
RAFAEL BUSTOS
Una nueva Constitución será sometida a referéndum y probablemente aprobada hoy en Marruecos. Digo probablemente porque todos los grandes partidos se han pronunciado a favor del texto. Esta reflexión consiste en tres dudas razonables y ciertas alabanzas merecidas que suscita dicho proyecto. Razonables porque no emanan de un prejuicio ni animadversión, sino de un análisis sereno y del entendimiento de que lo que es bueno para nuestros vecinos es bueno para España, y al revés.
Esta Constitución pasa por ser un texto moderno que pone al día al reino alauí con la realidad del siglo XXI. Es también importante recordar que la reforma constitucional emana a la vez del proceso de regionalización que Marruecos trata de ofrecer como marco de solución de la cuestión del Sáhara Occidental y de las demandas populares vehiculadas en el Movimiento 20 de Febrero, las cuales recogen un amplio descontento social y una apatía política patente en los últimos comicios legislativos (participación del 33%).
Como decíamos, esta Constitución pretende instaurar un Marruecos moderno caracterizado por una monarquía constitucional, descentralizada, tolerante y participativa. No sólo eso, sino que desarrolla todo un capítulo novedoso en el constitucionalismo contemporáneo dedicado a los mecanismos de buena gobernanza. Además, confirma la primacía de los tratados frente a la ley (un paso importante) y eleva al máximo nivel la igualdad de hombres y mujeres, afirmando además que los poderes públicos velarán por alcanzarla.
Veamos uno por uno estos elementos, empezando por el carácter de monarquía constitucional. Este es un aspecto que llama la atención, precisamente cuando se recuerda que fue el actual rey, Mohamed VI, quien afirmó que Marruecos no seguiría los pasos de España y quien, una y otra vez, ha enfatizado la voluntad de seguir la vía de la “monarquía ejecutiva”. Pues bien, se diría más bien que esta Constitución otorga al monarca los poderes de un presidente de una república presidencial (¿Francia, Estados Unidos?), sólo que obviamente no se somete a la reelección. Es cierto que el rey ya no podrá nombrar al primer ministro que desee, sino que estará obligado a designar al representante de la fuerza más votada, previa consulta con el Parlamento. Pero no lo es menos que el rey conserva enormes poderes que casan mal con una monarquía constitucional. Entre otros, preside el Consejo de Ministros, puede disolver las cámaras y destituir a los ministros, posee poder legislativo por medio de los dahires (decretos emitidos por el rey), puede exigir al Parlamento la relectura de las leyes, es garante del funcionamiento de la Constitución y nombra a la mitad de miembros del Tribunal Constitucional. Si a eso le añadimos sus poderes habituales como líder de los creyentes y jefe de las Fuerzas Armadas, cabe concluir que la nueva Constitución fortalecerá las prerrogativas de un rey “presidencial” y dejará en el aire la supuesta “separación de poderes” que la Constitución hábilmente acompaña de “colaboración entre poderes”.
La segunda duda que suscita la nueva norma fundamental marroquí es la descentralización a la que aspira. Formalmente, esta descentralización se plasma en las nuevas competencias y presupuesto propios que asumirán las entidades locales, fundamentalmente las regiones, las provincias y los municipios. Sin embargo, dicha transferencia parece más una desconcentración administrativa, puesto que el poder de las entidades locales será simplemente reglamentario y en ningún caso legislativo. Mala señal es que persistan los cargos de wali o director provincial y de gobernador regional, lógicamente designados por el rey. La regionalización de Marruecos es timorata porque, a pesar de estar abundantemente acompañada de elogios a la riqueza multicultural del país (árabe, amazigh, sahariana-hasaní, etc.), no se plasma en el reconocimiento a las identidades colectivas. Todos estos elementos son partes integrantes del prisma identitario marroquí, de modo que no cabe la creación de partidos de base regional, étnica o lingüística. Un neojacobinismo francés ha inspirado ciertamente la carta magna pese a que la regionalización parecía evocar a España.
Este aspecto de los partidos políticos como el de la sucesión al trono han sido redactados sin ningún ánimo de transformar el panorama político marroquí, ni siquiera modernizarlo. Se mantiene por tanto la línea sucesoria masculina, que excluye a las mujeres en todos los casos, cuando la ocasión hubiera sido inmejorable para innovar y dar un aspecto moderno a la monarquía. Como también es de lamentar el tratamiento del Poder Judicial, cuya independencia se afirma en un lado, pero cuya autonomía se limita por medio del control Ejecutivo, en otro.
Por último, plantea dudas el nuevo capítulo de la gobernanza, especialmente si tenemos en cuenta los interrogantes emanados anteriormente. Se prevé crear distintas comisiones cuyas tareas irán desde la lucha contra la
corrupción, al control de la competencia en los mercados, pasando por un consejo audiovisual. Todo ello en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia participativa, principios clave de la gobernanza democrática. Pero ¿cómo serán designadas dichas comisiones? ¿Acaso no les afectará la “colaboración entre poderes” garantizada por el monarca? ¿Qué poderes tendrán, además de la observación y la recomendación, si la justicia que debe sancionar y castigar sigue lastrada en su autonomía e independencia?
Rafael Bustos es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
RAFAEL BUSTOS
A la velocidad a la que se suceden los acontecimientos en el país vecino y dado lo inesperado de los cambios
–nadie se los esperaba, y menos en Túnez–, es difícil analizar y dar recomendaciones que tengan validez más allá de algunos días o incluso de algunas horas.
Sin miedo a caer en la obsolescencia, se pueden afirmar dos cosas. La primera es que se ha producido el descabezamiento de un régimen autoritario, no su desmantelamiento. Es importante tener esto claro, porque las posibilidades de que triunfe un cambio democrático dependen de que se comprenda adecuadamente en qué situación está el país. Por mucho que los medios pongan el acento en la “autocracia”, en la “satrapía” o en la “tiranía”, expresiones que connotan el poder omnímodo de una sola persona, lo cierto es que el régimen tunecino era un sistema autoritario bastante sofisticado, casi una “dictadura perfecta”, pues en él se combinaban acertadamente el poder del partido dominante, Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), de la policía y la Administración, con el manto protector de una ideología modernizante y laica, atractiva para Europa, y un modelo económico alabado por las instituciones internacionales. No olvidemos los cumplidos de gobernantes franceses y españoles hacia este sistema, tan estable e inamovible hasta ayer mismo.
El régimen no ha caído todavía y se resistirá a hacerlo, como lo demuestran los pillajes y tiroteos que se vienen produciendo, obra de milicias y de la guardia presidencial. Aunque Ben Alí, su odiada esposa y varios familiares se han marchado del país y algunos ayudantes directos del dictador han sido detenidos, muchos otros preferirán sembrar el caos antes que perder su posición y privilegios. No olvidemos tampoco que el partido ultradominante del ex presidente, el RCD, contaba con tres millones de militantes y simpatizantes en un país de apenas diez. Tampoco las fuerzas democratizadoras están bien organizadas, porque la larga dictadura laminó los partidos y todas las asociaciones contestatarias. Por eso, el anuncio de elecciones presidenciales en el plazo máximo de 60 días, de acuerdo con la Constitución vigente y las draconianas normas electorales, complica más que allana el cambio democrático. Haría falta evidentemente mucho más tiempo, o mejor, comenzar por la disolución de un Parlamento oficialista hasta la médula y la convocatoria de elecciones constituyentes. Pero recordemos que el régimen no ha caído todavía, hay que desmontarlo.
La segunda afirmación que podemos hacer es que estos cambios y revueltas populares se han producido sin ayuda externa aparente y, casi nos atreveríamos a decir, a pesar de los apoyos internacionales y europeos con los que contaba Ben Alí. La UE y sus gobiernos se felicitaban hasta el día anterior al vuelco del 14 de enero de las medidas tranquilizadoras anunciadas por Ben Alí. Dicho de otra manera, la falta de valentía de nuestros gobernantes no ha contribuido en nada al éxito de esta revuelta democrática que muchos árabes contemplan ahora con admiración. Es más, tratándose de un movimiento laico en una sociedad donde la oposición islamista ha sido brutalmente eliminada, las autoridades europeas carecían esta vez de excusa para no condenar a Túnez, exigiendo que las reclamaciones populares fueran atendidas y se respetaran los derechos humanos. Al volver a anteponer la estabilidad de su socio privilegiado al clamor popular, nuestros gobiernos han enviado un pobre y desalentador mensaje de lo que Europa está dispuesta a hacer. Pero todavía se puede rectificar.
Como decimos, Túnez se encuentra en un momento crucial. El cambio político iniciado puede avanzar o retroceder fatalmente. También puede enquistarse y derivar en más violencia (recordemos Argelia). Hasta ahora se han dado algunos pasos acertados y el ejército está asumiendo un papel de pacificador y mediador. Precisamente es porque determinados sectores del régimen han decidido abandonar a Ben Alí, como el ejército, los abogados y el sindicato principal, por lo que han tenido éxito estas movilizaciones. Algo que, al menos de momento, no se puede esperar en Argelia o Egipto. Pero hay obstáculos importantes que superar. El Gobierno de unidad nacional, dominado por el RCD, no va a incorporar a la oposición ilegalizada o en el exilio, la más importante, limitándose a ofrecer tres carteras a la oposición tolerada. Salvo cambio, las elecciones presidenciales tendrán lugar antes de 60 días y, con la ley actual, ningún candidato que no cuente con el apoyo del RCD o de los partidos oficialistas podrá presentarse. Hacen falta 30 firmas de diputados o alcaldes, y todos ellos salvo dos son del RCD o de partidos oficialistas. Es lógico que en estos momentos el Gobierno y el presidente interinos se guíen por las normas vigentes tal y como las interpreta el Consejo Constitucional, pero más pronto que tarde habrán de dotarse de una nueva legalidad que facilite el camino a la democracia.
Los países europeos ya no pueden pretender ecuanimidad entre el régimen y los manifestantes ni buscar una estabilidad que ha desaparecido. Mientras Alemania y EEUU convocaron al embajador de Túnez para analizar la situación en las últimas horas de Ben Alí en el poder, España o Francia, mucho más afectadas, permanecían inmóviles. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente y es el momento de apostar decididamente por la vía democrática. Esto supone analizar la situación cuidadosamente, pero también sancionar cualquier deriva o intento de vuelta al pasado. Implica identificar a los actores verdaderamente reformadores y a los reaccionarios, asesorar en el proceso, respaldarlo financieramente si hace falta (medios para el ejército, abastecimiento, etc.) y pedir tiempo para
que las nuevas instituciones y prácticas democráticas se consoliden.
Rafael Bustos es Coordinador para Magreb-Oriente Medio en la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordoñez