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Dominio público

Opinión a fondo

Crisis y desigualdades sociales

05 nov 2009
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VICENÇ NAVARRO

Existe una percepción generalizada en amplios sectores de las culturas políticas, económicas y mediáticas del país, de que el indicador más importante para medir la gravedad de la crisis es analizar cómo evolucionan el desempleo y el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. De ahí que la discusión de cómo la crisis está afectando la calidad de vida de nuestra población se haya centrado en el estudio de cómo están cambiando estos indicadores. No hay lugar a dudas de que estos indicadores son muy importantes. Ahora bien, si el objetivo es analizar el impacto de la crisis en la calidad de vida de toda la población, entonces tenemos que darnos cuenta de que tales indicadores, aunque válidos, son insuficientes.

Para ver el impacto de la crisis financiera y económica tendríamos que prestar también atención a la evolución de las desigualdades sociales (incluidas las desigualdades de rentas) y los efectos de este hecho en la calidad de vida de la ciudadanía. Al ignorar esta consecuencia de la crisis se reproduce una visión muy generalizada en aquellas culturas, haciendo suya la expresión de que “tanto da que un país tenga grandes desigualdades o no. Lo único que es importante es el número de pobres o desempleados que haya en aquel país”.
Esta postura es errónea por varias razones. Una es que, en general, hay una relación clara entre desigualdades y pobreza.

Cuanta más desigualdad hay en un país, mayor es su pobreza. Y España es un ejemplo de ello. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE (el club de países ricos) con mayores desigualdades y, a la vez, con mayor pobreza. Pero existe otra razón por la cual tal postura es errónea. Existe muchísima evidencia en la literatura científica de que lo que disminuye la calidad de vida de la ciudadanía y de la sociedad no es sólo la falta de recursos (que define la pobreza), sino la distancia social entre las personas en una sociedad.

Una persona que es pobre en Harlem (que está en la decila inferior en la distribución de la renta en EEUU), tiene más recursos (incluido renta) que una persona de clase media (un trabajador cualificado) en Ghana, Africa, de manera que si el mundo fuera una única sociedad, el pobre de EEUU sería una persona de clase
media en el mundo, y la persona de clase media en Ghana sería un pobre en tal sociedad mundial. Y, sin embargo, aquella persona de Ghana vivirá 15 años más que la persona pobre de Harlem, hecho que parece, a primera vista, sorprendente, pues la persona de Harlem tiene más recursos que la persona de Ghana.

¿A qué se debe esta situación aparentemente paradójica? La causa, en realidad, es fácil de ver. Es más frustrante y difícil ser pobre en EEUU que ser clase media en Ghana. El primero está muy por debajo del promedio de EEUU, creándose una enorme sensación de fracaso personal, sensación incluso más acentuada porque los medios (y muy en especial la televisión) dan una imagen del promedio de un país que, por lo general, está muy por encima del promedio real. Los personajes de los programas televisivos en EEUU, por ejemplo, tienden a ser profesionales de clase media alta, y casi nunca clase trabajadora (algo que también ocurre en España), la cual constituye la mayoría de la población estadounidense. Esta enorme distancia social entre lo que el pobre es y percibe ser y lo que la sociedad presenta como lo que debería ser, es la que crea patología y disminuye la calidad de vida de aquel individuo. La persona de Ghana, sin embargo, aunque con menos recursos que la de Harlem, está por encima del promedio y su frustración es menor.

Esta es la causa, bien documentada, de que la sociedad con menos desigualdades, menor distancia social y más cohesión social tenga mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida que las sociedades más desiguales, con mayor distancia social y menos cohesionadas. De ahí que la reducción de las desigualdades, y no sólo la eliminación de la pobreza, debiera ser un objetivo de cualquier gobierno que intente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es importante que las enormes desigualdades se reduzcan. Y ello adquiere gran relevancia en España, donde las desigualdades sociales son muy acentuadas.

Uno de los investigadores que ha trabajado más sobre este tema, el profesor Michael Marmot, vio que existía un gradiente en la tasa de mortalidad (debido a condiciones cardiovasculares) entre los funcionarios públicos en Gran Bretaña. Marmot pudo ver que a mayor nivel de autoridad y responsabilidad en el funcionariado, menor mortalidad, y ello continuaba siendo así, incluso cuando se estandarizaban otros factores de riesgo para tales enfermedades como la dieta, el tabaco, el colesterol, la hipertensión y otras variables (estandarizar es cuando se comparan personas que tienen las mismas características, siendo la única diferencia entre ellas su nivel de autoridad y responsabilidad). La causa de este gradiente es que, a mayor autoridad y responsabilidad, la persona tiene mayor sensación de poder controlar su situación personal, su trabajo y su vida. La distancia social crea inseguridad y sensación de menor control sobre su propia vida.

En realidad, la intervención más eficaz en cualquier país para mejorar la mortalidad, es conseguir que la tasa de mortalidad de todas las clases sociales sea tan baja como la de la decila de renta superior. En España se conseguiría prevenir el mayor número de muertes, mucho más que a través de cualquier otra medida o intervención sanitaria. Esta situación adquiere especial relevancia ahora, cuando las desigualdades sociales están incrementándose muy rápidamente. De ahí que limitarse a analizar sólo los indicadores de pobreza y desempleo es ignorar que la crisis está afectando a la calidad de vida de la gran mayoría de la población que ni es pobre, ni está desempleada y que, en cambio, está sufriendo la crisis.

Especulación y crisis: ya basta

27 mar 2008
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VARIOS AUTORES

La finanza desregulada destruye la sociedad. Lo hace silenciosamente y a diario, cuando los accionistas exprimen las empresas, es decir, a los asalariados, para extraer de ellos más y más rentabilidad, tanto en el Norte como en el Sur. Lo hace a bombo y platillo y rompiendo moldes, con las crisis agudas en las que brutalmente se revelan los inverosímiles excesos de la codicia especulativa y su impacto en la actividad y el empleo. Paro, precarización, acentuación de las desigualdades: los asalariados y la gente más pobre tienen que cargar con el coste de la especulación, o con el perjuicio del crack consiguiente.

Desde hace dos décadas, la curva de la finanza mundial no es más que una larga serie de crisis: 1987, crack bursátil; 1990, crisis inmobiliaria en Estados Unidos, Europa y Japón; 1994, crack obligatario norteamericano; 1997 y 1998, crisis financiera internacional; 2000-2002, crack Internet; 2007-2008, ahora, crisis inmobiliaria y, quizá, crisis financiera global.
¿Por qué esa repetición? Porque todas las trabas a la circulación de capitales y a la innovación financiera han sido abolidas. En cuanto a los bancos centrales, que han dejado que se hinchara la burbuja, ya no tienen más alternativa que la de abalanzarse a socorrer a bancos y fondos especulativos que se quedan sin liquidez.

No nos quedaremos de brazos cruzados esperando la próxima crisis financiera, y ya no soportaremos nunca más las extravagantes desigualdades que la finanza de mercado ha hecho prosperar, ni los peligros que ella nos hace correr a todos nosotros. La inestabilidad forma parte, intrínsecamente, de la desregulación financiera, y por eso, ¿para qué sirven los irrisorios llamamientos a la “transparencia” o a la “moralización”? ¿Cómo podrían cambiar ni un ápice lo que ocurre y, por lo tanto, impedir que las mismas causas, de nuevo, produzcan los mismos efectos? Poner fin a ello supone intervenir en el corazón mismo del “juego”, es decir, transformar radicalmente las estructuras. Pero, en el seno de la Unión Europea, cualquier perspectiva de transformación tropieza con la increíble protección que los Tratados decidieron conceder al capital financiero.

Por eso nosotros, ciudadanos europeos, reclamamos la abrogación del artículo 56 del Tratado de Lisboa que, al prohibir cualquier restricción a sus movimientos, ofrece al capital financiero las condiciones para su dominación aplastante de la sociedad. Y reclamamos también que se restrinja la “libertad de establecimiento” (artículo 48), que deja oportunamente al capital la posibilidad de desplazarse allí donde las condiciones le son más favorables, y permitiría así a las instituciones financieras encontrar asilo en la City de Londres o en otros puntos.

Si por “libertad” debe entenderse la que tienen los poderes dominantes, hoy personificados por la finanza, para someter al resto de la sociedad, digamos inmediatamente que no la queremos. Preferimos otra: la de los pueblos que quieren vivir sin servidumbre a la rentabilidad financiera.

Elmar Altvater
Universidad Libre de Berlín, Alemania
Geneviève Azam
Universidad de Toulouse, Francia
Riccardo Bellofiore
Universidad de Bérgamo, Italia
Robin Blackburn
New School for Social Research of New York,
Estados Unidos
Jérôme Bourdieu
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Francia
Mireille Bruyere
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), Francia
Alain Caille
Universidad de París-Nanterre X, Francia
Claude Calame
Universidad de Lausana, Suiza
François Chesnais
Universidad de París-Villetaneuse XIII, Francia
John Christensen
Director del Tax Justice Network, Reino Unido
Christian Comeliau
Universidad de Troyes, Francia
Laurent Cordonnier
Universidad de Lille I, Francia
Jacques Cossart
Miembro del consejo científico de ATTAC, Francia
Thomas Coutrot
Director del Departamento Condiciones de Trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales, Francia
Gérard Dumenil
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), Francia
Miren Etxezarreta
Universitat Autònoma de Barcelona, España
Marica Frangakis
Grupo Euromemorándum por una política económica alternativa, Grecia
Jean Gadrey
Universidad de Lille I, Francia
Susan George
Directora asociada del Transnational Institute, Holanda, y presidenta honoraria de ATTAC, Francia
Bernard Guibert
Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE), Francia
John Grahl
Universidad London Metropolitan, Reino Unido
Robert Guttmann
Universidad Hofstra, Estados Unidos
Jean-Marie Harribey
Universidad de Burdeos, Francia
Michel Husson
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IRES), Francia
Pauline Hyme
Universidad de Lille I, Francia
Matthieu Leimgruber
Universidad de Lausana, Suiza
Frédéric Lordon
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), Francia
Birgit Mahnkopf
Universidad de Kassel, Alemania
François Morin
Ex consejero del Banco de Francia, Universidad de Toulouse I, Francia
Ramine Motamed-Nejad
Universidad de la Sorbona, Francia
René Passet
Universidad de la Sorbona, Francia
Dominique Plihon
Universidad de París XIII (Francia)
Renato di Ruzza
Universidad de Provence, Francia
Jacques Sapir
Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales (EHSS), Francia
Eric Toussaint
Comité de Acción contra la Deuda, Bélgica
Peter Wahl
World Economy and Ecology Development, Alemania
Frieder Otto Wolf
Universidad Libre de Berlín, Alemania

www.stop-finance.org

Ilustración de Luciano Lozano