Tags: ecología economía políticaPEDRO ARROJO AGUDO
Sin duda, la iniciativa de lanzar una Ley de Economía Sostenible, como base para enfocar estrategias de superación de la actual crisis, debe ser saludada como interesante. Conecta de lleno con las corrientes que reivindican a nivel mundial un nuevo keynesianismo verde, basado en políticas públicas de protección ambiental que impulsen inversiones en energías alternativas y estrategias productivas con baja emisión de CO².
Sin embargo, hay dos factores que quiebran la credibilidad de la ley: la falta de una autocrítica convincente y la ausencia de personas que puedan liderar el cambio propuesto.
A duras penas se ha acabado reconociendo la inviabilidad de prorrogar el modelo de crecimiento que ha imperado, basado en el ladrillo y la especulación financiera; sin embargo, no se ha escuchado una crítica clara al respecto que reconozca la complicidad y la complacencia de todo tipo de instituciones y partidos con esa burbuja inmobiliario-financiera sobre la que se fundaba nuestra pretendida prosperidad.
El presidente Zapatero ha centrado sus esfuerzos en intentar “dar ánimo” a la ciudadanía, frente a la crítica destructiva y ceniza del Sr. Rajoy, inspirada en el principio de “cuanto peor, mejor…”, en lugar de asumir con decisión una iniciativa autocrítica. En política, se sigue pensando que rectificar no es de sabios, sino de débiles; al tiempo que suele confundirse autocrítica con derrotismo. Zapatero debería estudiar el perfil del discurso que llevó a Obama a la Casa Blanca. El actual presidente de EEUU ganó buena parte de su prestigio asumiendo, no sólo una posición crítica frente a las políticas neoliberales de Bush, sino autocrítica frente a las posiciones tradicionales de su propio partido. Construyó un discurso que, lejos de disculpar o minimizar los problemas, los asumía para, a renglón seguido, apelar al esfuerzo de todos y todas, con su “yes, we can”; en lugar de pedir confianza hacia un Gobierno que se supone los resolverá. Un discurso, en definitiva, que reconocía y trataba a los ciudadanos como personas maduras…
Se echa en falta un análisis en boca de nuestro presidente que explicite lo que todos sabemos: que sufrimos una crisis más profunda que otros países de la UE porque nuestro pretendido desarrollo era en gran medida falso, al basarse en una descomunal burbuja, de la que todos, unos más y otros menos, sin duda, somos responsables. Y, lógicamente, tras esa autocrítica deberían enunciarse nuevas políticas para superar los errores cometidos y abrir nuevos horizontes. Reformas, por ejemplo, que rompan la dependencia financiera de nuestros ayuntamientos de la recalificación de terrenos, base de tantas tentaciones especulativas…
Pero más allá de justificar la necesidad de esos cambios desde un análisis crítico consistente, es necesario tener credibilidad y capacidad de liderazgo en la materia de que se trate. Y en este caso se trata de promover un giro en el modelo económico del país, en la perspectiva de lo que a nivel internacional se conoce como el “Green New Deal”, emulando las ideas que Keynes propuso para superar la Gran Depresión de los años treinta. Se trata, en suma, de reenfocar la economía productiva hacia los retos ecológicos del siglo XXI, transformando en oportunidades los graves problemas de insostenibilidad que hemos provocado.
Desde una perspectiva global, es tiempo de cuestionarse seriamente el modelo de prosperidad que hemos construido sobre el mito del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. El que crezca un niño o engorde un hambriento será sin duda bueno y deseable; pero no seremos más felices por crecer y engordar indefinidamente… En un momento histórico en el que se hacen cada vez más evidentes las múltiples crisis de insostenibilidad que hemos provocado, al desbordar y quebrar las capacidades y funciones ambientales de la biosfera, sería un error limitar el diagnóstico de la crisis financiera, o incluso económica, ignorando o relegando a un segundo plano la crisis ecológica. Pero ello supone, no sólo un reto de eficiencia en el uso de los recursos naturales y en la emisión de CO², sino la necesidad de reconocer los límites del planeta y reducir nuestros ritmos globales de consumo. En Almería, en Murcia y en otros lugares, la eficiencia en el uso del agua es alta…Pero aún así matamos eficientemente la sostenibilidad de nuestros ríos y acuíferos…
En todo caso, sin entrar en un debate a fondo sobre la necesidad de cambiar nuestro concepto de prosperidad y sobre lo que debería entenderse por una economía sostenible, creo que, tal y como he reseñado al principio, la iniciativa es interesante. Lo triste es que este reto se lanza desde un Gobierno en el que el Ministerio de Medio Ambiente fue abducido por el de Agricultura. La decisión que asumió Zapatero tras las últimas elecciones, probablemente con dolor en su fuero interno, al sacrificar a Cristina Narbona y disolver el notable liderazgo ambientalista que tuvo su primer Gobierno, entra en flagrante contradicción con la pretendida prioridad de promover un giro verde en nuestro modelo económico. ¿O acaso alguien puede citarme un solo ministro o ministra que proyecte la más mínima credibilidad ambientalista a la hora de promover este giro hacia una economía sostenible?
Zapatero ha sabido mantener sus perfiles en lo social y en las cuestiones de género, lo que sin duda le honra y ha evitado el desplome de su imagen en las duras condiciones de crisis que le toca gestionar. Pero ha perdido totalmente la dimensión ambiental, y eso quiebra su coherencia y su credibilidad en cuestiones clave como la Ley de Economía Sostenible.
Pedro Arrojo Agudo es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza
Ilustración de Javier Olivares
Tags: ciencia ecología economía política política internacionalJUAN LÓPEZ DE URALDE
En la medida en que asimilamos el fracaso de la Cumbre de Copenhague, tenemos ahora que enfrentarnos a la realidad cierta de que las emisiones contaminantes continúan aumentando. Mientras tanto, el proceso de negociación internacional contra el cambio climático se encuentra en la UVI. Por ello, tenemos la doble tarea de analizar las razones que llevaron al fracaso de aquella cumbre y de repensar una nueva estrategia que pueda sacarnos de la actual parálisis en la que estamos inmersos.
Entre las razones que, desde mi punto de vista, llevaron al fracaso en Copenhague hay tres que destacan: falta de liderazgo, de voluntad política para hacer frente al problema, y desastrosa organización por parte del país anfitrión. Cómo las ordenemos es indiferente.
Tal vez la falta de voluntad política para enfrentar el problema del cambio climático sea la razón más importante por la que la Cumbre de Copenhague haya fracasado. Con la excepción de los países afectados de manera más dramática por el cambio climático –islas del Pacífico y África–, no hubo durante las reuniones en el Bella Center la más mínima ambición por parte de los grandes países para, de verdad, hacer frente al problema. Por ejemplo, cualquier medida pequeña que se proponía, se hacía siempre mirando de reojo al vecino, y en ningún caso con auténtica voluntad de llevarla adelante si otros no se movían también. Un ejemplo claro fue el de la discusión del objetivo del 30% de reducción de emisiones por parte de la Unión Europea. Tanto amagó la Unión Europea con aprobarlo… que al final no lo hizo, evitando con ello que otros países también se movieran hacia delante.
La falta de liderazgo y el total desconcierto se puso de manifiesto cuando Obama mostró signos claros de que Estados Unidos no iba a moverse de su posición, expresada a través del proyecto de ley actualmente en discusión en el Senado norteamericano. A partir de ahí, nadie fue capaz de levantar claramente la bandera del cambio climático, y esta se quedó en el suelo.
Por último, merece una especial mención la desastrosa organización de la cumbre por parte del Gobierno de Dinamarca. Incapaz de jugar con habilidad el juego diplomático, las propuestas danesas llegaban siempre en momentos inoportunos, y requerían un esfuerzo para ser neutralizadas. A ello hay que sumar la represión feroz de un movimiento social pacífico que trató de llevar la vez de la sociedad civil a la Cumbre de Copenhague, en medio del caos organizativo y la burocracia de los gobiernos.
Como todos los que estuvimos en la Cumbre de Copenhague, el paso por el Bella Center dejó en mí un amargo sabor de frustración, al que fui llevado por la indignación con la que veía desde primera fila la indolencia de aquellos que tenían en sus manos la responsabilidad de sacar al planeta del atolladero ecológico en el que está metido. Así las cosas, nadie debería extrañarse de que finalmente cogiera mi pancarta y me plantara en la cena de los jefes de Estado, sólo a dos días de terminar la cumbre, en un desesperado y pacífico intento de llamar la atención sobre el fracaso hacia el que se abocaban las negociaciones.
Por más que haya quien me tache de delincuente (en mi caso no parece haber derecho a la presunción de inocencia), mucho mayor es el delito de aquellos que dejaron pasar la oportunidad en Copenhague de salvar el clima, e incumplieron el acuerdo internacional suscrito por ellos mismos en Bali. ¿Para ellos no hay castigo?
Tal vez el elemento más esperanzador ocurrido alrededor de la Cumbre de Copenhague, las protestas y las detenciones, es que mucha, mucha gente ha abierto sus ojos ante lo que está ocurriendo. El hecho evidente de que desde Río 92 han pasado ya 18 años y el sistema es incapaz de hacer algo efectivo contra la destrucción ecológica del planeta; por más que reconozca la gravedad de la situación, está ahora más en evidencia que nunca.
A pesar de las dificultades, la movilización ciudadana ha sido masiva. En Copenhague el 12 de diciembre salimos a la calle más de 100.000 personas reclamando un acuerdo justo, ambicioso y vinculante. La mayor manifestación jamás celebrada en la historia de Dinamarca, aunque ensombrecida por las injustas y masivas detenciones practicadas por la policía danesa. Al día siguiente, en vez de cubrir la gran fiesta ecologista, los medios mostraban filas de cientos de detenidos que eran llevados a aquel Guantánamo del clima.
Más de 13 millones de firmas fueron recogidas por las diversas organizaciones agrupadas alrededor de la campaña “tck, tck, tck”. Se produjeron cientos de movilizaciones, protestas y celebraciones en decenas de capitales durante aquellos días.
De la misma manera, la movilización de apoyo a nuestra liberación ha sido impresionante. Más de 60.000 firmas conseguidas en sólo una semana muestran hasta qué punto el fracaso de Copenhague no les ha salido gratis a los que lo han promovido.
Ahora el gran reto del movimiento social contra el cambio climático es conseguir que esa presión social continúe y se multiplique. Está claro a estas alturas que sólo la movilización de la sociedad puede conseguir los cambios necesarios que los gobiernos y las empresas deben asumir para frenar el cambio climático.
No hay otra alternativa que reducir las emisiones de CO², y hacerlo de forma drástica y urgente. Podemos seguir perdiendo el tiempo discutiéndolo, o podemos empezar a actuar.
Juan López de Uralde es director de Greenpeace España
Ilustración de Mandrake
Tags: ciencia ecología economía Latinoamérica política internacional Reino Unido sociedadGORDON BROWN
Crisis impredecibles como la catástrofe de Haití de esta semana demuestran una vez más la fragilidad de la vida en nuestro planeta, pero también el instinto humano de ayuda a aquellos que lo necesitan.
La primera década de este milenio fue sorprendente en cuanto a que las preocupaciones sobre la pobreza mundial llegaron por fin a los titulares y captaron la atención de políticos y el público en general.
En los años inmediatamente posteriores al importantísimo acuerdo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se realizaron grandes avances y se respiraba un gran optimismo.
Ahora, una convergencia de crisis (la de los mercados financieros globales y la del cambio climático) amenaza con invertir los logros recientes y finalizar una era de progreso que acababa de comenzar.
Para los países pobres, la crisis del cambio climático no es un problema abstracto que se mide en términos de generaciones futuras, sino una realidad cruda, apremiante y peligrosa.
Las catástrofes ecológicas matan ya a 1.000 personas cada día.
Se avecina una nueva emergencia de hambruna.
Mientras que la crisis del cambio climático ha ido haciendo mella lentamente, los efectos de la crisis financiera han sido tan repentinos
como severos.
Sin ánimo de minimizar el sufrimiento que la recesión mundial ha causado entre las familias de los países ricos, no hay margen de duda al afirmar que, en los países pobres, la crisis ha sido la diferencia entre la vida y la muerte.
Las consecuencias en estos últimos, perdurarán largamente tras la recuperación de las economías desarrolladas.
Hasta ahora, las pérdidas del comercio y la reducción de los ingresos han supuesto la retirada de miles de millones de libras de financiación para escuelas y hospitales.
Hablando en cifras, clara y llanamente, se estima que morirán 400.000 niños más al año y que millones de ellos, en edad escolar, crecerán sin haber aprendido a leer y escribir.
Por tanto, y con dos retos simultáneos y peliagudos que superar, los 12 meses próximos de 2010 serán, a mi entender, tan decisivos como los últimos diez años de la pasada década.
Nuestro empeño y nuestros esfuerzos deben enfocarse a cumplir nuestras promesas y buscar nuevas respuestas ante el cambio climático, así como a superar las dificultades económicas que podrían llevar a la pobreza y a la desesperación permanente a cientos de millones de personas.
En primer lugar, debemos persistir en el propósito de hacer que la pobreza pase a la historia. Gran Bretaña no sólo mantendrá su compromiso de ayuda en 2010, sino que lo incrementará.
Por eso, Reino Unido prepara actualmente leyes que le harán el primer país del mundo en dar garantías permanentes con el objetivo de alcanzar y mantener el 0,7% establecido por Naciones Unidas.
El resto de países deberán ser igualmente fieles a sus promesas; es de crucial importancia que garanticen que los fondos adicionales, urgentes y necesarios para equipar a los países en desarrollo con el fin de que estos sean capaces de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, no saldrán de los presupuestos de ayuda.
Por supuesto, la ayuda por sí sola no constituye la solución total, pero con la disminución de los ingresos y el aumento de la demanda de servicios en los países en desarrollo, la ayuda puede desempeñar una función inestimable en el mantenimiento de escuelas y hospitales y en la provisión de una red de seguridad vital para los más desfavorecidos.
En las últimas semanas hemos visto en África el comienzo de un movimiento para abolir los honorarios que pagan los pacientes y crear un servicio de atención sanitaria similar al británico. Debemos apoyar estos esfuerzos que ofrecen esperanza a millones.
Los terribles acontecimientos en Haití esta semana nos recuerdan la necesidad de ayuda humanitaria para salvar vidas en emergencias, más allá de la ayuda al desarrollo. Reino Unido ya ha enviado grupos de especialistas y ha comprometido seis millones de libras esterlinas para iniciar la ayuda humanitaria. Somos conscientes de que será mucho más necesario cuando pasemos del auxilio a la recuperación.
En segundo lugar, debemos buscar fuentes de financiación innovadoras. Hasta ahora, hemos generado miles de millones de libras con la venta de bonos y las donaciones públicas, pero estoy convencido que de que es viable y posible obtener más.
El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está estudiando la forma en que el sector financiero podría contribuir en mayor medida al pago de las cargas de la intervención gubernamental, incluyendo un impuesto a las transacciones financieras que supondría ingresos significativos si se consiguieran conciliar todos los pormenores.
En tercer lugar, debemos asegurarnos de que los países en desarrollo no sólo gestionen la crisis, sino que inviertan en el futuro. Tal y como ocurre en Reino Unido, invertir en educación es crucial para el crecimiento en el futuro. Por eso ,el presidente Zapatero y yo trabajaremos con Sepp
Blatter, de la FIFA, y con el presidente Zuma, de Sudáfrica, quienes se han comprometido, a través de la campaña 1GOL, a hacer de la educación para todos el legado del primer mundial de fútbol en África.
En cuarto lugar, debemos alentar la capacidad de los países en desarrollo de salir de la pobreza por sus propios medios. Existen, a través del G-20, nuevas oportunidades para aspirar a un crecimiento verdaderamente global, que incluya y beneficie a los países de rentas bajas.
Para este año, contamos con todos los medios internacionales que podamos desear para forjar el progreso y responder a las promesas que hicimos en Gleneagles en el cénit de la campaña Haz que la pobreza sea historia.
De crucial relevancia se presenta la Cumbre Mundial de la ONU en septiembre, de la cual el presidente Zapatero ha hecho una prioridad para el desarrollo de la presidencia europea.
Para cobrar impulso, necesitamos alcanzar pronto una determinación política del más alto nivel en este nuevo año. 2010 supondrá una prueba de la preocupación a nivel mundial por los más pobres y de su confianza en nosotros. Por conciencia y por propio interés, por el bien de ellos y por el bien nuestro, no podemos fallar. Debemos actuar ahora para devolverle al mundo entero su futuro y su esperanza.
Gordon Brown es primer Ministro del Reino Unido
Ilustración de Patrick Thomas
Tags: ecología economía política sociedadGUSTAVO DUCH
Nos acercamos a las Navidades y en esas fechas mi familia, desde hace ya bastantes años, suele reunirse en la provincia de Tarragona. En los últimos años el paisaje que conocíamos ha sufrido una transformación salvaje. Las playas, algunas semivírgenes, han sido reducidas a parkings para barcos deportivos y sobre los tradicionales campos de algarrobos y algunas viñas descansan ahora miles de casas pareadas. Pero lo más llamativo son los cinco kilómetros entre Comarruga y el Arco de Barà. En ese corto trayecto se encuentran, en fila india y uno detrás de otro como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos los establecimientos de los Gigantes de la Alimentación. Un Carrefour, un Mercadona, un Lidl… ¡todos! ¿Tantos en tan poco espacio para una población de fines de semana? Pues sí: es el reflejo de la transformación de los hábitos de compra. Atraídos por la comodidad, por una supuesta variedad de género y por el precio –sobre todo por el precio– el 82% de las compras de alimentos en nuestro país las realizamos en las grandes superficies. Pero cuando llegamos al cajero del súper con nuestra compra, ¿sabemos el precio real que hemos pagado por todo lo que llevamos en el carro? Me dirán que sí, que sólo se trata de revisar el ticket. Pues miren –nos falta información– hay más gastos que no aparecen, como si estuvieran escritos en tinta invisible. Desvelémoslos.
Para ello necesitamos una primera información, una premisa: lo que compramos en las grandes superficies está producido por una agricultura industrializada. ¿Qué significa eso de agricultura industrializada? Exactamente eso, que la comida no se obtiene en un huerto o en una granja, sino que se fabrican huevos en una factoría como si fueran coches, o alubias como si fueran tornillos. Se trata de engarzar piezas que llegan de diferentes sitios a la mayor velocidad posible y lo más robotizado posible. Y ahí tenemos un primer coste, la desaparición de muchos puestos de trabajo del medio rural, que supondrán para el Estado –para nosotros– lógicos y justos subsidios de desempleo, formación para su reciclaje, etc. El pasado 21 de noviembre la manifestación de los sindicatos agrarios llenó las calles de Madrid con más de 100.000 personas, bastantes para una concentración, pero muchas más si tenemos en cuenta que en la actualidad son 340.000 personas las que están cotizando en la Seguridad Social agraria.
El segundo coste que también pagamos sin darnos cuenta son buena parte de los presupuestos de los departamentos de medio ambiente de las diferentes administraciones públicas. Porque llegan para socorrer y apañar los desastres que genera esta industria del alimento automatizado. En limpiar y descontaminar el agua de los ríos, en combatir la erosión o salinización de los suelos, etc. Uno de los últimos ejemplos lo tenemos con la ya casi desaparición de las Tablas de Daimiel. Un humedal resecado por el uso descontrolado de los acuíferos que le anegaban para cultivar en tierras de secano melones o maíz, como si estuviéramos junto al Amazonas. Y, por mucho que se invierta, es poco. David Pimentel, profesor de Ecología y Agricultura en la Cornell University, calculaba en 1995 que el impacto ambiental de la agricultura supone para EEUU un coste de al menos 44.000 millones de dólares cada año. Los últimos cálculos, antes de llegar a la Cumbre de Copenhague, indican que la mitad de las emisiones de CO² que están calentando el planeta, provienen de este sistema alimentario: petróleo, maquinaria, humos, aviones transportando alimentos, deforestación para nuevas tierras…
Tercero: la agricultura de vegetales que florecen con química, de granjas de cerdos en latas de sardinas o de salmones comiendo pienso hecho con sardinas, es la que engorda de grasas saturadas a más de 800 millones de personas, con su factura médica correspondiente que, además, cíclicamente repunta con fuerza tras crisis sanitarias como las vacas locas, la gripe aviar o actualmente con una gripe planetaria. Recordemos que, según muchos expertos, la gripe A tiene su origen en una granja porcina industrializada de la empresa Smithfield en Veracruz, el México de abajo, como dice en La Jornada la investigadora Silvia Ribeiro.
Cuarto: Esta agricultura avalada por su productividad es la que hace pasar hambre a mil millones de seres humanos, expulsados del oficio de producir alimentos en los países –también– de abajo. Hace varias décadas ya lo explicaba Gloria Fuertes, “Yo pido pan y vino/ Para el que hace el pan y el vino”. Los costes de generar tanta hambre, lamentablemente, son los que –pensemos en la reciente Cumbre de Roma para la Seguridad Alimentaria– nadie parece querer asumir.
Y para acabar tenemos una novedad, los gastos militares para proteger esta agricultura de mono azul. No hablo sólo del Alakrana y las otras carabelas en busca de El Dorado (la operación Atlanta de protección en las costas de Somalia nos cuesta 75 millones de euros al año), sino también de los soldados que, precisamente en el México de abajo, protegen la granja apestada de los movimientos ambientalistas que protestan frente a la contaminación que provoca en cielo, tierra y agua de los alrededores. O el Ejército de Congo Brazzaville que defiende también a balazos las tierras que los granjeros ricos de África del Sur han comprado en ese país para sus explotaciones (quizás por eso están “los milicos”, para evitar que todo explote), que no me extrañaría fueran de naranjas para situar en las estanterías de alguno de los supermercados citados.
En definitiva, que cuando compramos un chorizo Campofrío (empresa asociada a Smithfield en España) –es sólo un ejemplo– pagamos una vez pero nos cobran seis en total. Seis en uno. Ese es el precio que pagamos. ¿Querremos pagar mucho tiempo más por ese chorizo o esos tomates de baja calidad nutritiva y peor sabor?
Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
Ilustración de César Vignau
Tags: ecología economía política sociedad solidaridadARIANE ARPA
La agricultura es probablemente la actividad humana que más depende del clima. Nuestros abuelos miraban al cielo para calcular el momento de la siembra. Hoy, en Bangladesh, Mohammad Iliasuddin trata de seguir la enseñanza de sus antepasados pero se queja de que “desde hace varios años el clima ya no coincide con lo que esperábamos tradicionalmente”. Un problema similar sufre Florence Madamu, en Uganda, que asegura que “ahora la estación seca es más larga y dura hasta finales de septiembre, y cuando llueve lo hace tan torrencialmente que el agua destruye nuestros cultivos”. La evidencia científica se ha visto confirmada con los testimonios recogidos por Intermón Oxfam en los países donde trabajamos. Y el mensaje es siempre el mismo: con cambios de estación cada vez más impredecibles, lluvias erráticas y torrenciales, sequías más frecuentes y temperaturas extremas, cada vez es más difícil decidir cuándo sembrar o cosechar.
Y es que 150 años enviando gases a la atmósfera han alterado el ritmo de las estaciones y la temperatura del planeta. La ciencia nos dice que será muy difícil evitar un calentamiento de más de dos grados: el umbral hacia un cambio climático catastrófico e irreversible. La opulencia de una minoría tiene un precio demasiado alto e injustamente repartido. En las zonas templadas –donde están la mayoría de países industrializados– los inviernos más suaves y las lluvias más abundantes podrían incluso resultar favorables a la agricultura, al menos por un tiempo. Pero, cuanto más cerca del Ecuador, más acusado y dañino será el impacto.
En las regiones más castigadas las cosechas disminuyen, las plagas y enfermedades se extienden y la falta de agua mata de sed al ganado. Tres de cada cuatro personas que sufren la pobreza viven en estas latitudes y dependen de la agricultura y ganadería para su subsistencia. Los riesgos que enfrentan son demasiado altos, y su capacidad de adaptación, limitada. La producción de cereales en el África Subsahariana, casi carente de sistemas de riego, podría caer a la mitad de aquí a 2080 a causa de la sequía. Mientras, los temporales, cada vez más frecuentes en el sudeste asiático, inundarán muchos arrozales. Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI), los cultivos de regadío serán los más afectados, entre ellos el arroz, el alimento del que dependen más personas en el mundo. El dato más alarmante es que 25 millones de niños más sufrirán malnutrición en 2050.
La combinación de peores cosechas y más población conducirá a nuevas subidas abruptas de precios en el futuro. ¿Cómo alimentar al mundo en el año 2050? Con más de 9.000 millones de personas, la mayoría en zonas muy castigadas por los cambios en el clima, el reto parece inmenso. Aunque contamos con los medios para hacerle frente sin necesidad de esperar que se produzcan avances científicos milagrosos. Es el momento de impulsar la agricultura familiar, las semillas locales y los métodos tradicionales de producción, más resistentes a los cambios. También se necesitan nuevas tecnologías, pero que respondan a las verdaderas necesidades de los campesinos y campesinas. Una de las claves consistirá en desarrollar variedades que produzcan razonablemente bien en un amplio rango de condiciones climáticas, en lugar de concentrarse en variedades altamente productivas pero que sólo funcionan en condiciones óptimas. Con métodos agrícolas más sostenibles, además, se reducirán significativamente las emisiones provenientes del cambio de uso del suelo o por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados.
Nuestros países ya se están preparando. Desde hace tiempo contamos con extensas redes meteorológicas y sofisticados modelos que reproducen el crecimiento de los cultivos en diferentes escenarios climáticos. Mientras, para el mundo en desarrollo, los 7.000 millones de dólares anuales que se necesitarían para adaptar la producción al clima están fuera de su alcance. Por eso necesitan apoyo. Por eso y porque además es lo justo. No son los causantes del problema –las tres cuartas partes de los gases en la atmósfera proceden de los países ricos–, pero están siendo los primeros en sufrirlo.
La financiación va a ser uno de los principales escollos a salvar en las negociaciones sobre el clima. Además de reducir primero y de manera profunda sus propias emisiones, los países ricos deben ayudar a los países en desarrollo para que crezcan de forma menos contaminante que nosotros. Y también a adaptarse a los cambios ya inevitables. El 0,1% de la riqueza del mundo industrializado sería suficiente para proteger a los países en desarrollo de las consecuencias futuras del cambio climático y asegurar un mañana más próspero, estable y seguro para todos. Pero hasta ahora el compromiso es mínimo, y los pocos pasos que se están dando pretenden obtener estos recursos de los fondos ya comprometidos para ayuda al desarrollo.
La semana pasada asistimos en Roma a una deslucida cumbre mundial sobre la alimentación. Mientras el contador de personas hambrientas supera por primera vez los mil millones –una de cada seis personas en el mundo ve violado su derecho a la alimentación–, la ausencia de los líderes de los países ricos ha demostrado una total falta de compromiso y ambición. El Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para 2015 parece cada vez más lejano, y se hace urgente ya definir un plan de rescate si queremos evitar el fracaso.
En diciembre, en Copenhague, tenemos la oportunidad de alcanzar las bases para un nuevo acuerdo mundial sobre el clima que sea justo y seguro. Pero el tiempo apremia. Una parte del éxito de este acuerdo se medirá en los compromisos de reducción de emisiones y en los fondos a disposición de los países en desarrollo. Pero el verdadero éxito o fracaso se contará en vidas humanas.
Por todo ello exigimos a nuestros gobernantes que actúen ya.
Ariane Arpa es directora general de Intermón Oxfam
Ilustración de Enric Jardí
Tags: ecología economía sociedad solidaridadESTHER VIVAS
El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
Así lo ha puesto de relieve la campaña No te comas el mundo, en el marco de las movilizaciones de estos días con motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) de diciembre, donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.
Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra que resulta de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), la deforestación (15-18%), el procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y los residuos orgánicos (3-4%).
Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.
Intensivo, porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad al cuidado del medio ambiente y a la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.
Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO². Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas… para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.
Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en busca de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que, en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de estos se cultivan también a nivel local.
Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.
Pero, a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático, y la agricultura campesina, local y agroecológica –como señala el centro de investigación GRAIN– puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de 50 años, restituyendo así el porcentaje eliminado desde la década de los sesenta.
Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promoviendo circuitos cortos de comercialización y venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta dos tercios del actual exceso de CO² en la atmósfera. El movimiento internacional La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.
Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático, como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige justicia climática, frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la justicia social, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.
Esther Vivas es Autora de Del campo al plato’ (Icaria, 2009)
Ilustración de Enric Jardí
Tags: África ecología economía política política internacional solidaridadJOAQUIM SEMPERE
En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo –y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, “incluidas sus aguas territoriales”.
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia, porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Ossorio
Tags: ecología energía
Joaquim Sempere
Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)
Otro argumento es el de la dependencia respecto del exterior: el suministro de petróleo y gas nos hace depender demasiado de unos pocos países y compañías que tienen la llave de estos combustibles, como ilustró la crisis del gas de Rusia el pasado invierno. Pero veamos qué ocurre con el uranio. El 84% de las reservas mineras del mundo se concentra en seis países: Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia, Namibia y Níger. Siete compañías concentran en sus manos el 78% de las reservas. Y casi todo el enriquecimiento del uranio, un 92%, lo hacen sólo cuatro compañías. ¿A qué viene, en un contexto así, invocar el argumento de la dependencia exterior en el caso de las fósiles e insinuar que con la nuclear no ocurre otro tanto?
Un tercer argumento se resume en la frase recientemente pronunciada por Ana Palacio, actual vicepresidenta de la compañía francesa Areva, filial de EDF, dedicada a la electricidad nuclear: “Un 96% del combustible de uranio es reciclable” y supone “una solución económica y mediambiental” (El País, 8-04-2009). Subyace a este argumento la idea de que, pese a que el uranio es tan finito como el petróleo y destinado también a agotarse, al poderse reciclar, su suministro es casi indefinido. Lo que esta tesis oculta es que para la utilización de combustible reprocesado no sirve cualquier reactor, sino sólo los reactores rápidos, también llamados “supergeneradores”, que están siendo un fracaso. En Francia, país pionero en energía nuclear, se decidió en 1997 cerrar el único supergenerador del país –el Superphénix– por su coste económico de-
sorbitado y su escasa eficacia práctica. Su desguace está en marcha. El reciclado del combustible de uranio y su promesa de un suministro prácticamente inagotable es otra falacia.
Los partidarios de la energía del átomo están, en suma, orquestando una campaña de mentiras y medias verdades para vender a la opinión pública una técnica fracasada e inaceptable. Los problemas de la propaganda pronuclear no terminan aquí. Esta propaganda se enfrenta a otras verdades también incómodas. 1) La técnica nuclear arrastra un fracaso sonado: no haber hallado en los 60 años de su existencia ninguna solución satisfactoria al problema de los residuos. 2) Los riesgos asociados a las emisiones radiactivas. 3) Las centrales fabrican el combustible de las bombas atómicas. 4) Las centrales son un objetivo potencial privilegiado de terroristas de toda laya. 5) Por la razón anterior, requieren una protección policíaco-militar peligrosa para los derechos humanos y las libertades. 6) Los daños posibles debidos a accidentes son tan altos que ninguna compañía de seguros acepta asegurar, en ningún lugar del mundo, ninguna central nuclear: deben asumirlo los Estados. Y 7) las nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y no pueden subsistir (¡después de 60 años!) sin subvenciones públicas. Muchos responsables políticos muestran cada vez más dudas sobre la viabilidad económica de los programas nucleares renacidos, especialmente con motivo de una crisis que ha recortado drásticamente las disponibilidades financieras. El renacer nuclear está condenado por su enorme coste económico. Esto es una buena noticia, porque parece como si el lenguaje económico fuera el único que entienden los que mandan.
Finalmente, conviene recordar que el primer uso de la energía atómica fue militar, y que en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 nos horrorizan no sólo la magnitud del dolor y la destrucción infligidos a las víctimas, sino la afectación al núcleo biológico mismo de nuestra naturaleza como especie: el genoma humano. La capacidad para provocar mutaciones teratogénicas aparece como símbolo del pacto fáustico de la modernidad: poder a cambio de vender el alma al diablo. Chernóbyl mostró que el uso pacífico de esta energía conlleva una exposición a riesgos de igual naturaleza.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Zunras
Tags: ecología economía
GUSTAVO DUCHCoincidencia número uno: comencé a preparar este artículo mientras los señores del G-8 proclamaban solemnemente nuevos compromisos para enfrentarse al cambio climático. Suponiendo que esta vez vaya en serio, ¿se les ha ocurrido cómo hacerlo, tienen un plan B al modelo energético actual? Coincidencia número dos: hace un mes, en este periódico Pere Rusiñol escribía un excelente reportaje sobre el boom petrolero en Guinea Ecuatorial. ¿Necesitamos más evidencias para cuestionar un modelo de desarrollo extractivista de un recurso finito y con tanta injusticia ecosocial en su mochila? Digo coincidencias porque el motivo de este escrito es reflexionar precisamente sobre una creativa, valiente y muy valiosa iniciativa que enfoca ambas cuestiones desde un nuevo paradigma que, en mi opinión, debemos tener muy presente.
Algo tan sorprendente como la propuesta ecuatoriana (parece que en Nigeria se estudia una propuesta similar) de conservar el petróleo en el subsuelo. Sí, han leído bien, dejar bajo tierra el crudo que podría reportar miles de millones a un país con tantas necesidades como Ecuador. Una opción ecológica muy razonable para reemplazar el modelo eco-ilógico impuesto bajo el paradigma del libre mercado y del crecimiento ilimitado.
Se trata de la Iniciativa ITT Yasuní, declarada política oficial del Gobierno de Correa en junio de 2007, que defiende la idea de no explotar las reservas de petróleo existentes en el área Ishpingo Tambococha Tiputini –en el Amazonas del Ecuador–, donde se localiza el Parque Nacional del Yasuní de enorme valor en biodiversidad –valor ecológico frente a valor monetario–, pues es una de las regiones de bosque tropical del mundo más rica en especies. Se calcula que sólo dentro de una hectárea del Yasuní se encuentran 644 especies de árboles, tantas como especies de árboles nativos existen en toda América del Norte. La idea inicial se remonta a 1997, cuando la organización ecuatoriana Acción Ecológica planteó una moratoria de extracción de petróleo en zonas frágiles amazónicas con el fin de evitar la producción de CO2 al quemar ese petróleo.
La idea fue retomada por Alberto Acosta cuando fue ministro de Energía con Correa y ahora es impulsada por un fuerte equipo coordinado por el canciller de Exteriores, Fander Falconi, Doctor en Ciencias Ambientales y Economía Ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algo de todo esto tendrá entonces que ver con el catedrático Joan Martínez Alier, impulsor del ecologismo político en España y América Latina. En los próximos años todas las sociedades del Planeta tendrán que haberse acomodado a una nueva realidad sin petróleo, por lo que asumirlo cuanto antes nos hará estar mejor preparados. Por un lado, redirigiendo las inversiones petroleras a un desarrollo sostenible y apropiado a las necesidades de cada región (no a las de la familia de Obiang, por ejemplo). Y por otro, pudiendo evitar desde ya todos los efectos negativos que sabemos trae consigo la explotación de este recurso. Son las llamadas externalidades. A nivel local, sobretodo en países empobrecidos como es el caso de Ecuador, Guinea o Nigeria, la explotación petrolera supone contaminación, deforestación, pérdidas de la productividad de las economías de autosustento practicadas por las comunidades locales (algunas de ellas en aislamiento voluntario), expulsión de comunidades campesinas y la desaparición completa de algunas culturas y lenguas indígenas. Y a nivel global, el calentamiento del clima y todos sus derivadas.
La cuadratura de este círculo sí es posible. Aunque los cálculos numéricos son difíciles de hacer (variabilidad del precio del petróleo en los años que dure la extracción, por ejemplo) una cifra orientativa calculada por expertos en el tema nos dice que el Estado ecuatoriano obtendría 5.000 millones de dólares de ingresos por la extracción y comercialización de las reservas de los 846 millones de barriles de petróleo que guarda el subsuelo de Yasuní. Pero tenemos que restar. Primero descontar unos 1.300 millones de dólares equivalentes a los costes de las externalidades antes mencionadas que se producen a nivel local y que se pueden calcular, por ejemplo las pérdidas por la contaminación de tierras y ríos. (Ciertamente, no se puede calcular los costes de la desaparición de una cultura, de unas especies animales o vegetales). Y posteriormente rebajar unos 1.700 millones más por los costes para todo el Planeta de las emisiones de CO2 que se provocarían. Es decir, al final el “beneficio monetario” de sacar el petróleo a la superficie para nuestro Planeta sería de unos 2.000 millones de dólares. Y esa cifra es la que Ecuador solicita a la comunidad internacional. Ecuador deja de ingresar 5.000 millones si el resto del mundo se compromete solidariamente a aportar 2.000 millones.
Ecuador obtendría 2.000 millones de dólares –sin perjudicar a sus comunidades y a su naturaleza–, que se compromete a dedicar a proyectos sostenibles para mejorar la agricultura local, la pesca artesanal, desarrollar energías renovables, etc. Y el resto del mundo invierte el dinero que gastaríamos en combatir el cambio climático asegurándonos que se mantiene Yasuní, con todas sus culturas, con toda su biodiversidad, capturando CO2 y produciendo vida, para hoy y para mañana. Todos ganamos. Coincidencia número tres: ya tenemos el primer aporte proYasuní. El Gobierno federal de Alemania está decidido a apoyar el fondo fiduciario de la Iniciativa ITT-Yasuní con 50 millones de dólares anuales en los siguientes años. ¿Seguimos? Un futuro mejor y sin petróleo es posible.
Gustavo Duch es Ex director de Veterinarios Sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
Ilustración de César Vignau
Tags: ciencia ecologíaCARLOS M. DUARTE Y CARLOS MONTES
La crisis económica que padecemos se deriva de que los ciudadanos de los países desarrollados hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, consumiendo bienes que excedían el capital que podíamos reponer, sin que los reguladores activasen medidas de contención. Los análisis que hace casi un año alertaban de los riesgos de que este despilfarro llevase a un colapso de la economía se han mostrado certeros, aunque no fuesen del agrado de la sociedad, que tachaba de pesimistas y catastrofistas a quienes los formulaban.
La caída del mercado financiero ha devuelto el problema del cambio climático a su habitual posición de verdad incómoda, posponiendo la adopción de medidas para mitigarlo. Lejos de tratarse de cuestiones distintas, el colapso de la economía contiene lecciones absolutamente relevantes al problema del cambio climático.
La primera conexión entre el colapso económico y el cambio climático es que ambos se originan en el consumo excesivo de capital, financiero en un caso y capital natural en el otro. El uso excesivo de recursos naturales impulsa el cambio climático y los problemas ambientales (desertificación, extinción de especies, sobrepesca, deterioro del océano, pérdida de hábitats, etc.) que conforman el problema llamado cambio global. La economía de la biosfera contiene capitales no renovables, como son los depósitos de gas y petróleo, el territorio y la biodiversidad; y capitales renovados por los ciclos del agua, el nitrógeno y la energía solar.
El capital natural no renovable se debería usar con enorme cautela, evitando el uso de energía fósil, que modifica la composición de la atmósfera y el clima, y ocupando el territorio imprescindible para producir alimento sin deteriorar el territorio y causar la extinción de especies. El capital natural renovable de la biosfera, que compartimos con las cerca de 10 millones de especies que la habitan, se debería usar dentro de los límites que fijan los ciclos naturales.
Hace ya dos décadas que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, consumiendo un 25% más de recursos naturales de lo que se regenera cada año. Estamos erosionando el capital natural del que dependen nuestro bienestar y el de las generaciones futuras, encaminándonos a una situación de colapso global que ningún gobierno podrá solucionar, pues no existe tesoro alguno de recursos naturales que inyectar para reactivar la economía de la naturaleza. Los síntomas son claros: cambios de una velocidad inusitada en la naturaleza, con tasas de extinción de especies 1.000 veces mayores que la esperada en ausencia de perturbación humana, cambio climático, erosión de la capa de ozono e incremento de la radiación ultravioleta, agotamiento de los recursos hídricos y de las reservas de suelo fértil, y movilización de enormes cantidades de nitrógeno, fósforo, hierro y varios cientos de miles de compuestos sintéticos, cuyos efectos sobre la naturaleza, incluida nuestra propia salud, desconocemos.
Al igual que con la crisis económica, los reguladores del capital natural han fracasado estrepitosamente en sus obligaciones. Los objetivos de las tres grandes convenciones de Naciones Unidas para combatir estos problemas: la del Cambio Climático (Nueva York 1992) con el Protocolo de Kioto (1997), la de lucha contra la Desertificación (París, 1994) y la de Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) siguen lejos de alcanzarse.
El modelo de desarrollo sostenible urdido por los reguladores, fundamentado en la posibilidad de reconciliar el crecimiento económico continuo con el respeto al medio ambiente, resultó ser un engaño que ha dado cobertura al período de mayor expolio de capital natural de nuestra historia, en el que una y otra vez el principio de crecimiento económico continuo prevalecía sobre el de conservación de la naturaleza.
La falacia estaba clara desde su origen, pues el análisis impulsado por el Club de Roma sobre Los límites del crecimiento de Dennis Meadows y colaboradores alertaba ya en 1972 de la imposibilidad de que la economía crezca indefinidamente con recursos naturales finitos.
A Meadows y a los que seguimos alertando de los riesgos asociados al creciente déficit del capital natural nos acusan, como a quienes advertían de la crisis financiera global, de catastrofistas y agoreros. Las evidencias de la regresión global del capital natural son tan incontrovertibles que banalizar sus posibles consecuencias supondría una irresponsable dejación de nuestro compromiso con la sociedad como investigadores científicos en el área de recursos naturales.
En el caso de la economía global, el plazo de tiempo entre los primeros avisos y el colapso financiero fue de tan sólo unos meses. En el caso del uso excesivo de recursos naturales, los avisos vienen multiplicándose desde hace años y aún disponemos de unas pocas décadas antes de llegar a una situación de colapso.
No debemos dejar pasar un año más sin actuar para, como dice un proverbio chino, desviar nuestros pasos para no llegar a aquel lugar al que nos dirigimos. El símbolo chino para crisis se compone de dos palabras, riesgo y oportunidad. Usemos la crisis económica actual como una oportunidad para abandonar el modelo de “desarrollo sostenible”, que nos ha traído, engañados, a la situación en la que nos encontramos.
Afrontemos nuestras contradicciones y busquemos un modelo que preserve el capital natural que asegure el adecuado funcionamiento de la biosfera, el pilar fundamental del bienestar humano. No hacerlo sería un grave error por el que la historia, que escribirán las generaciones cuyo capital natural estamos dilapidando, nos juzgará.
Carlos M. Duarte es Premio Nacional de Investigación
Carlos Montes es catedrático de Ecologúa en la UAM
Ilustración de Mikel Jaso
