Tags: economía política sociedadVICENÇ NAVARRO
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustraicón de Mikel Jaso
Tags: economía política política internacionalSANTIAGO ALBA RICO, CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, BELÉN GOPEGUI Y PASCUAL SERRANO
Estos son tiempos para la reflexión en economía. Tras algunas décadas de predominio neoliberal patrocinado por la escuela de Chicago, la economía mundial se encuentra frente a una crisis de consecuencias imprevisibles, pero en cualquier caso gravísimas. Lo mínimo que se podría pedir al espíritu científico es cambiar los paradigmas, invertir las evidencias, reaccionar, en suma, ante esta bancarrota intelectual que impidió diagnosticar y prever la catástrofe que se avecinaba. ¿Es eso lo que se está haciendo?
Hemos conocido distintas versiones más o menos destructivas del capitalismo, lo mismo que del socialismo. Pero, respecto a la lógica interna que distingue a uno del otro, hay algo que debería hoy interesarnos vivamente. El socialismo puede dejar de crecer, el capitalismo no. El socialismo puede ralentizar la marcha, el capitalismo no.
Pensemos en el ejemplo de Cuba. Al hundirse la URSS, Cuba perdió repentinamente el 85% de su comercio exterior. Su producto interior bruto decreció nada menos que un 33% en términos absolutos. Uno puede hacerse una idea de la catástrofe si se piensa que en Europa nos echamos a temblar ante la perspectiva de perder un punto en el crecimiento previsto. Y a ello se unió un endurecimiento del bloqueo estadounidense. Sin embargo, la gente no murió de hambre en Cuba, no perdió sus zapatos, ni su educación, ni su seguridad social, ni tampoco su dignidad. Lo pasaron muy mal, pero no se enfrentaron al fin del mundo como habría ocurrido con semejantes indicadores en los países capitalistas.
En medio de la actual sacudida, cuando el capitalismo destruye cuerpos en África y puestos de trabajo en España, cuando erosiona sin remedio las condiciones de habitabilidad del hogar humano, cuando para ello tiene al mismo tiempo que recurrir al lubricante de las mafias, al estímulo de los integrismos religiosos, a la restricción de los derechos laborales y al recorte de las libertades, en ese momento, todas las miradas se dirigen, en efecto, hacia Cuba… pero para condenarla y hostigarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? ¿El récord de muertos en un solo día? En México. ¿El de sindicalistas y periodistas asesinados? En Colombia. ¿El de pogromos racistas contra inmigrantes? En Italia. ¿Homofobia? En Polonia. ¿Xenofobia institucionalizada y leyes raciales? En Israel. ¿Fanatismo religioso y machismo criminal? En Arabia Saudí. ¿Control de las comunicaciones, suspensión del habeas corpus, tortura, secuestros, asesinatos de civiles? En EEUU. ¿Malos tratos a detenidos, periodistas e intelectuales procesados, periódicos cerrados, corrupción galopante, inmigrantes en centros de internamiento? En España.
Bien, aceptemos que, en este cuadro dantesco, Cuba es apenas un “mal menor”. El que desde Europa y desde España se preste tanta atención negativa al país con menos problemas del planeta –como ha hecho el diputado Luis Yáñez (Público,
9-1-10)– demuestra de sobra, en todo caso, que no es lo malo de Cuba lo que se censura, sino lo que en Cuba se opone a esta lógica dantesca y a sus efectos; es decir, lo que tiene precisamente de bueno.
Los economistas Jacques Bidet y Gérard Duménil recuerdan que lo que salvó al capitalismo en las primeras décadas del siglo pasado fue la organización; es decir, la misma planificación que los liberales identifican horrorizados con el socialismo. Gobiernos e instituciones planificaron sin parar, como siguen planificando ahora, aunque lo hicieron para conservar y aumentar los beneficios y no para conservar la vida y aumentar el bienestar humano. Pero la planificación es ya, como quería Marx, un hecho. Basta sólo cambiarla de signo. En los últimos 60 años, la minoría organizada que gestiona el capitalismo global se ha visto apoyada, a una escala sin precedentes, por toda una serie de instituciones internacionales (el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el G-8, el G-20 etc.) que han concebido en libertad, y aplicado contra todos los obstáculos, políticas de liberalización y privatización de la economía mundial. El resultado salta a la vista.
¿Y si planificásemos al revés? ¿Y si prestásemos un poco de atención positiva a Cuba? Esto no lo hemos probado aún, pero lo que intuimos en la actualidad es más bien esperanzador: a partir de una historia semejante de colonialismo y subdesarrollo, el socialismo ha hecho mucho más por Cuba que el capitalismo por Haití o el Congo. ¿Qué pasaría si la ONU decidiese aplicar su carta de DDHH y de Derechos Sociales? ¿Si la FAO la dirigiese un socialista cubano? ¿Si el modelo de intercambio comercial fuera el ALBA y no la OMC? ¿Si el Banco del Sur fuese tan potente como el FMI? ¿Si todas las instituciones internacionales impusiesen a los díscolos capitalistas programas de ajuste estructural orientados a aumentar el gasto público, nacionalizar los recursos básicos y proteger los derechos sociales y laborales? ¿Si seis bancos centrales de Estados poderosos interviniesen masivamente para garantizar las ventajas del socialismo, amenazadas por un huracán?
Podemos decir que la minoría organizada que gestiona el capitalismo no lo permitirá, pero no podemos decir que no funcionaría. Según una reciente encuesta de GlobeSpan, la mayoría que lo padece (hasta un 74%) apuesta ya por otra cosa.
En su artículo, el diputado Yáñez decía amar a Cuba. Por eso, le deseaba lo mejor: incorporarse al capitalismo, justo cuando este ha demostrado su fracaso y su incompatibilidad, al mismo tiempo, con el bienestar humano y con la democracia, con la dignidad material y con el derecho. Nosotros no amamos a Cuba: respetamos a sus hombres y mujeres por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Quizás a Yáñez le tranquilice pensar en Colombia o en Arabia Saudí. A nosotros nos tranquiliza pensar en Cuba, esa isla donde incluso los límites, los problemas, los errores de la revolución señalan inflexiblemente, desde hace 51 años, la posibilidad histórica de una superación del capitalismo y de una alternativa a la barbarie.
Santiago Alba Rico es escritor
Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía (UCM)
Belén Gopegui es escritora
Pascual Serrano es periodista
Ilustración de Mikel Casal
Tags: ecología economía políticaPEDRO ARROJO AGUDO
Sin duda, la iniciativa de lanzar una Ley de Economía Sostenible, como base para enfocar estrategias de superación de la actual crisis, debe ser saludada como interesante. Conecta de lleno con las corrientes que reivindican a nivel mundial un nuevo keynesianismo verde, basado en políticas públicas de protección ambiental que impulsen inversiones en energías alternativas y estrategias productivas con baja emisión de CO².
Sin embargo, hay dos factores que quiebran la credibilidad de la ley: la falta de una autocrítica convincente y la ausencia de personas que puedan liderar el cambio propuesto.
A duras penas se ha acabado reconociendo la inviabilidad de prorrogar el modelo de crecimiento que ha imperado, basado en el ladrillo y la especulación financiera; sin embargo, no se ha escuchado una crítica clara al respecto que reconozca la complicidad y la complacencia de todo tipo de instituciones y partidos con esa burbuja inmobiliario-financiera sobre la que se fundaba nuestra pretendida prosperidad.
El presidente Zapatero ha centrado sus esfuerzos en intentar “dar ánimo” a la ciudadanía, frente a la crítica destructiva y ceniza del Sr. Rajoy, inspirada en el principio de “cuanto peor, mejor…”, en lugar de asumir con decisión una iniciativa autocrítica. En política, se sigue pensando que rectificar no es de sabios, sino de débiles; al tiempo que suele confundirse autocrítica con derrotismo. Zapatero debería estudiar el perfil del discurso que llevó a Obama a la Casa Blanca. El actual presidente de EEUU ganó buena parte de su prestigio asumiendo, no sólo una posición crítica frente a las políticas neoliberales de Bush, sino autocrítica frente a las posiciones tradicionales de su propio partido. Construyó un discurso que, lejos de disculpar o minimizar los problemas, los asumía para, a renglón seguido, apelar al esfuerzo de todos y todas, con su “yes, we can”; en lugar de pedir confianza hacia un Gobierno que se supone los resolverá. Un discurso, en definitiva, que reconocía y trataba a los ciudadanos como personas maduras…
Se echa en falta un análisis en boca de nuestro presidente que explicite lo que todos sabemos: que sufrimos una crisis más profunda que otros países de la UE porque nuestro pretendido desarrollo era en gran medida falso, al basarse en una descomunal burbuja, de la que todos, unos más y otros menos, sin duda, somos responsables. Y, lógicamente, tras esa autocrítica deberían enunciarse nuevas políticas para superar los errores cometidos y abrir nuevos horizontes. Reformas, por ejemplo, que rompan la dependencia financiera de nuestros ayuntamientos de la recalificación de terrenos, base de tantas tentaciones especulativas…
Pero más allá de justificar la necesidad de esos cambios desde un análisis crítico consistente, es necesario tener credibilidad y capacidad de liderazgo en la materia de que se trate. Y en este caso se trata de promover un giro en el modelo económico del país, en la perspectiva de lo que a nivel internacional se conoce como el “Green New Deal”, emulando las ideas que Keynes propuso para superar la Gran Depresión de los años treinta. Se trata, en suma, de reenfocar la economía productiva hacia los retos ecológicos del siglo XXI, transformando en oportunidades los graves problemas de insostenibilidad que hemos provocado.
Desde una perspectiva global, es tiempo de cuestionarse seriamente el modelo de prosperidad que hemos construido sobre el mito del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. El que crezca un niño o engorde un hambriento será sin duda bueno y deseable; pero no seremos más felices por crecer y engordar indefinidamente… En un momento histórico en el que se hacen cada vez más evidentes las múltiples crisis de insostenibilidad que hemos provocado, al desbordar y quebrar las capacidades y funciones ambientales de la biosfera, sería un error limitar el diagnóstico de la crisis financiera, o incluso económica, ignorando o relegando a un segundo plano la crisis ecológica. Pero ello supone, no sólo un reto de eficiencia en el uso de los recursos naturales y en la emisión de CO², sino la necesidad de reconocer los límites del planeta y reducir nuestros ritmos globales de consumo. En Almería, en Murcia y en otros lugares, la eficiencia en el uso del agua es alta…Pero aún así matamos eficientemente la sostenibilidad de nuestros ríos y acuíferos…
En todo caso, sin entrar en un debate a fondo sobre la necesidad de cambiar nuestro concepto de prosperidad y sobre lo que debería entenderse por una economía sostenible, creo que, tal y como he reseñado al principio, la iniciativa es interesante. Lo triste es que este reto se lanza desde un Gobierno en el que el Ministerio de Medio Ambiente fue abducido por el de Agricultura. La decisión que asumió Zapatero tras las últimas elecciones, probablemente con dolor en su fuero interno, al sacrificar a Cristina Narbona y disolver el notable liderazgo ambientalista que tuvo su primer Gobierno, entra en flagrante contradicción con la pretendida prioridad de promover un giro verde en nuestro modelo económico. ¿O acaso alguien puede citarme un solo ministro o ministra que proyecte la más mínima credibilidad ambientalista a la hora de promover este giro hacia una economía sostenible?
Zapatero ha sabido mantener sus perfiles en lo social y en las cuestiones de género, lo que sin duda le honra y ha evitado el desplome de su imagen en las duras condiciones de crisis que le toca gestionar. Pero ha perdido totalmente la dimensión ambiental, y eso quiebra su coherencia y su credibilidad en cuestiones clave como la Ley de Economía Sostenible.
Pedro Arrojo Agudo es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza
Ilustración de Javier Olivares
Tags: ciencia ecología economía política política internacionalJUAN LÓPEZ DE URALDE
En la medida en que asimilamos el fracaso de la Cumbre de Copenhague, tenemos ahora que enfrentarnos a la realidad cierta de que las emisiones contaminantes continúan aumentando. Mientras tanto, el proceso de negociación internacional contra el cambio climático se encuentra en la UVI. Por ello, tenemos la doble tarea de analizar las razones que llevaron al fracaso de aquella cumbre y de repensar una nueva estrategia que pueda sacarnos de la actual parálisis en la que estamos inmersos.
Entre las razones que, desde mi punto de vista, llevaron al fracaso en Copenhague hay tres que destacan: falta de liderazgo, de voluntad política para hacer frente al problema, y desastrosa organización por parte del país anfitrión. Cómo las ordenemos es indiferente.
Tal vez la falta de voluntad política para enfrentar el problema del cambio climático sea la razón más importante por la que la Cumbre de Copenhague haya fracasado. Con la excepción de los países afectados de manera más dramática por el cambio climático –islas del Pacífico y África–, no hubo durante las reuniones en el Bella Center la más mínima ambición por parte de los grandes países para, de verdad, hacer frente al problema. Por ejemplo, cualquier medida pequeña que se proponía, se hacía siempre mirando de reojo al vecino, y en ningún caso con auténtica voluntad de llevarla adelante si otros no se movían también. Un ejemplo claro fue el de la discusión del objetivo del 30% de reducción de emisiones por parte de la Unión Europea. Tanto amagó la Unión Europea con aprobarlo… que al final no lo hizo, evitando con ello que otros países también se movieran hacia delante.
La falta de liderazgo y el total desconcierto se puso de manifiesto cuando Obama mostró signos claros de que Estados Unidos no iba a moverse de su posición, expresada a través del proyecto de ley actualmente en discusión en el Senado norteamericano. A partir de ahí, nadie fue capaz de levantar claramente la bandera del cambio climático, y esta se quedó en el suelo.
Por último, merece una especial mención la desastrosa organización de la cumbre por parte del Gobierno de Dinamarca. Incapaz de jugar con habilidad el juego diplomático, las propuestas danesas llegaban siempre en momentos inoportunos, y requerían un esfuerzo para ser neutralizadas. A ello hay que sumar la represión feroz de un movimiento social pacífico que trató de llevar la vez de la sociedad civil a la Cumbre de Copenhague, en medio del caos organizativo y la burocracia de los gobiernos.
Como todos los que estuvimos en la Cumbre de Copenhague, el paso por el Bella Center dejó en mí un amargo sabor de frustración, al que fui llevado por la indignación con la que veía desde primera fila la indolencia de aquellos que tenían en sus manos la responsabilidad de sacar al planeta del atolladero ecológico en el que está metido. Así las cosas, nadie debería extrañarse de que finalmente cogiera mi pancarta y me plantara en la cena de los jefes de Estado, sólo a dos días de terminar la cumbre, en un desesperado y pacífico intento de llamar la atención sobre el fracaso hacia el que se abocaban las negociaciones.
Por más que haya quien me tache de delincuente (en mi caso no parece haber derecho a la presunción de inocencia), mucho mayor es el delito de aquellos que dejaron pasar la oportunidad en Copenhague de salvar el clima, e incumplieron el acuerdo internacional suscrito por ellos mismos en Bali. ¿Para ellos no hay castigo?
Tal vez el elemento más esperanzador ocurrido alrededor de la Cumbre de Copenhague, las protestas y las detenciones, es que mucha, mucha gente ha abierto sus ojos ante lo que está ocurriendo. El hecho evidente de que desde Río 92 han pasado ya 18 años y el sistema es incapaz de hacer algo efectivo contra la destrucción ecológica del planeta; por más que reconozca la gravedad de la situación, está ahora más en evidencia que nunca.
A pesar de las dificultades, la movilización ciudadana ha sido masiva. En Copenhague el 12 de diciembre salimos a la calle más de 100.000 personas reclamando un acuerdo justo, ambicioso y vinculante. La mayor manifestación jamás celebrada en la historia de Dinamarca, aunque ensombrecida por las injustas y masivas detenciones practicadas por la policía danesa. Al día siguiente, en vez de cubrir la gran fiesta ecologista, los medios mostraban filas de cientos de detenidos que eran llevados a aquel Guantánamo del clima.
Más de 13 millones de firmas fueron recogidas por las diversas organizaciones agrupadas alrededor de la campaña “tck, tck, tck”. Se produjeron cientos de movilizaciones, protestas y celebraciones en decenas de capitales durante aquellos días.
De la misma manera, la movilización de apoyo a nuestra liberación ha sido impresionante. Más de 60.000 firmas conseguidas en sólo una semana muestran hasta qué punto el fracaso de Copenhague no les ha salido gratis a los que lo han promovido.
Ahora el gran reto del movimiento social contra el cambio climático es conseguir que esa presión social continúe y se multiplique. Está claro a estas alturas que sólo la movilización de la sociedad puede conseguir los cambios necesarios que los gobiernos y las empresas deben asumir para frenar el cambio climático.
No hay otra alternativa que reducir las emisiones de CO², y hacerlo de forma drástica y urgente. Podemos seguir perdiendo el tiempo discutiéndolo, o podemos empezar a actuar.
Juan López de Uralde es director de Greenpeace España
Ilustración de Mandrake
Tags: ciencia ecología economía Latinoamérica política internacional Reino Unido sociedadGORDON BROWN
Crisis impredecibles como la catástrofe de Haití de esta semana demuestran una vez más la fragilidad de la vida en nuestro planeta, pero también el instinto humano de ayuda a aquellos que lo necesitan.
La primera década de este milenio fue sorprendente en cuanto a que las preocupaciones sobre la pobreza mundial llegaron por fin a los titulares y captaron la atención de políticos y el público en general.
En los años inmediatamente posteriores al importantísimo acuerdo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se realizaron grandes avances y se respiraba un gran optimismo.
Ahora, una convergencia de crisis (la de los mercados financieros globales y la del cambio climático) amenaza con invertir los logros recientes y finalizar una era de progreso que acababa de comenzar.
Para los países pobres, la crisis del cambio climático no es un problema abstracto que se mide en términos de generaciones futuras, sino una realidad cruda, apremiante y peligrosa.
Las catástrofes ecológicas matan ya a 1.000 personas cada día.
Se avecina una nueva emergencia de hambruna.
Mientras que la crisis del cambio climático ha ido haciendo mella lentamente, los efectos de la crisis financiera han sido tan repentinos
como severos.
Sin ánimo de minimizar el sufrimiento que la recesión mundial ha causado entre las familias de los países ricos, no hay margen de duda al afirmar que, en los países pobres, la crisis ha sido la diferencia entre la vida y la muerte.
Las consecuencias en estos últimos, perdurarán largamente tras la recuperación de las economías desarrolladas.
Hasta ahora, las pérdidas del comercio y la reducción de los ingresos han supuesto la retirada de miles de millones de libras de financiación para escuelas y hospitales.
Hablando en cifras, clara y llanamente, se estima que morirán 400.000 niños más al año y que millones de ellos, en edad escolar, crecerán sin haber aprendido a leer y escribir.
Por tanto, y con dos retos simultáneos y peliagudos que superar, los 12 meses próximos de 2010 serán, a mi entender, tan decisivos como los últimos diez años de la pasada década.
Nuestro empeño y nuestros esfuerzos deben enfocarse a cumplir nuestras promesas y buscar nuevas respuestas ante el cambio climático, así como a superar las dificultades económicas que podrían llevar a la pobreza y a la desesperación permanente a cientos de millones de personas.
En primer lugar, debemos persistir en el propósito de hacer que la pobreza pase a la historia. Gran Bretaña no sólo mantendrá su compromiso de ayuda en 2010, sino que lo incrementará.
Por eso, Reino Unido prepara actualmente leyes que le harán el primer país del mundo en dar garantías permanentes con el objetivo de alcanzar y mantener el 0,7% establecido por Naciones Unidas.
El resto de países deberán ser igualmente fieles a sus promesas; es de crucial importancia que garanticen que los fondos adicionales, urgentes y necesarios para equipar a los países en desarrollo con el fin de que estos sean capaces de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, no saldrán de los presupuestos de ayuda.
Por supuesto, la ayuda por sí sola no constituye la solución total, pero con la disminución de los ingresos y el aumento de la demanda de servicios en los países en desarrollo, la ayuda puede desempeñar una función inestimable en el mantenimiento de escuelas y hospitales y en la provisión de una red de seguridad vital para los más desfavorecidos.
En las últimas semanas hemos visto en África el comienzo de un movimiento para abolir los honorarios que pagan los pacientes y crear un servicio de atención sanitaria similar al británico. Debemos apoyar estos esfuerzos que ofrecen esperanza a millones.
Los terribles acontecimientos en Haití esta semana nos recuerdan la necesidad de ayuda humanitaria para salvar vidas en emergencias, más allá de la ayuda al desarrollo. Reino Unido ya ha enviado grupos de especialistas y ha comprometido seis millones de libras esterlinas para iniciar la ayuda humanitaria. Somos conscientes de que será mucho más necesario cuando pasemos del auxilio a la recuperación.
En segundo lugar, debemos buscar fuentes de financiación innovadoras. Hasta ahora, hemos generado miles de millones de libras con la venta de bonos y las donaciones públicas, pero estoy convencido que de que es viable y posible obtener más.
El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está estudiando la forma en que el sector financiero podría contribuir en mayor medida al pago de las cargas de la intervención gubernamental, incluyendo un impuesto a las transacciones financieras que supondría ingresos significativos si se consiguieran conciliar todos los pormenores.
En tercer lugar, debemos asegurarnos de que los países en desarrollo no sólo gestionen la crisis, sino que inviertan en el futuro. Tal y como ocurre en Reino Unido, invertir en educación es crucial para el crecimiento en el futuro. Por eso ,el presidente Zapatero y yo trabajaremos con Sepp
Blatter, de la FIFA, y con el presidente Zuma, de Sudáfrica, quienes se han comprometido, a través de la campaña 1GOL, a hacer de la educación para todos el legado del primer mundial de fútbol en África.
En cuarto lugar, debemos alentar la capacidad de los países en desarrollo de salir de la pobreza por sus propios medios. Existen, a través del G-20, nuevas oportunidades para aspirar a un crecimiento verdaderamente global, que incluya y beneficie a los países de rentas bajas.
Para este año, contamos con todos los medios internacionales que podamos desear para forjar el progreso y responder a las promesas que hicimos en Gleneagles en el cénit de la campaña Haz que la pobreza sea historia.
De crucial relevancia se presenta la Cumbre Mundial de la ONU en septiembre, de la cual el presidente Zapatero ha hecho una prioridad para el desarrollo de la presidencia europea.
Para cobrar impulso, necesitamos alcanzar pronto una determinación política del más alto nivel en este nuevo año. 2010 supondrá una prueba de la preocupación a nivel mundial por los más pobres y de su confianza en nosotros. Por conciencia y por propio interés, por el bien de ellos y por el bien nuestro, no podemos fallar. Debemos actuar ahora para devolverle al mundo entero su futuro y su esperanza.
Gordon Brown es primer Ministro del Reino Unido
Ilustración de Patrick Thomas
Tags: economía política internacional trabajo UEALFONSO EGEA DE HARO
Mañana finaliza el período de consulta abierto por la Comisión Europea para recibir propuestas de cara a la renovación de la Estrategia de Lisboa. Con la anunciada retirada de los planes de estímulo fiscal y una tasa de desempleo medio del 9,5% en el conjunto de la Unión –la más alta desde que Eurostat comenzó a publicar las series en 2000–, los objetivos que pretendía alcanzar esa estrategia quedan hoy muy lejanos.
La Comisión nos convoca ahora para buscar nuevas fuentes de crecimiento que permitan recuperar los puestos de trabajo destruidos por la crisis y desarrollar un modelo de crecimiento económico más ético, basado en la innovación y atento a la protección medioambiental. Si se cumple el calendario previsto, la nueva hoja de ruta del modelo económico europeo se aprobará en el próximo Consejo de primavera y responderá previsiblemente al nombre de “Europa 2020”. La pregunta inmediata es si la nueva estrategia producirá cambios sustanciales o será un nuevo eslogan con el que aplazar hasta el año 2020 la toma de decisiones, sobre todo en materia social.
El riesgo a que nos veamos sometidos al segundo de los escenarios posibles se deriva, en primer lugar, del documento de trabajo desde el que la Comisión realiza la consulta. En él, lejos de una revisión y evaluación crítica de los resultados obtenidos por la Estrategia de Lisboa, se confirma a esta como el punto de partida de la futura “Europa 2020”. En segundo lugar, el desgaste producido durante el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa apunta a que no habrá reformas de calado en el futuro próximo. Por el contrario, parece que las expectativas abiertas con la ratificación han dado lugar a serias dudas acerca del solapamiento entre instituciones y la pugna por el liderazgo político en el seno de la Unión. En cualquier caso, si la nueva estrategia funciona o no lo sabremos en el año 2020.
Mientras tanto, no parece que a la ciudadanía europea vaya a satisfacerle una nueva estrategia que sólo cambie su denominación. Los efectos de la crisis son cada vez más profundos en la economía real y no se resuelven exclusivamente con una mayor supervisión financiera internacional. Si en el eurobarómetro de otoño de 2008 la principal preocupación de los europeos era la situación económica y la inflación (37%) frente al desempleo (26%); un año después, en otoño de 2009, el desempleo ha pasado a ser la principal preocupación (51%) por encima de la situación económica (40%). Además, en el año que acaba de concluir, sería difícil entender la falta de ambición en la renovación de la estrategia tras las constantes apelaciones realizadas a la ciudadanía para que participara más activamente en el proceso de construcción europeo (recuérdense las elecciones europeas o la ratificación del Tratado de Lisboa).
La referencia constante al futuro, a los planes, estrategias, acciones o programas se está convirtiendo, no obstante, en la seña de identidad de la política europea. Una manera de hacer política que bien pudiera denominarse plan-politik, y que consiste en sustituir el debate y la toma de decisiones por la selección de objetivos genéricos alcanzables en un plazo de 5 o 10 años. Resulta entonces que los resultados de estos planes y estrategias son difícilmente evaluables, dada la multitud de factores que pueden surgir durante su ejecución; baste pensar en las sucesivas ampliaciones de la Unión.
La futura estrategia “Europa 2020” parece seguir este esquema. El gran reto, se dice también, consiste en hacer frente a la creciente competencia internacional de unos mercados emergentes con unos costes laborales significativamente más bajos que los europeos. El mantenimiento de los niveles europeos de protección social depende así de la victoria en esta competición económica a partir de un modelo basado en la innovación.
Sin embargo, este diagnóstico resulta incompleto al no tener en cuenta la notable transformación interna que ha sufrido la Unión Europea en esta década y sus características de crecimiento. El proceso de ampliación en 2004 aumentó en un 20% la población de la UE, generando sólo un aumento del 5% del PIB comunitario. Las disparidades económicas en el seno de la Unión, especialmente entre regiones, se han incrementado notablemente. Además, la prosperidad económica se concentra en grandes núcleos urbanos: el 44% del PIB comunitario es generado por el 32% de la población distribuida en torno al pentágono formado por cinco grandes centros urbanos (Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo).
Ante esta situación, una estrategia “Europa 2020” más ambiciosa pasaría por buscar no sólo el crecimiento y la innovación sino también el empleo y la cohesión. Para ello, resultaría necesario una mayor integración de los distintos programas y, en especial, el de “Europa 2020” con la política de cohesión y las perspectivas financieras. En estas dos últimas áreas, los programas presentan un horizonte temporal diferente: 2007-2013. La integración de programas exigiría, al mismo tiempo, reequilibrar la importancia entre los objetivos de crecimiento y empleo. Este se percibe como un medio de aquel, de manera que sólo el empleo cualificado y el que aporta mayor innovación recibe la atención. El contexto actual aconseja invertir los términos y hacer del empleo un fin en sí mismo. Para ello no basta con fijar unos objetivos comunes a largo plazo y confiar la innovación a unos gobiernos nacionales limitados, de otro lado, por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se requiere, por el contrario, avanzar en el gobierno económico europeo y completar la política monetaria común con una política fiscal a nivel europeo dirigida al empleo.
Alfonso Egea de Haro es profesor de Ciencia Política. Analista de la Fundación Alternativas
Ilustración de Jordi Duró
Tags: economía política sanidadVICENÇ NAVARRO
Existe una percepción generalizada en algunos sectores políticos del país de que la población está abusando del sistema sanitario. Se cita el hecho real de que el número promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la Unión Europea de los 15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo al nuestro) como indicador de tal abuso.
Cada habitante visita al médico, como promedio, nueve veces al año, cuando el promedio de la UE-15 está alrededor de cinco veces. De ahí deriva aquella percepción sobre la cual se basan una serie de propuestas encaminadas a corregir este supuesto abuso. Y, puesto que una de las causas de este abuso se asume que es la gratuidad de los servicios, se está proponiendo un copago (la cantidad más frecuentemente utilizada es de un euro por visita) para desincentivar tal abuso. Según tal teoría, si la gente tiene que pagar un euro por visita, se lo pensará dos veces antes de ir al médico, reduciendo las visitas a las estrictamente necesarias.
El problema con estas propuestas es que están basadas en una percepción errónea, resultado de haber calculado mal el número de visitas promedio por habitante. Cuando analizamos la naturaleza de tales visitas, vemos que no menos del 25% de estas visitas responden a necesidades de tipo administrativo (tales como necesitar la firma del médico para trámites médicos), que en otros países no se contabilizan como visitas médicas, puesto que es el personal administrativo el que se encarga de tal menester. A ellas se suma otro porcentaje que llega a representar un 20% más de visitas que, de nuevo, en otros países no se contabilizan como visitas médicas, pues las hacen las enfermeras (que en nuestro país están enormemente subutilizadas) pero que, aquí, en nuestro país, se contabilizan al realizarlas los médicos. Cuando se descuentan visitas de tipo administrativo y las que podrían atenderse por parte de otros profesionales, resulta que el número de visitas realizadas estrictamente por razones médicas, que deben ser atendidas por médicos, es un número incluso menor que en el promedio de la UE-15.
El problema no es el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población, sino el diseño de la atención primaria sanitaria, que sobrecarga al médico con responsabilidades que en otros países realizan otro tipo de profesionales, como los de enfermería o personal administrativo. En este aspecto, el Plan de Reforma de la Atención Primaria, de reciente aprobación por la Generalitat de Catalunya, es un buen paso en esta dirección. Tal programa da más responsabilidades a las enfermeras y utiliza mejor a los médicos, dándoles, además, más autonomía.
En cuanto al supuesto impacto disuasorio, no creo que un euro por visita disuada a la mayoría de la población que utiliza los servicios sanitarios. Sí, en cambio, puede disuadir a los individuos de baja renta, los cuales son un número considerable. No hay que olvidar que 10,8 millones de trabajadores en España son mileuristas; es decir, 6 de cada 10 trabajadores cobran mil euros al mes o menos (algo superior al salario mínimo interprofesional, 633 euros al mes). Es precisamente en este colectivo donde no se debe desincentivar la utilización de servicios, pues se tiene gran evidencia de que este colectivo es el que precisamente tiene mayor número de enfermedades y las que tiene son más graves. De ahí que, si se decidiera establecer un euro por visita, debiera ponerse un límite (en cuanto al número de euros al año), pues en caso contrario se desincentivaría el consumo entre los grupos más necesitados.
En realidad, lo que está ocurriendo es que se pide al usuario que cubra los grandes déficits de fondos al Estado, resultado de la escasa carga impositiva de las rentas superiores (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el salario promedio de los directivos de las empresas que cotizan en Bolsa es de 56.250 euros al mes) y del enorme fraude fiscal entre tales rentas, las cuales tienen una carga fiscal sensiblemente inferior al promedio de la UE-15. Como la mayoría de la ciudadanía es consciente de que los ricos en España no contribuyen lo que deberían, es comprensible que la ciudadanía se oponga al copago.
Habiendo dicho todo lo anterior, la realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada (el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de la UE-15). Y quedan todavía áreas de servicio por cubrir, tales como odontología, es decir, servicios de dentista. En España se puede ver la clase social de los niños mirándoles su sonrisa. Un niño de clase trabajadora no cualificada tiene siete veces más caries que un niño de familia burguesa. La boca y dentadura de la población es un indicador de su clase social. De ahí la urgencia de que tales servicios se ofrezcan, rompiendo con los corporativismos profesionales que se oponen a ello. Esto quiere decir que la sanidad pública debiera ofrecer tales servicios (y otros, como podología, atención a personas con problemas en los pies) con precios definidos por el sector público, limitando la cantidad a pagar al año a una cifra accesible a la mayoría de la ciudadanía y excusando el pago a aquellas personas que no pudieran pagarlo. Aquí el objetivo de la tasa no es desincentivar (no existe razón para desincentivar estos servicios necesarios), sino recoger fondos que complementen los fondos públicos. El argumento de que sería mejor aumentar los impuestos para cubrir tales servicios me parece convincente y lo comparto. Pero mientras ello no ocurra, algo tiene que hacerse, pues lo óptimo no puede ser el enemigo de lo necesario.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Tags: crisis economía EEUUVIÇENS NAVARRO
Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?
Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.
Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.
Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.
En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.
Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Javier Jaén
Tags: ecología economía política sociedadGUSTAVO DUCH
Nos acercamos a las Navidades y en esas fechas mi familia, desde hace ya bastantes años, suele reunirse en la provincia de Tarragona. En los últimos años el paisaje que conocíamos ha sufrido una transformación salvaje. Las playas, algunas semivírgenes, han sido reducidas a parkings para barcos deportivos y sobre los tradicionales campos de algarrobos y algunas viñas descansan ahora miles de casas pareadas. Pero lo más llamativo son los cinco kilómetros entre Comarruga y el Arco de Barà. En ese corto trayecto se encuentran, en fila india y uno detrás de otro como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos los establecimientos de los Gigantes de la Alimentación. Un Carrefour, un Mercadona, un Lidl… ¡todos! ¿Tantos en tan poco espacio para una población de fines de semana? Pues sí: es el reflejo de la transformación de los hábitos de compra. Atraídos por la comodidad, por una supuesta variedad de género y por el precio –sobre todo por el precio– el 82% de las compras de alimentos en nuestro país las realizamos en las grandes superficies. Pero cuando llegamos al cajero del súper con nuestra compra, ¿sabemos el precio real que hemos pagado por todo lo que llevamos en el carro? Me dirán que sí, que sólo se trata de revisar el ticket. Pues miren –nos falta información– hay más gastos que no aparecen, como si estuvieran escritos en tinta invisible. Desvelémoslos.
Para ello necesitamos una primera información, una premisa: lo que compramos en las grandes superficies está producido por una agricultura industrializada. ¿Qué significa eso de agricultura industrializada? Exactamente eso, que la comida no se obtiene en un huerto o en una granja, sino que se fabrican huevos en una factoría como si fueran coches, o alubias como si fueran tornillos. Se trata de engarzar piezas que llegan de diferentes sitios a la mayor velocidad posible y lo más robotizado posible. Y ahí tenemos un primer coste, la desaparición de muchos puestos de trabajo del medio rural, que supondrán para el Estado –para nosotros– lógicos y justos subsidios de desempleo, formación para su reciclaje, etc. El pasado 21 de noviembre la manifestación de los sindicatos agrarios llenó las calles de Madrid con más de 100.000 personas, bastantes para una concentración, pero muchas más si tenemos en cuenta que en la actualidad son 340.000 personas las que están cotizando en la Seguridad Social agraria.
El segundo coste que también pagamos sin darnos cuenta son buena parte de los presupuestos de los departamentos de medio ambiente de las diferentes administraciones públicas. Porque llegan para socorrer y apañar los desastres que genera esta industria del alimento automatizado. En limpiar y descontaminar el agua de los ríos, en combatir la erosión o salinización de los suelos, etc. Uno de los últimos ejemplos lo tenemos con la ya casi desaparición de las Tablas de Daimiel. Un humedal resecado por el uso descontrolado de los acuíferos que le anegaban para cultivar en tierras de secano melones o maíz, como si estuviéramos junto al Amazonas. Y, por mucho que se invierta, es poco. David Pimentel, profesor de Ecología y Agricultura en la Cornell University, calculaba en 1995 que el impacto ambiental de la agricultura supone para EEUU un coste de al menos 44.000 millones de dólares cada año. Los últimos cálculos, antes de llegar a la Cumbre de Copenhague, indican que la mitad de las emisiones de CO² que están calentando el planeta, provienen de este sistema alimentario: petróleo, maquinaria, humos, aviones transportando alimentos, deforestación para nuevas tierras…
Tercero: la agricultura de vegetales que florecen con química, de granjas de cerdos en latas de sardinas o de salmones comiendo pienso hecho con sardinas, es la que engorda de grasas saturadas a más de 800 millones de personas, con su factura médica correspondiente que, además, cíclicamente repunta con fuerza tras crisis sanitarias como las vacas locas, la gripe aviar o actualmente con una gripe planetaria. Recordemos que, según muchos expertos, la gripe A tiene su origen en una granja porcina industrializada de la empresa Smithfield en Veracruz, el México de abajo, como dice en La Jornada la investigadora Silvia Ribeiro.
Cuarto: Esta agricultura avalada por su productividad es la que hace pasar hambre a mil millones de seres humanos, expulsados del oficio de producir alimentos en los países –también– de abajo. Hace varias décadas ya lo explicaba Gloria Fuertes, “Yo pido pan y vino/ Para el que hace el pan y el vino”. Los costes de generar tanta hambre, lamentablemente, son los que –pensemos en la reciente Cumbre de Roma para la Seguridad Alimentaria– nadie parece querer asumir.
Y para acabar tenemos una novedad, los gastos militares para proteger esta agricultura de mono azul. No hablo sólo del Alakrana y las otras carabelas en busca de El Dorado (la operación Atlanta de protección en las costas de Somalia nos cuesta 75 millones de euros al año), sino también de los soldados que, precisamente en el México de abajo, protegen la granja apestada de los movimientos ambientalistas que protestan frente a la contaminación que provoca en cielo, tierra y agua de los alrededores. O el Ejército de Congo Brazzaville que defiende también a balazos las tierras que los granjeros ricos de África del Sur han comprado en ese país para sus explotaciones (quizás por eso están “los milicos”, para evitar que todo explote), que no me extrañaría fueran de naranjas para situar en las estanterías de alguno de los supermercados citados.
En definitiva, que cuando compramos un chorizo Campofrío (empresa asociada a Smithfield en España) –es sólo un ejemplo– pagamos una vez pero nos cobran seis en total. Seis en uno. Ese es el precio que pagamos. ¿Querremos pagar mucho tiempo más por ese chorizo o esos tomates de baja calidad nutritiva y peor sabor?
Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
Ilustración de César Vignau
Tags: economía sociedadVICENÇ NAVARRO
Una de las propuestas que las fuerzas liberales han estado haciendo en España ha sido –junto con la reducción de los salarios y la desregulación del mercado de trabajo– la reducción del gasto y empleo público, pues se asume que el “excesivo tamaño del Estado” ha obstaculizado el desarrollo económico del país, siendo ahora responsable del retraso en la recuperación económica.
El más reciente ejemplo de lo que digo es la promoción por parte de la mayoría de los medios de información (El País, 08-11-09; El Mundo, 26-10-09; ABC, 26-10-09; El Periódico, 26-10-09) del informe “El coste de la Administración Pública en España” de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. La tesis de este informe es que en España el empleo público ha experimentado un acelerado crecimiento estos últimos años (desde el año 2000), alcanzando unos niveles excesivos que están obstaculizando la eficiencia económica del país, mostrando una relación inversa entre el peso del empleo público de un país y su prosperidad económica. Para confirmar tales tesis el informe compara, por ejemplo, el tamaño de la población empleada en el sector público español con el existente en Alemania, concluyendo que el empleo público de España (como porcentaje del empleo total) es mayor que en aquel país, con lo que nos gastamos en tal empleo (que el informe confunde con funcionariado) mucho más que allí. Según el informe, la evidencia empírica muestra que, a mayor peso del funcionariado público, menor es la riqueza económica del país y de las regiones, y sugiere “la importancia de mantener el tamaño de los sectores públicos a raya con el fin de fomentar la productividad y la eficiencia económica”. La conclusión que se deriva es que hay que reducir el empleo público si queremos ser más eficientes.
El informe, sin embargo, selecciona y manipula los datos de una manera que unos medios de comunicación más críticos de los que tenemos habrían detectado. Se incluyen en el texto errores fáciles de ver, como que empleo público y funcionariado no son la misma categoría, sino dos distintas. Todo funcionario es empleado público, pero no todo empleado público es funcionario. Otro error es que la categoría empleo público que recoge el informe (derivado de Eurostat) no incluye a todos los empleados públicos, sino sólo los datos referentes, por ejemplo, a la categoría Administración pública y defensa. Se excluyen así muchos empleados públicos que no quedan incorporados en esta categoría. En tercer lugar, utiliza indicadores de tamaño del sector público que dan una visión sesgada de tal tamaño. Veamos.
Si analizamos el total de personas empleadas y contratadas en el sector público (a niveles centrales, regionales o autonómicos y locales), utilizando como fuente de datos las únicas que ofrecen tal información, que son la Organización Internacional del Trabajo y Eurostat, y analizando los indicadores que deben utilizarse para medir el tamaño del sector público (el número de empleados públicos sobre el total de la población adulta), podemos ver que España tiene un porcentaje de personas empleadas en el sector público de los más bajos de la UE-15 (9,5%), sólo mayor que Austria, Italia y Portugal. Alemania (el país que el informe cita erróneamente como que tiene un empleo público menor que España) tiene un 10%, mientras que Suecia tiene un 21%.
Para llegar a la deseada conclusión de que Alemania tiene un empleo público menor que España, el informe calcula el número de empleados públicos como porcentaje de todo el empleo. Pero, al utilizarse este indicador, el informe no está comparando manzanas con manzanas, sino con peras. El empleo público tiene una composición distinta en los dos países. La sanidad alemana, por ejemplo, está basada en un sistema de aseguramiento, por lo que no quedan incluidas en la contabilidad nacional las cifras de empleo público en sanidad, pues tal empleo no está contratado por el Estado, sino por las compañías de aseguramiento. De ahí que el empleo público en sanidad en Alemania sea muy bajo. Si se excluyese la sanidad, entonces se vería que, en realidad, el empleo público es notablemente mayor en Alemania que en España (ver “Los errores del el informe Los costes de la Administración Pública en España” en www.vnavarro.org).
Lo mismo ocurre en cuanto al gasto público, que el informe considera explosivo, manifestando que ha experimentado este crecimiento en los últimos años, entre otras razones por el crecimiento del gasto en remuneración de los empleados públicos. Pero cuando se analizan los datos se ve que, en realidad, el gasto público (por habitante) en remuneración salarial de los empleados públicos es de los más bajos de la UE-15 (sólo por encima de Grecia, Italia y Portugal), y ello como consecuencia no sólo de que el empleo público es de los más bajos de la UE-15, sino también de que el gasto por empleado también lo es (lo cual explica, por cierto, la emigración de profesionales cualificados del sector público español a otros países de la UE-15, incluida Alemania).
Una consecuencia de esta situación es que el número de empleados públicos por ciudadano sea el más bajo de la UE-15 (junto con Italia y Portugal). Lo que quiere decir que los ciudadanos están menos atendidos por el Estado en España que en el resto de la UE-15. Esta escasa atención toma lugar principalmente en los servicios públicos. La tan citada rigidez del Estado en España es consecuencia de su pobreza. En realidad, la escasa eficiencia de la economía española, como del resto del sur de Europa, se basa en el escaso desarrollo del sector público. Como incluso el Foro de Davos (El Vaticano del pensamiento liberal) reconoce, los países con mayor eficiencia económica y bienestar social en Europa son los países nórdicos de tradición socialdemócrata con amplios sectores públicos.
Por último, la reforma de la Administración pública, dando mayor protagonismo a las autonomías, ha significado un cambio en el sistema de gobierno del empleo público. Pero ello no ha significado un aumento muy marcado del empleo público. En realidad, tal crecimiento ha sido sólo de un 1% por año, lo cual no ha sido especialmente acentuado teniendo en cuenta el gran déficit de personal en el sector público.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
