Tags: EEUU justicia política política internacionalRAFAEL ESCUDERO ALDAY
La decisión del Gobierno español de acoger presos de Guantánamo suscita ciertas dudas. No tanto por el fondo de la misma, pues acertado es sacar del horror y permitir una nueva vida a personas marcadas por el infierno sufrido, cuanto por los motivos y circunstancias que la rodean.
Conviene advertir que no es esta la primera relación de las autoridades españolas con la prisión de Guantánamo. Recuérdense los vuelos de la CIA. Informes del Parlamento europeo y del Consejo de Europa constataron el conocimiento y la connivencia de no pocos gobiernos –incluido el español– con esos vuelos secretos que transportaban a personas detenidas ilegalmente y privadas de sus derechos más fundamentales. Vuelos que hicieron escala en aeropuertos españoles, utilizados entonces para prácticas que la comunidad internacional considera violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
Tampoco cabe olvidar que policías y agentes del entonces CESID –hoy, Centro Nacional de Inteligencia– visitaron la base en 2002 y 2003 para conseguir información en la lucha antiterrorista. Con la excusa de ofrecer protección diplomática a los presos de nacionalidad española, los agentes interrogaron sin orden judicial a más de una decena de presos, siempre bajo la presencia de autoridades estadounidenses, es decir, de los torturadores. Su actuación convierte al Gobierno que los envió –presidido por Aznar– en cómplice de la violación de los derechos de los detenidos. Su actuación fue a todas luces contraria al derecho internacional y al derecho español. El Gobierno nunca debió ordenar aquella misión. Ignoró que los derechos humanos vinculan a los agentes públicos aun cuando actúen fuera del país. Al interrogar a personas desprotegidas jurídicamente, contribuyeron de manera activa a mantener esa negación de derechos tantas veces denunciada.
Hay causas abiertas en la Audiencia Nacional con relación a estos hechos susceptibles de ser catalogados como crímenes contra la humanidad (torturas, secuestros y detenciones ilegales) sobre la base del principio de jurisdicción universal. Causas a las que no afecta la lamentable limitación de este principio efectuada meses atrás por la mayoría del Parlamento español. Y ello no sólo porque hay víctimas de nacionalidad española, sino porque, además, ha de determinarse la responsabilidad de las autoridades españolas en este proceso. Lo contrario sería perpetuar la impunidad y perseverar en la infamia de Guantánamo.
Ahora, el Gobierno responde favorablemente a la petición de la Administración Obama –incapaz de cumplir la promesa electoral de cerrar la prisión– de recibir algunos presos. Tras la llegada del primero, el Gobierno ha declarado estar estudiando otros cuatro casos, enfocando la cuestión desde una perspectiva humanitaria. De ahí que el mecanismo utilizado para acogerles sea precisamente la autorización de residencia temporal “por razones humanitarias” prevista en la Ley de Extranjería. Una autorización que les permitirá desplazarse libremente por el territorio español, trabajar y reagrupar a su familia en nuestro país.
Pero las escasas declaraciones del Gobierno sobre el estatus de estas personas causan cierta perplejidad. El ministro del Interior ha manifestado que los presos a acoger no están sometidos a proceso judicial alguno y que en todo caso se garantizará la seguridad de los españoles. Ha advertido también que estarán sujetos a medidas de vigilancia –sin aclarar cuáles serán estas– y que en ningún caso podrán salir del territorio español.
Conviene recordar al Gobierno que el Tribunal Supremo señaló en 2006 que toda imputación de delito sustentada en pruebas obtenidas en Guantánamo carece de validez y no puede ser tenida en cuenta por ningún tribunal ni autoridad administrativa. Ello implica que no cabe conceder efecto alguno a los procesos pseudo-judiciales abiertos en Estados Unidos, debido a la flagrante violación de los derechos de los detenidos. Y mucho menos seleccionar a las personas a acoger sobre la base de si tienen o no abiertos tales procesos, pues hacerlo supondría reconocer validez jurídica a todo lo sucedido.
Además, es complicado entender la imposición de medidas de vigilancia. Porque, si no están sometidos a proceso judicial, ¿cuál es la razón para vigilarles? Estas personas son libres, de modo que han de gozar de los mismos derechos y en las mismas condiciones que los residentes legales en España. Sus derechos no pueden limitarse porque estuvieron en Guantánamo. Hacerlo sería vulnerar nuestros derechos constitucionales, entre los que están la presunción de inocencia y el debido proceso.
Finalmente, se alega por el Gobierno un acuerdo entre los países de la Unión Europea que impide que estas personas se trasladen a otro país. Es exigible que se haga público su contenido, ya que sirve de justificación para limitar –más allá de lo establecido en la legislación de extranjería– un derecho fundamental como es la libertad de movimientos. El secretismo que preside este proceso estará justificado siempre que sean los propios afectados quienes deseen preservar su intimidad. Pero, ¿incluye este acuerdo la imposibilidad de que estas personas declaren en los procesos abiertos sobre Guantánamo en calidad de víctimas y/o de testigos? ¿Se han dado garantías a las autoridades estadounidenses de que esto no se va a producir?
Cada limitación de la libertad de estas personas basada en su pasado cautiverio es un reconocimiento más o menos implícito de Guantánamo. Es una convalidación de la violación de derechos allí perpetrada. De ahí que la fórmula de acogida que se elija no sea tan sólo una cuestión humanitaria, sino prueba de nuestra disposición para tomarnos los derechos humanos en serio.
Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
Tags: EEUU Latinoamérica política internacionalAUGUSTO ZAMORA
En 1826 se celebró en Panamá, convocado por Bolívar, un Congreso Anfictiónico entre las recién creadas repúblicas americanas. Su propósito era establecer una alianza regional, ante el temor de que cristalizara un pacto hispano-francés para reconquistar los perdidos dominios hispanos. La reunión terminó sin mayores resultados y derivó las decisiones de fondo a una nueva cita en Tacubaya (México). Si a Panamá acudieron sólo cinco estados (ninguno de la cuenca del Plata, ni Chile, ya neocolonias inglesas, sí EEUU, infiltrado allí por Santander, el más furibundo enemigo de Bolívar, e Inglaterra), a Tacubaya se presentaron sólo tres. Después de esperar casi dos años sin resultados (de 1826 a 1828), se declaró disuelto el Congreso. No hubo más. Sumidos en cuartelazos, guerras civiles y caos, aquellos remedos de estados estaban más ocupados en entregar sus riquezas a Inglaterra y en autodestruirse que en crear alianzas regionales.
Desde entonces, y hasta fecha reciente, los países latinoamericanos han movido las siempre oxidadas palancas integracionistas al socaire de amenazas externas contra alguno o varios de sus miembros, y no siempre.
Así, la guerra imperialista de EEUU contra México en 1847 provocó pánico en la región y llevó a celebrar el Congreso de Lima, entre 1847 y 1848, para crear una confederación sudamericana “con el fin de protegerse de las agresiones foráneas”. En septiembre de 1856 se organizó una
reunión en Santiago de Chile a raíz de la invasión de Nicaragua por aventureros yanquis, financiados por esclavistas del sur de EEUU (que pretendían anexionarse Centroamérica como nuevos estados esclavistas para romper el empate que mantenían con los abolicionistas y de paso controlar la ruta interoceánica, entonces pensada para hacerse por Nicaragua). La reunión produjo el llamado Tratado Continental, del que formaron parte todos los estados hispanoamericanos, con excepción –nuevamente– de los estados rioplatenses y Brasil. Un nuevo intento de forjar una alianza regional se dio en 1864, cuando la invasión francesa de México, que, al igual que las anteriores, quedó en mucho ruido y pocas nueces. México perdió la mitad de su territorio; Centroamérica pudo, unida, librarse sola de los aventureros yanquis, y Benito Juárez puso fin al sueño de Maximiliano de Austria de crearse un imperio mexicano, fusilándolo en el Cerro de las Campanas.
No hubo más hasta que, en 1889, de la mano de EEUU (emergente poder imperial continental) se reunieron en Washington, como la gallina reúne a sus polluelos, representantes de todos –todos– los países del continente americano. Allí, guiados por el secretario de Estado estadounidense, acordaron crear una Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, nombre explicativo en sí mismo, pues a EEUU lo único que le interesaba de la reunión era promover sus intereses comerciales, en choque permanente con los británicos, entonces amos y señores de los ex dominios españoles y portugueses.
Siguieron otras conferencias americanas, mangoneadas por EEUU, que terminaron cristalizando en la creación, en 1910, en Buenos Aires, de la Unión Panamericana (UP), primera organización mundial como tal, y que funcionará hasta 1948, cuando es sustituida por la Organización de Estados Americanos (OEA). La UP será el marco dentro del cual surgirá un pujante Derecho Internacional Americano (nunca valorado en Europa), deformado y vapuleado por las políticas imperialistas de EEUU, que darán lugar a lo que se resumiría en la expresión “el Uno y los veinte”, para referir que un país –EEUU– podía más que todos los otros veinte miembros, tanto en la UP, como en la OEA (como puso de manifiesto el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009).
El triunfo de la revolución sandinista en 1979 y las amenazas de una invasión de Nicaragua por EEUU, que habría extendido la guerra por toda Centroamérica, llevan a cuatro países –Panamá, México, Colombia y Venezuela– a crear, en 1984, el grupo mediador de Contadora. A este grupo se unirán en 1954 cuatro países más (Brasil, Perú, Argentina y Uruguay), conformando el primer grupo regional enfrentado –hecho insólito– al poder yanqui. El grupo de ocho países decidió, en 1988, establecerse como mecanismo permanente, marcando, desde entonces, una pauta regional que fructificó en Cancún el pasado 22 de febrero con la decisión de crear, de aquí a 2012, una organización regional de Latinoamérica y Caribe.
Desde hace más de una década, con el ascenso de gobiernos de izquierda y progresistas, los procesos latinoamericanos de integración han recibido un impulso decisivo. Entre ellos destacan tres, el ya consolidado MERCOSUR, y dos de nuevo cuño: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). Ambos procesos son la manifestación de una voluntad, cada vez más firme, de crear alianzas regionales sólidas que, además de servir para combatir pobreza y desigualdad, sirvan para crear foros desde los que negociar, con mayor fuerza, con otros bloques regionales. Son, también, esfuerzos dirigidos a consolidar la especificidad de América Latina y el Caribe, única región del mundo en paz (con la excepción triste de Colombia), única región sin enemigos externos (salvo el de siempre, que es parte del paisaje) y única región que ha abrazado, sin casi fisuras, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias internacionales.
La especificidad latinoamericana requiere de una organización internacional propia, desde la que pueda desarrollar sus propias políticas y estrategias y servir –en su condición de región pacífica y en paz con todo el mundo– de puente, bisagra o interlocutor en los tantos conflictos que abaten al mundo. Por demás, en un mundo en que los estados van siendo sustituidos progresivamente por grandes bloques regionales como actores en la política, la economía y la guerra, Latinoamérica no puede renunciar a poseer su propio bloque regional. No será fácil el camino, pues la OEA ha sido, para EEUU, lo que la OTAN en Europa, un medio para mantener aherrojados a los países. Pero no hay alternativa a esa vía. No, si quiere librarse de la dependencia, la dominación y el atraso.
Augusto Zamora es autor de ‘Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después’
Ilustración de Juan Ossorio
Tags: EEUU Latinoamérica política internacionalALAN D. SOLOMONT
El trágico terremoto que devastó Haití hace tan sólo dos semanas ha causado unas ciento cincuenta mil muertes y un millón de desplazados en toda la nación caribeña. El seísmo produjo una devastación de proporciones casi bíblicas y la miseria que ha surgido de un sólo desplazamiento tectónico es tan masiva que ningún calificativo del sufrimiento humano puede definirlo.
Naciones de todo el mundo se han movilizado rápidamente para ayudar. Escasas horas después del terremoto, el presidente Obama ordenó el comienzo de envío de comida y medicinas por parte de Estados Unidos, así como del personal y equipamiento necesario para hacerlo llegar con rapidez y eficacia. Estados Unidos ya ha prestado ayuda humanitaria de emergencia por valor de más de 160 millones de dólares (113,5 millones de euros) –que ha comprendido comida y agua, equipos de búsqueda y rescate– y que incluirá esfuerzos para restaurar la capacidad agrícola de Haití antes de que comiencen las lluvias de la primavera. Estados Unidos, por sí sólo, ha distribuido un millón y medio de botellas de agua y 26 toneladas de alimentos. Hemos tratado a casi 10.000 heridos y más de 16.000 efectivos estadounidenses están trabajando para ayudar a Haití.
Estados Unidos seguirá comprometido en ayudar al pueblo haitiano durante la reconstrucción. Además del compromiso de mi Gobierno, miles de estadounidenses han hecho aportaciones a través de la Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda. Los empleados de las embajadas de Estados Unidos tanto en Madrid como en el resto del mundo también han aportado ayuda. Es lo que hacemos y en lo que creemos.
España también está siendo una pieza clave para ayudar a los haitianos a recuperarse, prestando equipos de búsqueda y rescate, apoyo médico y ayuda financiera. España ha enviado el buque Castilla para prestar ayuda en materia de seguridad y humanitaria. La vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, visitó la isla y participó en la Conferencia de Montreal que ha examinado cómo podemos ayudar en el futuro. La prensa informa que familias españolas han adoptado huérfanos haitianos. España también ha sufrido por el terremoto con la pérdida de cuatro vidas humanas y muchos más heridos, entre los que se encuentra el embajador de España ante Haití, Juan Fernández Trigo, que debió ser evacuado debido a sus lesiones.
Si bien la mayoría de los comentaristas españoles ha elogiado al Gobierno de Estados Unidos por su rápida actuación y ayuda humanitaria, algunos eligen criticar a mi país por enviar infantes de marina a Haití y describirlo como un intento de militarizar la situación y ejercer el dominio estadounidense sobre el país. Nada más lejos de la verdad. Dejemos de lado manidas consignas y acusaciones sin fundamento y centrémonos en los hechos.
En primer lugar, las infraestructuras de Haití han sido devastadas y sobrepasadas por el desastre humanitario. A causa del terremoto, la ONU ha sufrido la mayor pérdida de vidas humanas en su historia, con la muerte entre los escombros no sólo de Heid Annabi, representante especial de Ban Ki-Moon, sino de decenas de otros valientes representantes y funcionarios de la ONU, eliminando también su capacidad para gestionar la crisis. Reconociendo la magnitud del desastre, el presidente Obama ofreció –y el presidente Préval de Haití solicitó– ayuda de emergencia estadounidense para hacer frente a la crisis humanitaria inmediata. Dos semanas después, sin embargo, la ONU y Estados Unidos han firmado una Declaración de Principios acerca de la coordinación sobre el terreno y que reafirma la responsabilidad primordial del Gobierno de Haití de responder ante el terremoto, recalcando que la escala del desastre requiere una respuesta internacional global y coordinada dirigida por Naciones Unidas.
Por lo general, aplaudo el papel que han desempeñado los medios de comunicación para informar a la opinión pública sobre la tragedia en curso en Haití. La reacción ha sido una gran manifestación de generosidad de los pueblos de Estados Unidos, España y todo el mundo, que han aportado donaciones a las organizaciones de ayuda que están trabajando para aliviar el sufrimiento. El Fondo Clinton-Bush para Haití, por ejemplo, ha recaudado millones de dólares.
Además de los medios, que han elogiado los esfuerzos de ayuda, dirigentes internacionales como el presidente Rodríguez
Zapatero han declarado que Estados Unidos merecía ser reconocido por llevar provisiones y seguridad al pueblo de Haití.
Haití es una de las naciones más pobres del mundo, y aún antes del terremoto su pueblo padecía a causa de enfermedades, malnutrición y penuria económica. Había señales de esperanza, pero muchas de estas se desvanecieron cuando la tierra se movió. La comunidad internacional ha de esforzarse conjuntamente para evitar que esta nación caiga en un pozo de impotencia y desesperanza. Hemos de ayudar a este pueblo a que se incorpore de nuevo a la senda del desarrollo y del crecimiento económico.
España, Estados Unidos y países en todo el mundo están trabajando pese a enormes dificultades para poner a Haití de nuevo en pie. No será fácil, y exigirá que todos trabajemos juntos, remando en la misma dirección aun con el viento en contra. Estados Unidos está comprometido con ayudar a construir un Haití mejor en cooperación con el pueblo haitiano y las naciones del mundo.
Alan D. Solomont es embajador de Estados Unidos ante España y Andorra
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: EEUU política internacionalANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ
Barack Obama ha culminado su primer año de mandato. Parte de la opinión pública norteamericana cree que el cambio prometido llega con cuentagotas y sin el ritmo y la intensidad que debería. Las dificultades y la impaciencia se asoman con fuerza, la decepción acecha. Pero Obama confía tanto en las reformas políticas como en la capacidad transformadora de la ejemplaridad de sus propias acciones más personales. Sabe que la determinación de sus decisiones políticas tiene en sus propios gestos y sus palabras parte de su legitimidad y confianza. Cree que el cambio, para que sea profundo, debe ser progresivo, colectivo y, también, personal.
Su formación moral y su compromiso ético y político le han llevado a abrazar, en lo económico, a los pensadores y teóricos de la economía del comportamiento (Behavioural Economics), que trata de estudiar por qué los seres humanos tomamos en muchas ocasiones decisiones que tienen un fuerte componente emocional. Obama cree que cambiar los comportamientos cotidianos, por pequeños que sean, puede cambiar las grandes ecuaciones políticas. Piensa que cambiar los corazones de las personas es la llave para cambiar sus ideas.
Así, lentamente, y con una flexible paciencia y prudencia no exenta de firmeza y determinación constante, intenta cambiar la política norteamericana como ha cambiado la mismísima Casa Blanca en un proceso de deconstrucción y de reconstrucción fuertemente simbólico. Nuevos ambientes y funcionalidades como parte de un estudiado código de señales icónicas que muestran, a través de sus preferencias estéticas o artísticas, nuevas percepciones y concepciones del mundo, de la sociedad y del poder.
Obama, que vive también con su suegra, ha ido mucho más allá de la célebre de redecoración de Jacqueline Kennedy. Ha creado una nueva concepción de los 5.100 m² de la casa bajo la supervisión de Michelle Obama. Juntos han ido graduando lentamente cada cambio y transformándolo en un mensaje público y mediático de la mano del diseñador Michael Smith, amigo personal de la primera dama, quien afirmaba que “el estilo casual de su familia, su interés por recuperar el arte americano del siglo XX y el uso de marcas y productos de precio razonable son algunos de los requerimientos que me han pedido para hacerles sentir como en casa”.
Se han rodeado de arte conceptual. Los Obama han pedido prestadas 47 obras de arte a cinco museos de Washington. Aunque la mayoría de las obras elegidas pertenecen a artistas contemporáneos y abstractos, entre ellos Mark Rothko y Jasper Jons, hay una cuidada elección multicultural que refleja la pluralidad de raíces de la nueva América con siete obras de artistas negros, entre las cuales destaca el trabajo de Glenn Ligon que con textos, neón y fotos, explora los temas de la política y de la raza. La prensa estadounidense señala que esta selección supone una revolución cultural silenciosa en la Casa Blanca, destacando –por la interpretación metafórica aplicada a la calma del presidente– la elección del cuadro “I Think I’ll…” del artista Ed Ruscha, que tiene como tema la indecisión y en el que pueden leerse frases como “puede que sí”, “espera un minuto” o “pensándolo bien”.
Pero los cambios más profundos, por imperceptibles que parezcan, se han producido en el despacho oval con fotografías familiares (de su boda, de sus hijas, de cuando lanzó su candidatura), nuevos cuadros y cuatro piezas de cerámica y arcilla procedentes del Museo Nacional del Indio Americano. También hay tres aparatos mecánicos prestados por el Museo Nacional de Historia, entre los que destaca un modelo del telégrafo de Samuel Morse de 1849. Han desaparecido los cuadros de paisajes de Texas de la época Bush, la platería decorativa y la cerámica china. Y en el famoso escritorio Resolute, en la Casa Blanca desde 1880, se ha adaptado por primera vez un lugar para el ordenador portátil, junto con todos los accesorios de su encriptada Blackberry. En la estantería destaca un cartel enmarcado del programa del acto de 1963 en Washington en el que Martin Luther King pronunció su famoso discurso “I have a dream” y su busto, que sustituye al de Winston Churchill, regalado por Tony Blair a George Bush, cambio que causó irritación en el Reino Unido. Para suavizar este conflicto decorativo, Obama, muy hábil, mantiene en su escritorio un portalápices regalo de Gordon Brown. “Este despacho le recuerda a uno lo que hay en juego, todas las esperanzas y sueños que dependen de lo que sucede en la Casa Blanca”, expresó Obama en una reciente entrevista con Oprah Winfrey. El último detalle ha sido colocar un frutero lleno de manzanas, listas para morder. No faltan, tampoco, las golosinas M&M.
Los cambios han seguido la senda del símbolo, también fuera de las paredes de la mansión. En los jardines de la Casa Blanca se ha habilitado la casita de Bo, el perro de aguas portugués de sus hijas, Sasha y Malia, algunos juegos al aire libre y un huerto ecológico de 100 m² que Michelle creó, con 200 dólares de presupuesto, en una tarde con 25 escolares invitados a una merienda. En él se cultiva menta, ajo, anís, salvia, tomillo, orégano y romero, entre otras hierbas. Además se han sembrado lechugas, zanahorias, tomates, espinacas, cebollas, frambuesas y moras. Los vegetales cosechados serán usados en comedores populares y en los menús de la Casa Blanca.
La mansión cuenta con gimnasio, una pista de tenis, un circuito para correr, una piscina exterior y una bolera que será substituída próximamente por una nueva cancha de balancesto, como la de Zapatero en la Moncloa. El presidente Obama, gran amante y conocedor de este deporte, espera su turno para reformar la vieja y pequeña cancha actual. Seguirá con el cuentagotas. Cambios constantes y pequeños, para cambios profundos. Todo poco a poco, canasta a canasta, sumando punto a punto para ganar el partido.
Antoni Gutiérre-Rubí es asesor de comunicación
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: crisis economía EEUUVIÇENS NAVARRO
Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?
Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.
Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.
Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.
En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.
Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Javier Jaén
Tags: EEUU política internacional sanidadVICENÇ NAVARRO
Un gran número de medios de comunicación en España han presentado la aprobación de la Ley de la Reforma Sanitaria por parte de la Cámara Baja del Congreso de EEUU como un enorme paso adelante, comparable a la aprobación de la ley que estableció la Seguridad Social (bajo la administración Roosevelt), y la Ley de Medicare (que financia el 52% de los gastos sanitarios de los ancianos) aprobada en tiempos de la administración Johnson. En estos dos programas federales (Seguridad Social y Medicare) se instruye al Estado federal a que garantice los derechos adquiridos en tales programas a todos los beneficiarios, sean estos pensionistas en la primera ley, o ancianos en la segunda.
La ley sobre la reforma sanitaria aprobada por la Cámara Baja, sin embargo, no garantiza la atención sanitaria a los ciudadanos y residentes de aquel país. Esta distinción es de una gran importancia, pues la ley aprobada por la Cámara Baja en realidad no universaliza el derecho de acceso a los servicios sanitarios en EEUU, tal y como erróneamente la gran mayoría de medios españoles han informado. Lo que la ley hace es obligar a todos los ciudadanos a comprar una póliza de seguros sanitarios, de la misma forma que en EEUU, como en España, se obliga a cualquier persona que posee un automóvil a que tenga un seguro privado de automóvil. La ley obliga también al empresario a ofrecer un seguro sanitario a sus empleados so pena de que, si no lo hace, tiene que pagar una multa que va a un fondo común para proveer aseguramiento. Y el Estado federal, por otra parte, subsidiará el pago de la póliza de seguros a aquellas personas con escasos medios (categoría que queda por definir).
En realidad, todas estas medidas significan un enorme crecimiento del aseguramiento privado en EEUU –un aumento de 25 millones de nuevas pólizas– con el consiguiente incremento de los beneficios de las compañías de seguro sanitario, que se ha calculado significarán 70.000 millones de dólares. Todo ello es resultado del enorme poder de tales compañías de seguros.
Según Public Citizen (un instituto de análisis de la financiación de la actividad política en EEUU), tales compañías se han gastado un millón y medio de dólares cada día para intentar influenciar a los miembros del Congreso.
Las compañías de seguros se han opuesto, sin embargo, a algunos elementos de la ley. Uno de ellos es la prohibición de que continúen con la discriminación de personas con enfermedades crónicas, lo que ha provocado un gran enfado de la población hacia tales compañías.
El otro motivo de oposición a la ley por parte de las compañías de seguros es la aprobación de la opción pública, es decir, que la población que así lo desee pueda escoger un aseguramiento público en lugar del privado. La mayoría de la ciudadanía (68%) desea tal opción, pues los aseguramientos públicos existentes, como Medicare, ofrecen una cobertura sanitaria mayor a un coste y precio menor, resultado de eliminar gastos de márketing y promoción, de tener unos costes administrativos menores y de evitar los exuberantes sueldos de los gestores del aseguramiento privado. (La persona que tiene el salario más alto en EEUU es William McGuire, presidente de la compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones de dólares en acciones de tal compañía). En contra de lo que se escribe en muchos medios españoles, la población estadounidense no es “congénitamente adversa al Estado”, tal como se informó erróneamente en un medio de gran difusión. Medicare es más popular (y se gestiona a menor coste) que las compañías de seguros privadas.
La opinión popular, sin embargo, condiciona pero no determina las leyes del Congreso. La enorme influencia de tales compañías en el Senado y, muy en particular, en su Comité de Finanzas (que ha recibido 13 millones de euros de tales compañías) eliminará tal opción pública. La versión existente en la ley aprobada por la Cámara Baja permitía una versión muy reducida y muy modificada que asignaría a tal opción pública la atención sanitaria a los casos más crónicos y más costosos, dejando para el aseguramiento privado los sectores más rentables de la población. Pero ni siquiera esta versión más reducida será aceptada por el Senado.
Por lo demás, la ley de la Cámara Baja y la que se apruebe en el Senado no resolverán gran parte de los problemas que el sistema actual presenta hoy. La norma, por ejemplo, no regula ni controla el precio de las pólizas de seguros ni de los servicios médicos ni de los productos farmacéuticos. Ello implica que, sumando los gastos en pólizas, copagos, deducibles y facturas médicas, las familias estadounidenses pueden llegar a pagar el 20% de sus ingresos en atención sanitaria. La ley tampoco prohíbe a las compañías de seguros negar tratamientos médicos que consideren costosos. La cobertura sanitaria privada es muy poco completa, dejando enormes vacíos en la cobertura de beneficios que la ley no resolverá. Tampoco regula los planes de aseguramiento privado ofrecidos por los empresarios (que cubre al 66% de la población) y que ofrecen una enorme variedad de coberturas, siendo todas ellas muy inferiores a las existentes en cualquier país de la UE-15.
La ley mantendrá la escasa capacidad de elección de médicos y centros sanitarios que tiene el asegurado, teniendo que utilizar aquellos proveedores de servicios que la compañía de seguros indique. La norma tampoco fuerza una mayor competitividad entre las compañías de aseguramiento, ni posibilita una mayor facilidad de elección entre los proveedores. El mercado de los seguros continuará muy concentrado, de manera que en muchos estados, una o dos aseguradoras continuarán controlando el mercado. Estas son realidades sobre las que la mayoría de medios en España no han informado.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’, The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Tags: economía EEUU política política internacional sociedad trabajoVICENÇ NAVARRO
Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde comienzos de la década de los años ochenta (iniciadas por los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y por el presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tarde a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar 1,4 millones de dólares en el año 2007 (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población, el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúsculo. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% de la población en 1974, en 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies, abril de 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los super ricos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% de la población.
Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que Bush lo bajara. Pero, aun cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta.
Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no cree que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En un editorial, el Financial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas que sugería para su protección (02-06-09).
Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al Gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa.
Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado.
En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al Gobierno que establezca una comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales. Incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales –la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país– significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Juan Ossorio
Tags: economía EEUU política internacional
Juan Hdez. Vigueras
Hace días anunciaba Financial Times que las filiales en Europa de Lehman Brothers Holdings Inc. presentarán una serie de demandas reclamando unos 100.000 millones de dólares a esa sociedad de cartera matriz a la que están vinculadas y que quebró hace un año. Es una de tantas complejas derivaciones de una quiebra bancaria sobre la que últimamente predomina la opinión de que fue un fallo político del Gobierno Bush y de Bernanke, el presidente del Banco Central (la Reserva Federal o Fed), porque dejaron caer a este banco global sin ofrecerle la ayuda que antes habían prestado al Bear Stearns y luego a Citigroup y a tantos otros. El caso es ya una referencia histórica, porque para una vez que los neoliberales intentaron ser consecuentes con su fe en la capacidad autorreguladora del mercado, se tambaleó el sistema financiero globalizado, dejando claro que no funciona sin el apoyo de los contribuyentes.
La bancarrota del entonces cuarto banco de inversiones pesa como una losa sobre los debates del G-20, como reflejan los dos documentos aprobados por los ministros de Finanzas en Londres el pasado 5 de septiembre. Olvidado aquello de refundar el capitalismo, la preocupación dominante se ha centrado sobre medidas concretas que impidan otro derrumbe de los bancos globales, demasiado grandes para dejarlos que fracasen (el “too big to fail” de los anglófonos) porque, cuando se les deja caer, tiembla todo el sistema mundial. Es decir, intentan sentar las bases para que, superada la larga crisis actual, el sistema financiero vuelva a funcionar con normalidad sin abandonar el paradigma neoliberal. Pero las discrepancias encubiertas van más allá del tema de las retribuciones variables de los altos directivos de la banca (los bonus), que algunos querrían que jugara como otra cortina de humo, del mismo modo que se utilizó el asunto de los paraísos fiscales con éxito mediático para la pasada cumbre de abril. Para entender las discusiones en la cumbre, hay que recordar que Lehman Brothers se declaraba legalmente en quiebra un lunes 15 de septiembre con un pasivo de 613.000 millones de dólares frente a unos activos teóricamente valorados en 639.000; una quiebra diez veces mayor a la de Enron Corporation en 2001. Sin embargo, para comprender la trascendencia sistémica del caso, hay que tener en cuenta que el terremoto que siguió demostró que ni Bernanke ni nadie en el Gobierno de Bush tenían idea de la compleja dimensión de este banco de negocios, revelada luego por la firma encargada de investigarla por orden del juez neoyorquino competente.
En febrero de 2009, la firma Álvarez & Marsal presentó un informe con el plan de actuaciones (denominado International Protocol Proposal) a partir de la situación en que se encontraba Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, que la define literalmente como “caos”. Entre otros rasgos, destacamos sólo dos: “La pérdida de los sistemas contables” y “la inexistencia de inventarios de activos”; aunque utilizaba más de 2.700 aplicaciones informáticas diferentes. Algo así como si en una gigantesca inmobiliaria en quiebra no se tuvieran a mano las relaciones de pisos vendidos y de los que están sin vender. Y los datos aportados explican qué se nos quiere decir cuando las autoridades estadounidenses reconocen que hubo fallos en la supervisión bancaria. Para escapar a la contabilidad oficial supervisada por la Reserva Federal y las autoridades, como en otros casos de rescates bancarios que hemos analizado, en Lehman Brothers se gestionaba una banca paralela a la oficial, en la sombra, a través de la cual se obtenían fondos y se especulaba con valores innovadores, entre ellos los respaldados por las famosas hipotecas subprime, sin garantías; todo para protegerse frente a los riesgos al mismo tiempo que para dispersar estos de sus transacciones, apoyadas en entidades opacas en centros off-shore conocidos como paraísos fiscales. Lehman Brothers operaba como una firma global en más de 40 países con más de 650 entidades legales fuera de Estados Unidos, incluidas las filiales en lugares como Las Caimán, Bermudas, Suiza, Hong Kong o Singapur, según el citado informe.
De ahí que el G-20 intente que los bancos recauden más capital para lograr mayores niveles de solvencia una vez superada la crisis y además que se obligue a los grandes bancos para que dispongan siempre de un plan propio de decisiones finales (“resolution plan”, dice Geitner, Secretario del Tesoro estadounidense) o “testamento vital”, como lo llaman los británicos. Este plan para el caso de quiebra de un gran banco permitiría su disolución y liquidación ordenadas con el fin de tener un control de los riesgos que pudieran derivarse para el sistema financiero global. Y este nuevo concepto se ha reflejado en las medidas acordadas por los ministros de Finanzas, que tienen que ser ratificadas en la próxima cumbre de Pittsburg. Desde luego, a nuestro juicio, la exigencia de que los bancos globales “hagan testamento” podría tener consecuencias letales para el papel opaco que los llamados paraísos fiscales desempeñan en las finanzas mundiales. Porque conllevaría un permanente inventario de activos y entidades vinculadas para el caso de disolución de una entidad compleja, lo cual podría romper la opacidad con que funcionan los grandes bancos. Sin embargo, hay quien subraya que la cosa habría sido más fácil hace seis meses, cuando la gran banca estaba políticamente en la cuerda floja; pero recuperados ya del shock de Lehman Brothers, parece más difícil que sobreviva esta idea de hacer testamento en vida.
Juan Hdez. Vigueras es Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’
Ilustración de Jordi Duró
Tags: EEUU política internacional
Vicenç Navarro
La inversión en energías renovables ha sido un elemento muy importante en el programa de estímulo económico promovido por la Administración Obama y aprobado por el Congreso de EEUU. Como era de esperar, la industria energética estadounidense, basada en las energías no renovables como el petróleo, el carbón y el gas, se ha movilizado oponiéndose a tal programa. Su rama política es el Partido Republicano, hoy hegemonizado por la ultraderecha de aquel país. Uno de los centros de análisis más conocidos en su órbita es la Heritage Foundation, financiada por grupos empresariales pertenecientes a tal industria. Dicha fundación niega que el cambio climático se deba a la contaminación atmosférica derivada de la utilización de la energía producida por aquel sector.
El pasado 6 de mayo, esta fundación presentó el informe escrito por Gabriel Calzada (y colaboradores), fundador y presidente de la Fundación Juan de Mariana, de Madrid, y miembro del Center for New Europe, en Bruselas, que, según una fuente no sospechosa de izquierdismo, The Wall Street Journal está financiado, en parte, por la compañía petrolera Exxon (The Wall Street Journal 30-03-09). En ese acto, las personas que presentaron tal informe eran Robert Murphy, economista del Institute for Energy Research (también financiado por Exxon); el profesor de Economía en el Josh College en Pensylvania William T. Bogart, cuyo libro Green Jobs Myth fue producido con el apoyo del citado Institute for Energy Research; y Ben Lieberman Host, director de la sección de Energía y Medio Ambiente de la Heritage Foundation, que también recibe fondos de Exxon.
Las tesis de tal informe (“Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources”) son que las inversiones en las energías renovables contribuyen a aumentar el desempleo, y que el apoyo público a tales energías incrementa, en lugar de reducir, el precio de la energía. Estas tesis están escritas con un tono que raya la estridencia. Así, indica que el número de muertos en nuestras poblaciones puede aumentar con la introducción de tales energías renovables, como consecuencia del incremento de los costes de la energía. El informe sostiene que “el aumento de los costes de la energía (causada por las ayudas a las energías renovables) mata”.
La evidencia que el informe utiliza para apoyar sus sorprendentes tesis procede de la experiencia en España, donde el Gobierno socialista ha promocionado las políticas de energías renovables. En realidad, el presidente Obama, en una conferencia de prensa, se refirió a España como un país que se había distinguido por su sensibilidad hacia la necesidad de desarrollar los sectores económicos no contaminantes, tanto el ferrocarril como las energías renovables. Estas declaraciones del presidente Obama, favorables a la experiencia en España, explican también que el Partido Republicano y la ultraderecha estadounidense hayan utilizado el “Informe Calzada” para desacreditar a Obama, promoviendo el punto de vista –suscrito en el informe– de que la experiencia española con las energías renovables ha sido un “desastre”, expresión utilizada por el representante republicano Doc Hastings, del Comité del Congreso de EEUU, encargado de los Recursos Naturales de la Cámara.
Y, como era predecible, la cadena Fox (la cadena de la ultraderecha republicana) hizo una entrevista al señor Calzada en la que este, en términos muy contundentes, afirmó que España no tiene nada que enseñar a EEUU en creación de empleo. Fue entrevistado por Glen Beck, a quien podríamos definir como el Losantos estadounidense (en una revista reciente indicó que detrás de cada musulmán veía a un terrorista). Beck, con su característico tono, concluyó que Obama, con su énfasis en energías verdes, estaba llevando a EEUU a una “catástrofe”.
En España, Público (19-07-09) ha informado sobre tal informe y las conexiones estrechas entre el Instituto Juan de Mariana y la línea más dura del PP (José María Aznar y Esperanza Aguirre) y sus alianzas con la ultraderecha estadounidense. El informe y sus conexiones, sin embargo, han pasado desapercibidas por la mayoría de los medios de información españoles. No así en EEUU, donde tal informe ha sido citado extensamente por los medios, no tanto por sus méritos (que son nulos), sino por haber sido utilizado por la ultraderecha estadounidense para atacar al presidente Obama.
El análisis crítico más devastador del informe ha sido escrito por los profesores Andrew Light y James Heintz, de la Universidad de Massachussets (expertos en el análisis de producción de empleo), que se han referido al informe como “enormemente simplista y carente de rigor” (Tall Tales from Spain 2009). Según tales autores, el informe alcanza niveles exuberantes en su manipulación de los datos mediante: 1) La reducción sistemática del número de puestos de trabajo creados por las energías renovables, crítica que también ha hecho José Roig Aldasoro, Consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, que ha indicado que la creación de empleo a base de inversión en energías renovables ha sido más de trece veces superior al que declara el informe. 2) La no inclusión en el informe de los puestos de trabajo creados indirectamente por tales energías a través de la demanda de productos utilizados en las inversiones en energías renovables.
3) La no consideración de las externalidades, es decir, del efecto contaminante de las energías no renovables versus las renovables, y otras muchas carencias. Estudios más creíbles realizados en EEUU, tales como los de Light y Heinz, señalan que las energías renovables producen muchos más puestos de trabajo que las no renovables. Ello es aplicable también a España. Por cierto, la tasa de creación de empleo de España fue mayor que la de EEUU durante el periodo 2004-2007. España en algunas áreas puede dar lecciones a EEUU, tal como el presidente Obama indicó.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Bianki
Tags: África cultura EEUUANTUMI TOASIJE
El fallecimiento del inigualable cantante, compositor y bailarín africano-norteamericano, conocido como el rey del pop, en su domicilio de Holmby Hills (Los Ángeles) debido a un ataque cardíaco ha producido reacciones encontradas, una inevitable sorpresa por lo repentino de su desaparición y, en no pocas personas, una honda tristeza contenida. Contenida porque Jack-
son parecía tener dos caras y, a medida que había ido dejando atrás su fisonomía negra, se acrecentaban públicamente sus excentricidades, en ocasiones temerarias. Michael Jackson ha sido un genio indiscutible de la música pop, soul y en cierto modo también del rock, poseedor de cualidades musicales extraordinarias, entre ellas el denominado oído absoluto y una visión escenográfica que ha supuesto una revolución en la cultura popular universal que incluye el vídeo universalmente más visionado Triller. El artista que más discos ha vendido en toda la historia de la música ostenta decenas de récords, entre los que destaca el ser el músico que ha donado más dinero a causas benéficas con más de 300 millones de dólares.
No todos recuerdan que para que Jackson entrase en la MTV fue necesaria la presión de los grupos de defensa de los derechos civiles, porque se debe señalar que el artista ha vivido todas las etapas recientes del proceso histórico africano-norteamericano, desde los asesinatos de Martin Luther King y Malcolm X hasta la victoria de Obama. He aquí el gran misterio de Michael Jackson, y es que, paradójicamente, a la par que su rostro cambiaba desde los rasgos africanos hasta un malogrado intento de ser algo parecido a una persona blanca extremadamente parecida a su amiga Liz Taylor, su discurso musical y la parafernalia de sus videoclips se volvían cada vez más afrocéntricos y mostraban con orgullo una proximidad hacia lo más africano en él, sobre todo a partir de We are the world (1985). Ya en el vídeo del tema Remember the time (1991), ambientado en el antiguo Egipto, Jackson caracteriza a los egipcios clásicos como lo que realmente fueron, personas negras y altivas, lo que suponía un desafío a la imagen de la historia de África, imagen que procuró dignificar en cada ocasión que se le presentó. Todos los fans recuerdan sus bailes sensuales junto a Naomi Campbell en In The Closet en el álbum Dangerous (1995); allí mismo, el vídeo Black or white maravilló por el uso del morphing digital, mientras que, en una joya ofrecida al final de dicho vídeo, el cantante se explaya en una agresiva coreografía en la que se convierte en humano desde una pantera negra, en evidente alusión al grupo político africano-norteamericano y revienta símbolos nazis y del Ku Klux Klan.
Entonces, ¿cuál es la razón de su transformación física de negro a blanco? Confieso que siempre fui uno de los que creyeron que Jackson, aparte de su evidente complejo de Peter Pan, tenía complejos raciales producto tal vez de la terrible infancia vivida bajo la severa fusta de su padre Joseph Jackson. No tendría nada de especial que, lamentablemente, un artista decidiera cambiar por completo y tan desafortunadamente su imagen si no hubiera existido una historia tan desoladora de opresión y exclusión sobre las personas negras en Estados Unidos en particular y en el mundo en general. Esto es lo que ha hecho que las dos caras de Jackson se convirtieran en un testimonio muy polémico de la deserción del artista negro más famoso de todos los tiempos. Esta aparente traición a la justa causa de los africanos de las diásporas han hecho de Jackson un ejemplo de la devastación que el racismo puede causar sobre una persona. En apoyo a esta idea están, además del blanqueamiento de su piel, las diversas operaciones de nariz y aparentemente de otras partes de su rostro, así como el alisamiento del pelo y finalmente la similar transformación de su hermana Latoya. Por desgracia, en la actualidad, en África y en India fundamentalmente, el blanqueamiento masivo de la piel por parte sobre todo de mujeres que se aplican productos químicos abrasivos y extremadamente tóxicos es un serio problema médico fomentado por la falta de conciencia estética. Es una plaga que algunos comparan, a mi entender equivocadamente, con el cáncer de piel entre los millones de personas blancas que se exceden en su exposición al sol en las playas de todo el mundo, buscando un tono de piel más oscuro.
Si Jackson tuvo algo de responsabilidad indirecta en multiplicar complejos por el mundo, esto es algo muy difícil de delimitar y tal vez injusto, por ello, tras su muerte, indago sobre la realidad de esta transformación y me encuentro en Internet con decenas de vídeos que parecen demostrar de un modo muy directo que, en efecto, el artista sufría la terrible enfermedad despigmentante del vitíligo. Independientemente de la veracidad o falsedad de todos estos tristes escándalos, el hecho es que figuras geniales y planetarias como Jackson tienen una enorme influencia sobre la visión que se tiene de las personas africano-descendientes en el mundo. No se debe despreciar el potencial transformador de una figura pública de semejante calibre. Ser negro no es una cualidad sólo externa y, si hipotéticos arqueólogos del futuro hallaren el cadáver de Jackson, no dudarían en afirmar que era un varón negro. En cualquier caso es cierto que todos los africanos y africano-descendientes hubiéramos deseado un Jackson negro por fuera y por dentro, con un solo rostro, pero él es lo que fue y no lo que nos hubiera gustado. El tiempo probablemente ponga en su lugar las diversas acusaciones, entre ellas las más increíbles, las de pederastia, pero es indiscutible que este niño eterno nacido en Gary (Indiana), el 29 de agosto de 1958, en el seno de un humilde familia africano-norteamericana, séptimo de una familia de nueve hermanos, marca el principio y el fin de una época turbulenta y muy creativa que no volverá jamás.
Antumi Toasije es historiador. Director del Centro de Estudios Panafricanos
Ilustración de Mandrake
