Josep Fontana
Historiador
Ilustración de Iker Ayestaran
En una ocasión un periodista preguntó a don Ramón Carande, maestro de historiadores: “Don Ramón, resúmame usted la Historia de España en dos palabras”. La respuesta de Carande no se hizo esperar: “Demasiados retrocesos”.
Es verdad que la historia contemporánea de España parece caracterizarse por el hecho de que cada paso por el camino de la libertad viene seguido por un duro y generalmente prolongado retroceso. A la promulgación de la Constitución en 1812 –cuyo bicentenario va a celebrarse en tiempos nada favorables a la libertad– le siguieron desde 1814 seis años de feroz represión; al trienio de 1820 a 1823, en que el texto constitucional volvió a estar vigente, le correspondió una “década ominosa”, y así hasta los ocho años de progreso de la Segunda República, que nos valieron cerca de 40 de barbarie franquista. Ahora, según parece, vamos a tener que pagar las magras concesiones de la Transición con un “cuatrienio ominoso” en manos del PP.
Está claro que nos encontramos de nuevo en pleno retroceso, en especial por lo que se refiere a las libertades y derechos de los ciudadanos: la reforma laboral, la pretensión de limitar el derecho de huelga, los ataques a los sindicatos, los recortes en los servicios públicos de sanidad y educación, la voluntad de interferir en los contenidos de la enseñanza… Las consecuencias están comenzando a sufrirse: el recorte de 5.000 millones en el gasto de sanidad conduce ya al colapso de los hospitales y a la falta de atención a los pacientes. Las consecuencias en el terreno de la educación, por las que se están movilizando los estudiantes, tardarán tal vez más en dejarse sentir; pero sus efectos sobre la formación de las nuevas generaciones van a ser de larga duración y difícilmente recuperables.
Y eso es tan sólo el comienzo. Cuatro años de poder indiscutido, apenas iniciados, dan juego para un retroceso que nos va a dejar en muchos aspectos como en los tiempos de ese franquismo que la derecha española parece añorar.
Mientras los medios de comunicación que responden a los intereses de la derecha (no hay más que averiguar quiénes son sus propietarios para entender lo que defienden) jalean los productos más deleznables de un revisionismo histórico escasamente documentado que ha vuelto a descubrir el “terror rojo”, y silencian la mucha y buena investigación que se ha realizado en estos años acerca de la represión franquista, se ha podido llegar a la aberración de condenar a un juez por atreverse a llevar a cabo unas investigaciones que los gobiernos del PSOE, que debieron haberlas patrocinado, se limitaron a tolerar de mala gana. En Estados Unidos se ha publicado una estampa en que se ve el fantasma de Franco bailando sobre la condena de Garzón, con un texto que dice: “España demuestra la falsedad de la versión whig de la historia”, esto es, de la versión establecida en que, según la definición de la Wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”. En Catalunya, el actual Gobierno de derechas ha cerrado el local que el Memorial Democràtic tenía en el centro de la ciudad y lo ha trasladado a lo alto de la montaña de Montjuïc, a la vez que ha anunciado su intención de que la institución se encargue también de conmemorar a los “caídos por Dios y por España”, como si estos no hubiesen sido ya suficientemente conmemorados durante cerca de 40 años.
Ante el asalto sistemático a nuestros derechos y nuestras libertades hay que proclamar, en primer lugar, que no es verdad que el conjunto de estas medidas restrictivas conduzcan a mejorar la situación económica y a favorecer un aumento de la ocupación. Lejos de ello, se trata de un mecanismo por el que cada restricción crea más paro, disminuye la producción y el consumo, reduce con ello los ingresos por los impuestos con los que los gobiernos aspiran a pagar deudas y les fuerza a nuevos recortes, paro y déficit de ingresos, en un círculo mortal que conduce al suicidio colectivo. La experiencia de Grecia puede mostrarlo: la cuarta parte de las empresas ha cesado en su actividad desde 2009, la mitad de los pequeños negocios no puede pagar los sueldos, la tasa de suicidios ha aumentado en un 40% y cerca de la mitad de la población por debajo de los 25 años está en el paro.
Pero es que además, como dice Michael Hudson, profesor de Economía de la Universidad de Missouri, en un artículo titulado “La transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía”, lo que está en juego en estos momentos va más allá de los resultados económicos inmediatos; se trata de “un golpe de Estado oligárquico por el que los impuestos y la planificación de la economía y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros”.
En los tiempos más duros del franquismo, Jaime Gil de Biedma publicó en un folleto clandestino unos versos memorables: “De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”. Pero incluso entonces expresaba su esperanza de que pudieran un día cambiar las cosas para hacer del hombre “el dueño de su historia”. Sólo luchando contra los retrocesos y defendiendo unos derechos que se ganaron con dos siglos de luchas sociales podremos enderezar el rumbo y recobrar el control de nuestra historia.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Una postura sostenida por las élites gobernantes de la Unión Europea (UE), tales como el Consejo Europeo liderado por el binomio Merkel-Sarkozy, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como por los partidos conservadores que hoy gobiernan la mayoría de países del tal comunidad, es que los estados periféricos de la eurozona deben su estancamiento económico a un excesivo crecimiento de los salarios que ha convertido a sus economías en poco competitivas. Esta postura subraya, pues, que a no ser que estos países reduzcan sus salarios, no podrán salir de la Gran Recesión en la que se encuentran.
Respondiendo a esta postura, el Gobierno Rajoy ha impuesto (utilizo la expresión “impuesto”, pues dichas medidas no estaban en su programa electoral) la reforma laboral más agresiva que haya existido en España en su periodo democrático, que tiene como objetivo reducir los salarios a base de intervenciones que intentan debilitar al mundo del trabajo; como son la facilitación del despido (que inevitablemente aumentará el desempleo), la descentralización y debilitamiento de los convenios colectivos y el debilitamiento muy marcado de la protección social (con reducción muy acentuada de derechos laborales y sociales que la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares habían adquirido). Los recortes en gasto público social, con reducción de las transferencias, como las pensiones, así como del gasto en los servicios del Estado del bienestar, tienen también como objetivo debilitar al mundo del trabajo, diluyendo la universalidad de tales servicios, convirtiéndolos en servicios de beneficencia, de tipo asistencial. Hoy, las clases populares en España están sometidas al ataque más frontal que hayan experimentado en el periodo democrático, bajo el pretexto de aumentar la competitividad.
Tal postura ignora deliberadamente la evidencia científica que muestra el error y/o la falsedad de cada uno de sus postulados. Veamos los datos. En primer lugar, no es cierto que los salarios reales (a diferencia de los nominales) hayan crecido más que, por ejemplo, los salarios alemanes. El economista David Lizoain ha señalado en un artículo publicado en Social Europe Journal (The ECB’s Housing Omisión, 16-02-12) que Eurostat, la agencia de datos de la UE, no incluye en su cálculo de la inflación de los países miembros de tal comunidad la evolución del precio de la vivienda (uno de los artículos más importantes de consumo en nuestro país, acentuado todavía más en el periodo de la burbuja inmobiliaria), con lo cual los datos comparativos salariales han subestimado espectacularmente la inflación existente en España. Incluyendo la vivienda (para todos los países de la UE), resultaría que el salario real español (que mide la capacidad adquisitiva del trabajador) ha ido descendiendo en lugar de ir aumentando, como aparece erróneamente en los datos oficiales, incrementándose todavía más la diferencia con el salario real alemán (y el salario promedio de la Eurozona).
Otra falsedad de tal postura es asumir que el precio de los productos que se exportan es la variable determinante del éxito de las exportaciones. En realidad, el caso alemán es el mejor ejemplo de la falsedad de dicho supuesto. La variabilidad de los precios de exportación en Alemania tiene escaso impacto en el éxito de sus exportaciones. Juan Torres, en un artículo publicado en su blog Ganas de escribir titulado “¿Hace falta bajar salarios para que España sea competitiva?”, muestra, en base a un estudio internacional sobre competitividad (de Natixis), que esta no depende primordialmente de los precios ni de los salarios, sino de otros factores relacionados con el tipo de productos exportados. Las exportaciones españolas basadas en tecnología media y media alta, y en otras de tecnología baja (agrícola, pesquero, bebidas, tabaco, textil y calzado), tienen una marca diferencial de calidad que explican su éxito por vías diferentes al precio. Ello explica el mantenimiento –e incluso el aumento– de las exportaciones en los últimos años, desde 1999 a 2011 (para profundizar en este punto, ver mi artículo “¿Necesita España un látigo para salir de la crisis?”).
Es importante señalar que, aunque los precios fueran las variables determinantes del nivel de exportaciones, los salarios no son los únicos determinantes de los precios. Cuando se vende un producto, el dinero que se ingresa va en parte a pagar los salarios, pero por otra parte engrosa los beneficios (un coste de producción que ha ido creciendo de una manera muy marcada). En el argumento que da el Gobierno de Rajoy de que hay que disminuir los salarios para reducir los precios, deliberadamente se ignora que siguiendo el mismo razonamiento debieran reducirse los beneficios, que son también determinantes en la configuración de los precios. Esta alternativa es sistemáticamente excluida, lo cual muestra con mayor claridad la falsedad de su postura: no es aumentar la competitividad, sino aumentar los beneficios empresariales lo que se intenta conseguir con tales reformas, acentuando todavía más lo que ha estado ocurriendo estos años. Las rentas empresariales (los beneficios) han superado este año por primera vez a las rentas salariales en España. Esto es lo que se llama (aunque nadie lo dice) la brutal lucha de clases unilateral que la banca y la gran patronal, a través de su influencia en el Estado, están imponiendo en España, causando además de un enorme dolor (totalmente innecesario), un desastre económico, pues la reducción de los salarios determinará todavía más un descenso de la demanda, causa de la Gran Recesión, en vías de ser la Gran Depresión. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. En realidad, para grandes sectores de la población, la Gran Depresión ya está aquí.
Teresa Ribera
Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011
Ilustración de Dani Sanchis
En junio, la Cumbre de Río debe responder adecuadamente a la realidad económica del siglo XXI, en la que la escasez de recursos y las dificultades para garantizar un acceso equitativo a ellos se acrecientan a velocidad de vértigo. Por ello, la cita está orientada a fijar las herramientas para la erradicación de la pobreza en el contexto de una economía verde, el acceso a una energía sostenible para todos y la construcción de modelos de gobernanza más sensatos y eficaces en los que los pilares ambiental y social no queden relegados por un mal entendido pilar económico cortoplacista.
La valoración colectiva tras años intensos de experiencia y trabajo es que sólo así garantizamos el futuro que queremos, generamos empleo y aseguramos patrones económicos y de prosperidad equitativos y sostenibles. Esta es también la contundente conclusión a la que llegaron los integrantes del Panel de Alto Nivel a quien el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó asesoramiento y cuyo informe los presidentes del Panel, primeros ministros de Suráfrica y Finlandia, le hicieron llegar a finales del mes de enero.
Se trata de una agenda atractiva y compleja para la que España tiene la capacidad técnica, el respaldo social interno, la clara necesidad económica y, aparentemente, la suficiente convicción política. España no es cualquier actor en este ámbito dado que uno de los sujetos clave en la elaboración de propuestas y su posterior gestión es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo Consejo de Gobierno presidimos desde el 20 de febrero de 2011.
Siempre es un honor que nos reconozcan capacidad y mérito para liderar un buen proyecto, por complejo que sea. Pero asumir un honor es, sobre todo, asumir públicamente una gran responsabilidad: la de trabajar intensa y coherentemente para el éxito de la tarea. El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido expresamente mantener el compromiso internacional en este campo y ha recibido la total confianza del resto de países, que el pasado lunes respaldaron por unanimidad al nuevo candidato español a la presidencia del PNUMA. Es una excelente noticia que requerirá que en los próximos meses el Gobierno mantenga el impulso dentro y fuera de sus fronteras de una agenda coherente con el diagnóstico y objetivos señalados para Río.
En España, integrar adecuadamente el capital natural en las decisiones económicas es una necesidad más acuciante todavía que en otros países. Consolidar esta senda de transformación fortalece nuestra economía, reduce el déficit comercial y genera empleo. No obstante, también requiere afrontar con decisión la defensa del uso respetuoso y eficiente de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad frente a variadas agresiones, incluidas las especies invasoras. Este es un capítulo especialmente sensible para actividades como el turismo, en el que una gestión responsable y la oferta de un entorno natural cuidado son la única garantía de mantenimiento del éxito del sector a medio plazo. Son aspectos que aparecen reflejados con claridad incluso en las encuestas de valoración y preferencias de touroperadores británicos o alemanes. Masificar o desproteger el litoral, gestionar de forma ineficiente o irresponsable el agua, desconocer las amenazas a animales y plantas autóctonos, la destrucción del paisaje o el uso inadecuado de los entornos genera inmensas pérdidas de valor de difícil o imposible reparación en beneficio de muy pocos.
Algo parecido ocurre en el ámbito industrial. Nuestra competitividad no está ni en costes laborales menores a los de las economías emergentes ni en el acceso a materias primas a precios irrisorios. La mejor política industrial es la que impulsa la innovación y una producción eficiente, que aprovecha al máximo las materias secundarias
–procedentes del reciclado, la reutilización o la recuperación– y minimiza el consumo de otros recursos como el agua o la energía. Por ello, España debe mantener y reforzar su compromiso con la innovación y con una adecuada transición a una economía eficiente y baja en carbono generando las señales necesarias en políticas como las de cambio climático y energía. No se trata de consolidar el statu quo ni proteger irreflexivamente lo que existe, sino de favorecer una llevadera y cuidadosa transformación que nos conduzca a un uso inteligente de la energía, 100% renovable y a precios asequibles y estables.
Hay otros muchos ámbitos relevantes a nivel nacional a los que podría aludir, como la fortaleza de las instituciones ambientales –incluida la conversión del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente en una verdadera Organización de Naciones Unidas de Medio Ambiente–, la calidad del aire de nuestras ciudades o el rigor de herramientas que, como la evaluación de impacto ambiental o la información y prospectiva de emisiones, inmisiones o stocks de bienes ambientales, ayudan a hacer bien las cuentas, a tomar las decisiones correctas y a mostrar indicadores de prosperidad más allá del PIB.
España debe actuar dentro y fuera como un país comprometido ambientalmente y consciente de la trascendencia económica y geopolítica que ello implica. Nuestra credibilidad requiere mantener una posición coherente y comprometida de liderazgo. No son propuestas extremas ni demandas irreales. Son objetivos y orientaciones con claro sentido económico y social y unos cimientos fuertes para reconstruir una economía desequilibrada que exige crecimiento y generación de empleo que perdure en el tiempo y garantice una prosperidad incluyente. La presidencia del PNUMA es un primer paso, pero ni la palabra ni los gestos son suficientes. Ahora llega la hora de actuar y conviene estar a la altura.
Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal anticorrupción
Cristina Almeida
Abogada
Firman también este artículo: José Ignacio Montejo Uriol, Juan Bautista Puig, Jacinto Lara Bonilla, Manuela Montejo Bombin y Ana Belén Vicente
El magistrado Joaquín Giménez, presidente de la Sala que ha condenado al juez Garzón en la causa de las escuchas a la Gürtel, ha advertido de que algunas de las críticas al Tribunal Supremo tienen “reflejo en el Código Penal”, acreditando falta de contención ante la crítica, por dura que sea, de cualquier institución pública.
Pero no va a atemorizar a nadie.
Los autos del juez Marchena del 26 de enero de 2012 y del 13 de febrero de 2010 se merecen una crítica, después de que el juez descubriera, tras dos años de investigación, que los hechos que los motivaron, y que jamás tuvieron significación penal, habían prescrito. Así se cerraba una causa que nunca debió abrirse, pues, como siempre ha sostenido el fiscal, no había prevaricación ni cohecho. Pero, mientras tanto, el daño causado al juez Garzón por una investigación injustificada ha sido inmenso e irreparable.
Por todo ello, señor Giménez, tenemos derecho a la crítica. La investigación del juez Marchena ha extendido machaconamente, a lo largo de dos años, sobre el juez investigado una pesada sombra de parcialidad en sus relaciones profesionales con las entidades patrocinadoras de los cursos que impartió en Nueva York. Lo resume en el auto de 13 de febrero de 2010, cuando afirma que “todas (las empresas patrocinadoras) tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado (el juez Garzón) o en otros de la Audiencia Nacional”.
Vayamos por partes. Sobre el patrocinio del Banco de Santander, el juez Marchena afirma que el mismo determinó una decisión jurisdiccional susceptible de sospecha de parcialidad cuando el 2 de octubre de 2006 se formuló una querella contra el presidente de dicha entidad y el juez Garzón procedió posteriormente a rechazarla. Vincula esa decisión con la circunstancia de que la entidad que presidía el principal querellado, Emilio Botín, “meses atrás había hecho entrega al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York” de una subvención. Carece de todo fundamento para hacer esas deducciones.
El juez Garzón, por auto de 27 de noviembre de 2006, no admitió a trámite una querella de Rafael Pérez Escolar, que había sido condenado en el caso Banesto, contra Emilio Botín y 22 personas más, entre las que se encontraba Luis Ángel Rojo, anterior gobernador del Banco de España. Lo ratificó la Audiencia Nacional, respaldando plenamente la argumentación de Garzón, y en su auto reprochó al querellante que, ante el fracaso de sus pretensiones en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, acudiera a la vía penal para replantear “la revisión del plan de saneamiento de Banesto”, que tuvo lugar en 1994. Datos que el juez Marchena ocultó.
En cuanto al patrocinio de Telefónica S. A., este carece completamente de relevancia. Y lo que hace es generar un halo de sospecha, con la referencia de Marchena a que Garzón, mas de un año antes de solicitar la licencia de estudios, y mientras sustituía temporalmente al juez titular del Juzgado Central nº 1, el 12/11/2003 acordó el archivo de una denuncia formulada contra el entonces presidente de dicha
sociedad.
Algo parecido ocurre respecto del patrocinio de Cepsa. Se refiere a un procedimiento penal seguido contra sus directivos por el Juzgado Central nº 1, en el que el juez Garzón actuaba por sustitución. El problema de la posible concertación de precios de los carburantes había sido objeto de un proceso penal en dicho juzgado, pero las resoluciones de archivo dictadas por el juez Garzón habían sido ratificadas plenamente por la Audiencia Nacional. Se diría que estas referencias penalmente irrelevantes se dirigen únicamente a desprestigiarle.
Además, cuanto afirma el juez Marchena sobre Garzón y los procesos contra el BBVA es totalmente rechazable. Omite, no sabemos si por ignorancia o motivos oscuros, que los procesos contra los administradores del BBV, ya en curso de fusión con Argentaria, se originan al descubrir en 2000 que la cúpula del anterior BBV tenía abiertas cuentas secretas, a través de una filial, en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, por unos 6.000 millones de euros. Por ello, en el curso de 2001, el presidente Ybarra fue sustituido por Francisco González.
El proceso fue incoado por el juez Garzón, quien investigó con todo rigor los hechos tomando una decisión trascendental en la lucha contra la delincuencia financiera por medio del auto del 26/5/2000, con el que ordenaba la entrada y registro de la sede central del BBVA.
De ahí se derivaron varias causas penales. En una de ellas, la principal, el juez Garzón imputó y abrió el juicio oral contra el presidente del BBV, un consejero y cuatro directivos por disponer de aquel dinero para concertar fondos de pensiones en otro paraíso fiscal. La Audiencia Nacional y el TS los absolvieron consecutivamente en 2005 y 2006. De esta actuación, no hace mención el juez Marchena con su acostumbrada falta de objetividad.
Marchena llega a conclusiones peregrinas, atribuyéndole al juez Garzón unos poderes desorbitados sobre el gobierno de la banca española. Así, dice respecto de este último “procedimiento”, que “el querellado –el Juez Garzón– había sido el juez instructor de un proceso penal que trajo como inmediata consecuencia la remodelación del organigrama del BBVA”…“hasta el punto que permitió a aquel (Francisco González) acceder a la presidencia única a raíz de la dimisión de D. Emilio Ybarra”; afirmaciones tan inexactas como absolutamente ajenas a las decisiones judiciales tomadas en estos procesos, que fueron un ejemplo de rigor y de respeto a la legalidad ante los poderosos, de lo que el TS no es precisamente un ejemplo. En este caso, el juez Garzón ha eludido la sanción penal pero ha sido moralmente condenado ante la más absoluta indefensión. Y esto, señor Giménez, merece no solo crítica sino quizás acciones legales más contundentes.
Miguel Ortega Cerdà
Coordinador político de OCEAN2012 en España
Ilustración Patrick Thomas
En el periodo 2007-2013 la Unión Europea ha destinado 4.300 millones de euros al sector pesquero a través del Fondo Europeo de Pesca, un 26% de los cuales han sido para España. Recientemente se ha iniciado la discusión sobre el nuevo fondo europeo marino y pesquero para el periodo 2014-2020 cuyo importe será de 6.567 millones de euros, y cuyas prioridades están en discusión.
La Comisión Europea ya ha realizado su propuesta y la ha presentado en Madrid. Algunos aspectos son claramente adecuados y dirigidos a acabar con problemas evidentes del marco de financiación anterior. Por ejemplo, medidas como asegurar que los recursos estén únicamente disponibles para aquellos estados miembros que cumplan los objetivos y las reglas de la política pesquera común; o el condicionamiento de la financiación a que los beneficiarios privados cumplan la reglamentación vigente; deberían ser medidas apoyadas ampliamente. En el pasado se dieron decenas de casos de embarcaciones, por ejemplo –pero no únicamente– españolas, subvencionadas y posteriormente capturadas realizando pesca ilegal. No tuvieron que devolver los fondos públicos, y en ocasiones fueron posteriormente aún subvencionadas de nuevo. Si nada cambia respecto a la propuesta actual, la situación no se repetirá con el nuevo marco financiero.
Pero no todo es tan claro en la nueva propuesta, y dada la importancia que tienen para España estos fondos parece sensato proponer una priorización que se adecue a nuestras necesidades, sin caer en el corto plazo ni ignorar la necesidad de transformar nuestra flota y sistemas de gestión para adaptarlas al siglo XXI. El actual statu quo no es una opción para España, un país donde tanto la ocupación como el número de embarcaciones no dejan de disminuir en las últimas décadas y que necesita un revulsivo que facilite una gran transformación, no el continuo lento decaer. Ante esta situación sería interesante priorizar y concentrar nuestros esfuerzos en tres ejes.
En primer lugar, conseguir que los recursos públicos se destinen en buena parte a usos públicos y de interés común. Dicho en otras palabras, antes que el apoyo a intereses privados puntuales sería preferible aumentar la financiación en algunos aspectos de gestión pública que resultan críticos para asegurar la viabilidad del conjunto del sector; tales como, un mejor conocimiento científico, más recursos para mejorar la gestión pesquera (por ejemplo para apoyar la creación de áreas de cogestión pesquera o los planes plurianuales a través de los cuales se deberán gestionar las pesquerías), y mayor financiación para un mejor control de la pesca ilegal, no registrada y no deseada, la más irresponsable de las modalidades pesqueras. Por ahora la propuesta de la Comisión Europea no es suficientemente ambiciosa, únicamente un 15% de los recursos se destinan a recopilación de datos y gestión pesquera. Deberíamos tratar de conseguir una proporción mayor y que los recursos no se puedan desviar a otros usos.
En segundo lugar se impone acabar con los fondos de usar y tirar. Hemos de dejar de financiar directa o indirectamente las flotas en las que existe una sobrecapacidad. La Comisión Europea reconoce la sobrecapacidad de la flota como una de las principales causas de sobreexplotación, y estima que en algunas pesquerías la capacidad puede llegar a ser dos o tres veces superior a lo que se consideraría sostenible. El problema es que no vincula suficientemente esta realidad a la nueva financiación. Sería deseable evitar, por ejemplo, financiar la modernización de la flota que poco tiempo después abandonará su actividad por exceso de capacidad. En el pasado se han realizado aberraciones. Por ejemplo, se ha subvencionado la modernización y la retirada de las embarcaciones con intervalos entre ellas inferiores a un mes. Por tanto, propongamos la condicionalidad de la financiación privada a un encuadre serio y coherente que acabe con la sobrecapacidad, y vayamos más allá de una discusión genérica sobre si son o no son necesarias las ayudas a los desguaces. Desde 1994 la Unión Europea ha destinado más de 2.700 millones para financiar desguaces sin conseguir el objetivo de acabar con la sobrecapacidad, lo que ha constituido una práctica que se ha mostrado inefectiva y plagada de irregularidades, según mostró recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.
Finalmente, apostemos por una distribución más equitativa de los recursos públicos. En el pasado los recursos se han concentrado mayoritariamente en pocas manos. Por ejemplo, a partir de los datos disponibles del Fondo Europeo de Pesca, podemos ver que para el caso español en el ámbito de la modernización el 20% de los mayores receptores usaron más del 77% de los recursos públicos, mientras que la mayoría de la flota no recibió nada o cantidades muy pequeñas (el 20% que recibió menos –algunos se quedaron sin nada– contaron con menos del 1%). El nivel de desigualdad en la distribución de los recursos públicos (medido a través del índice de Gini) es de 0,72, una barbaridad. Para hacernos una idea es una desigualdad mayor que la distribución de la riqueza en el mundo (0,55). Para evitarlo apostemos por establecer límites máximos en la cantidad que pueda recibir cada armador. Eso liberará recursos para distribuir de manera más equitativa entre el conjunto de la flota.
Prioridad para lo público, financiación condicionada a la no existencia de sobrecapacidad, y establecimiento de mecanismos de distribución equitativa deberían ser tres prioridades para la nueva financiación de pesca. Veremos si algunos intereses privados muy concretos no nos desvían de estas líneas de actuación.
Robert Reich
Exsecretario de Trabajo de EEUU, catedrático de Políticas Públicas y autor de ‘Aftershock’
Ilustración de Mikel Jaso
De repente, la industria ha regresado a EEUU. Al menos en la carrera electoral. Pero no te dejes engañar. El asunto real no es cómo hacer volver la industria, sino cómo recuperar los buenos trabajos y los buenos sueldos. No es la misma cosa.
Los republicanos se han vuelto súbitamente adalides de la industria estadounidense. Esto puede tener alguna relación con las primarias que tendrán lugar la semana próxima en Michigan y la siguiente en Ohio, ambos antiguos arsenales de la industria americana.
Mitt Romney, precandidato republicano, dice que él “trabajará para traer de regreso la industria” a EEUU mediante una posición de dureza con China, país al que describe como un “ladrón de trabajos” por mantener artificialmente bajo el valor de su divisa y abaratar así sus exportaciones.
El también aspirante Rick Santorum promete “luchar por la industria estadounidense”. Para ello, pretende eliminar los impuestos corporativos a los fabricantes y permitir a las empresas traer a EEUU desde el exterior sus beneficios libres de impuestos siempre que reinviertan ese dinero en crear nuevas fábricas.
El presidente Obama también está impulsando una agenda industrial. El mes pasado, desveló un plan de seis puntos para eliminar los incentivos tributarios a las compañías que se trasladen al exterior y generar alicientes para que traigan trabajos a casa. “Nuestro objetivo
–dice– es crear oportunidades para que los buenos trabajadores estadounidenses comiencen de nuevo a hacer cosas”.
Entretanto, la creciente demanda de los consumidores estadounidenses de utensilios, coches y camiones ha originado un cierto auge en la industria nacional, estableciendo una ola de esperanza, mezclada con patriotismo nostálgico, de que la industria estadounidense podría estar volviendo.
Pero la industria estadounidense no volverá. Aunque desde enero de 2010 el sector ha proporcionado 404.000 puestos de trabajo, eso nos deja aún con 5,5 millones de empleos menos que en julio de 2000, y 12 millones menos que en 1990. La tendencia a largo plazo indica que cada vez habrá menos empleos en la industria. Incluso si no tuviéramos que competir con trabajadores peor pagados en el exterior, tendríamos aún menos empleo en la industria porque la vieja cadena de producción ha sido reemplazada por máquinas y robots. La industria se ha vuelto de alta tecnología.
Traer de regreso la industria estadounidense no es el desafío verdadero. Este consiste en crear buenos empleos para la mayoría de los ciudadanos que no tienen el grado de bachiller. El sector solía proveer muchos de esos trabajos, pero ello ocurría sólo porque los trabajadores de las fábricas estaban representados por sindicatos con el poder suficiente para mantener altos salarios.
Ese ya no es el caso. Incluso el otrora poderoso Trabajadores del Automóvil Unidos ha sido forzado a aceptar para los nuevos empleados en los Tres Grandes (General Motors, Ford y Chrysler) paquetes salariales que representan la mitad de lo que ganaban hace una década. A 14 dólares –10,65 euros– la hora, los nuevos trabajadores del sector automotriz ganan aproximadamente lo mismo que la mayoría de los empleados estadounidenses del sector servicios. General Motors acaba de anunciar beneficios récord, pero sus nuevos trabajadores no reciben mucho del pastel.
En los años 50, más de un tercio de los trabajadores de EEUU estaba representado por un sindicato. Ahora, menos del 7% de los empleados del sector privado tienen un sindicato detrás. La única razón que puede explicar la caída drástica del salario medio de los trabajadores sin bachillerato en las pasadas tres décadas y media es el declive de las centrales.
¿Qué piensan los candidatos sobre los sindicatos? Mitt Romney no ha hecho más que despreciarlos. Él pretende impulsar una ley llamada “derecho al trabajo” que dificulte los requisitos para la afiliación sindical así como la financiación de los mismos. “Ya he encarado antes a jefes sindicales –dice–, y estoy feliz de encararme de nuevo”. Cuando Romney no está culpando a China por los problemas de competitividad de los industriales estadounidenses, culpa a los altos salarios sindicales. Rick Santorum dice apoyar a los sindicatos del sector privado, pero no está interesado en fortalecerlos, y no los quiere en el sector público.
El presidente Obama alaba las “fábricas sindicalizadas”, tales como Master Lock, el fabricante de candados de Milwaukee que visitó la semana pasada, que trajo de vuelta cien puestos de trabajo de China. Pero el presidente no ha prometido que, en caso de ser reelegido, vaya a impulsar la Ley de Libertad de Opción del Empleado, que facilitaría a los trabajadores organizarse en sindicatos. Él la apoyó en la campaña para las elecciones de 2008, pero, una vez elegido, nunca la tramitó. El presidente también ha guardado un silencio notable ante los conflictos laborales que han estado recorriendo el Medio Oeste, como el asalto en Wisconsin a los derechos de negociación de los trabajadores públicos.
El hecho es que las empresas estadounidenses –tanto las industriales como las de servicios– lo están haciendo maravillosamente bien. Sus beneficios en el tercer trimestre de 2011 fueron de dos billones de dólares. Eso es un 19% más que en el punto más alto antes de la recesión, hace cinco años. Pero los trabajadores estadounidenses no están recibiendo su porción de esta recompensa. Aunque los trabajos están retornando lentamente, los salarios siguen cayendo. El problema fundamental no es el declive de la industria estadounidense, y revivir la industria no lo resolverá.
El problema es el declive del poder de los trabajadores estadounidenses para compartir las ganancias de la economía del país.
Gustavo Duch
Coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’
Ilustración de Federico Yankelevich
El cálculo me lo hizo el periodista ambiental Jordi Bigues: un árbol de cacao produce cada año un kilogramo de cacao procesado, listo para comer. Si el consumo de este bien al año y por persona en el estado español es de 5 kilos de media, significa que en Costa de Marfil o en cualquier otro territorio tropical, tengo cinco árboles plantados a mi nombre. Si pensamos en el café, otro cultivo tropical, las personas que tomamos un par de tazas diarias tenemos en usufructo 18 cafetales. Amos de una miniplantación.
En un sistema de comercio perfecto y solidario, con los niveles de consumo equilibrados a las posibilidades de la naturaleza, quizás este uso de tierras ajenas podría ser un simple intercambio beneficiario para consumidor y productor. Pero no es así. Detrás del cacao o del café hay muchas horas de trabajo infantil y salarios de miseria, de seres expulsados de sus tierras y de tierras agotadas de tanto exigirles. Por lo que conocer este dato en el caso de bienes que sólo algunos países por su clima pueden producir es revelador. Pero ahora que sabemos que la comida que nos llega a nuestras mesas, la madera con la que se fabrican los muebles, y desde luego los agrocombustibles con los que pretenden asegurar el llenado de los depósitos de los autos vienen de muy lejos, ¿qué pasa si contabilizamos cuántas vacas, cerdos, gallinas, frutales, maizales, pinos, palmas africanas, etc. tenemos en nuestras nóminas agroalimentarias?
Bien, el cálculo ya está hecho. Partiendo del indicador conocido como huella ecológica, que representa “el espacio de Planeta que cada población usa para generar los recursos necesarios y para asimilar los residuos producidos” (es decir, una medida que enfrenta consumo y sostenibilidad) aparece ahora un nuevo indicador, la huella del uso de tierra, que se centra en calcular la superficie que requiere una persona o un país para disponer de los productos agrícolas y forestales que utiliza. Igual que la huella ecológica, esta medida nos alerta del sobreuso general al que estamos sometiendo a la tierra; visualiza la injusticia del hambre en países productores de alimentos; y añade, como veremos, un valor de dependencia: con estos cálculos podemos interpretar la actual vulnerabilidad alimentaria a la que ha llegado Europa.
El cálculo de nuestro uso de alimentos, madera o energía, es fácil si lo medimos en la cantidad de tierra necesaria para su producción. La superficie es un parámetro que nos permite sumar la tierra dedicada a los cultivos de tomates o pepinos de nuestras ensaladas foráneas –con altas probabilidades de que sean tierras propiedad del rey de Marruecos–; las hectáreas necesarias de soja para el engorde de nuestros platos carnívoros –cien por cien provenientes del latifundismo oligarca sudamericano– o las hectáreas de palma africana –seguramente plantadas en Indonesia o Colombia dejando en el camino graves episodios de violencia–, que crecen y explotan para fabricar el llamado biocombustible. Sólo quedan fuera de estos cálculos, lógicamente, los productos marinos, que mediante otras informaciones sabemos que en el caso de Europa provienen en un 70% aproximadamente de mares ajenos.
Como era de esperar, los estudios emitidos por la organización Amigos de la Tierra sobre la huella del uso de la tierra indican que EEUU se sitúa en el primer lugar de consumo, con 900 millones de hectáreas para la alimentación de su población. Europa somos los segundos, consumiendo 640 millones de hectáreas de tierra, es decir, utilizando el equivalente a 1,5 veces su propia superficie, convirtiéndonos en el continente más dependiente de la importación de tierras. Somos, de hecho, la población que más tierra tomamos prestada (a veces bajo tratados comerciales, a veces por la fuerza de las armas) de otros continentes: un 60% de la tierra consumida en Europa es importada.
Los factores que nos han llevado a esta situación son fáciles de descubrir. En primer lugar, unas medidas políticas europeas encaminadas a comprar la comida fuera despoblando nuestro medio rural; en segundo lugar, el excesivo consumo de carne que se ha ido imponiendo progresivamente desde la agroindustria a la población, que lleva a la necesidad de importar millones de toneladas de cereales y leguminosas para engordar ganado; y en tercer lugar, los criterios políticos de favorecer el agrocombustible como fuente energética.
Muchas consecuencias tiene este modelo alimentario de tierras conquistadas, aunque hoy debemos señalar dos que pueden pasar desapercibidas. Una, Europa es vulnerable alimentariamente hablando. Es decir, no somos para nada autosuficientes y una mala cosecha de soja en Argentina, por ejemplo, puede significar falta de leche, carne o huevos en nuestros supermercados. O una especulación con el valor del maíz en la Bolsa de Chicago, como le gusta hacer a Goldman Sachs, por ejemplo, representaría en nuestras balanzas comerciales un incremento en el coste de las importaciones.
Dos, detrás de este modelo de agricultura globalizada y de consumo excesivo está el acaparamiento de tierras que desde hace una década se está extendiendo como una plaga por los países más pobres. Los cálculos indican que una superficie equivalente a la mitad de la tierra fértil disponible en Europa ya ha sido adquirida (a precios de risa, si es que hay precio) por capital extranjero en los mejores lugares de países africanos o sudamericanos. Hoy, el acaparamiento de tierras fértiles en países agrícolas del Sur es seguramente el mayor responsable de la nueva población hambrienta despojada de su medio de vida. Para detener la dependencia y el hambre la ecuación es sencilla: cuidemos la agricultura local, consumamos con medida lo que los pequeños productores locales producen en cada temporada. Todo está conectado.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración Diego Mir
Cada vez es más difícil entender la posición de los países que dominan la UE y a las autoridades de la misma. Parece que quienes detentan el poder en esta institución están empeñados en destruir a los miembros más débiles de la misma, con una creciente arrogancia e ignorancia, como dice Wolfgang Münchau, del Financial Times. Haciendo inevitable el castigo tras la supuesta culpa, como en el más obsoleto cristianismo del pasado. La actuación de las autoridades comunitarias frente a lo que califican de rescate de Grecia, y posiblemente pronto de Portugal, pone de manifiesto que no es el satisfacer el compromiso de la deuda lo que motiva sus políticas, sino que sus objetivos son de mucho mayor alcance, consistiendo en reestructurar las economías de la UE por un largo periodo para favorecer los procesos de acumulación.
Es obvio que Grecia no puede pagar su deuda y que un país que nunca se ha contado entre los ricos de la UE no puede soportar más austeridad: recortes presupuestarios, disminución de sueldos y del salario mínimo por encima del 20%, lo mismo con el importe de las pensiones, despido de 15.000 funcionarios inmediatamente y 150.000 antes de 2015, y la exigencia de que se privatice todo lo que es patrimonio público, etc. Además, junto a esta presión de austeridad para la población, es difícil imaginar una pretensión mayor de abandono de soberanía –un “comisario de la UE controlará las cuentas griegas”–, sin olvidar cómo bajo el mecanismo de los programas para satisfacer la deuda se está reconfigurando el poder político y debilitando la democracia.
Todo ello supuestamente para intentar que la deuda pública se reduzca al 120% del PIB este año. Frente a ciertos comentarios favorables a prorrogar los plazos para cubrir el déficit, se ha impuesto, de hecho, la brutal exigencia de forzar las medidas para cumplir los imposibles compromisos. La reducción de la deuda, ¿no podría realizarse en un periodo de tiempo más largo, ni el déficit reducirse más lentamente?, ¿qué es lo que lo impide, excepto la intransigencia del tándem Merkozy?
Se negocia la quita en una deuda que, debido a sus altos intereses, es cada vez mayor (30 puntos más en 2012 que en 2009). ¿Se trata de castigar por ella a la ciudadanía? Se retiene la entrega del primer plazo del segundo rescate, porque no se han cumplido exactamente las condiciones que fueron impuestas, sabiendo que Grecia tiene que pagar 14.400 millones de euros antes del 20 de marzo y no podrá hacerlo si no dispone de esta ayuda. Y que una parte de los acreedores de Grecia, especialmente el BCE, no está dispuesta a acceder a la quita. Frente a un aumento del número de economistas ortodoxos e incluso especuladores financieros que consideran que esta no es la vía, la ortodoxia europea, el establishment de la UE, insiste y se aferra a sus obsoletas medidas y duras exigencias.
Esto es mucho más un secuestro que un rescate. Y, lo que es peor, todo ello para forzar un programa que sólo puede empeorar las cosas, pues con este ajuste draconiano es imposible pensar que Grecia podrá rehacerse. La población se muestra desesperada. Un pueblo no sale a la calle como está saliendo la ciudadanía griega si no está inmerso en la desesperanza; no es apoyado por los personajes míticos de su población –Theodorakis y Manolis Glasis, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, entre otros muchos– sin una muy sólida causa; no se revuelve frente a una inicua y escandalosa represión por la fuerza, si no está exasperada hasta el límite. Hasta la Policía ha emitido un comunicado advirtiendo que no disparará contra la población… Es el secuestro de una población sometida.
¿A dónde está llevando la UE a uno de sus países miembros?, ¿quiere hacer de él un ejemplo para otros, o señala lo que se propone hacer con los demás países que fallen? Es dramático constatar el enfoque hacia los países en dificultades que tienen quienes mandan en la Unión y en los países que la controlan.
El panorama que ofrece Grecia y el trato que se le está dispensando tienen por objeto impresionar y asustar a todos los países débiles de la UE. ¿Es esto lo que nos espera si las cosas van a peor, como es de temer? Sin ser todavía “rescatados” oficialmente, nos exigen adoptar muchas de las medidas que se han impuesto a Grecia –disminución de personal interino y contratado en los servicios sociales, fuerte recorte presupuestario en sanidad y educación en algunas comunidades autónomas, además de la imposición del copago, reforma de las pensiones, y una drástica reforma laboral que supone la disminución de salarios, indemnizaciones de despido, y el deterioro de las condiciones laborales, etc.–.
En una misma semana, una de las reputadas agencias de evaluación disminuye la calificación de la economía española –a pesar de haber aprobado una tiránica reforma laboral–; se nos repite que hay que realizar un recorte de 40.000 millones de euros en 2012 para cumplir nuestros compromisos fiscales, en el marco de unos dos puntos aproximadamente de recesión; nos avisan de que no se podrá cumplir la predicción del límite del 4,4% establecido para el déficit; nuestras máximas autoridades nos avanzan sin el menor reparo que la situación de los 5.400.000 parados no mejorará este año a pesar de una durísima reforma laboral que abarata sustancialmente el trabajo para los empresarios… ¿A dónde se pretende llegar?, ¿no nos están anticipando que es el trato a la griega lo que nos espera?
Nos recomiendan aplicar las medidas a las que el país “se ha comprometido con sus socios europeos como la mejor manera de protegerse del contagio” (palabras del portavoz comunitario de Economía). Es decir, el contagio se contempla posible y… ¿esperado? Nunca mejor que ahora parece válido el refrán popular “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. ¿Esperaremos hasta que los golpes sean inevitables para
reaccionar?
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Las fuerzas conservadoras que dominan grandes sectores del aparato del Estado, tanto en su rama legislativa y ejecutiva, como en la jurídica, se han movilizado inmediatamente para apoyar la decisión del Tribunal Supremo de sancionar al juez Garzón, cuestionada ampliamente por la ciudadanía, la mayoría de la cual cree (un 62%), con razón, que ha habido un linchamiento al juez Garzón a fin de expulsarlo del cuerpo judicial, como consecuencia, entre otros hechos, de su investigación de los crímenes cometidos por la dictadura. Y, por si ello no fuera suficiente, han amenazado con tomar medidas sancionadoras, a través del Ministerio Fiscal, hacia aquellos ciudadanos que han indicado que tal decisión es errónea, injusta y contraria al espíritu democrático que debiera imbuir a todas las estructuras del Estado incluyendo el Tribunal Supremo.
Un ejemplo de tal movilización conservadora son las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó a quienes se han atrevido a cuestionar la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, insinuando que sería una acción apropiada por parte del fiscal del Estado el tomar medidas represivas frente a tales personas críticas del Tribunal Supremo. En su conferencia de prensa, se mostró indignada por el desprestigio que tales declaraciones críticas causan internacionalmente al Estado y al propio Tribunal Supremo, argumento repetido también en varias ocasiones por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (Gabriela Bravo).
Las intervenciones de la vicepresidenta y de la portavoz del Poder Judicial intentando callar las voces críticas del Tribunal Supremo traducen, además de una falta de sensibilidad democrática, un déficit de entendimiento de lo que es democracia, basado en un insuficiente conocimiento de cómo la democracia funciona en otros países con mayor experiencia y madurez democrática que España. Cuando el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó recientemente que las grandes empresas tenían la misma personalidad jurídica que las personas, permitiéndoles financiar a los candidatos a los cargos representativos en las elecciones estadounidenses, se oyeron protestas generalizadas hacia la Corte Suprema, denunciando la falta de cultura democrática de los miembros de dicho tribunal, por permitir semejante disparate que corrompía al proceso electoral. El propio presidente Obama les criticó y avergonzó en su discurso sobre el Estado de la Unión, frente al Congreso de EEUU. Y los indignados de EEUU, el movimiento Occupy, pusieron verde al tribunal con toda clase de mofas e irreverencias. Sería impensable que el fiscal del Estado intentara tomar acciones en contra de los críticos: esto no ocurre en una democracia.
La frase de la vicepresidenta de que “les pueden gustar más o menos, pero tienen que ser respetadas por todos y acatadas por las partes”, refleja el tono autoritario, de las derechas en España. Las decisiones del Tribunal Supremo, o de quien sean, no tienen por qué respetarse. Respeto es un sentimiento personal. A mí la decisión del Tribunal Supremo me repugna y no respeto ni el dictamen ni los miembros del Tribunal Supremo que aceptaron la acusación de Falange, herederos del partido que asesinó a miles y miles de españoles (120.000 de los cuales permanecen desaparecidos) en contra del juez Garzón, quien quiso averiguar las responsabilidades de la dictadura en tal desaparición (como instruye y ordena el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), colaborando incluso, en el caso del juez Varela a preparar la acusación. Y también desprecio a los miembros del Tribunal Supremo que están prevaricando y participando en el linchamiento a Garzón. En cuanto a acatarla, es una medida que el ciudadano puede o no escoger hacerlo. La desobediencia civil es un elemento del comportamiento democrático que ha hecho progresar la democracia enormemente. Sin desobediencia civil, los negros en EEUU estarían viajando todavía hoy en la parte trasera del autobús. Y la desobediencia civil (brutalmente reprimida) del Movimiento 15-M permitió dar visibilidad a unos temas (con los cuales la mayoría de la población está de acuerdo) que habían estado ocultos durante demasiado tiempo (como la corrupción extendida entre la clase política, que el dictamen del Tribunal Supremo, por cierto, favorece con su tolerancia).
La señora Soraya Sáenz de Santamaría haría bien en preguntarse por qué las instituciones representativas y la clase política están tan desprestigiadas en España, siendo el tercer mayor problema que tiene España según las encuestas. Son los comportamientos políticos, como los del partido de la cual ella es dirigente, los que llevan a cabo acciones que dañarán claramente a la población y que no estaban en su programa electoral. El arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana, consideró este hecho –la realización de recortes por parte del Gobierno de David Cameron, que no estaban anunciados en su programa–, como inmorales e ilegítimos, aunque fueran legales. Por desgracia, las autoridades católicas españolas no llegan a la altura moral del arzobispo de Canterbury.
Son tales medidas, así como el enjuiciamiento del juez Garzón por el Tribunal Supremo, las que están desprestigiando a España. Su comportamiento se ve como lo que es: un intento de deshacerse de un juez muy incómodo para el establishment conservador heredero del franquismo. Es incomprensible, en el mundo democrático, que el Estado no ayude a los familiares a encontrar a sus desaparecidos, que son los desaparecidos de todos los demócratas en este país. La democracia la están desacreditando los miembros del Tribunal Supremo y el Gobierno conservador que está apoyando tales comportamientos. Las declaraciones de la portavoz del Poder Judicial y de la vicepresidenta del Gobierno están contribuyendo a ello.
Fernando Lamata
Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad
Ilustración de Enric Jardí
Aunque la sanidad pública española es considerada una de las mejores del mundo, con un coste menor que los países de nuestro entorno y mejores resultados en salud, se plantea con frecuencia la necesidad de más copagos para contribuir a la financiación y frenar la demanda. Es esta una modificación de calado que afecta y pone en riesgo los fundamentos de nuestro modelo sanitario.
El copago (que debemos llamar repago, ya que todos pagamos impuestos para sostener la sanidad pública), es decir, el pago de una parte de la prestación por el paciente en el momento de utilizar un servicio sanitario, responde conceptualmente a un modelo privado de atención: que cada uno cuando esté enfermo se pague lo suyo. Sin embargo, la sanidad pública se desarrolla al comprobar que la mayoría de las personas de clase media y los trabajadores, con rentas medias y bajas, no podrían pagarse la atención médica, incluso se arruinarían (como pasa con frecuencia en EEUU), si tuvieran una enfermedad grave o una enfermedad crónica.
Uno no elige cuándo se pone enfermo, ni tampoco elige la gravedad de su enfermedad. Uno puede elegir ir al cine o al fútbol, o no ir. O puede, si tiene dinero, decidir gastarse 30 euros o 300 en un vestido. Pero uno no decide cuándo tener cataratas. Como tampoco elige tener cáncer de colon, cuyo tratamiento es muy caro, en vez de tener un catarro. Esta imprevisibilidad, y la posibilidad de un coste muy elevado, es lo que justificó que se construyeran sistemas de protección social para que todas las personas, independientemente de su situación económica, pudieran tener acceso a la atención sanitaria adecuada cuando la necesitaran. “Hoy por ti, mañana por mi”. Este aseguramiento, después de tiras y aflojas entre la clase obrera y el capital, se hizo obligatorio y universal a lo largo del siglo XX en muchos países avanzados, convirtiéndose en derecho social. Es una conquista de las clases medias y de los trabajadores que, a través de la política fiscal, pueden corregir las enormes desigualdades de renta que provoca la economía de mercado.
El copago, o repago, rompe este concepto de solidaridad. Presupone que si el paciente no paga, va a abusar. Pero la mayor parte de las personas no van al hospital o al médico general por capricho. No quieren que les quiten parte del colon, ni que les internen en una unidad psiquiátrica o que les dialicen. Normalmente, hay un problema de salud, un diagnóstico y un tratamiento prescrito por médicos. El que dejará de ir es quien no pueda pagárselo. Pero el que pueda pagarlo irá igual, o más. La utilización de los servicios hospitalarios, que son los más caros, es mayor donde hay más copago. Así, el número de pacientes dados de alta por cada 100.000 habitantes es de 10.411 en España; 13.086, en EEUU (un 26% mayor); 26.251, en Francia; o 23.658, en Alemania (más del doble que España). En cuanto al número de consultas médicas, en España es de 7,5 por persona y año, similar al de Francia –que es de 6,9– o Alemania –8,2– y mayor que en EEUU, que es de cuatro. Esto no es un mal dato. Al contrario, es bueno, ya que en España la atención primaria es la base del sistema sanitario. Permite una atención continuada y un seguimiento de los procesos muy adecuado y a menor coste que la atención especializada hospitalaria, con buenos resultados en salud. Así, vemos como los años potenciales de vida perdidos por cada 100.000 mujeres fueron 1.871 en España, la mitad que en EEUU, con 3.355, y un 18% menos que en Francia –2.202– y Alemania –2.212–.
Las dificultades económicas de la sanidad en España no son consecuencia de un exceso de gasto o de un exceso de demanda porque no haya copago. El gasto sanitario público en nuestro país es menor que en países con copagos más altos: 1.715 euros, frente a 2.358 en Francia, 2.466 en Alemania o 2.887 en EEUU, en paridad de poder adquisitivo. Las dificultades tienen que ver con los menores ingresos fiscales: 32,9% del PIB en España, frente a 44,5% en Francia o 39,5% en Alemania. Esta enorme diferencia se debe, sobre todo, al excesivo fraude fiscal y la baja proporción de ingresos sobre las rentas del capital. Si tuviéramos una proporción de ingresos fiscales similar a estos países, las arcas públicas dispondrían de un 7% del PIB adicional, equivalente a todo el gasto sanitario público.
Para seguir manteniendo una sanidad pública de calidad, deberemos destinar un volumen de gasto similar al de los países europeos avanzados (Alemania, 9,92%; Francia, 9,19%; en relación al PIB). Y, al mismo tiempo, es importante continuar mejorando la eficiencia en el uso de los servicios. La mejor forma de evitar la utilización inadecuada no es el copago, sino la educación sanitaria, la formación continuada de los profesionales, las condiciones adecuadas de trabajo, los sistemas de evaluación de los resultados y la revisión de las indicaciones en función de dicha evaluación, así como de la revisión permanente del catálogo de prestaciones que ofrece el Sistema Nacional de Salud para que no se autoricen, o se retiren, intervenciones ineficaces o menos eficientes. Además, se debe promover una orientación preventiva y un enfoque que integre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Este es el mejor camino.
El copago/repago en sanidad, tiene efectos negativos a corto y a largo plazo. A corto plazo, dificulta el acceso a las prestaciones sanitarias para los enfermos con rentas medias o bajas y los pensionistas. A largo plazo, es una puerta abierta para el desmantelamiento de la sanidad pública y la expansión de la sanidad privada. “¡Y sálvese quien pueda!”.
