Aitor Martínez Jiménez
En estos días un conjunto de ciudadanos y asociaciones ha conseguido la admisión a trámite, y el comienzo del periodo de recogida de firmas, de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para presentar al Congreso una Proposición de Ley por la que se apruebe la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios.
Para la gran mayoría de ciudadanos la ILP es todavía una herramienta prácticamente desconocida, mientras que para la práctica totalidad de los especialistas la ILP es un instrumento de participación fracasado. Sin embargo, probablemente se haya certificado precipitadamente su defunción. El actual contexto político, con una creciente desafección ciudadana hacia el modelo representativo y sus partidos políticos, puede conllevar la activación de este canal de participación popular olvidado.
A caballo entre la democracia directa y la democracia representativa, a través de este instrumento de democracia semidirecta, los ciudadanos pueden proponer la adopción de una ley al parlamento. Su finalidad es evidente, alimentar la producción legislativa con las demandas ciudadanas, para completar así la limitada visión de los partidos políticos, que en ocasiones no trasladan al parlamento intereses que nacen en la ciudadanía.
Nuestra Constitución de 1978 (CE) afirma en su artículo 23 que los ciudadanos tienen derecho a la participación política, “directamente o por medio de representantes”. Por ello, la CE recogió en su artículo 87.3 la figura de la ILP, otorgando a los ciudadanos el poder de la “iniciativa legislativa popular para la presentación de proposiciones de ley”. De esta forma, junto a los partidos políticos, nuestro sistema institucional reconoce a los ciudadanos como actores legislativos legitimados para proponer la adopción de leyes.
Sin embargo, aunque se reconoce “de derecho” la ILP, su regulación ha estado estratégicamente destinada a evitar su utilización “de facto”. El clásico miedo de los partidos a cualquier forma de participación directa de los ciudadanos, les llevó a establecer una triple barrera prácticamente infranqueable:
1) En primer lugar, se incluyó como límite a la ILP la materia de Ley Orgánica, lo que implica cualquier materia vinculada a derechos fundamentales y libertades públicas (algo que curiosamente no figuraba en el Anteproyecto Constitucional, pero que se incluyó posteriormente con la clara finalidad de limitar el ejercicio de la ILP). Esto ha conllevado que la Mesa del Congreso goce de una discrecionalidad total para inadmitir ILPs, ya que cualquier materia puede ser vinculada a derechos y libertades (el 39% de las ILPs presentadas han sido inadmitidas a trámite).
2) Además, se estableció la necesidad de recoger 500.000 firmas en apoyo a esa propuesta de ILP. Este número es a todas luces excesivo, ya que supone uno de los ratios más altos de los países europeos que regulan esta figura. Esta barrera ha hecho prácticamente imposible el normal desarrollo de este instrumento de participación (de las ILPs que han conseguido superar la admisión a trámite, el 75% no consiguieron las 500.000 firmas).
3) Finalmente, las pocas ILPs que consiguen superar la admisión y las firmas, se encuentran con la barrera de la toma en consideración del Pleno del Congreso. El Reglamento del Congreso no ha establecido ningún procedimiento especial para esta proposición de ley que nace de los ciudadanos, por lo que al tramitarse como un proposición ordinaria, mediante una mera votación simple, sin escuchar a los promotores de esa ILP en sede parlamentaria, y sin entrar a debatir su fondo, se puede proceder a no tomarla en consideración (de las 9 ILPs que han llegado al Congreso, sólo 1 fue tomada en consideración).
Estos enormes límites materiales y procedimentales han conllevado que los partidos políticos se hayan hecho con el monopolio de la actividad legislativa, sin permitir a los ciudadanos participar activamente en la creación de las normas. De hecho, en toda nuestra democracia, solo una ILP ha conseguido convertirse en ley en 1999, y debido a que consiguió subsumirse en otra iniciativa parlamentaria.
Sin embargo, aun con todas las barreras impuestas, los ciudadanos han acudido a este canal de participación frecuentemente. Al contrario de lo que se ha venido afirmando, la ILP no es una herramienta fracasada. Hasta el final de la pasada legislatura se han presentado nada menos que 66 ILPs en 29 años, lo que demuestra que no es un mecanismo falto de atractivo para los ciudadanos. Además, en la última legislatura ha estallado su utilización, ya que entre 2008 y 2011, la legislatura de la crisis económica, se presentaron nada menos que 21 ILPs (13 de ellas en el último año 2011, la mayoría de ellas con una clara orientación económica).
Esto demuestra que en los últimos años los ciudadanos han buscado canales de participación alternativos como la ILP. A través de este mecanismo, los ciudadanos han tratado de trasladar al parlamento demandas a las que los partidos políticos hacían oídos sordos. Un claro ejemplo de ello es el caso de la actual ILP sobre la dación en pago.
Además, la potencialidad de la ILP en el corto plazo es incuestionable si tenemos en cuenta la posibilidad de superar algunas de las barreras más duras: en concreto la referente al número de firmas. En 2006 se aprobó la Ley de Firma Electrónica y pocos años después, en 2009, los promotores de la ILP para el trasvase Tajo-Segura, en colaboración con un equipo de la Universidad de Murcia, consiguieron que la Junta Electoral Central avalara un portal web y un software desarrollado por ellos para la recogida de firmas online. Los promotores consiguieron recoger firmas a través del novedoso DNIe y su firma electrónica aparejada, por lo que se estableció un importante precedente para avanzar hacia procedimientos telemáticos de presentación de ILPs.
Por ello, recientemente se han generalizado portales para la recogida de firmas electrónicas en apoyo de ILPs mediante el DNIe, como por ejemplo MiFirma.com o OpenILP.org. A estos portales se une la creciente interacción política ciudadana a través de la instantaneidad de las redes sociales. De esta forma, se puede entrever que en el corto plazo la actividad política de los ciudadanos se canalizará intensivamente a través de ILPs gestionadas en la red y firmadas con un simple click. Este nuevo formato hará de los ciudadanos actores relevantes en el entramado institucional legislativo, algo que los partidos políticos no podrán omitir.
Sin embargo, los partidos políticos siguen mirando con escepticismo a la ILP, sin atender a su creciente uso ciudadano y a la potencialidad que se abre en la actualidad. Continúan viendo esta figura como una agresión a su monopolio legislativo. Craso error, ya que fomentar la participación ciudadana en la gestación de las normas, lejos de ser un problema, es la salida a la situación de crisis de legitimidad que vive el sistema representativo en la actualidad.
Precisamente en el ámbito autonómico y europeo, algunos actores políticos han superado ese miedo a la participación ciudadana y han visto a la ILP como una herramienta para conseguir superar la desafección ciudadana, implicando a los ciudadanos en la vida política diaria. Tanto en Cataluña como en la Unión Europea se han regulado figuras atractivas que, en lugar de limitar, facilitan la participación del ciudadano en la actividad legislativa.
En Cataluña, la figura de la ILP no había tenido ningún atractivo, por lo que en 2006 el gobierno del tripartito, muy centrado en conseguir activar políticamente a la ciudadanía y conseguir superar el proceso de generalizada desafección, reformó en profundidad la figura. Se redujo considerablemente el número de firmas (de 65.000 a 50.000), se admitió la firma de menores de 16 años y extranjeros, se aceptaron adelantos en los pagos a los promotores, se facilitó el acceso de los ciudadanos a los cuerpos técnicos del Parlament para redactar la proposición, y lo más importante, se configuró un procedimiento legislativo en el que los promotores se pueden personar en el Parlament como titulares de la ILP, para defenderla en sede parlamentaria. Todos recordamos la ILP por la que se prohibieron los espectáculos taurinos en Cataluña, en la que una ciudadana, en representación de la Comisión Promotora, se subió a la tribuna de oradores y procedió a la defensa de la proposición de ley. Este hecho significó la superación de la histórica disociación entre el parlamento y la ciudadanía, consiguiéndose una clara interactuación entre representantes y representados.
El éxito de la reforma catalana ha sido monumental. Desde la reforma de 2006 se han presentado 22 ILPs en unos pocos años, mientras que anteriormente, desde el comienzo de la figura en 1995 hasta la reforma de 2006, solo se habían presentado 6 ILPs. En la actualidad, la ILP en Cataluña se ha convertido en una herramienta de participación ciudadana inmejorable.
En el ámbito europeo, de igual forma, se ha conseguido superar ese miedo a la participación ciudadana, y se ha establecido un mecanismo de participación tremendamente atractivo. Con la finalidad de combatir la desafección y desconexión ciudadana con los asuntos europeos, el Tratado de Lisboa ha establecido la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que ha comenzado su andadura este mismo mes de abril. El ratio de firmas es bajísimo (1.000.000 de firmas a nivel europeo), además de que se ha establecido una web de la Comisión para la recogida telemática de las ICEs.
Por todo lo anterior podemos concluir que la ILP a nivel nacional está excesivamente limitada, como consecuencia de esa visión negativa que los partidos políticos han tenido siempre sobre la participación ciudadana, apostando por apropiarse de la actividad legislativa en régimen de monopolio. Sin embargo, y debido a la creciente desafección ciudadana hacia la política centrada en la representación, la participación ciudadana mediante ILPs es creciente, como forma de trasladar demandas que no encuentran respaldo en los partidos políticos. A ello se une la llegada de la firma electrónica y la eclosión de las redes sociales, una conjunción que está llamada a activar intensivamente el mecanismo de participación de las ILPs.
Los partidos políticos deberían superar su visión negativa hacia la participación ciudadana y facilitar el uso de este instrumento. No supondría ningún esfuerzo abrir la posibilidad de presentar ILPs telemáticamente en la propia web del Congreso, con la posibilidad de que posteriormente la web de la Junta Electoral Central permita firmarlas electrónicamente. Se conseguiría de esta forma que los ciudadanos interactúen fluidamente con los partidos políticos, completando la actividad parlamentaria, e implicando a los ciudadanos en la gestación de su propio ordenamiento.
Y es que, sólo se puede mejorar la democracia haciendo participar a los ciudadanos en la misma.
* Los datos recogidos en el artículo son fruto de una investigación realizada por el autor titulada “La Iniciativa Legislativa Popular como instrumento de participación ciudadana en el siglo XXI”
Miguel Ángel Luque Mateo
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almeria
La dación en pago, así como el desahucio y la pérdida de la vivienda tras la correspondiente subasta judicial presentan unas repercusiones fiscales poco conocidas por la ciudadanía, en general, y por las propias personas que se han quedado sin hogar, en particular. La primera de ellas es la obligación de pagar al Ayuntamiento respectivo el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como “plusvalía”. A pesar de su denominación, este tributo debe satisfacerse aunque el precio del inmueble haya disminuido desde su adquisición. Su cuantía depende, básicamente, del valor catastral del suelo, del número de años transcurridos desde que se adquirió y de los porcentajes y tipos de gravamen aprobados por cada Corporación Local. Para hacernos una idea, la pérdida de una vivienda comprada hace seis años en la capital malagueña por 182.000 €, con un valor catastral del suelo de 58.514 €, le supondría al propietario o propietaria que se ha quedado en la calle la obligación de pagar 2.211 €.
Pero no queda aquí la cosa, en diversos casos, esta misma persona, ahora “sin techo”, deberá incluir en su declaración de la renta una ganancia de patrimonio por la diferencia, a grandes rasgos, entre el precio que pagó por el inmueble y el valor por el que oficialmente lo ha adquirido la entidad de crédito. Para explicar este supuesto, de difícil justificación para muchos, continuaremos con el ejemplo anterior, suponiendo que el préstamo hipotecario concedido por el banco que acepta la dación en pago hubiera sido del 100% del precio (182.000 €) y que ya se hubieran amortizado 32.000 €. Pues bien, no será inusual que, en el documento que formaliza la citada entrega de la vivienda, se la valore en 212.000 €, porque esa es la cantidad de deuda contabilizada por el banco y no los 150.000 que teóricamente quedaban por pagar, ya que las escrituras públicas que documentan los préstamos hipotecarios incluyen una cláusula que indica que, en caso de incumplimiento, el deudor tendrá que abonar otros conceptos, además del capital, como intereses moratorios, intereses remuneratorios, costas, etc. Por lo tanto, para Hacienda, en este caso, se habrá producido una ganancia de patrimonio de 30.000 € (212.000 € de valor de transmisión menos 182.000 € de valor de adquisición), a pesar de que el deudor no sólo no ha recibido dinero alguno, sino que se ha quedado sin casa. Ello significará una cuota adicional en su declaración de la renta de unos 7.200 €, que sumados a los 2.211 € del impuesto municipal, casi le supondrá la obligación de pagar tributos por importe de 10.000 €. En definitiva, el sujeto en cuestión se encontrará, como coloquialmente se dice, “cornudo y apaleado”.
Para evitar esta situación tan injusta, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos ha establecido dos modificaciones normativas que, en principio, merecerían una valoración positiva. Por un lado, la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ganancias de patrimonio descritas, y, por otro lado, la sustitución del obligado al pago del Impuesto municipal de “Plusvalía”, de forma que tendrá que hacerlo la entidad de crédito, en lugar de la persona que se queda sin casa.
No obstante, debe saberse que tales medidas sólo beneficiarán a los deudores contemplados en los supuestos regulados en el citado Real Decreto y, si se analiza detenidamente su redacción, se llega a la conclusión que se aplicará a muy pocos casos, puesto que se exigen dos requisitos acumulativos muy restrictivos: por un lado, que el deudor se encuentre en el umbral de exclusión estipulado por la propia norma y, por otro, que el precio por el que compró la vivienda no supere unos determinados valores.
Respecto al primero, no sólo se exige que todos los miembros de la familia estén en paro, carezcan de otros bienes o derechos y paguen por la hipoteca más del 60% de sus ingresos, sino que, además, se precisa que el préstamo carezca de otras garantías reales o personales o, en caso de existir estas ultimas, que todos los garantes se encuentren en la misma situación de exclusión que el deudor. En otras palabras, si a un hipotecado le han avalado sus padres, no se podrá beneficiar de las medidas frente al desahucio a no ser que sus padres y demás hermanos que convivan con ellos también se encuentren en paro, no tengan bienes suficientes para hacer frente a la hipoteca y la cuota de ésta sea superior al 60 por cien de los ingresos familiares. Y piénsese que este extremo es particularmente relevante porque las personas en la situación descrita de posible exclusión son también las más susceptibles de haber firmado una hipoteca con avalistas.
En relación al segundo requisito, se establece que el precio por el que se compró la vivienda no puedo superar los 120.000 €, 150.000 €, 180.000 € o 200.000 €, dependiendo del número de habitantes del municipio (así, se distingue según tenga hasta 100.000 habitantes, entre 100.001 y 500.000, entre 501.000 y 1.000.000 o más de 1.000.000 de habitantes, respectivamente). Y no se olvide que la mayoría de las hipotecas que dejan de pagarse provienen de viviendas adquiridas en el boom inmobiliario de los años 2005 a 2009, en donde el precio medio de los inmuebles era bastante superior a los topes fijados en la norma, según las estadísticas oficiales publicadas por el propio Ministerio de Fomento. Ello significa que, en el ejemplo descrito al principio de estas líneas, aunque la familia del deudor y de su avalista cumplieran todas las condiciones para considerarse dentro del umbral de exclusión, no podrían librarse del desahucio, porque el precio de adquisición del piso (182.000) superaría en 2.000 € el tope máximo correspondiente a la capital malagueña (180.000).
Después de comprobar la dureza de los requisitos analizados y el efecto tan limitado que tendrá el “decreto sobre los desahucios” se comprende las escasas reticencias mostradas a la aprobación de la norma por las entidades de crédito, así como la adhesión mayoritaria de las mismas (prácticamente todas las españolas) al código de buenas prácticas que incorpora, a pesar de ser una opción voluntaria.
Resulta necesario, en consecuencia, que se amplíe el ámbito de aplicación del citado Real Decreto con el fin de paliar los efectos tan injustos que está provocando la situación descrita y, en todo caso, que se modifiquen las Leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Reguladora de las Haciendas Locales, para que el resto de supuestos de transmisiones realizadas por los deudores, con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual o de su ejecución hipotecaria, pudieran beneficiarse de tales medidas fiscales.
Por otro lado, las Comunidades Autónomas (CCAA) y los Ayuntamientos pueden adoptar otras medidas que mitiguen tales consecuencias tributarias, sin tener que esperar a que el Parlamento español apruebe las modificaciones legislativas descritas en el párrafo anterior. Las CCAA, dentro de la capacidad normativa que tienen sobre el 50% del IPRF cedido por el Estado, podrían establecer una deducción en este tributo igual a la cantidad correspondiente a la cuota íntegra autonómica proveniente de la ganancia de patrimonio. Así, al menos, el deudor se ahorraría la mitad del impuesto. Los Ayuntamientos, por su parte, al carecer de competencias para modificar la Ley de Haciendas Locales, podrían optar por otras vías, como articular un mecanismo de devolución o compensación del impuesto de “plusvalía” que deben pagar quienes han perdido su hogar en las circunstancias descritas, a través de una subvención municipal destinada esas mismas personas.
No es asumible, desde el punto de vista de la justicia tributaria y financiera, que mientras los grandes grupos consolidados de sociedades, que representan sólo el 2,2 % de las compañías españolas, se favorecen de la mayoría de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, por importe de más de 6.000 millones de euros anuales, y mientras se han implementado ayudas públicas de diverso tipo a las entidades de crédito por valor superior a 141.000 millones de euros, 300 familias se queden cada día en la calle por no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios solicitados a esas mismas entidades de crédito, con el agravante de tener que pagar impuestos por haber perdido sus viviendas.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
La gran debilidad del argumento neoliberal, que asume que el mayor problema de la economía española es el déficit y la deuda pública del Estado español, es que los datos, fácilmente accesibles, muestran su insostenibilidad. Cuando la crisis empezó en España, el Estado español no tenía déficit. Antes al contrario, tenía un superávit, mayor, por cierto, que el que tenía el Estado alemán. En 2007, el superávit del Estado español era equivalente a 1,9% del PIB, más de seis veces superior al alemán, 0,3% del PIB. Y un tanto parecido ocurría con la deuda pública, que representaba en España un 27% del PIB, casi la mitad de la deuda pública alemana, 50% del PIB. En realidad, España era un “modelo” y punto de referencia del pensamiento neoliberal mostrado por los economistas neoliberales como ejemplo de “ortodoxia” económica.
Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis. ¿Cómo puede, entonces, decirse ahora que la mayor causa de la crisis es el elevado déficit y la deuda excesiva, cuando tener déficit cero y deuda pública baja no evitó que tuviéramos la crisis que tenemos, con más de un 23% de la fuerza laboral en paro? ¿Y por qué esta explicación de la crisis continúa dándose cuando la evidencia existente, mostrando su error, es tan abrumadora?
Y para responder a esta pregunta hay que fijarse en cuáles son las voces más estridentes en defensa de tal explicación de la crisis. Y entre tales voces aquellos que tienen un lugar prominente son el Banco Central Europeo y la banca alemana, y el Banco de España y la banca española, que son en realidad los que crearon precisamente la crisis. En realidad, la banca alemana jugó un papel clave en la génesis de la crisis y en su desarrollo. Según The Bank for International Settlements (BIS) (Junio 2010), la banca alemana prestó 109.000 millones de euros a la banca española, con los cuales ésta, en alianza con el sector inmobiliario, invirtió masivamente, no en la economía productiva del país, sino en la economía más especulativa posible, creando la burbuja inmobiliaria que, al explotar, provocó la enorme crisis y el enorme problema de la deuda privada de España, que alcanzó dimensiones astronómicas (227% del PIB). La banca alemana consiguió enormes beneficios, beneficios que, por cierto, no invirtió en Alemania para estimular la demanda doméstica alemana, incrementando los salarios y la protección social de Alemania (tal como Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía y Hacienda del gobierno alemán, y uno de los economistas más clarividentes hoy en Europa, quería que se hiciera y que, al no hacerse, rompió con el canciller Schröder, el presidente socialdemócrata alemán responsable, junto con la canciller Merkel, de las políticas de austeridad a nivel alemán y europeo, políticas promovidas por la banca alemana). En lugar de estimular la demanda alemana (y europea), los grandes beneficios que Alemania consiguió de su actividad especulativa en España (y en otros países periféricos de la Eurozona, como Grecia y Portugal), los utilizó para acumular más y más euros, convirtiéndose en la mayor fuente de euros en Europa. El euro le ha ido pero que muy bien a la banca alemana.
Ahora bien, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar.
Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.
Pero estas políticas de austeridad con la bajada de salarios, disminución de la protección social y recortes del gasto público están creando un problema gravísimo que se llama Gran Recesión, causada por el enorme descenso de la demanda doméstica y por la escasez de crédito, y que es la causa de la disminución de la actividad económica y con ello del descenso de los ingresos al Estado (y consiguiente aumento del déficit y de la deuda pública). Y ahí está el problema oculto y que algunos hemos estado denunciando desde el principio (ver el libro Hay alternativas, de Navarro V., Torres J. y Garzón A. en www.vnavarro.org). La evidencia científica que apoya este diagnóstico es abrumadora. Las políticas que está imponiendo la banca alemana y francesa (y española) y sus portavoces políticos, incluyendo Merkel-Sarkozy y Rajoy son un suicidio económico.
Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿por qué continúan promoviéndola? Una respuesta es que los dogmas económicos son tan irracionales como los dogmas religiosos. El pensamiento neoliberal es un dogma impermeable a los datos y hechos. Pero el que continúe reproduciéndose se debe a que sirve a unos intereses, los intereses de la banca, con la complicidad de los políticos afines (el Ministro de Economía del Estado español, el Presidente del BCE, así como gran numero de personas responsables de llevar a cabo y estimular las políticas de austeridad son banqueros o próximos a la banca), que asumen que los intereses particulares de la banca coinciden con los intereses generales del país, lo cual no es así, como bien documentan los estudios rigurosos que muestran que las causas de la crisis son el comportamiento negativo del BCE y del Banco de España, y de los bancos que en teoría supervisan, pero que en la práctica se benefician a costa del interés general.
En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Y consisten en seguir políticas de estímulo económico, con un intervencionismo público que estimule la economía a base de crear empleo, junto con el establecimiento de bancas públicas y una regulación del sector bancario, forzándole a que recupere su función social, la oferta de crédito. Pero, el que no ocurra se debe a la enorme influencia de la banca y otros componentes del capital financiero en las instituciones políticas y mediáticas de España y de Europa. Así de claro.
Julio Anguita, excoordinador general de Izquierda Unida
Tercera entrega de una serie de ocho artículos en los que se sintetiza la intervención de Julio Anguita en el Ateneo de Madrid el pasado día 9 de Marzo.
Quienes hayan leído mis dos artículos anteriores podrían ser inducidos a que, tras la derrota del pensamiento liberador clásico y conjuntamente con él la de las organizaciones que lo han sustentado y vertebrado, sería el neoliberalismo la única opción viable como propuesta de modelo de sociedad, habida cuenta de la hegemonía que sus valores y conceptos de política económica han alcanzado en el planeta. Muy al contrario, esa situación, lejos de constituir un opción medianamente válida no es otra cosa que la barbarie disfrazada de rigor económico. Dos ejemplos, uno basado en una experiencia personal y otro sacado de un texto ilustran el nivel de deformación de los grandes principios y las conquistas sociales conseguidas tras varios siglos de lucha.
En un debate habido en la Fundación Canal tuve como contradictor a Percival Manglano, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. En un momento dado el señor Manglano mantuvo que la Democracia llevada hasta sus últimas consecuencias degenera en demagogia y populismo; en consecuencia el sistema democrático debiera tener unos elementos correctores que impidieran tal riesgo. Al preguntarle yo si se refería a las constituciones o al demos, me contestó que el elemento corrector por antonomasia era el mercado.
Gregorio Peces Barba mantiene en uno de sus escritos que el derecho al trabajo sólo puede ser cumplido si coinciden en el mismo sujeto el defensor de ese derecho subjetivo y el empleador. Pero como tal enunciado podría llevar a conclusiones no queridas termina diciendo en referencia al artículo 35 de la actual constitución que debemos desembarazarnos de una promesa incumplida y de imposible cumplimiento, de una rémora, justificada en el pasado, pero que hoy puede ser una gigantesca hipocresía.
El corolario de ambas opiniones es bastante claro: el actual sistema económico, considerado como único, inmutable y científico, se impone a las tradiciones democráticas, a las grandes conquistas políticas, económicas y sociales. De un plumazo son barridos la Declaración de DDHH y textos vinculantes derivados de ella, los derechos sociales y el propio Estado de Derecho. Cobran su exacto sentido las palabras de Hans Tietmeyer en 1994; el entonces presiente del Bundbesbank afirmó que los políticos deben aprender a obedecer los dictados de los mercados. Y en ese mismo sentido Alain MInc, dirigente empresarial y asesor de Sarkozy ha afirmado que el mercado es el estado natural de la sociedad, la democracia no.
Diariamente asistimos a los efectos de la aplicación de esta filosofía económica que se ha erigido en cosmovisión. Los resultados contables medidos a través de índices que en absoluto cuantifican o analizan la incidencia social de las medidas tomadas, se presentan como señales indiscutibles de la corrección de esta política. Pero además lo hacen con la pretensión de que esa línea de actuación es apolítica, aséptica, objetiva, científica.
La larga marcha de la humanidad desde los grandes momentos estelares de la Historia: Declaración de Independencia de EEUU, Revolución francesa, Internacionales obreras, Constitución de Weimar, Constitución soviética de 1936 o la anteriormente citada Declaración de Derechos de 1948 queda olvidada y supuestamente superada por este estado de cosas.
El neoliberalismo rampante y sus políticas de toda índole, no pueden ser en absoluto los ejes sobre los que construir una sociedad moderna, democrática y justa. El que en estos momentos y pese a la crisis que es inherente a él mismo, aparezca como única opción viable no significa de ningún modo que deba ser aceptado o tolerado. Su rechazo, además de ser una cuestión de ética, racionalidad, libertad y justicia, lo es también de supervivencia de la especie.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.
Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.
Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.
Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.
Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.
¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?
En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.
Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.
Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!
Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones
Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.
Andrés Villena
Economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga
Las cuentas correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado han supuesto, en resumen, un importante recorte en los servicios públicos del Estado de Bienestar, así como en partidas de gasto que jugaban un papel clave para la generación del poco empleo que el Estado podía aún crear. Ya se anticipan cientos de miles de despidos, efectos secundarios de estas medidas. La principal razón que se esgrime es el cumplimiento de unas cifras de déficit público y deuda acordadas con los demás países de la Zona Euro. Pero a casi nadie escapa ya que estas decisiones, plazos y exigencias han venido marcados por el comportamiento de lo que muchos denominan “los mercados”.
El mercado es una institución que explica parte de las revoluciones burguesas e industriales de los siglos XVIII y XIX. En este lugar físico se encuentran una oferta y una demanda libres que, obedeciendo a un supuesto instinto egoísta del ser humano, se ponen automáticamente de acuerdo para fijar los precios de los productos que allí se encuentran. Por ejemplo, si tenemos cien patatas para dos compradores, el precio de estas será muy bajo: es probable que muchos de los ausentes se hayan retirado del lugar por el mal color y aspecto de estos tubérculos, por lo que los pocos céntimos con los que se adquirirían vendrían a ser un índice aproximado y cuantitativo de su calidad.
Algo así quieren hacernos creer con la economía española y con las subastas de deuda en el mercado financiero: para muchos -sobre todo para los que tienen participaciones o buen acceso a los principales medios de comunicación-, la prima de riesgo es una especie de termómetro que marca el nivel de gravedad de nuestra enfermedad económica; en este sentido, los recortes que están teniendo lugar serían más que merecidos y supondrían medidas dirigidas a restaurar en el menor tiempo posible la confianza en los fundamentos de la economía española: medicamentos amargos al gusto pero, a largo plazo, buenos para nuestra convalecencia. Las arcadas sentidas al ingerirlos se parecerían al picor cuando una herida empieza a curar: buenas señales.
No obstante, los termómetros pueden marcar lo que quieran si los pegamos a una estufa y las heridas infectadas también escuecen: ¿qué intereses están influyendo en el dictado de estos planes de empobrecimiento? Los mercados se nos presentan por los medios de comunicación social como una especie de ejercicio de democracia financiera, según la cual el dinero de los ahorradores libres de todo el mundo decide a dónde va y denota la fragilidad de los activos públicos o bonos de los países que consiguen menos demanda. Pero la idea de democracia financiera flaquea cuando quienes deciden qué es bueno o qué es malo son un puñado de grandes entidades que, interconectadas con infinidad de sociedades, compran y venden cientos de miles de millones de euros a toda velocidad y con acuerdos mutuos previos. No estamos ante un mecanismo de libre competencia, sino ante un conjunto de grandes actores, en muchas ocasiones, con estrategias premeditadas.
¿Somos víctimas de una conspiración de grandes entidades? Es poco probable: la deuda pública española asciende, aproximadamente, a un 65% del PIB español -de la riqueza del país-, pero la privada -empresas, banca y familias- se acerca al 300%, con lo que la suma de los dos componentes nos acerca a cuatro veces lo que hemos sido capaces de producir. Los inversores saben que la debilidad del Estado le llevará a ir haciendo pública parte de la deuda privada (nacionalización de la deuda), por lo que anticipan una posible quiebra futura. Pero la actividad especulativa y los planes de empobrecimiento patrocinados por Bruselas incrementan a su vez este riesgo. Llegados a este punto parece que nos encontramos en una situación sin salida.
¿Por qué se están tomando medidas en nuestro país que incrementan el riesgo de quiebra o depresión económica y social? Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno deberíamos partir de la hipótesis de que el Estado y la política no están siendo del todo autónomos: la deuda pública está siendo comprada, sobre todo, por los grandes bancos españoles, que se hacen, de esta forma, poseedores de una buena parte de la columna de ingresos -por préstamos- de los mencionados Presupuestos Generales del Estado. De ahí que los que participan en la financiación
de un país puedan tomar parte indirectamente en las decisiones sobre en qué se va a gastar ese dinero: sobre todo, en devolver cuanto antes los intereses que estas operaciones de préstamo generen. Si a esto sumamos los altos cargos del Gobierno que proceden de bancos como el Santander, el BBVA o Banesto, por el lado español, y otros como Barclays o Lehman, extranjeros, podremos entender que las decisiones estatales converjan en cierto modo con los intereses de las entidades acreedoras de la nación -aunque enormemente endeudadas con otras entidades-.
Deberíamos partir de un conocimiento de datos de este tipo para formular una definición alternativa de gobierno: nuestros actuales dirigentes -y los anteriores- se encuentran cada vez más lejos de sus programas políticos y de los intereses de los ciudadanos. Asistimos a rescates diarios de las finanzas del Estado por unos poderes muy concentrados y que influyen decisivamente en las políticas públicas que se van a seguir adoptando. Los Presupuestos Generales de “los mercados” reflejan que una democracia endeudada hasta tal punto no merece tal calificativo. Todo parece indicar que no son solo los hombres y las mujeres del PP los que están al timón del país. Y que sus compañeros de viaje llevan ya mucho tiempo mandando: el mensaje del 15 de mayo de 2011 está más vigente que nunca.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Juristas y miembros del Observatorio DESC de Barcelona
Tras la huelga del 29-M, el gobierno del PP y algunos gobiernos autonómicos como el de Catalunya, encabezado por CiU, han anunciado el endurecimiento de las técnicas de represión policial y del Código Penal. Estas propuestas incluyen la restricción del derecho de reunión, el fomento de la delación ciudadana, la ampliación de conductas constitutivas de atentados contra la autoridad y la incorporación en el delito de integración en organización criminal la “alteración grave del orden público” y la concertación de concentraciones violentas por medios como Internet o las redes sociales.
Ninguno de estos anuncios se ha producido de manera aislada o caprichosa. Todos se inscriben en el clima creciente de protestas contra los recortes de derechos sociales básicos realizados con la excusa de la reducción del déficit y de la deuda pública. Estos recortes suponen graves incumplimientos de la legalidad constitucional e internacional vigente, y han tenido un impacto notable en la calidad de vida de amplios sectores de la población, comenzando por los jóvenes.
Las medidas anunciadas reflejan, además de una deriva autoritaria, un acto de impotencia política que pretende ocultar las cesiones a los poderes económicos y financieros con la exacerbación de instrumentos penales que generen una impresión de firmeza. Esta actitud no es nueva. Forma parte, en rigor, de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y que se ha intensificado con el estallido de la crisis financiera actual. Como distintas organizaciones judiciales han señalado, si en verdad el Gobierno quisiera atajar fenómenos como el vandalismo gratuito, ya cuenta con instrumentos suficientes para hacerlos. El propósito de fondo, no obstante, parece otro: reinstalar, como ha declarado el Conseller Puig, “el miedo al sistema” a través de medios punitivos que permitan hacer frente a las nuevas formas de protesta aparecidas en el último año. No es otro el sentido que cabe atribuir a la pretensión de incluir la resistencia pacífica y pasiva –característica del 15-M- en el delito de atentado contra la autoridad con elevadas penas de prisión.
Es especialmente grave que para impulsar estas medidas se haya tomado como excusa una jornada de huelga general caracterizada por su masividad y su carácter pacífico. Esta realidad ha sido ignorada por el gobierno, que ha puesto todo su empeño en distorsionar y exagerar algunos actos aislados de violencia para crear una situación de alarma social que justifique la intensificación de la represión. Esta visión de las cosas es interesada y parcial. Buena parte de la violencia producida el 29-M tuvo que ver con actuaciones contra los trabajadores y las personas que se manifestaban. Solo en Barcelona se recabaron decenas de denuncias por coacciones empresariales, que bien podrían ser constitutivas de los delitos contra la libertad sindical contemplados en el artículo 315 del Código Penal. La brutalidad policial, por su parte, dejó un saldo de dos personas operadas de urgencia del bazo y otras dos con impactos de balas de goma en un ojo y altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales. Nada de ello ha recibido reproche institucional alguno. En cambio, se han utilizado de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad para inculpar o encarcelar arbitrariamente a personas que participaron en las protestas.
Muchas de estas detenciones preventivas dictadas con ánimo ejemplificador evocan prácticas normales hace 40 años, en pleno régimen franquista, pero deberían estar desterradas de cualquier régimen que se pretenda mínimamente democrático. Es más, en un contexto de exclusión y precarización social crecientes, los poderes públicos deberían ser especialmente respetuosos con el derecho de crítica y de manifestación de la ciudadanía. Esta obligación debería ser especialmente intensa respecto de aquellos grupos que menos voz tienen en el espacio público. Y debería ser especialmente intensa, también, respecto de derechos específicos como el de huelga, que no en vano goza de mayor protección constitucional que la libertad de empresa y que, en ciertas circunstancias, prevalece sobre otros como la libertad de circulación. Nada de esto supone otorgar carta blanca a la violencia indiscriminada. Sin embargo, las conductas antijurídicas deben sancionarse por lo que son, y no por su vínculo imaginario con el “terrorismo”, la “guerrilla urbana” u otros fenómenos que nada tienen que ver con la actual protesta social.
Las propuestas de los gobiernos del PP y de CiU expresan un intento torpe de criminalizar el malestar generado por la gestión de la crisis y se enmarcan en una lógica de excepción, propia del Derecho Penal del enemigo. De llevarse adelante, sólo deslegitimaran más sus políticas, amenazaran la cohesión social y aumentarán la sensación de bloqueo de las vías institucionales de crítica. Frente al uso demagógico del discurso securitario solo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población. Este será el sentido del acto ciudadano contra el miedo y por la libertad convocado en Barcelona mañana 14 de abril, fiesta republicana.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Una consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la mayoría de países de la OCDE desde la época del Presidente Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ha sido la enorme concentración de las rentas en aquellos países, alcanzando niveles desconocidos desde la época que precedió a la Gran Depresión a principios del siglo XX. Un caso claro es EEUU. En el año 1929, el 1% de renta superior de la población tenía el 24% de toda la renta del país. Las reformas New Deal introducidas por el Presidente Franklin Roosevelt (que es todavía hoy el Presidente más popular que ha tenido EEUU), que consistieron en el establecimiento de políticas redistributivas, en la introducción de políticas sociales universales (como la Seguridad Social), en facilitar la sindicalización -que causó un gran aumento de los salarios-, así como en el aumento del gasto público en inversiones en la infraestructura del país, -creando gran cantidad de empleo- determinaron una reducción muy notable de tal concentración de las rentas y riquezas. Las políticas redistributivas se mantuvieron durante el periodo 1934 a 1978. Incluso durante la administración Republicana del Presidente Eisenhower, el 1% superior de la población (los súper ricos) pagaron en impuestos por sus ingresos casi un 80% de su renta.
Tales políticas cambiaron desde el establecimiento del neoliberalismo, a partir del Presidente Reagan, introduciéndose medidas opuestas a las realizadas en la época anterior. La progresividad fiscal se diluyó, los programas de carácter universal se redujeron y los sindicatos fueron debilitados como consecuencia de intervenciones públicas (tales como la desregulación de los mercados laborales) que determinaron, de nuevo, una enorme concentración de las rentas, alcanzando su máximo de nuevo en el año 2008, cuando poseyeron de nuevo el 28% de la renta nacional. Esta enorme concentración de las rentas creó un problema económico mayor. Esta concentración se consiguió a base de la reducción de las rentas del trabajo, creando con ello un problema de demanda de mayores proporciones. Como había ocurrido en los años veinte del siglo XX, la polarización de las rentas en aquel momento causó la Gran Depresión, de una manera semejante que ahora esta concentración ha originado la Gran Recesión.
Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).
Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el 52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta. Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.
El problema, pues, no se limita al 1%, sino al tope 10%, que incluye a los profesionales al servicio del sistema financiero, económico y mediático del país y de cuyos servicios obtienen enormes beneficios. Entre este 10% están todos los que dirigen las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico y mediático, y cuyo poder de reproducción de valores y promoción de imágenes (como es la promoción de la postura de que no hay alternativas a las que el establishment propone) es vital para la permanencia del sistema. Hoy tales instituciones tienen un dominio sobre el Estado y una hegemonía sobre los aparatos culturales e ideológicos que facilitan tal control. De ahí que, aún cuando los que “mandan” en la sociedad son sólo un 1% de la población, este mando no puede ocurrir sin este otro 9%, sumando un 10% que no va a ser fácil de cambiar.
Ahora bien, hay que ser también conscientes de que la gran mayoría de la población hoy sabe quiénes son los responsables y su movilización puede forzar este cambio. Según las últimas encuestas realizadas en EEUU, la mayoría de la ciudadanía (que varía según la encuesta de un 68% a un76%) no cree que la economía funcione para el bien de todos, y una mayoría semejante no cree que el Congreso de EEUU represente sus intereses. Un tanto parecido ocurre en la gran mayoría de países de la OCDE. Concretamente, en España, la mayoría de la población no cree que la economía esté funcionando para el bien de todos o que la clase política responda a sus intereses. La causa de esta alienación política es fácil de ver, aún cuando sea difícil leerlo u oírlo en los mayores medios de información: la enorme concentración de las rentas y de las riquezas en un sector minoritario de la población (no más de un 10%) y su excesiva influencia política y mediática en nuestras sociedades. Y la población es consciente de ello. De ahí el enorme temor y represión del sistema hacia estos movimientos sociales, como el movimiento 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU que, continuadores de movimientos contestatarios como los sindicatos y otros movimientos sociales, critican al sistema, subrayando la falta de coherencia entre discurso y narrativa oficial pro democrática del establishment político y mediático del país por una parte, y la realidad profundamente antidemocrática que aparece en sus prácticas cotidianas y en sus políticas públicas, todas ellas llevadas a cabo sin ningún apoyo o mandato popular.
Gaspar Llamazares
Diputado de Izquierda Unida por Asturias
El recorte adicional anunciado por el Gobierno de más de 10.000 millones en el gasto educativo y sanitario profundiza en la senda de restricción brutal del gasto público. Un camino que tras casi dos años de ser transitado, primero por el gobierno de Zapatero y ahora por el de Rajoy, sabemos lo que da de sí: más paro, más recesión, menos derechos y sensación creciente de la desesperanza ciudadana. Y todo porque Merkel se ha empeñado en hacernos pasar por las horcas caudinas a toda la ciudadanía y garantizar por encima de todo que sus banqueros sigan cobrando aún a costa de acabar con nuestros derechos y nuestro bienestar.
Porque no nos engañemos, lo cierto es que el PP aprovecha la crisis para menguar los servicios públicos pero lo hace fundamentalmente porque cree en otro modelo, un modelo en el que el Estado de todos se va sustituyendo por el negocio de unos pocos. Me temo que la gestión de nuestra sanidad y la educación públicas, auténticos frontispicios de nuestro Estado del medio estar, van a ser entregadas al sector privado para que este incremente sus márgenes de negocio. La situación económica se convierte en el pretexto perfecto, una oportunidad que el gobierno no va a dejar pasar.
Lo cierto es que los gastos en materia de educación y sanidad están muy por debajo, en términos tanto absolutos como relativos, de los países de nuestro entorno. Ahora, bajo el disfraz de la necesaria austeridad, lo que se pretende no es gestionar de manera más eficiente (hay que recordar que tenemos uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo), sino traspasar a los usuarios una parte del gasto que ahora es soportado por el Estado y financiado a través de los impuestos. Esta concepción de los servicios públicos está más cerca de entenderlos como bienes de consumo, que deben estar regidos por las leyes del mercado, que de considerarlos como un derecho básico de los ciudadanos y una obligación de los poderes públicos. La consecuencia de todo ello va a ser la extensión de una oferta sanitaria y educativa de dos velocidades: una de calidad, para quien pueda pagarla, y otra de mínimos, cada vez más precaria, para los sectores más desfavorecidos.
Pero los recortes anunciados también reflejan un ataque dudosamente constitucional a las competencias de las Comunidades Autónomas. Sin presentar un plan ante el instituciones democráticas, ni intentar consensuar los cambios con las Comunidades Autónomas, se quiere recuperar un estado centralista, en el que los gobiernos autonómicos se conviertan en meras delegaciones del gobierno, intervenidas, tuteladas y sin márgenes para elegir políticas diferentes a las dictadas por el PP. Por las buenas o por las malas, por iniciativa propia o por mandato de figuras más parecidas a los administradores concursales de las empresas en crisis que a gobernantes democráticos.
El origen de la situación en la que estamos inmersos, conviene recordarlo una y otra vez se sitúa avaricia desmedida y desregulada de nuestro sistema financiero, algo que nunca agradeceremos suficientemente al actual Gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Sin embargo las únicas medidas que se han tomado, esta vez con el consenso del PSOE y del PP en un remedo de aquel consenso de Washington que arruinó en los años 90 las economías latinoamericanas, han tenido que ver con la privatización de lo que nos quedaba de nuestro sistema financiero público, las Cajas de Ahorros, y un plan de reforma del sistema financiero que nadie se creé y que está hecha, mucho me temo, para que al final acabaremos pagando con dinero público sus desequilibrios.
Hemos tenido hace muy pocas fechas una huelga general en las que se expresó masivamente el descontento ciudadano y unos resultados en las elecciones andaluzas y asturianas muy distintas de las que el Partido Popular esperaba. Pero parece que el Gobierno no ha entendido el mensaje. Va a ser necesario que el Partido Popular, y no sólo el Partido Popular, vuelva a escuchar el clamor de la gente gritando que no es cierto que esto se solucione con más recortes a los de siempre. Que eso ya lo hizo Zapatero y fracasó estrepitosamente. Y que no va a consentir que se siga recortando su bienestar y sus esperanzas.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.
Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.
Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.
En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, salud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.
La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.
En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.
Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.
Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.
El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.
¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española?
Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos?
Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.
