ANTONI ABAT I NINET
Las encuestas de opinión pública se han constituido en el último recurso argumental de determinados agentes sociales con el fin de mantener vivo el debate sobre la necesidad de la prohibición del uso del burka y el niqab. Sin embargo, este tipo de instrumentos de medición estadística no puede sobredimensionarse en sociedades democráticas, donde las únicas encuestas válidas y vinculantes son las que ejercen los ciudadanos con su voto. Extraer conclusiones cerradas sobre sondeos de opinión puede entenderse como un ejercicio demagógico y, en cierta medida, tendencioso. Los resultados que señalan las encuestas varían según factores endógenos (universo, unidades estadísticas o la técnica de recolección de datos) y exógenos (después de una violación, la opinión pública demanda el endurecimiento de las penas o incluso la castración química). Por consiguiente, el uso de las encuestas como argumento legitimador de políticas legislativas concretas es cuanto menos poco fiable.
Otro argumento que justifica no utilizar los resultados de encuestas es que son siempre consecuencia de opiniones y no de conocimiento, y este es un dato trascendente en cuestiones de política legislativa que no cabe confundir con superioridades morales o desconsideraciones a la voluntad popular. En definitiva, las iniciativas legislativas no pueden venir determinadas por algunas encuestas de opinión pública.
¿Por qué se regula un campo nuevo? La juridificación es un fenómeno que aparece a la hora de regular nuevos campos jurídicos que van surgiendo. En las sociedades modernas se observa un aumento del derecho escrito, es decir, el aumento de la positivización del derecho. El fenómeno juridificador puede ser entendido como un resultado necesario a la hora de actualizar nuestros sistemas jurídicos en determinadas materias o campos, como por ejemplo las nuevas tecnologías, el uso de transgénicos, energía nuclear o la manipulación genética. Sin embargo, este mismo fenómeno puede tener un lado oscuro consistente en implementar políticas de control social, asimilación y normalización. Es decir, se pueden utilizar las normas jurídicas para generar una objetivación de lo que es legal y racional, señalando como fuera de la ley, prohibido o perseguido lo que queda fuera del paraguas legal. Este ejercicio de asimilación se desvía claramente del que debería ser objetivo primero de los sistemas jurídicos democráticos que es tolerar, respetar y promover la diversidad incluso cuando dicha diversidad genera oposición a las normas y prescripciones legales. Mucho me temo que en el caso que nos atañe nos encontramos ante esta segunda consecuencia del fenómeno juridificador.
Tal y como se ha argumentado hasta la saciedad, la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos no es en la actualidad un hecho jurídico a regular, no existe la percepción en nuestra sociedad de dicha necesidad. Al contrario, la polémica generada y el falso debate orientado por motivos electoralistas o xenófobos ha pretendido en todo momento generar esa necesidad, hasta la fecha sin éxito. Se pretende justificar la necesidad de una normativa sancionadora basándose en el principio de prevención jurídica y en falsas analogías basadas en encuestas de opinión, sin tener en consideración que pueden quebrantarse principios fundamentales básicos, como son el de libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. Es una aberración jurídica regular mediante leyes sancionadoras comportamientos que pueden estar amparados en derechos fundamentales. La simple duda debería provocar cierta cautela y antes de promoverse determinadas medidas legislativas, los líderes políticos que las plantean deberían solicitar informes a los órganos competentes en materia constitucional. En este sentido, destaca el hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa haya aprobado casi por unanimidad una resolución sobre el islam y la islamofobia que, entre otros aspectos, desaconseja la prohibición total de los velos integrales que usan las musulmanas. ¿Donde están el bombo y el platillo que acompañan a las noticias negativas sobre el islam? ¿Dónde está la objetividad de determinados medios de comunicación?
Hay personas bienintencionadas que se plantean la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos en defensa de los derechos fundamentales de la mujer, y en este caso nos enfrentamos ante un posible conflicto entre derechos fundamentales, además de con un conflicto entre diferentes acepciones e interpretaciones del derecho de libertad de difícil resolución. En cualquier caso, creo que es la mujer musulmana a la que hay que escuchar y la que debe decidir.
No parece que la coacción, las sanciones legales, el cierre de mezquitas, como ha ocurrido en Lleida recientemente, sean los mejores presupuestos de partida de un debate bien consensuado y donde puedan participar instituciones públicas. En este sentido, el presidente de Estados Unidos y el alcalde de Nueva York iniciaron un proceso de diálogo ejemplarizante para el debate en relación a la construcción de una mezquita y un centro de cultura islámica en la zona cero. El diálogo es necesario para evitar que mañana podamos ser todos víctimas de la objetivación del Estado.
Antoni Abat i Ninet es Investigador del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB) y profesor de Derecho Constitucional y Teoría Legal.
Ilustración de Iker Ayestaran.
Richard Gowan 
Rara vez la Corte Internacional de Justicia atrae la atención de los medios. Su decisión de que la declaración de independencia de Kosovo no fue ilegal ha suscitado la especulación (en gran medida alarmista) sobre la posibilidad de que otros movimientos separatistas sigan el ejemplo de Kosovo.
Los hechos de la semana pasada provienen directamente de la campaña de represión de Yugoslavia contra la población albana en los años noventa. Si las fuerzas de seguridad de Slobodan Milosevic hubieran mostrado un poco de moderación en aquel momento, hoy Kosovo sería, incontestablemente, territorio serbio.
Es fácil minimizar las atrocidades yugoslavas retrospectivamente. En medio de la crisis de 1999, los rebeldes de Kosovo (muchos de ellos hoy en el Gobierno) manipularon la crisis y llevaron a cabo sus propias atrocidades contra los serbios en cuanto tuvieron ocasión.
Aun así, a pesar de la complejidad del caso de Kosovo, el hecho de que Yugoslavia utilizara brutales tácticas para suprimir a los albanos transformó un conflicto local en una crisis internacional.
Es muy importante recordar esta lección cuando asistimos a nuevos ataques a minorías, como la persecución de la minoría uzbeca en Kirguistán de este año, en la que más de 2.000 civiles han muerto a causa de la violencia de las fuerzas de seguridad kirguises el pasado junio. Y la persecución continúa.
Hasta la fecha, poco han hecho las principales potencias para solucionar la crisis de Kirguistán, salvo enviar ayuda humanitaria y autorizar una pequeña misión policial para supervisar la evolución de la situación. Esta reticencia no es sorprendente. Con los presupuestos militares recortados a causa de la crisis financiera, y la guerra de Afganistán yendo tan mal, la intervención humanitaria se ha quedado fuera de la agenda.
Las cuestiones de derechos humanos y las tensiones interétnicas reciben cada vez menos atención por parte de las capitales occidentales. Los activistas acusan a la Administración de Obama de priorizar las buenas relaciones con las grandes potencias intolerantes, como Rusia y China, en detrimento de las causas justas. Los países que lideran la UE han adoptado una línea pragmática similar. Por su parte, Alemania está centrada en reforzar sus lazos con Rusia.
Occidente parece haber aceptado que presionar a países como Burma, Sudán o Zimbabwe a cuenta de los derechos humanos es contraproducente: ahora se estila la diplomacia silenciosa con los regímenes incómodos. Puede que esto sea inevitable: cada vez es más difícil desautorizar a los gobiernos africanos y asiáticos, que prefieren una aproximación más tranquila. En las Naciones Unidas, las grandes democracias no occidentales –incluyendo a Brasil, India y Suráfrica–, se alinean junto a China y Rusia contra cualquier asunto que parezca una interferencia de Occidente en los asuntos de otros países. Algunos alegan que aquel énfasis en los derechos humanos era contraproducente. Paul Collier, de la Universidad de Oxford –a día de hoy probablemente el académico más influyente en aspectos de desarrollo– ha argumentado que un grado de represión por parte de los gobiernos quizás sea el precio que merece la pena pagar para evitar el gran horror de una guerra civil.
Esto puede ser cierto en teoría, pero existe un problema en la práctica. ¿Qué se supone que debemos hacer en casos como el de Kirguistán, donde el abuso en materia de derechos humanos es claramente el detonante del conflicto? ¿Y qué ocurre con un caso como el de Sudán, donde la escalada de violencia interétnica crece en el sur del país, en vísperas de un referéndum de secesión para la región en enero de 2011?
Por si estos escenarios pudieran parecer demasiado ajenos a los intereses nacionales europeos como para preocuparse por ellos, podemos añadir Irak a la lista. A medida que las fuerzas estadounidenses abandonan el país, el peligro de un estallido de violencia entre los kurdos y los árabes va creciendo, avivando a su vez la inestabilidad en las áreas kurdas de Turquía e Irán. Esta situación podría hacer estallar una ulterior ola de violencia en la región.
En todos estos casos parece que no va a funcionar intentar construir y reforzar complejos marcos legales para defender los derechos humanos y a las minorías. Y tratar de resolver los conflictos redibujando el mapa, al estilo Kosovo, podría causar más daño. Aunque probablemente la independencia de Kosovo no llegará a desestabilizar los Balcanes, tratar de forjar un estado kurdo independiente en Irak sería la receta para una guerra general.
Los gobiernos europeos, mientras tanto, deberían dedicar más esfuerzos a analizar cómo las violaciones y los conflictos étnicos pueden desestabilizar la ultraperiferia, la zona comprendida desde el norte de África hasta Asia central, y preparar a los mediadores para que puedan afrontar nuevas amenazas a medida que surgen. Esto debería ser prioritario para el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, que ganaría credibilidad a ojos de los gobiernos extranjeros si pudieran atajar este tipo de crisis.
En un momento de congelación de presupuestos, invertir más en la prevención de conflictos y en la promoción de los derechos humanos puede ser algo difícil de vender, pero la alternativa es una nueva generación de Kosovos.
Richard Gowan es investigador principal del European Council on Foreign Relations
Traducción de Borja Novoa
Ilustración de Javier Olivares
GIDEON LEVY
Ha llegado el momento de quitarnos el sombrero ante el primer ministro. Las predicciones de Binyamin Netanyahu han demostrado ser ciertas, y sus profecías se están haciendo realidad ante nuestros mismísimos ojos. Ya podemos decir con la cabeza bien alta que nuestro Gobierno está liderado por un hombre visionario, un estadista que ha predicho el futuro. Ni sus detractores más acérrimos lo pueden negar; los hechos hablan por sí solos.
Netanyahu dijo que el mundo entero estaba en nuestra contra. ¿Es que no tenía razón? También dijo que vivimos sometidos a una amenaza existencial. ¿Es que no empieza a parecer verdad? Esperemos un poco y Turquía también estará en guerra con nosotros. Netanyahu dijo que no había posibilidad alguna de llegar a un acuerdo con los árabes. ¿Es que no dio en el clavo? Nuestro primer ministro, que veía peligros acechando en cada callejón y enemigos apostados en cada esquina, que ha predicado siempre que no hay esperanza, que nos ha repetido hasta la saciedad que viviremos siempre bajo la ley de la espada (tal y como su padre el historiador le había enseñado), sabía lo que se decía.
Desde David Ben-Gurion no hemos tenido a nadie como él. Es un auténtico profeta cuyas predicciones se están convirtiendo en realidad, todas, una tras otra. Puede estar bien orgulloso de sus logros. Basta de mofa y de ridículo. Porque Netanyahu no sólo es un profeta: su liderazgo ha barrido la totalidad del país. Ya no queda nadie capaz de impedirle que haga realidad su visión, y los expertos no tardarán en escribir que Netanyahu estaba en lo cierto.
Este país tiene ahora un capitán ciego en la cabina de mandos que, con precisión ejemplar, conduce a sus pasajeros de ojos vendados hacia el destino que imaginó. Porque si antes de esta semana le hubiese quedado algún elemento de su alarmismo sin materializar, ocurre el vergonzante abordaje de la flotilla y se apunta otro tanto al conseguir este objetivo también.
En caso de que alguien tuviera un atisbo de esperanza y pensase que nuestro piloto no está totalmente ciego, que quizá lo que tiene es algún tipo de artilugio especial para ampliar su visión, Netanyahu va y declara que el bloqueo de Gaza continuará. Que se vayan al cuerno el mundo, la sabiduría, Gaza y, de camino, también Israel (y que se haga añicos ese atisbo de esperanza). Una vez que las sierras y los cuchillos incautados en el Marmara se hayan expuesto públicamente, podremos convencernos de una vez por todas de que realmente existe un peligro acechando en cada callejón, un agente de Al Qaeda en cada barco y armas en cada cubierta (e incluso el Marmara era una amenaza existencial, ni más ni menos, exactamente como nuestro líder había previsto).
Está claro que nadie exigirá ver las armas que los activistas supuestamente dispararon, ni el metraje de vídeo en el que se ve a los soldados israelíes disparando, ni las fotografías tomadas por los periodistas y confiscadas. Para nosotros, basta con las imágenes de las duras palizas hechas públicas por el portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF).
Casi 7.000 millones de seres humanos (menos unos cinco millones de judíos israelíes) están equivocados. Al no tener un líder como Netanyahu, siguen pensando que abordar barcos de pasajeros en aguas internacionales es un acto de piratería, una acción idéntica a las cometidas por los piratas de Somalia. Piensan (equivocadamente, faltaría más) que Israel no tiene derecho a detener una flota de barcos; que las víctimas son los habitantes de Gaza y los malditos pasajeros, no los comandos navales que asaltaron el barco y fueron golpeados; y que los agresores fueron las tropas que descendieron sobre el barco desde un helicóptero disparando y matando a nueve civiles e hiriendo a docenas.
El mundo está equivocado y Netanyahu, con nosotros a remolque, está en lo cierto: no levantaremos el bloqueo. Durante cuatro años no ha aportado ni el más leve beneficio, tan sólo perjuicios, ¿pero qué más da? ¡Adelante! Vamos a hacer que se cumpla la visión de Netanyahu. Nos convertiremos en un país todavía más despreciado y no nos quedará ni un solo amigo en el mundo, ni siquiera Estados Unidos. Es cierto que fue el predecesor de Netanyahu, Ehud Olmert, quien comenzó este nefasto declive con la operación Plomo Fundido, tras la cual el mundo se mostró intolerante hacia cualquier comportamiento violento de Israel, pero Netanyahu va por el mismo camino.
Después de todo, su visión aún no se ha hecho completamente realidad. Netanyahu hizo que albergáramos una esperanza: una “paz económica” que traería prosperidad a palestinos e israelíes. Sin embargo, hasta el momento no ha habido otro saboteador de las exportaciones israelíes mayor que él mismo. Dentro de poco, todo lo que produzcamos se tendrá que vender no más allá de Petah Tikva. Incluso los profetas tienen derecho a equivocarse en alguna ocasión,
aunque sería mejor que no nos hiciese albergar más esperanzas.
Según una encuesta publicada el miércoles, aproximadamente la mitad de los israelíes quiere una comisión de investigación. Cabe asumir que es sólo porque nuestros soldados fueron agredidos y humillados. Porque… ¿hay alguna otra cosa que se deba investigar? Al fin y al cabo, tenemos un estadista profético cuyas predicciones se están cumpliendo una tras otra, y el redentor (no) viene a Sión.
Gideon Levy es periodista del diario israelí ‘Haaretz’
Traducción de Elena Sepúlveda
Ilustración de Miguel Ordóñez
NICOLE THIBON
Van a ser las mujeres nuevamente engañadas por la historia? Es legítimo temerlo en el caso de las afganas, donde Hamid Karzai pretende un “plan de reconciliación con los insurgentes”. ¿Dialogar con los talibanes? La idea puede parecer descabellada en un momento en que se intensifica la guerra; sin embargo, varios países financiarán el plan de paz de Karzai.
Esta política de “mano tendida”, desarrollada en la Conferencia de Londres del 28 de enero de este año, mientras la insurrección de los talibanes nunca estuvo más lejos de ser contenida, se desplegará en dos terrenos: el de la reintegración y el de la reconciliación. La reconciliación pretende abrir un diálogo con los jefes de los insurrectos, en particular con ciertos elementos del Estado Mayor del movimiento talibán (Emirato Islámico de Afganistán), replegado en Quetta, en el Baluchistán pakistaní, o sea, en el foco más ideológico de la insurrección. Karzai asegura que de ninguna manera se trata de dialogar con los talibanes vinculados a Al-Qaeda, pero no descarta hacerlo con el célebre Mulá Omar, ex brazo derecho de Bin Laden. Por otra parte, Obama ha quitado a cinco ex responsables talibanes de la lista negra. Sería cosa de hallar la perla rara: los talibanes moderados, dispuestos a respetar la Constitución afgana actual, mientras su Estado Mayor exige la salida previa de las tropas extranjeras y mantiene su objetivo de restablecer el “emirato islámico” construido entre 1996 y 2001. Ocho años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes reciben una suerte de invitación a volver a participar. Para gran parte del pueblo afgano, esta propuesta señalaría el regreso a los años de plomo anteriores a 2002.
Como un puñado de heroínas que arriesgan su vida por los derechos de las mujeres, la afgana Shukria Haidar lucha desde hace 30 años por que “no se olvide allí la suerte de las mujeres”. Ex campeona de ping-pong, expulsada –a causa de su militancia– del Comité Olímpico Internacional, refugiada en París desde el golpe de Estado pro soviético de 1978, Shukria volvió a su país en 1989, cuando la retirada del Ejército Rojo. La esperanza renació en todos los afganos cuando el partido islámico tomó el poder en 1995. Shukria organizó entonces un proyecto de ayuda al deporte femenino: “Quería recoger fondos para construir terrenos deportivos y conseguir material para liceos y colegios”, dice.
La llegada de los talibanes puso fin a este proyecto –como a tantos otros–.
Shukria tuvo la “impresión de que el cielo se (le) cae encima…”. “Sabíamos de qué habían sido capaces en las ciudades controladas por ellos: prohibición de escuelas para las niñas, burka obligatorio, acceso a los hospitales prohibido a las mujeres, prohibición de trabajar”. Para ella, como para sus camaradas, que crearon la asociación Negar de apoyo a las mujeres afganas, lo urgente ya no era el deporte, sino “los más elementales derechos de la mujer”. Con su asociación creó escuelas clandestinas, 26 en Kabul, y sembró centros sanitarios por todo el país y en los campos de refugiados: “Varios miles de mujeres trabajan allí con nosotras”. En junio de 2000, 300 de ellas se encontraron en Duchambé (Tayikistán), donde redactaron una Declaración de derechos fundamentales de la mujer afgana. Shukira multiplicó sus conferencias, también en Francia, veladas de debate, campañas de prensa para “mostrar el verdadero rostro de los talibanes… Las condiciones que imponen a las mujeres no forman parte de la cultura afgana ni del islam. Encerradas en sus casas, las mujeres no pueden salir sin que las acompañe un hombre y ni siquiera tienen derecho a escuchar música”, explicaba hace diez años Shukria al periódico francés Le Monde.
Desde entonces, a pesar de un cierto reconocimiento de los derechos de las mujeres afganas por el Gobierno de Karzai, estos se violan de manera recurrente: ataques contra las que se implican en la vida pública, violencias generales siempre impunes, casamiento de niñas y casamiento forzado, acceso vedado de la mujer a la justicia y de las niñas a la enseñanza secundaria. Las mujeres implicadas en la vida pública son objeto de amenazas y maniobras de intimidación. Muchas de ellas han sido asesinadas, pero ningún asesino ha sido llevado ante la justicia. El asesinato en 2009 de Sitara Achakzai, política y valiente militante de los derechos humanos, conocida por su manera directa y clara de hablar, fue una advertencia más dirigida a todos las que se inmiscuían en la vida pública. Una oficial de policía recibió amenazas de muerte: “Me dijeron que matarían a mis hijas”. “La situación de las mujeres y jóvenes afganas es alarmante y corre peligro de empeorar”, declaró recientemente Rachel Reid, especialista de Human Rights Watch sobre Afganistán. “Mientras el mundo tiene la mirada clavada en la nueva estrategia de la administración Obama en cuestiones de seguridad en Afganistán, es absolutamente esencial asegurarse de que los derechos de mujeres y jóvenes no se queden en un piadoso deseo y que se pongan en primera fila de las prioridades tanto de los gobiernos como de los proveedores de fondos”.
“Las mujeres no son una prioridad para nuestro Gobierno ni para la comunidad internacional… Hemos sido olvidadas”, dice Shinkai Karokhail, parlamentaria. “El presidente Karzai tiene mucho que hacer si quiere redorar su imagen moderada respecto de los derechos de las mujeres”, añade Rachel Reid. En la Conferencia de Londres, Hillary Clinton dio prueba de fina analista y optimismo desbordante: “La premisa de partida es que uno no hace la paz con sus amigos. Debéis ser capaces de negociar con vuestros enemigos”. El problema es que, para la opinión general, el Gobierno Karzai es demasiado débil frente a los talibanes. Mientras que Shukria Haidar no cesa de repetir: “No hay talibanes moderados, como nunca hubo nazis moderados”.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
CARLOS VILLÁN DURÁN Y JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Ayer conmemorábamos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que, a la altura de sus 61 años, sigue siendo “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, tal como afirma su preámbulo. Precisamente en estos tiempos de severa crisis mundial, en los que tanto se invoca la necesidad de construir un nuevo sistema global, resulta especialmente conveniente recordar este documento capital y, más en concreto, detenernos en una de sus previsiones, que no siempre concita la atención adecuada: el artículo 28. En él se reconoce que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Este (nuevo) orden social e internacional que se reclama no es una declaración de buenas intenciones, sino que posee un contenido concreto que nos ha de conducir a la consecución de la paz a través del desarrollo económico y social de los pueblos, la redistribución más equitativa de las riquezas mundiales, el desarme, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos de todos, así como la revisión del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas, de modo que se garantice eficazmente la paz y seguridad internacionales.
Como ya dijo el director general de la UNESCO, “la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos”. Así, debemos entender el derecho humano a la paz como derecho de solidaridad, que da respuesta a todas las cuestiones planteadas por la globalización, que reclama un orden social e internacional en el que la paz sea posible. Este planteamiento nos lleva a asumir que la paz no se limita a la ausencia de conflicto armado, pues tiene además un sentido positivo orientado a la consecución de tres objetivos: satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, eliminar todo tipo de violencia (armada, estructural y cultural) y lograr el respeto efectivo de los derechos humanos para todos.
A esa concepción responde la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada por un Comité de expertos el 30 de octubre de 2006. En ella se pone énfasis en la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional, presidido por la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social, de manera que se eliminen las desigualdades, la exclusión, la pobreza y la hambruna, porque son todos ellos fenómenos que generan violencia estructural, la cual es incompatible con la paz, tanto a nivel interno como internacional.
Algunos podrían tildar esta concepción de idealista. Pero olvidan que ciertas dosis de idealismo son también necesarias para construir un mundo mejor. Además, jurídicamente el derecho humano a la paz está fuertemente enraizado en instrumentos tan universalmente aceptados como la Carta de las Naciones Unidas y la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. De aquí que, en realidad, no existan obstáculos jurídicos insalvables para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe en el futuro una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, a propuesta de su Consejo de Derechos Humanos. Las dificultades se derivan más bien de la falta de voluntad política de los Estados, pero también estas se pueden superar si la sociedad civil demuestra a sus gobernantes y representantes que otra paz es posible: una paz justa, sostenible y duradera, a cuya construcción todos debemos contribuir.
La codificación del derecho humano a la paz tampoco es un ejercicio puramente académico. Se trata de responder de manera eficaz a las violaciones sistemáticas que la paz sufre en el mundo de hoy. Estas vulneraciones tienen su origen tanto en la violencia armada directa (persisten más de 40 conflictos armados en el mundo, muchos de ellos olvidados), como en la violencia estructural generada por la extrema pobreza y la hambruna que, lejos de reducirse, ya afecta a 1.020 millones de seres humanos, la mayoría mujeres y niños del Sur; otras manifestaciones de la violencia son culturales, como la de género, la laboral, la escolar y la familiar. Todas ellas conforman el desolador panorama de la violación masiva del derecho humano a la paz en nuestras sociedades, en las que paradójicamente impera una cultura de violencia –corolario de la máxima latina si vis pacem para bellum (si quieres la paz, prepara la guerra)–, sobre la cultura de paz.
Frente a este estado de cosas, la AEDIDH propició en 2006 la aprobación de la Declaración de Luarca y, a continuación, promovió la campaña mundial a favor del derecho humano a la paz (2007-2010), en cuyo marco la Declaración de Luarca es compartida y debatida con especialistas de todo el mundo, incorporando así las diferentes sensibilidades culturales y recibiendo el apoyo de múltiples instituciones. En diciembre de 2010, la sociedad civil internacional será convocada en Santiago de Compostela –en el marco del Foro 2010– para aprobar una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, que se entregará al Consejo de Derechos Humanos, al tiempo que instaremos a los estados a iniciar la codificación del derecho humano a la paz.
Si la paz es una exigencia ética que debiera presidir las relaciones internacionales, el derecho humano a la paz es un imperativo legal con el que se identifica la sociedad civil de todo el mundo, porque es una exigencia de civilización que está por encima de todo particularismo regional, histórico o cultural. En estas fechas de confusión global ante la crisis sistémica, debemos reclamar con más fuerza que nunca a nuestros representantes y dirigentes que asuman el compromiso de respetar y garantizar el derecho humano a la paz.
Carlos Villán Durán es presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Javier Chinchón Álvarez es director ejecutivo de la AEDIDH
Ilustración de Javier Olivares
ANA ROSA ALCALDE
Hace sólo diez años que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este dato demuestra hasta qué punto estaba asumido en todas nuestras sociedades que la violencia contra las mujeres era algo natural e inevitable y, en el mejor de los casos, un mal menor que tolerar. Afortunadamente, la lucha de los movimientos feministas (especialmente durante los últimos 30 años, con el respaldo de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer) ha permitido revertir este estado de opinión, crear una serie de mecanismos internacionales, regionales y nacionales –no del todo eficaces– e introducir en la agenda global una lluvia fina de datos escalofriantes de los que antes no disponíamos. Sin embargo, estos esfuerzos todavía son claramente insuficientes. Un día como hoy debe servir para tomar conciencia de la envergadura de un problema que trasciende todas las fronteras políticas, económicas y culturales y limita directamente los avances en el desarrollo y en el respeto a los derechos humanos.
La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más generalizada que se produce en la actualidad. Abarca desde las formas más predominantes de violencia intrafamiliar y sexual –tráfico de mujeres y prostitución forzosa, violencia sexual como táctica de guerra o de represión política– hasta prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital, la selección prenatal del sexo a favor del masculino, el infanticidio femenino o las muertes por motivos de honor y dotes. Se produce en espacios variados: en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las zonas rurales, en las periurbanas, en las grandes capitales. En muchos de estos casos, la violencia no es aleatoria, ya que tiene lugar precisamente porque las víctimas son del sexo femenino. Cuando esta violencia acaba en muerte se conoce como feminicidio.
Los datos acompañan estos hechos: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) estima que alrededor del 70% de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de sus vidas. La violación y la violencia doméstica representan un riesgo más alto para las mujeres de entre 15 y 44 años que el cáncer, los accidentes de tráfico y la malaria.
La violencia contra las mujeres es, además, un importante freno al desarrollo y consecuencia directa de la discriminación que sufren. Detrás de la persistente feminización de la pobreza, de la precarización del empleo femenino y del no reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado de familiares como actividad económica, detrás de la brecha de género en la educación, subyacen estructuras sociales. Tomando formas políticas o culturales, estas estructuras perpetúan injusticias y limitan el pleno ejercicio de derechos a las mujeres y sus posibilidades para defenderse de las situaciones de violencia. La todavía insuficiente participación de las mujeres en la política, en las instituciones y en los poderes económicos contribuye a invisibilizar la violencia de género como un grave problema social.
Si hay algo que queda claro este 25 de noviembre de 2009, es que todavía queda un largo camino. Es necesario colocar la eliminación de la violencia contra las mujeres en el centro de la agenda internacional del desarrollo y de los derechos humanos, trabajando más explícitamente los vínculos entre violencia machista y Desarrollo Humano e incluyendo entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio indicadores para medir el relativo a la igualdad de género en términos de vivir una vida sin violencias. Es necesario también enmarcar los debates sobre violencia en la perspectiva del ejercicio de los derechos humanos, especialmente con el aumento dramático del negocio de la trata de personas y el cada vez más explícito uso de la violencia sexual como arma política.
Pero se requiere algo más: construir alianzas más potentes y efectivas entre las instituciones, las organizaciones y los movimientos que compartimos esta visión. El caldo de cultivo ya está ahí: en los últimos años, las organizaciones feministas se han movilizado en muchos países para conseguir legislaciones nacionales en contra de la violencia de género y reformas institucionales para prevenirla y subsanar sus efectos. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han hecho del tema un eje central de su trabajo. Gobiernos como el de España han hecho de la erradicación de la violencia de género un tema central de su política y numerosos medios de comunicación se involucran en campañas de prevención, esenciales para visibilizar y cambiar valores. En el campo del desarrollo, ONG del Norte y del Sur apoyamos iniciativas locales para atajar la violencia de género en países en desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
No obstante, a todos nos queda pendiente un elemento esencial: aunar fuerzas y coordinar de manera más efectiva nuestros recursos y redes para conseguir que la eliminación de la violencia de género sea un tema central de la agenda internacional. Esta semana, instituciones gubernamentales y ciudadanas de diez países se dan cita en Madrid para intercambiar experiencias de trabajo contra la violencia de género en distintos puntos del planeta. Iniciativas como esta, o como la Plataforma Mundial de Acción de UNIFEM, “Di no, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, son pasos necesarios para empezar a andar ese camino.
Ana Alcalde es directora de Solidaridad Internacional
Ilustración de Mikel Casal
VICENÇ NAVARRO
El día 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, lo cual fue motivo de un elevado número de conferencias sobre la pobreza, que por unos días fue un tema visible en los medios de comunicación más importantes del mundo, aún cuando en España tal visibilidad fue limitada. En los países desarrollados se acentuó, una vez mas, la necesidad de “ayudar” a los países pobres, incluyendo el envío de alimentos y fondos. También se acentuó en varios foros internacionales la necesidad de transferir conocimientos y nuevas tecnologías de los países ricos a los países pobres, para incrementar la productividad de sus sectores agrícolas, los más importantes en sus economías.
Esta atención mediática del tema pobreza se repite, año tras año, por estas fechas. Y mientras, ocho millones de niños mueren al año de malnutrición (uno cada dos segundos), el equivalente de los muertos que causarían 43 bombas atómicas –cada una como la lanzada en Hiroshima–, bombas que explotan cada año sin producir ningún ruido. En realidad tal número de muertos forma tanta parte de la realidad que nos rodea que ni siquiera aparecen en la primera o última página de los rotativos más importantes del mundo.
Lo que hace moralmente intolerable esta situación es que desde el punto de vista científico sabemos cómo resolver tanto el problema de la pobreza como sus consecuencias, de las cuales el hambre es la más dramática. Y la situación paradójica es que la pobreza no se debe a la falta de recursos. En realidad, el planeta tiene suficiente tierra fértil para alimentar diez veces a la población hoy existente (FAO, 2008). En los países económicamente desarrollados, los estados están incluso subvencionando a los agricultores para que no produzcan más alimentos. Pero lo que es aún más intolerable es que se llame a estos países pobres, cuando no lo son. Los países así llamados tienen poblaciones predominantemente pobres, pero los países en sí no lo son.
¿Por qué entonces se produce y reproduce la pobreza? Si analizamos el país más pobre del mundo (hay una larga lista de candidatos a tal distinción), veremos que las raíces de la pobreza son fáciles de ver, si quieren verse. El diario The New York Times, de orientación liberal, que publica de vez en cuando algunos informes que no encajan en tal sensibilidad, escribió uno sobre la pobreza en Bangladesh, uno de los países que se puede identificar como más pobre (24-11-05).
Tal informe estaba escrito por un grupo de economistas que habían visitado tal país. Entre sus muchas observaciones destacaban las siguientes: “Las raíces del problema de la pobreza en Bangladesh están en la enorme concentración de la tierra (el mayor medio de producción en una economía agrícola) en aquel país. Sólo el 16% de la población rural controla dos terceras partes de toda la tierra cultivable, mientras que el 60% de la población tiene sólo un acre”. Por otra parte, el informe añadía que “la introducción de las nuevas tecnologías –como nuevos fertilizantes– acentúa todavía más la polarización en la propiedad de la tierra, pues sólo los grandes propietarios pueden tener acceso al crédito y a otros factores necesarios para poder explotar y utilizar nuevas tecnologías”.
En cuanto a la “ayuda” que proviene del exterior, el informe señalaba que “los propios oficiales encargados de la ayuda a los necesitados en Bangladesh reconocen (en conversaciones privadas) que sólo una fracción minúscula de los millones de toneladas de alimentos que llegan al país, como parte de la ayuda exterior, termina en las manos de las familias hambrientas que lo necesitan. Los alimentos del exterior los canaliza el Gobierno, quien los vende a los militares, a la Policía, a las clases medias de las ciudades…”. El informe concluía que “el enorme potencial productivo de tierras enormemente fértiles es tal que Bangladesh podría alimentar a una población muchas veces superior a la actual”.
Pero el alimento que se produce no se consume, en su mayor parte, en Bangladesh, pues no existe suficiente capacidad adquisitiva para la compra de alimentos por parte de la mayoría de la población. En lugar de ello, se exporta, sobre todo a los países de mayor nivel de renta, reproduciéndose así una economía basada no en el consumo y demanda interna, sino en el consumo externo y las exportaciones. Parecería que lo más lógico fuera que se creara tal demanda interna, redistribuyendo los recursos (incluyendo la tierra) para permitir el desarrollo de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.
Ahora bien, la estructura de poder, monopolizada por los grandes agricultores, se opone a tales cambios redistributivos. Como bien señalaba el citado informe, “el Parlamento del supuestamente democrático sistema político (Bangladesh aparece en la tipología de países, preparada por el Departamento de Estado de EEUU, como una democracia) está controlado por los grandes agricultores. El 75% de los miembros del Parlamento tiene grandes extensiones de tierra, con lo cual las posibilidades de cambio son muy pequeñas”. El sistema económico y político sostenido en parte por un Ejército y en parte por sistemas de información y persuasión (con conexiones con grupos mediáticos extranjeros), tiene escasas posibilidades de cambio. La Constitución del país, escrita por aquella estructura de poder, pone por escrito la imposibilidad de generar tal cambio. De ahí que la defensa de aquella estructura de poder se presenta como la defensa de la democracia.
Estas son las causas de la pobreza y del hambre y malnutrición en el mundo. Y cuando la población “pobre” se moviliza para cambiar esta situación, se la acusa de violar el orden democrático. El caso de Honduras es el más reciente, pero dudo que sea el último. Estas son las causas de la pobreza en el mundo, que raramente aparecen en los medios de persuasión.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Casal
JACQES DIOUF
En las próximas cuatro décadas, la población mundial crecerá en 2.300 millones de personas y se hará más rica. Satisfacer la demanda de los 9.100 millones de habitantes del planeta en 2050 exigirá producir un 70% más de alimentos que hoy en día. Por tanto, a no ser que tomemos ahora las decisiones adecuadas, nos arriesgamos a que el día de mañana la despensa mundial esté peligrosamente vacía.
Sobre todo porque en los próximos años el sistema alimentario mundial debe hacer frente al creciente desafío del cambio climático –que puede reducir la producción agrícola potencial hasta en un 30% en África y hasta en un 21% en el conjunto de los países en desarrollo–, y también afrontar plagas y enfermedades transfronterizas más graves que afecten a animales y plantas. Al mismo tiempo, el sector tendrá que hacer frente a una reducción de la mano de obra agrícola –ya que unos 600 millones de personas se desplazarán del campo a las ciudades– y a una mayor competencia por la tierra y los recursos naturales, incluyendo la procedente del sector de la bioenergía.
Nuestra respuesta a estos desafíos determinará cómo podremos alimentar al planeta el día de mañana. Pero igual de importante es ocuparnos de que la gente esté alimentada hoy en día. Esto supone acabar con la difícil situación de 1.020 millones de personas que actualmente sufren malnutrición, actuando de forma decidida para erradicar el hambre completa y rápidamente.
Con la Revolución Verde del pasado siglo, el mundo consiguió evitar una hambruna masiva en Asia y América Latina en la década de 1970, dedicando el 17% de la ayuda al desarrollo a proyectos de irrigación, sistemas de producción de semillas, fertilizantes y forraje, carreteras rurales e instalaciones de almacenamiento.
Al afrontar un desafío similar hoy en día, el camino a seguir debe ser necesariamente diferente. Además de impulsar la inversión en agricultura, necesitamos usar de una forma más eficiente la energía, los insumos químicos y los recursos naturales y centrarnos más en las necesidades de los pequeños campesinos y las familias rurales que viven de la agricultura.
En este sentido, un reto importante será el del agua, ya que necesitaremos de forma simultánea ampliar la superficie de regadío usando proporcionalmente menos agua. La clave para cuadrar este círculo reside en la captación y almacenamiento de aguas y en técnicas que mejoren la eficiencia en el uso del agua y la humedad del suelo.
A medida que disminuya la población rural y agraria, la agricultura será cada vez más intensiva en capital –y conocimientos– para producir más alimentos y de mayor calidad para una población urbana más rica y numerosa. Por tanto, se necesitarán inversiones importantes porque los futuros aumentos de la producción deben proceder casi en su totalidad de incrementos sostenibles de los rendimientos y de una mejor intensidad de cultivo, más que de un incremento de la superficie cultivada. De allí también la importancia de invertir en investigación y desarrollo.
Los campesinos necesitarán también capacitarse para aprender nuevos métodos y tecnologías, y ello requerirá invertir en educación y extensión agraria. Muchas de estas inversiones procederán del sector privado y de los propios campesinos.
Sin embargo, para que las inversiones privadas en agricultura sean atractivas, también se deben dedicar importantes cantidades de dinero público a infraestructuras, educación, tecnología y sistemas de extensión. Se necesitan inversiones en instalaciones y equipamientos. Aparte de la simple agricultura de subsistencia, no tiene sentido producir alimentos a no ser que haya carreteras y vehículos que permitan llevarlos a los mercados, que efectivamente exista un mercado y que el producto pueda ser almacenado y conservado.
Pero ni la financiación ni las cosechas récord serán capaces por sí solas de asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan. Si la gente pasa hambre hoy en día no es porque el mundo no esté produciendo suficientes alimentos para todos, sino porque estos no son producidos por el 70% de las personas pobres cuyo principal medio de vida es la agricultura y, paradójicamente, no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Por tanto, alimentar a todo el mundo en 2050 requerirá también estrategias de reducción de la pobreza, redes de protección social para productores y consumidores y programas de desarrollo rural. Se necesitará una mejor gobernanza y el establecimiento del modelo de condiciones socioeconómicas que mejore el acceso de la gente a los alimentos. También es importante una reforma del sistema de comercio agrícola de forma que no sólo sea libre, sino también equitativo.
Estos temas estarán presentes en los debates de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Roma del 16 al 18 de noviembre, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los 192 estados miembros de la FAO tomarán decisiones importantes sobre las políticas y estrategias que aseguren que todo el mundo tenga comida suficiente hoy y el día de mañana.
En 2050 qué comer dejará de ser un problema para muchos de los que ya tenemos una cierta edad. Pero considero que es mi deber, como seguramente también es el nuestro como comunidad global, hacer todo lo que esté en nuestras manos para desterrar el fantasma del hambre para siempre y asegurar que nuestros hijos y nietos puedan comer dignamente y disfrutar de una vida saludable.
Jacques Diouf es director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Ilustración de Mikel Jaso
Carlos Slepoy
Se ha escrito mucho sobre las causas que motivaron el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para erradicar el principio de justicia universal de la legislación española. El límite se sobrepasó cuando se pretendió enjuiciar crímenes de lesa humanidad y/o genocidios y/o crímenes de guerra cometidos por chinos en el Tibet, israelíes en Gaza y estadounidenses en Guantánamo, o quizás –o además–, por las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –que eran asimismo un ejercicio de justicia universal–, respecto de los cuales, como sabemos, se ha pactado igualmente la más absoluta y cruel impunidad. También se ha escrito ampliamente acerca de que limitar el principio de justicia universal –que por algo se llama así– a la existencia de víctimas españolas o a vínculos de conexión relevantes con España y que se acredite en todo caso, mediante prueba diabólica, que no hay otro procedimiento abierto en otro lugar del mundo es, lisa y llanamente, desterrar de la legislación española la persecución de criminales contra la humanidad. Traicionando su naturaleza, se pretende su compatibilidad con la discriminación de las víctimas por su nacionalidad y con el principio de subsidiariedad de jurisdicciones. Esto es un oxímoron, grosera y vergonzosa contradicción con lo que el principio enuncia y significa. El sello propio y distintivo de la jurisdicción universal es la inclusión de la universalidad de las víctimas –para que todas ellas puedan ser protegidas por todas las jurisdicciones del mundo– y el principio de concurrencia de jurisdicciones, para garantizar entre todas la mejor persecución de los criminales.
No importa que esta medida vulnere la doctrina del mismísimo Tribunal Constitucional, tratados suscritos por España y prácticas judiciales –de las que la judicatura española fue referente hasta ahora– extendidas a otros países y que ya forman parte del derecho imperativo internacional. Se ensordecen los oídos para no escuchar el clamor que surge de cientos de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales –nacionales y extranjeras– y personas de todo el mundo para que se detengan. La urgencia y nocturnidad con que se tramitó el proyecto de ley, actualmente en el Senado, quiere dejar tranquilos, no importa a qué coste moral, a los grandes violadores de derechos humanos que hasta ahora han sido y a los que lo serán en el futuro. Acostumbrados estamos a leyes y prácticas que dejan impunes crímenes pasados. Ahora el Parlamento español nos anuncia impunidad, también, para los que serán.
Quiero creer que muchos legisladores, en especial socialistas, no han reflexionado suficientemente sobre el grave mal que están por cometer. Supongo que celebraron la detención de Pinochet, el juicio y condena al genocida argentino Adolfo Scilingo y los distintos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional para perseguir a grandes criminales de distintos países del mundo. Más aún, me atrevo a decir que se enorgullecieron de que estos hechos fueran protagonizados por la Justicia española. ¿Puede llegar a tanto la obediencia partidaria como para traicionar estos sentimientos y los principios que los inspiran? Está claro que ningún tribunal los procesará. Habrá un día en que se considerará un crimen la promoción y sanción de la impunidad pero, por ahora, pueden estar tranquilos los impunidores.
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Alabama –16 de abril de 1963– dirigida a un grupo de clérigos blancos que lo cuestionaban, Martin Luther King estampó esta frase que pasaría a la Historia: “Nosotros nos tendremos que arrepentir en esta generación, no sólo de las palabras odiosas y las acciones de la gente malvada, sino también del aterrador silencio de la gente buena”. Están a tiempo los buenos legisladores españoles de no tener que arrepentirse ya no de su pasividad y su silencio, sino de su activa complicidad con los malvados. Es necesario que los diputados mediten sobre lo que ya han hecho y los senadores sobre lo que van a hacer. Quizá Dios exista e inspire a estos últimos a vetar el proyecto de ley y enviárselo a los primeros para que lo eliminen o, mejor, perfeccionen la ley actualmente existente para garantizar una mayor y mejor aplicación del principio de jurisdicción universal. Más terrenalmente y aunque se reitera la improbabilidad de que vayan a rendir cuentas ante la Justicia, es pertinente recordarles que el art. 451 del Código Penal califica como encubridor al que, sin haber intervenido como autor o cómplice en el delito y con conocimiento del mismo, interviniere con posterioridad a su comisión ayudando a sus responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra, entre otras, la siguiente circunstancia: que el hecho encubierto sea constitutivo, entre otros, de genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Si el favorecedor hubiere obrado con abuso de funciones públicas, además de la pena de privación de libertad, de seis meses a tres años, se le impondrá la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
Se está por cometer un crimen de ilesa impunidad. Los genocidas y sus instigadores, que buscan inmunidades e impunidades por doquier, dormirán un poco más tranquilos, confiando además en el efecto multiplicador del ejemplo. Ojalá no les ocurra lo mismo a los legisladores que están por delinquir, aunque, como aquellos, no vayan a ser castigados. Quizá el mal sueño los haga despertar.
Carlos Slepoy es Abogado especialista en derechos humanos
Ilustración de Miguel Ordóñez
CARLOS PARÍS
No te parece maravilloso, amigo lector? De repente, se ha levantado una oleada en defensa de los derechos humanos y de la independencia de los pueblos. Un verdadero tsunami, que se extiende de un país al otro. Y alcanza desde los altos mandatarios hasta la protesta callejera. No se podía recordar tan intenso y amplio movimiento desde las manifestaciones que se produjeron contra la declaración de guerra a Irak. ¿Creías que la sociedad actual estaba dominada por el egoísmo y la búsqueda sólo del propio bienestar? Ya ves que no. Ha bastado que la antorcha olímpica se haya puesto en marcha hacia China para que los ánimos se hayan encendido en solidaridad con el Tíbet y con las víctimas de la opresión del régimen chino.
Hay que boicotear los Juegos Olímpicos. Las muchedumbres rodean a los portadores de la simbólica antorcha y tratan de arrebatársela. El Parlamento Europeo se reúne para debatir la conveniencia del boicot. Que no acudan los jefes de Estado a la inauguración. Que perciba el Gobierno chino con vergüenza la recriminación del mundo libre y democrático
Pero ¿ no es demasiado maravilloso todo este movimiento? ¿Por qué se concentra en China, saltando del deporte a la política? ¿ Es que este inmenso país representa una isla de represión y violencia, en medio de un mundo lleno de justicia y paz, de profundo respeto a los derechos de los individuos y de los pueblos?
No parece tal paraíso un mundo en el que cerca de mil millones de niños, mujeres y hombres no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias, ni acceder a la cultura, ni a una vida digna, y en que –ante esta terrible situación– la política de los países ricos se concentra en encerrarse en su bienestar y blindar las fronteras.
Sin embargo los escándalos del orden mundial no se agotan en el mantenimiento de esta criminal situación. A ella se añaden recientes hechos muy concretos.
El Parlamente Europeo discute la conveniencia de boicotear los Juegos Olímpicos y muestra su preocupación por el Tíbet. Propicia una negociación del Gobierno chino con la última reencarnación del Dalai Lama. Y, en cambio, permanece indiferente a la gravísima situación del pueblo saharaui, cuyo territorio permanece ocupado por Marruecos desde hace medio siglo y cuya población es perseguida sin que se le conceda el primario derecho de autodeterminación. Con la vergonzosa complicidad de los sucesivos gobiernos democráticos españoles, especialmente responsables como representantes de la antigua potencia colonial. Y es que la monarquía marroquí, con todo su desprecio de los derechos humanos, es fiel aliada de Occidente…
Preguntémonos: ¿de que autoridad ética y jurídica pueden hacer gala el premier Brown –que ya ha anunciado su ausencia en la inauguración de los Juegos– y no digamos el presidente Bush, después de que los ejércitos de sus países hayan invadido Irak en una guerra ilegal, y sean responsables de cientos de miles de víctimas civiles? Responsabilidad que se extiende a los Estados colaboradores en la invasión y masacre. ¿Y qué diremos del infierno de Guatánamo? ¿O de los traslados de prisioneros hacia lugares de tortura con la complicidad de los gobiernos europeos?
Vivimos en un mundo inmerso en la barbarie. Una barbarie fortalecida por el desarrollo tecnológico y científico, que beneficia sólo a una parte –la dominante– de la sociedad. Evidentemente esta denuncia general no puede servir de pretexto para justificar las ejecuciones ni las deficiencias de los derechos humanos en China. Pero sí para preguntarnos: ¿por qué, en medio de esta barbarie, China se ha convertido en blanco preferente de una ofensiva crítica?
¿Por qué los JJOO, desbordando su planteamiento deportivo, están siendo motivo de explotación para levantar esta intensa campaña?
Lo primero que se puede pensar es que la maniobra forma parte del anticomunismo que recorre el mundo. Algún miembro del PP lo ha expresado rotundamente: “Hay que boicotear los Juegos porque China es un país comunista”. En mi opinión, sin embargo, el régimen chino ya no puede ser considerado como propiamente comunista.
El comunismo chino se acabó con Mao y luego ha ido evolucionando hasta terminar hoy en un capitalismo –ciertamente no liberal– dirigido por un poderoso Estado. Y que no sigue los dictados de los grandes poderes que dirigen la economía mundial. Lo cual, como ha subrayado el importante economista Stiglitz, le ha permitido el espectacular desarrollo que inquieta al capitalismo occidental. Y aquí, podemos adivinar alguna de las claves de la ofensiva antichina.
China camina hacia su elevación a primera potencia mundial. La deuda de los EEUU con China es de tal orden que, según se ha dicho gráficamente, cada ciudadano estadounidense debe 4.000 dólares a cada chino.
Ciertamente China ofrece un gran mercado para la venta de los productos occidentales: una mano de obra óptima para trasladar las industrias de los países avanzados, por su capacidad de trabajo y baratura. Y es en estos aspectos en los que se fijan quienes piensan que la negativa a boicotear los Juegos se asienta en intereses económicos.
Al mismo tiempo, la emergencia de China rompe el orden y la hegemonía de los EEUU y de Europa. Su política internacional se enfrenta en el Consejo de Seguridad (junto a Rusia) a los dictados de los gobiernos de EEUU. Es un peligro para la sumisión que Occidente aspira a imponer. Y aquí se insinúa la mano que puede mover los hilos de toda esta farsa que moviliza a los ingenuos. No son los derechos humanos lo que está en cuestión, sino la rivalidad en el poder.
Carlos París es filósofo y escritor. Su último libro es ‘Memorias sobre medio siglo’
Ilustración de Iván Solbes
