Toni Ramoneda
Doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Iker Ayestaran
En una entrevista concedida al periódico francés Le Monde el pasado 13 de diciembre, Nicolas Sarkozy aseguraba que el acuerdo de Bruselas adoptado el día 9 para la redacción de un nuevo tratado europeo intergubernamental crea las condiciones para salir de la crisis, y que la ratificación de dicho tratado se hará de forma mucho más ágil que en ocasiones precedentes: “Queremos que todo esté listo para el verano de 2012”, afirmaba el presidente francés con la naturalidad de quien se sabe legitimado por el discurso dominante de la inmediatez. El tipo de discurso que también justificaba, unas semanas antes, un violento editorial del mismo periódico galo contra la intención de Yorgos Papandreu de someter a referéndum el plan de ajuste europeo para Grecia: “¿Podemos imaginar un pueblo que aceptaría, unánime, una purga tan violenta?”, se preguntaba entonces Le Monde. Un discurso en el que se apoyaba así mismo otro periódico supuestamente progresista, El País, para denunciar que “el daño que esta iniciativa puede infligir a la UE, al futuro de Grecia y a la imagen de sus dirigentes resulta incalculable”. De igual manera, tras las elecciones generales del 20-N en España, se ha asumido la idea según la cual el nuevo Gobierno deberá trabajar apremiado por la urgencia de los mercados.
Este discurso de la inmediatez se caracteriza por la abundancia de palabras contradictorias con la construcción de un proyecto político. La purga, la crisis, la urgencia, la recesión, los mercados, la deuda, el gasto… Todas estas palabras impiden proyectarse en un futuro más allá de las decisiones tomadas por quienes las enuncian mientras que la particularidad del discurso político debería residir, si seguimos al filósofo francés Paul Ricoeur, en su capacidad para ofrecer una escapatoria a la inseguridad del presente mediante un lenguaje (diferente del religioso, el nacionalista o el ideológico) en el que pueda intervenir el futuro como lugar utópico. Por eso, los discursos que afloran cuando la política se muestra incapaz de deshacerse del presente de la deuda y de los mercados son precisamente el religioso, el identitario y el ideológico.
A esta dictadura de la inmediatez, que muy bien podríamos llamar presentismo, le ha dedicado un libro (Ejército enemigo) el escritor español Alberto Olmos: “La solidaridad ha fracasado”, afirma el protagonista de la novela (una frase que ya empieza a ser algo así como un trending topic de la cultura crítica española) antes de puntualizar: “Habéis creado un mundo sin culpables”. ¿Acaso no es exactamente esto lo que está ocurriendo en nuestro contexto social y político contemporáneo en el que ya nadie es culpable de nada porque todos somos responsables de todo? Del agua que malgastamos, del petróleo que consumimos, de los préstamos que contraemos, de los plásticos que no reciclamos o del dinero que no donamos y, de este modo, si dejamos de malgastar y de consumir, si reciclamos y nos solidarizamos podemos presentarnos libres de culpa ante el espejo. En efecto, el fracaso de la solidaridad es su propio éxito: deja de ayudar y nadie ayudará por ti.
El acto político de la solidaridad se ha convertido así en una acción moral y por eso Alberto Olmos, un escritor profundamente provocador, reproduce el esquema católico del pecado, la culpa y la penitencia, y su narrador se pasa las 279 páginas de la novela confesando sus propios vicios y sus propias pasiones a modo de castigo. Porque, cuando la solidaridad ha fracasado como institución política, lo que emerge de nuevo es la confesión, el pecado y, paradójicamente, la culpa: el descubrimiento del individualismo.
De este modo, así como la solidaridad se ha convertido en el discurso propio de la moral individualista, la urgencia lo ha hecho en el de la ética política. La única responsabilidad que realmente debería construirnos colectivamente, la elección de nuestros representantes, desaparece en pos de los mercados (Grecia o Italia) o de la incompetencia (supuesta o real) de los partidos de Gobierno (España), y la alternancia política actual (ya sea de la izquierda a la derecha o viceversa) no es democrática, sino comercial, porque no se basa en la contienda política de la representación, sino en la sumisión al presente del valor de la deuda. Y así, como todos estamos sujetos a culpa (porque es lo propio de un mundo sin culpables) aceptamos sin rechistar (o con silenciosos gritos de indignación) el castigo de los mercados y nos pasamos nuestra existencia (como el protagonista de la novela de Olmos) saciando deseos impuros que no harán sino reforzar nuestra culpa y justificar nuestra penitencia: el rigor presupuestario.
Es sorprendente que los líderes políticos, en vez de denunciar una situación que transforma su legitimidad de representantes democráticos en sumisión a los resultados de su gestión se amparen en ella con fines retóricos para obtener efímeras victorias electorales. Aunque quizás haya que recordar este espíritu del capitalismo del que habló Max Weber para explicar el triunfo de un sistema que articulaba moral religiosa y éxito empresarial gracias a la ética de la austeridad de la religión protestante. Si es así, la herencia cristiana que tanto dio que hablar cuando se discutió la posibilidad de una constitución para Europa se habrá convertido, al fin, en el auténtico discurso europeo y si es así, el capitalismo entendido como valorización política y moral del tiempo presente habrá triunfado: la representación ha fracasado.
Toni Ramoneda
Doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Enric Jardí
El 16 de octubre pasado, tras unas primarias que lograron movilizar a más de tres millones de ciudadanos franceses, François Hollande fue elegido candidato socialista para las elecciones presidenciales de la primavera de 2012. Un día antes, habitantes de todo el planeta se habían manifestado para reclamar mayor visibilidad política. Ambos acontecimientos tienen en común la reivindicación de la ciudadanía como valor político y, en cierto sentido, contribuyen a la creación de un nuevo tipo de realidad social.
El filósofo americano John. R. Searle escribió a mediados de los noventa un libro titulado precisamente La construcción de la realidad social en el que explica cómo los humanos damos vida a nuestras instituciones mediante el uso del lenguaje. El ejemplo más clásico de su teoría es el dinero: no hay nada en un billete, en una moneda (ni siquiera en una moneda de oro), nada, absolutamente ninguna propiedad particular, que lo convierta en riqueza. Lo que ocurre es que nos hemos puesto de acuerdo sobre el valor que le atribuimos a un tipo de metal y a ciertos trozos de papel y lo hemos hecho gracias a nuestra capacidad para utilizar el lenguaje. Para llegar a este acuerdo en torno al valor del dinero hemos tenido que interiorizar enunciados del tipo: “Le compro una barra de pan mediante mi dinero”. A fuerza de repetir esta acción y de que, en efecto, funcione (doy dinero y me dan pan), el dinero se convierte en una institución: es un hecho real que nos autoriza a pronunciar la siguiente frase: “El dinero es riqueza”.
Según este mismo principio, los principales países europeos decidieron dotarse, después de la Segunda Guerra Mundial, de herramientas capaces de aportar prosperidad y seguridad al continente. Los países europeos, igual que las personas hemos hecho durante siglos con la barra de pan, empezaron a propagar un tipo de discurso particular: “Pagamos nuestras deudas mediante nuestra deuda”, y poco a poco, tanto en las élites políticas e intelectuales como en la sociedad civil, se creó una realidad consensuada, tan robusta como la que sostiene la creencia entorno al valor del dinero, según la cual “la deuda es riqueza”. Esta realidad la hemos creado entre todos (aplaudiendo las políticas de apoyo al consumo, suscribiendo hipotecas y préstamos para el consumo, invirtiendo en fondos de pensiones, etcétera), y ahora, sin embargo, el enunciado parece que ha dejado de ser creíble. De golpe y porrazo, toda una realidad se ha derrumbado y resulta que la deuda ya no es riqueza.
En Europa, además, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y la terrible inflación alemana de la preguerra, hace que el Banco Central Europeo se obsesione en que el dinero no pierda su valor. Una situación de inflación desmesurada es, a fin de cuentas, una situación en la que el dinero también deja de ser riqueza. Así, al tiempo que la deuda ha dejado de ser una riqueza, las instituciones económicas europeas temen que el dinero pudiera también dejar de serlo. Este doble cuestionamiento de la realidad institucional provoca entonces lo que llamamos una crisis sistémica: todas las instituciones (desde las políticas hasta las económicas, pasando por las educativas) se sustentan en el postulado según el cual nuestro sistema económico debe crear riqueza, y resulta que nos encontramos ante una situación en la que, precisamente, no sabemos lo que significa esta riqueza: nuestra realidad social ha cambiado.
La derecha neoconservadora está proponiendo desde la década de los ochenta un programa político según el cual la riqueza es la rentabilidad. Hasta la crisis de la deuda de 2008, este programa convergía con la opción socialdemócrata en torno al valor de la deuda: para unos la deuda era económicamente rentable y para los otros socialmente beneficiosa. Pero la llamada segunda revolución neoconservadora ha dado una nueva vuelta de tuerca a la relación entre beneficio social y beneficio económico, de manera que ya no es posible identificarla con la frase “la deuda es riqueza” sino que se ha transformado en “la rentabilidad es riqueza”. Ello supone, entre otras cosas, un cambio de escala temporal, puesto que pasamos del largo plazo de la deuda a la inmediatez de la rentabilidad.
Por eso es interesante la decisión tomada en Francia por el Partido Socialista en un momento en que ciudadanos de todo el mundo salen a las calles para denunciar una realidad que ha perdido su sentido. En un momento, en suma, en que los ciudadanos oponen a la opción neoconservadora el enunciado “nosotros somos la riqueza”. La novedad de esta proposición reside en que nosotros ya no significa (o no quiere significar) tal o cual partido, tal o cual clase social, sino el conjunto de los ciudadanos. De ahí que las primarias del Partido Socialista fueran abiertas y no limitadas al partido. Esta riqueza social ya no es el tercer estamento de la revolución francesa o el proletariado industrial, sino que engloba, potencialmente, a todos los ciudadanos. Sin embargo, contentarse con ello es aceptar el grito populista. “Nosotros somos la riqueza” es un hecho institucional que hay que recordar continuamente porque, si no, corre el riesgo de desaparecer; pero, como el dinero, abusar de él puede conducir a su inflación. Por eso, cuando un partido político moviliza a millones de ciudadanos, está en la obligación de proponer un discurso nuevo acorde con esta realidad política. Pero también por eso, los movimientos globales no pueden olvidar que, además de sus propuestas y de sus acciones, existen también instituciones políticas nacionales y locales: la articulación de ambos procesos, esta es la nueva realidad social.
Toni Ramoneda
Doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Diego Mir
Tras un verano de gran convulsión financiera, el primer ministro francés, François Fillon, anunció el jueves 24 de agosto un plan de medidas económicas dirigido a respetar el pacto de competitividad europeo. Según algunos expertos, el Gobierno francés debía optar entre proponer una verdadera estrategia de cooperación europea capaz de estimular el crecimiento y relanzar la economía de toda la zona o aplicar nuevas medidas de austeridad con las que tratar de equilibrar las finanzas públicas del país. El plan propuesto por el primer ministro, en la línea de los demás países europeos, supone una renuncia a la estrategia de cooperación en favor de medidas nacionales de austeridad dirigidas a tranquilizar a los mercados (y a las agencias de notación). Con el mismo objetivo de calmar a los mercados, el Gobierno de Zapatero aprobó, en un acuerdo histórico con el principal partido de la oposición, una modificación constitucional, y dentro de poco es posible que se organice la quiebra del Estado griego. Así, como consecuencia de una falta alarmante de liderazgo político, la actual crisis económica y financiera nos está recordando la incidencia de la evaluación en la propia realidad evaluada.
Eso podría saberlo François Fillon, primer ministro de un país que cuenta con un sistema educativo de reconocida tradición cuya vocación de servicio público se está desfigurando de manera alarmante debido a la obsesión por reducir gastos. Un país en el que nació a principios de los años veinte un grupo, el GFEN (Grupo Francés de Educación Nueva), que se propuso, en aquellos tiempos dorados de la pedagogía, ser capaz de ofrecer a todos los individuos la posibilidad de convertirse en ciudadanos gracias a la educación. Un grupo capaz todavía de organizar, pese a la crisis y pese al recorte de subvenciones, una universidad de verano en pleno mes de agosto en la que se trató, entre otras cosas, la cuestión de la evaluación a partir de un clásico de la pedagogía: el efecto Pigmalión. En los años sesenta, Robert Rosenthal propuso a un grupo de estudiantes de Psicología un experimento consistente en juzgar las capacidades de unos ratones. Les proporcionó dos grupos de ratones que presentó como de buena raza y con capacidad de aprendizaje y de mala raza y con pocas capacidades para aprender, aunque en realidad se trataba de distintos ratones mezclados de forma aleatoria. Ocurrió algo interesante: los estudiantes consideraron que el comportamiento de los ratones supuestamente de buena raza era mejor que el de los otros.
Tras la publicación de los resultados, Rosenthal fue más allá en su experimento y cambió los ratones por alumnos. Unos 650 alumnos pasaron un test de inteligencia y el investigador explicó a los profesores que, según los test, unos eran más rápidos en aprendizaje que otros, lo que parecía lógico. Pero el investigador les había cambiado los papeles: los alumnos rápidos según los test fueron presentados como lentos, y viceversa. Resultado del experimento: al cabo de un año, los alumnos rápidos (en realidad lentos) habían progresado en mucha mayor medida en el mismo test que los lentos (en realidad rápidos). Así se puso de manifiesto que si consideramos que un alumno es listo, haremos que sea listo (lo cuidaremos, le haremos trabajar, lo escucharemos y lo valoraremos…). A eso se le llamó efecto Pigmalión. Lo mismo ocurre en muchos ámbitos de la vida (desde el trabajo hasta la familia, pasando por el deporte) y, por supuesto, con los mercados y las agencias de notación: del mismo modo que el alumno considerado inteligente recibe los estímulos para ser efectivamente inteligente, el país considerado fiable por las agencias de notación recibe los estímulos necesarios para ser efectivamente fiable en el mercado financiero.
Pero en la universidad de verano del GFEN se propuso, además, una reproducción del experimento de Rosenthal con los ratones: los asistentes debían imaginar experiencias en las que se analizaría el comportamiento de “ratones geniales” y de “ratones comunes”. A los geniales, por supuesto, se les atribuyeron capacidades muy distintas a las de los comunes, pero lo interesante es que detrás del término genial no aparece la misma representación ahora que hace diez, veinte o treinta años. Ante la misma experiencia, los participantes atribuían antes a los ratones geniales grandes dotes de cooperación: hacían torres para salvar obstáculos, se tomaban copas al borde de una piscina o se ponían de acuerdo para realizar tal o cual acción. Ahora, sin embargo, el ratón genial es más fuerte, más listo, más astuto… Es distinto de los demás, es único. Como si, con el paso del tiempo, la representación de lo genial hubiera evolucionado de lo colectivo a lo individual, algo que tal vez explique también la falta de liderazgo en el ámbito político contemporáneo.
Porque si lo genial es aquello que se refiere a la capacidad individual, entonces no es de extrañar que, ante un sistema de evaluación pensado en términos de eficacia y rentabilidad, los ministros de finanzas y los presidentes de gobierno (ratones geniales) decidan adoptar medidas de ahorro, incluso a costa de desmantelar los servicios públicos, en vez de tratar de proponer nuevos sistemas de cooperación. Como tampoco debe extrañarnos que sean grupos asociativos como el GFEN o movimientos ciudadanos como el 15-M (ratones comunes) quienes reclamen mayor cooperación y busquen formas de acción colectiva ante las paradojas y los dictados de la evaluación. Y es que, geniales o mediocres, al fin y al cabo, todos somos ratones en un mercado.
Toni Ramoneda
Doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración por Mikel Casal
El periódico Le Monde se ha hecho eco recientemente de una encuesta según la cual los franceses están hartos del caso Strauss-Kahn y de su mediatización. A su vez, indica la encuesta, ya no les apetece que el antiguo director del FMI vuelva al primer plano de la política nacional. Es como si los franceses (también los votantes socialistas) hubieran perdido la fe en él.
Su arresto y sobre todo su imagen esposado saliendo de los juzgados puso a los medios de comunicación franceses ante una situación complicada: cómo lidiar con el respeto a la intimidad y a la presunción de inocencia sin menospreciar la cobertura mediática que se le estaba dando al caso en Estados Unidos. En Francia no se puede mostrar a un acusado (presunto inocente) con las manos esposadas, algo que sí se hizo en las televisiones y periódicos norteamericanos. Al mismo tiempo, la noticia de la detención del director del FMI relanzó la cuestión de la autocensura mediática: ¿por qué ninguna agencia ni medio de comunicación se había hecho eco del vídeo, colgado en octubre de 2008 en el portal AgoraVox, en el que Tristane Banon, la escritora que ahora ha decidido denunciar a DSK, contaba este supuesto intento de violación? ¿Por qué cuando un periodista publicaba un libro, Sexus politicus, en 2006 sobre la relación entre sexo y política, los medios se explayaban en extensos comentarios y sin embargo obviaban el capítulo dedicado al director del FMI? ¿Por qué los numerosos mensajes de texto mandados por Strauss-Kahn a muchas de las periodistas encargadas de cubrir la actualidad política seguían contándose como anécdotas o gajes del oficio? El caso Strauss-Kahn se había convertido en un choque cultural entre dos tradiciones políticas: la francesa y la anglosajona. Para unos, la cobertura del caso era indecente y, para los otros, la postura francesa rebosaba hipocresía. En cualquier caso, lo cierto es que el debate en torno a Strauss-Kahn ha dejado de ser político para convertirse en un asunto teórico o moral.
En su libro sobre el escándalo político, John B. Thompson nos recuerda el origen teológico de la palabra: el escándalo designa, en el Antiguo Testamento, un obstáculo del que brota la duda que amenaza la fe. En este sentido, de lo ocurrido en la suite de un hotel de Nueva York han emergido profundas dudas sobre un sistema y una tradición política ya de por sí fragilizados. Hasta que DSK fue detenido en el aeropuerto de Nueva York, la maquinaria mediática francesa se había puesto en marcha con el objetivo de ver un duelo entre Strauss-Kahn y Sarkozy para las elecciones de 2012. Se esperaba que este duelo redorara un espacio político todavía en crisis desde que Le Pen accediera a la segunda vuelta de las elecciones de 2002.
Dos hombres poderosos (uno por ser el actual presidente y el otro por dirigir una institución internacional de primer orden) iban a librar la gran batalla de la credibilidad. En 2007, Sarkozy logró imponer una imagen de hombre determinado, sincero y, sobre todo, eficaz. El poder la ha minado, pues el presidente francés no ha conseguido transformar su discurso en hechos, pero sí ha sabido, en cambio, mantener un elemento esencial: la franqueza. La hiperpresidencia, como se dio en llamar, sobre todo al principio, la forma de gobernar de Sarkozy, le ha permitido forjarse una identidad de capitán de batallón dispuesto a morir en el frente. Algo parecido ocurría con Strauss-Kahn y su “pasión por las mujeres”, que es el eufemismo con el que se acostumbra a referir a los hombres con tendencia a confundir seducción y acoso y que contribuyó a darle un aura de poder que, unida al cargo de director del FMI, construía una identidad política casi irresistible: “Eres Napoleón (…) y Nueva York ha sido tu Waterloo”, ironiza Manuel Vilas en una columna de la revista Quimera a propósito de DSK.
El escándalo, aquello que nos hace dudar, no es pues lo ocurrido en Nueva York, porque cuando hay delito (o sospecha de ello) la cuestión moral propia de los escándalos pasa a ser secundaria detrás de la cuestión penal. El escándalo es que el caso DSK impedirá este duelo político al que todo el mundo esperaba asistir. Y el escándalo, la duda, es todavía mayor cuando una encuesta arroja la posibilidad de que, en el fondo, los franceses estén esperando otra cosa del Partido Socialista francés que la candidatura del director del FMI a la presidencia de la república.
El escándalo es, en definitiva, que una vez más la personalización de la política se haya impuesto a la discusión política. Ahí residen las dudas hacia la política contemporánea en general y hacia una clase política en particular que, apocada ante las presiones de los mercados (o de los fondos especulativos que dominan el falso mercado financiero), se refugia detrás de personajes como Dominique Strauss-Kahn, capaces de cuadrar el círculo: reivindicar una biografía comprometida con el socialismo y un presente compatible con el neoliberalismo y la competencia internacional. Auténticos conquistadores contemporáneos, napoleones de jet privado. Hasta que estalla el escándalo, la maquinaria se detiene y los ciudadanos retoman, en cierta medida, su espacio crítico. Por eso, el escándalo DSK nos recuerda que la razón política se encuentra en otros ámbitos que la contienda electoral, y en estos ámbitos es donde se podrá ejercer la única opción política que tal vez aún exista: resistir a la especulación. Lo demás empieza a ser cuestión de fe.
TONI RAMONEDA
El lunes 4 de abril, la prensa francesa se hacía eco de las proposiciones programáticas del Partido Socialista (PS) de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Según Guillaume Bachelay, uno de los redactores del documento, la razón de sus derrotas en 2002 y en 2007 residió en la falta de “un proyecto de sociedad inscrito en una narración nacional y europea”, lo que, dicho de manera más simple, significa que su partido careció de ideología. Al día siguiente, Michel Rocard, ilustre socialista y antiguo primer ministro francés, reconocía que el avance programático de su partido es una buena caja de herramientas para su futuro candidato.
Compaginar las herramientas políticas con la ideología es lo propio de una campaña electoral, y para plasmar esta articulación están lo que denominamos programas electorales. Se deduce, por lo tanto, que el PS ya está en campaña. Le falta un candidato y todavía no tiene programa (sólo una caja de herramientas), pero para ello servirán las elecciones primarias, en las que cualquier ciudadano podrá votar en función de los programas definidos por los candidatos. Martine Aubry (secretaria general del partido), François Hollande (antiguo secretario general) y Dominique Strauss-Khan (actual director del FMI) son los más citados, pero no se descartan sorpresas.
Elegir a un candidato mediante el voto de los ciudadanos se presenta, desde el PS, como una forma de proponer un tipo de sociedad en la que deben primar las decisiones colectivas por encima de las designaciones individuales. A su vez, marcar los tiempos de la contienda electoral mediante un avance programático, las declaraciones de candidatura, las elecciones y la investidura del nuevo candidato implica la construcción paulatina de una narración acotada a la realidad nacional francesa. El proyecto de sociedad y la narración nacional convergen así en lo que llamamos democracia participativa. Algo que, por cierto, introdujo en este partido Ségolène Royal durante la última campaña electoral.
Ahora bien, el socialismo se ha caracterizado históricamente por defender la solidaridad en torno a unos valores éticos por encima de la solidaridad en torno a unos valores estéticos. Los primeros son aquellos que definen la identidad con la que uno se presenta ante sus interlocutores, mientras que los segundos son aquellos que definen aquello que uno desea que sus interlocutores vean en él. Compartir valores éticos significa entablar una relación comunicativa: poner las bases del denominador común que nos permite entendernos de manera racional. Compartir valores estéticos significa entablar una relación identitaria: reconocer la presencia de nuestro semejante en el espacio público y eludir aquella que nos es ajena. Estas dos posiciones aparecen hoy de manera visible en el espacio político de la izquierda. La primera la representan estos “señores que se indignan”, como los denomina Alberto Olmos en su blog a propósito del exitoso panfleto de Stéphane Hessel. Son personas que muestran un gran compromiso ético con el mundo pero que se olvidan de que sus discursos, como todos los discursos, siempre están ligados a quien los pronuncia y esto es una cuestión estética (la imagen de un resistente francés no es la misma hoy que hace 50 años, ni es la misma en París que en Palestina o en Pekín, y por lo tanto hay que asumir que su discurso también será distinto en estos contextos). La segunda la encarnan movimientos contemporáneos puramente estéticos como el tan celebrado Anonymous. Se trata en este caso de movimientos esclavos de su contexto y de sus integrantes sin que un discurso común pueda convertirlos en lugares de comunicación hacia el exterior, es decir, fuera del propio grupo de acción. Si el socialismo ha sabido evolucionar en estos últimos 150 años, entonces tiene que ser capaz de articular la ética y la estética en un movimiento común de acción y de discusión política: ¿es eso lo que propone la democracia participativa?
Puede serlo a condición de no caer en un puro ejercicio de sentido común: actuar por sentido común es hacerlo sin dogma ni ideología, simplemente según lo que requiere cada situación que se nos plantea, y ello implica, aunque parezca paradójico, dos consecuencias que son portadoras de ideología. La primera es la que atribuye una preferencia al saber intuitivo frente al saber construido, es decir, que cualquier decisión natural (no mediatizada por el saber humano) será siempre preferible a la decisión humana. De ahí la fuerza de la religión en la ideología neoconservadora. La segunda es que la acción debe regirse por el principio de inmediatez y de concreción: el sentido común no puede aplicarse ni a largo plazo ni de manera general. De ahí la volubilidad de los mercados financieros.
De este modo, si la democracia participativa consiste sólo en dotar a la sociedad de mecanismos de gestión y de cooperación ciudadana, es posible que se creen escuelas, guarderías, bibliotecas y teatros (a condición de que así lo dicte el sentido común, con sus mercados y sus agencias de notación), e incluso es posible que el Partido Socialista gane las elecciones en Francia. Es posible también que se cree cierto fervor político, con sus eslóganes ganadores y sus exigencias utópicas. Pero también es más que posible que todo se desvanezca al poco en el aire –cuando los dictados comunes, los mercados y las agencias así lo aconsejen– y que la democracia participativa en sí misma se convierta en un mero mercado de productos políticos más o menos frescos. Contra eso debería posicionarse el proyecto socialista: contra el sentido común.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de José Luis Merino
TONI RAMONEDA
Defenderemos un Estado fuerte, laico y republicano”. Así se estrenó el domingo 16 de enero Marine Le Pen como nueva presidenta del partido de extrema derecha francés (Frente Nacional), y con estas palabras se propone modernizar el discurso xenófobo y tradicionalista que ha encarnado su padre desde que fundara el partido en 1972. El otro candidato que aspiraba a la sucesión, Bruno Gollnish, defendía el discurso clásico de la extrema derecha: la defensa de los valores católicos y tradicionales, la nación como referencia mítica y protectora y el extranjero como amenaza. La entronización de Marine Le Pen supone, por lo tanto, un ejercicio discursivo mediante el cual la extrema derecha francesa asume el vocabulario propio de la contienda política republicana. Es mucho más difícil aislar a un partido que reivindica un Estado fuerte que a uno que reivindica la nacionalidad como criterio discriminatorio. Es mucho más difícil boicotear a un partido que defiende el laicismo que a uno que se opone a la religión musulmana. Y cuesta mucho más denunciar la xenofobia de un partido que reclama el respeto a las leyes de la república que a uno para quien sólo los hijos de la madre patria pueden acceder a los derechos republicanos.
De este modo, Marine Le Pen nos sitúa frente al problema central de las democracias occidentales: algo ocurre en nuestra vida política cuando la extrema derecha acepta las reglas discursivas que le impone la democracia. El discurso político moderno se inició con las revoluciones burguesas del siglo XIX y, probablemente, se terminó con la revolución cultural de mayo del 68. Desde entonces la llamada posmodernidad ha ido vaciando de sentido las ideologías y este vacío es, precisamente, lo que espera aprovechar Marine Le Pen.
Sabemos desde hace algún tiempo que las palabras no tienen valor por sí mismas: una palabra en un diccionario, sin ser enunciada, no tiene existencia, no tiene sentido y carece de capacidad para ejercer poder. Quizás tenga su propia vida: una forma de estado vegetativo alimentado por la tinta impresa, el espesor del papel y el contacto aleatorio de unos dedos pasando páginas. Pero las palabras no hablan. Hablamos los hombres. El programa de la ilustración que vio nacer la Francia republicana tenía mucho que ver con ello: el ideal ilustrado de emancipación supone que cada individuo pueda, mediante el uso del lenguaje, llegar a pensar por sí mismo. De ahí que ser ciudadano signifique, desde la revolución francesa, ser capaz de hacer uso de estas palabras mudas cuyo sentido depende tanto de quien las enuncia como de quien las escucha, porque es mediante este diálogo que le damos al mundo un sentido racional, fruto de la observación, del intercambio, de los deseos, las aspiraciones y los fracasos; fruto de todo aquello que se distingue de la doctrina y nos libera de sus dictados para darnos un poder efectivo sobre nuestro destino: el poder de la razón.
Por eso, cuando la extrema derecha adopta el vocabulario político de la democracia no sólo lanza un desafío a los demás partidos políticos en términos de comunicación y de contienda política, sino que está señalando el vacío de poder del que sufren los discursos actuales: el vacío de la razón. Así es como la presidenta de un partido de extrema derecha es capaz de defender el cierre de las fronteras, la lucha contra los inmigrantes, la desaparición del sindicalismo libre o el proteccionismo nacional con tres palabras fundadoras de la democracia francesa: “Estado”, “República” y “laicismo”. Un Estado fuerte frente a una globalización acusada de propagar todos los males económicos y sociales del país; el laicismo frente a la religiosidad del mundo musulmán y la República como identificación histórica frente a las referencias culturales que vienen del exterior. El poder de las palabras, es decir, el ejercicio de la razón colectiva, queda sumergido la fuerza de las emociones. Puesto que el Estado, la República y el laicismo han perdido como instituciones buena parte del poder que la modernidad les había conferido, la contienda política se convierte en una lucha por atribuirles un poder nuevo y esta es la lucha del populismo: conseguir que “Estado” signifique proteccionismo en vez de responsabilidad colectiva, conseguir que “República” signifique tradición y protección en vez de cosmopolitismo y libertad, conseguir que laicismo signifique catolicismo en vez de emancipación.
Frente a ello, ¿cómo defender el sentido de la palabra Estado cuando se desmantela el Estado? ¿Cómo defender el sentido de la palabra República cuando nuestra libertad depende de los vaivenes de los mercados financieros? Y ¿cómo defender el laicismo cuando las instituciones católicas intervienen moralmente en el debate público de muchos países europeos?
Se puede objetar que “Estado”, “República” o “laicismo” son palabras pasadas de moda, agotadas y desgastadas. Sería la lectura optimista de quien quisiera ver en el discurso de Marine Le Pen el arcaísmo reaccionario de sus ideas. La modernidad ya venció, pasemos a otra cosa. ¿Y por qué no? Esta sea tal vez la opción más valiente. Sin embargo: ¿se puede pensar que Dominique Strauss-Khan, director del FMI y candidato potencial del Partido Socialista francés a las elecciones presidenciales de 2012 en Francia, lo vaya a hacer? ¿Es creíble en España un candidato socialista capaz de proponerlo? Indígnense es el título de un panfleto escrito por Stéphane Hessel, ilustre resistente francés, del que ya se han vendido más de un millón de ejemplares: las palabras gritan pero ya no sabemos hacer que hablen.
Toni Ramoneda es Doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Javier Olivares
TONI RAMONEDA 
El pasado 12 de agosto, una delegación francesa compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU como consecuencia de los desalojos de poblados gitanos realizados por el Gobierno de Sarkozy. Desde que a finales de julio el asalto a una comisaría por parte de un grupo de miembros de la comunidad gitana rumana (roms, según los franceses) en Grenoble atizara la ira del Gobierno galo, los miembros de esta etnia, a menudo habitantes de poblados de caravanas más o menos sedentarios, se han convertido en el centro de una nueva estrategia de comunicación política del Elíseo. Sarkozy construyó su identidad política mediante un discurso centrado en la seguridad y la tolerancia cero. Y cuando todos los datos muestran el fracaso de su acción como ministro del Interior y presidente –un fracaso especialmente importante en los suburbios de las grandes ciudades francesas–, el asalto a una comisaría por parte de miembros de una comunidad con escaso peso político en el país se convirtió en la ocasión perfecta para retomar el discurso de la seguridad y hacerlo acompañado de hechos.
De este modo, los desalojos de poblados ilegales se reprodujeron durante eagosto e incluso las imágenes violentas que se publicaron sobre estas acciones (un vídeo en el que se ve a un niño de 3 años arrastrado por la policía o a una mujer embarazada desmayada en medio del tumulto) le sirven a Sarkozy como reclamo hacia los votantes de extrema derecha que le votaron en las pasadas elecciones presidenciales y que se sentirían ahora desengañados ante su tibieza. Por eso, los desalojos son tanto una estrategia política para mostrar la firmeza del Gobierno como una estrategia de comunicación dirigida a un electorado que, en las últimas elecciones regionales, se había vuelto de nuevo hacia el partido de Le Pen. En este sentido, el argumento con el que el Gobierno francés defiende su actuación es muy elocuente: “Todas las políticas llevadas a cabo por Francia tienen como objetivo la igualdad de los derechos de la mujer, la protección de los más vulnerables contra el tráfico de seres humanos y la preservación del primero de los derechos humanos, el derecho a la seguridad”, afirmó la delegada francesa ante la ONU. Machismo, tráfico de seres humanos e inseguridad aparecen así íntimamente ligados, según el discurso oficial del Gobierno francés, con el fenómeno migratorio: el discurso tradicional de la extrema derecha.
Hasta ahora, los partidos franceses habían acordado construir un cordón sanitario en torno al partido de Le Pen con el objetivo de evacuar su discurso fascista de la República. Sin embargo, la utilización política de la seguridad y de los derechos humanos por parte de Sarkozy supone el reconocimiento institucional del discurso nacionalista del líder de la extrema derecha.
En el marco institucional republicano, el Estado tiene el deber de asegurar la seguridad de sus ciudadanos para que estos puedan ejercer su libertad. Por eso, el Estado se dota de instituciones defensivas ante posibles agresiones externas (el Ejército) y de instituciones de control del orden público (Policía). Pero también, por esta misma razón, el Estado organiza sistemas de protección social (asistencia sanitaria, pensiones de vejez, subsidios de desempleo, normativa laboral…) que aseguran a los ciudadanos la posibilidad de ejercer su libertad, pues los liberan, en mayor o menor medida, de las intervenciones arbitrarias que podrían entrabarla.
Así es como se entiende, desde un punto de vista republicano, el derecho a la seguridad. Ahora bien, la noción de derechos humanos es un concepto basado en el universalismo: se trata de valores que todo ser humano es susceptible de reconocer como tales, independientemente de su cultura, su pertenencia religiosa o su nacionalidad. Cuando el Estado francés invoca el derecho a la seguridad para justificar los desa-
lojos de poblados ilegales y la reconducción de sus habitantes a Rumanía y a Bulgaria, se entiende que, para mejorar la seguridad de los ciudadanos franceses, es necesario (y aceptable) aumentar la inseguridad de unos ciudadanos (los gitanos rumanos y búlgaros) que no sólo no tienen ninguna razón para volver a sus países de origen, sino que además sufren allí mayor discriminación de la que padecen en Francia. El derecho a la seguridad deja, por lo tanto, de ser un derecho universal (se reduce a quienes pueden gozar de la nacionalidad francesa) y su invocación se convierte en una forma de instrumentalizar uno de los fundamentos del Estado republicano y de asumir, con ello, que no es el Estado sino la nación la garante de los derechos humanos. Y así es como el discurso republicano se convierte en nacionalista y excluyente.
Los brutales desalojos en Francia nos muestran, pues, los límites de la tradición republicana: se trata de poblaciones cuya integración es problemática porque se definen, precisamente, como opuestas al principio mismo de integración y, por lo tanto, su asimilación comporta, de hecho, su desaparición. Poner el énfasis en la seguridad como derecho podría ser una forma de individualizar la cuestión, recordando que el respeto al Estado republicano no pasa por la integración nacional, sino por la responsabilidad ligada al ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. Ello conlleva, sin embargo, reconocer que por encima de toda identidad colectiva se sitúa la responsabilidad hacia lo colectivo; que por encima de la identidad nacional están los derechos humanos: que la República vale más que la nación.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Federico Yankelevich
TONI RAMONEDA
Las recientes elecciones regionales francesas se pueden resumir (si dejamos de lado el resultado de la extrema derecha, siempre desagradable pero corriente en este tipo de elección) del siguiente modo: una victoria del Partido Socialista (PS), una derrota de la UMP (partido presidencial) un buen resultado de Europe Écologie (la llamada ecología política de la que forma parte Daniel Cohn-Bendit) y una abstención (49%) que es la más alta registrada en Francia en unos comicios de este tipo (34% en 2004).
El presidente Nicolas Sarkozy ya había anunciado que las consecuencias serían mínimas en su Gobierno: a elección regional, consecuencia regional, afirmó durante la campaña electoral ante lo que ya se perfilaba como una derrota de su partido. Así pues, no es en el Gobierno, salvando algunos retoques estéticos, sino en los ámbitos de la oposición donde las consecuencias son más relevantes. Dos personalidades han saltado a la palestra: por un lado, Daniel Cohn-Bendit, y por el otro, el antiguo primer ministro Dominique de Villepin.
El primero lanzó, el lunes siguiente a la elección, el llamado manifiesto del 22 de marzo.
Cohn-Bendit se dirige tanto al movimiento ecologista al que pertenece como a los distintos simpatizantes de las diferentes izquierdas que existen en Francia (desde el movimiento anticapitalista de Olivier Besancenot y el frente de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon hasta el propio partido socialista) y lo hace, mediante una página web (europeecologie22mars.org) y una tribuna en el periódico Libération, para proponer una estrategia a la vez electoral y política. Por un lado sugiere que la izquierda empiece desde ahora a unificarse, adoptando como núcleo el movimiento verde, para que las distintas corrientes que la encarnan puedan reconocerse en ella cuando lleguen las elecciones presidenciales dentro de dos años. Por el otro, y es la vertiente política de su manifiesto, sugiere que esta unión se haga en dos etapas. En una primera etapa habría que debatir, hacer propuestas y determinar puntos de unión y de discordia, delimitar también aquellos aspectos a los que cada una de las tendencias no está dispuesta a renunciar. Por ello, afirma Cohn-Bendit, la participación en el debate no requiere dejar de lado su propia identidad política sino que, al contrario, se trata precisamente de construir un discurso común a partir de cada una de estas identidades. En una segunda etapa se podrá, asegura el líder ecologista, presentar este discurso común y comprobar si alguno de los líderes políticos que deseen presentarse a la elección presidencial es capaz de asumirlo.
La propuesta de Cohn-Bendit articula, en efecto, los dos pilares de la izquierda política: la identidad y la participación. Se trata de utilizar la fuerte dosis identitaria de los partidos políticos minoritarios y el discurso participativo en el que también se reconoce una parte de la socialdemocracia (Ségolène Royal, por ejemplo) para crear un movimiento colectivo en el que cada cual se sienta un pilar importante del conjunto.
El segundo líder político, Dominique de Villepin, ha anunciado que lanzará un movimiento de derechas como alternativa al llamado sarkozysmo. Lo que desde la derecha se le reprocha a Sarkozy, además de su insistencia en integrar en el gobierno a personalidades de otras sensibilidades políticas, es su discurso vacío de contenido ideológico. Y es que el discurso de Sarkozy, a la vez liberal y proteccionista, pretende articular el liberalismo neo-conservador con la tradición social del republicanismo francés. Lo que ocurre es que entonces, en vez de buscar en la religión su sustento moral, Sarkozy lo hace en la tradición laica francesa, y ello conlleva la sacralización del laicismo y, por lo tanto, su perversión. La derecha tradicional francesa, conservadora y laica a la vez, se siente, de este modo, engañada. Hasta ahora, Nicolas Sarkozy se escudaba en la ideología de la eficacia para mantener unido al partido presidencial, pero la crisis económica, la derrota electoral y la dificultad para llevar a cabo las reformas que había prometido han minado este crédito político. Dominique de Villepin se aprovecha de ello para anunciar el lanzamiento de su movimiento político el 19 de junio de 2010, es decir, al día siguiente del 70 aniversario del “appel du 18 juin” (la alocución del general de-Gaulle desde Londres llamando a los franceses a la resistencia). A Villepin, gaullista notorio, le basta con retomar sus símbolos para afianzar su identidad política.
Pero a estas dos consecuencias habría que añadir, de hecho, una tercera: Ségolène Royal se apresuró, desde la misma noche electoral y amparada en su resultado arrollador (61% de votos) en retomar el protagonismo político. Primero en una rueda de prensa previa a la de la secretaria general de su propio partido (Martine Aubry), luego ausentándose de la reunión mantenida por todos los futuros presidentes regionales socialistas y al fin en una entrevista exclusiva para la cadena TF1, y todo ello en apenas cuatro días.
Así, parece como si estas elecciones regionales y con fuerte abstención hubieran tenido el mérito de plantear una cuestión delicada: ¿quiénes somos políticamente? Tenemos que construir nuestra propia identidad de izquierdas, nos dice Cohn-Bendit. Sarkozy ha pervertido la identidad política de la derecha, exclama De Villepin. Y Ségolène Royal expresa, a fin de cuentas, lo que caracteriza a la socialdemocracia europea: da igual lo que seamos mientras tengamos capacidad para despertar la confianza de los electores. A esto último se le llama, sin embargo, hacer publicidad.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ilustración de Javier Olivares
TONI RAMONEDA
El 22 de octubre, Jean Sarkozy, hijo del presidente francés Nicolas Sarkozy, renunció a
presentar su candidatura a la presidencia del consejo de administración de la EPAD, la institución pública de gestión del barrio de la Défense de París, principal centro de negocios de Europa. Las ambiciones del hijo menor del presidente de la República habían levantado un gran revuelo, tanto más cuanto que su edad (23 años) y su bagaje académico (un curso en la facultad de Derecho) permitían dudar de la idoneidad de su candidatura. Tanto el presidente como el grupo parlamentario al que pertenecen padre e hijo (UMP) habían cerrado filas –salvo discretas excepciones como la de Rama Yade, otra joven promesa de la política francesa– en torno a la candidatura del vástago presidencial.
La cota de popularidad de Nicolas Sarkozy estaba sufriendo un retroceso importante según las encuestas y los medios de comunicación. Incluso los más afines, no dudaban en cuestionar la pertinencia de lo que, en el fondo, no dejaba de ser un nombramiento orquestado desde el Elíseo. Así que, cuando Jean Sarkozy anunció su renuncia en el telediario vespertino de la cadena pública France 2, una sensación de victoria política se extendió entre los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública francesa. Sin embargo, la realidad es que al día siguiente Jean Sarkozy era elegido miembro del consejo de administración de la EPAD sin mayor revuelo, pues ya no se trataba de un paso hacia su presidencia, sino de la participación en su consejo y mientras la polémica se desvanece y diarios importantes como Le Monde analizan la marcha atrás presidencial, padre e hijo saborean las tres victorias del presidente.
La primera es la victoria estratégica. Jean Sarkozy se ha convertido en consejero político del centro de negocios más importante de Europa sin que a nadie se le ocurra rechistar. De todos es sabido que el control de la Défense forma parte de las luchas intestinas propias de la presidencia de la República; de hecho, el propio Nicolas Sarkozy había accedido en su tiempo a su presidencia de la mano de Charles Pasqua, una de las figuras importantes de la derecha francesa. Pero esta vez el presidente va más allá y no se limita a colocar a un hombre de confianza en uno de los centros neurálgicos del entramado de poder en Francia sino que sitúa a su propio hijo.
La segunda victoria es electoral. La renuncia pública del hijo del presidente se presenta a los ojos de los electores de la derecha, inquietos por una forma de actuar rayana en lo versallesco, como un mea culpa y un reconocimiento del valor atribuido a la opinión pública: el presidente y su hijo escuchan a los ciudadanos y son capaces de renunciar a sus aspiraciones personales en nombre del bien común.
Por último, es una victoria política. Con esta polémica y, sobre todo, con su aparición en la televisión pública en la franja horaria de mayor audiencia, Jean Sarkozy ha adquirido, a sus 23 años, la estatura de un político nacional. Los medios de comunicación lo tratan como tal, le dan la misma importancia y lo comparan a su padre; destacan sus dotes de orador y su aplomo y lo describen como un chico ambicioso, brillante e incluso más dotado políticamente que su progenitor. El acuerdo parece unánime en cuanto a la inconveniencia del cargo al que pretendía pero nadie duda del futuro político que le aguarda.
La política como estrategia de poder, la política como imagen y la política como proyecto vital, son, tal y como este episodio casi shakesperiano ha sacado a relucir, los tres pilares sobre los que reside el ejercicio político de Nicolas Sarkozy. Por supuesto que no hay nada de original en ello y que ningún ejercicio de poder es altruista. Lo que sin embargo resulta novedoso es la manera en la que el presidente francés lo transforma en discurso político.
Nicolas Sarkozy se ha esforzado, desde el inicio de su mandato, en exhibirse públicamente: primero celebró su victoria con unas pequeñas vacaciones en el yate de su amigo Vincent Bolloré, uno de los grandes empresarios franceses (¿por qué esconder la relación entre el poder político y el económico cuando todo el mundo la conoce?), luego se casó con Carla Bruni (¿acaso no es normal que el hombre más importante del país se case con la mujer más bella?) y al fin, ahora, justo en mitad de su mandato, hace pública la ilusión, propia de todo padre, de ver a su hijo seguir los pasos que le llevarán un día a la función suprema.
Se trata de lo que podemos llamar el discurso de la transparencia: el líder político se muestra al mundo tal y como es, sin mentiras y asumiendo sus propias contradicciones. En el caso de Nicolas Sarkozy, (y para ello utiliza con habilidad todos los medios de comunicación, desde la alocución televisiva hasta el mensaje en la página de Facebook de su hijo para mostrarle su admiración paterna), la consecuencia de dicho discurso constituye la cuarta victoria, la definitiva: los periodistas, los escritores, la oposición política y los ciudadanos caemos en la trampa y lo juzgamos por ser lo que es, en vez de centrarnos en lo que dice y hace.
A partir de ahí, cada crítica hacia el presidente es una crítica dirigida al hombre, al padre o al honesto trabajador que descansa unos días y, como si la transparencia fuera una virtud en sí, le basta con señalárselo al periodista, escritor, político o ciudadano de turno para convertirse en víctima de un ataque personal y evitar, una vez más, la crítica y la discusión política. La democracia pierde, Sarkozy gana y otros lo imitan.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación.
TONI RAMONEDA
Martine Aubry, secretaria general del Partido Socialista francés, y Ségolène Royal, ex candidata a la presidencia de la República, protagonizaron en otoño una cruenta batalla por la presidencia de su partido enfrentándose en una segunda vuelta muy reñida (ganó Aubry por el 0,02% de los votos) y encarnando dos proyectos que, hasta ahora, parecían opuestos. Martine Aubry, alcaldesa de Lille y ministra de Trabajo durante el Gobierno de Lionel Jospin en el que se adoptó la semana laboral de 35 horas, y Ségolène Royal, presidenta de la región Poitou Charentes y candidata, tras unas primarias sin perdón en el seno del partido socialista, a la elección presidencial de hace dos años. Por un lado los valores clásicos del socialismo: reducción del tiempo de trabajo, representación de la clase obrera (la región de Lille fue una de las más afectadas por las reconversiones minera y siderúrgica de los ochenta) y concepción keynesiana de la economía basada en el poder adquisitivo de los trabajadores. Por el otro, una concepción del socialismo fundada en la participación ciudadana, en el voto popular (en la región de Poitou Charentes se multiplican las iniciativas de participación ciudadana al punto de que se acusa a Ségolène Royal de instrumentalizarlas a su conveniencia) y, como consecuencia de ello, en la responsabilización de los ciudadanos en tanto que actores de la vida pública.
Se desprendió de este duelo una oposición que parecía filosófica: los partidarios de Martine Aubry encarnarían el fondo, los contenidos que constituyen la tradición política y las reivindicaciones del partido socialista, mientras que los de Ségolène Royal defenderían un cambio en las formas, sustentado en la importancia que estas habrían adquirido en el mundo actual. Un partido de militantes (el defendido por Martine Aubry) y uno de seguidores (el que pretendía Ségolène Royal). Para quienes se situaban en el ala izquierda del partido no había duda: los contenidos siempre son más importantes que las formas. Estas mismas personas decían que Ségolène Royal encarnaba una idea americana de la política y se apoyaban, por ejemplo, en el meeting que había dado a finales de septiembre, en el Zénith de París (una sala de conciertos), micrófono en mano y emulando a Cyrano de Bergerac. ¡Demasiado teatro para una política seria y de izquierdas!
Tras las pasadas elecciones europeas, en las que la socialdemocracia europea sufrió un importante revés al que, por supuesto, no escapó el socialismo francés, las dos mujeres se reunieron en París con el propósito de reconstruir su maltrecho partido. El reto es doble: por un lado se trata del maridaje imposible entre el fin y los medios; lo que en otros tiempos se llamaba la cuestión del método. En este sentido, el socialismo francés, con todas sus imperfecciones y con sus luchas internas, nos recuerda que la izquierda, por definición, debe, sin cesar, redefinirse, cuestionarse y reinventarse si no quiere caer en el dogmatismo. Pero detrás de ello se esconde un segundo reto, que es en el fondo el reto de la socialdemocracia europea: conjugar la reivindicación con la responsabilidad.
La política es una lucha por el poder y Ségolène Royal, que no lo esconde, defiende sin tapujos un partido de seguidores que pueda ayudarla a conseguirlo. Para muchos que se dicen de izquierdas aceptar esa premisa implica un pacto con el diablo, pues la política no debe ser una lucha por el poder sino una lucha por el control colectivo de nuestro destino. Lo que ocurre es que con ello se confunde la política con lo político. El control de nuestro destino, ideal de emancipación que remonta a la Ilustración, se encuentra en el ámbito de lo político, de la discusión, de la confrontación y de la contradicción cotidianas. Ámbito que (y esto es lo que debería caracterizar a la izquierda del siglo XXI) la política debe gestionar sin corromper.
Y aquí es donde la noción de responsabilidad adquiere su valor político. La responsabilidad es aquello con lo que acarrea cada ciudadano por el hecho de votar a un candidato, una ley o una moción, de participar en una reunión política o de propietarios de escalera. La política consiste en reconocer esta responsabilidad, no en asumirla: el político no debe presentarse como un servidor (pese a los cantos de sirena de Maquiavelo). El político sirve cuando aparece como el portador de un discurso reconocible. El político sirve cuando asume el riesgo de imponer un determinado significado a palabras polisémicas como inmigración, seguridad, libertad, ecología, cohesión social… Y el político responsable es capaz de reconocer en sus votantes las razones de su acción (porque las razones se expresan mediante palabras) y de actuar en consecuencia: dimite porque se considera en contradicción con ellas o sigue en el cargo porque las suscribe. La primera opción es la que adoptó Lionel Jospin en Francia en 2002.
La debacle del socialismo francés empezó cuando a Jospin se le ocurrió decir durante la campaña presidencial que su programa no era socialista. Jean-Marie LePen llevó su extrema derecha hasta la segunda vuelta de aquella elección y el candidato socialista dimitió de sus funciones, abandonó la política y argumentó que no había logrado explicar su programa. Se le acusó de doble traición: a los militantes por abandonar el barco y al socialismo por no respetar sus valores. Y, sin embargo, su frase (“mi programa no es socialista”) significaba lo que, siete años más tarde, expresa la
reunión de Martine Aubry y Ségolène Royal: un programa capaz de conjurar la responsabilidad ciudadana y la reivindicación colectiva. Un programa socialdemócrata.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lyon.
Ilustración de Miguel Ordoñez
