Ricard Vinyes
Historiador
Ilustrador Enric Jardí
La noticia asomó en la prensa, foros y redes sociales en la primera semana de enero; tomó perfil de estruendo y su eco, más allá de Chile, alcanzó algunos medios españoles y europeos. Según decían periodistas y comentaristas alarmados, el Ministerio de Educación chileno, al modificar las bases curriculares de primero a sexto año básico de educación para el área de Historia, establecía la substitución de la palabra “dictadura” por la de “régimen militar” para referirse al período pinochetista. El recién nombrado ministro de Educación, Harald Beyer, en sus primeras declaraciones oscureció el tema al atribuir la responsabilidad del cambio al Consejo Nacional de Educación (CNED), y al declarar –con la soltura de ese estilo naif tan propio del entorno Piñera– que no tiene problemas. “Yo reconozco que fue un Gobierno dictatorial, así que no tengo problemas (…). Respecto a las expresiones concretas hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal y este consejo lo aprueba”. Y aumentó el lío cuando notorios dirigentes de la Unión Democrática Independiente (UDI), los editoriales y comentaristas de El Mercurio, o los representantes de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, declararon su satisfacción por la medida.
Las reacciones a todo eso han sido contundentes y confiadas. Confiadas en la información inmediata. La profesora Cristina Moyano, de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), por ejemplo, en su articulo del 5 de enero en El Mostrador, afirmaba que quien domina las palabras domina los discursos –lo que a estas alturas es solemnizar una obviedad–, y apelaba al Manifiesto de Historiadores de enero de 1999, como autoridad que en su día denunció la estrategia de manipulación conceptual de la historia de la dictadura.
Sin embargo, quien recurra a la merecida autoridad de aquel Manifiesto de Historiadores firmado por sólidos profesionales (tales como María Eugenia Horvitz, Mario Garcés, Gabriel Salazar, Armando de Ramón Folch, o María Angélica Illanes entre otros) comprobará que aquellos historiadores utilizaron indistintamente las expresiones “dictadura” y “gobierno militar” para calificar al régimen instalado con el golpe de 1973. ¿Manipulaban ellos la historia o por el contrario contribuyeron a desarticular el relato establecido por aquel obsceno cronista llamado Gonzalo Vial Correa? El mismo que, tras haber sido ministro de Educación de la dictadura y redactor del siniestro “Plan Zeta”, fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991). También los paneles que ilustran las distintas secciones del Museo de la Memoria de Chile usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar”, y “dictadura”. Y también el “Informe Valech” (2003-2004) usó esas tres expresiones profusamente. En cuanto a los libros de texto a los que alude la querella reciente, cualquier periodista que los lea puede comprobar que los de 1986-1987 usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar” y, mucho menos, “dictadura”. Sin embargo, estalló la polémica. ¿Dónde se halla el conflicto?
Tal vez en lugar de buscar las razones en el procedimiento utilizado por el Ministerio y el CNED, los motivos del conflicto se encuentren en la construcción de la memoria pública chilena; un proceso en el que el discurso del pinochetismo cultural ha tenido una importancia notable al generar un relato eficaz que consiguió centrar el debate en la necesidad o no del golpe de 1973, y obviar los años de dictadura, o encubrirlos con el discurso de la modernización del país (como sucedió precisamente en los noventa con el revisionismo italiano en relación al fascismo; o en España con relación al franquismo, definido también por algunos como una etapa autoritaria, pero de modernización).
El esfuerzo narrativo del pinochetismo consistió en justificar las razones del golpe por una emergencia nacional generada por la intransigencia del Gobierno Allende y, al mismo tiempo, desaprobar –a media voz– la violencia “excesiva”. Un argumento iniciado por Jaime Guzmán al entorno del referéndum de 1988, y voceado por El Mercurio siempre; pero que alcanzó su mayor éxito a manos de Gonzalo Vial al redactar la introducción del Informe Rettig (un texto ratificado por la Presidencia de la República), donde cualquiera puede constatar el primer gran lavado conceptual, la equiparación ahistórica de víctimas y violencias, y la ya citada teoría del exceso. Si alguien coteja la introducción del Informe Rettig con la “Carta a los chilenos” (1998) que emitió el general Pinochet detenido en Londres, se sorprenderá por la coincidencia del relato.
La movilización de los organismos que reivindicaron “justicia, verdad y memoria”, sin flaquear y desde el casi abandono oficial, consiguieron su éxito al establecer los derechos humanos como una pieza central del vocabulario y el sentido común nacional e internacional. Pero la cultura de la memoria es mucho más compleja que la del olvido, y los procesos sociales en los que se construye revelan que en ocasiones se utiliza la memoria como cobertura de frustraciones sociales y políticas, sobretodo en coyunturas de derrota, –el triunfo de Piñera en 2010, fue presentado por la UDI como un triunfo de la memoria de Pinochet, y vivido como una derrota de la memoria de Allende– y con frecuencia produce tanto la estética del vencido como una propensión a analizar cualquier circunstancia con técnicas conspirativas. La
reacción airada y acrítica sobre los cambios en los textos escolares tal vez responda a eso, y en cualquier caso no contribuye a consolidar el relato histórico y memorial alternativo al pinochetismo, porque genera caos, pero sobre todo porque ahuyenta razones sostenibles y atrae el desconcierto.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Javier Olivares
En 1993, Bill Clinton, recién nombrado presidente de EEUU, inauguraba en Washington el United States Holocaust Memorial Museum. Los impulsores más visibles de la institución habían sido Elie Wiesel y el presidente Carter. En la declaración fundacional, redactada por Wiesel, se insistía en que tenía que ser un museo “viviente”, que explicara cómo el Holocausto había sido posible y lo vinculara a los genocidios contemporáneos porque, afirmaba el texto del acta: “Un Memorial insensible al futuro, violaría la memoria del pasado”. El Holocausto debía iluminar.
En su informe al presidente Carter, Wiesel estableció que, si bien todos los judíos habían sido víctimas, no todas las víctimas habían sido judías. Así, los discapacitados físicos y mentales, los gitanos, testigos de Jehová, homosexuales o disidentes políticos tienen su sitio en el Memorial, si bien con una presencia dispar.
Durante los primeros años de su creación se trató si debía ser un museo narrativo o un museo basado en la colección, y si la presentación debía basarse en la historia o en los objetos. Este dilema fue superado por la práctica museal convencional, y así los objetos han acabado siendo el centro de una narración historicista que sobrevive gracias a la impresionante potencia de los medios y a unos espectaculares recursos museográficos que desbordan al visitante.
En cualquier caso, la exposición se construyó con un cometido: insistir en la identidad específica, en la singularidad, de las víctimas. Esta actitud permite explicar el núcleo universal de toda política represiva o de genocidio: la desposesión integral –de humanidad, de nombre, de identidad, de bienes– y contar el cómo y el porqué casi siempre se procede de este modo. La impresionante Torre de los Rostros –icono del museo– tiene esta misión. Una inmensa estructura que expone 1.200 retratos familiares de las personas que vivían en una pequeña localidad polaca y que fueron aniquiladas en 48 horas. Son retratos que festejan acontecimientos corrientes: una merienda, un grupo de amigos, una boda, una fiesta popular, muchachos corriendo en motocicletas, grupos de vecinos… Al cruzar la Torre, el visitante se encuentra con la narración documentada de lo que sucedió en aquel pueblo con la entrada de las tropas hitlerianas.
De hecho, la elección del Memorial es atestiguar la comisión de un crimen contra la humanidad, mostrar cómo se organizó y presentar las pruebas para que nunca jamás se baje la guardia. Por esta razón el guión de la exposición son los métodos y los efectos de un genocidio moderno, y resume su objetivo en la divisa esculpida en granito a la entrada del edificio: “Por los muertos y por los vivos, nosotros debemos ser testigos”. No hay duda de que el acierto del museo consiste en algo que aunque parezca simple no todos los museos y memoriales tienen: saber qué es lo que se quiere realmente explicar.
En el panorama museográfico norteamericano, una de las singularidades del Museo del Holocausto es su titularidad pública, cuando la tradición estadounidense es la contraria en este tipo de equipamientos. Por otro lado, la inversión económica inicial fue enorme no sólo en el edificio –verdaderamente emblemático y en sí mismo un monumento–, sino en las expediciones que los conservadores del museo realizaron a Europa para adquirir diversos objetos y formar la colección a golpe de talonario; así obtuvieron montones de zapatos, cabellos, atuendos, retratos, documentos… Es el ejemplo de una actuación que arranca exclusivamente de una decisión moral de la Presidencia del Estado, sin que haya ninguna presión social para llevarla adelante, sin ningún conflicto.
Por este motivo, la historia y vida del Memorial del Holocausto es un trayecto “feliz”. Se ocupa de un tema que no levantaba ningún tipo de tensión social o política en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en Europa. Y a diferencia también de las tensiones generadas en otros museos norteamericanos sobre temas tan delicados como la segregación racial, la inmigración, la masacre de My Lai, la Guerra Fría o el conflicto espectacular generado en la exposición temporal sobre el Enola Gay, el avión que lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, depositado en el Museo Nacional del Aire y del Espacio –que pertenece a la Smithsonian Institution– y que allí yace, sin apenas información sobre la efeméride y sus consecuencias.
Precisamente un visitante de la Smithsonian, tras recorrer una exposición sobre la integración de los inmigrantes y los afroamericanos, escribió al director de uno de los museos que gestiona la institución: “Distinguido historiador: ¿qué ha pasado en la Smithsonian? ¿Qué se ha hecho de la historia que yo he aprendido y amado? Comprendo que deba analizarse la diversidad; pero, y de mí, ¿qué se dice? La Smithsonian acostumbraba a celebrar América, la potencia americana, las conquistas americanas; ahora parece concentrarse únicamente en las cosas negativas. Esta no es la América que yo recuerdo”. Al final de la carta, el visitante pedía que todos los historiadores como aquel fueran despedidos de la Smithsonian. Cabe preguntarse por qué el Holocausto hoy apenas genera polémica (a pesar del reducto negacionista), mientras que otros desastres son obviados, o incluso mirados con desagrado, a pesar de acarrear numerosas víctimas. Tal vez el Holocausto se ha convertido ya en un icono mediático más; y si es así, aquel deseo inaugural de que fuera “una lección para los genocidios contemporáneos”, a pesar de los pesares, parece que ha resultado inútil.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Miguel Ordoñez
Orilladas en el mar Báltico existen tierras que son países con historias densas y memorias tan conflictivas como las de cualquier otra nación, aunque apenas aparecen en los textos, o en los congresos y seminarios donde se habla de los procesos sociales relativos a la construcción de memorias públicas. Sin embargo, los países bálticos tomaron en su día el reto de contar y evocar las décadas de ocupación y dictadura.
Tras su declaración unilateral de soberanía en 1990, Lituania tardó apenas tres años en inaugurar en Riga el Museo de la Ocupación, una respuesta improvisada a la apelación civil que generan siempre los procesos de transición democrática. Cuatro años más tarde una profunda remodelación consolidó la institución, definió las formas expositivas y tomó la decisión de establecerlo como museo disciplinar, de historia contemporánea de la nación, y con una cronología ceñida a lo que su nombre exigía, la ocupación alemana y soviética, pero con poca referencia a los procesos de resistencia y su evolución. Una opción temática que permite interrogarse de nuevo sobre una cuestión que ya es un clásico: ¿qué memoria se quiere, la del trauma o la de la construcción democrática? Aunque la opción por una u otra evocación nunca es inocente, puesto que un museo siempre es un espacio de poder con independencia de lo que hable, sea pintura, labranza, historia o atuendos.
El museo del que hablo informa sobre el país y las dos ocupaciones, la alemana y la rusa, y distingue entre ellas como distinguimos entre los dos brazos de un cuerpo. Recuerda a quienes sufrieron y murieron bajo el terror de aquellos regímenes, y exhibe su relato con una museografía sin imaginación ni conocimiento de las estructuras museográficas modernas, ya que el museo no es más que una sucesión de paneles compactos y de objetos. El 75% de la financiación del museo procede, principalmente, de tres entidades privadas: la American Latvian Association, la World Federation of Free Latvians y la Latvian Relief Organization Daugarus Vanopi, que, junto con otras organizaciones privadas menores, constituidas por letones instalados fuera del país, especialmente en Estados Unidos, controlan el peso de las decisiones. El Estado letón, por su parte, garantiza la financiación de las exposiciones temporales del museo y algún programa educativo.
Más reciente es el Museo de la Ocupación y de la Lucha por la Libertad, inaugurado en julio de 2003 en Tallin. También su financiación está repartida entre el Estado y varias entidades de emigrantes instaladas en Estados Unidos, que han invertido importantes recursos en el moderno edificio y en un despliegue de proyectos educativos que superan con creces al resto de los países bálticos. Propone una museografía más moderna y con más capacidad comunicativa que el de Riga o de la vecina ciudad de Vilna, aunque coinciden en lo que cuentan. En el Museo de Tallin todos los recursos simbólicos utilizados –decisivos en las estrategias de comunicación de cualquier museo– están orientados a identificar nazismo y comunismo, sin matiz, hasta el punto de haber generado importantes polémicas en el interior del país.
La presencia de la ayuda norteamericana durante los años de ocupación soviética tiene un énfasis extraordinario tanto en la exposición permanente como en la imagen promocional del museo. Su primera exposición temporal, inaugurada el 14 de marzo de 2004, fue una muestra-homenaje a las emisoras Voice of America y Radio Free Europe, financiadas por la Embajada de Estados Unidos en Estonia, emisoras que ciertamente ayudaron a la resistencia a la dictadura, aunque sólo a un tipo de resistentes.
Pero el caso más emblemático es el del Museo de la Ocupación y de las Víctimas del Genocidio de Vilna. Inaugurado en 1997 e instalado en un importante lugar de memoria para los lituanos –un bien restaurado palacio que albergó a los servicios de inteligencia soviéticos– la museografía utilizada es simplemente rancia, sin ningún esfuerzo innovador, pero contundente en su narrativa, que al tratar de la ocupación, ni siquiera hace referencia al periodo nazi, sino que identifica la ocupación exclusivamente con la invasión y permanencia soviética, probablemente porque la guerrilla que luchó contra los nazis entre 1941 y 1945, estaba fundamentalmente compuesta por comunistas autóctonos, que desde 1945 fueron vigorosamente represaliados por los soviéticos, puesto que los comunistas lituanos constituyeron el más importante núcleo político de oposición a la ocupación rusa. Al ignorar el periodo de ocupación alemana, el museo también ignora la deportación de los judíos lituanos a los campos de concentración, y desde luego las operaciones de la División Azul española que, entre 1942 y 1944, estableció su cuartel general y sus acciones de apoyo al ejército hitleriano en Vilna.
Los museos de esas hermosas tierras frías ilustran maravillosamente bien la diferencia que sobre el comunismo soviético existe entre las sociedades del oriente y occidente europeos. Mientras que en occidente es entendido y valorado como el fracaso de una utopía construida con dificultad durante siglos en el transcurso de las luchas democráticas e igualitarias, para los ciudadanos del oriente europeo es algo bien distinto a un fracaso, es una expresión más de la naturaleza del totalitarismo, un rostro más; de ahí las equiparaciones entre comunismo y nazismo que exhiben los museos de nuestra Europa más oriental, aunque esa equiparación les obligue a ocultar o a falsificar.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Miguel Ordoñez
Orilladas en el mar Báltico existen tierras que son países con historias densas y memorias tan conflictivas como las de cualquier otra nación, aunque apenas aparecen en los textos, o en los congresos y seminarios donde se habla de los procesos sociales relativos a la construcción de memorias públicas. Sin embargo, los países bálticos tomaron en su día el reto de contar y evocar las décadas de ocupación y dictadura.
Tras su declaración unilateral de soberanía en 1990, Lituania tardó apenas tres años en inaugurar en Riga el Museo de la Ocupación, una respuesta improvisada a la apelación civil que generan siempre los procesos de transición democrática. Cuatro años más tarde una profunda remodelación consolidó la institución, definió las formas expositivas y tomó la decisión de establecerlo como museo disciplinar, de historia contemporánea de la nación, y con una cronología ceñida a lo que su nombre exigía, la ocupación alemana y soviética, pero con poca referencia a los procesos de resistencia y su evolución. Una opción temática que permite interrogarse de nuevo sobre una cuestión que ya es un clásico: ¿qué memoria se quiere, la del trauma o la de la construcción democrática? Aunque la opción por una u otra evocación nunca es inocente, puesto que un museo siempre es un espacio de poder con independencia de lo que hable, sea pintura, labranza, historia o atuendos.
El museo del que hablo informa sobre el país y las dos ocupaciones, la alemana y la rusa, y distingue entre ellas como distinguimos entre los dos brazos de un cuerpo. Recuerda a quienes sufrieron y murieron bajo el terror de aquellos regímenes, y exhibe su relato con una museografía sin imaginación ni conocimiento de las estructuras museográficas modernas, ya que el museo no es más que una sucesión de paneles compactos y de objetos. El 75% de la financiación del museo procede, principalmente, de tres entidades privadas: la American Latvian Association, la World Federation of Free Latvians y la Latvian Relief Organization Daugarus Vanopi, que, junto con otras organizaciones privadas menores, constituidas por letones instalados fuera del país, especialmente en Estados Unidos, controlan el peso de las decisiones. El Estado letón, por su parte, garantiza la financiación de las exposiciones temporales del museo y algún programa educativo.
Más reciente es el Museo de la Ocupación y de la Lucha por la Libertad, inaugurado en julio de 2003 en Tallin. También su financiación está repartida entre el Estado y varias entidades de emigrantes instaladas en Estados Unidos, que han invertido importantes recursos en el moderno edificio y en un despliegue de proyectos educativos que superan con creces al resto de los países bálticos. Propone una museografía más moderna y con más capacidad comunicativa que el de Riga o de la vecina ciudad de Vilna, aunque coinciden en lo que cuentan. En el Museo de Tallin todos los recursos simbólicos utilizados –decisivos en las estrategias de comunicación de cualquier museo– están orientados a identificar nazismo y comunismo, sin matiz, hasta el punto de haber generado importantes polémicas en el interior del país.
La presencia de la ayuda norteamericana durante los años de ocupación soviética tiene un énfasis extraordinario tanto en la exposición permanente como en la imagen promocional del museo. Su primera exposición temporal, inaugurada el 14 de marzo de 2004, fue una muestra-homenaje a las emisoras Voice of America y Radio Free Europe, financiadas por la Embajada de Estados Unidos en Estonia, emisoras que ciertamente ayudaron a la resistencia a la dictadura, aunque sólo a un tipo de resistentes.
Pero el caso más emblemático es el del Museo de la Ocupación y de las Víctimas del Genocidio de Vilna. Inaugurado en 1997 e instalado en un importante lugar de memoria para los lituanos –un bien restaurado palacio que albergó a los servicios de inteligencia soviéticos– la museografía utilizada es simplemente rancia, sin ningún esfuerzo innovador, pero contundente en su narrativa, que al tratar de la ocupación, ni siquiera hace referencia al periodo nazi, sino que identifica la ocupación exclusivamente con la invasión y permanencia soviética, probablemente porque la guerrilla que luchó contra los nazis entre 1941 y 1945, estaba fundamentalmente compuesta por comunistas autóctonos, que desde 1945 fueron vigorosamente represaliados por los soviéticos, puesto que los comunistas lituanos constituyeron el más importante núcleo político de oposición a la ocupación rusa. Al ignorar el periodo de ocupación alemana, el museo también ignora la deportación de los judíos lituanos a los campos de concentración, y desde luego las operaciones de la División Azul española que, entre 1942 y 1944, estableció su cuartel general y sus acciones de apoyo al ejército hitleriano en Vilna.
Los museos de esas hermosas tierras frías ilustran maravillosamente bien la diferencia que sobre el comunismo soviético existe entre las sociedades del oriente y occidente europeos. Mientras que en occidente es entendido y valorado como el fracaso de una utopía construida con dificultad durante siglos en el transcurso de las luchas democráticas e igualitarias, para los ciudadanos del oriente europeo es algo bien distinto a un fracaso, es una expresión más de la naturaleza del totalitarismo, un rostro más; de ahí las equiparaciones entre comunismo y nazismo que exhiben los museos de nuestra Europa más oriental, aunque esa equiparación les obligue a ocultar o a falsificar.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Enric Jardí
En la noche del 29 al 30 de abril de 1945, el ruido y la luz de una detonación advirtieron a los ciudadanos de Trieste de que algo sucedía en la periferia urbana de la ciudad, donde se alzaban borbotones de humo negro y resplandor de llamas.
Había sido una jornada complicada para todos. En Alemania, Eva Braun y Adolf Hitler se habían quitado la vida. Un par de días antes, Mussolini y su amante, Clara Petacci, tras ser detenidos en las cercanías del Lago di Como, eran fusilados y sus restos colgados por los pies en una gasolinera. Por la mañana, el Comité de Liberación Nacional (CLN) había dado la orden de insurrección general, por lo que la resistencia, allí donde estaba organizada y podía, salió a las plazas y calles del país, irrumpió en las carreteras y abandonó los montes para hostigar a las tropas de ocupación en retirada y capturar o liquidar a los fascistas todavía leales a la “República de Salò”, un Estado fascista puro desarticulado el día anterior, y que desde su fundación en septiembre de 1943 no había sido más que una suerte de protectorado alemán
–establecido en Lombardía, y con su capital diseminada en Salò, Milán, Gargnano, Mantua y Verona– para que los ocupantes pudieran controlar mejor el norte y la región de Venezia-Giulia. En aquel 30 de abril tenía lugar la última y verdadera batalla entre partisanos y tropas alemanas en Monte Casale, cerca de Mantua. En Trieste, siguiendo el llamamiento insurreccional del CLN, los partisanos se lanzaron a liberar el centro urbano, mientras que los partisanos comunistas que no estaban integrados en el CLN, sino en el ejército yugoslavo atacaban el altiplano para garantizar la protección de la ciudad durante su liberación. Al anochecer, prácticamente todo el centro de Trieste había sido liberado. La mañana siguiente avanzaron hacia la periferia urbana, y entonces supieron a qué se debían la explosión, las llamas y el humo –con el que, por otra parte, se habían familiarizado desde hacía un año, aproximadamente–. Los alemanes habían evacuado La Risiera ubicada en el barrio de San Sabba, se habían llevado parte de los prisioneros y habían dinamitado el horno crematorio instalado allí en 1944. Se trataba de no dejar rastro de los crímenes cometidos durante la ocupación, pero antes habían incinerado, junto a carbones de restos humanos, toda la documentación relativa a la gestión burocrática del lugar, destruyendo con esta acción las pruebas materiales sobre el único horno crematorio existente en la Europa meridional: el de La Risiera.
El gran complejo de edificios de La Risiera, una antigua arrocera destinada al descascarillado y a otros tratamientos del arroz (riso en italiano) construida en 1904 en el barrio suburbano de San Sabba, se convirtió en el primer campo de encarcelamiento provisional para militares italianos capturados después del armisticio del 8 de septiembre de 1943, y a finales de año se estructuró como campo de detención destinado tanto a la clasificación de los deportados a Alemania y Polonia (además de depósito de bienes saqueados), como a la detención y eliminación de rehenes, partisanos, dirigentes políticos y judíos. Con esta finalidad, se instaló un horno crematorio en el secadero de la fábrica, mientras que el área para detenidos se acondicionó en el interior de un segundo patio del complejo industrial. Ambos fueron dinamitados por los nazis en aquella noche. Entre los cascotes se recuperaron huesos y cenizas humanas recogidas en sacos de papel y que tenían que haber sido arrojados al mar. Las prisas lo impidieron.
A pesar del atentado, y la completa destrucción del horno y su chimenea, La Risiera mantuvo casi invariable su estructura original –a diferencia de los campos de Ferramonti y Fossoli– y por ello constituye un documento importante para la historia de la guerra y la ocupación de Italia.
Años después, algunos incendios, el abandono, dejaron La Risiera en estado de semiruina. La insistencia de las asociaciones de antiguos partisanos facilitó que en 1965 el presidente de la República, Giuseppe Saragat, declarase La Risiera monumento nacional, y que de inmediato el Ayuntamiento de Trieste convocase un concurso para transformar el conjunto fabril en museo memorial. Fue así como el arquitecto Romano Boico materializó su complejo y brillante proyecto arquitectónico que convirtió aquel espacio triste, ruinoso, periférico, en un lugar que documentaba y evocaba. No añadió nada. Tan sólo cortó y restituyó. Eliminó los edificios en ruina, perimetró el contexto espacial con muros de hormigón que se alzaban once metros, articulados de tal forma que constituyen un acceso inquietante en el mismo sitio donde se hallaba la entrada; enrejó el patio para identificarlo, según escribió en su proyecto, con “una basílica laica a cielo abierto”. Decidió que las salas que acogían a los prisioneros estuvieran completamente vacías y que las estructuras de madera fuesen descarnadas; en el edificio central ubicó una exposición concisa, compuesta por las sensaciones e imágenes que sugieren los espacios vacíos, las narraciones, los documentos. La Risiera, establecida ya como patrimonio de la República, se inauguraba en 1975, treinta años después del intento de aniquilación.
Anteayer vi imágenes de los restos ruinosos de la prisión de Carabanchel, y la cabeza se me fue a La Risiera; y me acordé también, por esas extrañas conexiones que a su aire establece la memoria, de la orden de destrucción de los archivos del Movimiento y de Falange que dictó Martín Villa, siendo ministro de Gobernación del último gabinete de la dictadura presidido por Adolfo Suárez. Corría 1977. Nuestras ruinas no son más que ruinas.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Miguel Ordóñez
En otoño de 1961, la guerra que mantenía el Estado francés para mantener Argelia bajo dominio era una causa perdida en prácticamente todos los frentes: el nacional, el expedicionario, el diplomático y el cultural. Apenas medio año más tarde –los acuerdos de Evian estableciendo un alto el fuego y un referéndum se firmaron en marzo del 62–, Argelia alcanzaba la independencia de Francia y el mundo reconocía su plena soberanía. Los últimos seis meses habían sido malos para una Administración arrogante, que aun viendo que todo acababa y que lo más sensato era finalizar el conflicto con el menor dolor y daño posibles, no se resignaba y expresaba su revancha haciendo la vida imposible a los cientos de miles de argelinos que vivían en las grandes metrópolis de Francia en unas condiciones humillantes.
Sucedió el 17 de octubre y muchos de aquellos miles comenzaron a caminar desde el centro de Nanterre. De eso hace ahora medio siglo, cuando Nanterre ni siquiera tenía su Universidad, la X sección de la Sorbona. Convocados por el Frente de Liberación Nacional (FLN), pretendían alcanzar el centro de París en un recorrido de poco más de siete kilómetros para pedir públicamente dos cosas: el fin de la guerra, las torturas y las matanzas, y sobre todo que les dejaran vivir en paz en sus barrios, sin toques de queda, sin humillaciones constantes. Cuando llegaron ante la colina donde hoy se alza el barrio de la Défense, los caminantes se contaban por decenas de miles. Se trataba de cruzar el Sena por el puente de Neuilly y otros para acceder al llano donde se extendía París. Allí, la policía asaltó la comitiva. Dio la orden el prefecto de la región de Hautes de Seine, Maurice Papon, quien había sido dieciocho años antes responsable de la deportación de 1.645 judíos durante su etapa de secretario general de la prefectura de la Gironde, en Burdeos, con el Gobierno del mariscal Pétain, en 1943.
La carga policial ordenada por Papon generó la mayor masacre de la Francia contemporánea. Fueron detenidos cerca de 14.000 manifestantes, y cientos de ellos lanzados al río muertos o vivos. Los muertos rondaron la cifra de 300, tal vez la sobrepasaron (no hay datos oficiales porque el Estado no permite el acceso a los archivos correspondientes), tan solo pudieron ser oblicuamente consultados cuando se abrió el proceso a Papon en 1998 acusado de la deportación de judíos, pero no de la masacre del puente de Neuilly. Al fin y al cabo, De Gaulle hizo aprobar la amnistía de 1966 para evitar que las vulneraciones policiales del Estado de derecho pudiesen ser juzgadas.
Este otoño, medio siglo después de la masacre, en las salas de París pueden verse dos documentales sobre los hechos. En primer lugar ha regresado el filme censurado de Jacques Panijel sobre los hechos, Octobre à Paris, que el autor realizó mezclado entre los manifestantes de aquel 17 de octubre, por lo que resulta ser un testimonio excepcional. La novedad está en el documental de Yasmina Adi, realizado en 2011 y que tiene por título Ici on noie les Algériens (Aquí se ahoga argelinos), tomado de una inscripción sobre el puente de Neuilly que aparece en el filme de Panijel. En realidad, Yasmina Adi prosigue, en términos memoriales, el filme de su antecesor.
Octobre à Paris, no es sólo un filme militante sobre lo sucedido, es un filme extraordinario que alecciona sobre el París de la época, el de antes de las revueltas de Mayo. Un París cercado de bidonvilles, de viviendas de autoconstrucción; repleto de unos inmigrantes que habitan en condiciones degradantes; esa es la realidad parisina, junto a las torturas que se practican en las comisarías de policía de un Estado que era referente democrático en el mundo. Panijel nos muestra a esos mismos inmigrantes en la calle y en las manifestaciones, la del 17 de octubre y otras. En ese documental, hecho a pie de calle entre la población inmigrante magrebí, no se observan ni barbudos ni mujeres cubiertas con velo alguno, aunque la presencia femenina es sumamente copiosa, signo de una época en la que la religión era menos central que hoy, cuando la emancipación transcurría por vías políticas o sindicales.
Por su parte, el filme de Yasmina Adi abunda sobre esta situación, interroga a aquellos que participaron en los hechos o en el filme de Panijel, especialmente a las mujeres, hermanas, esposas, hijas o militantes, que expresan cómo vivieron en aquellos años el inicio de la destrucción del patriarcado en sus comunidades y cómo en estos últimos años sus conquistas fueron destruidas. Lo que pone en evidencia, en uno y otro filme, que el paradigma patriarcal no es ni una fatalidad ni un dato inalterable, sino algo vinculado a los procesos históricos.
Cincuenta años más tarde, la República sigue sin reconocer su responsabilidad en aquel crimen de Estado, mantiene la amnistía sobre las responsabilidades e impide la investigación académica sobre los hechos. Sin embargo, el pasado 17 de octubre, en Nanterre un grupo de hombres y mujeres arropados por el alcalde de la ciudad se juntaron en el mismo lugar donde arrancó la comitiva medio siglo antes, bautizaron una nueva calle con su nombre, el Boulevard du 17–d’octobre– 1961, un paseo que desciende hacia el boulevard Nelson Mandela. Tómense una cerveza en el último boulevard de Nanterre, a la salud de Papon y la República.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Jordi Duró
En algún día de 1976 un hombre y una mujer cruzaron la frontera que divide Portugal y Andalucía. Llevaban consigo algo del dinero recaudado en el Centro de Intervenção Cultural de Lisboa con la programación de cine político prohibido que organizaban regularmente para los españoles que, desde las zonas cercanas a Portugal, se desplazaban a su capital para conocer la filmografía que la dictadura excluía en las salas de su país. Hombre y mujer cruzaron la frontera porque llevaban en la cabeza diversos proyectos de intervención cultural que deseaban desarrollar en el contexto efervescente de aquel 1976. Entre esos proyectos habitaba una estrella: realizar un documental sobre la romería mariana del Rocío. El resultado marcó sus vidas, nos orienta hoy en la comprensión de los procesos sociales relativos a la memoria pública, y testifica sobre las zonas grises de nuestro Estado de derecho. Todo eso ha generado Rocío, el documental que Fernando Ruiz Vergara construyó con el guión y la gestión de Ana Vila, con la recaudación derivada de aquellos ciclos de cine político prohibido, y con la aportación de amigos diversos en su papel de humildes y entusiastas mecenas de a pie.
Averiguaron las raíces de la romería, su razón y su vida sostenida por la actividad militante de sus Hermandades, la relación que estas habían mantenido, por medio de la religiosidad popular, con los mecanismos de poder social, cultural y político locales, su función en la República, en la guerra.
Almonte. Allí se instalaron en busca de testigos diversos. Las pesquisas levantaron incomodidades porque cruzaban la omertá. Anduvieron caminos que rebasaron silencios llevados de la mano de informantes generosos; fueron al lugar y el momento más sagrado donde la comunidad se encuentra siempre, un entierro, y allí les mostraron, uno a uno, el rostro y el nombre de los que habían participado en la represión directa de la localidad aprovechando la sublevación militar de 1936, que conllevó un centenar de asesinatos fraguados en la cólera de la élite agraria local por la pérdida de poder político y autoridad, y por su rechazo a la redistribución de la tierra preparada por la legislación republicana. A pesar de ello, esta élite, con don José María Reales Carrasco al frente –su alcalde en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y fundador de la Hermandad del Rocío de Jerez– siempre habló de agravios a la virgen, de humillaciones en forma de azulejos retirados del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Banderas marianas y voces devotas alzadas para encubrir conflictos de intereses.
El documental de Ruiz Vergara y Ana Vila creció aunque José María Reales Cala –alcalde franquista en tiempos e hijo de Reales Carrasco– les advirtió que tuvieran cuidado con lo que hacían.
Rodaron a lo largo de 1977, y al año siguiente montaban la cinta con una escena donde un testigo, Pedro López Gómez, evocaba a Reales Carrasco como uno de los responsables de los asesinatos políticos en Almonte. Ruiz Vergara, consciente del problema que podía acarrear aquella información, omitió el nombre en la banda sonora y colocó una cinta negra sobre los ojos de Reales Carrasco cuando aparecía la fotografía de su rostro en pantalla.
En 1980 la cinta estaba lista, y el 18 de julio el cine Astoria, de Alicante, la ofrecía al mundo. La andadura fue mal, nadie quería exhibirla en Andalucía. Sin embargo, en octubre, el I Festival Internacional de Cine de Sevilla galardonaba Rocío. Fue entonces cuando las amenazas se tornaron realidad. El 23 de febrero de 1981, 19 días más tarde de la exhibición de Rocío en el cine Bellas Artes, de Madrid, José Mª Reales Cala interponía una querella por injurias graves a la memoria de su padre, ya que aparecía como un instigador al asesinato político. El juez ordenaba el secuestro de la película.
El juicio se celebró el 15 de junio de 1983. Durante el proceso, el tribunal desestimó la declaración directa de 17 testigos dispuestos a ratificar las palabras de Gómez Clavijo. Tras sendos recursos, la condena dispuso dos meses de arresto, 50.000 pesetas de multa, más diez millones en concepto de responsabilidad civil a entregar a la familia por injurias graves y la prohibición de exhibir el documental si no era suprimido el fragmento donde aparecía la fotografía de Reales Carrasco. Los detalles los cuenta Alejandro Alvarado en un excelente trabajo académico de la Universidad de Málaga para quien quiera conocerlos. De esta investigación de Alvarado saco la cita de los considerandos con los que Luis Marzal Vivas, ponente del Tribunal Supremo, argumentó la ratificación de la condena: “Es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo”.
Como es habitual en todo lo relativo a la memoria de la violencia política, el conflicto no reside en el acto cometido, sino en rememorar al perpetrador de lo acontecido e incorporarlo a la memoria pública. Eso es lo que testifican Rocío y su castigo. Fernando Ruiz Vergara falleció el pasado 12 de octubre en Escalos de Baixo. Entretanto, Rocío vive, y en el relato de su peripecia enseña la dureza de los conflictos derivados de la evocación memorial y la coincidencia de la Justicia en la aplicación de una doctrina oficial no escrita que hiere la memoria democrática. Rocío testifica el modelo de impunidad establecido desde la instauración del Estado de derecho: salvaguardar la reputación de los perpetradores, no sus actos, históricamente asumibles.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustración de Jordi Duró
Cuando en 1993 fue inaugurado en Washington el Museo Memorial del Holocausto, Elie Wiesel repitió en su discurso lo que ya había dicho cuando elaboró el proyecto por encargo del presidente Carter: aquella nueva institución no era temática, sino una institución sobre la responsabilidad, la responsabilidad moral y la responsabilidad política. Era una apelación de fondo que trascendía las víctimas de cualquier masacre para dirigirse a la ciudadanía y decirle que tan responsable como el que mata es el que calla. En los años siguientes estallaron ante nuestros rostros las masacres ruandesa y yugoslava, por citar sólo lo más llamativo.
En marzo de 1998, poco antes de la anunciada –y muy demorada–, creación de la Corte Penal Internacional, antes también de la inesperada detención de Augusto Pinochet en Londres, y en pleno auge de las grandes construcciones memoriales en Alemania, Francia y Estados Unidos relativas al Holocausto y la resistencia antifascista, en pleno esfuerzo de las iniciativas de pequeñas organizaciones que reclamaban el rescate de espacios memoriales en Chile y Argentina, la Academia Internacional de las Culturas convocó uno de esos macrocongresos habituales –llamados también “foros internacionales”– donde, a pesar de la arrogancia institucional que conllevan, siempre hay la oportunidad de escuchar cosas bien interesantes dichas por buenos profesionales. Por lo general son encuentros a posteriori, es decir, convocados porque algo se ha movido y de repente ha alcanzado la agenda institucional. En aquel caso, la convocatoria era para hablar de los procesos sociales relativos a la irrupción de memorias, de olvidos impuestos y de los conflictos éticos y jurídicos derivados de los procesos de transición. Aquella década –la de los noventa– fue una era de construcción y reflexión memorial que penetró en el nuevo siglo con fuerza. Una situación en buena medida causada por la liquidación de dictaduras emblemáticas, desde Chile a Sudáfrica pasando por el arco complejo de dictaduras soviéticas. Pero la estrella era sin duda Sudáfrica. Tuvo mucha publicidad, sí, y el sistema presuntamente reconciliador inventado por el obispo Desmond Tutu desde la Comisión de Verdad y Reconciliación –sostenido en la muy confesional noción de arrepentimiento– parecía el camino a seguir urbi et orbi. Por ello no es extraño (aunque sí desastroso) que el referente del proceso de paz irlandés (1994-1998), en lo tocante a un proyecto de reconciliación y de perdón de las víctimas, se inspirase en el proceso sudafricano.
Bien, decía todo eso porque en aquel Congreso de la primavera de 1998, el escritor nigeriano Wole Soyinka propuso la primera mirada crítica sobre el incuestionable y bondadoso “modelo” sudafricano de reconciliación: “Persiste la impresión –dijo– de que la fórmula empleada para restablecer la armonía social, consistente en establecer como base de la reconciliación el mero esclarecimiento de la verdad, socava en cierta medida uno de los pilares sobre los cuales debe fundarse toda sociedad durable, esto es, la responsabilidad y, en último término, la justicia. Una realidad que a menudo se ignora con gran ligereza es que, en el caso de Sudáfrica, la culpabilidad no se limita a la política estatal del apartheid”.
Su queja residía en que no había ningún indicador de que el arrepentimiento expresado públicamente por los victimarios fuera cierto, puesto que, al hacer desaparecer la noción de culpabilidad, desaparecía el principio de responsabilidad, la conciencia de los actos. La verdad no era suficiente para Soyinka. Parece ciertamente difícil que, tras haber estado involucrados en actos tan atroces como lo son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, las víctimas y victimarios estén dispuestos a instaurar entre ellos lazos estrechos de solidaridad y confianza. El lenguaje utilizado en Sudáfrica para propugnar la reconciliación incluía la búsqueda de valores tan difíciles de alcanzar para quienes vivieron el apartheid como la amistad, la hospitalidad, la magnanimidad y la compasión, entre otros. Si bien es posible pensar que algunos de los actores de la transición estarían dispuestos a esforzarse para materializar estos valores, no parece prácticamente plausible ni éticamente justificable que se imponga un nivel tan exigente de compromiso en pro de la reconciliación, puesto que el daño causado es irreparable, y por tanto imperdonable.
Ese ha sido siempre el problema de fondo de las Comisiones de la Verdad: la verdad no es suficiente. La pregunta es vieja, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Ese es el reto que, por ejemplo, tendrá dentro de poco Dilma Roussef, en Brasil, cuando la comisión que ha creado le presente su informe. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Desaparece la memoria sobre los procesos acontecidos y la responsabilidad que tuvieron sus actores? Para unos, la paz y la reconciliación depende de la supresión de los conflictos, empezando una “cuenta nueva”, sin historia ni pasado. Para otros, depende de procesos complejos de reconocimiento, asumiendo las responsabilidades, y creando condiciones para lograr una relación sin deudas pendientes, o al menos, consensuando soluciones aceptables para todos o casi todos. Esta ha sido y sigue siendo una disputa cuyo desarrollo está en proceso, puesto que no hay consenso explícito en el bien para el presente y el futuro que trae consigo repasar el pasado, no en términos históricos –en eso casi nadie pone obstáculos– sino memoriales: ¿qué queremos recordar, junto a quién, y con que garantía? La historia no puede escogerla nadie, la memoria sí. Es lo último que queda.
Corría enero de 2008 cuando el artista plástico chileno Iván Navarro exhibió en el Espacio Matucana 100, de Santiago de Chile, su instalación “¿Dónde están?”. Tratándose de Chile, cualquiera podía imaginar que se pretendía saber dónde estaban los detenidos-desaparecidos de la dictadura. Pues no, se trataba de lo contrario, el visitante debía averiguar dónde estaban los responsables de la represión que habían escapado a la Justicia o al conocimiento público. Cada visitante se internaba en la inmensidad de una sala sumida en la oscuridad armado con dos objetos, una linterna y un cuaderno de 30 páginas del tamaño aproximado de un periódico. El haz luminoso de la linterna permitía ver, desde lo alto de la galería de la sala, un repentino océano de letras sin sentido aparente, pegadas unas a otras, pero que el visitante podía recomponer para formar con ellas nombres y apellidos de centenares de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, militares desleales o torturadores, si dirigía la luz sobre cada letra hasta disipar la negrura del entorno y componer un nombre perdido, olvidado, cuyo currículo y hazañas podía consultar en el cuaderno de mano: “Caulier, Pablo. Este oficial de Carabineros junto al coronel del Ejército Hugo Cardemil Valenzuela, además del suboficial de Carabineros Luis Alberto Hidalgo, son los responsables directos de la detención, tortura y posterior desaparición de 15 detenidos en la ciudad del Parral”. Y así hasta más de quinientos personajes, en un ejercicio que permitía averiguar dónde están los otros “desaparecidos” y evitar que los responsables no tengan nombre, como decía Arturo Barea en uno de sus más emotivos comentarios radiofónicos sobre los bombardeos de Madrid.
Y bien, ¿dónde están los nuestros, los de la dictadura? Imagino un catálogo que describa los autores y responsables de los hechos: de apaleamientos en las comisarías a lo largo de los años sesenta y setenta, y que nos cuente dónde están ahora; que cuente dónde están los de la masacre de Vitoria en 1976; los de la del número 55 de la calle Atocha, o del asesinato efectuado en el número 60 de la calle General Mola, de Madrid, séptima puerta C, cuando comenzaba 1969; los de los disparos frente a la Central Térmica del Besòs, o de los responsables del 23-F, dónde están ahora y qué piensan; dónde se halla el hombre que disparó, en Montejurra, para matar a otro hombre. Dónde viven y qué hacen, qué sabemos de ellos. No se trata de una información para promover juicios (por otra parte imposibles), o ajustes insensatos como los que hicieron ellos según su rencorosa y destructiva doctrina de sangre y fuego. Se trata de saber qué piensan de sí mismos, y por qué lo piensan, ¿conocen el sentimiento de vergüenza?, ¿justifican su pasado? Conocer el dolor de la víctima, sin conocer la responsabilidad y actitud del victimario por los hechos cometidos se ha revelado, en todas partes, no sólo inútil, sino también un foco de conflictos, de insatisfacciones, recelos y recriminaciones.
De Melilla ha llegado algo de información sobre todo eso. Se trata de la evaluación que de sí mismo ha hecho ante los poderes públicos de la ciudad un policía que actuó en la dictadura, Ramón Antón Mota. Cuarenta años más tarde, considera un mérito su destino en Irún en 1970 “donde se declara por primera vez el Estado de excepción”. También aduce como mérito su presencia durante la ejecución de la última persona que murió en España por garrote vil, Salvador Puig Antich. Méritos –“virtudes”, dice exactamente el texto del fascículo presentado por el Consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla–, que han contribuido a la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Ramón Antón Mota.
En fin, un poder público premia a un voyeur que en realidad no presenta méritos, sino alardes que además contienen la trampa propia de un pillo, pues el Estado de excepción de 1970 no fue el primero. Además, no fue sólo para Guipúzcoa, sino que al cabo de pocos días el Estado de excepción se declaró en toda España, por lo que todos vivieron ese Estado de excepción, pero no lo vivieron igual. Unos, intentando hacer la vida más difícil a la dictadura; otros, intentando la supervivencia del régimen a base de prohibir, perseguir, detener, torturar… ¿Dónde estaba Ramón Antón, y qué es lo que hacía? Porque al parecer sólo “estaba”. Así, lo que el país vivió como un desastre, él, y los que son como él, lo recuerdan y lo aportan como valor, aunque sin datos sobre su actuación. Lo que decía, un voyeur en medio de un seísmo.
Por otra parte, aportar la circunstancia de presenciar, voluntaria o involuntariamente, la ejecución de alguien –en este caso un asesinato de Estado a causa de la falta de garantías procesales–, lejos de ser un mérito es una ostentación de bajura moral en la que se hallan incluidos los que han aplaudido el guiño, porque de un guiño a los suyos se trata. Cuando hablo de los “suyos” no me refiero necesariamente a un partido, sino a un entorno, a una cultura política que todavía constituye el referente de una parte de la derecha española.
Con este galardón, los responsables del premio –el Gobierno de Melilla– han creado un vacío ético descomunal. Comprobar que eso les complace es triste, muy triste… Alguien debería hacer algún día un catálogo como el de Iván Navarro, donde aparezca la voz “Antón Mota, Ramón: perseguidor por vocación, participó como policía casual en los desastres del tardofranquismo. En septiembre de 2011, junto con el Gobierno de la Ciudad de Melilla, perpetró la segunda muerte de Salvador Puig Antich siendo condecorado por ello”.
RICARD VINYES
Historiador
Ilustración por Miguel Ordoñez
En discursos y debates relativos a los símbolos de la dictadura en España, sean televisados o radiados, congresuales o escritos en las páginas de revistas y periódicos, es frecuente escuchar o leer una motivación terca y de apariencia inapelable para reclamar su retirada necesaria: “En países como Italia o Alemania, los gobiernos no permiten símbolos del fascismo y nazismo, es impensable encontrarlos en una democracia, no como sucede aquí”. Lo común es que esa analogía preceda relatos sobre la Transición tratada como pura y llana traición, pero sobre todo usada como un principio de determinación causal (Dios es un principio de determinación causal) que todo lo explica y revela, pone la luz y quita la tiniebla del pasado, el presente y el futuro de este valle de lágrimas que habitamos. Pero las comparaciones son traicioneras, a veces hasta el ridículo.
Predappio es una bella localidad de la provincia de Forlí-Cesena, en la estupenda región de Emilia-Romagna, con acogedores hoteles, casas de comida y tiendas de antigüedades y recuerdos que llenan sus calles, orilladas por una arquitectura de medida humana, de paz y de belleza cuidada por sus poco más de 6.000 habitantes. Allí nació Benito Mussolini, en una casa rural austera, de herrero y maestra. Y en Predappio se halla enterrado con honor público (y exuberante), a pesar de la ley italiana que prohíbe toda exhibición fascista. Pero la ley ya se sabe que lleva venda en los ojos y, así, Predappio exhibe con interés al fascista número uno, sus restaurantes sirven vino nero, en lugar de vino rosso –que es como llama al tinto la lengua italiana–, y el 28 de octubre sus calles se cubren de neofascistas que, para celebrar la Marcha sobre Roma de aquel 1922, se dirigen ruidosamente al cementerio de San Cassiano y se juntan ante la tumba del duce para cantar y decir urbi et orbi: “Somos y estamos”.
Tiendas y bazares de souvenirs hacen su agosto con los más impensables objetos fascistas; aunque lo mejor, lo indispensable, lo más transgresor es el pequeño pero activo comercio con nombre berlusconiano, Predappio tricolore, donde al cruzar el portal su propietario saluda al cliente levantando el brazo. Ahí uno puede volverse loco porque no sabe qué escoger. Es una especie de jauja del objeto fascista: puñales, escudos, bustos y medallas, camisas negras de la época, sudaderas contemporáneas, calzones y bufandas, pijamas, libros y calendarios (por cierto, bastante bestias), incluso dispone de una atractiva sección outlet… todo muy fascista o muy patriótico (muy español, diría Rajoy). Una simbología poderosa que la República no impide porque el comercio es influyente y, además, por lo que parece, sin escrúpulos. Pero la República tampoco tiene demasiados, al fin y al cabo ahí está el obelisco al duce a la entrada de la ciudad olímpica de Roma, o tantos y tantos cementerios repletos de símbolos alusivos al fascio.
Alemania es otra cosa, tan sólo se hallan alusiones simbólicas hitlerianas en los cementerios, que así devienen lugares de reunión de la derecha más conservadora del país. Por otra parte, la decisión de las autoridades de desactivar esos lugares ha sido bastante contundente en los últimos tiempos, ahí está el ejemplo de la tumba de Rudolf Hess, exhumado, incinerado y lanzado a las aguas para que en ningún lugar pueda ser venerado. Como Adolf Eichmann, juzgado en Jerusalén hace 50 años, ejecutado en la horca y lanzado al mar en forma de cenizas. No sé, tal vez sea un ejemplo para los cuerpos de determinados dictadores y fascistas indígenas. Ya se verá, pero la solución parece homologable.
En cualquier caso, el esmero alemán que hoy se percibe no comenzó hasta la caída del muro. Que nadie se lleve a engaño: ¿acaso debe ser recordado el discurso de Konrad Adenauer en la Universidad de Colonia, en 1952, apelando al orgullo de ser alemán? La ‘desnazificación’ fue un proyecto y un producto de los aliados ocupantes, no alemán, y diseñado para el consumo externo, pues entretanto la Administración se iba llenando de antiguos cargos del partido nazi. Se produjo el gesto de Willy Brandt en Polonia, arrodilládose ante las víctimas en diciembre de 1970, sí; pero ese gesto existió por la actitud de ciudadanos que a lo largo de los años sesenta y setenta reclamaron otra memoria pública para su país. Por ejemplo, Beate Klarsfeld, que en 1968, a sus 29 años, le soltó una torta al nuevo canciller Kurt Georg Kiesinger en pleno congreso de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), por su antigua pertenencia al Partido nazi, exigiéndole la renuncia del cargo por ello, e inició en los años siguientes una campaña que permitió que los criminales de guerra alemanes fueran juzgados en la República Federal acabando así su impunidad, lo que consiguió de Willy Brandt.
Personas como Beate Klarsfeld hicieron en la Alemania de los sesenta y setenta no sólo la desnazificación real, sino la limpieza simbólica, y con su presión comenzaron a incorporar la memoria democrática en la nueva Alemania; el Leopold-Dahmen de Colonia –un antiguo centro de detención y tortura de la Gestapo– fue convertido en museo memorial porque un tipo comenzó a pasearse, días tras día, con un cartel de cartón que decía: “Aquí se torturaba”; el barrio de Schoenberg recordó a sus vecinos deportados por iniciativa de otros vecinos, las casas de nazis relevantes fueron señalizadas, etc. Pero fue lento, vino de abajo y de una fuerte conciencia ética. No fueron los gobiernos, sino ciudadanos que se hicieron escuchar y algún que otro mandatario que sí atendió. Las comparaciones siguen siendo odiosas.
