Dominio público

La corrupción de las derechas

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

La dictadura que se implantó en España desde 1939 hasta 1978 se conoce en nuestro país como franquismo, implicando que fue una dictadura de un general, Franco, y su Ejército. Aquel régimen, sin embargo, fue mucho más que una dictadura militar. Fue predominantemente una dictadura de clase, en la que la burguesía del país (en sus distintas dimensiones: agrícola, industrial y financiera) utilizó el Ejército para parar las reformas propuestas por un Gobierno democrático que afectaban a sus privilegios. Estado y burguesía en aquella dictadura estaban claramente entremezclados, estableciéndose un maridaje entre el Estado y grandes sectores de la clase empresarial (la gran patronal y la Banca) basado en la corrupción. Esta era una práctica generalizada, de la cual las grandes familias y los grandes bloques económicos en España se beneficiaron enormemente.

La Transición, mal llamada modélica, de la dictadura a la democracia, cambió algo esta cultura de la corrupción, aunque continúa muy acentuada en grandes sectores de la burguesía española (de todas las nacionalidades y regiones de España) como lo atestiguan, entre muchos otros ejemplos, el caso Gürtel y su conexión con la derecha española, y el caso Millet y su conexión con la derecha catalana. La juventud debería saber que durante la dictadura hubo miles y miles de casos Gürtel y casos Millet. La diferencia –una muy importante– es que ahora bastantes terminan en los tribunales, como ha ocurrido en estos casos, mientras que durante la dictadura muy pocos terminaron en ellos. Es interesante señalar, a este respecto, que una de las primeras cosas que hizo Félix Millet cuando llegó la democracia fue transferir parte de sus fondos a cuentas secretas en Suiza. Antes no creía que le hiciera falta. Podía depositar los frutos de su latrocinio en cualquier banco o caja española sin ningún temor. Pero cuando vino la democracia, la burguesía tenía el temor de que las izquierdas pudieran interrumpir aquellas prácticas corruptas. Pero en Catalunya ganó la derecha, que gobernó durante 23 años.

La burguesía catalana –sectores de los cuales se autodefinieron como catalanistas– había tenido relaciones privilegiadas con aquel Estado fascista. Apoyó con todos sus medios el golpe militar que les protegió de las fuerzas democráticas, que probablemente las hubieran encarcelado, y confiscado sus bienes. El padre de Félix Millet, un burgués catalanista de la democracia cristiana catalana (y director del diario católico conservador El Matí) no tuvo ninguna duda, como tampoco la tuvo la mayoría de la burguesía catalana, en anteponer sus intereses de clase a los de la nación catalana apoyando el golpe militar que estableció un genocidio cultural contra Catalunya. Se convirtió en un hombre de confianza del dictador en Catalunya. Fue, también, presidente del Banco Popular. Tal burguesía puso en marcha un proyecto, tolerado por el dictador, de establecer un catalanismo conservador, eliminando cualquier señal de catalanismo laico y progresista. Parte de este proyecto fue el Orfeó Català, el cual dirigió el padre de Millet en 1951.

Se puede ver estos días una interesante exposición en Figueres de cómo los grandes nombres de la burguesía catalana (tales como los dirigentes de la Lliga, así como Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Pella i Morgues y otros) depuraron todos los elementos progresistas del catalanismo progresista y laico. Se silenció así el hecho de que las sociedades corales, por ejemplo, habían sido la voz de la clase obrera en Catalunya, y que los jóvenes republicanos bailaban sardanas con un amplio repertorio de narrativas revolucionarias, escritas por el mayor compositor de sardanas, Pep Ventura, definido por la historia tergiversada del sardanismo (que ha purgado sus orígenes populares y obreros) como un “hombre de origen humilde”, expresión utilizada por la burguesía para definir a una persona de origen obrero. Fue esta visión de un catalanismo burgués y conservador, de carácter esencialista y fundamentalista, la que fue promovido por la derecha catalana, que gobernó en Catalunya durante la mayoría del periodo democrático.

Millet hijo sucedió al padre y mostró no tener ningún conflicto entre ser miembro del consejo director de FAES (el centro aznariano de estudios del pensamiento profundamente conservador nacionalista español) y ser presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, presidente del Orfeó Català, vice-presidente del Consorci del Palau de la Música Catalana y dirigente de muchas otras instituciones catalanistas importantes, estando también en la dirección del Liceo (que todavía tiene una placa en honor del fascismo), el Círculo Ecuestre y muchas otras instituciones del establishment catalán. En definitiva, era uno de los 400 integrantes de las familias que, según había indicado el propio Millet junior, han regido y gobernado Catalunya durante 70 años.

El oasis catalán, durante el periodo democrático, estaba basado en una represión que reproducía el enorme dominio de clase que se perpetuaba a base de un sistema de redes clientelares, del cual CiU era su rama política. Llevaba razón el ex fiscal Jiménez Villarejo, cuando, en una entrevista a El Punt, señalaba que “el caso Millet no es nada más que la continuación de los casos de corrupción de CiU” (23-10-09). El favoritismo a las empresas que pagaban un “impuesto” al partido (caso Caric), las famosas concesiones a la Lotería de la Generalitat (caso Casinos), el caso de la Banca Catalana, el caso Anheuser Busch, el caso del “empresario modélico” Javier de la Rosa, el caso Treball, el caso Turisme, el caso Adigsa, y muchos otros casos son los precedentes del caso Millet. De ahí que los dirigentes de este catalanismo burgués estén preocupados y vean que su Catalunya está siendo cuestionada. No es Catalunya, sin embargo, sino su Catalunya la que lo está.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

El conflicto de clases mundial

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

Uno de los argumentos más utilizados en círculos progresistas para explicar la pobreza en el mundo ha sido el que presenta la pobreza de los países mal llamados pobres como resultado de la explotación que sufren por parte de los países ricos. Las poblaciones de los primeros están siendo explotadas por las poblaciones de los segundos. En tal argumento, se considera que el mayor conflicto en el mundo es el existente hoy entre los países del Norte (ricos) y los del Sur (pobres).

Tal postura olvida, sin embargo, que tanto en los países del Norte como en los del Sur hay clases sociales que tienen intereses distintos e incluso contrapuestos. Ignorar esta realidad conduce a una interpretación errónea de la situación en el mundo. Por ejemplo, el golpe militar del general Pinochet en Chile se interpretó, en amplios sectores de la comunidad progresista internacional, como la imposición de una dictadura militar a Chile por parte de EEUU con el fin de evitar la existencia de un Gobierno de izquierdas (que incluía al Partido Comunista) que podía caer en la órbita de la Unión Soviética, adversaria de EEUU.

El problema con esta explicación es que no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en aquel país. Yo estaba en Chile durante aquella época. Tuve el enorme privilegio de asesorar al Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, y pude ver de primera mano lo que estaba pasando en aquel país. Los que realizaron y apoyaron el golpe militar fueron, todos ellos, chilenos. La burguesía chilena, la banca chilena, los terratenientes chilenos, la patronal chilena, la Iglesia chilena, los colegios profesionales chilenos y el Ejército chileno, todos ellos componentes de la clase dominante chilena. Se opusieron al Gobierno de Allende porque sus reformas estaban afectando a sus intereses y privilegios.

Por otra parte, quien apoyó el golpe militar no fue Estados Unidos. Muchos pensadores progresistas olvidan con excesiva frecuencia que EEUU no es un país de 302 millones de “imperialistas”. Conozco bien EEUU (donde he vivido más de 40 años) y hay que ser conscientes de que en aquel país hay clases sociales que están en conflicto. Hay una lucha de clases (además de razas) de enorme intensidad y crueldad (la esperanza de vida de un trabajador no cualificado es menor que la de una persona de la clase media alta en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo). No fue EEUU, sino el Gobierno de Richard Nixon, quien apoyó activamente el golpe militar, en un momento, por cierto, en el que el presidente Nixon no podía visitar barrios obreros por su enorme impopularidad (acababa de enviar el Ejército a Appalachia, la cuenca minera de EEUU, paralizada por una huelga que había afectado la distribución de la energía en todo el este del país).

Tiene que entenderse, pues, que una cosa es el Gobierno de un país, y otra cosa es la población que vive en él. No puede asumirse automáticamente que el Gobierno representa los intereses o los deseos de la mayoría de la población. En EEUU, el 68% de la población no cree, por ejemplo, que el Congreso de EEUU o el Gobierno federal de EEUU represente sus intereses. Cree que representa los intereses del mundo empresarial –llamado Corporate Class (CBS, 05-06-08)–.

Cuando la Administración Nixon apoyó el golpe militar en Chile, la mayoría de la ciudadanía no creyó que Nixon representara sus intereses. Esta distinción entre Gobierno y población, sin embargo, raramente se hace en los medios. Así, en otro momento histórico, los medios internacionales hablaron de que “España apoyaba a EEUU en su invasión a Irak”. Esto se escribía en el mismo momento en que millones de españoles estaban en la calle manifestándose en contra de la decisión del Gobierno de José María Aznar de apoyar la invasión en aquel país por parte del ejército estadounidense y a la vez que las encuestas señalaban que la mayoría de la población española se oponía a tal invasión.

Esta falta de distinción entre Gobierno y deseo popular no ocurre al azar. Es parte de un proyecto de intentar legitimar los sistemas llamados democráticos, presentándolos como portavoces del sentir popular, aún cuando, en gran número de sistemas democráticos, el porcentaje de la población que ha votado al partido gobernante no es la mayoría de la población. Este es el caso de EEUU. No puede asumirse, por lo tanto, que lo que hace y decide el Gobierno federal es lo que la mayoría de la ciudadanía estadounidense desea.

Ahora bien, soy consciente del argumento de que la clase trabajadora de los países ricos se beneficia de las políticas exteriores de sus gobiernos. En EEUU, por ejemplo, la gasolina es relativamente barata, y ello parecería dar la razón a aquellas voces que hablan de la complicidad de las clases populares en aquella política exterior basada en la explotación de los recursos –como el petróleo– adquiridos por medios violentos y no democráticos en otros países. Pero tal argumento también ignora varios hechos importantes. Uno de ellos es que si a las clases populares de EEUU se les pregunta (como se ha hecho en encuestas) si preferirían desplazarse al trabajo utilizando transporte público o utilizando su propio coche, la gran mayoría prefiere lo primero sobre lo segundo. Pero el hecho de que no pueda utilizarlo es consecuencia de que la industria del automóvil, en alianza con la industria del petróleo, han destruido el transporte público, realidad claramente documentada (ver Howard Zinn, People’s History of the US). De ahí que el dominio de tales intereses económicos en el diseño de la política exterior e interior ha dañado enormemente los intereses de las clases populares, no sólo en los países del Sur, sino también en el Norte.

Lo que hemos estado viendo en los últimos 40 años es la alianza de las clases dominantes del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases populares del Sur y del Norte.

Vicenç Navarro es  Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Casal

Crisis y desigualdades sociales

Compartir:

Las causas de la pobreza mundial

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

El día 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, lo cual fue motivo de un elevado número de conferencias sobre la pobreza, que por unos días fue un tema visible en los medios de comunicación más importantes del mundo, aún cuando en España tal visibilidad fue limitada. En los países desarrollados se acentuó, una vez mas, la necesidad de “ayudar” a los países pobres, incluyendo el envío de alimentos y fondos. También se acentuó en varios foros internacionales la necesidad de transferir conocimientos y nuevas tecnologías de los países ricos a los países pobres, para incrementar la productividad de sus sectores agrícolas, los más importantes en sus economías.

Esta atención mediática del tema pobreza se repite, año tras año, por estas fechas. Y mientras, ocho millones de niños mueren al año de malnutrición (uno cada dos segundos), el equivalente de los muertos que causarían 43 bombas atómicas –cada una como la lanzada en Hiroshima–, bombas que explotan cada año sin producir ningún ruido. En realidad tal número de muertos forma tanta parte de la realidad que nos rodea que ni siquiera aparecen en la primera o última página de los rotativos más importantes del mundo.

Lo que hace moralmente intolerable esta situación es que desde el punto de vista científico sabemos cómo resolver tanto el problema de la pobreza como sus consecuencias, de las cuales el hambre es la más dramática. Y la situación paradójica es que la pobreza no se debe a la falta de recursos. En realidad, el planeta tiene suficiente tierra fértil para alimentar diez veces a la población hoy existente (FAO, 2008). En los países económicamente desarrollados, los estados están incluso subvencionando a los agricultores para que no produzcan más alimentos. Pero lo que es aún más intolerable es que se llame a estos países pobres, cuando no lo son. Los países así llamados tienen poblaciones predominantemente pobres, pero los países en sí no lo son.

¿Por qué entonces se produce y reproduce la pobreza? Si analizamos el país más pobre del mundo (hay una larga lista de candidatos a tal distinción), veremos que las raíces de la pobreza son fáciles de ver, si quieren verse. El diario The New York Times, de orientación liberal, que publica de vez en cuando algunos informes que no encajan en tal sensibilidad, escribió uno sobre la pobreza en Bangladesh, uno de los países que se puede identificar como más pobre (24-11-05).

Tal informe estaba escrito por un grupo de economistas que habían visitado tal país. Entre sus muchas observaciones destacaban las siguientes: “Las raíces del problema de la pobreza en Bangladesh están en la enorme concentración de la tierra (el mayor medio de producción en una economía agrícola) en aquel país. Sólo el 16% de la población rural controla dos terceras partes de toda la tierra cultivable, mientras que el 60% de la población tiene sólo un acre”. Por otra parte, el informe añadía que “la introducción de las nuevas tecnologías –como nuevos fertilizantes– acentúa todavía más la polarización en la propiedad de la tierra, pues sólo los grandes propietarios pueden tener acceso al crédito y a otros factores necesarios para poder explotar y utilizar nuevas tecnologías”.

En cuanto a la “ayuda” que proviene del exterior, el informe señalaba que “los propios oficiales encargados de la ayuda a los necesitados en Bangladesh reconocen (en conversaciones privadas) que sólo una fracción minúscula de los millones de toneladas de alimentos que llegan al país, como parte de la ayuda exterior, termina en las manos de las familias hambrientas que lo necesitan. Los alimentos del exterior los canaliza el Gobierno, quien los vende a los militares, a la Policía, a las clases medias de las ciudades…”. El informe concluía que “el enorme potencial productivo de tierras enormemente fértiles es tal que Bangladesh podría alimentar a una población muchas veces superior a la actual”.

Pero el alimento que se produce no se consume, en su mayor parte, en Bangladesh, pues no existe suficiente capacidad adquisitiva para la compra de alimentos por parte de la mayoría de la población. En lugar de ello, se exporta, sobre todo a los países de mayor nivel de renta, reproduciéndose así una economía basada no en el consumo y demanda interna, sino en el consumo externo y las exportaciones. Parecería que lo más lógico fuera que se creara tal demanda interna, redistribuyendo los recursos (incluyendo la tierra) para permitir el desarrollo de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.

Ahora bien, la estructura de poder, monopolizada por los grandes agricultores, se opone a tales cambios redistributivos. Como bien señalaba el citado informe, “el Parlamento del supuestamente democrático sistema político (Bangladesh aparece en la tipología de países, preparada por el Departamento de Estado de EEUU, como una democracia) está controlado por los grandes agricultores. El 75% de los miembros del Parlamento tiene grandes extensiones de tierra, con lo cual las posibilidades de cambio son muy pequeñas”. El sistema económico y político sostenido en parte por un Ejército y en parte por sistemas de información y persuasión (con conexiones con grupos mediáticos extranjeros), tiene escasas posibilidades de cambio. La Constitución del país, escrita por aquella estructura de poder, pone por escrito la imposibilidad de generar tal cambio. De ahí que la defensa de aquella estructura de poder se presenta como la defensa de la democracia.

Estas son las causas de la pobreza y del hambre y malnutrición en el mundo. Y cuando la población “pobre” se moviliza para cambiar esta situación, se la acusa de violar el orden democrático. El caso de Honduras es el más reciente, pero dudo que sea el último. Estas son las causas de la pobreza en el mundo, que raramente aparecen en los medios de persuasión.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Casal

El subdesarrollo social de España

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE), muestra cómo España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su Estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España.

Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo de visita al médico general de la sanidad pública más corto (seis minutos) de la UE-15. Este hecho, que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, lo que dificulta una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad.

Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del general Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de facto de la derecha española, el PP, a condenar por nombre aquel régimen y sus continuas ambivalencias, oponiéndose a esta condena una y otra vez, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regímenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón– por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país.

La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del Estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el Gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del Estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social (continuada y expandida por el Gobierno Aznar), que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa social. Los ingresos al Estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social, se habían invertido en reducir el déficit del Estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su Estado del bienestar.

El Gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE) es superior al existente en 1993, cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero, además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del Estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España son asumidos por la mujer.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Enric Jardí

El cuarto pilar del bienestar

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

En las elecciones legislativas a las Cortes españolas del año 2000, el candidato a la presidencia del Gobierno español, Josep Borrell, me pidió que dirigiera la dimensión social del programa electoral de su campaña. Al reunirnos para hablar de las propuestas que debieran incluirse en su programa, Borrell me pidió mi opinión sobre los mayores déficits existentes en el Estado del bienestar español, a lo cual respondí que uno de los mayores era el escasísimo desarrollo de los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia para niños de 0 a 3 años y servicios domiciliarios para personas con discapacidades y dependencias. En España se pone retóricamente a las familias en un pedestal para luego olvidarse de ellas. España es uno de los países europeos que provee menos políticas públicas de apoyo a sus familias.

En la mesa donde estábamos había una silla rota, con solo tres patas. Le indiqué a Borrell que nuestro Estado del bienestar era como aquella silla: es decir, tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que, utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilicé la expresión de que nos faltaba “el cuarto pilar del bienestar” que garantizara tal derecho. Así fue, pues, como surgió el término, que ha hecho amplia fortuna. Borrell, uno de los políticos con mayor sensibilidad social en España, aceptó mi sugerencia e incorporó la propuesta en su programa, que Joaquín Almunia, que le sustituyó, hizo también suya. Y cuál fue mi sorpresa al comprobar que, en un caso de mimetismo oportunista, apareció también en el programa del PP, utilizando incluso el mismo término de cuarto pilar del bienestar.

Aunque se utiliza ampliamente el término, se ha reducido su significado, incluyendo sólo los servicios de dependencia, habiéndose eliminado de tal derecho el acceso a las escuelas de infancia, lo cual es un gran error. La evidencia científica existente señala que la educación de los infantes a esta edad es de una enorme importancia para su posterior desarrollo intelectual y emotivo. En España no parece haber conciencia de este hecho puesto que incluso se llama a tales centros guarderías, como si su función fuera la de guardar o aparcar a los niños mientras los padres trabajan. Y mientras
que esta función de guardar a los niños es muy importante, facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, la función de tales centros debiera ser educativa además de guardería. Y en España estamos muy retrasados. Como promedio, sólo el 10% de los infantes en España tiene acceso a las escuelas de infancia públicas. En Suecia es el 58%. El establecimiento del derecho de acceso a tales servicios es de una enorme importancia y urgencia. En España, cuando decimos familia, queremos decir mujer. Y el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia se debe al escaso poder de la mujer en España.

Me dio una gran alegría que, por fin, las Cortes españolas aprobaran la Ley de Dependencia. Y que bajo la hábil dirección del ministro de Trabajo de entonces, Jesús Caldera, se estableciera a lo largo del territorio español. Ha sido una muy buena ley, pero, como consecuencia de las políticas liberales del equipo económico del Gobierno socialista, ha estado subfinanciada. Ha existido una enorme insensibilidad de los sucesivos gobiernos españoles (tanto conservadores como socialistas) hacia la importancia de la inversión social para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y también para mejorar la eficiencia económica.

En España, la inversión pública se ha entendido primordialmente como inversión en infraestructuras físicas (transporte y comunicación, por ejemplo) y educativas, pero raramente se ha tenido una concepción más amplia, incluyendo, por ejemplo, inversión en el cuarto pilar del Estado (escuelas de infancia y servicios domiciliarios), y ello a pesar de que invertir en tales servicios facilitaría la integración de la mujer al mercado de trabajo, la intervención social más importante para mejorar la economía del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia (donde existe tal derecho), tendríamos tres millones más de creadores de riqueza y pagadores de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, realidad que la mayoría de diseñadores de las políticas económicas ni siquiera entienden. Contribuye más a la riqueza del país invertir en tales servicios que reducir el tiempo de viaje de Madrid a Barcelona (con el AVE).

Otra consecuencia del escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar (no sólo servicios de dependencia sino también escuelas de infancia) es que España tiene la fecundidad más baja del mundo, en contra de los deseos de las familias, que nos dicen, a través de las encuestas, que, de poder escoger, les gustaría tener dos niños por familia. Hoy tienen, como promedio 1,3, uno de los más bajos de la UE. La mujer joven española retrasa formar una familia y cuando tiene niños tiene menos de los que desea debido a las condiciones del mercado de trabajo y a la ausencia de aquellos servicios que le permitirían compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional laboral. La mujer española lo tiene muy difícil en nuestra sociedad; cuida de los infantes, de los jóvenes (que viven en casa hasta que tienen, como edad promedio, 32 años), de los esposos o compañeros y de los ancianos; además, el 52% trabaja en el mercado laboral. Y todo ello con muy escasa ayuda del Estado (y del hombre cuyo apoyo a las tareas familiares es de los más bajos de la UE). No es de extrañar, por lo tanto, que la mujer española tenga tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Estas son las consecuencias del machismo en España.

Vicenç Navarro es  catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Iker Ayestaran

Desigualdades sociales en España

Compartir:

VICENÇ NAVARRO

Según las cifras de Eurostat (la agencia de datos de la Unión Europea), publicadas en el último informe del Observatorio Social de España, OSE, (La Situación Social en España, volumen III), España es el país más desigual de la Unión Europea. Mírese como se mire, los datos hablan por sí mismos. El Coeficiente Gini (que mide el grado de desigualdad de un país) es el más alto de la UE y la distancia en el nivel de renta entre el 20% de la población de renta superior (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias de renta alta) y el 20% de la población de renta inferior (la mayoría de clase trabajadora no cualificada) es la más elevada de la UE.

Las diferencias en la calidad de vida entre las clases sociales son también las más acentuadas de la UE. En indicadores que reflejan tal calidad, como son las cifras de mortalidad, las diferencias son enormes. Un burgués en España vive casi dos años más que un pequeño burgués, que vive casi dos años más que una persona de clase media de renta media alta, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada con más de cinco años en el paro. La distancia en años de vida entre el último y el primero son diez años (repito, no diez días, o diez meses, sino diez años). El promedio de la UE son siete.

¿Por qué estas desigualdades? La causa mayor es el enorme poder económico, mediático y político que ha tenido históricamente y continúa teniendo el 20% de la población de la renta superior del país (que incluye, entre otros grupos sociales, a los creadores de opinión). Este grupo social (que en España se le llama clase alta) tiene una enorme influencia en el Estado español, causa de que sea el menos redistributivo de todos los estados de la UE. Según los mismos datos de Eurostat, las intervenciones del Estado español reducen la pobreza sólo 4 puntos, pasando de ser un 24% de la población (casi uno de cada cuatro españoles) antes de que intervenga el Estado a un 20% de la población (uno de cada cinco). En el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que España, la pobreza pasa de un 26% de la población a un 16%, una reducción de 10 puntos. Suecia (país donde históricamente las izquierdas han sido más fuertes) pasa de un 29% a un 12%, una reducción de 17 puntos. Esta reducción se da no sólo entre ricos y pobres sino entre todas las clases sociales.

Una causa importante de que el Estado español sea tan poco redistributivo se debe al escaso desarrollo de su Estado del bienestar, es decir, de las transferencias públicas (como las pensiones) y de los servicios públicos (como sanidad, educación, servicios del cuarto pilar del bienestar –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencias–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros), que tienen una gran importancia para explicar la calidad de vida de la ciudadanía y muy en particular de las clases populares, que son las que más utilizan tales transferencias y servicios. Ejemplo de la importancia de estas transferencias es que sin las pensiones, por ejemplo, el 62% de los ancianos en este país serían pobres.

Este subdesarrollo del Estado del bienestar se debe a su subfinanciación. El gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. Y esta subfinanciación se debe a que los ingresos del Estado son reducidos, consecuencia de que la carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%). Decir que los impuestos son bajos, sin embargo, no es suficiente. Es cierto que la mayoría de impuestos en España son más bajos que en la UE. Pero en algunos tipos y para algunos grupos de la población los impuestos en España son mucho más bajos que en la UE-15. Y aquí no me refiero a los tipos (que a través de las exenciones se anula su efecto progresivo) sino a toda la carga fiscal, que es la más regresiva que existe en la UE-15. El 20% de la población de renta superior en España contribuye al fisco menos que sus homólogos en la UE-15 (parte de ello se debe al enorme fraude fiscal, entre otros, de la Banca, que tiene los beneficios más altos de la UE-15 y de los más altos del mundo, lo cual no se debe a su eficiencia sino a su enorme poder y excesiva influencia sobre el Estado). De ahí que, mientras lo que paga en impuestos un obrero en España no es mucho menos (en términos porcentuales) que lo que paga un obrero en la UE-15, lo que paga un burgués, sin embargo, es mucho más bajo que lo que paga su homólogo en el promedio de la UE-15.

Y ahí está el meollo de la cuestión. Las políticas fiscales en España son las más regresivas de la UE-15. Nuestro país es donde menos se respeta aquel principio –que fue la guía de las izquierdas– de que las políticas públicas debieran ir creando una sociedad en la que “a cada uno, según sus necesidades y de cada uno, según sus habilidades”. Indicar, como lo dijo recientemente Miguel Sebastián, que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos” (Público, 29-09-09),

es no sólo abandonar unas intervenciones claves para redistribuir recursos, sino también renunciar al principio que debiera ser guía para un Gobierno socialdemócrata. Parecía que, por un momento, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando habló de enfrentarse a los poderosos, así lo entendía. Por desgracia, las propuestas hechas no traducen este compromiso. Los “poderosos” no verán sus rentas afectadas seriamente y el Estado español continuará siendo el que en la UE menos redistribuya las riquezas del país, con lo cual un burgués continuará viviendo diez años más que un obrero.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

¿El fin del liberalismo?

Compartir:

Vicenç Navarro

La mal llamada “Transición modélica” de la dictadura a la democracia se realizó en España en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, culpables de que España tenga una democracia muy incompleta y un Estado del bienestar muy insuficiente. Ni que decir tiene que se hicieron progresos y muy en particular en los años ochenta (acentuados por la presión y movilizaciones populares), cuando el enorme déficit de gasto público social por habitante de España con la UE-15 se redujo considerablemente, estableciéndose en el periodo 1978-1993 las bases para el desarrollo del claramente insuficiente Estado del bienestar. Pero a partir de 1993, cuando el Gobierno del PSOE se alió con la derecha catalana –CiU– y Pedro Solbes dirigió la política económica del Gobierno socialista, se implantó una cultura liberal, que incluyó una austeridad de gasto público (incluyendo el gasto público social), considerada necesaria para reducir el déficit del Estado y, de esta manera, alcanzar la convergencia monetaria. El gasto público social per cápita bajó en términos absolutos en los años 1993-1995 (época Solbes) para subir más tarde (con Rodrigo Rato) pero mucho más lentamente que en el promedio de países de la UE-15, con lo cual la diferencia de gasto entre España y la UE-15 aumentó considerablemente. Cuando, por fin, se consiguieron equilibrar las cuentas del Estado, tal déficit de gasto público social se había disparado de nuevo, colocando a España a la cola de la Europa social.

Este periodo 1993-2004 vio el triunfo de la cultura liberal que se reprodujo también en la sensibilidad del PSOE llamada Nueva Vía, liderada por el candidato Zapatero, guiado por su mentor económico, Jordi Sevilla, que en su libro El nuevo socialismo había escrito: “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe estar a favor de más impuestos y más gasto público?”. De ahí el mensaje de Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”. En la Comisión Europea este pensamiento liberal estaba dirigido por el mismo Pedro Solbes, que se convirtió en el guardián de tal cultura de austeridad en la UE, asegurándose que el déficit de los estados miembros de la UE se mantuviera bajo, tal como instruye el Pacto de Estabilidad. Más tarde, cuando Pedro Solbes condujo la política fiscal y económica del Gobierno del PSOE, continuó la política de contención del gasto público, indicando en una entrevista a El País que “la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público” (22-07-09), dicho en el país que tenía un gasto público (incluido el social) per cápita más bajo de la UE-15. El dominio liberal en la cultura política y económica era tal que el gran debate en las elecciones de 2008 estuvo entre bajar el gasto público (la derecha) o mantenerlo (la izquierda gobernante), sin incluir su ascenso. La presión de los sindicatos y de los partidos a su izquierda forzó, sin embargo, un aumento del gasto público social por habitante en los últimos años (2004-2008), insuficiente, no obstante, para converger con el gasto público social promedio de la UE-15. España, cuyo PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE, tiene un gasto público social (con el que financiar las pensiones, la sanidad, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) que es sólo un 74% del promedio de la UE-15, lo cual quiere decir que deberíamos gastar 70.000 millones de euros más en gasto público social para alcanzar el nivel de gasto social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. España cuenta con los recursos para tener un Estado del bienestar mucho mejor que el que tenemos, pero el Estado no recoge estos recursos. La carga fiscal es la más baja y el fraude fiscal es el más elevado de la UE-15.

La crisis económica actual mostró las enormes insuficiencias de la cultura económica liberal de austeridad de gasto público. En España tal crisis dio pie a la salida del Gobierno de los arquitectos de aquella cultura de austeridad, y muy en particular de Solbes, lo cual ha creado una enorme protesta en los medios liberales (incluyendo El País) que habían canonizado a Solbes durante todos estos años. La línea editorial de aquel rotativo había representado uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal al haber promovido la desregularización del mercado de trabajo y el retraso de la edad obligatoria de jubilación (entre otras medidas), apoyando al sector más liberal del PSOE representado por el hoy gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez (ver editoriales 23-04-09 y 12-02-07). Los recientes discursos de Zapatero parecían señalar una necesidad de cambiar estas políticas liberales, con un mayor incremento del gasto público social y una mayor carga fiscal, de carácter progresista, incluso a costa de enfrentarse a “los poderosos”, que inmediatamente se movilizaron para acusarle de populista. Como era de esperar, Antonio Elorza se lamentó en El País de que Zapatero utilizara un lenguaje populista, siendo el único líder de Europa –según él– que habla de oponerse a “los poderosos” (27-09-09), acusándole además de dirigir un partido estalinista, incapaz de aceptar la crítica.

Algo semejante, aunque menos hiperbólico, escribió Santos Juliá el mismo día en El País. Lo que es llamativo es que no hubo ninguna acusación de supuesto estalinismo antes, cuando Zapatero y Solbes marginaron a las izquierdas de su equipo económico. Presentar, ahora, como hace Elorza, a El País como el diario crítico al Gobierno (cuando fue uno de los máximos defensores de su política liberal) y a Público como el gran defensor de Zapatero es un error fácil de demostrar. Hay más artículos críticos de la política económica y fiscal del Gobierno Zapatero en Público que en El País. Público es hoy uno de los escasos foros abiertos a las izquierdas. De ahí, la hostilidad hacia este foro por parte de los medios liberales (la mayoría) que se resisten a perder su monopolio ideológico.

Vicenç Navarro es  Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Director
del Observatorio Social de España

Ilustración de Jordi Duró

La muy limitada democracia de EEUU

Compartir:

Valores tóxicos en televisión

Compartir:

Vicenç Navarro

Existe una amplia sensibilidad en la sociedad civil y en la vida política de nuestro país hacia los problemas que crea la contaminación ambiental. Esta sensibilidad ha generado una demanda popular para que las autoridades públicas, en nombre de todos, intervengan para evitar la contaminación atmosférica tomando medidas preventivas. Un tipo de contaminación que no tiene todavía mucha atención mediática en España y, por lo tanto, no ha tenido la suficiente prioridad por parte de la clase política ha sido un tipo de contaminación en la que la televisión es parte del problema. Me estoy refiriendo a la contaminación de valores tóxicos, es decir, valores que, distribuidos y promocionados a través de la televisión entre la población, crean patología. Los programas televisivos (y muchos otros medios también) promueven constantemente valores que son dañinos para la población. Entre ellos, los más destacados son la violencia, el racismo, el machismo, el erotismo manipulador, la competitividad darwiniana exagerada, el miedo e inseguridad y otros mensajes que la literatura científica ha mostrado claramente que crean gran número de patologías.

Según un análisis del contenido de los programas infantiles de las tres cadenas televisivas más importantes de EEUU (CBS, ABC, NBC), realizado por investigadores del Instituto de Higiene Mental de la Escuela de Salud Pública de The Johns Hopkins University, tales programas contienen un número muy elevado de actos violentos, mayor, por cierto, que el existente en los programas para adultos, los cuales presentan violencia física de una persona a otra en cantidades también consideradas excesivas. Tal estudio documentó también que existe una relación clara entre comportamientos violentos y el grado de exposición a programas televisivos violentos. La evidencia científica es incuestionable. Tales programas están contribuyendo a crear una cultura que fomenta la violencia, en la que esta se trivializa e incluso se presenta como atrayente y sugestiva. Otro ejemplo de promoción de valores tóxicos (es decir, que crean patologías) es el estudio llevado a cabo por investigadores de medios de información de la Universidad Pompeu Fabra, realizados en los años noventa para el Instituto de la Mujer de la Generalitat de Catalunya, que analizó la manera en que las cadenas televisivas en Catalunya proyectaban a la mujer en sus programas. Tal estudio, que nunca se publicó ni se distribuyó, mostraba una visión machista de la mujer, enfatizando una imagen de esta como objeto de deseo y placer para el hombre, acentuando su proyección erótica. Así, las presentadoras de programas televisivos, incluyendo los noticiarios, tenían que aparecer sexys, jóvenes y muy escotadas, contrastando con la manera más formal y discreta de vestir de los presentadores varones, que no aparecían nunca escotados. Esta situación no ha cambiado. Estos estereotipos –de lo que tienen que ser el hombre y la mujer– crean frustraciones y tensiones. Un estudio realizado por el Instituto de Higiene Mental de The Johns Hopkins University, antes citado, analizó la proyección de la mujer en las cadenas de televisión en varios países de América Latina, Europa y Norteamérica y mostró que a mayor machismo en la cultura de un país, más escotadas y sexys aparecían las mujeres en los programas de televisión (incluidas las presentadoras de noticiarios). Las más escotadas eran las de América Latina y el sur de Europa, y las que menos las del norte de Europa y de EEUU. Este estereotipo de mujeres como objeto de deseo crea patología. Y la evidencia de ello es abrumadora. Promueve una imagen de la mujer en la que se identifica belleza y atractivo con mujer joven, que atraiga eróticamente al hombre. Esta definición normativa crea gran frustración en aquellas mujeres (la mayoría) que no encajan en los parámetros de la norma de belleza. Un ejemplo más de tal contaminación tóxica es la competitividad darwiniana de muchos programas televisivos, que ensalzan al vencedor a costa de derrotar al perdedor.

Muchos programas que se definen como “programas basura” son, además de basura, nocivos y tóxicos. Soy consciente de que la respuesta a este artículo será que estoy exagerando el impacto de tales programas en la cultura popular. Pero la mejor prueba de que no exagero es que la propia industria televisiva cobra barbaridades para que aparezca un anuncio de sólo un minuto en los espacios televisivos. Estas reflexiones vienen a cuento de la publicación del cuarto informe anual del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, que cubre las denuncias recibidas sobre la programación infantil. Es sorprendente el escaso número de denuncias. En Cataluña, el número de denuncias es sólo de 125 al año, cuando, de haber una mayor concienciación del problema, debiera haber muchos más. En realidad, la Asociación de Telespectadores Asociados de Cataluña ha publicado un informe muy crítico sobre los programas televisivos, por su falta de sensibilidad hacia la adecuación de tales programas para los infantes y jóvenes. Dudo, sin embargo, que la autorregulación resuelva este problema. Lo que se requiere es un mayor intervencionismo público, que elimine tanta contaminación de valores. Las cadenas de televisión, sean públicas o privadas, utilizan el aire –un bien público– para su transmisión. De ahí que las autoridades públicas tengan toda la legitimidad para intervenir y proteger la salud e higiene mental de la población. Si es aceptable prohibir que se promueva fumar en los programas de televisión, debiera ser igualmente aceptable que se prohíban comportamientos y actitudes tóxicas que dañen la calidad de vida de nuestra población.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University

Ilustración de Teo Peiró