RICARDO MARQUÉS
En la reciente década de 1970, el pensador Ivan Illich escribió: “El americano típico consagra más de 1.500 horas por año a su automóvil: sentado dentro de él, en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, las llantas, los peajes, el seguro, las infracciones y los impuestos (…) Estas 1.500 horas le sirven para recorrer unos 10.000 kilómetros al año, lo que significa que se desplaza a una velocidad de 6 kilómetros por hora”, aproximadamente la mitad de la velocidad que desarrolla un ciclista urbano sin esforzarse. Más de 30 años después, las palabras de Illich siguen siendo válidas, excepto que ahora se podrían aplicar a la práctica totalidad del mundo desarrollado más las economías “emergentes” de Oriente; es decir, a buena parte de la humanidad. Hoy sabemos, además, que este uso compulsivo del automóvil es uno de los mayores responsables del crecimiento desbocado de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la pérdida de habitabilidad de las ciudades –grandes y pequeñas–, del enorme gasto de tiempo social provocado por los atascos, de que la calle haya dejado de ser un lugar transitable para niños y ancianos, del deterioro de buena parte de nuestros monumentos y lugares de encuentro tradicionales y del enorme estrés al que viven sometidos los habitantes de las grandes ciudades.
En España, las emisiones de gases de efecto invernadero directamente ligadas al sector transporte han crecido más de un 80% desde 1995, aproximadamente el doble que el crecimiento global de tales emisiones, hasta superar la cuarta parte del total. No obstante, basta con echar un vistazo a los planes de movilidad que se redactan en nuestro país, desde el recientemente aprobado Plan de Infraestructuras hasta los planes del más humilde ayuntamiento, para darse cuenta de que el automóvil privado sigue siendo el rey con muy raras excepciones. Como mucho, se anuncian planes de fomento del transporte público –generalmente en forma de costosas infraestructuras como trenes AVE o metros urbanos– y, al final del documento, se hace una breve mención de la bicicleta, sin planes ni compromisos concretos, ni mucho menos un presupuesto mínimamente digno, quizás para cumplir sobre el papel con algún compromiso político adquirido en algún foro nacional o internacional, como la Carta de Aalborg o la Semana Europea de la Movilidad, que cada septiembre nos sirve para denunciar las vergüenzas de la insostenible inmovilidad que padecen la mayoría de las ciudades españolas.
Sin embargo, bicicleta es, con mucho, y pese a su inmerecido ostracismo, el vehículo más eficiente y mejor adaptado a la movilidad urbana. La gran mayoría de los desplazamientos urbanos no superan los 10 kilómetros, una distancia perfectamente asumible por un ciclista. La bicicleta, además, está completamente libre de emisiones nocivas, no hace ruido, es saludable, apenas sí ocupa espacio urbano circulando y para aparcar –mucho menos, desde luego, que cualquier otro vehículo–, y no necesita costosas infraestructuras. ¿Por qué, entonces, es sistemáticamente ignorada por quienes planifican la movilidad urbana en España? Cuando se les pregunta suelen responder que “en España no hay cultura de la bicicleta”, pero aparte de que dicha afirmación resulta extraña en un país que acaba de ganar tres Tours seguidos, el ejemplo de las escasas ciudades españolas que han decidido tomarse en serio la bicicleta (Barcelona, Donosti-San Sebastián y Sevilla) desmiente radicalmente dicha afirmación. En todas ellas ha bastado una mínima inversión pública, desde luego incomparablemente menor que la dedicada a otros medios de transporte, para provocar una impresionante aceptación ciudadana, más allá incluso de lo esperado por los propios promotores de la idea.
La bicicleta ofrece la única alternativa eficaz a la creciente demanda de un modo de transporte individual, flexible y, al mismo tiempo, ecológicamente sostenible para las modernas ciudades suburbanizadas con grandes áreas de población dispersa y horarios cada vez más flexibles. De ese modo, la moderna ciudad suburbanizada y postindustrial, que parece haber perdido la escala humana debido a la superpoblación y a las largas distancias, empieza a recuperar de nuevo esa escala para el hombre –y la mujer– en bicicleta. Por otro lado, la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público de gran capacidad, que es ya moneda corriente en muchas ciudades del norte y centro de Europa, es la solución más adecuada, ecológica y eficaz a las crecientes necesidades de movilidad en las grandes metrópolis. A este respecto, la jornada bicicleta-transporte público-bicicleta, apoyada en consignas y aparcamientos para bicis en las terminales del transporte público y/o en los sistemas de bicicletas públicas que ciudades como París, Barcelona o Sevilla están experimentando tan eficazmente, no conoce rival ni en coste, ni en eficacia ni en sostenibilidad. En la actual ciudad automovilizada, la bicicleta solo tiene un inconveniente: hay que tener una mente libre de prejuicios para poder apreciar sus ventajas.
Ricardo Marqués es profesor de la Universidad de Sevilla
Ilustración de Álvaro Valiño
RICARDO MARQUÉS
La transición energética, que la lucha contra el calentamiento global hace necesaria, implica grandes retos tecnológicos y sociales. El Sol –que es el origen de casi todas las fuentes de energía renovables, incluyendo la eólica, la hidráulica y la biomasa– derrama gratuitamente sobre la Tierra un flujo de energía equivalente a 10.000 veces el consumo energético de la humanidad. Bien es verdad que no todo ese flujo energético es directamente aprovechable, pero una parte significativa de él sí lo es, por lo que las energías renovables aparecen como la alternativa más natural al calentamiento global que el consumo de combustibles fósiles conlleva.
De hecho, las energías renovables suponen actualmente en torno al 15% de la energía primaria consumida por la Humanidad, destacando la biomasa tradicional y la hidráulica. En un futuro energético renovable, sin embargo, la primacía se volcaría hacia los sistemas de captación eólicos y solares, tanto fotovoltaicos como térmicos. Así, el total de potencia eólica y fotovoltaica (para producción de electricidad) y térmica de baja temperatura (para producción de calor y frío solar) alcanza ya en la Unión Europea los 70 gigavatios, lo que, teniendo en cuenta la intermitencia del recurso, equivale aproximadamente a 16 centrales nucleares. Y crece aceleradamente: aproximadamente la cuarta parte de esa potencia fue instalada en los dos últimos años.
En un futuro cercano, la producción de electricidad en centrales termosolares de tamaño medio se sumará a ese crecimiento. La entrada en servicio de la primera central termosolar europea en Sanlúcar La Mayor, cerca de Sevilla, que alcanzará los 302 megavatios de potencia en 2013 (suficiente para abastecer de electricidad a 200.000 hogares), es un buen ejemplo de ello.
Por supuesto que un futuro energético renovable plantea importantes retos tecnológicos, derivados sobre todo de la gestión de un sistema esencialmente diverso, distribuido e intermitente de producción de energía. Ello prefigura un modelo social en el que los consumidores son a la vez productores de energía, en el marco de un sistema cooperativo en el que la función de las grandes compañías energéticas sería más la gestión del sistema que la producción de energía en sí misma.
No cabe duda de que ello supondría cambios sociales de calado, incidiendo en un mayor poder real para los ciudadanos de a pie, y promoviendo una mayor conciencia y responsabilidad social acerca del ahorro y la eficiencia energética. En la medida en que las tecnologías y recursos energéticos renovables son de fácil acceso, comparativamente baratos y de uso puramente civil, un modelo energético renovable también posibilitaría un mayor acercamiento entre el primer y el tercer mundo.
La energía nuclear también se ha postulado como una alternativa que, al no implicar emisión de gases de efecto invernadero, no contribuiría al calentamiento global. Subsiste sin embargo el problema no resuelto de la gestión de los residuos radioactivos. Por otra parte, las 400 centrales nucleares en servicio sólo proporcionan actualmente en torno al 5% de la energía primaria a escala mundial, por lo que, aunque las reservas conocidas de uranio darían aún para 100 años al ritmo de consumo actual, se agotarían en pocos años en un sistema “todo nuclear”. Bien es cierto que las actuales centrales nucleares sólo aprovechan una pequeña parte del material fisible contenido en el combustible nuclear, existiendo tecnologías de reprocesado que, combinadas con un nuevo tipo de reactores llamados rápidos, permitirían alargar considerablemente dicho plazo.
Sólo la aplicación masiva de estas nuevas tecnologías –que en todo caso no evitarían la generación de residuos radioactivos– posibilitaría el uso masivo de la energía nuclear a medio plazo. Como vemos, un sistema energético basado en la energía nuclear supone no sólo multiplicar por 20 el actual número de centrales nucleares, sino que también implica un cambio tecnológico de gran envergadura respecto de la tecnología nuclear actual, con numerosos problemas no resueltos.
¿Merecería la pena afrontar ese reto? En un sistema energético basado en la energía nuclear, la seguridad es una cuestión esencial, no sólo en lo que respecta a la gestión de los residuos. La tecnología nuclear es una tecnología de doble uso: civil y militar. La preocupación con que seguimos el programa nuclear iraní es sólo un pequeño avance de los problemas políticos y sociales que se derivarían de un apuesta decidida por la energía nuclear a escala planetaria.
Un sistema energético todo nuclear obligaría a controles estrictos sobre el transporte y almacenamiento del combustible y los residuos nucleares, así como sobre el posible desvío de éstos hacia fines militares o terroristas. Todo ello configuraría un mundo más inseguro y tendría sin duda consecuencias negativas sobre las libertades y derechos humanos de los ciudadanos de a pie. Por otro lado, la tecnología nuclear es una tecnología sofisticada, al alcance sólo de unos pocos países desarrollados, lo que contribuiría a incrementar el abismo social y tecnológico que ya hoy separa al mundo desarrollado del
subdesarrollado.
No sabemos cuál será finalmente la alternativa energética por la que opte la Humanidad, si optaremos por las energías renovables, si permaneceremos fieles al petróleo, el gas y el carbón, precipitándonos en una nueva era de calentamiento global, o si optaremos por un futuro nuclear. Con las líneas que anteceden, sólo pretendo dejar claro que dicha decisión no es sólo una decisión tecnológica, sino también una decisión acerca del tipo de sociedad que queremos dejar en
herencia a nuestro hijos.
Ricardo Marqués es profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del colectivo de opinión Naturaleza y Desarrollo
Ilustración de Enric Jardí