Vicenç Navarro
Politólogo y economista. Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
No hay plena conciencia en los mayores centros de los establishments políticos y mediáticos españoles del grado de descontento de la mayoría de la población hacia la clase política. Una de las expresiones utilizadas por el Movimiento 15-M para manifestar su desacuerdo con las políticas públicas altamente impopulares aprobadas durante los años de crisis por mayorías en las Cortes españolas (y en varios parlamentos autonómicos), es que tales políticos “no nos representan”, dicho que goza de una simpatía generalizada entre la población. Las encuestas de opinión popular expresan que la clase política se ha convertido en uno de los mayores problemas que existe en España.
Este desapego con las instituciones políticas está basado, en parte, en la naturaleza poco representativa del Parlamento, resultado de un sistema electoral poco representativo, hecho que se ha mostrado con toda claridad en las elecciones del 20-N.
La interpretación más común en los medios de mayor difusión españoles es que la población se ha movido hacia la derecha, eligiendo masivamente al partido conservador. Con ello se señala por parte de tales medios que existe un amplio apoyo a las propuestas electorales de tal partido, que se centran en la necesidad de hacer recortes masivos de gasto público. Rajoy señaló en campaña que, excepto las pensiones, ningún otro capítulo del presupuesto se salvaría de las reducciones de gasto público.
La victoria del PP se está presentando, pues, como una victoria abrumadora, utilizándose el término tsunami con gran frecuencia. Y como muestra de este tsunami se presenta el mapa electoral de España cubierto de azul, el color del PP, excepto en Catalunya y en el País Vasco. Tal tsunami se presenta también como un mandato para hacer políticas de austeridad. Por cierto, en Catalunya, la victoria de CiU también se ha presentado como una aprobación masiva por parte del pueblo catalán de las políticas de recortes que ha realizado tal partido en el Gobierno.
En todas estas interpretaciones se ignora la escasa calidad democrática del sistema electoral español. Veamos los datos. El PP consiguió sólo el 30% del voto del censo electoral, es decir, de todos los españoles adultos que podían votar. Ello quiere decir que el 70% no le votó. No es cierto, por lo tanto, que el pueblo español que incluye, además de los votantes del PP, a los abstencionistas y a los votantes de otras opciones políticas, haya dado su apoyo al PP y a sus políticas de austeridad. La gran mayoría del pueblo español no votó al PP, ni apoya sus políticas.
Es más, los datos tampoco confirman que haya habido un movimiento del pueblo español hacia la derecha. El voto del PP fue del 30,27% de todas las personas que podían votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más del que consiguió en 2008 en las anteriores elecciones legislativas (un 29,31%). Es difícil sostener que ha habido un tsunami a favor del PP, la expresión utilizada en la mayoría de los medios. Continúa siendo un partido que, bajo un sistema proporcional que diera el mismo peso a todos los votos, sería minoritario. Su aumento acentuado de número de parlamentarios se debe primordialmente al colapso del PSOE, que pasó de representar el 32,19% del censo electoral al 19,49%, precisamente por haber hecho los recortes que ahora el PP quiere expandir. No es coherente argumentar que hay un mandato popular para realizar las políticas de austeridad del PP cuando el PSOE fue expulsado del Gobierno precisamente por llevar a cabo tales políticas.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya con CiU. Este partido consiguió sólo el voto del 18,8% de todos los catalanes que podían votar, lo cual quiere decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha concluido el presidente de tal partido y de la Generalitat– que el resultado de las elecciones es una muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es una lectura excesivamente sesgada que carece de credibilidad. Aquí, de nuevo, el hecho de que se presentara a toda Catalunya bajo los colores de CiU se debe predominantemente al descenso tan notable del PSC, que pasó de cosechar el apoyo de un 31,74% del censo electoral (de todos los catalanes que podían votar) a un 17,1%, resultado en gran parte de la identificación del PSC con los recortes del Gobierno Zapatero.
No hay, pues, un mandato popular para que el PP o CiU realicen las políticas de recortes, si por mandato se entiende el deseo de la mayoría de la ciudadanía. En realidad, las encuestas que tenemos disponibles muestran que la mayoría de la población no está de acuerdo con tales políticas, favoreciendo otras alternativas, muchas de las cuales ni siquiera están siendo consideradas (encuesta del CIS de 2010 y 2011).
Vemos, pues, que el partido que gobernará es un partido minoritario entre la población española, aunque tenga gran mayoría en escaños. De ahí que cuando el Movimiento 15-M denuncie a las Cortes españolas por realizar las políticas impopulares de recortes, por no representar a la mayoría de la población, llevará toda la razón, pues representarán sólo a una minoría. El PP tendrá un control casi absoluto sobre los aparatos del Estado sin que le haya votado la mayoría de los españoles, por mucho que los medios pinten en azul el mapa de España. No hay duda de que, de llevarse a cabo tales políticas de recortes, además de generar gran conflicto social, desacreditarán todavía más a la clase política y a la democracia española. Las nuevas generaciones, educadas ya en valores democráticos, son más exigentes que las que les precedieron y no aceptarán la democracia limitada que tenemos, resultado de una Transición inmodélica que determinó una democracia incompleta, responsable de un bienestar insuficiente.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
El olvido del pasado reciente de España, alentado primordialmente por los partidos conservadores, explica que gran parte de la juventud conozca muy poco la historia de este país. De la Segunda República, por ejemplo, suele desconocerse que fue una de las épocas más reformistas y con mayores cambios en la primera mitad del siglo XX, a pesar de su brevedad. De la dictadura se desconoce también que fue de las más sangrientas que ha habido en Europa, como lo muestra que por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Lo que se les ha transmitido a los jóvenes es que aquel régimen permitió el desarrollo económico y social del país, con el surgimiento de las clases medias que presionaron para que se hiciera la Transición a la democracia (considerada como modélica) guiada por el monarca, que nos condujo a una democracia homologable a cualquier democracia europea.
La realidad, sin embargo, fue muy distinta. La dictadura impuso un enorme retraso económico, político y social al país, de manera que cuando el dictador murió, teníamos las desigualdades más grandes, y el gasto público social y el nivel educativo más bajos de la Europa occidental.
También se ignora que la Transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, aun cuando el mayor impulso que forzó el fin de la dictadura procedió de las movilizaciones populares, y muy en especial de la clase trabajadora de las distintas naciones y pueblos de España. Nuestro país tuvo el mayor número de huelgas de Europa entre 1974 y 1978, de manera tal que, aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Tal presión, sin embargo, no fue suficiente para que hubiera una ruptura con el régimen anterior. Las fuerzas conservadoras continuaron teniendo un dominio casi completo de los aparatos del Estado, así como de las instituciones financieras y económicas y gran parte de los medios de mayor difusión.
Este dominio determinó, entre otros hechos, el diseño de la Ley Electoral, que tenía como objetivo debilitar a las izquierdas en general y al Partido Comunista en particular. Tal partido había protagonizado la lucha contra la dictadura y era percibido por los sucesores del franquismo como su mayor enemigo. Esta ley estableció las bases de un bipartidismo que, sesgado hacia la derecha, dificultó enormemente la aparición y crecimiento en el arco parlamentario de opciones de izquierda. La izquierda mayoritaria, al ver que este diseño la beneficiaba a ella a costa de la más temida y radical, respaldó tal bipartidismo que, aun cuando favoreció el tamaño de su grupo parlamentario, dificultó el desarrollo de su programa electoral, pues al no obtener fácilmente mayorías, se tuvo que aliar más frecuentemente con las derechas nacionalistas conservadoras que con los partidos a su izquierda. El hecho de que el Gobierno tripartito catalán fuera más progresista y avanzado en sus reformas que el Gobierno socialista español se debe precisamente a que el Partido Socialista de Catalunya tuvo que aliarse con otros partidos a su izquierda. Tal Gobierno tripartito lideró el periodo más progresista que haya vivido Catalunya en los últimos setenta años, lo cual explica la enorme hostilidad que despertó en el establishment nacionalista conservador catalán.
El sesgo del proceso electoral y las alianzas que determinó explica el enorme y creciente desfase
entre lo que la población desea y lo que los gobiernos aprueban, un desfase especialmente perjudicial para el Gobierno socialista, cuyas renuncias durante el periodo 2008-2010 a sus promesas electorales han creado un enorme rechazo. Ello ha dado pie a que las derechas (sucesoras, en su mayoría, de las fuerzas que dominaron la dictadura) se aprovecharan hábilmente, presentándose como “el partido de los trabajadores” criticando al Gobierno Zapatero con argumentos propios de la izquierda. Entre otros, han señalado que España es el país con mayores desigualdades en la UE, ocultando que han sido tales fuerzas, que el PP representa, las causantes de que España haya sido siempre el país con mayores desigualdades, que se han incrementado con la crisis y que, sin ninguna duda, se acentuarán todavía más con las políticas neoliberales que el PP ha propuesto, en caso de que gobierne.
Esta distancia ha generado una protesta generalizada, liderada por el Movimiento 15-M, que goza de un amplio apoyo popular (el 62% de la población), y que está indignado con la clase política porque considera que no les representa. Una respuesta comprensible ante esta situación, pero errónea, sería la de abstenerse. El movimiento de rebelión continuará y se incrementará todavía más con el futuro que se avecina. La recuperación de la democracia exige una segunda transición desde la democracia incompleta a la democracia que la ciudadanía exige, que incluye una representatividad más proporcional y formas de participación directa, hoy prácticamente inexistentes. Se requieren, además, cambios profundos, tanto en la Ley Electoral como en el sistema de financiación de los partidos y su democratización.
Pero esto no se conseguirá absteniéndose. La lucha por la democracia va a ser una lucha larga y difícil que debe realizarse en todos los frentes. Las necesarias movilizaciones y la agitación social son esenciales. Pero esta necesaria presión, para tener impacto sobre el bienestar de la población, debe traducirse también en intervenciones legislativas, lo cual requiere una presión sobre las únicas instituciones representativas existentes, por insuficientes que sean. De ahí la enorme importancia de respaldar a aquellos partidos que, por su origen e historia, puedan y quieran apoyar al necesario movimiento de rebeldía.
Vicenç Navarro
Director del Observatorio Social de España y catedrático de la UPF
Ilustración de Mikel Jaso
Una de las características más llamativas del Estado del bienestar español es su escasa financiación, lo cual explica su escaso desarrollo. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). Un tanto semejante ocurre si se escoge otro indicador: el gasto público social como porcentaje del PIB. España tiene el porcentaje más bajo de la UE-15.
Como consecuencia de ello, los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, vivienda social, entre otros) están muy poco desarrollados. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en España en tales servicios. En Suecia, el país que tiene un Estado del bienestar más desarrollado, es una de cada cuatro. De nuevo, España es el país que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en tales servicios públicos de toda la UE-15.
Estos datos señalan la falsedad del argumento sostenido por economistas y políticos conservadores y neoliberales de que el Estado del bienestar español está hipertrofiado, o que es más extenso de lo que el país puede permitirse (tal como acentuó recientemente Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno).
En realidad, España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza. España, cuyo PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienes-
tar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo porcentaje, el Estado del bienestar español recibiría 66.000 millones de euros más de lo que se gasta ahora. Es una falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos. El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de las rentas superiores no contribuyen al Estado en los mismos porcentajes que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Su contribución fiscal real (y no nominal) es mucho menor de la existente para estos grupos de renta en los países del centro y norte de Europa. El fraude fiscal es mucho menor en estos países que en España (y en los otros países del Sur de Europa, como Grecia, Portugal e Italia, que, no por casualidad, son los países de la eurozona que tienen mayores dificultades en pagar su deuda pública).
Tal fraude fiscal se concentra en los sectores más pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), y la banca, alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros al año, que, en caso de que se recogieran por el Estado y se gastaran en su Estado del bienes-
tar, reducirían dos tercios del déficit de gasto. No es pues que no nos podamos pagar el escasamente financiado Estado del bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que debería, es decir, enfrentarse con estos poderes fácticos y grupos sociales minoritarios para recoger lo que el país requiere.
A lo largo de nuestra historia, las opciones conservadoras y neoliberales han sido las más tolerantes con el fraude fiscal. El número de inspectores de Hacienda disminuyó durante la época de Gobierno dirigido por el Partido Popular, bajo la presidencia de José María Aznar, el cual había reconocido que “en España los ricos no pagan impuestos”. Pero ha sido también este partido el que ha bajado más los impuestos de estas rentas superiores, lo cual se acentuará todavía más en caso de que gobierne de nuevo. Los ingresos al Estado (central, autonómico y municipal), que son los más bajos de la UE-15 (sólo un 34% comprado con un 44% en el promedio de la UE-15, y un 54% en Suecia), bajarán todavía más, con la consiguiente reducción del gasto social.
Esto ocurrió ya en el periodo 1996-2004 en España, cuando la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó un 17,2%. Fue durante el Gobierno socialista, aliado con otras fuerzas a su izquierda, IU, ICV-EA, ERC y BNG, en el periodo 2004-2008, que el gasto público social aumentó notablemente, reduciéndose el déficit público social con la UE-15 un 17,5%. Este déficit se vio aumentado de nuevo en el periodo 2008-2010, en gran parte resultado de los recortes a nivel central y autonómico. En realidad, tales recortes han sido más acentuados en Catalunya (gobernada por CiU) y Madrid (gobernada por el PP) que en las otras comunidades autónomas. En ambas comunidades la reducción del déficit se ha basado más en los recortes (llamados ajustes en las comunidades gobernadas por el PP) que en el aumento de los impuestos.
Cada uno de los recortes podría haberse evitado si los impuestos de las rentas superiores se hubieran aumentado sin afectar los impuestos de la mayoría de las clases populares. En lugar de recortar el gasto sanitario (6.000 millones de euros), podría haberse mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones), evitado la reducción del de sucesiones (2.552 millones) y eliminado la rebaja de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones). En lugar de recortar 600 millones en los servicios de dependencia, podría haberse anulado la bajada de Impuestos de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (5.300 millones), y así ítem por ítem. La mayoría de estos recortes fiscales se hicieron con la aprobación, además del partido gobernante, de los partidos conservadores y liberales (PP y CiU), partidos que ahora señalan que no hay recursos para financiar el Estado del bienestar.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
El amianto es una de las sustancias más tóxicas existentes hoy en el mundo. Lo que lo hace especialmente peligroso es que, tal como ocurre también con los elementos radiactivos, es un producto invisible, incoloro, inodoro e insípido. Cantidades pequeñísimas, como un gramo de exposición a esa sustancia, pueden matar a un ser humano. Su elevada toxicidad es conocida desde finales del siglo XIX (1889). A pesar de ello, ha sido utilizado ampliamente en varios sectores de la industria, desde la construcción a la industria automovilística y de aparatos electrodomésticos. Su gran resistencia al calor le hace un producto de múltiple utilidad, estando ampliamente extendido en el ambiente y en los productos de consumo de las sociedades de avanzado desarrollo económico. Se encuentra en casi todas partes.
La toxicidad afecta primordialmente, pero no exclusivamente, a los trabajadores de amianto, aun cuando la volatilidad y la fácil movilidad del producto (microfibras fácilmente movibles por el viento y otras circunstancias) hacen que la exposición de tal producto afecte también a los familiares y vecinos de los trabajadores del amianto, sin excluir la exposición de la ciudadanía a tal sustancia en productos de uso cotidiano. El 29% de pacientes enfermos debido al amianto no son trabajadores del amianto, sino individuos que han adquirido las enfermedades producidas por esta sustancia por exposición familiar o ambiental.
¿Cómo puede ser que una sustancia tan tóxica haya sido utilizada tan ampliamente, sabiendo desde hace más de un siglo de su elevada toxicidad? La respuesta cae en la categoría de cómo el poder económico se traduce en poder político en nuestras sociedades. El caso de la producción y distribución del amianto es un estudio ilustrativo de cómo la democracia es enormemente limitada cuando el poder económico (el gran mundo empresarial) influencia el poder político, ya sea directa o indirectamente. En el primer caso –influencia directa–, el mundo empresarial compra directamente al mundo político imponiendo todo tipo de presiones para que continúe la extracción, uso y comercialización del producto. Pero su influencia es también indirecta sobre los estados a través de su influencia en la comunidad científica. Las empresas del amianto financian grandes grupos de investigación (algunos en centros académicos), que durante muchos años negaron que tal sustancia fuera tóxica. Más tarde, cuando la evidencia era extensa y contundente, cambiaron sus posturas aceptando que era letal, pero enfatizaron que dejaba de serlo si el trabajador y su entorno tomaban las precauciones necesarias. Estas precauciones, sin embargo, resultaron ser insuficientes. Por fin, la presión popular forzó su prohibición, tanto de su producción como de su utilización. Casi cien años después de que se descubriera en Reino Unido que el amianto era una sustancia tóxica, fue prohibida en aquel país. En España no se prohibió hasta 2002. En realidad, la ausencia de instituciones democráticas en gran parte de nuestra historia, y la debilidad de tales instituciones cuando han existido, explica que la situación creada por la amplia utilización del amianto haya sido peor en España que en otros países de la Unión Europea.
El amianto se conoce en España como uralita, debido a la preponderancia de una sola empresa, Uralita, S.A., en la producción y distribución de ese material. Cuando se estableció tal empresa en los años veinte del siglo pasado ya se conocía la letalidad de tal sustancia, lo cual no fue obstáculo para que continuara produciéndose y utilizándose extensamente, alcanzando su máximo desarrollo durante la última etapa de la dictadura (1965-1978) y un largo periodo después del establecimiento de la democracia (1978-1995). Propiedad de la familia March (que financió el golpe militar de 1936), no tuvo ningún tipo de regulación o control. Antes al contrario, recibió todo tipo de ayudas y protecciones del Estado. Tal industria (y también la banca) convirtieron a la familia March en la séptima fortuna del mundo. Como señalan Ángel Cárcoba, Francisco Báez y Paco Puche en su detallado y excelente informe El amianto en España: estado de la cuestión (del cual extraigo la mayoría de los datos presentados en este artículo), la producción y utilización del amianto y las dictaduras han ido siempre juntas. La mayor productora de amianto del mundo fue la empresa suiza Schmidheiny, que colaboró activamente con el nazismo, con el apartheid sudafricano, con la dictadura de Somoza en Nicaragua y con la dictadura española.
Debido al largo periodo de latencia, las enfermedades causadas por el amianto (asbestosis, cánceres de bronquios y de pulmón y mesotelioma pleural) aparecen hasta 30 o 40 años después de la exposición. Como siempre ocurre con las enfermedades ocupacionales, el subregistro es un gravísimo problema y las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales han tratado por todos los medios de que no fueran definidas como enfermedades laborales. Por otro lado, la visibilidad del problema en los medios de difusión ha sido mínima. El tema del amianto ha aparecido en la BBC inglesa 234 veces durante el periodo de 1998 a 2009, mientras que en la radiotelevisión pública española, sólo siete veces en el periodo de 1984 a 2009. 80.000 muertos en España están pasando desapercibidos en los medios.
El cinismo (y no hay otra manera de definirlo) de la industria del amianto se refleja en sus campañas de relaciones públicas. La citada empresa Schmidheiny y la multinacional Eternit financian muchas ONG en España y en Latinoamérica, aliándose con Ashoka (nominada para el Príncipe de Asturias y que pertenece a la banca JP Morgan) para “ayudar a los pobres”. Uralita hace lo mismo. Según Europa Press (26-01-09): “Enseña a niños de los países europeos a respetar la naturaleza y entender cambios climáticos”. No citan que probablemente las escuelas a las que asisten tales niños estén llenas de amianto.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
En la mayoría de países de ambos lados del Atlántico norte no existe plena conciencia entre la población de la extraordinaria concentración de riqueza existente en estos países, resultado de la aplicación de políticas neoliberales por parte de sus gobiernos en los últimos 30 años. La desregulación de los mercados, incluyendo los financieros (que ha significado que las rentas superiores de tales sociedades y sus instituciones financieras no tengan limitaciones en sus comportamientos especulativos) y los laborales (forzando una disminución de los salarios y de la protección social, lo que conlleva un descenso de las rentas del trabajo con el consiguiente aumento de las rentas del capital, del cual derivan sus rentas los sectores más pudientes de la sociedad), así como las bajadas de impuestos (que han beneficiado predominantemente a tales sectores más pudientes), han facilitado una concentración de las rentas y de la propiedad que ha alcanzado un nivel que no se había visto desde principios del siglo XX, y que afecta negativamente la vida económica y política de tales países.
En EEUU, el investigador que ha estudiado más este fenómeno es el profesor George William Domhoff, que ha documentado cómo en aquel país el 1% de la población (los superricos) posee el 43% de todos los activos financieros, es decir, acciones (38%), valores (60%) y participaciones (62%). En realidad, si añadimos los ricos a los superricos, vemos entonces que el 10% de la población posee el 90% de tales activos y más del 80% de las propiedades inmobiliarias (excepto la vivienda habitual de los propietarios). Un indicador de esta concentración de la riqueza y de las rentas que de ella derivan es el enorme crecimiento del consumo de lujo. Las ventas de la versión más cara del automóvil Mercedes-Benz y Cadillac en EEUU y Porsche en Europa han alcanzado niveles nunca vistos antes. Mientras, las rentas del trabajo han ido disminuyendo en ambos lados del Atlántico como porcentaje de las rentas totales del país y, paralelamente, la pobreza ha ido aumentando.
El incremento en la polarización de la sociedad no está pasando desapercibida. Pero la población no es plenamente consciente del elevado grado de concentración de la riqueza. Así, cuando el canal de televisión público de EEUU (PBS) emitió el documental Land of the Free, Home of the Poor (16-08-11) mostrando la enorme disparidad de la propiedad, hubo una sorpresa generalizada. Según una encuesta entre una muestra representativa de la población estadounidense, el 90% creía que el 20% de la población (los superricos, los ricos y los grupos de profesionales de renta alta) poseía el 60% de la riqueza de aquel país. La concentración de la riqueza, sin embargo, es mucho más acentuada de lo que la población asume: el 10% (ricos y superricos) tiene más del 90% de la riqueza. Un tanto semejante ocurre en España.
La justificación de las políticas públicas neoliberales que favorecen a los superricos y ricos es que ellos son los que invierten y crean riqueza y empleo. Ahora bien, como señala acertadamente el economista de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang en su libro 23 things they don’t tell you about capitalism, el nivel de riqueza y bienestar de un país no depende de la concentración de la riqueza, sino de cómo se utiliza esta. Cuando son los propios ricos y superricos los que deciden primordialmente cómo se utiliza la riqueza, la sociedad tiene problemas graves. El superrico y rico invierte, no para crear empleo, sino para conseguir más dinero. Y como puede sacar más dinero de las actividades especulativas (que no crean empleo) que de las inversiones productivas (la economía real que produce bienes y servicios), resulta que se crea muy poco empleo. De ahí que Ha-Joon Chang señale que quien debe guiar la utilización de tal riqueza, evitando sus usos no sociales, es la ciudadanía a través del Estado. Y la prueba de ello es evidente. Cuando el capital estuvo altamente regulado (1945-1980) y las diferencias de renta y riqueza entre las clases sociales eran mucho menores que ahora, resultado de políticas redistributivas realizadas por los estados, la riqueza global y el bienestar social crecieron mucho más rápidamente que durante el período neoliberal (1980-2011) cuando el capital, y muy en especial el financiero, pudo hacer lo que quiso. La Gran Recesión es resultado de ello.
Esta concentración a favor de una minoría –los ricos y superricos– se hace a costa de la mayoría, tal como muestran los siguientes hechos: las rentas del capital han aumentado a costa de la reducción de las rentas del trabajo; los recortes de impuestos que han beneficiado primordialmente a los ricos y superricos han supuesto reducciones muy notables de los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación y otros servicios utilizados por las clases populares; su enorme influencia sobre los estados y sobre las instituciones internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, el BCE y la
OCDE) explica también que se estén imponiendo políticas que, favoreciendo sus intereses, están dañando enormemente el bienestar de la población, reduciendo derechos sociales y laborales; y su influencia sobre los estados explica también las enormes ventajas fiscales y ayudas públicas que reciben de los estados (como el rescate de los bancos realizado con dinero público), a la vez que se oponen al aumento del gasto público, incluyendo el gasto público social, que beneficia a las clases populares.
En otras palabras, tales sectores pudientes (que representan minorías muy reducidas de la población) viven mejor a costa de que otros, la mayoría, vivan peor. Esta es la definición de lo que se llama explotación. Así de claro.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
El Estado del bienestar español, que incluye las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias) y los servicios públicos de carácter social (tales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros), es el menos financiado de la Europa de los 15 (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto público social (que financia tales transferencias y servicios públicos) por habitante, así como el gasto público social como porcentaje del PIB, son los más bajos de la UE-15.
Esta subfinanciación explica que España sea también el país que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en tales servicios públicos, en comparación con uno de cada cuatro que lo hace en Suecia. No es cierto, por lo tanto, lo que constantemente se reproduce en los medios de información próximos a la banca y a la gran patronal de que el sector público, incluyendo el ámbito social, esté hipertrofiado en España. Los datos muestran precisamente lo contrario. España está a la cola de la Europa social, y los recortes sustanciales que se están llevando a cabo empeorarán todavía más esta situación.
Las causas de este subdesarrollo social no son, como frecuentemente aducen economistas y políticos neoliberales, la menor riqueza de España frente al promedio de la UE-15. En realidad, el nivel de riqueza de España, medido por el PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría en su Estado del bienestar 66.000 millones de euros más.
¿Por qué este bajo gasto público social? La respuesta depende de la sensibilidad política de quien responda. Así, los nacionalistas conservadores-liberales que gobiernan la Generalitat de Catalunya atribuyen la subfinanciación del Estado del bienestar en Catalunya a lo que llaman “el expolio de Catalunya por parte de España”, argumento que utilizan frecuentemente durante el periodo electoral, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Duran i Lleida. Este es, por cierto, un argumento generalizado en los medios de información en Catalunya, incluyendo los de propiedad pública de la Generalitat.
Los datos (incluso los proveídos por el propio partido gobernante de la Generalitat) no apoyan, sin embargo, tales tesis. Según los portavoces del partido nacionalista conservador-liberal, el supuesto “expolio” representa el 9% del PIB catalán. Puesto que tal partido político acepta que para pagar al Estado central (para cubrir los servicios comunes provistos por el Estado y los gastos de solidaridad con otras partes de España) el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a aportar un 4% del PIB, esto implica que el “expolio” neto sería un 5% del PIB (nueve menos cuatro). Ahora bien, Catalunya, por el nivel de riqueza que tiene (su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15), debiera gastarse en su Estado del bienestar un 29,8% del PIB, es decir, 12 puntos más de los que se gasta ahora (17,8%). La eliminación del supuesto “expolio” eliminaría menos de la mitad (5 puntos) de tal déficit de gasto público social. Catalunya continuaría en la cola de la Europa social aunque se eliminara el supuesto “expolio” nacional.
El subdesarrollo social de Catalunya y de España no se debe primordialmente a los temas nacionales que acaparan la atención política y mediática del país y que siempre se movilizan en tiempos electorales. En tales tiempos, los nacionalismos periféricos se oponen al nacionalismo español, que no se define así mismo como tal, pero que es el más poderoso y excluyente. La falta de sensibilidad que caracteriza al nacionalismo español que niega la plurinacionalidad de España es el mejor aliado de los secesionismos periféricos. La no aprobación de la totalidad del Estatut refrendado por el pueblo catalán por parte del Tribunal Constitucional ha sido una causa clave del crecimiento del secesionismo. No hay nada más próximo a este que el jacobismo imperante en sectores del Estado español. De ahí que el nacionalismo catalán encuentre un campo fértil para movilizar a la población en Catalunya.
A pesar de este aparente antagonismo, estos nacionalismos –central y periférico– se alimentan y se necesitan el uno al otro. Tales nacionalismos se centran en el tema nacional para ocultar la causa real del subdesarrollo social de Catalunya y de España y que no es el “expolio nacional”, sino el “expolio de clase”. El primero se utiliza deliberadamente para ocultar el segundo, lo cual explica las alianzas constantes entre los nacionalismos centrales y periféricos al día siguiente de las elecciones. El PP, que explota el anticatalanismo en el resto de España, es el mejor aliado de CiU en Catalunya y, en caso de ganar el PP en España, CiU apoyará, como ya lo hizo antes, los políticas de clase responsables del subdesarrollo del Estado del bienestar, que se basa en los escasos ingresos al Estado (sólo un 34% del PIB, frente al 44% en la UE-15 y un 54% en Suecia), y que es consecuencia de que las rentas superiores y del capital tributan mucho menos de lo que lo hacen sus homólogos en la UE-15. El trabajador de la manufactura paga un 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior paga sólo el 20%. Y es más que probable que el porcentaje real sea incluso mucho menor. Tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya podrían resolver esta situación. Ambos tienen capacidad fiscal y las herramientas para hacerlo, pero no lo hacen y, mientras, utilizan las banderas en tiempo electoral para ocultar esta realidad.
VICENÇ NAVARRO
Se está estableciendo un movimiento a nivel mundial, que se manifestará este sábado 15 de octubre en muchos países, que amenaza a las estructuras del poder financiero, económico y político de los estados, no sólo árabes, sino también de Europa y ahora de EEUU. Su demanda es la democracia, es decir, exigir que existan sociedades democráticas en las que sea la ciudadanía la que gobierne su quehacer colectivo. Donde primero aparecieron estos movimientos fue en países árabes. Eran movimientos antidictatoriales que aparecieron como consecuencia de la aplicación por parte de sus gobiernos de medidas neoliberales (promovidas por los gobiernos estadounidenses y europeos) que habían determinado una enorme concentración de poder económico y financiero que había coaptado al poder político. Resultado de ello era una percepción generalizada entre las clases populares de que sus estados eran insensibles a sus necesidades, incluso las más básicas y elementales como la mera subsistencia.
En principio, tales movimientos prodemocráticos contaron con notable simpatía en los centros mediáticos de los países autodefinidos como democráticos. Pronto se dieron cuenta, sin embargo, de que no era una demanda limitada al mundo árabe. Era una demanda que estaba también apareciendo en su mundo, y que señalaba la contradicción clara entre la narrativa oficial, supuestamente democrática, de sus establishments políticos, por un lado, y la experiencia real en la que las mayores decisiones que se estaban tomando por parte de sus instituciones llamadas representativas (y que afectaban y continúan afectando negativamente el bienestar de la mayoría de las poblaciones) se hacían sin la participación o mandato de la ciudadanía. Tales movimientos prodemocracia denunciaron la obvia falsedad del discurso oficial supuestamente “democrático”. El caso más reciente son las medidas de austeridad, altamente impopulares, que se están imponiendo a la población de estos países por parte de gobiernos, sin que la ciudadanía haya tenido la oportunidad de decidir sobre tales medidas.
No es casualidad que las primeras movilizaciones prodemocracia en los países supuestamente democráticos surgieran en España, el país de la UE-15 donde el sistema democrático es más limitado (resultado de una Transición de una dictadura a una democracia que, consecuencia del domino de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado en tal proceso, dio pie a una democracia muy limitada e insuficiente) y donde las consecuencias de las políticas de austeridad han sido más dramáticas. En España, el 42% de la juventud está sin trabajo. Tal movimiento, conocido como el movimiento de los indignados, o 15-M, ha inspirado muchos otros. Todos ellos tienen en común el objetivo de eliminar la enorme influencia que el poder financiero y económico tiene en sus sociedades, incluyendo sus instituciones representativas.
El último caso es el movimiento “Nosotros somos el 99% de la población” de EEUU, que denuncia que las instituciones políticas estadounidenses, así como la vida financiera y económica del país, están controladas sólo por un 1% de la población. Como señaló recientemente Joseph Stiglitz, “lo que vemos en EEUU es el gobierno del 1% de la población, para el 1% de la población y por el 1% de la población”. El poder de este 1% (el poder financiero, económico y político en EEUU) es enorme. Este 1% tiene el 40% de toda la riqueza del país. Este 1% ha adquirido un enorme poder político durante la época neoliberal. Mientas que en los años sesenta pagaban el 51% de sus rentas en impuestos, ahora pagan sólo un 17%. Como consecuencia, tales ingresos, que representaban el 33% de los ingresos al Estado en aquella época, ahora representan sólo un 7%. Grandes corporaciones como Exxon Mobil, que en 2009 consiguieron 45.200 millones de euros en beneficios, no pagaron ni un centavo al Estado.
Mientras tanto, el 22% de los niños en EEUU vive en situación de pobreza, el número de personas que desearía trabajar y no encuentra trabajo representa, según su Ministerio Federal de Trabajo, el 17% de la población adulta, y 48 millones de ciudadanos no tienen cobertura sanitaria. Las políticas seguidas por el Congreso de EEUU, cuyas figuras claves están financiadas en gran parte por este 1% de la población, está siguiendo políticas fiscales que acentúan todavía más la enorme concentración de poder económico y político. De ahí que el 82% de la población no considere que el Congreso de EEUU representa sus intereses.
Estas son las consecuencias políticas del neoliberalismo. Pero es parte de la condición humana la capacidad de rebelión. Y esto es lo está ocurriendo en gran número de países. Tales movimientos están siendo tratados con gran hostilidad por parte de los establishments mediáticos próximos al capital financiero. Así, el corresponsal en EEUU de uno de los rotativos de mayor difusión de España (que se autodefine de centro liberal) definió al movimiento de los indignados estadounidenses como un movimiento que refleja “las viejas aspiraciones hippies de solidaridad” (asumiendo que la solidaridad fuese un objetivo sólo de los hippies), ignorando, por cierto, al movimiento obrero, cuyos sindicatos son definidos por aquel corresponsal “como las instituciones más corruptas de EEUU”.
Tal movimiento se ha extendido a gran número de ciudades en EEUU (Philadelphia, Boston, Baltimore, Washington, Chicago, Los Angeles, Detroit, y muchas otras) e incluye a todos los grupos etarios, a muchos grupos y clases sociales, y han sido apoyados por los sindicatos estadounidenses, cuyo nivel de corrupción es mucho menor que el existente en las instituciones empresariales, políticas y mediáticas de aquel país. En realidad, estos movimientos de indignados son continuadores de aquellos otros que les precedieron en su lucha por un mundo mejor.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
A la vez que Benedicto XVI alentaba en Madrid a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud a que se dedicaran a servir a los pobres, siguiendo supuestamente las enseñanzas de la Iglesia católica, se publicó en una revista de Haití (el país con un porcentaje mayor de su población viviendo en situación de pobreza), llamada Haïti Liberté, unos datos hasta entonces confidenciales, dados a conocer por Wikileaks, sobre la activa intervención del Vaticano en aquel país para impedir el desarrollo de políticas encaminadas a erradicar la pobreza, lideradas por el expresidente Jean-Bertrand Aristide, que deseaba volver desde su exilio para continuar desarrollándolas.
En realidad, lo ocurrido en Haití es muy representativo de lo que ha ocurrido en países mal llamados “pobres”. Haití no es un país pobre. En realidad, es rico, siendo su tierra enormemente fértil. Durante muchos años fue uno de los mayores productores del mundo de café y azúcar. A pesar de ello, la gran mayoría de la población es muy pobre. Y la causa de ello es la enorme concentración de las tierras y del crédito en manos de una oligarquía que ha regido el país desde hace muchos años.
Conjuntamente con las familias que constituían la oligarquía, ha existido un entramado internacional –dirigido por EEUU, Francia y también por el Vaticano– que ha mantenido a aquel país en la pobreza. Una de ellas fue la familia Duvalier, a la que la Madre Teresa –que será beatificada pronto– definió, por cierto, como “el gran amigo de los pobres” (por haber donado dinero a un programa caritativo dirigido por tal figura católica en Haití). Tal familia, enormemente corrupta y cruel, asesinó a más de 60.000 opositores. Una rebelión popular forzó su caída y huida del país. Así fue como surgió el Gobierno Aristide, que inició las únicas reformas progresistas que aquel país ha conocido, que incluyeron una reforma agraria, la reforestación de las tierras, la sindicalización del sector textil y el aumento de los salarios. Tales reformas afectaron inevitablemente los intereses de tal oligarquía (incluyendo los de la Iglesia católica, que había sido uno de sus pilares ideológicos), lo que creó grandes resistencias, que culminaron con un golpe militar, apoyado, de nuevo, por EEUU y Francia, y también por el Vaticano. Más de 3.000 personas murieron en aquel golpe, muchos de ellos militantes del partido político del presidente Aristide. Se inició también entonces una campaña internacional mediática para desprestigiar a Aristide, acusándole de traficar con drogas (sin que nunca se aportaran datos que apoyaran tales acusaciones).
Las fuerzas militares de EEUU desplazaron físicamente al presidente Aristide a Sudáfrica, donde permaneció exiliado, y desde donde intentó en múltiples ocasiones poder volver a su país, lo cual no fue posible debido a la oposición activa del Gobierno estadounidense, del Gobierno francés y también del Vaticano. El diario Haïti Liberté ha publicado las comunicaciones, hasta ahora secretas, entre oficiales de la diplomacia estadounidense, francesa y del Vaticano que muestran la campaña internacional orquestada por tales estados a fin de desacreditar a Aristide e
impedir su vuelta a Haití. El intento queda claramente indicado en una escucha secreta a la embajadora de EEUU en Haití, Janet Sanderson, en la que explícitamente indica que: “Es importante impedir el resurgimiento populista y antieconomía de mercado que se originaría con la vuelta de Aristide”.
Desafortunadamente, las tropas de Naciones Unidas están contribuyendo a esta labor. Escuchas hechas públicas ahora muestran también cómo el oficial guatemalteco, representante de las Naciones Unidas en Haití, trabajó
estrechamente con el Gobierno de EEUU con el objetivo de evitar la vuelta de Aristide e imposibilitar el resurgir del movimiento Lavalle pro Aristide, que continuó prohibido en Haití, no permitiéndosele que participara en las elecciones fraudulentas que se han estado realizando en aquel país. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, presionó al Gobierno de Thabo Mbeki de Suráfrica para que retuviera a Aristide y no le permitiera volver a Haití, ya que supuestamente originaría lo que el Vaticano, en otra escucha, definió como una “catástrofe”. El subsecretario de la diplomacia vaticana, monseñor Ettore Balestrero, en una comunicación con el arzobispo de Haití, Bernardito Auza, subrayó lo catastrófico que sería para Haití la vuelta de Aristide. Bernardito Auza insistió en la necesidad de que el Vaticano se pusiera en contacto con las autoridades eclesiásticas católicas en Sudáfrica para que presionaran a fin de que Aristide no volviera a Haití. El Vaticano actuó con plena coordinación con el Departamento de Estado de EEUU.
El problema de esta movilización internacional es que la población de Haití tiene memoria. Según los datos del propio
embajador de EEUU, Aristide continuaba siendo (en 2005) “la única figura en Haití que tenía un apoyo favorable por encima del 50% de la población”. De ahí la constante oposición a que Duvalier volviera a Haití.
Mientras, las medidas a favor de expandir la “economía de mercado”, que tales autoridades han favorecido para Haití, con la eliminación de medidas proteccionistas, han significado la invasión en el mercado de productos alimenticios procedentes de EEUU, destruyendo la economía nativa de Haití. Políticamente, las últimas elecciones fraudulentas (en las que participó sólo el 24% del electorado) mostraron que el sistema político carecía de legitimidad. El permiso del Gobierno de Haití al dictador Duvalier de volver a Haití creó una movilización nacional e internacional de oposición tal que el Gobierno la intentó paliar permitiendo la vuelta de Aristide, aunque el establishment de Haití (incluyendo la Iglesia católica) obstaculiza el desarrollo auténticamente democrático que permitiría a Aristide y a su partido volver al poder.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Patrick Thomas
Warren Buffet es uno de los ricos más superricos de EEUU y del mundo. Se caracteriza por ser inteligente, por conocer muy bien la realidad que le rodea y por hablar muy claro, frecuentemente en contra de la clase social a la que pertenece. Es, como The Wall Street Journal lo define, un “traidor a su clase”. Entre sus declaraciones, la más citada por los no ricos es aquella en la que indicó que, en contra de aquellos que creen que ya no hay clases sociales en EEUU (y que, por lo tanto, asumen que el concepto de lucha de clases es anticuado e irrelevante), la realidad que él conoce es que sí que hay clases sociales y que también existe una lucha entre ellas en la que su clase –los superricos– gana cada día a costa de los intereses de la mayoría de la población, que consigue sus rentas a partir del trabajo en lugar del capital.
Tal señor escribió recientemente un artículo en The New York Times, Stop Coddling the Super-Rich (Basta de mimar a los superricos, 15-08-11), en el que explicaba los impuestos que él paga comparándolos con los que pagan los empleados de su compañía (él es un inversor financiero). Señala que pagó este año en impuestos 6.938.744 dólares, lo cual, señala, es una cifra más que respetable. Pero tal cantidad es menos del 17% de sus ingresos anuales, un porcentaje mucho menor que el de sus empleados, cuyo porcentaje varía desde el 33% al 41%, con un promedio (de los empleados de su despacho) de un 36%. Considera, con razón, que ello no es justo. Y subraya que los superricos no están contribuyendo al sacrificio general que el Gobierno federal de EEUU está pidiendo de todos los ciudadanos para salir de la crisis. A ninguno de los superricos se le ha pedido hasta recientemente que haga ningún sacrificio, y ello a pesar de que –tal como señala Buffet– la crisis les ha ido muy bien a los superricos.
¿Y cómo puede ser que paguen mucho menos en impuestos que la clase trabajadora y que las clases medias? Buffet lo dice claramente. La mayoría de su renta deriva de los beneficios que consigue de sus inversiones (la mayoría inversiones financieras). Es decir, es dinero de lo que antes se llamaba el capital financiero. Subraya Buffet que los impuestos sobre las rentas del capital (como el Impuesto de Sociedades) gravan mucho menos que las rentas del trabajo, lo cual le parece una profunda injusticia. Según él, todas las rentas, tanto las derivadas del capital como las derivadas del trabajo, deberían gravarse por igual, sin privilegios (como ocurre ahora) a las rentas del capital, que se gravan mucho menos. En realidad, no sólo gravan menos, sino que incluso han ido descendiendo más y más, bajo el argumento de que disminuir tales impuestos al capital facilita la creación de puestos de trabajo. La sabiduría convencional en el conocimiento económico –que, en general, está sesgado a favor de las rentas del capital– promueve políticas que favorecen estas últimas a costa de las rentas del trabajo, argumentando que es necesario incentivarlas para conseguir más inversión y más empleo. Pero, como Buffet señala en su artículo en The New York Times, los ingresos derivados del capital han crecido astronómicamente para los superricos, a la vez que los impuestos sobre tales rentas han ido disminuyendo y, sin embargo, la creación de puestos de trabajo en EEUU ha sido menor que antes (de 1950 a 1980) cuando las rentas del capital se gravaban mucho más que ahora.
En realidad, las políticas fiscales que definen quién paga impuestos y en qué cantidad no vienen definidas por factores económicos, sino por factores políticos, lo cual quiere decir por el poder e influencia que distintos colectivos de personas tienen en nuestras sociedades sobre las instituciones políticas (y mediáticas). Y de estos colectivos, los ricos y superricos (lo que solía llamarse la clase capitalista o burguesa, términos hoy abandonados por considerárseles anticuados) son los más influyentes. El hecho de que no se hable de clases sociales y lucha de clases en España se debe precisamente a su enorme poder sobre las instituciones políticas y mediáticas. Como consecuencia, la versión convencional de la estructura social de nuestros países afirma que las clases sociales básicamente han desaparecido, puesto que la mayoría de ciudadanos pertenece a la clase media, aceptando que por encima están los ricos –la clase alta– y por debajo los pobres –la clase baja–. Por lo demás, hablar de clase capitalista o burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora (la mayoría de la población) se considera ser muy anticuado. Las ciencias sociales, sin embargo, son ciencias. Y la clase social es una categoría científica. Y en ciencia no debe confundirse antiguo con anticuado. La ley de la gravedad es muy antigua, pero no es anticuada. Si lo duda, salte de un cuarto piso y lo verá. Y esto es lo que está ocurriendo a gran parte de las izquierdas gobernantes. Están saltando del cuarto piso y están cayendo en picado.
El famoso dicho del presidente Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”, continuando unas políticas iniciadas en España por el Partido Popular, ha favorecido enormemente a la clase capitalista (es decir, aquel colectivo que deriva sus rentas del capital), que como bien dice Buffet, existe. Y los datos de la Agencia Tributaria española así lo documentan. Mientras que los ingresos al Estado derivados de la gravación a las rentas del trabajo han ido aumentando desde 2006 (pasando de representar 430.428 millones de euros en 2006 a 494.431 millones de euros en 2010), las derivadas del capital han descendido considerablemente, pasando de 75.027 millones de euros a 53.455 millones de euros, y ello en gran parte, como consecuencia de las bajadas de impuestos, sobre todo a las rentas superiores y del Impuesto de Sociedades. ¿Dónde está la versión española de Buffet?
