Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.
En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.
Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.
Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.
Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.
Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.
En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.
En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.
Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.
Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja? Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España. Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.
La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.
Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.
Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.
No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.
¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).
Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Estamos viendo durante estos años de crisis el intento más intenso y masivo por parte de las autoridades de la eurozona –Banco Central Europeo (BCE), Consejo Europeo y Comisión Europea– así como del Fondo Monetario Internacional (FMI) de debilitar, en cada país de la zona euro, el mundo del trabajo, la protección social y el Estado del bienestar. La evidencia de ello es contundente. Recortes de derechos laborales y sociales y de gasto público social están ocurriendo a lo largo de los países de la eurozona, dándose con especial intensidad en los países de la periferia de la eurozona, conocidos como los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). No pasa día sin que noticias sobre recortes y reducción de derechos golpeen las páginas de los rotativos de mayor difusión. La generalización de tales medidas en la mayoría de países de la eurozona se presenta como un indicador de su inevitabilidad, es decir, de la necesidad de que se lleven a cabo para salir de la crisis.
La evidencia que se ha ido acumulando muestra, sin embargo, que tales medidas no sólo no están contribuyendo a la salida de la crisis y de la recesión, sino que la están empeorando. Los datos reflejan claramente que tales políticas están reduciendo todavía más la demanda necesaria para estimular la economía. Y puesto que la demanda generada en el sector privado está estancada (resultado en España del enorme agujero creado en la economía por el estallido de la burbuja inmobiliaria), el único sector que podría estimular la economía es el sector y el gasto público. De ahí que la reducción de tal gasto público sea un gran error, pues imposibilita la salida de la crisis. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Sólo los economistas y políticos neoliberales, que dominan los medios de mayor difusión, continúan repitiendo el dogma neoliberal que está ya profundamente desacreditado empíricamente.
¿Por qué entonces se están imponiendo tales políticas? Es más que dudoso que las autoridades de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional no conozcan la abrumadora evidencia que muestra el fracaso de tales políticas. El hecho de que, a pesar de ser conscientes del daño de tales políticas al bienestar de la mayoría de la ciudadanía y a la propia economía, continúen imponiéndolas se debe a que están utilizando esta situación de enorme crisis (acentuándola incluso) a fin de forzar con mayor contundencia lo que los grupos dominantes en estas instituciones (el capital financiero, es decir, la banca y las grandes empresas transnacionales) siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo y al Estado del bienestar.
Más y más información se está haciendo pública mostrando el tipo de presiones que tales organizaciones (y, muy en especial, el BCE y el binomio Merkel-Sarkozy) han estado realizando para que los gobiernos reciban “ayudas” (lo pongo entre comillas porque un porcentaje de tales transferencias está encaminado a que los estados receptores puedan pagar sus deudas públicas a los bancos alemanes y franceses, entre otros). El Banco Central Europeo supedita estas ayudas –en forma de compra de deuda pública– a que hagan reformas que claramente debiliten el mundo del trabajo (tales como eliminar la indexación de los salarios o la descentralización de los convenios colectivos) y reduzcan sus estados del bienestar (tales como la privatización de las pensiones o de los servicios sanitarios), todas ellas medidas que tienen muy poco que ver con la génesis de la crisis o con la salida de ella. El argumento que utilizan para justificar la imposición de tales políticas es que aumentarán la competitividad de la economía de los países PIIGS y con ello aumentarán las exportaciones, que debieran ser el motor del crecimiento económico y la salida de la crisis.
De nuevo, la evidencia existente (que es también bastante abrumadora) cuestiona que los países PIIGS puedan salir de la crisis a base de tales políticas, pues el mayor problema que tienen estos países no es ni su inexistente elevado gasto público, incluido el social (que es de los más bajos de la UE), ni la falta de competitividad (las exportaciones han continuado creciendo en España durante la crisis), sino su escasísima demanda. Pero el hecho de que la evidencia muestre que este argumento es erróneo o falso no les frena para que continúen imponiendo tales políticas, admitiendo, como hacen los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, muy influyentes en el FMI, que el impacto de tales políticas supuestamente positivas no se verá por mucho tiempo, de diez a quince años a partir de ahora.
Esta situación es insostenible e intolerable. Condena a varias generaciones a un futuro miserable. De ahí que debiera considerarse lo hasta ahora impensable: la salida de España del euro. No hay duda de que sería un paso difícil, pero no necesariamente peor que lo que se predice para los próximos diez y quince años. Alternativas, en contra de lo que dicen Rogoff y Reinhart, existen. Salvando las diferencias (que las hay) entre Argentina y España, el hecho es que Argentina en 2001, tras romper la paridad con el dólar y las políticas impuestas por el FMI, bajo el Gobierno Kirchner, recuperó su propio control del valor de la moneda y de su Banco Central, permitiéndole en tres años que su PIB fuera ya el que existía antes de la crisis, siendo a partir de entonces el país de América Latina que ha tenido mayor crecimiento económico. Letonia, en cambio, siguió las políticas que está imponiendo el FMI y hoy su PIB es un 20% inferior al que tenía al iniciarse la crisis. Es importante que para el bien de las clases populares se inicie un debate en España sobre los excesivos costes de pertenecer al euro, y de los que la población parece ser ya consciente. Según una reciente encuesta, el 70% de la población española tiene mayores reservas hacia el euro. ¿Cuándo se iniciará tal debate en España?
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
La Guerra Fría entre el mundo capitalista occidental, liderado por el Gobierno de EEUU, y el bloque soviético continúa a pesar de que este último ha desaparecido. El esquema de “buenos” y “malos” continúa en la elaboración de la memoria, con la desaparición de los claroscuros que impregnaron aquel periodo. Un ejemplo de ello es la gran celebración en memoria de la figura de Václav Havel, que fue un oponente destacado del régimen comunista de Checoslovaquia antes de ser presidente de la nueva República Democrática que sucedió al régimen comunista, y, más tarde, presidente de la República Checa.
A raíz de su muerte, ha habido una gran movilización en los medios de mayor difusión y persuasión del mundo occidental, que lo han definido como un gran luchador por la libertad y “ejemplo para toda la humanidad” (tal como lo identificó uno de los mayores rotativos de España). Su liderazgo en la lucha contra la dictadura comunista en Checoslovaquia fue motivo de homenaje, tanto en su vida como en su muerte. El filósofo francés André Glucksmann lo presentó como un punto de referencia para el proyecto europeo que, según gran número de sus admiradores –desde Madelaine Albright, exsecretaria de Estado de EEUU, al propio Glucksmann–, debiera basarse en el concepto y práctica de libertad representado en la figura de Havel.
No tengo ninguna reserva en saludar a cualquier persona que haya luchado en contra de una dictadura, sea del signo que sea. Y quiero, además, aclarar que mi persona fue considerada non grata en la dictadura soviética (calificativo que también me otorgó el régimen de Pinochet). Pero me parece un error ignorar el significado muy sesgado que quiere darse al término libertad, tal como Havel lo interpretó y vivió. Basar Europa en tal entendimiento sería reproducir la Guerra Fría que hizo tanto daño a las clases populares europeas y de otros continentes. Se olvida con excesiva frecuencia que la Guerra Fría no fue sólo el conflicto entre el mundo capitalista occidental, liderado por EEUU, y la Unión Soviética, sino también la promoción del modelo económico-político estadounidense, identificado como el punto de referencia de aquellas fuerzas que deseaban la libertad.
Y es ahí, en la gran mayoría de homenajes que se han hecho a Václav Havel, donde se ha ignorado el papel activo que este jugó en la promoción sesgada del significado de libertad. En este coro de elogios y alabanzas se ignora que en su lucha como soldado en la Guerra Fría, Havel fue responsable de hechos y decisiones que cuestionan seriamente su imagen de luchador por la libertad. Su sumisión –casi docilidad– hacia el Gobierno estadounidense y su política exterior, explica su apoyo incondicional a la Guerra del Golfo, originada por el presidente Bush padre (que costó la vida de más de 100.000 personas civiles), a la invasión de Irak por el presidente Bush hijo, y su apoyo al bloqueo de EEUU a Cuba, sin expresar nunca ningún apoyo a los atropellos a la libertad que ocurrían en El Salvador, Colombia, Indonesia u otros regímenes dictatoriales o autoritarios próximos a Washington. El amor a la libertad de Václav Havel era muy selectivo, según las conveniencias del Departamento de Estado de EEUU. Y su supuesta oposición a las dictaduras perdió credibilidad cuando su Gobierno vendió armas a Filipinas, a Tailandia y al ejército liderado por el general Pinochet (ver Michael Parenti, Blackshirts and Reds, de donde extraigo gran parte de los datos de este artículo).
Fue un entusiasta del sistema económico vigente en EEUU, que podría definirse como un capitalismo sin guantes y sin frenos en el que el 42% de las personas que se están muriendo están preocupadas de cómo pagar sus facturas médicas. Su Gobierno privatizó la gran mayoría de propiedades y servicios públicos (desde la red pública de escuelas de infancia a los centros de salud), vendiendo grandes empresas públicas y explotaciones agrícolas en términos muy favorables a inversores extranjeros. Gran parte de la infraestructura del país pasó a ser propiedad de empresas extranjeras. Restauró la propiedad de grandes fortunas y haciendas que habían pertenecido hasta 1928 a la aristocracia (del imperio austrohúngaro) y a las grandes familias, siendo su propia familia una de las beneficiarias de tal restitución.
Su hostilidad hacia el comunismo explica que prohibiese el Partido Comunista en su país, condenando a ocho años de cárcel a cualquier persona que defendiera el comunismo, medida que fue aplaudida en España, donde remanentes de la dictadura anterior tienen todavía gran control sobre el aparato del Estado español. En 1995 aprobó una ley que prohibía que toda persona que hubiera pertenecido al Partido Comunista o mostrara simpatías por el régimen anterior fuera empleada por el Estado, medida también aplaudida por los conservadores españoles, muchos de los cuales trabajan en el Estado ocupando posiciones de gran responsabilidad y que pertenecieron al Movimiento Nacional en el periodo predemocrático, y que incluso hoy expresan simpatía por lo que llaman “el régimen anterior”.
No tengo ninguna simpatía por los regímenes dictatoriales existentes en el bloque soviético. Mis libros críticos de la Unión Soviética fueron prohibidos en aquel país cuando existía. Pero me parece un error catalogar a todos aquellos que lucharon para alcanzar el fin de aquel sistema dictatorial como defensores de la libertad y de los derechos humanos. Václav Havel no fue uno de ellos. Y hacer de su entendimiento de libertad el eje del proyecto europeo es querer satelizar Europa como un poder dependiente del Gobierno de EEUU. Sería de desear que Europa desarrollara su propia identidad, basando su concepto de libertad en la solidaridad y bienestar social que estos días, por cierto, estamos perdiendo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales políticas.
Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.
En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).
Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.
Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.
El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.
No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca, repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se presenta con el argumento de que no hay alternativas.
Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
La muerte de Steve Jobs, fundador y dirigente de la empresa Apple, ha sido el espectáculo mediático empresarial más teatral vivido este año. Durante las últimas semanas hemos visto una enorme movilización de los mayores medios de información internacionales, bajo la batuta del establishment empresarial estadounidense (lo que se llama en EEUU la Corporate Class), para celebrar la vida del que ha sido canonizado unánimemente por tales medios. Uno de los mayores rotativos del país aseguró incluso que había tenido “una vida ejemplar o extraordinaria”, que mostraba el enorme potencial que un ser humano puede alcanzar bajo el capitalismo estadounidense. En esta construcción mediática se ha presentado a Steve Jobs como una persona de orígenes humildes que alcanzó por su propio mérito la cumbre del mundo empresarial, creando nuevos productos que han beneficiado a toda la humanidad. En esta proyección mediática, Steve Jobs es el self-made man, emprendedor por antonomasia que, a base de genio y ambición, llegó a unos niveles de grandeza que pocos alcanzan en nuestro mundo.
Para no ser menos, los rotativos de mayor difusión e influencia en España utilizaron también adjetivos superlativos para describirlo. Le definieron como “ejemplar”, “extraordinario”, “inspirador”, “magnífico” o “un hombre que quiso dar amor en su dedicación a satisfacer a las masas”, “pionero”, digno de “admiración”, “respeto” y “agradecimiento”, “fuente de inspiración para los emprendedores españoles”, “un gran creador de puestos de trabajo”, y así un largo etcétera. Podría continuar y continuar con una larga lista de cantos y alabanzas a la figura del emprendedor cuyo genio supuso el éxito del capitalismo.
En esta divinización (y no creo exagerado este término para definir el clamor unánime de alabanzas) se ignoran varios hechos de su biografía que dan otra versión del personaje. En realidad, Steve Jobs era muy representativo del emprendedor que ha hecho una enorme fortuna a base de utilizar y explotar para beneficio propio bienes comunes sin los cuales no hubiera alcanzado su éxito. Es más, su fortuna se basó, en parte, en una enorme explotación de otros seres humanos. Veamos los datos, comenzando por sus características como empresario empleador. Apple, la empresa de Steve Jobs, no fabrica sus productos en EEUU. Lo hace en Shenzen, una ciudad de China conocida como el Silicon Valley chino, donde trabajan 420.000 trabajadores en condiciones miserables. El grupo empresarial Foxconn dirige tal conglomerado de industrias que producen aparatos electrónicos. En este lugar, incluidas las fábricas de Apple, se explota brutalmente a sus trabajadores (no es extraño que trabajen seis días a la semana 16 horas al día) en condiciones militares en sus cadenas de montaje. Existe un ambiente de terror bien documentado por la obra de Mike Daisey (The agony and the ecstasi of Steve Jobs) en ninguna parte mencionada en la bacanal de elogios escritos a razón del homenaje a su figura.
Su fortuna personal (estimada en 8.500 millones de dólares) y los enormes beneficios de su empresa se basaban, en parte, en esta súper explotación de otros seres humanos. El número de suicidios, consecuencia de las horribles condiciones de trabajo, ha sido denunciado en varios medios internacionales. Según el diario londinense Daily Mail, a los trabajadores de las fábricas de Apple en China se les fuerza a firmar un contrato en el que se comprometen, ellos y sus familias, a no denunciar y a no llevar a la compañía a los tribunales en caso de accidente, daño, muerte o suicidio.
La insensibilidad hacia las condiciones de trabajo en sus empresas reflejaba una actitud muy representativa del gran emprendedor del siglo XX. Su antagonismo, casi hostilidad, hacia la clase trabajadora, era bien conocido. Como señala Eric Alterman en su artículo titulado Steve Jobs. Una vergüenza americana (Steve Jobs. An American Disgrace publicado en The Nation. 28-11-11), Steve Jobs había aconsejado al presidente Obama a imitar a China y permitir a las empresas estadounidenses hicieran, no sólo en China, sino también en EEUU, lo que quisieran, sin ningún tipo de protección a los trabajadores ni al medio ambiente.
Su obsesión era acumular dinero, sin ningún freno en ello. Era el “perfecto emprendedor” de la Corporate America, que se nos quiere presentar como modelo y ejemplo. No se conoce que diera dinero a actos sociales benéficos, como los súper ricos suelen hacer en aquel país como estrategia de marketing para mejorar su imagen. En realidad, ridiculizó a Bill Gates por crear una fundación que lleva su nombre, atribuyendo un supuesto retraso tecnológico de las empresas de Bill Gates (la hostilidad de Steve Jobs hacia Bill Gates era bien conocida) al “excesivo interés de Bill Gates en ayudar a los pobres”. Steve Jobs era un personaje que pertenecía al mundo definido por Charles Dickens.
Una última observación. Las empresas Apple y la gran mayoría de “inventos de la industria electrónica” se basan en el conocimiento de la investigación básica producida en otras instituciones, frecuentemente centros académicos financiados públicamente por el Gobierno federal de EEUU, especializados en temas militares o aeroespaciales. Internet es un claro ejemplo de ello. El conocimiento que produjo Internet, por ejemplo, procedía de las inversiones públicas. Parece ignorarse que el Gobierno federal de EEUU tiene una de las políticas industriales más desarrolladas en la OCDE, invirtiendo enormemente en investigación y desarrollo. La industria electrónica ha explotado tal conocimiento público para sus fines privados. Sin desmerecer la importancia de la investigación aplicada y de la creación intelectual, hay que señalar que la escalera que les permite subir ha sido construida por otros, punto también olvidado en esta biografía de un personaje representativo de lo que significa el capitalismo sin guantes y sin límites.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.
El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.
Los que sí pueden pedir prestado dinero al BCE son los bancos privados, y lo pueden conseguir a unos intereses bajísimos, al 1,25%. En cambio, los estados tienen que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses elevadísimos, incluso del 7%, como es el caso de Italia (en España es el 6,5%). Este arreglo es una bonanza para los bancos privados. Consiguen dinero fácilmente del BCE y con ello compran bonos públicos que les producen una rentabilidad del 6% o del 7% de lo que compran. El BCE actúa de esta manera, privilegiando a los bancos privados sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca.
Como consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está la raíz del mal llamado problema de la deuda pública, que es incluso más acentuada en aquellos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, que habiendo estado gobernados por las derechas por la mayoría del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tienen estados muy pobres (sus ingresos al Estado son muy bajos: España, por ejemplo, sólo representa un 34% del PIB, frente al 44% en el promedio de la UE-15 o el 52% en el caso de Suecia), resultado de unas políticas fiscales muy regresivas y de un enorme fraude fiscal (en España se calcula que alcanza unos 65.000 millones de euros).
La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), no habría ningún problema con su deuda pública. (Ver Ellen Brown, The European Central Bank withholds relief while Rome Burns). Y ahí está la raíz del problema. Se ha diseñado un sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca privada para conseguir dinero. Y esta es una realidad que el lector raramente leerá en la prensa financiera o económica.
Los bancos se forran a costa del endeudamiento de los estados. Un círculo virtuoso para la banca. Pero la situación es incluso peor que la ya descrita, pues el BCE, al romper con el espíritu del famoso artículo 123, comprando deuda pública a estados como España e Italia, ha puesto como condición que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como la sanidad.
Estas condiciones están escritas en una carta, no conocida por el público, que el entonces gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribieron al presidente Zapatero condicionando la compra de bonos públicos del Estado español a la toma de tales medidas por parte del Estado español.
Un tanto semejante ha ocurrido con Italia. ¿Por qué hacen tal petición en su carta? En teoría, esta reducción de los salarios y de la protección social se exige para aumentar la competitividad de la economía española y salir así de la recesión. Este es el argumento neoliberal hoy en boga. Es fácil de demostrar que este argumento carece de credibilidad. Suecia es el país con salarios más elevados y con mayor protección social, y su tasa de crecimiento económico es de un 5,6%, uno de los más elevados de la Unión Europea. La explicación real es que, por una parte, el descenso de los salarios aumenta el endeudamiento de la población (lo cual es bueno para la banca) y, por otra, la privatización de las transferencias y de los servicios del Estado del bienestar son la generalización de la deseada privatización de las pensiones públicas y la privatización de la sanidad, el sueño de la banca y de las compañías aseguradoras. Y lo están consiguiendo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
En los últimos meses ha habido conmemoraciones de tres figuras relacionadas con el arte pictórico que merecen especial atención por su significado político, oculto e ignorado en dos de ellas. La primera es Gertrude Stein, figura prominente en la vida artística europea, mecenas del mundo cosmopolita artístico parisino. En estos días su nombre ha aparecido en la prensa internacional a raíz de la exposición de las pinturas que acumuló a lo largo de sus años en París (La aventura de los Stein en el Grand Palais de París). Tal exposición se mostrará posteriormente en el Metropolitan de Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y no cabe duda de que pasará en algún momento por algún museo español. Como es costumbre, la exposición va acompañada de libros y artículos sobre Gertrude Stein.
Lo que el lector no leerá en ninguno de estos documentos y artículos es quién era Stein y cómo se posicionó durante el periodo histórico que le tocó vivir en París. El silencio sobre ello se debe a que Gertrude Stein (procedente de una de las familias judías más adineradas de EEUU) tenía claras simpatías fascistas. Gran admiradora del general Pétain –jefe de Estado de un Gobierno títere de la ocupación nazi–, tradujo al inglés y publicó 32 discursos de tal general, incluso aquellos en los que justificaba la exclusión de los judíos de puestos de responsabilidad, alabando la colaboración del régimen de Vichy con la dictadura nazi liderada por Hitler (en 1944, a sólo 30 millas de donde vivía Gertrude Stein, 44 niños judíos fueron deportados a Auschwitz: todos ellos fueron asesinados). En su admiración por el general Pétain, llegó a definirlo como el “general Washington de Francia que restauraría en Francia los valores occidentales”. Apoyó el golpe militar de Franco y defendió la dictadura fascista que este estableció. Profundamente anticomunista, justificó el rechazo al judaísmo europeo por lo que ella consideraba simpatías comunistas. Detestaba al presidente Roosevelt y el New Deal, el programa de intervención pública que expandió notablemente los derechos sociales y laborales del pueblo estadounidense.
El otro caso cuyo pasado fascista ha permanecido oculto es el de Salvador Dalí. Tal personaje fue una de las voces que defendió a la dictadura fascista (que en España se llama franquista) con mayor insistencia en los círculos artísticos internacionales. Dalí mostró gran simpatía por la Falange, el partido fascista, utilizando en su discurso la narrativa fascista, tal como documenta Ian Gibson en su libro The Shameful Life of Salvador Dalí (del cual extraigo la mayoría de datos). Su proximidad a la cúpula del partido fascista era bien conocida y su servilismo y adulación hacia el dictador alcanzó niveles nauseabundos. Se refirió a uno de los dictadores más sangrientos conocidos en Europa (por cada asesinato que perpetró Mussolini, Franco ordenó 10.000), el general Franco, como “el político claridividente que impuso la verdad, la claridad y el orden en el país en un momento de gran confusión y anarquía en el mundo”. Su apoyo al fascismo se mantuvo hasta el final de la dictadura, y mostró su máxima expresión en la defensa del dictador y de la dictadura frente a la protesta nacional e internacional por la ejecución, el 27 se septiembre de 1975, de cinco prisioneros políticos. En declaraciones a la Agencia France-Press, indicó que “dos millones de españoles salieron a la calle aplaudiendo al mayor héroe existente en España, el general Franco, mostrando que todo el pueblo español está con él (…). Es una persona maravillosa. Y su acto garantiza que la monarquía que le suceda sea un éxito. En realidad se necesitan tres veces más ejecuciones de las que han ocurrido”. Tales declaraciones ampliamente distribuidas en la prensa internacional fueron determinantes para que se generara un gran desprecio por su figura, pasando de ser un genio a un despreciable ser humano. No así en Catalunya y en España, donde Dalí tiene un monumento en la plaza mayor de Cadaqués, donde veranea la burguesía catalana, para la cual Dalí continúa siendo el gran genio al cual se le dedican incluso óperas en el Teatro del Liceo de Barcelona.
Este olvido del pasado comienza a perderse. Lo cual me lleva a Josep Subirats, un pintor extraordinario que ha permanecido olvidado por haber sido miembro activo de la lucha popular en contra del golpe fascista. En otra sociedad, con claro espíritu democrático, Dalí sería aborrecido y Subirats sería un punto de referencia fundamental en la cultura artística del país. El único de los tres personajes aquí citados que no tiene un pasado a ocultar permanece oculto porque la burguesía continúa dominando la cultura artística del país.
Subirats fue desde su juventud un pintor dedicado a las clases populares con las cuales se sintió identificado. Analizar sus pinturas es comprender y estimar la enorme lucha del pueblo catalán y español en su lucha contra el fascismo. Desde el póster de la UGT que animaba a los campesinos a apoyar a la República, a la llamada de apoyo en Catalunya al pueblo madrileño que estaba resistiendo al asedio fascista, pasando por los dibujos de los campos de concentración donde estuvo preso, y la descripción gráfica de las barracas donde vivían los trabajadores después de la guerra. En todos ellos puede verse con gran belleza y expresión la historia del pueblo catalán y español. La expresión visual de un compromiso es lo que explica su represión y veto. Por fin, tras años y años de silencio, su obra pictórica se mostró en el Museu d’Història de Catalunya, del 4 de octubre al 20 de noviembre de 2011. Sería de desear que se mostrara a lo largo de todo el territorio español.
Vicenç Navarro
Politólogo y economista. Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
No hay plena conciencia en los mayores centros de los establishments políticos y mediáticos españoles del grado de descontento de la mayoría de la población hacia la clase política. Una de las expresiones utilizadas por el Movimiento 15-M para manifestar su desacuerdo con las políticas públicas altamente impopulares aprobadas durante los años de crisis por mayorías en las Cortes españolas (y en varios parlamentos autonómicos), es que tales políticos “no nos representan”, dicho que goza de una simpatía generalizada entre la población. Las encuestas de opinión popular expresan que la clase política se ha convertido en uno de los mayores problemas que existe en España.
Este desapego con las instituciones políticas está basado, en parte, en la naturaleza poco representativa del Parlamento, resultado de un sistema electoral poco representativo, hecho que se ha mostrado con toda claridad en las elecciones del 20-N.
La interpretación más común en los medios de mayor difusión españoles es que la población se ha movido hacia la derecha, eligiendo masivamente al partido conservador. Con ello se señala por parte de tales medios que existe un amplio apoyo a las propuestas electorales de tal partido, que se centran en la necesidad de hacer recortes masivos de gasto público. Rajoy señaló en campaña que, excepto las pensiones, ningún otro capítulo del presupuesto se salvaría de las reducciones de gasto público.
La victoria del PP se está presentando, pues, como una victoria abrumadora, utilizándose el término tsunami con gran frecuencia. Y como muestra de este tsunami se presenta el mapa electoral de España cubierto de azul, el color del PP, excepto en Catalunya y en el País Vasco. Tal tsunami se presenta también como un mandato para hacer políticas de austeridad. Por cierto, en Catalunya, la victoria de CiU también se ha presentado como una aprobación masiva por parte del pueblo catalán de las políticas de recortes que ha realizado tal partido en el Gobierno.
En todas estas interpretaciones se ignora la escasa calidad democrática del sistema electoral español. Veamos los datos. El PP consiguió sólo el 30% del voto del censo electoral, es decir, de todos los españoles adultos que podían votar. Ello quiere decir que el 70% no le votó. No es cierto, por lo tanto, que el pueblo español que incluye, además de los votantes del PP, a los abstencionistas y a los votantes de otras opciones políticas, haya dado su apoyo al PP y a sus políticas de austeridad. La gran mayoría del pueblo español no votó al PP, ni apoya sus políticas.
Es más, los datos tampoco confirman que haya habido un movimiento del pueblo español hacia la derecha. El voto del PP fue del 30,27% de todas las personas que podían votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más del que consiguió en 2008 en las anteriores elecciones legislativas (un 29,31%). Es difícil sostener que ha habido un tsunami a favor del PP, la expresión utilizada en la mayoría de los medios. Continúa siendo un partido que, bajo un sistema proporcional que diera el mismo peso a todos los votos, sería minoritario. Su aumento acentuado de número de parlamentarios se debe primordialmente al colapso del PSOE, que pasó de representar el 32,19% del censo electoral al 19,49%, precisamente por haber hecho los recortes que ahora el PP quiere expandir. No es coherente argumentar que hay un mandato popular para realizar las políticas de austeridad del PP cuando el PSOE fue expulsado del Gobierno precisamente por llevar a cabo tales políticas.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya con CiU. Este partido consiguió sólo el voto del 18,8% de todos los catalanes que podían votar, lo cual quiere decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha concluido el presidente de tal partido y de la Generalitat– que el resultado de las elecciones es una muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es una lectura excesivamente sesgada que carece de credibilidad. Aquí, de nuevo, el hecho de que se presentara a toda Catalunya bajo los colores de CiU se debe predominantemente al descenso tan notable del PSC, que pasó de cosechar el apoyo de un 31,74% del censo electoral (de todos los catalanes que podían votar) a un 17,1%, resultado en gran parte de la identificación del PSC con los recortes del Gobierno Zapatero.
No hay, pues, un mandato popular para que el PP o CiU realicen las políticas de recortes, si por mandato se entiende el deseo de la mayoría de la ciudadanía. En realidad, las encuestas que tenemos disponibles muestran que la mayoría de la población no está de acuerdo con tales políticas, favoreciendo otras alternativas, muchas de las cuales ni siquiera están siendo consideradas (encuesta del CIS de 2010 y 2011).
Vemos, pues, que el partido que gobernará es un partido minoritario entre la población española, aunque tenga gran mayoría en escaños. De ahí que cuando el Movimiento 15-M denuncie a las Cortes españolas por realizar las políticas impopulares de recortes, por no representar a la mayoría de la población, llevará toda la razón, pues representarán sólo a una minoría. El PP tendrá un control casi absoluto sobre los aparatos del Estado sin que le haya votado la mayoría de los españoles, por mucho que los medios pinten en azul el mapa de España. No hay duda de que, de llevarse a cabo tales políticas de recortes, además de generar gran conflicto social, desacreditarán todavía más a la clase política y a la democracia española. Las nuevas generaciones, educadas ya en valores democráticos, son más exigentes que las que les precedieron y no aceptarán la democracia limitada que tenemos, resultado de una Transición inmodélica que determinó una democracia incompleta, responsable de un bienestar insuficiente.
