión en nuestro propio futuro.
Pilar Estébanez es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
Ilustración de Javier Olivares
PILAR ESTEBANEZ
En el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –que se conmemora bajo el lema “Dignidad y justicia para todos”– no hay motivo para alegrías; incluso organizaciones como Amnistía Internacional hablan de “60 años de fracaso”.
Diez años después del inicio del nuevo milenio, lo cierto es que vemos más sombras que claros en lo que respecta a los derechos humanos. En algunas áreas incluso se han producido retrocesos: Irak es un buen ejemplo. Tanto en este país como en Afganistán se están produciendo todas las violaciones posibles de los derechos humanos: en ambos países se están desarrollando guerras ilegales y su situación incumple la Carta desde la primera letra: “Cualquier acto deliberado e injustificado de violencia, de maltrato a mujeres, de destrucción de propiedades y de robo constituyen una violación del Derecho Internacional”. Bueno, pues precisamente esto es lo que está pasando allí a diario, con el apoyo de muchos países occidentales.
Guantánamo y Abu Ghraib, prisiones establecidas por Estados Unidos en Cuba e Irak para presos musulmanes, son también ejemplos de la infamia, de detenciones ilegales, de tortura y donde se violan los derechos más básicos cada día ante el silencio cómplice de buena parte del planeta. Digo silencio y complicidad porque, si bien es cierto que en ocasiones se usan estos ejemplos en discursos progresistas de políticos no conservadores, proclamando la injusticia por estos hechos, no se buscan fórmulas para acabar con esos horrores o buscar responsabilidades.
Los derechos humanos se siguen violando de forma crónica en conflictos ya enquistados como Darfur, Palestina, Myanmar, Chechenia, República Democrática del Congo… donde se cometen abusos contra la población civil sin que seamos capaces de poner freno a esas situaciones, lo que pone en evidencia las políticas de doble rasero de instituciones internacionales como las Naciones Unidas.
Tampoco hay que irse muy lejos para buscar más violaciones de los derechos humanos: en cuanto a la inmigración clandestina, aquí, en la rica Europa, se violan todos los días: emigrantes irregulares que se ven obligados a aceptar condiciones laborales que rozan la esclavitud, viviendo en condiciones infrahumanas, siendo detenidos y expulsados, en muchas ocasiones, sin respetar siquiera su derecho a buscar el amparo de un abogado, incluso en casos en que se podría tipificar a los emigrantes como refugiados políticos… Y esos son los que tienen suerte, porque se calcula que son centenares los que mueren cada año ahogados intentando
alcanzar las costas europeas a bordo de frágiles y recargadas pateras.
En Europa nos enfrentamos, además, a la violación de los derechos de personas que son, también, europeos: los gitanos. Esta minoría étnica se enfrenta, en países como Italia, a medidas que vulneran claramente los derechos humanos: expulsiones forzosas, registro y toma de huellas como si fueran delincuentes, etc. Parece increíble que, a estas alturas, la Europa de los 25 cuente en su seno con una minoría étnica cuyo grado de marginación y exclusión social aumenta cada día.
Hay otras minorías cuyos derechos siguen siendo vulnerados diariamente, como el colectivo homosexual. No es el caso de España ni de Holanda, países pioneros en reconocer plenos derechos a los homosexuales, sino el de países de la vieja Europa donde los homosexuales no pueden ejercer plenamente sus derechos. Fuera de Europa, en seis países hay pena de muerte para los homosexuales y en más de una decena estos pueden ser condenados a cadena perpetua. Tras varios intentos de aprobar una Declaración para que la orientación sexual sea considerada un derecho individual, el Vaticano acaba de manifestar su rotunda oposición a esta iniciativa.
Como decíamos al principio, estos 60 años se han perdido para varias generaciones de seres humanos. Hay cinco o seis conflictos en el mundo que llevan más de 30 años sin solucionarse: Congo, Afganistán, Palestina, Líbano, Colombia o Sudán (Darfur). Generaciones enteras de ciudadanos de estos países no han conocido otra cosa que la guerra, los campos de refugiados, el miedo y la muerte. A los niños se les ha robado la infancia, la educación, el derecho a estar seguros, o el mismo derecho a jugar, a la felicidad. También están los niños y niñas soldado, los de los basureros de Guatemala, los que son prostituidos y los que son violados.
En estos 60 años tampoco se ha hecho mucho por los derechos de los indígenas, a los que se les ha ido expulsando de sus tierras por compañías mineras o petrolíferas, condenándolos a la pobreza y a la marginación en países como Guatemala o en la Amazonia.
Es evidente que, a pesar de que la invocación a los derechos humanos sigue siendo un discurso permanente de los políticos y organizaciones internacionales, siguen siendo, 60 años después, papel mojado para una parte muy importante de la humanidad. Los Tribunales Penales Internacionales sólo actúan sobre aquellos y en aquellos temas que deciden las grandes potencias. En inconcebible que la existencia de Guantánamo sea de dominio público y que no exista justicia para pararlo. Si no hemos sido capaces de hacer nada en este tema, ¿cómo vamos a plantearnos siquiera la posibilidad de que algún responsable de las matanzas de Irak o Afganistán sean alguna vez juzgados?
60 años después, merece la pena volver a leer los propósitos fundacionales y preguntarnos qué es lo que no ha funcionado desde que se escribieron estas hermosas palabras: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas…”.
Pilar Estebanez es Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
Ilustración de Enric Jardí
PILAR ESTEBANEZ
Esta es la primera vez, desde que se identificó el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que se puede hablar de un cierto grado de optimismo. Según los datos ofrecidos este año por ONUSIDA, por primera vez desde 2001 las infecciones nuevas han disminuido de 3 millones de personas a 2,7 millones. En muchos países se ha reducido el número de nuevas infecciones. La prevalencia (porcentaje de personas infectadas) se ha estabilizado. En muchos países del mundo con altas tasas la cobertura del tratamiento es prácticamente universal (Namibia, por ejemplo, ha pasado del 1% de enfermos con tratamiento en 2003 al 88% en 2007, y países como Botswana, Brasil, Chile o Costa Rica han llegado casi al 100%). Más de tres millones de personas de países pobres o en vías de desarrollo están recibiendo tratamiento antiretroviral, y el porcentaje de mujeres que reciben medicamentos contra el sida supera al de varones en casi todo el mundo. También se ha producido un descenso de la mortalidad relacionada con el sida en los dos últimos años: se ha pasado de 2,2 millones de muertos a dos millones en 2007. Por otro lado, se producen alrededor de 7.500 nuevas infeciones diarias.
Decíamos “un cierto grado de optimismo” al comienzo de este artículo porque también hay datos que nos llevan a pensar que no se está haciendo todo lo posible o bien que las cosas se han empezado a hacer bien un poco tarde. Por ejemplo, la epidemia de sida no ha cesado en ninguna parte del mundo. Frente a países en los que se ha estabilizado la epidemia, hay otros –y países no precisamente con poca población– en los que está aumentando la tasa de nuevas infecciones, como China, Indonesia, Mozambique, Rusia o Ucrania. Otra mala noticia es que están aumentando las nuevas infecciones por VIH en algunos de los países en los que se detectó la epidemia antes, como Alemania, Australia o Reino Unido.
A pesar del descenso de la mortalidad relacionada con el sida que indicamos más arriba, lo cierto es que el sida sigue siendo la principal causa de mortalidad en África, y es en África donde vive la mayoría de las personas con VIH del mundo, el 67%. El 60% de esas personas son mujeres, proporción que aumenta a dos de cada tres si nos referimos a los jóvenes.
La epidemia del sida hará prácticamente imposible que muchos países concreten los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según un estudio de la revista PLoS Medicine, el sida impedirá lograr al menos cinco de los ocho objetivos: reducir a la mitad el hambre y la extrema pobreza, disminuir la mortandad infantil, conseguir la educación primaria universal, mejorar la salud materna y encontrar la cura de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y la malaria.
Más de 70 millones de personas han sido infectadas por el VIH en el mundo, y se calcula que ya han fallecido por esta enfermedad más de 30 millones de personas. Por otra parte, conviene recordar, una vez más, que esta epidemia sigue creciendo. Hasta ahora, el mayor impacto del sida se concentraba en África Central y del Sur. Pero los últimos informes, como se preveía, demuestran que se está extendiendo en países como Rusia, India y China, sobre todo en consumidores de drogas y entre el colectivo homosexual. Es el caso de China que suman el 40% de la población mundial y donde, si no se actúa con decisión, se podrían alcanzar tasas similares a las de África en pocos años.
Por lo tanto, en la lucha contra el sida, ¿avanzamos o retrocedemos?
Desde un punto de vista global, no conseguimos avanzar a causa de las nuevas infecciones y la mortalidad que están produciendo. Aunque el acceso a los medicamentos ha crecido, sobre todo en los países en vías de desarrollo, aún más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento en esos países no pueden acceder a antirretrovirales y siguen muriendo por infecciones oportunistas que serían fácilmente evitables. Sida y pobreza siguen constituyendo, pues, una combinación nefasta.
Por otra parte, no podemos dejar de felicitarnos por la presión que las organizaciones humanitarias han ejercido sobre la industria farmacéutica. Las grandes empresas argumentaban hasta hace bien poco tiempo que el gasto de proporcionar antirretrovirales a bajo precio a los países pobres era inasumible, y que tendría poca eficacia hacerlo porque se presuponía que los enfermos de esos países no iban a ser capaces de seguir el tratamiento con la constancia necesaria. Bueno, pues ambos argumentos han quedado desmontados por la realidad. Los tratamientos han ido abaratándose y simplificándose y la gente que los recibe tienen perfecta conciencia de la necesidad de seguir el tratamiento con perseverancia: se trata, en definitiva, de una cuestión de vida o muerte.
Aún quedan barreras por vencer, como los prejuicios que siguen rodeando el sida y que dificultan o impiden, por razones ideológicas o religiosas, la toma de decisiones que no se pueden demorar. La Iglesia católica, su cúpula, es culpable de que en muchos países africanos o latinoamericanos aún haya dificultades para poner en marcha sencillos programas de prevención, como el acceso a preservativos o a información para los más jóvenes que ayudarían a evitar muchas infecciones nuevas. No puede ser que a estas alturas la única alternativa al sida que ofrece la Iglesia sea la castidad o la fidelidad, que se sigan oponiendo a la difusión de campañas o a hablar de la prevención en las relaciones homosexuales o en el consumo de drogas. Es incomprensible que sigan sin entender –o sin querer entender– nada. Algún día deberemos pedirles cuentas por lo que es una verdadera irresponsabilidad casi criminal.
Pilar Estebanez es Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
