Dominio público

Una vez más, las pensiones

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VICENÇ NAVARRO

Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.

El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.

Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.

Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.

Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.

Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave.

Pero, ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será probablemente más del doble del existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace cuarenta años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, 8.6% y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 3 veces  mayor (Ver el artículo El falso problema de las pensiones. Público, 07.05.09, donde se analiza con detalle el impacto de la productividad en el crecimiento del PIB).

Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustraicón de Mikel Jaso

Haití no es un desastre natural

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El contexto político del himno europeo

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VICENÇ NAVARRO

Existe un debate en los círculos de música clásica, a los dos lados del Atlántico, sobre la adaptación de la Novena de Beethoven como himno de la Unión Europea. La Novena, una de las piezas musicales más bellas que se hayan escrito, es, junto con los versos de Schiller, un canto a la fraternidad y a la solidaridad. Su adaptación al himno de la Unión Europea, sin embargo, es otro cantar. Con la adaptación se cambió el estilo original, lo cual ha creado un debate que ha pasado desapercibido en España. En nuestro país tal himno se presenta como la Novena sin más, con los versos de Schiller. Así se presentó en Televisión Española durante el concierto de la presidencia española en la Unión Europea que se celebró en el Palacio Real y que fue presidido por el rey de España y las máximas autoridades del Gobierno español y de las instituciones de la Unión Europea. Pero hay más en el himno europeo de lo que aparenta.

Contemos primero la historia y veamos cómo una adaptación de la Novena se convirtió en el himno de Europa. La Novena fue presentada al público por primera vez en Viena, Austria, en el año 1824. Y la primera vez que apareció (en una versión modificada) como el símbolo de Europa fue en el Berlín Occidental el 8 de julio de 1971, cuando, por encargo del Consejo de Europa, se modificó y recompuso (tanto en su cadencia como en su narrativa) para su presentación en sociedad, representando a tal Consejo. El encargado de hacer la modificación fue el director de la Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan, quien unió distintas piezas de la Novena para transformar la Oda a la alegría (la Novena) en el himno oficial del Consejo de Europa.

El nuevo himno europeo se presentó por primera vez el 5 de mayo (Día de Europa), en el canal Eurovisión, con la bandera azul y las estrellas como fondo para la orquesta de Karajan. En realidad, Karajan, que había escrito una nueva versión de la Novena, con un nuevo texto musical, tenía el copyright y, debido a ello, el himno le pertenecía.

Hasta aquí todo parece normal, excepto por el hecho de que un músico que prepara un himno por encargo de una institución se quede con los derechos de autor. Pero por lo visto Karajan era amigo del presidente del Consejo de Europa, Toncic Sorinj, quien le había hecho el encargo. Sorinj había nacido en Viena en 1915, era de familia aristocrática, miembro activo del Partido del Pueblo Austriaco (OVP) y ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno austriaco hasta que fue sucedido por su amigo Kurt Waldheim, futuro secretario general de las Naciones Unidas. El lector recordará que hubo un escándalo mundial con este último cuando se descubrió que había sido miembro de la Wehrmatch nazi.

A partir de aquel escándalo, se ha ido destapando una red de ex nazis (es decir, de miembros activos del Partido Nazi alemán) que constituían un entramado dentro del OVP, cuya ideología ultraderechista alarmó en su día al propio Consejo de Europa. Es en este contexto en el que se descubrió que Karajan había sido miembro del Partido Nazi desde 1935 a 1945. En realidad, ya en abril de 1933 había intentado alistarse en el Partido Nazi. En 1946, el comité de desnazificación austriaco le había interrogado por su pertenencia a aquel partido. Pero como a otros muchos ex nazis, las derechas en Alemania y en Europa les dieron la bienvenida para alistarles en la Guerra Fría. En este contexto, Karajan modificó la Novena para darle un tono militar, no sólo en su cadencia, sino también en sus instrumentos, pasando a dar más protagonismo, por ejemplo, a las trompetas y menos al violín. La suavidad y gentileza de la Oda original fue sustituida por un tono marcial. Como bien señala Esteban Buch –profesor de Historia de la Música en L’École des Hautes Études en Sciencies Sociales de París– en su artículo publicado en la revista de izquierdas estadounidense Dissent en octubre de 2009 (la versión inglesa de otros artículos escritos por este autor se puede encontrar en otros foros, incluido Le Monde), la Oda a la alegría se transformó en una pieza musical distinta de lo que Beethoven y Schiller habían hecho y con una intención diferente: se instrumentalizó tal composición en un proyecto de la Guerra Fría. Enfatizando tal instrumentalización, el himno se presentó, por primera vez, en el Berlín Occidental, originando una protesta de Alemania oriental, que se quejó de la burda manipulación de Beethoven y Schiller en aquella guerra.

Una vez terminada la Guerra Fría, se están descubriendo las relaciones entre la derecha europea y el nazismo en su lucha ideológica, motivo del debate que está teniendo lugar en centros culturales y políticos europeos y que es aún desconocido en España. Como se preguntaba el profesor Esteban Buch en su artículo: “¿Qué hacían tantos ex nazis en la vida cultural y política del llamado mundo democrático configurando algunos de los símbolos de la Europa democrática?”. No es una Europa vertical y jerárquica marcial, sino horizontal, democrática y participativa la que debiera promoverse.

En mi opinión, esta verticalidad y jerarquía marcial apareció con toda su intensidad en la gala del Palacio Real citada anteriormente. Cuando el rey entró en la sala, todo el público (repito, cada uno de los asistentes al acto) se levantó y aplaudió al monarca para, después, callados y firmes, cuadrarse en frente de la Marcha Real, una marcha de ejército borbónico (que se conoce en España como Himno nacional). Esperemos que el himno de Europa (con el que terminó el acto) no se transforme en un himno vertical y jerárquico, como lo es el español. Y que el presidente de Europa no evoque el espíritu de servilismo y vasallaje que se expresó hacia el rey en aquel acto. Europa (y España) se merecen algo mejor, eliminando el carácter marcial de la bellísima Novena. En España (donde, todavía hoy, la Corte Suprema acepta una querella del partido fascista Falange Española de las JONS en contra del único juez que se ha atrevido a llevar a los dirigentes del régimen dictatorial fascista a los tribunales) se necesitan también cambios muy sustanciales en su escasa cultura democrática, incluyendo sus símbolos como el himno nacional.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

El racismo del nacional-catolicismo

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VICENÇ NAVARRO

Uno de los argumentos que autores conservadores han utilizado para negar el carácter fascista del régimen dictatorial establecido por el golpe militar liderado por el general Franco ha sido afirmar que la ideología de aquel régimen no incluía un componente racista, tal como ocurrió con el nazismo alemán y el fascismo italiano. La evidencia existente y fácilmente accesible muestra, sin embargo, la escasa credibilidad de tal argumento. El eje ideológico de aquel régimen fue el nacional-catolicismo que conjugó dos ideologías: el nacionalismo hispánico, que llegó incluso a negar la existencia de otras nacionalidades (como la catalana, la vasca, y la gallega), imponiendo su visión centralista uniformadora, y un catolicismo excluyente que intentó configurar todas las dimensiones del ser humano, incluyendo áreas tan íntimas como el comportamiento sexual de la ciudadanía.

Este nacional-catolicismo tuvo una concepción racista, pues tales ideologías totalizantes eran presentadas como definitorias de lo que el régimen definió como la raza hispana (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), cuya superioridad le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento de otras razas, tal como ocurrió en América Latina, cuya conquista militar y explotación era el motivo de celebración del día nacional (12 de octubre). Su misión “civilizadora” supuso el genocidio de la población nativa de aquel continente, bien documentada y denunciada por Bartolomé de las Casas. El nacional-catolicismo del régimen dictatorial se consideraba a sí mismo como el heredero de los Reyes Católicos, que habían expulsado a los judíos y a los musulmanes de España, habían establecido la Inquisición y habían conquistado Latinoamérica a base de cometer un genocidio.

El racismo del nacional-catolicismo fue más allá, sin embargo, del racismo étnico. Aunque incluyó una dimensión antisemita, el racismo del nacional-catolicismo se basó también en elementos político-culturales. Un objetivo explícito del golpe militar fue precisamente purificar la raza hispánica, eliminando todos los elementos que la debilitaran. Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército y que había sido nombrado por el general Franco dirigente del rearme ideológico del nuevo régimen (realizando tal función como director del Gabinete de Investigadores Psicológicos del Ejército), había subrayado que era misión del Alzamiento Nacional “salvar la patria y la raza”, especificando las características que definían a la raza hispánica como “un masculinismo, un canto a la fuerza física y un profundo nacionalismo y catolicismo”.

Contraponía esta raza hispana a razas inferiores como la “raza roja” (que incluía a la gran mayoría de opositores al golpe militar y a la dictadura que estableció), a la cual consideró una raza inferior, contaminada por el marxismo, considerado como la máxima forma de patología mental posible, definiendo el marxismo español como “una mezcla de judaísmo y masonería que lo distinguió de un marxismo extranjero semita puro”. Tal “raza roja”, estaba compuesta de “subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, todos ellos afectados por el marxismo, judaísmo masónico”, que se difundía fácilmente entre las clases populares debido a lo que Vallejo-Nájera consideraba su subdesarrollo mental. Todas estas citas aparecen en libros suyos titulados Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza y artículos en revistas consideradas científicas durante la dictadura, tales como el “Psiquismo del Fanatismo Marxista”, publicado en Semana Médica Española (8 de octubre, 1938, págs. 172-182) y también en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra (mayo de 1939, págs. 398-413). El artículo publicado en esta última revista analizaba “la especial patología” de las mujeres milicianas, “seres débiles motivados por la envidia, la maldad y la venganza”, y cuya participación “en las revueltas políticas les daba ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.

En el artículo publicado en la Semana Médica Española, Vallejo-Nájera describía también los estudios realizados en los campos de concentración (asesorado por las autoridades nazis alemanas, de cuyos estudios en sus propios campos era no sólo consciente, sino un profundo admirador), dividiendo a los componentes de la raza roja en cinco grupos: los internacionales brigadistas, los presos políticos varones de nacionalidad española, las presas políticas hembras de nacionalidad española, los separatistas vascos (a los que Vallejo-Nájera definía como “sujetos de un curioso fenómeno de fanatismo político unido a un fanatismo religioso, enemigos de España”), y el quinto y más degenerado, el de “marxistas catalanistas (unidos por el fanatismo marxista y el antiespañolismo)”.

Es importante señalar que las autoridades de la Iglesia católica compartían la ideología nacional-católica racista, bien articulada por el ideólogo del régimen Vallejo-Nájera. Es más, la Iglesia contribuyó, en gran manera, a la llamada purificación de la raza que fue, en realidad, una brutal represión, con ejecuciones, detenciones, torturas y exilio, en contra de las personas y los grupos políticos y sociales que se opusieron a aquel régimen, incluyendo, por cierto, personas católicas e incluso sacerdotes que apoyaron a las fuerzas democráticas, así como a militares del propio Ejército que se opusieron a aquel golpe militar, llevado a cabo por la Iglesia y la Falange, así como por el Ejército golpista. Parte de este proceso de purificación de la raza, llevado a cabo por el régimen en colaboración con la Iglesia católica, consistía en el robo de infantes de “rojos” asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de que no fueran “contaminados por sus padres, con el objetivo de salvarles”. Según Enrique González Duro (Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, 2008), 12.043 niños fueron sustraídos de manos de sus padres durante los duros años de la represión (1939-1945). La Iglesia católica nunca ha pedido perdón al pueblo español por estos hechos.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

El copago sanitario

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VICENÇ NAVARRO

Existe una percepción generalizada en algunos sectores políticos del país de que la población está abusando del sistema sanitario. Se cita el hecho real de que el número promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la Unión Europea de los 15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo al nuestro) como indicador de tal abuso.

Cada habitante visita al médico, como promedio, nueve veces al año, cuando el promedio de la UE-15 está alrededor de cinco veces. De ahí deriva aquella percepción sobre la cual se basan una serie de propuestas encaminadas a corregir este supuesto abuso. Y, puesto que una de las causas de este abuso se asume que es la gratuidad de los servicios, se está proponiendo un copago (la cantidad más frecuentemente utilizada es de un euro por visita) para desincentivar tal abuso. Según tal teoría, si la gente tiene que pagar un euro por visita, se lo pensará dos veces antes de ir al médico, reduciendo las visitas a las estrictamente necesarias.

El problema con estas propuestas es que están basadas en una percepción errónea, resultado de haber calculado mal el número de visitas promedio por habitante. Cuando analizamos la naturaleza de tales visitas, vemos que no menos del 25% de estas visitas responden a necesidades de tipo administrativo (tales como necesitar la firma del médico para trámites médicos), que en otros países no se contabilizan como visitas médicas, puesto que es el personal administrativo el que se encarga de tal menester. A ellas se suma otro porcentaje que llega a representar un 20% más de visitas que, de nuevo, en otros países no se contabilizan como visitas médicas, pues las hacen las enfermeras (que en nuestro país están enormemente subutilizadas) pero que, aquí, en nuestro país, se contabilizan al realizarlas los médicos. Cuando se descuentan visitas de tipo administrativo y las que podrían atenderse por parte de otros profesionales, resulta que el número de visitas realizadas estrictamente por razones médicas, que deben ser atendidas por médicos, es un número incluso menor que en el promedio de la UE-15.

El problema no es el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población, sino el diseño de la atención primaria sanitaria, que sobrecarga al médico con responsabilidades que en otros países realizan otro tipo de profesionales, como los de enfermería o personal administrativo. En este aspecto, el Plan de Reforma de la Atención Primaria, de reciente aprobación por la Generalitat de Catalunya, es un buen paso en esta dirección. Tal programa da más responsabilidades a las enfermeras y utiliza mejor a los médicos, dándoles, además, más autonomía.

En cuanto al supuesto impacto disuasorio, no creo que un euro por visita disuada a la mayoría de la población que utiliza los servicios sanitarios. Sí, en cambio, puede disuadir a los individuos de baja renta, los cuales son un número considerable. No hay que olvidar que 10,8 millones de trabajadores en España son mileuristas; es decir, 6 de cada 10 trabajadores cobran mil euros al mes o menos (algo superior al salario mínimo interprofesional, 633 euros al mes). Es precisamente en este colectivo donde no se debe desincentivar la utilización de servicios, pues se tiene gran evidencia de que este colectivo es el que precisamente tiene mayor número de enfermedades y las que tiene son más graves. De ahí que, si se decidiera establecer un euro por visita, debiera ponerse un límite (en cuanto al número de euros al año), pues en caso contrario se desincentivaría el consumo entre los grupos más necesitados.

En realidad, lo que está ocurriendo es que se pide al usuario que cubra los grandes déficits de fondos al Estado, resultado de la escasa carga impositiva de las rentas superiores (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el salario promedio de los directivos de las empresas que cotizan en Bolsa es de 56.250 euros al mes) y del enorme fraude fiscal entre tales rentas, las cuales tienen una carga fiscal sensiblemente inferior al promedio de la UE-15. Como la mayoría de la ciudadanía es consciente de que los ricos en España no contribuyen lo que deberían, es comprensible que la ciudadanía se oponga al copago.

Habiendo dicho todo lo anterior, la realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada (el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de la UE-15). Y quedan todavía áreas de servicio por cubrir, tales como odontología, es decir, servicios de dentista. En España se puede ver la clase social de los niños mirándoles su sonrisa. Un niño de clase trabajadora no cualificada tiene siete veces más caries que un niño de familia burguesa. La boca y dentadura de la población es un indicador de su clase social. De ahí la urgencia de que tales servicios se ofrezcan, rompiendo con los corporativismos profesionales que se oponen a ello. Esto quiere decir que la sanidad pública debiera ofrecer tales servicios (y otros, como podología, atención a personas con problemas en los pies) con precios definidos por el sector público, limitando la cantidad a pagar al año a una cifra accesible a la mayoría de la ciudadanía y excusando el pago a aquellas personas que no pudieran pagarlo. Aquí el objetivo de la tasa no es desincentivar (no existe razón para desincentivar estos servicios necesarios), sino recoger fondos que complementen los fondos públicos. El argumento de que sería mejor aumentar los impuestos para cubrir tales servicios me parece convincente y lo comparto. Pero mientras ello no ocurra, algo tiene que hacerse, pues lo óptimo no puede ser el enemigo de lo necesario.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

La lenta recuperación económica

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VIÇENS NAVARRO

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.

Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.

En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.

Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Javier Jaén

¿Es España católica?

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VICENÇ NAVARRO

La Universitat Progressista de Catalunya, conocida como la UPEC, ha publicado un informe titulado Catalunya ha deixat de ser catòlica? (en castellano ¿Catalunya ha dejado de ser católica?), que tiene gran cantidad de información sobre la extensión de la religión católica (y la influencia de su Iglesia), no sólo en Catalunya sino también en España. Es sorprendente que tal informe haya pasado casi desapercibido en los mayores medios de información del país, pues los datos presentados cuestionan la imagen tan extendida y promovida por la Iglesia de que España es un país católico (lo cual parece indicar que la mayoría de la población lo es).

Uno de los primeros capítulos del estudio –el que detalla su metodología– explica cómo la conclusión de que España es un país católico se produce y reproduce en los medios. Señala el sesgo que, consciente o inconscientemente, aparece en las preguntas que se le hacen a la ciudadanía. Así, cuando se pregunta a la población (tal como hace la Conferencia Episcopal) si los que responden a las preguntas son católicos o no católicos (incluyendo en esta última categoría las de ser agnóstico, no creyente o ateo), el 76% se define como católico y un 19% no católico.

Parecería, pues, que la gran mayoría de la población se define como católica.

Ahora bien, cuando se pregunta si el que responde se define como católico practicante, no practicante, o no creyente, los porcentajes varían considerablemente. Sólo el 36% se define como practicante mientras que el 37% se define como no practicante y el 19,9% como no creyente (agnóstico o ateo). Y cuando se analiza el grupo de católicos no practicantes se ve que su definición de católicos esta basada, no en sus creencias religiosas, sino en su ritual cultural (como haber recibido el bautismo y la primera comunión). En realidad, la respuesta a esta pregunta varía muy marcadamente por edad. Entre los jóvenes, nacidos en plena democracia, sólo el 9,4% se considera practicante, el 39% no practicante y el 46,4% como indiferente, ateo o agnóstico.

Otro componente del estudio es el análisis de las escuelas de la Iglesia privadas concertadas. En España, el 67% de alumnos están en la pública, el 25% en la privada concertada y el 6,7% en la privada no concertada. De las escuelas católicas, la gran mayoría son concertadas (96%). Los porcentajes más elevados de las concertadas religiosas están en las dos Castillas, La Rioja, Navarra y Baleares. Los que dedican más fondos a la religión concertada son Catalunya y Madrid, y los que menos La Rioja, Cantabria y Extremadura. El Estado se gasta 517 millones de euros en la enseñanza de religión: 388 millones en las escuelas públicas y 129 millones en las privadas. Tal inversión no es proporcional a la importancia que la juventud da a la religión como elemento importante en su vida.

En una escala de uno (poco importante) a cuatro (muy importante), la juventud en España señaló en 2005 que la religión significaba un 1,76. Ello explica que el 74% de jóvenes casi nunca asiste a ceremonias religiosas, y sólo un 4,7% asiste a la misa dominical. Y en Catalunya, sólo un 36% se casa por la Iglesia; la gran mayoría (62,8%) se casa por lo civil. Es también interesante señalar que el 47% de los jóvenes cree que la “Iglesia está más cerca de los poderosos y de los ricos que de los pobres y necesitados”. Este porcentaje alcanza cifras muy altas entre los jóvenes ateos (73%), agnósticos (60,9%) e indiferentes (70,9%) y es de un 50,7% entre los católicos no practicantes.

Una opinión igualmente negativa se tiene del sacerdocio. Entre las profesiones consideradas “más útiles socialmente”, el sacerdocio es la penúltima, después de los militares de carrera. Las más relevantes son la medicina y el magisterio. Contribuyen a esta imagen poco positiva del sacerdocio la percepción generalizada entre los jóvenes de que la Iglesia “no está dando una respuesta adecuada a los problemas sociales”. El nivel de confianza que la Iglesia inspira en la población joven es la más baja entre las mayores instituciones.

Este informe presenta una realidad que se esconde bajo esta imagen tan poco real de que España sea un país católico. Como señala Jordi Serrano, actual rector de la UPEC y autor del informe, el nacionalcatolicismo impuso el catolicismo a la población española que, al identificarse con una dictadura enormemente represiva y opresiva, estableció las bases para su propio declive cuando la dictadura dio paso a la democracia. No es sólo que la Iglesia nunca ha pedido perdón por su identificación con el fascismo español, sino que continúa encorsetada con la ideología y la práctica de la ultraderecha que dominó aquel régimen.

La población española, y, muy en especial, la juventud –que representa el futuro–, considera a tal Iglesia irrelevante y decadente. Parece lógico, por lo tanto, que los representantes de la población –es decir, nuestro Gobierno– debieran dejar de protegerla y financiarla, pues continúa siendo la Iglesia de ayer. Como bien dijo Carles Cardo, el hombre de confianza del Cardenal Vidal i Barraguer durante la República y la Guerra Civil, el enorme descrédito de la Iglesia entre las clases populares durante la República se debió a que la Iglesia había olvidado sus principios, identificándose con los grupos más poderosos del país. Setenta años más tarde, se podría decir lo mismo. Su gran descrédito se debe a su identificación con la dictadura de ayer y la ultraderecha de hoy.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

La reforma sanitaria de Obama

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VICENÇ NAVARRO

Un gran número de medios de comunicación en España han presentado la aprobación de la Ley de la Reforma Sanitaria por parte de la Cámara Baja del Congreso de EEUU como un enorme paso adelante, comparable a la aprobación de la ley que estableció la Seguridad Social (bajo la administración Roosevelt), y la Ley de Medicare (que financia el 52% de los gastos sanitarios de los ancianos) aprobada en tiempos de la administración Johnson. En estos dos programas federales (Seguridad Social y Medicare) se instruye al Estado federal a que garantice los derechos adquiridos en tales programas a todos los beneficiarios, sean estos pensionistas en la primera ley, o ancianos en la segunda.

La ley sobre la reforma sanitaria aprobada por la Cámara Baja, sin embargo, no garantiza la atención sanitaria a los ciudadanos y residentes de aquel país. Esta distinción es de una gran importancia, pues la ley aprobada por la Cámara Baja en realidad no universaliza el derecho de acceso a los servicios sanitarios en EEUU, tal y como erróneamente la gran mayoría de medios españoles han informado. Lo que la ley hace es obligar a todos los ciudadanos a comprar una póliza de seguros sanitarios, de la misma forma que en EEUU, como en España, se obliga a cualquier persona que posee un automóvil a que tenga un seguro privado de automóvil. La ley obliga también al empresario a ofrecer un seguro sanitario a sus empleados so pena de que, si no lo hace, tiene que pagar una multa que va a un fondo común para proveer aseguramiento. Y el Estado federal, por otra parte, subsidiará el pago de la póliza de seguros a aquellas personas con escasos medios (categoría que queda por definir).

En realidad, todas estas medidas significan un enorme crecimiento del aseguramiento privado en EEUU –un aumento de 25 millones de nuevas pólizas– con el consiguiente incremento de los beneficios de las compañías de seguro sanitario, que se ha calculado significarán 70.000 millones de dólares. Todo ello es resultado del enorme poder de tales compañías de seguros.

Según Public Citizen (un instituto de análisis de la financiación de la actividad política en EEUU), tales compañías se han gastado un millón y medio de dólares cada día para intentar influenciar a los miembros del Congreso.

Las compañías de seguros se han opuesto, sin embargo, a algunos elementos de la ley. Uno de ellos es la prohibición de que continúen con la discriminación de personas con enfermedades crónicas, lo que ha provocado un gran enfado de la población hacia tales compañías.

El otro motivo de oposición a la ley por parte de las compañías de seguros es la aprobación de la opción pública, es decir, que la población que así lo desee pueda escoger un aseguramiento público en lugar del privado. La mayoría de la ciudadanía (68%) desea tal opción, pues los aseguramientos públicos existentes, como Medicare, ofrecen una cobertura sanitaria mayor a un coste y precio menor, resultado de eliminar gastos de márketing y promoción, de tener unos costes administrativos menores y de evitar los exuberantes sueldos de los gestores del aseguramiento privado. (La persona que tiene el salario más alto en EEUU es William McGuire, presidente de la compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones de dólares en acciones de tal compañía). En contra de lo que se escribe en muchos medios españoles, la población estadounidense no es “congénitamente adversa al Estado”, tal como se informó erróneamente en un medio de gran difusión. Medicare es más popular (y se gestiona a menor coste) que las compañías de seguros privadas.

La opinión popular, sin embargo, condiciona pero no determina las leyes del Congreso. La enorme influencia de tales compañías en el Senado y, muy en particular, en su Comité de Finanzas (que ha recibido 13 millones de euros de tales compañías) eliminará tal opción pública. La versión existente en la ley aprobada por la Cámara Baja permitía una versión muy reducida y muy modificada que asignaría a tal opción pública la atención sanitaria a los casos más crónicos y más costosos, dejando para el aseguramiento privado los sectores más rentables de la población. Pero ni siquiera esta versión más reducida será aceptada por el Senado.

Por lo demás, la ley de la Cámara Baja y la que se apruebe en el Senado no resolverán gran parte de los problemas que el sistema actual presenta hoy. La norma, por ejemplo, no regula ni controla el precio de las pólizas de seguros ni de los servicios médicos ni de los productos farmacéuticos. Ello implica que, sumando los gastos en pólizas, copagos, deducibles y facturas médicas, las familias estadounidenses pueden llegar a pagar el 20% de sus ingresos en atención sanitaria. La ley tampoco prohíbe a las compañías de seguros negar tratamientos médicos que consideren costosos. La cobertura sanitaria privada es muy poco completa, dejando enormes vacíos en la cobertura de beneficios que la ley no resolverá. Tampoco regula los planes de aseguramiento privado ofrecidos por los empresarios (que cubre al 66% de la población) y que ofrecen una enorme variedad de coberturas, siendo todas ellas muy inferiores a las existentes en cualquier país de la UE-15.

La ley mantendrá la escasa capacidad de elección de médicos y centros sanitarios que tiene el asegurado, teniendo que utilizar aquellos proveedores de servicios que la compañía de seguros indique. La norma tampoco fuerza una mayor competitividad entre las compañías de aseguramiento, ni posibilita una mayor facilidad de elección entre los proveedores. El mercado de los seguros continuará muy concentrado, de manera que en muchos estados, una o dos aseguradoras continuarán controlando el mercado. Estas son realidades sobre las que la mayoría de medios en España no han informado.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’, The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

¿Es el sector público excesivo?

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VICENÇ NAVARRO

Una de las propuestas que las fuerzas liberales han estado haciendo en España ha sido –junto con la reducción de los salarios y la desregulación del mercado de trabajo– la reducción del gasto y empleo público, pues se asume que el “excesivo tamaño del Estado” ha obstaculizado el desarrollo económico del país, siendo ahora responsable del retraso en la recuperación económica.

El más reciente ejemplo de lo que digo es la promoción por parte de la mayoría de los medios de información (El País, 08-11-09; El Mundo, 26-10-09; ABC, 26-10-09; El Periódico, 26-10-09) del informe “El coste de la Administración Pública en España” de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. La tesis de este informe es que en España el empleo público ha experimentado un acelerado crecimiento estos últimos años (desde el año 2000), alcanzando unos niveles excesivos que están obstaculizando la eficiencia económica del país, mostrando una relación inversa entre el peso del empleo público de un país y su prosperidad económica. Para confirmar tales tesis el informe compara, por ejemplo, el tamaño de la población empleada en el sector público español con el existente en Alemania, concluyendo que el empleo público de España (como porcentaje del empleo total) es mayor que en aquel país, con lo que nos gastamos en tal empleo (que el informe confunde con funcionariado) mucho más que allí. Según el informe, la evidencia empírica muestra que, a mayor peso del funcionariado público, menor es la riqueza económica del país y de las regiones, y sugiere “la importancia de mantener el tamaño de los sectores públicos a raya con el fin de fomentar la productividad y la eficiencia económica”. La conclusión que se deriva es que hay que reducir el empleo público si queremos ser más eficientes.

El informe, sin embargo, selecciona y manipula los datos de una manera que unos medios de comunicación más críticos de los que tenemos habrían detectado. Se incluyen en el texto errores fáciles de ver, como que empleo público y funcionariado no son la misma categoría, sino dos distintas. Todo funcionario es empleado público, pero no todo empleado público es funcionario. Otro error es que la categoría empleo público que recoge el informe (derivado de Eurostat) no incluye a todos los empleados públicos, sino sólo los datos referentes, por ejemplo, a la categoría Administración pública y defensa. Se excluyen así muchos empleados públicos que no quedan incorporados en esta categoría. En tercer lugar, utiliza indicadores de tamaño del sector público que dan una visión sesgada de tal tamaño. Veamos.

Si analizamos el total de personas empleadas y contratadas en el sector público (a niveles centrales, regionales o autonómicos y locales), utilizando como fuente de datos las únicas que ofrecen tal información, que son la Organización Internacional del Trabajo y Eurostat, y analizando los indicadores que deben utilizarse para medir el tamaño del sector público (el número de empleados públicos sobre el total de la población adulta), podemos ver que España tiene un porcentaje de personas empleadas en el sector público de los más bajos de la UE-15 (9,5%), sólo mayor que Austria, Italia y Portugal. Alemania (el país que el informe cita erróneamente como que tiene un empleo público menor que España) tiene un 10%, mientras que Suecia tiene un 21%.

Para llegar a la deseada conclusión de que Alemania tiene un empleo público menor que España, el informe calcula el número de empleados públicos como porcentaje de todo el empleo. Pero, al utilizarse este indicador, el informe no está comparando manzanas con manzanas, sino con peras. El empleo público tiene una composición distinta en los dos países. La sanidad alemana, por ejemplo, está basada en un sistema de aseguramiento, por lo que no quedan incluidas en la contabilidad nacional las cifras de empleo público en sanidad, pues tal empleo no está contratado por el Estado, sino por las compañías de aseguramiento. De ahí que el empleo público en sanidad en Alemania sea muy bajo. Si se excluyese la sanidad, entonces se vería que, en realidad, el empleo público es notablemente mayor en Alemania que en España (ver “Los errores del el informe Los costes de la Administración Pública en España” en www.vnavarro.org).

Lo mismo ocurre en cuanto al gasto público, que el informe considera explosivo, manifestando que ha experimentado este crecimiento en los últimos años, entre otras razones por el crecimiento del gasto en remuneración de los empleados públicos. Pero cuando se analizan los datos se ve que, en realidad, el gasto público (por habitante) en remuneración salarial de los empleados públicos es de los más bajos de la UE-15 (sólo por encima de Grecia, Italia y Portugal), y ello como consecuencia no sólo de que el empleo público es de los más bajos de la UE-15, sino también de que el gasto por empleado también lo es (lo cual explica, por cierto, la emigración de profesionales cualificados del sector público español a otros países de la UE-15, incluida Alemania).

Una consecuencia de esta situación es que el número de empleados públicos por ciudadano sea el más bajo de la UE-15 (junto con Italia y Portugal). Lo que quiere decir que los ciudadanos están menos atendidos por el Estado en España que en el resto de la UE-15. Esta escasa atención toma lugar principalmente en los servicios públicos. La tan citada rigidez del Estado en España es consecuencia de su pobreza. En realidad, la escasa eficiencia de la economía española, como del resto del sur de Europa, se basa en el escaso desarrollo del sector público. Como incluso el Foro de Davos (El Vaticano del pensamiento liberal) reconoce, los países con mayor eficiencia económica y bienestar social en Europa son los países nórdicos de tradición socialdemócrata con amplios sectores públicos.

Por último, la reforma de la Administración pública, dando mayor protagonismo a las autonomías, ha significado un cambio en el sistema de gobierno del empleo público. Pero ello no ha significado un aumento muy marcado del empleo público. En realidad, tal crecimiento ha sido sólo de un 1% por año, lo cual no ha sido especialmente acentuado teniendo en cuenta el gran déficit de personal en el sector público.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

La herencia nacionalista del fascismo

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VICENÇ NAVARRO

Hay que enseñarle a la juventud que lo que se llama Guerra Civil en España fue predominantemente una lucha de clases en la que la banca, la patronal, las oligarquías terratenientes, la Iglesia y la gran mayoría de la oficialidad del Ejército se levantaron en contra de un Gobierno democráticamente elegido cuyas reformas estaban afectando a sus privilegios. Tal golpe estableció una dictadura enormemente represiva en contra de las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España. Pero también hay que informarles de que la mal llamada Guerra Civil (en realidad un golpe militar en contra de la mayoría de la población) fue también una lucha entre dos visiones de España, que se entrelazó con el otro conflicto. Los golpistas y sus partidarios tenían una visión uniforme de España, altamente centralizada en una visión jacobina que negaba su pluralidad. Esta visión era empobrecedora, pues imponía una uniformidad enormemente opresiva a las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España.

Recuerdo bien cuando a la temprana edad de 7 años un policía nacional me paró en una calle de Barcelona por hablar mi lengua materna, el catalán, y dándome un bofetón, me gritó “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Le escupí en la cara y me llevó al cuartelillo desde donde llamaron a mis padres. Mi padre (que había luchado en muchos frentes de España defendiendo la República española y la Generalitat de Catalunya) no me dijo nada. Sólo acarició mi cabeza y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande de su vida. En Catalunya, la burguesía y otros grupos dominantes hablaban castellano, considerando el catalán como un lenguaje vulgar y de las clases populares, supuestamente poco educadas. Esta fue la experiencia de millones de catalanes.

El golpe fascista se definió a sí mismo como un movimiento nacionalista (Alzamiento Nacional), que prohibió cualquier expresión de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la catalana. No deja de ser paradójico, por cierto, que el golpe que se autodefinió como nacional no hubiera podido vencer la resistencia al golpe por parte de las clases populares de todas las nacionalidades y regiones de España sin la ayuda de las tropas extranjeras (más de 177.000) y el material militar enviado por Hitler y Mussolini. Tal golpe inició el régimen que ha asesinado al mayor número de españoles que hayan perdido su vida en tiempos de paz en el siglo XX, con más de 120.000 personas todavía hoy desaparecidas. Su caudillo (uno de los mayores asesinos que ha tenido Europa) era la expresión de su brutalidad.

Los fascistas justificaron la represión con el argumento de defender la unidad de España (tal como ahora los nacionalistas españolistas están justificando su oposición a reconocer la identidad catalana). El fascismo justificó su golpe como la defensa de España contra “comunistas, masones y separatistas”, definiendo como comunistas a todos aquellos que se oponían al régimen, masones a todos aquellos que no eran cristianos, y separatistas a todos aquellos que defendían la identidad catalana, vasca o gallega. Naturalmente que hubo comunistas entre los luchadores por la República (lo cual se les debe agradecer por su labor heroica en aquella lucha) y separatistas entre los que defendieron la identidad catalana (tienen todo el derecho de serlo). Pero la enorme mayoría de los que se les opusieron no fueron ni comunistas, ni masones, ni separatistas. En realidad, defender la identidad catalana no era (ni lo es ahora) el deseo de separarse de España. Lo que en realidad defendían los fascistas no era España sino sus intereses de clase, utilizando a España para alcanzar sus fines. Y los números hablan por sí mismos. Cuando la dictadura terminó en 1978, la concentración de renta y propiedad era la más elevada de Europa, y el retraso social, económico y cultural era el mayor en este continente.

Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo (actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. Aunque tanto el PP como UPyD se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del fascismo.

Catalunya es una parte de España que corre el riesgo de perder su identidad, tal como ha ocurrido en Francia, bajo un Estado jacobino. Catalunya, para mantener su identidad, debe defender su propia lengua, cultura y símbolos. De ahí que la gran mayoría de la población allí sea bilingüe, puesto que el Gobierno catalán no amenaza al castellano (que continúa siendo mayoritario), sino que defiende el catalán.

Dos últimas observaciones. Creerse que recuperar la identidad es un deseo de las élites catalanas es no conocer la historia de Catalunya. Allí, las fuerzas que históricamente defendieron la identidad catalana fueron las de izquierdas, las cuales lideraron la lucha antifascista. La otra observación es que la movilización en defensa del Estatut no es, en contra de lo que presentan los nacionalistas de ambos lados del Ebro, una muestra del conflicto Catalunya versus España. En realidad, la mayoría del Parlamento español la ha aprobado. Y la mayoría de la población española (68%) aprueba el Estatut. Lo que tenemos es un conflicto, no de Catalunya en contra de España, sino entre las fuerzas democráticas anticentralistas que tienen una visión plural de España, y las derechas herederas del fascismo que no renuncian a su visión uniforme de nuestro país.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso