VICENÇ NAVARRO
Una lectura de nuestra realidad que se ha generalizado en las culturas políticas y mediáticas de nuestros países es que vivimos en un mundo globalizado en el que los estados están perdiendo poder, reemplazados por mercados centrados en grandes empresas financieras e industriales (llamadas multinacionales) que se han constituido como las unidades de actividad económica en el mundo. Las derechas neoliberales aplauden esta evolución, a la cual consideran responsable de una enorme prosperidad. Sectores de las izquierdas gobernantes, por el contrario, se lamentan de esta evolución y resaltan los costes que tales cambios significan para las instituciones democráticas, pues asumen que, en este escenario, lo económico es lo que determina lo político. Y concluyen que, en un país pequeño –como España–, atrapado en este sistema globalizado, poco puede hacer el Estado, excepto seguir lo que la globalización (los mercados financieros y comerciales) le exige. Parecería, pues, que no hay otra alternativa que reducir el gasto público y reducir los salarios.
Tal teoría, sin embargo, es errónea. Los países escandinavos están entre los países más globalizados del mundo. Debido a su pequeño tamaño, su economía está muy integrada en la economía europea y mundial. La suma de sus exportaciones e importaciones sobre su PIB es la más elevada del mundo. Y, sin embargo, tienen los estados del bienestar más desarrollados y los salarios más elevados de Europa. La causa de ello es que las relaciones de poder (entre ellas las de clase, pero también las de género) tienen una configuración favorable a las clases populares. Las clases trabajadoras, en alianza con las clases medias, han desarrollado unos elevados estados del bienestar (caracterizados por la universalización de los derechos laborales y sociales) y un alto nivel de vida, en contraste con los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España), donde el dominio histórico de sus estados por las derechas ha determinado estados del bienestar escuálidos, unos salarios bajos y un bajo nivel de vida. Acusar de despilfarro y exuberancia de gasto público en estos países como la causa de la crisis del euro, como están escribiendo autores neoliberales, es risible.
Las izquierdas deben recuperar el análisis de clases, olvidado desde hace tiempo, para entender nuestras realidades y entender que, en contra de lo que se está promoviendo, los estados continúan teniendo un papel central y que las relaciones de poder de clase en cada país son el factor determinante de su desarrollo económico y social, así como de la manera como responden a la crisis. Es más, las mal llamadas multinacionales son en realidad empresas transnacionales, es decir, basadas en un Estado, que operan en varias naciones. Y es imposible entender su comportamiento internacional sin comprender la relación de tales empresas con el Estado en el que se ubica su sede central.
La construcción de la Unión Europea (un paso que valoro positivamente) se hizo en base a una arquitectura institucional neoliberal (que considero negativa; ver la sección Europa en www.vnavarro.org), resultado de la enorme influencia de la banca alemana sobre el Estado alemán, consecuencia, a su vez, de la debilidad de la clase trabajadora, resultado de la gran disponibilidad de mano de obra barata procedente de Alemania oriental y de los países del este de Europa. Tal debilidad explica el estancamiento económico de aquel país, causado por la escasa demanda doméstica (consecuencia de la reducción salarial y del espectacular descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional) y el limitado estímulo económico. Como indiqué en un artículo anterior (“La sabiduría convencional europea”, Público,
10-06-10), tales relaciones de poder en Alemania fueron determinantes para configurar el llamado “modelo alemán”, basado en una elevada competitividad debida a un crecimiento de la productividad muy superior al incremento de los salarios, lo que crea una gran riqueza que se concentra en las empresas exportadoras, incluyendo la banca. Gerard Schröeder venció en el conflicto con su ministro de Hacienda, Oskar Lafontaine, y con los sindicatos, que se oponían a este modelo, los cuales favorecían un modelo basado en la demanda doméstica en lugar de en las exportaciones.
Algo semejante ocurrió en Reino Unido, donde el Gobierno de Tony Blair dio plena independencia al Banco de Inglaterra y liberalizó la banca, convirtiendo la City
(el centro financiero británico) en el centro mundial de los hedge funds (lo cual justifica el nombre que se le dio, “el Wall Street Guantánamo”, por estar más desregulado que el propio Wall Street). Las izquierdas dentro del Partido Laborista fueron derrotadas y los sindicatos marginados. En ambos casos (Schröeder y Blair), el socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en la socialdemocracia) fue el que contribuyó en gran manera al dominio del capital financiero en la Unión Europea y, con ello, a la enorme crisis de la socialdemocracia en la UE.
En Reino Unido, el Partido Laborista pasó de tener el 33% del total del electorado en 1997, al 25% en 2001 y al 22% en 2005. Si este país hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista habría perdido la mayoría del Parlamento ya en 2001. El hecho de que no la perdiera se debe al sistema electoral sesgado, que le permitió mantener la mayoría durante 13 años, lo cual se presentó erróneamente como prueba de su popularidad. La abstención y el desánimo se reflejaron también en la pérdida de la mitad de sus afiliados.
Algo parecido ocurrió en Alemania. El programa 2010 de Schröeder fue el inicio de su fin como partido de Gobierno. Perdió las elecciones y el partido pasó de tener 800.000 miembros a 380.000. No fue la socialdemocracia, sino el creciente distanciamiento de los partidos socialdemócratas gobernantes de las prácticas identificadas con tal tradición, lo que condujo a su declive. ¿Pasará lo mismo en España?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
GASPAR LLAMAZARES
Portavoz parlamentario de Izquierda Unida
La actual fase de la crisis económica del neoliberalismo especulativo ha puesto en evidencia su carácter político. Ha quedado al desnudo la asimetría entre el nuevo macropoder económico y mediático sin control y la cada vez mayor impotencia de la política, primero en el ámbito de la economía (discurso neoliberal único), luego en el Estado del bienestar sometido a los embates del mercado y, más recientemente, en las propias instituciones democráticas.
El neoliberalismo prescinde ya de estas instituciones para legitimarse. Esta realidad, que corre el peligro de pasar de excepción a norma, es aún más evidente y dramática en la UE. Aquí, a falta de políticas económicas y fiscales comunes, el choque asimétrico de la crisis y los ataques especulativos se resuelven con la devaluación de las rentas de los de abajo y del Estado del bienestar.
Se ha apuntado deliberadamente a la línea de flotación de la cohesión social y territorial europea, a la ya precaria legitimidad de sus instituciones democráticas comunes y, lo que no es menos grave, a las democracias de los estados miembros más afectados por la crisis.
Es llamativa la ingenuidad de Joaquín Almunia, quien, después de avalar la política de ajuste impuesta por los mercados, el
Ecofin y el FMI, se extraña de que las agencias de calificación castiguen a España por la negativa incidencia de ese ajuste en su potencial de crecimiento. ¡Como si no supiera que los mercados son insaciables y seguirán su ataque mientras no se adopten medidas contra la especulación financiera!
Estamos atrapados entre el pánico del Gobierno, su síndrome de Estocolmo con el Diktat de los mercados y el encarnizamiento de una derecha que con más o menos inteligencia apuesta por lo que, haciendo un paralelismo entre lo que está pasando y el contundente guión de Pulp Fiction, podríamos denominar estrategia Tarantino:
1. Se frotan las manos viendo al Gobierno adoptar una política de ajuste antisocial –muy similar a la que harían ellos– con el consiguiente desafecto de las clases populares. Lo adornan con demagogia sobre las pensiones y la falta de sensibilidad social de las izquierdas.
2. Al tiempo (como ya adelantó el portavoz de CiU en el Congreso), jalean al Gobierno a continuar con el trabajo sucio de las amputaciones de la reforma laboral impuesta y la reforma privatizadora de las cajas de ahorros, pese a que nunca les parecerá ni suficiente, ni oportuna. El bisturí sobre las pensiones queda blandido en el aire.
3. Cuando todo esté atado, la derecha, los mercados y los medios de comunicación afines acusarán a los sindicatos y a la izquierda política de pasar de colaboradores necesarios con el Gobierno a ser unos privilegiados iluminados antisistema por promover movilizaciones cada vez más intensas.
Lo que entendíamos como Estado del bienestar sirve de cadáver propiciatorio, al que se trocea adecuadamente y luego se llama a un buen equipo para limpiar la sangre y no dejar rastro. Pese al atrevido símil cinematográfico, es una estrategia muy real de la que las derechas –la económica y la política– sólo sacan beneficios: no aportan nada frente a la crisis, debilitan al Gobierno y tratan de hacerlo con la izquierda, al tiempo que aprovechan las contradicciones para embrutecer la política y desmovilizar a los trabajadores.
Es falso lo que proclaman los mercados y lo que propone la derecha menos hipócrita; a nuestro país no le sobran ni el sector público ni las políticas sociales; al contrario, le faltan. Seguimos muy lejos del Estado del bienestar europeo. Por tanto, no es tiempo de cirujanos del déficit ni de la política tecnócrata o plutocrática. Es la hora de recuperar la política y lo público frente al demostrado fracaso de los dictados del mercado. Es el tiempo de la medicina social, porque el causante de la crisis no fue el despilfarro público sino esa economía neoliberal de la especulación financiera y urbanística que engordó a conciencia el déficit público.
Todo este proceso contó en nuestro país con la provocación de la derecha económica que ha utilizado el despido improcedente, el fraude fiscal y la economía sumergida como armas de destrucción masiva; eso sí, con la pasividad y la renuncia del Gobierno a denunciar dichas prácticas y adoptar medidas para frenarlas. El Ejecutivo socialista, lejos de hacer frente a la ofensiva buscando un programa de crisis y unas alianzas sociales y políticas consecuentes, ha preferido contemporizar mediante el ajuste compasivo y la restauración de la política neoliberal con alianzas de geometría variable cada vez más orientadas hacia la derecha, esa misma derecha insaciable a la que sólo ha interesado la confrontación.
Dentro del Gobierno, los halcones neoliberales –en particular el Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina Económica de la Moncloa– se han hecho con las riendas no sólo de la política económica, sino del conjunto de la agenda política y la política de alianzas. La geometría variable, en sus manos, se ha tornado en aritmética conservadora que prescinde primero de la izquierda parlamentaria y, más tarde, de los sindicatos y la izquierda social al grito de “¡Precipitemos el ajuste sin hipotecas sociales ni sindicales!”.
Además de pedagogía, se torna imprescindible una alianza política y social que haga frente a estos cirujanos del déficit y que defienda la viabilidad de una salida justa y sostenible a la crisis. No sólo es posible, sino muy necesario.
Ilustración de Miguel Ordóñez
MIREN ETXEZARRETA
Los acontecimientos económicos de estas últimas semanas siguen ritmos tan trepidantes que es difícil mantener cierta perspectiva. Se suceden medidas que suponen nuevos golpes contra la situación de las clases populares de este país, obligados, nos dicen, por los mercados, que cada día ven peor nuestra situación y rebajan nuestras trabajosamente logradas calificaciones. Entre tanta vorágine y recomendaciones, quizá merezca la pena detenerse brevemente a considerar cómo se ha llegado a esta situación. Sobre todo para no incurrir de nuevo en los mismos errores y repetir actuaciones que pueden llevarnos a empeorar una muy difícil tesitura, ya que, aunque indudablemente la crisis es global, cada país presenta características peculiares que permiten un análisis diferenciado.
Es factible preguntarse si el poder omnímodo que parecen tener estos mercados sobre el país, o mejor, sobre sus gobernantes, no tiene sus raíces en una estrategia de política económica adoptada hace muchos años y cuyos errores ha resaltado esta crisis. En España hay que remontarse a los Pactos de la Moncloa (1977), y sobre todo a 1982, cuando se inició una política económica de carácter globalizador y neoliberal (perdonen el pleonasmo), uno de cuyos principales componentes lo constituía el rechazo a la participación del Estado en la economía. En particular, el repudio a toda política industrial (“la mejor política industrial es la que no existe”) y el entusiasmo liberalizador y privatizador de Solchaga y Boyer, que desde entonces mantienen que en los mercados reside la salvación de la economía. Añadámosle el Acta Única de 1986, que coincidió con nuestra integración en la UE y que se quiso interpretar como que la liberalización industrial y financiera (o, mejor dicho, que la libertad sin trabas a la restructuración de los grandes capitales europeos) sería favorable para nuestro país. La bienvenida sin condiciones a los capitales multinacionales que entraron al país para ocupar parcelas de actividad industrial ya existentes (no tanto para aumentar la capacidad productiva) supuso su subordinación a los planes de conjunto europeos o mundiales y el cierre de multitud de empresas en pocos años. Estas políticas han constituido la base permanente de las estrategias de los sucesivos gobiernos y han dado lugar a que en los años 2000 los sectores que sostenían la economía española fueran la construcción, el automóvil y un turismo decreciente. Sectores tradicionales, no sectores sólidos y de vanguardia, de alta productividad y competitividad, como lo atestigua el enorme desequilibrio de la balanza comercial, que durante los años del boom se situó entre los más altos del mundo. La reestructuración productiva necesaria no se ha saldado con una mayor competitividad, sino con una concentración acentuada en sectores problemáticos.
No nos engañemos: los problemas de fondo de España no consisten sólo en una alta deuda financiera, privada, que han conseguido convertir en pública para mayor escarnio y que está dando lugar a la dura actitud de los mercados financieros, sino también a la falta de confianza en las posibilidades de su economía real, en su competitividad, en sus posibilidades de crecimiento, de absorción de la población activa. En pocas palabras, en su capacidad de producir riqueza. ¿Qué sectores productivos tienen ahora la posibilidad de absorber tres millones de trabajadores (aceptando que dos millones de parados son permanentes)? Este es el problema esencial para lograr una economía saneada y unas formas dignas de vida para su población.
En este momento están obligando al Gobierno a concentrarse en el tema financiero. No hay duda de que es difícil y de que la estrategia de los entes financieros mundiales (sin ignorar que la mitad de la deuda pública española está en manos de entidades del país) y las instituciones internacionales están forzando no sólo una política económica a cortísimo plazo que hará la recuperación mucho más difícil para nosotros, sino reforzando y consolidando una durísima estructura dedicada a rebajar permanentemente las condiciones de vida de la población. Pero el tema subyacente es la debilidad del sistema productivo del país. Es curioso que Italia, con una deuda pública mucho mayor que la española, no esté todavía en la primera línea de ataque de los mercados internacionales. ¿No tendrá ello algo que ver con la mayor solidez del sistema productivo italiano?
Llama la atención el entusiasmo de los poderes económicos por las recientes medidas de ajuste. Parece que los beneficios empresariales de una rebaja salarial y una mayor flexibilización del mercado de trabajo son mayores que las pérdidas que infligirán unas nuevas medidas que implican, incluso reconocidas oficialmente, una menor tasa de crecimiento y un paro mayor. ¿Cómo se asegura el Gobierno que estas medidas contribuirán a paliar la deuda del país, aumentar la inversión, mejorar la competitividad y absorber el paro, en vez de dedicarse sólo a engrosar los beneficios empresariales?
España ha sido uno de los más fieles seguidores de las recomendaciones de instituciones como la OCDE y la Comisión Europea (como Argentina antes del corralito). Un país donde la liberalización, la desregulación y la privatización, además de la austeridad laboral, han avanzado sin pausa desde los primeros años ochenta. Y este es el resultado: casi cinco millones de parados y la casi quiebra del país. Es hora, en medio de este tráfago financiero que nos desborda, de que alguien se decida a seguir una estrategia autónoma de medio plazo, centrada en el país, en la que ocupe un lugar central lograr una potente estructura productiva tanto en la agricultura como en la industria y los servicios, que es donde se produce la riqueza real.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de Jordi Duró
JUAN HDEZ. VIGUERAS
La disyuntiva no tendría justificación si por mercados entendiéramos todos los que integran la economía de un país, desde el de la vivienda o los automóviles hasta el de las patatas o el vino; porque no hay democracia sin todos estos mercados reales que crean riqueza y empleo.
Pero hoy sabemos que cuando nos hablan de los mercados para justificar recortes salariales o sociales, nos están hablando de las Bolsas y de la banca financiera, de los llamados inversores, a los cuales tienen que acudir los gobiernos para obtener los préstamos necesarios para cubrir el déficit de ingresos públicos provocado por las ayudas a esos bancos y a una economía destrozada por la crisis de esos mismos mercados.
Y lo más curioso es que muchos inversores, si a finales de 2009 hubieran escrito una carta a los Reyes Magos, les habrían pedido beneficios crecientes y tipos de interés muy bajos; justo unos deseos que han sido colmados, como afirma The Economist en su último número. A lo que podríamos añadir que los bancos han logrado igualmente un tercer deseo: gobernar de facto a los países y sin riesgo político, obligando a los gobiernos europeos a ejecutar recortes del gasto público muy alejados de los programas por los que fueron elegidos en las urnas.
Porque nos encontramos con que los rescatadores son rehenes de los rescatados. Los gobiernos europeos rescataron a la banca y a los mercados con el dinero de los contribuyentes, y se están sometiendo a los dictados de esos mercados. A eso los expertos de guardia le llaman “el problema de los bonos soberanos”, la incertidumbre sobre la rentabilidad de los préstamos a los gobiernos del Eurogrupo que ha creado una crisis del euro. Un asunto elevado al nivel de riesgo sistémico para
Wall Street y para Washington, que lo equipara al actual riesgo geopolítico (que Corea del Norte la líe con la del Sur).
Pero la realidad que se oculta es que, si los inversores internacionales presionan al Eurogrupo, es porque los impagos de Grecia o de otro país miembro podrían provocar una crisis grave de la banca europea, que es la mayor acreedora (Financial Times, 27-05-2010). Por otra parte, el endeudamiento exterior de país engloba el sobreendeudamiento del sector privado, de bancos y grupos empresariales con el exterior, como es el caso de España. Porque, conforme al acuerdo político del Consejo europeo de octubre 2008, para salir de la crisis bancaria originada fuera de Europa, los gobiernos del euro decidieron no solamente rescatar bancos para evitar su quiebra, sino avalar su endeudamiento, algo que les trajo buenos negocios. Y ahora los bonos gubernamentales y los bonos y empréstitos privados del exterior, que están garantizados por los gobiernos, cuentan para el llamado “riesgo-país”, que evalúan las resucitadas tres agencias privadas de calificación de riesgos crediticios.
Y al mismo tiempo los inversores siguen apostando por la falta de liderazgo y de voluntad política comunitaria, que se ha puesto de relieve con la demora para comprometer los préstamos bilaterales que ayuden a Grecia. Una clara muestra de la desunión e insolidaridad del Eurogrupo, además de su desnudez al carecer de supervisión bancaria comunitaria para operaciones transnacionales (el Banco de España solo tiene competencia hasta las fronteras) y, sobre todo, de un gobierno que controle las economías, recurriendo en cada momento a los acuerdos políticos intergubernamentales. Para colmo, la mayor paradoja es que el fondo acordado de 750.000 millones es sólo un mecanismo común para defender la estabilidad del euro, pero obteniendo el dinero de los propios mercados. Y el que paga, manda.
Por tanto, los interrogantes abiertos son serios y graves. ¿Puede sobrevivir un Eurogrupo basado en la plena libertad de las operaciones extracomunitarias del capital sin fiscalidad compartida y sin gobierno controlado democráticamente? ¿Puede el euro apoyarse únicamente en un simple pacto que limita el déficit público al 3% y el endeudamiento al 60% del PIB? ¿Puede seguir siendo el Eurogrupo una mera zona monetaria por más tiempo?
Porque frente a la crisis financiera llegada del exterior, antes y después del fracasado Tratado de Lisboa, tanto la UE como el Eurogrupo han carecido de un proyecto para corregir la competencia fiscal y la desregulación bancaria y financiera a nivel comunitario, donde nadie controla las transacciones extracomunitarias de los bancos. Y en el plano mundial, la pretendida regulación financiera ha fracasado hasta el momento. El martes 25 mayo en Madrid, el director de mercados financieros del Fondo Monetario Internacional, el español José Viñals, anunció que para la cumbre del G-20 de junio en Canadá no se esperan acuerdos, pero que en el club de Basilea –el auténtico gobierno mundial de la banca– estaba todo muy avanzado para que se formalicen algunos acuerdos en la reunión de noviembre en Corea del Sur, que no cambiarán un ápice el paradigma neoliberal en vigor.
Por todo ello se comprende que, sin advertir a sus socios europeos, el martes 18 mayo Alemania adoptara la decisión unilateral de atacar la especulación financiera, un hecho significativo que alumbra la esperanza de decisiones que saquen a la UE del atolladero en que se encuentra. Frente a la crítica por ignorar los informes de los grandes bancos, el ministro de Hacienda alemán, Schaüble, respondía que “si se quiere desecar una ciénaga, no se les pide a las ranas la opinión objetiva”. Y ese es el camino para superar la crisis actual; porque el dilema político al que se enfrentan los gobernantes en la Europa de hoy es mercados o democracia.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac
Ilustración de Patrick Thomas
VICENÇ NAVARRO
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
MIREN ETXEZARRETA
El tema del déficit público y la deuda se ha convertido en el eje central de la preocupación económica en España. Disminuir el déficit es ahora el objetivo principal de la política del Gobierno, subordinando al mismo todas las inquietudes acerca de los demás problemas económicos, como el estancamiento de la actividad económica, el escándalo del paro y otros muchos.
El déficit y la deuda son demonizados y presentados como la causa de todos los problemas. Pero ambos elementos no son más que el saldo de los ingresos y gastos públicos y hay que analizar su evolución para plantearse el problema de la deuda, además del aparente pánico que parecen experimentar nuestros gobernantes. Los ingresos públicos han disminuido fuertemente por la crisis –algunos autores señalan que fuera de proporción con la caída de la actividad, apuntando a un aumento del fraude fiscal–, y no olvidemos que los gastos son más necesarios que nunca en la situación actual. La deuda no es más que una consecuencia adicional de una crisis generada por un sistema económico ineficiente, además de injusto. La deuda es un instrumento de equilibrio en la fase baja del ciclo, y mucho más en una crisis. Déficit y deuda son los instrumentos que están permitiendo que no haya caído el sistema financiero, que el declive de la gran industria no sea mayor (ayudas a las finanzas, al automóvil y otros sectores) y que una parte de la población disponga por lo menos de unos ingresos mínimos (subsidio de paro). No se puede disminuir el gasto público en una situación de estancamiento económico y alto desempleo sin graves consecuencias para la economía y para la población.
La deuda pública española no es tan alta como para constituir un problema dramático. Bastantes países relevantes de la UE tienen deudas considerablemente más altas. La alarma parece surgir por la rápida progresión de la misma. Pero sabemos que no es la deuda pública, sino la deuda privada, avalada por el Estado, la que causa el problema principal. ¿Se prevé seguir aumentando este tipo de ayudas y avales al sistema financiero? No sería justificado ahora.
Para resolver el problema se nos presenta un durísimo programa de ajuste. Pero, si la causa de la deuda es el estancamiento económico, el ajuste no hará más que dificultar la recuperación de la demanda e intensificará la crisis, lo que causará graves perjuicios a la economía y a la población, perjudicando más a los más débiles. Los graves e innegables problemas de la economía española no residen en la deuda, sino en la falta de eficiencia y de confianza en nuestra economía. ¿Cómo se generarán los ingresos adicionales para financiar el presupuesto y pagar la deuda? ¿Se han olvidado las consecuencias de los programas de ajuste en América Latina en los años ochenta? ¿Están latinoamericanizando el sur de Europa? ¿Han olvidado los nefastos efectos de la disminución del gasto público en la crisis de 1929?
La mayoría de la población va a sufrir las consecuencias de estas políticas. ¿No hay otras medidas para paliar el déficit y la deuda? Los mercados, las empresas de evaluación y las instituciones internacionales, como siempre, sólo insisten en rebajar el déficit, aprovechan para lucrarse aumentando los tipos de interés de la deuda y, además, y no es lo menos importante, exigen la implantación de medidas neoliberales en el país. Tampoco hay ninguna esperanza en ayudas de la Unión Europea; al contrario, sus exigencias empeoran la situación. Pero ¿no se puede hacer nada en el interior? Aquí las opciones ideológicas del Gobierno aparecen claras. Ni siquiera se mencionan otras posibilidades de resolver el problema de los ingresos públicos, posibilidades que habrían de consistir en exigir la cooperación de quienes más tienen y de aquellos que, merced a las ayudas públicas, han salido ya de la crisis, especialmente el sistema financiero. Si a las capas modestas del país, por no hablar de los más pobres, se les exige que acepten un significativo deterioro en sus condiciones de vida debido a la situación financiera del país, ¿qué se les está pidiendo a las demás capas sociales? Los bancos están reportando la vuelta a jugosos beneficios, la Bolsa ha recuperado, aunque con vaivenes, parte de su riqueza, los empresarios aprovechan la situación para lograr un mercado laboral y un sistema fiscal muy favorable a sus intereses y hay todavía muchos millonarios en España… ¡Qué bien les vienen la presión de los mercados mundiales y los informes de las empresas de evaluación! Pero ¿por qué no avanzar con medidas innovadoras e imaginativas que tanto ponderan en otros ámbitos?
Por ejemplo, para contribuir a paliar la deuda, instaurar una “deuda interna de emergencia” con suscripciones obligatorias de las entidades financieras que tanto se han beneficiado con la deuda pública, plantear una reforma fiscal de verdad, que gravando a los más poderosos, permita aumentar sustancialmente los ingresos de las arcas públicas, establecer un impuesto excepcional a los beneficios financieros… Existen alternativas.
Ni el Gobierno español, ni las autoridades internacionales, y muchos menos los míticos “mercados” hacen referencia a estas soluciones, revelando claramente su adscripción al status quo sus planteamientos y sus opciones. No es muy real la voluntad de resolver el problema de la deuda, ni de unos ni de otros, si sólo se plantean medidas que no afecten a los poderosos.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de Enric Jardí
JUAN HDEZ. VIGUERAS
El pasado 28 abril, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitaron a la canciller alemana Angela Merkel y, con su ministro de Economía, Wolfgang Schaüble, se reunieron en el Parlamento con otros líderes para vencer sus reticencias sobre la imprescindible ayuda germana para el rescate de las finanzas griegas y para la defensa del euro. Entre tantas noticias sobre Grecia, esta insólita visita de ambos tecnócratas revela, ante todo, el decisivo papel político jugado por Trichet.
Para comenzar, recordemos que el BCE es el banco central más independiente del mundo, asentado sobre un tratado internacional y prácticamente responsable, si acaso, ante Dios y ante la historia. De ahí que se le culpe de su contribución a esta preocupante situación europea, entre otras cosas por la presión que hizo sobre los gobiernos del eurogrupo para que rescataran y avalaran a los bancos tras el estallido de la crisis financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas (The New York Times, “Can Europe Save Itself?”, 29-04-2010).
Asimismo, hay que destacar que para los gobiernos que gestionaron sus economías con rigor –como en el caso de España–, es la falta de armonización fiscal europea entre los propios socios la que agrava la necesidad de cubrir con endeudamiento el déficit presupuestario sobrevenido con la crisis. Y es el propio funcionamiento del banco emisor del euro el que dificulta la financiación de los gobiernos, al convertir los bonos del Tesoro Público que adquieren los bancos de la eurozona en un mecanismo para que estos puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar créditos a las economías.
Ese mecanismo resulta simple de entender si traducimos la terminología al uso. Los bancos utilizan la deuda de los estados para lograr liquidez mediante las operaciones de repo del BCE: préstamos de euros con entrega como garantía de un paquete de valores que el banco se compromete a recomprar al devolver el préstamo. Esto no trae más créditos, pero los bancos hacen un negocio claro y limpio: mientras el BCE les carga un 1% por los euros frescos, ellos pueden sacarles un interés del 5% o más, como vemos en las cotizaciones alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia y otros países europeos. Esta facilidad para acceder al crédito, que pudo justificarse al comienzo de la crisis financiera cuando sufrían restricciones del crédito, los bancos suelen utilizarla para la especulación en esos mercados bursátiles tan respetados. Y así tenemos que son los bancos alemanes y franceses los que tienen bonos griegos en mayor cuantía e, incluso, se sospecha que esos bancos serán los primeros beneficiarios del rescate griego al que se acompaña de un duro ajuste a costa de los asalariados.
Según algunas fuentes anglosajonas, los bancos españoles pidieron prestados 63.000 millones de euros al BCE a través de los mecanismos de repo en diciembre de 2007. Y, por esas mismas fechas, los bancos españoles crearon masivamente valores bursátiles que no tenían mercado, con el único fin de depositarlos en el Banco de Fráncfort, después de que este hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez bancaria. Todo un rescate del sector bancario español orquestado por el BCE sin autorización de ningún Gobierno, puesto que sus estatutos no se lo exigen. Y esos mismos bancos que habían vendido créditos caros con muchas facilidades culpan ahora a los clientes morosos hipotecados.
Más aún, para estas operaciones de repo, el BCE valora los bonos o títulos de deuda pública según la calificación que tres firmas privadas estadounidenses de rating otorgan a la solvencia de los estados del eurogrupo. Lo más grave es que a esa actividad privada, que enjuicia por anticipado la capacidad futura de pago de un país del euro, el BCE le da carácter oficial. Por un lado, prejuzgan los resultados de la política económica de los gobiernos y los coarta; por otro, esas calificaciones alimentan el casino financiero y encarecen el endeudamiento público para salir de la crisis. Como subraya un experto del sector, esa dependencia del BCE de las agencias de rating para los bonos soberanos es como poner en manos de un tercer país el control de sus ingenios nucleares (Financial Times, 24-03-2010). Pero no debe de verlo así el gobernador del Banco de España, que es miembro del Consejo de Gobierno del BCE y prefiere presionar para despidos baratos.
De ahí que, a la vista del éxito de Trichet y Strauss-Kahn al convencer al Parlamento alemán, deberíamos prestar mayor atención al desgobierno del eurogrupo y al nuevo protagonismo europeo del FMI. Desde luego, es obvio que el problema no estriba en que los gobiernos busquen “tranquilizar a los mercados”, sino en controlar por vía democrática unas instituciones europeas que los potencian. Para Grecia, está claro que los especuladores y el entramado institucional europeo aliados al FMI han dejado sin valor las elecciones democráticas de octubre de 2009, arrojando a la papelera el programa de progreso del Gobierno elegido. Y en esta complicada coyuntura, está claro que ese predominio otorgado a los mercados financieros empobrecerá a los griegos y es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de bienestar en los países del eurogrupo.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Iker Ayestaran
VIÇENS NAVARRO
Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?
Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.
Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.
Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.
En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.
Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Javier Jaén
