Ramon J. Moles
Las impactantes fotografías sobre el ejercicio de la prostitución callejera en Barcelona han evidenciado algo que los vecinos denuncian desde hace tiempo. Probablemente lo que reflejan no es casual: podría ser el resultado de un proceso de degradación que responda a intereses más o menos ocultos. En otras palabras: alguien sale ganando con todo ello, y este alguien obviamente no opera a cara descubierta en un contexto de legalidad. Nótese que, sin llegar a estos extremos, desde siempre ha existido prostitución, también en esta zona, un distrito en el que convive una mezcla social que le aporta parte del encanto que hasta hoy se le atribuye. Sucede ahora que la crudeza de las imágenes escandaliza a todos. No nos engañemos: las fotos ilustran el resultado de múltiples factores, unos más y otros menos ocultos, que han generado este panorama. La prostitución callejera no es la causa de la exclusión social: es la consecuencia de un sinfín de irregularidades, disfunciones y desórdenes sociales que, haciendo imposible la inclusión social de colectivos determinados, les aboca a ganarse la vida en la marginación –en la prostitución, en la mendicidad, limpiando parabrisas, recogiendo cartones, en el top manta, traficando con drogas o robando carteras–. Evidentemente todas estas situaciones no tienen ni la misma gravedad ni relevancia social; sin embargo todas ellas se ubican al margen de la inclusión social. No nos volvamos a engañar: la prostitución ha existido, existe y existirá.
Ante ello no caben más que dos posiciones complementarias y no excluyentes la una de la otra: la primera, luchar con las armas del Estado de derecho contra quienes se lucran con la miseria ajena mediante el proxenetismo y el tráfico de personas; la segunda, respetar la opción de quien libremente, sin coacciones y en condiciones adecuadas, decida ejercerla. Para comprenderlo basta con leer la obra del periodista Julià Peiró La Sra. Rius de moral distraída (Ed. Comanegra), donde, en tono autobiográfico, dicha señora aporta al tema muchísimo más sentido común que algunos sesudos estudios sociológicos sobre la materia. Siendo que la prostitución es, pues, consecuencia de la exclusión social, debemos ser conscientes de que el riesgo de esta resulta de una acumulación de factores (económicos, migratorios, laborales, religiosos, culturales o de infravivienda). Para gestionar este riesgo se precisan planes transversales en estos ámbitos que desarmen los poderosos condicionantes que obligan a estas personas a prostituirse en condiciones de esclavitud y permitan su ejercicio voluntario en condiciones dignas.
Visto así, el debate sobre legalizar o ilegalizar la prostitución es como poner puertas al campo o como querer quedarse sólo en la superficie del problema: ni la simple actuación administrativa superficial mediante ordenanzas, aún siendo necesaria, ni la simple penalización de las conductas, pueden resolverlo. Prueba de ello son las mismas contradicciones internas de los partidos políticos cuando deben posicionarse al respecto: sorprende constatar cómo el PSC se halla dividido entre partidarios y detractores de la regulación, o cómo se ventilan las diferencias en el PP entre Esperanza Aguirre, que cree necesario regular la prostitución y tacha de “hipocresía” pensar lo contrario, y Ana Botella, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que se manifestó “radicalmente” en contra de legalizarla y la calificó de “régimen de semiesclavitud que va en contra de la dignidad de las mujeres, detrás del cual hay auténticas mafias”. Sin embargo, para ser eficaces es preciso actuar también sobre aquellos otros causantes ocultos, no por menos evidentes menos decisivos, que se lucran indirectamente gracias a este problema. Más allá de trabajar contra las mafias de la inmigración ilegal o blanqueo de dinero, si queremos que afloren estos otros factores, es preciso aplicar técnicas propias de los servicios de inteligencia –como ya se hace con el terrorismo– . Se debe averiguar a quiénes beneficia o conviene el efecto llamada de la prostitución callejera: así, algunos de quienes se lucran con el turismo del botellón –ya denunciado por la consellera Tura en el caso de Lloret de Mar–, con el blanqueo de capitales mediante traspasos de negocios fantasma o con operaciones urbanísticas basadas en la previa degradación de un entorno urbano.
Para ello es preciso disponer de información extraída directamente del terreno, pero también investigar las cuentas, la fiscalidad, el marco laboral y la actividad comercial de estos sujetos. Para ello deben obviamente coordinarse las policías locales con las autonómicas y estatales, pero también deben sumarse los recursos de los servicios de inteligencia, Hacienda, Sanidad, Inspección de Trabajo e inspección local de actividades comerciales, por ejemplo, en la medida en que, tras la solicitud de una licencia de actividades, puede haber mucho más que un simple comercio: una trama mafiosa, por ejemplo. Es preciso, y urgente, disponer de información estructurada –inteligencia– que permita distinguir en el barrio las actividades económicas lícitas de las que sólo lo son en apariencia formal. Sólo mediante un conocimiento profundo de las estructuras económicas ocultas del barrio que se benefician de la prostitución callejera es posible abordar el diseño de políticas locales transversales de gestión del riesgo de exclusión social que conviertan este fenómeno en un factor ineficiente e innecesario en su planteamiento actual, que lo encaucen en un entorno no degradante y que, en resumen, permitan retornar el barrio a sus vecinos.
Ramon J. Moles es Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)
Ilustración de Mandrake
Ramón J. Moles
Recientemente se ha publicado el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, elaborado por Transparencia Internacional España, que constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia de los 110 mayores ayuntamientos de España –esto es, los de más de 65.000 habitantes–. El estudio indica que los ayuntamientos transmiten, en general, más información que en 2008, especialmente relativa a datos económico-financieros, contrataciones o proyectos de urbanismo, resultando que en la primera posición se sitúa el Ayuntamiento catalán de Sant Cugat del Vallès.
La iniciativa es relevante especialmente en cuanto a la transparencia de la documentación local ubicada en Internet –ello supone ante todo poco más que una muy correcta gestión de sus webs– y en este sentido merece los mayores elogios tanto en relación a la organización que promueve el estudio como a los consistorios que han mejorado su posición respecto a esta cuestión. Ello no es óbice, sin embargo, para tener que recordar que la transparencia es sólo uno de los elementos de la gobernanza y que, para desarrollar la gobernanza del riesgo de corrupción, es preciso contar con otros ineludibles ingredientes. Como indica el profesor Villoria –autor del estudio–: “Se puede ser corrupto a la vez que transparente, pero la transparencia no deja de ser un arma contra la corrupción “.
Efectivamente, la gobernanza-prevención del riesgo de corrupción requiere, además de transparencia, de una visión integradora de lo público y lo privado que conlleve necesariamente la existencia de modelos regulatorios novedosos (basados en la coexistencia de autorregulación y regulación clásica), así como de sistemas de fiscalización de carácter transversal (por ejemplo, mediante la existencia de agencias independientes) en paralelo a los clásicos sistemas de control vertical basados en el sistema electivo o en la aplicación de la jerarquía organizativa. La visión integradora de lo público y lo privado consiste ante todo en huir del reduccionismo que otorga el protagonismo del fenómeno al sector público: no podemos obviar que existe corrupción en las administraciones porque existen comportamientos corrupto-génicos tanto en el sector privado como en el ámbito político, sobre todo si estos últimos disponen de la capacidad económica y de la influencia política necesarias para ello. En este sentido, atajar la corrupción en el sector público requiere atajarla también en el sector privado, a sabiendas de que la prevención penal no es generalmente eficaz (a los resultados cotidianos podemos remitirnos). Es preciso pues en este ámbito echar mano de mecanismos como la autorregulación o los modelos de calidad, incluso de la misma transparencia exigida al sector público –que es también lógicamente exigible al sector privado–, y que adecuadamente combinados con medidas en el sector público permitan acotar y reducir el fenómeno.
La existencia de modelos regulatorios novedosos supone también, además de la implantación de técnicas de autocontrol y autorregulación, el abordaje de ámbitos de regulación hasta hoy absolutamente opacos o inexistentes, y ello a pesar de que la realidad se empeña cansinamente en mostrarnos cada día la imperiosa necesidad de ello.
Podríamos referirnos en este punto a varias cuestiones, aunque entre ellas destaca una largamente escamoteada a la opinión pública española: la financiación de los partidos políticos, de todos sin distinción. Baste ver la mayoría de casos acontecidos en nuestros municipios –muchos de ellos relacionados con plusvalías urbanísticas o comisiones por concesiones o contratos– y como en la mayoría de ellos de un modo u otro aparece casi siempre esta cuestión. Y es que la calidad de un sistema democrático está también directamente relacionada con, y es directamente proporcional al, conocimiento que la sociedad civil tiene sobre el manejo de fondos para actividades políticas.
La existencia de poderosas neblinas sobre este tema no hace más que provocar la aparición de disfunciones, opacidades y ocasionales corrupto-génicas que se intentan justificar en la necesidad de financiar las actividades de potentes máquinas políticas capaces de copar los espacios parlamentarios o de representación municipal. Esta dinámica provoca además situaciones de endeudamiento que acaban vinculando al poder financiero, al periodístico y a empresas públicas con los aparatos políticos mediante vínculos no legitimados ni por las urnas ni por los mecanismos de control de los mercados económicos. La existencia de listas cerradas en los procesos electorales fomenta además la aparición de castas políticas también cerradas, sumisas a sistemas electivos clientelares y de financiación opacos que se retroalimentan de procesos no transparentes que escapan a todo control.
En resumen, si se observa atentamente la casuística de esta cuestión, se podrá ver que, al fin y al cabo, los ámbitos de gestión afectados (contratación de suministros, selección de personal, gestión urbanística y demás) tienen que ver casi siempre con la satisfacción de necesidades económicas de organizaciones al margen de unos mecanismos que, al menos hasta ahora, no han sido todavía establecidos. Así es que transparencia, por supuesto, pero si además lo es en lo sustancial mucho mejor.
Ramón J. Moles es Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)
Ilustración de Daniel Roldán
RAMON-JORDI MOLES PLAZA
El riesgo de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos –y de los no tanto– se acentúa cuando sobre ellos se acumulan varios factores excluyentes: pobreza, religión, baja formación profesional, urbanismo decadente, infravivienda. Sólo faltaba añadir inmigración y crisis económica: el caldo está servido. Sin caer en el tremendismo, se hace obvio que, ante esta situación, los que lo pasan mal tenderán a pasarlo peor; más aún cuando, también como consecuencia de la crisis económica, se incrementa la xenofobia en el conjunto de Europa. Francia, Reino Unido, España e Italia son sólo algunos ejemplos de la que nos cae encima: protestas laborales inglesas que exigen prioridad para trabajadores autóctonos; redadas francesas contra inmigrantes por el mero hecho de serlo; patrullas ciudadanas italianas con patente para perseguir a inmigrantes; o cupos policiales españoles que obligan a la Policía a detener a un mínimo de inmigrantes. Son sólo algunos pocos ejemplos de por dónde van los tiros. Tampoco Estados Unidos es ajeno al proceso: basta con ver la política inmigratoria en relación a su vecino mexicano o los controles generalizados de inmigración iniciados a partir del 11-S.
Más cerca aún, en Catalunya, empiezan a aflorar síntomas preocupantes: los problemas para ubicar mezquitas u oratorios, para alquilar viviendas a inmigrantes, para contratar mano de obra extranjera o para escolarizar a menores inmigrantes son sólo la punta del iceberg del problema. Un reciente estudio de Cáritas Interparroquial de Figueres alerta sobre el alarmante crecimiento del sentimiento antiinmigración en algunos barrios de esta ciudad. Según una encuesta de los servicios municipales de Barcelona realizada en 2008 sobre 6.000 ciudadanos, en la Ciudad Condal el 10% de la población considera que, junto con la inseguridad, la inmigración es el problema más grave que sufren los barceloneses. Muy curioso: uno alcanza a vislumbrar la inseguridad, el paro o el terrorismo como problemas, pero cuando se concibe la inmigración también como problema, significa lisa y llanamente que la olla –el problema– está a punto de estallar para devenir en xenofobia.
La xenofobia (odio u hostilidad hacia los extranjeros), que entronca como fenómeno antropológico con el racismo y el etnocentrismo, tiene su base en la crisis económica y el riesgo de exclusión social que amenazan tanto a autóctonos como a inmigrantes. Cuando los autóctonos corremos también el riesgo de exclusión social (paro, crisis, etc.), podemos caer en la tentación de intentar trasladar ese riesgo sobre los inmigrantes, acumulándolo además sobre otros riesgos ya manifestados en este colectivo. Olvidamos así que este modo de proceder nos conduce al desastre. Si les hundimos a ellos, nos hundiremos también nosotros: nuestro mercado de trabajo, nuestra demografía, nuestra Seguridad Social, nuestras pensiones, nuestra estabilidad como sistema de cobertura social, precisan de ellos.
El envejecimiento de nuestra población autóctona hace insostenible nuestro modelo: no somos autosostenibles. Para poder financiar lo nuestro
–el Estado social, también nuestra tan aplaudida Seguridad Social– los necesitamos a ellos, necesitamos lo suyo –sus cotizaciones–.
Así, debería quedar claro que nosotros y ellos viajamos en el mismo barco y que a este nivel somos lo mismo más allá de las obvias diferencias. En este sentido, la inmigración debiera ser leída no como problema, sino como oportunidad. Ignorar estos factores y trasladar nuestros riesgos de exclusión sobre los de los inmigrantes acumulando los problemas sobre los más débiles va a hacer estallar la olla del conflicto. Xenofobia, exclusión y conflicto social son distintas caras del mismo problema: los conflictos por la instalación de equipamientos religiosos o por los distintos horarios comerciales de establecimientos regentados por inmigrantes esconden la misma pérdida de cohesión social.
El fenómeno viene de antiguo, sucede simplemente que, cuando se ha tratado, por ejemplo, el caso del colectivo gitano –víctima habitual durante siglos– estos eran pocos y dispersos. Sin embargo, ojo al dato, hoy los colectivos de inmigrantes en España, agrupados en un mismo territorio, podrían constituir una comunidad autónoma relevante, si más no, por su alto número de habitantes.
Este panorama sitúa a nuestras administraciones ante un problema de magnitudes gigantescas por su cuantía, impacto social y escasez presupuestaria. Ante ello no es posible abanderar políticas proteccionistas, demagógicas ni buenistas. Menos aún meras promesas: pasó el tiempo de las palabras. El problema está sobre la mesa y deberíamos jugarlo como oportunidad para mejorar nuestra cohesión social. Para ello, es preciso plantear dos hitos relevantes: de un lado, incorporar al conjunto de las políticas de nuestras administraciones (escolar, sanitaria o de vivienda, por ejemplo) una clave transversal (la del riesgo de exclusión social) y, del otro, apoderar con urgencia al poder local –el más cercano al problema– para que pueda intervenir de modo eficaz para intentar restablecer la
cohesión social.
Hay que invertir en tecnología social de carácter preventivo que permita redefinir el ámbito de lo público sobre una idea de lo nuestro que sea incluyente, no excluyente. Es preciso analizar la construcción social del riesgo de exclusión social y ponerse a trabajar, no sólo para intentar paliar los daños, sino sobre todo para intentar gestionar el riesgo con técnicas de gobernanza que sitúen el problema en este ámbito, el del riesgo, y eviten que se convierta en un daño –la pérdida de cohesión social– muy difícil, cuando no imposible, de reparar.
Ramon-Jordi Moles i Plaza es Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)
ANA GARCÍA HOM Y RAMÓN J.MOLES
El incremento de la población europea en general y española en particular es notable como consecuencia del fenómeno migratorio: si en 2009 el número de habitantes de la UE rozará los 500 millones, el de España llegará a los 46 millones, según el último informe de Eurostat. Así, este año España habrá incrementado su población en unos 570.000 habitantes respecto de principios de 2007, con una tasa de inmigración neta del 10,2 por mil, claramente por encima de las medias de la UE en 2008, superadas también por Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia. Para hacernos una idea práctica de la magnitud de estas cifras, pensemos que la población inmigrante en España, si residiera agrupada en un mismo territorio constituiría la décimooctava comunidad autónoma, con una cifra de 5.220.000 habitantes censados en 2008. Además, ocuparía el cuarto lugar en número de población, por detrás de Andalucía, Catalunya y la Comunidad de Madrid y por delante de la Comunidad Valenciana y Galicia, por ejemplo. Esta visión obliga a reconsiderar al Estado español como un estado plural en lo social y cultural, no sólo en relación a sus naciones históricas, sino también en relación a este fenómeno migratorio. Un Estado plural que lo es por ser también inmigrado y que debe tomar en muy seria consideración los riesgos de pérdida de la cohesión social.
Ahora bien, frente a la frialdad de las cifras, es preciso tener en cuenta que el incremento de población no es una mera suma de individuos en movimiento. Tras la estadística, se esconde también una realidad que presenta unas formas de vida, otras que conllevan tanto factores positivos (a fin de cuentas todos somos actores de nuestra propia existencia) como factores negativos para la sociedad de acogida.
Entre los factores positivos podemos detallar principalmente el rejuvenecimiento global de nuestra población envejecida, que resulta de la mayor tasa de natalidad de la población inmigrante; cuestión no baladí a tenor de las cifras de dependencia demográfica. Ello redunda también en la posibilidad de mejorar la productividad de nuestra mano de obra –aunque ello será resultado también de otros factores concatenados, como la mejora de la competitividad, la innovación tecnológica y el abandono de la cultura del ladrillo y el pelotazo–. Este fenómeno conlleva a su vez la ventaja de posibilitar el equilibrio futuro del sistema de pensiones y de seguridad social, que se vería seriamente comprometido por el envejecimiento que lastraba nuestra pirámide de población en la medida que nuestras pensiones deben abonarlas obviamente aquellos que se hallan en edad productiva (el 45 % de las altas en la Seguridad Social en 2001-2005 corresponde a extranjeros).
Frente a los factores positivos,
preocupan especialmente los negativos, esto es, riesgos que pueden amenazar seriamente la convivencia en la medida en que optemos, como sociedad, por mirar a otro lado. Y, si de mirar se trata, echemos una ojeada a algunos ámbitos especialmente vulnerables al riesgo de exclusión social: la práctica religiosa, el entorno cultural y el ámbito escolar. En lo que atañe a la práctica religiosa, un factor clave es el reconocimiento de la diversidad religiosa, materializado en la instalación de equipamientos religiosos distintos de los católicos y que, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por las administraciones locales, conlleva frecuentes conflictos sociales que generan un lógico desgaste político. Con esta tesitura, desde el poder local se tiende a confundir la práctica religiosa con la planificación urbanística, equiparando los centros de culto a equipamientos que, a pesar de necesarios, son
percibidos como un riesgo por la población de acogida.
En segundo lugar, y en relación al entorno cultural, debería tomarse en consideración la diversidad de prácticas de la población inmigrante. Si nos ceñimos al entorno lingüístico, debemos considerar que, a pesar de que un 36% proceden de Iberoamérica, el resto proceden de países de otros entornos lingüísticos. No obstante, el entorno cultural se configura también a partir de prácticas alimentarias, sexuales, musicales o estéticas que difieren de la comunidad de acogida al ser percibidas por esta como un riesgo.
Finalmente, en tercer lugar, el ámbito escolar se presenta como un microcosmos donde se concentran a la vez riesgos y oportunidades relativos a los dos factores anteriores. Es precisamente en este ámbito, donde es posible vertebrar políticas transversales que tienen a la población escolar como ariete de penetración en las comunidades inmigrantes. Sólo será posible alcanzar el éxito en estas políticas desde el respeto a la diversidad y la promoción del llamado “ascensor social”, esto es, el mérito para el éxito social no puede vincularse al origen autóctono o inmigrante de la población. En otras palabras: las políticas asistencialistas, proteccionistas en exceso, buenistas en definitiva, si no van acompañadas de un sistema de equiparación de deberes y de promoción de oportunidades de carácter generalizado y no segregado, están llamadas al fracaso, como ha sucedido en las periferias de las grandes ciudades francesas, alemanas e italianas.
Por tanto, si las administraciones quieren ser eficientes en la gestión de los riesgos de exclusión social, deben generar políticas tranversales (educación, sanidad, urbanismo, medio ambiente, etc.,) que generen una cierta coherencia en el sistema. Para hacer frente a estos riesgos,
es preciso atender las necesidades de esta población inmigrante que, ahora, es también un nosotros. Es urgente pues que debamos atender nuestras necesidades como sociedad,
que ahora son distintas de las de anteayer y que condicionan el ser o no ser de nuestro futuro como sociedad cohesionada.
Ana García Hom y Ramón J. Moles son miembros del Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC)
RAMON-JORDI MOLES i PLAZA
Entre los modernos riesgos que nos atemorizan de modo más o menos evidente (asociados a la seguridad alimentaria, a las epidemias globales, al cambio climático, al terrorismo global, a la crisis energética), aparecen otros que amenazan valores, que quizás, por menos materiales, son más difíciles de percibir. Entre ellos, el riesgo de pérdida de la cohesión social; es decir, el de generar fracturas que deriven en la marginación de grupos sociales.
Así, ciudadanos fracturados a causa de su edad, etnia, género, poder adquisitivo, residencia, práctica religiosa o sexual, por ejemplo, se ven marginados, a distintos niveles de los mecanismos del denominado Estado Social. De este modo, la precariedad laboral, el incremento de los índices de pobreza y de fracaso escolar, y el nivel irrisorio de las pensiones (recordemos la vergonzante situación de las viudas pensionistas) se ceban en colectivos abocados al extrarradio de lo social.
El fenómeno inmigratorio es, con frecuencia, ubicado también en el ámbito de los riesgos de pérdida de cohesión social. En realidad, la inmigración, per se, como fenómeno demográfico, no genera otros riesgos distintos a los que amenazaban, ya de antemano, a la sociedad de acogida. De este modo, una sociedad con problemas de mercado laboral, de salud pública, escolares o de vivienda, por ejemplo, los verá acentuados con la llegada de inmigrantes, más si estos pertenecen a grupos socialmente desfavorecidos en su origen: la inmigración no hace más que evidenciar cruelmente las disfunciones sociales preexistentes. Así, añadir a la condición de inmigrante la de pobre, analfabeto y anciano, por ejemplo, implica superponer en una misma persona diversos riesgos de exclusión social que ya existían en la sociedad de acogida antes de su llegada y que el factor inmigratorio no hace más que agravar. Seamos claros: el problema no es la inmigración; es la falta de políticas sociales efectivas en materia laboral, de vivienda, escolar, de pensiones; es, en resumen, la gestión ineficiente del Estado Social.
No siendo, pues, la inmigración un riesgo en sí misma, debería merecer por parte de nuestros poderes públicos un análisis sosegado, global y mucho menos demagógico que permitiera desarrollar políticas públicas capaces de aprovechar las oportunidades que este fenómeno genera.
La inmigración debería ser leída como una oportunidad para mejorar la gestión de nuestro mercado de trabajo; en realidad, es una excelente oportunidad para incorporar al sistema de la seguridad social nuevos contribuyentes en una sociedad progresivamente envejecida y, a la vez, favorecer un incremento de la natalidad.
En resumen, para mejorar, para competir en mejores condiciones demográficas, necesitamos inmigrantes legales, no clandestinos. En este sentido, algunas iniciativas como la contratación en origen han contribuido claramente a normalizar una situación que en algunos casos –como el de los temporeros agrícolas– rayaba
la esclavitud.
¿Cómo es posible entonces querer limitar la contratación en origen en un mercado de trabajo con importantes dificultades, a pesar del incremento del paro, para hallar mano de obra en algunos sectores? Sólo desde la demagogia –importante fábrica de votos– es posible defender, como hizo Le Pen desde la extrema derecha en Francia, la idea de la prioridad (que los españoles, en España, y los franceses, en Francia, van primero). Es preciso recordar que el mecanismo de la contratación en origen ha contribuido a reducir la inmigración clandestina y a paliar el déficit de mano de obra en nuestro mercado de trabajo. Es precisamente esta inmigración –la no clandestina– la que puede contribuir a normalizar un mercado laboral como el nuestro, lastrado por importantes desajustes y precariedades. Para ello sería deseable una mayor eficiencia de las administraciones competentes (autonómicas y estatal) en la gestión y coordinación de las oficinas responsables de detectar las zonas con déficit de mano de obra y, por tanto, de redirigir la demanda de trabajo a esas zonas.
Por otra parte, es preciso que la gestión de las políticas de inmigración radique en el poder local y no en unos ámbitos, el europeo o el estatal, que pueden ser útiles en el campo policial –aunque inmigración e inseguridad no son sinónimos–, pero no en el terreno de las políticas sociales, con clarísimas raíces de componente urbana y local.
Para ello es preciso fomentar y favorecer la capacidad integradora de la que nuestras ciudades plurales disponen y, así, prevenir el riesgo de pérdida de la cohesión como consecuencia de la acumulación de riesgos de exclusión social. Sólo desde la propia ciudad y desde el ejercicio autónomo de competencias locales es posible desarrollar políticas que eviten el desarrollo de suburbios marginales. Si bien las grandes políticas de infraestructuras requieren de tratamientos metropolitanos, las políticas sociales requieren a su vez de micropolíticas locales que sólo es posible desarrollar desde la aplicación del principio de subsidiariedad y desde una financiación local suficiente.
La gobernanza del riesgo de pérdida de la cohesión social, no del riesgo de la inmigración, que no existe, requiere atribuir a los municipios amplias capacidades y recursos de gestión. No parece, por el contrario, que reducir la financiación local y cuestionar la contratación en origen sean medidas eficaces en este sentido.
RAMON-JORDI MOLES i PLAZA es director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)
Ilustración de PATRICK THOMAS
