El tabú
VÍCTOR SAMPEDRO
La Transición negó la redemocratización: retomar la II República, el Estado federal y laico que aquella quiso alumbrar. En su lugar, se anunció la democracia como el fruto natural de la dictadura. Franco habría exorcizado dos fracasos colectivos: el “caos republicano” y la “lucha fratricida”. El primero había causado la segunda, que se saldó con 40 años de cohesión, desarrollo y “democracia orgánica”. Esta falaz historia funciona aún como credo político, invocado en cuanto alguien rompe el tabú. República, federalismo y laicismo son una ponzoñosa hidra de tres cabezas, que alimenta el imaginario tradicionalista del nacionalismo español y nos devuelve a la España negra: inquisiciones y autos de fe. Todo un retroceso, tras haber representado la “modélica Transición”.
Cualquier proyecto republicano, federal y/o laico enfrenta prácticas o intentos de exclusión injustificables en ausencia de una amenaza involucionista. Quienes entonces encarnaban esa amenaza y atacaban la Constitución, han convertido el texto constitucional en las Tablas de la Ley. Al ciudadano creyente le adjudican la misma pasividad que en el rito católico preconciliar: escuchar a quien da la espalda y, desde que redescubrieron su potencial movilizador, acudir a las procesiones en las mani-fiestas de guardar. Los ateos son estigmatizados como herejes. Tanta es su fuerza que los agnósticos veneran en público a los santos padres del Códice del 78 y al Gran Demiurgo. En suma, el juego político rezuma aires clericales. Se libra entre fieles y sacerdotes. Lo dirimen los inquisidores.
La historiografía más sólida y los foros sobre políticas de la memoria nos retratan ya instalados en una esfera pública preilustrada. Las repúblicas federales y laicas que conocemos se gestaron en los siglos XVIII y XIX. Pero entre nosotros este modelo representa aún una amenaza a la convivencia. En puridad democrática, debatirlo sería una ocasión excelente para defender el actual marco de convivencia, renovar adhesiones y revalidar su legitimidad. Pero en estos pagos todo cambio estructural se demoniza como antimonárquico, antiespañol y anticlerical. En una democracia sus promotores serían considerados, ante todo, interlocutores válidos. Y luego, según su voluntad, compañeros de viaje. Y, mientras se aclaran y deciden, socios de convivencia obligada. Nunca por la fuerza. Nunca procesados y encarcelados. Siempre escuchados.
Pero los antisistema en España pecan de palabra, obra u omisión. Cuando sólo lo segundo –lo que hacen– sería considerado delito político según el canon democrático básico. En principio, la expresión de pensamiento y voluntades no delinque. Es nuestra primera premisa y última garantía de libertad. Pero en una democracia clerical y mojigata, como la nuestra, la penitencia a pagar por promover transformaciones de raíz resulta siempre merecida y necesaria. Es el caso del recorte que ha sufrido el Estatut y la negativa a reconocer lo aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento catalán. No hay alternativa posible. Sólo un dilema. El mismo de 1936 y 1975: “Esto o el caos”.
La insolvencia política que delata esta disyuntiva -–propia de líderes autoritarios que la convierten en “yo o el caos”– supone además un insulto a la ciudadanía: “No se os puede dejar solos”. Debieran sonrojarse quienes la proclaman y sentir ira quienes les escuchamos. Los políticos sirven para conciliar e integrar voluntades, aunar proyectos de realización personal y colectiva, diversos y hasta opuestos. Si no, no sirven para nada. Y la ciudadanía nunca es menor de edad. Se autodetermina a diario. “Va sola”, aprendiendo a decidir “por sí misma”, como sostiene la pedagogía más elemental (laica, claro).
Sin embargo, nuestros debates sobre la jefatura, el modelo o la confesionalidad del Estado discurren como en catequesis: acaban en cuanto se plantean. Ahora, como entonces, quienes de verdad sostienen el tabú no fueron nunca las sotanas ni las togas, sino los mojigatos: la progresía postiza que abraza la denuncia de un único fascismo (ETA y su “entorno”), la defensa de un único idioma oficial (español) o la cruzada contra un único fundamentalismo (islámico). Cautivos y desarmados en un tablero de guerra forjado en 40 años, enmudecen ante los contertulios ultras, que con más gracejo y desenvoltura (juegan en campo propio) invocan o se mofan del monarca, crucifican a los obispos vascos o catalanes y alientan la islamofobia.
Si resultábamos modélicos en el tránsito a la posmodernidad, volvemos a parecer excéntricos. Ante los irlandeses, los escoceses o los canadienses, como poco, somos premodernos. Pero frente a ellos siempre lo fuimos. Por ello, quizás quepa compararnos en cultura política, por ejemplo… con Brasil.
Un profesor brasileño amigo interpretaba así la viñeta de El Jueves, que fue multada por la Audiencia Nacional como si se tratase de un delito “especial”. Me preguntó si el secuestro de la revista implicaba retirarla de los kioscos y custodiarla en el juzgado. Puso cara de horror. Tras señalar la falta de decoro del dibujo (el príncipe en coyunda marital reconocía trabajar por primera vez en su vida, gracias al “cheque bebé”), suscribió la pertinencia del mensaje político. Argumentaba mi colega que la ayuda por el nacimiento de un hijo, al margen de los ingresos, no es una medida progresista, sino de los defensores de la familia clásica. Además, opinaba que en el capitalismo el argumento más duro contra la monarquía señala que sólo trabaja reproduciéndose.
Recuerden: horror ante la vulneración de derechos, tacto para no incurrir en la chabacanería, respeto y reflexión ante los embates. Con este bagaje, sin perder el humor ni la paciencia, con la certeza de que juegan a favor nuestro, afrontemos los autos de fe venideros.
Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política
Ilustración de Miguel Ordóñez
Una democracia clerical se corresponde con un pueblo que no es dueño de su destino. No es soberano para decidir su bandera, menos aún su modelo de (de)crecimiento económico. Y si la ciudadanía interviene en estos asuntos, más allá del rito electoral, resulta una amenaza antisistema. Impugna los designios de las élites que, a diestra o siniestra, actúan como órdenes clericales: uniformes y uniformadas, en defensa del credo y el jerarca, más beligerantes con la heterodoxia propia que con la ajena. El debate público así forjado no pivota sobre la veracidad y la coherencia argumentales. Se zanja invisibilizando y criminalizando al hereje. Es el destino de las fuerzas sociales más transformadoras: sin representación política, estigmatizadas en los medios. Y es la trampa de la izquierda partidaria: sin músculo para la movilización, a rastras del discurso conservador.
