Toni Comín i Oliveres
Profesor de ESADE (Universitat Ramon Llull)
Ilustración de Iker Ayestaran

El obstinado “no” de Merkel a los eurobonos la está enfrentando políticamente a tirios y troyanos. Tirios: el PSE, que representa la socialdemocracia europea en su conjunto, incluido el SPD, hace ya días que ha apostado públicamente por un Tesoro europeo. Troyanos: Rajoy, Sarkozy o Monti, es decir, los gobiernos de los países grandes del sur, todos ellos sostenidos en partidos homólogos a la CDU y miembros del PPE, tampoco esconden su agrado por la idea. Pero, además, este “no” contradice algunas lecciones fundamentales que los economistas han constatado en las últimas décadas. Y cuando la política opta por ignorar las verdades que enseñan las ciencias sociales, por frágiles y limitadas que estas sean, tiende a crear problemas innecesarios.

En los últimos meses, Merkel ha expuesto una y otra vez las razones de su rechazo. “Los eurobonos –declaraba en diciembre– tienen un problema: igualarían las tasas de interés de todos los países y eso nos impediría saber dónde están los problemas”. Desde esta perspectiva, la prima de riesgo no es más que la medida de las dificultades de cada país y el asedio de los mercados de deuda debería servir para que los países con problemas fiscales –todos ellos atrapados en un escaso o nulo crecimiento– se vean indefectiblemente impelidos a resolverlos.

A ojos de la derecha alemana, si se mantiene la deuda pública separada, estos países no tendrán más opción que atacar las causas de fondo de este débil crecimiento. Si, en cambio, la UE emite deuda conjunta, la presión de los mercados sobre estos países disminuirá automáticamente y sus problemas estructurales quedarán sin resolver, enmascarados bajo el paraguas de aquellos miembros de la UE que crecen sin excesivas dificultades –por ahora–. Los eurobonos serían, para Merkel, una invitación a la irresponsabilidad.

Sin embargo, a raíz de las crisis financieras de las dos últimas décadas, los economistas que han analizado más perspicazmente el funcionamiento de los mercados de inversión han tomado una clara consciencia de su tendencia estructural a las “profecías autocumplidas”. Se trata de una lógica diabólica: cuando los inversores prevén que un país tendrá problemas –o a veces simplemente lo creen, movidos por prejuicios sin ningún fundamento económico racional– son ellos mismos quienes se encargan de creárselos. Huyen y, con su huida, lo hunden en la miseria. Bienvenidos al mundo de “las expectativas que se cumplen a sí mismas”.

Esta lógica –que en el caso de los mercados de inversión privada se desplegó con todo su ímpetu en las crisis financieras de los noventa, muy especialmente en la del sureste asiático– se repite hoy, en cierto modo, en los mercados de deuda pública de los periféricos del euro. Los inversores que creen que los países de la UE con déficit no podrán devolver sus deudas –y que huyen hacia “valores seguros” como el bono alemán o el estadounidense, que en momentos han alcanzado incluso rentabilidades negativas– disparan sus primas de riesgo y, con ello, incrementan hasta límites insoportables el volumen de sus deudas. Al temer que la deuda española, portuguesa, irlandesa o griega sea impagable, los mercados financieros se comportan de tal modo que casi consiguen que lo sea. Su reacción ante los problemas fiscales de los países del euro no hace sino empeorarlos. Para protegerse de un riesgo, lo incrementan: esta es hoy la paradoja –que no tiene nada de nuevo– del funcionamiento del sistema financiero.

Aunque para Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, el déficit de los países del sur de la UE
–y las dificultades de crecimiento que están en su origen– son la causa y las primas de riesgo en escalada son su consecuencia, la experiencia de las últimas décadas demuestra que puede que las cosas sean al revés. La crisis de los bonos nacionales puede acabar convirtiéndose más bien en la causa, que no en la consecuencia, de la crisis fiscal. El servicio de la deuda es hoy una de las principales partidas de los presupuestos de estos países y abulta dramáticamente su déficit: son miles de millones de euros que no se pueden dedicar a políticas de estímulo del crecimiento –y crecer es la condición necesaria y urgente para poder pagar de verdad la deuda pública–. Por esto, si los países fiscalmente ahogados siguen sometidos individualmente a la presión de los mercados financieros, sus problemas fiscales y de crecimiento se agravarán todavía más. Justo lo contrario de lo que pronostica la actual derecha alemana.

Los eurobonos son la vía más segura, estable y eficaz para cortar de raíz este perverso círculo vicioso. Hay otros instrumentos que también pueden contribuir enormemente a reducir las primas de riesgo de estados como España, Italia o Portugal: la ampliación y flexibilización del futuro fondo permanente de estabilidad financiera (MEDE), por un lado, y la intervención del BCE en los mercados de deuda, es decir, su actuación como “prestamista de última instancia”, por el otro, son los más importantes. Sin embargo, ninguno de estos dos indispensables “cortafuegos” contra posibles incendios en la deuda soberana de los países del euro debería sustituir estas auténticas vigas ignífugas que supondrían los eurobonos y el Tesoro europeo para la arquitectura fiscal y financiera de la Unión.

Empero, con los eurobonos no sólo los países deficitarios que hoy pagan unas primas de riesgo astronómicas pagarían bastante menos. También los países “seguros” que hoy pagan muy bajos intereses por su deuda deberían pagar algo o bastante más para financiarse. Es cierto. Sin embargo, todo apunta a que el coste de la futura deuda común europea sería menor que la suma del coste actual de la deuda de cada uno los diecisiete países del euro. Esto es lo decisivo. Tomados de uno en uno, con los eurobonos algunos países saldrían ganando y otros perdiendo. Pero tomada la UE en su totalidad, pagaría considerablemente menos en intereses: el ahorro global para el conjunto de la Unión sería indiscutible. Por ello, los eurobonos son la piedra de toque que permite saber si los actuales líderes de la UE piensan “en europeo” o piensan “en nacional”, esto es, si tienen visión europea o carecen de ella.

Umberto Eco
Escritor y filósofo italiano experto en Semiótica
Ilustración de Federico Yankelevich

Hace no mucho tiempo, siguiendo las huellas de Jonathan Swift y su panfleto The Art of Political Lying, publicado en 1712, escribí acerca de los grandes mentirosos y mencioné la vieja disputa entre moderados y rigoristas. Los primeros conceden que, en última instancia, es aceptable decir algunas mentiras (por ejemplo, en aras de la diplomacia o la cortesía), en tanto que el segundo grupo siempre ha mantenido que no se debe mentir: ni siquiera para salvar la vida de una persona.

El clásico acertijo del “asesino en la puerta” fue planteado por San Agustín, quien era un rigorista: un pobre hombre busca refugio en tu casa, y tú accedes a ocultarlo en tu hogar. Al cabo de un rato el asesino llega y pregunta acerca del paradero del hombre que está buscando. ¿Qué es lo que haces? El sentido común nos dice que debemos mentir y decirle al asesino que ignoramos el paradero del otro hombre, o que lo vimos encaminarse hacia otra parte. Pero el rigorista te dirá que, dado que no debemos mentir bajo ninguna circunstancia, debes confesar al asesino que el hombre está oculto en tu propia casa.

Naturalmente, con el tiempo han cambiado las convenciones al respecto, y este acertijo parece menos severo hoy en día: una persona puede simplemente abstenerse de dar la información al asesino, sin mentir abiertamente. No obstante, en general los rigoristas nunca han abandonado su completa oposición a mentir.

Esto nos lleva a Immanuel Kant, uno de los más renombrados defensores de la posición rigorista. Kant, quisiera señalar, fue también una de las grandes mentes en la historia de la filosofía. Pero en ocasiones emitía declaraciones que, como Homero, nos dejan desconcertados todavía hoy en día. Una de las más conocidas fue su condena de la música como una forma inferior de arte, en The Critique of Judgement (1790). Según escribió entonces, la música no es más que un arte “agradable” porque “sólo juega con las sensaciones” –a diferencia de las artes “formativas”, como la pintura, la escultura y la arquitectura, que dejan una “impresión más duradera”–. También señaló que la música altera a aquellos que no desean escucharla: la comparó con el pañuelo perfumado que los hombres acostumbraban llevar en los bolsillos y sacaban de vez en cuando, forzando a otros a inhalar involuntariamente su aroma.

Sin embargo, en el tema del asesino que pregunta si el hombre que pretende convertir en su víctima está en tu casa, Kant ofreció un argumento extraordinario. En en ese ensayo titulado On a Supposed Right to Lie From Altruistic Motives (1797), escribió: “Si por decir una mentira has prevenido un asesinato, te has hecho legalmente responsable de todas las consecuencias; pero si te has atenido rigurosamente a la verdad, la justicia no puede castigarte en modo alguno, cualesquiera que sean las consecuencias imprevistas. Después de contestar honestamente la pregunta del asesino acerca de si su víctima potencial está en casa, puede suceder que esta haya huido de la casa para no toparse con el asesino, y en consecuencia el asesinato no se comete. Pero si hubieras mentido y dicho que no estaba en casa cuando realmente se había escapado sin que tú lo supieras, y si el asesino se lo hubiera encontrado al salir y lo hubiera matado, tú podrías ser acusado justamente de su muerte. Porque si hubieras dicho la verdad tal como la conocías, quizá el asesino hubiera sido aprehendido por los vecinos mientras buscaba en la casa y, en consecuencia, el crimen se hubiera prevenido. Por tanto, quien diga una mentira, por más bien intencionada que esta pueda ser, debe responder por las consecuencias, por más imprevisibles que estas sean, y cumplir la condena por ellas incluso ante un tribunal civil”.

Espero que el bueno de Kant nunca haya sido castigado por mentir debido a “motivos altruistas”. En cuanto a su fe en esos hipotéticos vecinos, si tuvieran el mismo valor que Kant, entonces la víctima potencial estaría condenada.
¿Por qué estoy narrando nuevamente esta historia, que hubiera sido generoso (para el legado de Kant) olvidar? Siempre me siento fascinado por la estupidez, pero cuando expresiones de estupidez aparecen en los escritos de hombres verdaderamente grandes, es como ser sacudido por una visión redentora: el hecho de que incluso los genios pueden decir tonterías es una fuente de gran consuelo.

Federico Mayor Zaragoza
Ex director general de la Unesco. Presidente de la Fundación Cultura de la Paz
Ilustración de Jordi Duró

Ignacio Ramonet, en un artículo reciente titulado Generación sin futuro, citaba una frase de André Gide que es ahora especialmente pertinente: “El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos”.

La inercia es el gran obstáculo para la evolución, es decir, para cambiar oportunamente lo que debe cambiarse y conservar lo que debe conservarse. La reticencia a la modificación y adaptación, la tentación de dejar todo como está y utilizar fórmulas de ayer para resolver los problemas de hoy es una actitud particularmente negativa cuando las transformaciones son inaplazables, porque pueden derivar en revolución. Lo más peligroso de la inacción es que se extiende la impresión de que las cosas son como son, de forma inexorable, como el propio destino. Y se reduce y atenúa la facultad creadora distintiva de la especie humana.

Como bioquímico preconizo desde hace años imitar a la naturaleza, seguir su consejo, ya que la evolución, aun la más apremiante, no conlleva violencia. Tensión creadora –“la dificultad aguza el ingenio”– sí, pero usando el intelecto y no la fuerza. Recientemente José Monleón ha publicado La evolución pendiente, libro en el que analiza las posibilidades de evolución a escala local y planetaria. Llevarla a término sin dilación constituye uno de los grandes desafíos del presente. Para esclarecer los horizontes hoy tan sombríos se requieren nuevos enfoques. Se trata de una crisis sistémica que afecta particularmente a Occidente, porque es Occidente la que la ha provocado.

En el año 1991 escribí que el “coloso soviético se ha derrumbado porque, basado en la igualdad se había olvidado de la libertad. El sistema capitalista, basado en la libertad, se desmoronará igualmente si se olvida de la igualdad”. El presidente Reagan y la primera ministra Thatcher pensaron que había llegado el momento de la hegemonía “de Occidente” y no sólo marginaron totalmente a la ONU y la sustituyeron por grupos plutocráticos de 6, 7, 8… 20 países prósperos, sino que sustituyeron, también, y esta es la causa real del fracaso de la globalización neoliberal, los principios democráticos por las leyes del mercado.

Frente a la crisis de 2008, con considerables burbujas inmobiliarias en algunos casos, se acentúa progresivamente una reacción implacable de la zona del dólar en relación a la eurozona. Sobre todo en los últimos meses, el presidente Obama ha logrado emitir fondos para incentivar las grandes obras públicas y la creación de empleo a través del fomento de la pequeña y mediana empresa, y ha iniciado no sólo una política de desarme muy considerable, sino que ha vuelto decididamente la vista hacia el Pacífico. Europa, en cambio, sigue sin tener un sistema autónomo de seguridad, sigue sin federarse fiscalmente, al menos, y sin emitir incentivos para aumentar el empleo, basando toda su política en los recortes y la austeridad. Política que alcanza límites muy peligrosos ya en algunos países.

Los “mercados” –emanación del gran dominio financiero, militar, energético y mediático– no sólo condicionan, una vez rescatados, los acontecimientos económicos y acosan a los gobernantes europeos, sino que han llegado al colmo de forzar la designación de primeros ministros y de gobiernos sin comicios electorales. Su influencia alcanza una gravísima patología social, frente a la que debemos reaccionar rápidamente.

Grecia está que arde. Se cometieron muchos excesos… pero quienes los pagan, como siempre, son los más vulnerables. La troika exige ahora reducir 15.000 funcionarios más, lo que provocará no sólo más recesión sino que pueden alcanzarse situaciones en las que los efectos sociales lleven a colmar el vaso de la ponderación y de la mesura. Hay que evitar el estallido social en Grecia, que podría tener, además, efectos “contaminantes”.

“Europa debe darse cuenta –ha escrito Joseph Stiglitz– de que la austeridad por sí misma no resolverá sus problemas. Por el contrario, exacerbará la desaceleración económica. Mientras tanto, los programas a largo plazo –incluidos el cambio climático y otras amenazas ambientales y la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo– continúan intactos… o empeoran”. El BCE, el FMI y la Comisión Europea deberían captar estos mensajes, a los que hacen oídos sordos.

Hubo grandes manifestaciones en Portugal el pasado noviembre, donde las aguas siguen turbias. Protestas masivas y heridos en Grecia. A estas se añaden múltiples manifestaciones presenciales en Catalunya, en la Comunidad de Madrid, y los miles de indignados de la Puerta del Sol, trasladados después al ciberespacio, con miles también de activistas en EEUU. “¿Qué mejor lobby de influencia que el 99% de la población sojuzgada por el 1% que incluye a todos los poderes del sistema?”, apuntaba Rosa María Artal (Público, 07-11-11).

Hoy, por primera vez en la historia, los ciudadanos pueden dejar de ser súbditos, obedientes, atemorizados, pusilánimes. La posibilidad de la participación no presencial abre, junto a una mayor influencia femenina en la adopción de decisiones y una conciencia global que nos permite apreciar lo que poseemos y atender solidariamente las precariedades del prójimo, extraordinarias posibilidades de movilización popular.

Estos son los grandes desafíos. Este es el mañana que tenemos que inventar. Me gusta repetir la frase de John Fitzgerald Kennedy: “No existe ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana”. Se trata en suma de la transición de la fuerza a la palabra. Gente educada, libre y responsable, que actúe en virtud de sus propias reflexiones y nunca más al dictado de nadie. Sí, la diferencia entre evolución y revolución es la “r” de responsabilidad.

Leire Pajín
Diputada y exministra de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales
Ilustración de Mikel Casal

La reducción de cerca de un 40% de los fondos destinados a la cooperación española y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), respecto al presupuesto de 2011, pone en peligro al sector de la cooperación internacional y el trabajo desplegado en los últimos años por Organizaciones No Gubernamentales de ayuda al Desarrollo (ONGD) y las instituciones del Estado, incluyendo comunidades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos y ayuntamientos, que presentan también recortes del 14% en su conjunto. Esta decisión envía un mensaje al exterior que no se corresponde con el sentir de solidaridad que suele manifestar la sociedad española y castiga a los más pobres entre los pobres del planeta.

El recorte de 900 millones de euros de AOD es brutal por sus dimensiones, por la falta de comunicación y porque sólo responde a principios económicos sin valorar objetivos, prioridades ni criterios de planificación de la cooperación al desarrollo internacional. Olvida el compromiso de España con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y rompe el consenso político y social sobre el hecho de poder alcanzar la aportación del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en AOD para 2015.

Debemos interpretar este tijeretazo como una mera decisión contable e irreflexiva que desvela la sensibilidad tosca del Gobierno y el escaso compromiso de la política y la acción exterior del presidente Mariano Rajoy. Esta decisión será también ineficaz para defender nuestros intereses en otras regiones del mundo y en los organismos internacionales, y se inscribe directamente en el ámbito de la irresponsabilidad.

El informe sobre política y recomendaciones en materia de AOD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que España, hasta el año 2009, encabezó el esfuerzo presupuestario y fue vanguardia en las reformas y en los avances de su política de ayuda al desarrollo. Señala como muy positivo el camino iniciado de reducción del número de países receptores, el aumento de la desvinculación de la ayuda y el incremento de su concentración en países menos desarrollados. Avances que deben consolidarse para que nuestra AOD siga siendo el referente de calidad y eficacia de estos últimos años.

La cooperación internacional al desarrollo es una política y una prioridad de Estado. Es sincero reconocer que se había iniciado una tendencia descendente en los últimos años, pero el recorte actual y su falta de planificación no tiene muchos precedentes. Debemos dejar claro que, de igual manera que se ha fijado un techo de endeudamiento, debemos marcar el horizonte de alcanzar la inversión en cooperación al desarrollo del 0,7% de la RNB y, lo que es más importante, respetar y hacer cumplir las prioridades y objetivos pactados por ONGD y grupos parlamentarios en esta legislatura, teniendo en cuenta el contexto de crisis. Sería un error estratégico empobrecer o abandonar nuestros programas orientados a la educación, la igualdad de género, la salud y especialmente la seguridad alimentaria; sobre todo, en un contexto previsible de hambrunas, migraciones y mayores desigualdades.

En épocas de crisis económica, cuando los recursos públicos se reducen, la apuesta inteligente y justa es priorizar. Marcar las prioridades de forma clara y transparente, siguiendo criterios que respondan a la reducción de la pobreza y no a otros intereses, evitando que la reducción de AOD vaya acompañada de pérdida de calidad de la misma, dispersión o condicionalidad.

Debemos mantener los ejes estratégicos para garantizar una ayuda predecible, evitar decisiones aleatorias y garantizar una coherencia en las políticas de desarrollo. Es ahora más necesario que nunca el papel del Consejo de Cooperación y del Consejo Interterritorial para marcar una hoja de ruta conjunta y consensuada y para no tomar decisiones aisladas que agraven aún más la situación de nuestra cooperación internacional.

La crisis económica y financiera internacional, unida a las crisis alimentarias, sanitarias y el cambio climático, hacen prever que se eleven los riesgos globales y que nos enfrentemos, en el corto y medio plazo, a situaciones no deseadas de hambrunas, pobreza y exclusión social. Por ello, las políticas cortoplacistas son sólo paliativas y no inciden, como las de largo alcance, en la raíz de los retos que lastran el avance de los derechos y la seguridad humana en el mundo.

Las amenazas y las oportunidades de España para las próximas décadas no procederán sólo de nuestro país, sino que vendrán mayoritariamente del exterior. Las políticas de desarrollo responden a una forma de entender y de estar en el mundo, pero también son eficaces para garantizar nuestra prosperidad. ¿Alguien sensato puede imaginar la viabilidad de Europa, más allá de la reducción de su déficit y de su crecimiento económico, si la brecha de desigualdad se ahonda con el Mediterráneo sur y el África subsahariana? De nada servirá reducir el déficit y estimular el crecimiento europeo si no va acompañado del desarrollo de otras regiones y países, y de una política de vecindad más amplia.

La prosperidad y el desarrollo sólo pueden entenderse de manera global e inclusiva, pues, de lo contrario, los desequilibrios y las injusticias se volverán contra nosotros. Reconocer estos principios e integrarlos en la política de Estado de cooperación internacional son exigibles a este Gobierno, que ha hecho saltar todas las alarmas solidarias y el SOS de la cooperación española.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso

El dogma neoliberal que ha estado imponiendo unas políticas de austeridad con recortes muy marcados del gasto público, incluyendo del gasto público social (en transferencias –como pensiones y ayudas a las familias–, así como en gastos en servicios públicos del Estado del bienestar –como sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales y otros–, que determinan en gran manera la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población), ha dominado todo el discurso y la práctica política del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la mayoría de gobiernos de la UE durante estos años de crisis. Estas políticas de recortes han sido particularmente acentuadas en los países que despectivamente se conocen en la terminología anglosajona como PIGS (cerdos), y que incluyen a Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain) a los que últimamente han añadido otra I (PIIGS), al incluirse Italia.

Tales recortes se han presentado como necesarios para recuperar la “confianza de los mercados financieros”, manida frase que se ha utilizado con gran frecuencia para justificarlos. Otra frase también en gran uso en la sabiduría convencional neoliberal es la necesidad de “mostrar responsabilidad fiscal”, como si responsabilidad y recortes fueran sinónimos. Ahora bien, un simple análisis de los datos muestra que, a pesar de que aquellos países han estado recortando y recortando, la famosa “confianza de los mercados” no ha aparecido por ninguna parte. Los intereses de la deuda pública en la mayoría de estos países han continuado elevadísimos, con niveles insostenibles en todos ellos. La desconfianza continúa a pesar de los recortes, y ello ha ocurrido país por país.

En España ha habido unos recortes sin precedentes (acentuados ahora más con el Gobierno del Partido Popular), aprobándose incluso una reforma de la Constitución que dificultará en el futuro la reducción del enorme déficit de gasto público social que tiene España, el más bajo, per cápita, de la UE-15 (el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico al nuestro). A pesar de estos recortes, los intereses de la deuda pública han ido subiendo de manera tal que el presidente Rajoy ha indicado que llevará a cabo las reformas que hizo Portugal cuando fue intervenido, posibilidad que el presidente Zapatero creía haber evitado con sus políticas de recortes, las cuales se justificaban para prevenir lo que ha acabado ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿cómo se justifica tanto recorte cuando la famosa “confianza de los mercados financieros” no ha aparecido por ninguna parte?

Una situación parecida ha tenido lugar en Grecia, donde los recortes están generando una gran agitación social, sin que los intereses de la deuda hayan bajado. Antes al contrario, han alcanzado unos niveles insostenibles. Un caso parecido es el de Irlanda, donde a pesar de los recortes de las pensiones (de más del 10%) y de la reducción sin precedentes de los beneficios sociales y del empleo en los servicios del Estado del bienestar, los intereses de la deuda pública continúan ahogando a la deuda pública. Y lo mismo está ocurriendo en Italia.

Todos estos países PIIGS han estado gobernados por partidos conservadores (dictatoriales en el caso de Grecia, Portugal y España) en la mayoría del periodo pos II Guerra Mundial, siendo las fuerzas conservadoras todavía las dominantes en su vida política y mediática. En todos estos países –al revés que en el norte de Europa– el mundo del trabajo es débil y el del capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte. En consecuencia, tienen políticas fiscales regresivas, enormes fraudes fiscales y estados del bienestar poco desarrollados. Y en todos ellos la reducción del déficit público ha sido primordialmente a base de recortes del gasto público social. A pesar de ello, su deuda pública, como porcentaje del PIB, ha continuado aumentando desde 2007 sin que los recortes la hayan reducido. En España ha subido del 36% del PIB al 68%, en Portugal del 68% al 102%, en Grecia del 107% al 161%, en Irlanda del 25% al 107% y en Italia del 103% al 120%. En realidad, estos recortes han empeorado la situación en lugar de mejorarla, tal como algunos de nosotros predijimos. Los famosos “mercados” creen que, a no ser que crezcan, estos países jamás podrán pagar su deuda. Y tales recortes están dificultando que crezcan. Como ha dicho Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times: “No entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía” (“Why Europe’s Officials Lose Sight of the Big Picture”, The Financial Times, 16/10/11).

Por fin comienza a percibirse que algo no funciona con los recortes. Incluso los neoliberales comienzan a decir que tales recortes tienen que ir acompañados de un estímulo económico. Pero asumen erróneamente que la falta de crecimiento económico (que antes decían que se debía al inexistente excesivo gasto público) la causan los salarios “excesivamente altos”. Según tal dogma, los sueldos deben reducirse, lo cual hundirá todavía más las economías de tales países, porque el mayor problema que tienen estas es la falta de demanda, resultado del enorme descenso de las rentas del trabajo (que han disminuido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población) y de la especulación financiera, consecuencia del obsceno crecimiento de las rentas del capital financiero, y que ha provocado la escasez de crédito. La bajada de los salarios, junto con la reducción del gasto público, reducirá todavía más tal demanda, llevándonos a una Gran Depresión. En realidad, para amplios sectores de las clases populares, la Gran Depresión ya está aquí.

Robert Reich
Exsecretario de Trabajo de EEUU. Catedrático de Políticas Públicas y autor de ‘Aftershock’
Ilustración de Patrick Thomas

Antes que nada, una confesión: si Mitt Romney se convierte en el próximo presidente de EEUU, yo soy parcialmente culpable. Hace 10 años, yo competí por la nominación demócrata para ser gobernador de Massachusetts, lo cual me habría dado la oportunidad de darle una sacudida a Mitt Romney en la elección general.

Perdí la oportunidad. En la semana final de las primarias me encontraba prácticamente empatado con el tesorero del Estado, pero entonces se me acabó el dinero, lo que significa que mi campaña publicitaria en la televisión se detuvo. Tras declinar la sugerencia de mi gerente de campaña para que sacara una segunda hipoteca de mi casa, me puse a llamar frenéticamente a todo aquel que pudiera encontrar y que no me hubiese aportado aún 500 dólares, el máximo permitido entonces por el Estado. Recogí habas contadas. Al final, el tesorero ganó las primarias. Romney venció en la elección general y se convirtió en gobernador, y yo volví a mi actividad académica.

Pero mi fantasía de que podía ganarle a Romney no era más que eso, una fantasía, porque Romney tenía –y aún tiene– algo de lo que yo carecía. Y no me refiero a sus brillantes dientes blancos, a su meticuloso peinado o a su estatura. Él tiene dinero, y tiene conexiones con mucho más dinero aún. Mitt Romney era entonces, y aún es, el candidato del gran capital. En las últimas semanas antes del caucus de Iowa, Romney gastó cerca de tres millones de dólares en torpedear sin tregua a su rival Newt Gingrich con publicidad negativa, recortando los apoyos a Gingrich a la mitad y desplazándolo del primer lugar en las preferencias. Pero Romney mantuvo sus huellas digitales fuera del torpedo. Técnicamente, el dinero ni siquiera provino de las arcas de su campaña.

Procedió de una súper-PAC [comité de acción política, por sus siglas en inglés] denominada Restauremos Nuestro Futuro, que puede recaudar cantidades ilimitadas de dinero de unos pocos donantes muy ricos sin necesidad de revelar sus nombres. Esto se debe a que Restauremos Nuestro Futuro es oficialmente independiente de la campaña de Romney –aunque su principal recaudador de fondos ha salido del equipo financiero de la campaña de Romney, su estratega político clave fue director político de la campaña presidencial de Romney en 2008, y su gabinete de comunicación ha formado parte del equipo de comunicación de Romney–.

Restauremos Nuestro Futuro es a la campaña de Mitt Romney como el lado oscuro de la luna es a la luna. Y evidencia el resultado grotesco de la decisión de la Corte Suprema de hace un año en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión Electoral Federal, que echó hacia atrás más de un siglo de esfuerzos por contener la influencia del gran capital en la política. Si los ingresos y la riqueza en Estados Unidos estuviera repartidos tan ampliamente como en las tres primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos menos motivos de preocupación. Pero ahora, con una concentración casi sin precedentes de acumulación de riqueza en la cima, Ciudadanos Unidos refleja la peor corrupción que nuestra democracia haya presenciado desde la Edad Dorada.

Y Romney y Ciudadanos Unidos fueron hechos el uno para el otro. Otros candidatos han montado silenciosamente Súper-PACs propios, y el presidente Obama tiene su súper-PAC muy ocupado rastreando en cualquier reserva de gran capital que pueda encontrar. Pero los lazos únicos de Mitt Romney con los más grandes yacimientos de capital le permiten sacar provecho inigualable de la indignante decisión de la Corte Suprema. The New York Times informa de que gestores de hedge funds de Nueva York y financieros de Boston aportaron casi 30 millones de dólares a Restauremos nuestro Futuro antes del caucus de Iowa. Y la falsa independencia de “Restauremos nuestro Futuro” ha permitido a Romney distanciarse públicamente de ese grupo, de su dinero y del trabajo sucio que con él han comprado.

Más que ningún otro aspirante a la Presidencia, Mitt Romney personifica el uno por ciento en EEUU; más aún, el 10% más rico de ese uno por ciento. No se trata sólo de sus cuatro casas y su fortuna calculada en 200 millones de dólares, no sólo sus pingües negocios financieros, ni siquiera los refugiados sin empleo de sus maniobras financieras lo que hace de él el Gordon Gekko [personaje de la película Wall Street] de los aspirantes presidenciales. Se trata de sus conexiones con los epicentros del gran capital de EEUU, especialmente a los más grandes ejecutivos y financieros dedicados al hábito de invertir a cambio de espléndidas ganancias. Y no hay casi mejores ganancias que aquellas que se encuentran en los beneficios fiscales, subsidios gubernamentales, garantías de crédito, planes de rescate, regulaciones para exenciones, contratos federales y transacciones comerciales que generan cientos de millones, si no miles de millones, de dólares al año.

Romney, en otras palabras, es el candidato creado por Ciudadanos Unidos. La criatura a la que han dado vida [Antonin] Scalia, [John] Roberts, [Anthony] Kennedy, [Clarence] Thomas y [Samuel] Alito, todos desempeñando el papel de Frankenstein. [Se refiere a los magistrados conservadores de la Corte Suprema, cuyos votos dieron luz verde a la nueva y muy laxa ley de financiación política] Dado lo que la Corte Suprema ha forjado, mi conciencia me pesa menos. Si yo le hubiera ganado a Romney hace 10 años, sólo habría conseguido retrasar su surgimiento. Pero me da miedo por este país.

Jaume Asens y Gerardo Pisarello
Juristas y autores del libro “No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis”
Ilustración de Enric Jardí

El derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponer un programa de recortes sociales, una actuación policial e incluso una movilización de protesta, hace falta fuerza. Pero también capacidad de apelar al derecho como fuente de justificación. La legalidad o ilegalidad de una actuación no la convierte en justa, sin más. Sin embargo, es un termómetro que contribuye a calibrar la legitimidad del poder. Y de las resistencias que se alzan contra sus manifestaciones arbitrarias.

Este principio básico explica que el derecho y su interpretación sean un ámbito de disputa permanente. No hay poder que no intente cubrir sus actuaciones con el manto de la legalidad. Las legítimas, sin duda. Pero también aquellas que no lo son. En nombre de la ley, se pueden asegurar derechos pero también asentar privilegios. Se puede reprimir y eliminar sin contemplaciones las aspiraciones legítimas de miles de personas. Esta arbitrariedad disfrazada de legalidad, no obstante, casi siempre encuentra una Antígona dispuesta a desenmascararla. También en nombre del derecho y la razón.

Resistir al derecho en nombre del derecho está lejos de ser una contradicción. La legalidad de nuestra época es una legalidad exigente. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y cartas impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo XX. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 están inscritos en su código genético. Integran el ADN de una legalidad que reconoce derechos universales y principios garantistas, que entraña límites y controles a todo tipo de poderes, públicos y privados, de estado y de mercado, y que está situada en la cúspide de los ordenamientos jurídicos.

En tiempos de crisis, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual, porque refleja la sinrazón jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder. El cierre intempestivo de un centro sanitario de urgencia no sólo repugna intuiciones morales básicas; también amenaza derechos elementales como la salud, la integridad física o la vida, cuando no se interna en un ámbito directamente delictivo. Lo mismo pasa cuando un trabajador es expuesto a la violencia injustificada del despido; o cuando un migrante acaba en un Centro de Internamiento, o cuando una familia sin recursos es arrojada a la calle por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. Se produce, sí, una injusticia social. Pero se conculcan, además, libertades elementales y garantías procesales con las que el Estado aspira a legitimarse. Y si la respuesta a las protestas que estas actuaciones generan es la represión, en lugar de la protección de las víctimas, lo que tiene lugar es un acto de impotencia política. Pero también una degradación del alcance jurídico del pluralismo y del Estado de derecho.

Pueden ofrecerse más ejemplos. Todos ellos revelan una tendencia que se consolida con el agravamiento de la crisis: la tendencia a la ilegalidad del poder. El poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que se sitúan en lo alto del ordenamiento jurídico. Las políticas neoliberales desplegadas con la excusa de la crisis sólo han podido avanzar en abierta tensión con esas reglas. Arrasando con la prohibición de regresividad y con el derecho al debido proceso. Desnaturalizando el papel garantista de los convenios colectivos. Y vaciando de contenido las constituciones sociales y las declaraciones de derechos que Occidente pretende ofrecer al mundo como credencial civilizatoria. Ante el embiste imparable de los poderes privados, los propios mecanismos de control institucional se revelan inútiles. La deriva ilegal del poder es sancionada por el propio poder; gobiernos, parlamentos y jueces, con honrosas y escasas excepciones.

A veces, es verdad, la contradicción con constituciones y tratados se ha salvado con la producción de una nueva legalidad. Una legalidad orientada a tutelar privilegios de pocos por encima de los derechos de todos. Por eso, cuando los grandes capitales especulativos o las agencias de rating aseguran que su actuación en la crisis cuenta con cobertura legal, llevan algo de razón. Buena parte de sus abusos serían impensables sin las prebendas legales obtenidas de gobiernos de diferente signo. Sin todas esas leyes, reglamentos y sentencias que han dado luz verde a la codicia de los rentistas por encima de las necesidades de las mayorías. Esta nueva lex mercatoria, diseñada a medida de un reducido grupo de poderes privados, ha devenido una suerte de nueva constitución global. Un rígido corsé que atenaza los elementos garantistas de los ordenamientos estatales hasta volverlos irreconocibles. La regla europea de la eliminación del déficit a cualquier precio debería leerse en esta clave. Al igual que la reciente reforma constitucional española, acometida para garantizar a los acreedores “prioridad absoluta” de pago en detrimento de los derechos sociales y del principio democrático.

Ahora bien: cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de criminalización, sino como el primero de los derechos. Como bandera necesaria, irrenunciable, de los más débiles en la impugnación de las actuaciones ilegítimas del más fuerte, para forzarle a cumplir sus promesas garantistas, y para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia.

Alejandro Inurrieta
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
Ilustración de Javier Olivares

La actual coyuntura económica y financiera no es nueva. Sin embargo, la lectura y el diagnóstico que se ha hecho ha llevado a la mayoría de las economías, especialmente a las europeas, a recetas equivocadas y a una profunda recesión, cuya longitud sí puede ser dramática.

La crisis tiene su origen en el sobreendeudamiento, fundamentalmente privado. Por tanto, no es una crisis de oferta al uso, en la que los creyentes en esa fe basan toda su esperanza en las reformas estructurales y en la reducción de costes relativos, ni tampoco, originalmente, de demanda. Al ser, por tanto, una crisis de deuda privada, al colapsar el valor del activo que sostenía la deuda, los activos inmobiliarios, se inicia un desapalancamiento que implica demanda insuficiente, exceso de producción, necesidad de reducir deuda, destrucción de capital y desempleo masivo. Por dar algunas cifras, EEUU tiene un stock total de deuda sobre PIB del 370% y España una ratio del 334%.

Este episodio genera que tres variables fundamentales, la tasa de ahorro, el crecimiento de la riqueza o la velocidad de circulación del dinero, reviertan a su media histórica tras los incrementos desmedidos. En el caso del ahorro, el sobreendeudamiento generó una riqueza ficticia, un consumo por encima de la renta disponible y un exceso de inversión. De ahí el ingente déficit comercial y corriente. En el caso de la riqueza, la destrucción de riqueza acaecida demuestra que la tasa de crecimiento de la riqueza a largo plazo debe acompasar a la del PIB nominal. Por último, en el caso del multiplicador monetario, al no haber demanda efectiva, se reduce, lo que conlleva un riesgo de deflación o relajación máxima de las presiones inflacionistas. Por ende, en esta situación, la política monetaria es ineficiente y la fiscal tiene un impacto muy limitado.

En consecuencia, los procesos de rescate bancarios llevados a cabo hasta ahora en España y en el resto de Europa, salvo el caso de Grecia, no se han buscado mecanismos de quitas de deuda para liberar liquidez a empresas y familias. Esto podría ayudar a menguar significativamente el balance financiero, que en el caso de España llega a más del 800% del PIB, drenando mucha capacidad a la economía real. Unido a esto, el regulador debería obligar a las entidades financieras a valorar a precio de mercado y no a precio de adquisición los activos tóxicos, lo que evitaría muchos alzamientos de familias hipotecadas, pues el banco trataría por todos los medios de cobrar la deuda, aunque fuese de forma aplazada, ya que si no su balance reflejaría pérdidas. En resumen, un rescate bancario global debería ir encaminado a reducir capacidad, sólo deben sobrevivir los solventes, quitas de deuda, que paguen también los acreedores, que el coste público sea mínimo y evitar el problema del riesgo moral.

Estas premisas nos llevarían al modelo sueco de rescate bancario llevado a cabo en 1992. En primer lugar, el proceso fue absolutamente transparente, y contó con la dirección del Gobierno y el Banco Central. Los gestores de las entidades afectadas fueron desalojados de forma fulminante de sus puestos, algo que no se ha hecho en España. Sólo tras un análisis exhaustivo de los balances, no como los casos de la CAM y el Banco de Valencia aquí, se comenzó a inyectar capital, y se nacionalizó todo el sector. Tras el reparto de costes entre acreedores y deudores, la banca se saneó, se sacó a la venta y apenas costó dinero al erario público.

La realidad española dista mucho de esta solución. El regulador ha consentido que las entidades intervenidas sigan siendo gestionadas por los mismos que llevaron a dicha intervención, saltándose todo el protocolo en materia de salarios o indemnizaciones, cuyas cifras deberían avergonzar a las dos partes. El grado de transparencia ha sido mínimo, teniendo aquí a ilustres aliados en los Consejos de Administración de muchas de estas entidades, cuyos representantes son elegidos por parte de los grandes partidos políticos, sin distinción, en oscuras maniobras de repartos de poder. La inyección de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco ha servido para solucionar los problemas de solvencia y liquidez, se ha abandonado cualquier intento de reducir la deuda de los afectados, y se persiste en la valoración artificial de los activos tóxicos, para lo que han contado con la alianza del nuevo Ejecutivo de Rajoy. En resumen, se está intentando salvar a todas las entidades, sin reducir capacidad, y por supuesto mantener intacto el volumen de deuda, y la valoración de activos, generando situaciones de desahucios y alzamientos, que aumentan la exclusión social, la pobreza y la mora.

Frente a esto, algunos propusimos también una solución eficiente al problema de vivienda y suelo. La compra, con una quita del precio del 70% del conjunto de activos por parte del sector público y así crear, a un precio reducido, un gran parque público de vivienda en alquiler, lo que redundaría en una mejora del acceso a la vivienda, produciría una rentabilidad al rescate bancario del 6% y aliviaría el impacto para muchas familias. Estas viviendas serían gestionadas por entidades privadas que pagarían un canon a las administraciones competentes.

En suma, nada de lo que se asemeja a un rescate eficiente y equitativo se ha puesto en marcha, lo cual se deja sentir ya en el colapso económico y financiero de muchas familias y empresas. Si otros países lo han hecho, nosotros también. Sólo es cuestión de voluntad y conocimiento de lo que es un rescate bancario sin conflictos de interés, y buscando, de verdad, el interés general.

Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal Anticorrupción
Ilustración de Federico Yankelevich

El juez Marchena, dictó el pasado 26 de enero un auto en el que atribuye formalmente a Baltasar Garzón la comisión de un delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal. El fundamento son los patrocinios obtenidos de varias empresas para subvencionar los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York desde marzo de 2005 a junio de 2006. La resolución rezuma, además de una gran confusión argumental, una notoria impericia investigadora y una maledicencia respecto del juez querellado que es completamente inadmisible.
Ante la aparente dificultad para ordenar y analizar la amplísima documentación de que dispone se permite afirmaciones carentes de todo fundamento que son incompatibles con la “buena fe” exigible a todo magistrado. Llega a decir que hubo entre el juez querellado y sus colaboradores “un reparto clandestino de dinero” o, lo que es peor, “admitiendo –como fue apuntado en el dictamen pericial practicado durante la instrucción– la existencia de cuentas en el extranjero que no han sido identificadas, o el abono de cantidades en metálico o a través de personas o sociedades instrumentales”. Gravísima imputación que no está sustentada en un solo indicio, que ofende gravemente al juez imputado, y que refleja la fiabilidad y confianza que pueden merecer esa clase de magistrados. El juez Garzón, el 22 de diciembre de 2004, solicitó del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una licencia de estudios para el ejercicio de la docencia e investigación en la citada universidad. Y afirmó que estaba gestionando que esta cubriera “los gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar durante dicho periodo”. El juez informó a algunas de las entidades patrocinadoras de los proyectos previstos y las autoridades académicas neoyorquinas, como está acreditado, solicitaron, administraron y distribuyeron los fondos obtenidos. Finalmente, el juez Garzón, el 19 de diciembre pasado, acreditó la cuantía total recibida en concepto de honorarios.
Pero ya que hablamos de patrocinio a jueces y fiscales, debe plantearse abiertamente la relación económica de aquellos con entidades de crédito y de otra naturaleza.
Porque, prácticamente, todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, desde hace 25 años, han celebrado sus congresos anuales gracias a la generosa aportación de las entidades de crédito. Aportaciones que representan un beneficio económico para los asociados. Mas las subvenciones constantemente otorgadas para el pago de honorarios por cursos y conferencias.
Citemos algunos casos, a título de ejemplo. Concretamente, en 1986, el II Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado en Sitges tuvo financiación de La Caixa; en 1989, la Asociación Jueces para la Democracia, recibió el patrocinio de tres cajas de ahorro; en 1996, a la celebración del XI Congreso de la anterior asociación contribuyó Caja Cantabria; en 2003, el congreso conjunto de las dos asociaciones anteriores contó con el patrocinio de Bancaja. En 2010, el XXV Congreso de Jueces para la Democracia fue financiado por BBK. Y en el XIX Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), celebrado en 2011, consta la “colaboración”, de alcance económico indeterminado, de Banesto y Novacaixagalicia.
En otro orden de cosas, la APM ha celebrado convenios con los grupos BBVA y BSCH para “conseguir mejoras para jueces y magistrados asociados en servicios financieros” y suscripción de pólizas de seguro.
Además, la Fundación para la Magistratura, dependiente de dicha asociación e inscrita en el Registro de Fundaciones en 2006, ha celebrado un convenio con Telefónica S. A. donde se “incluyen una serie de servicios y productos para los asociados”; convenio absolutamente incompatible con los fines de la fundación, que permitió, con financiación de Telefónica, celebrar entre el 5 y el 7 de noviembre de 2008 en Valencia una jornada de estudio bajo el título “Justicia, telecomunicaciones y sociedad de la información”, en la que participaron directivos de dicha empresa y varios magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Dicha fundación, en una nota a sus asociados de octubre de 2010, se refiere a varios actos bajo el patrocinio de La Caixa y Mutua Madrileña. Y no olvidemos el denominado “Club Banesto Justicia” para jueces y fiscales que “le ofrece la mejor oferta financiera para cubrir sus necesidades, tanto profesionales como particulares”. Una oferta de cuentas corrientes con un interés al 1,25%, sin comisiones de administración ni mantenimiento, con condiciones especiales para hipotecas y préstamos y otras ventajas.
Es un ejemplo, entre otros múltiples, de cómo la magistratura, “en consideración a sus cargos”, es cuidada y beneficiada por los poderes económicos mediante “dádivas o regalos” que no se resisten a aceptar. Es por esto por lo que el juez Marchena persigue al juez Garzón.
Con esas mismas palabras, el TS (auto de 28-01-2010) justificó en esta causa la persecución penal porque la consecución de los patrocinios económicos fue consecuencia “de una petición personal de fondos” del juez a las entidades patrocinadoras. Aunque en este caso no fue así, es lo que han hecho y continúan haciendo los representantes de las asociaciones judiciales, ya verbalmente, por escrito o través a de reuniones personales entre ambas partes. Nunca nadie ha discutido las solicitudes, la plena licitud de dichas subvenciones ni si han influido o no en las decisiones de los jueces y fiscales subvencionados.
El juez Marchena, una vez más, yerra, haciendo una aplicación discriminatoria del Código Penal en directo y grave perjuicio del juez Garzón.

Kattya Cascante
Politóloga de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordoñez

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo nunca significó la despenalización del aborto. De hecho, nuestro Código Penal lo sigue contemplado como delito tipificado penalmente, aunque con sanción menor. Además, acentuaba dos grandes debilidades: no regulaba la objeción de conciencia, que sigue en indefinición jurídica, ni trabajaba en el ámbito educativo de la salud sexual y reproductiva.

Nunca fue una ley de “aborto libre”, como se ha empeñado en calificar el sector más conservador de nuestra sociedad, y menos, satisfacía las expectativas marcadas por aquellos colectivos que año tras año dedican su energía a reivindicar los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí era una ley que incorporaba garantías con respecto a la denominada ley de supuestos de 1985. Garantías en el acceso a una intervención quirúrgica en condiciones de equidad, así como de protección de intimidad y confidencialidad. Y cuestionaba al menos, la pseudoobjeción de conciencia de algunos facultativos sanitarios que, durante años, han estado negándose a practicar (o presionados a no realizar) la intervención y, por tanto, derivando la práctica a clínicas privadas que generaban mayor dificultad cultural, geográfica y económica para las gestantes.

Esta ley, conocida coloquialmente como ley de plazos, ha conseguido equipararnos a las condiciones de la UE. Una realidad que ha sido respetada, pese al cambio de Gobierno (también conservador), tanto en Reino Unido con David Cameron como en Francia con Nicolas Sarkozy. La interrupción voluntaria del embarazo ya forma parte del acervo de una ética civil de mínimos de las sociedades europeas más avanzadas. La Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento europeo sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados recomienda a los gobiernos de los estados miembros constatar, en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual, las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.

La relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva también está reconocida en el ámbito de Naciones Unidas. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12:  “Los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar”. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, celebrada en 1995, reconocía que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”. Así que, si la verdadera motivación para cambiar esta ley radica en la preocupación de que permita una decisión informada y libre, estaríamos obviando nuestro marco jurídico internacional y regional más próximo.

La presente ley “reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Sin interferencia de terceros, la mujer puede tener una “autodeterminación consciente”, dado que “la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante no ofrece una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer”.

También supone una mayor protección de la vida prenatal, ya que las políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad han demostrado ser bastante más eficaces. La ley debe jurídicamente tutelar el momento inicial de la gestación a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella. Y la mujer, y sólo ella, como persona en el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal adoptará libremente las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Hasta que esto no se entienda como una equiparación de derechos, seguiremos atascados en hacer de esto una cuestión de la vida o muerte de un feto.

Los cambios anunciados por el nuevo Gobierno suponen un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres a la hora de tomar la decisión sobre su salud sexual y reproductiva. Da por hecho que los criterios que aplican las mujeres en el ejercicio de un derecho son insuficientes y necesitan ser tutelados y nos equipara con aquellos países de visión más retrógrada. Por desgracia, es un obstáculo añadido y un retroceso en el ya largo y pesado camino hacia la igualdad y libertad de todos los españoles y generaciones futuras.