RICHARD GOWAN
El fin de las operaciones de combate estadounidenses de este mes en Irak ha sido un anti-clímax. No nos ha dejado ninguna imagen significativa para el recuerdo –nada como el último helicóptero en salir de Saigón o el último tanque ruso en abandonar Afganistán–. 50.000 instructores militares estadounidenses continúan en Irak.
Incluso aunque no haya habido mucho drama, los historiadores pueden concluir que ha sido un momento muy importante. Mientras EEUU se retira de Irak, los estrategas políticos se empiezan a cuestionar si la atormentada superpotencia seguirá destinando con devoción vastas cantidades de dinero a los gastos de Defensa.
Un escéptico es Robert Gates, secretario de Defensa, que ha anunciado recortes iniciales al presupuesto de su departamento y sugiere que se necesitará mucho más.
Un crítico mucho más franco es Michael Mandelbaum, veterano intelectual en política internacional del Partido Demócrata. En un libro publicado en EEUU a principios de agosto, argumenta que Washington necesitará dedicar crecientes cantidades de dinero a mantener a la cada vez más envejecida población americana. Uno de los resultados, dice Mandelbaum, es que no habrá más iraks: “Evitar intervenciones militares y construcción de estados es una manera de reducir el coste de la política exterior de EEUU”.
Esto puede sonar familiar a los europeos. Los pocos jugadores militares significativos de la UE quieren reducir los presupuestos de Defensa. La campaña afgana ha acabado con el apoyo popular a las aventuras en el extranjero. Y, para mayor sorpresa, el Gobierno conservador de Londres se está planteando recortes que podrían terminar con la larga tradición del Reino Unido como potencia militar global.
Occidente no está de precipitada retirada. Las fuerzas especiales de EEUU matan terroristas en estados débiles como Yemen. Las tropas francesas recientemente atacaron una base de Al-Qaeda en Mauritania. Pero es difícil imaginar a la OTAN embarcándose en nuevas operaciones de gran envergadura como las de Kosovo o Afganistán. Si la campaña afgana termina en fracaso, las cosas serán incluso más difíciles.
Algunos expertos militares estadounidenses no se preocupan por esto. El poder de EEUU se repuso después de Vietnam. A Wa-
shington no le gusta perder las guerras, pero puede permitirse derrotas ambiguas. Esto no es así para los europeos. A lo largo de la última década, la OTAN y la UE han arriesgado su credibilidad por estabilizar los Balcanes y Afganistán. Las guerras de los Balcanes han tardado en resolverse más de lo esperado, pero Afganistán ha hecho parecer que lo de los Balcanes se vea sencillo. Incluso si EEUU recobrara su espíritu intervencionista, la mayoría de los miembros de la UE no le seguiría.
Pero es demasiado pronto para sostener que la era del intervencionismo y de la “construcción de estados” ha llegado a su fin. Potencias emergentes como Brasil, China o India pueden reemplazar a los europeos en la tarea. A EEUU le puede resultar más fácil trabajar con estas potencias que con la OTAN.
Observe la respuesta internacional al terremoto de Haití en enero. Tropas latinoamericanas a las órdenes de la ONU –ayudados por un contingente de policías chinos– ya eran responsables de la seguridad en Puerto Príncipe. El terremoto sacudió la misión, pero esta consiguió mantener el orden. Los marines de EEUU desplegados en Haití estaban impresionados por la profesionalidad de las tropas de la ONU.
Esto dejaría pasmados a los oficiales europeos que sirvieron al mando de Naciones Unidas en Bosnia en los noventa y vieron a la organización como ineficaz y cobarde. Podría sorprender un poco menos a los europeos que han llevado cascos azules en el sur del Líbano desde la guerra de 2006, porque las Naciones Unidas han realizado enormes esfuerzos para mejorar su gestión. La fuerza del Líbano, ahora liderada por un general español, es una amalgama de tropas de la UE y soldados de lugares tan lejanos como China, Ghana, India e Indonesia. Más o menos funciona. Naciones Unidas no es capaz de impedir que Hizbulá acopie misiles para preparar otra guerra con Israel, pero ha taponado la olla a presión de la frontera.
Nadie va a fingir que las fuerzas de la ONU en Haití y Líbano son perfectas. La trágica fuerza de la ONU en Darfur se tambalea de una crisis a otra. Pero la realidad es que, mientras los miembros de la OTAN buscan recortar sus gastos militares, partidarios de Naciones Unidas como Brasil e India están aumentando su envergadura militar. El presupuesto de Defensa brasileño creció casi un 25% el año pasado. Estos son los guerreros del mañana.
Afrontando estas dinámicas, EEUU y Europa deben hacer una elección estratégica. ¿Van a esconderse tras las altas murallas de la alianza de la OTAN (y en el caso norteamericano, seguir proyectando poder en el Pacífico) o van a colaborar con las potencias emergentes?
La cooperación puede ser confusa. Puede significar trabajar menos a través de las largamente asentadas estructuras de la OTAN o más a través de los imprecisos mecanismos de la ONU con los que no están familiarizados.
También significará respetar lo que las potencias no occidentales piensen. Se dice que algunos oficiales europeos en el Líbano ven a sus homólogos asiáticos y africanos como “exóticos”. Esto hace que suenen como animales poco comunes en un zoo. Pero debemos aceptar que, una vez que hayamos reducido drásticamente los presupuestos de Defensa al mínimo, puede que los soldados europeos estén entre los animales más raros de todos.
Richard Gowan es Investigador principal del European Council on Foreign Relations
Traducción de Borja Novoa
Ilustración de Federico Yankelevich
VICENÇ FISAS
La divulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional es siempre un momento relevante de la política estadounidense, puesto que pone de relieve las verdaderas intenciones del nuevo presidente en el conjunto de su política interna y externa. Y la estrategia de la Administración Obama está llena de novedades. Y es que el símbolo del “Yes, we can” preside el contenido de dicho documento, que echa por la borda cualquier atisbo de la política imperial del pasado, en particular la exterior, y sienta las bases de una nueva manera de entender el mundo y de relacionarse con él.
El documento incluso finaliza con una apelación a la imaginación moral, un concepto divulgado por el investigador para la paz John Paul Lederach, y que se refiere a la capacidad de innovar para la paz a partir de la constancia y la mentalidad abierta. Es una pequeña observación de un documento que le apuesta a los desafíos del futuro con bastante valentía y franqueza, con profundo realismo y con la dosis necesaria de espíritu multilateral, que ha de compatibilizar, eso sí, con la constante apelación al liderazgo estadounidense en todos los órdenes.
Pero, al margen de ese orgullo, la nueva estrategia nacional estadounidense tiene más parecido a un documento del sistema de Naciones Unidas que a los antiguos documentos elaborados por el Pentágono o la CIA. La apuesta por la acción colectiva, el consenso, la prevención de conflictos, la promoción de África, hacer frente al cambio climático, aceptar a los países emergentes, promover los derechos humanos y las normas internacionales, invertir en diplomacia y en desarrollo, etc., son aspectos que en teoría han de hacerse compatibles con los intereses nacionales estadounidenses y con los tres valores que el documento en cuestión defiende: dignidad, tolerancia e igualdad entre todos.
El documento dedica especial atención a las amenazas más inmediatas producidas por Al-Qaeda y a los contextos conflictivos de Irak y Afganistán. En estos dos últimos países, se apuesta por la democratización como base para la pacificación sin descartar el diálogo interno con los talibanes para el caso afgano, siguiendo los esfuerzos del presidente Karzai en la recientemente celebrada “loya jirga” para la reconciliación. Hay un capítulo especial dedicado al conflicto entre Israel y Palestina, con una mención expresa a la urgencia de crear dos estados que se respeten y puedan convivir con seguridad y prosperidad.
Se menciona igualmente a Sudán, tanto para que no se malogre el Acuerdo de Paz de 2005 como para conseguir la paz en la región de Darfur.
Pero Estados Unidos podría liderar más procesos de paz, usando su influencia diplomática de forma directa o participando de forma conjunta en organismos multilaterales. Un caso urgente es el del Kurdistán, completamente estancado o en fase de retroceso, que podría coger nuevos impulsos si Estados Unidos ofreciera sus buenos oficios para abrir un diálogo sincero entre los kurdos y el Gobierno de Ankara, fortaleciendo las primeras medidas democratizadoras impulsadas por el primer ministro Erdogan y ampliándolas a otras que satisfagan las demandas de reconocimiento del pueblo kurdo. Turquía es un fiel aliado de Estados Unidos, y esto debería ser aliciente para implicarse más en el conflicto de Chipre, para que quede definitivamente resuelto por la vía del diálogo en el transcurso de este año.
No muy lejos de este escenario, Estados Unidos es miembro del Grupo de Minsk de la OSCE que actúa de facilitadora en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Allí hay un documento sobre la mesa, el llamado “documento de Madrid”, prometedor y lleno de realismo, que permitiría encontrar una salida a este viejo contencioso. Un empujón de Estados Unidos sería decisivo para resolver este conflicto.
En el continente asiático, Estados Unidos podría jugar un papel importante en la promoción de las medidas de confianza que se intercambian India y Pakistán para resolver el conflicto de Cachemira, en una estrategia que persigue diluir la frontera y fortalecer la cooperación económica para la región. También podría usar su ascendencia sobre Filipinas para fortalecer los actuales diálogos del gobierno filipino con el Frente Moro de Liberación Islámica y los que puedan consolidarse con el Nuevo Ejército del Pueblo, la guerrilla comunista que ha manifestado su disposición a negociar.
Finalmente, Estados Unidos puede jugar un papel decisivo en el desbloqueo de la situación del Sáhara Occidental, en la medida en que tiene ascendencia sobre Marruecos y el Frente Polisario ve con buenos ojos que el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sea precisamente estadounidense.
Son sólo algunos ejemplos de actuaciones que el Departamento de Estado podría fortalecer en los próximos tiempos, en consonancia con el nuevo estilo que propugna la nueva estrategia de seguridad y los valores que incorpora para su actuación en el exterior, y que podrían convertir a Estados Unidos en un país con un mayor liderazgo en la promoción de la paz internacional, alejándose de una tradicional posición en la que sus intereses imperiales le hicieron desatender numerosos escenarios conflictivos que requerían de diplomacias de paz.
Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB
Ilustración de Javier Olivares
VICENÇ NAVARRO
El lenguaje que se utiliza para explicar la crisis es un lenguaje que aparenta ser neutro, meramente técnico, cuando, en realidad, es profundamente político. Así, se nos dice que los “mercados financieros” están forzando a los países de la Unión Europea y, muy en especial, a los países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda, a seguir políticas de gran austeridad, reduciendo sus déficits y deudas públicas, con el fin de recuperar la confianza de los mercados, condición necesaria para alcanzar la recuperación económica. Como dijo hace unos días Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE): “La condición para la recuperación económica es la disciplina fiscal, sin la cual los mercados financieros no certifican la credibilidad de los estados” (Financial Times, 15-05-10).
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica. Así ha ocurrido en Lituania, donde su PIB ha disminuido un 17% y su
desempleo ha alcanzado el 22% de la población activa (véase mi artículo ¿Quién paga los costes del euro? en www.vnavarro.org). Una situación semejante ocurrirá en los países citados anteriormente.
Parecería, pues, que son los mercados financieros los que están imponiendo estas políticas a los gobiernos. Ahora bien, ¿qué quiere decir “los mercados financieros”? En teoría, en la dogmática liberal que domina los establishments europeos (el Consejo Europeo, el BCE y la Comisión Europea, así como en los gobiernos de la mayoría de los países de la UE), los mercados son procesos de libre comercio entre agentes financieros –los bancos– que obtienen beneficios para compensar sus riesgos, pues se asume que existen riesgos en tales mercados. Pero tal retórica no define la realidad, pues tales entidades –los bancos– operan dentro de ámbitos e instituciones enormemente proteccionistas de sus intereses, en los que el riesgo, en general, brilla por su ausencia. En realidad, los mal llamados mercados tienen muy poco de mercado. Son bancos con mucho beneficio y poco riesgo. Y lo que está ocurriendo muestra la certeza de este diagnóstico.
En EEUU, donde existe amplio consenso sobre el hecho de que la crisis financiera fue iniciada por los comportamientos de Wall Street, la crisis bancaria fue resuelta con la aportación a los bancos de casi un billón de dólares pagados por el Estado, que benefició enormemente a los banqueros y a sus accionistas, consiguiendo incluso más beneficios de los que tenían antes de la crisis. La obscenidad de tales beneficios y las prácticas
deshonestas y criminales de los banqueros (causantes de la crisis) explica su enorme impopularidad y la de tales medidas, que no repercutieron favorablemente sobre la población que vio cómo sus estándares de vida disminuyeron debido a la crisis provocada por los bancos. No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (con nombres y apellidos conocidos) y en las administraciones Clinton, Bush y Obama (también con nombres y apellidos conocidos), los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad.
Una situación casi idéntica está ocurriendo en la UE. Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que
desregularon la banca, decisiones que se tomaron especialmente, no sólo en Wall Street, sino también en los centros financieros, principalmente la City de Londres y en Fráncfort, consecuencia de la enorme influencia de la banca sobre los gobiernos británico y alemán. La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido. En realidad, si los mercados financieros fueran mercados de verdad (y, por lo tanto, hubiera competitividad y riesgo en su comportamiento), los bancos tendrían que absorber sus pérdidas en inversiones financieras fallidas. Si el Gobierno de Grecia, por ejemplo, fuera a la bancarrota, la banca alemana tendría que absorber las pérdidas de haber tomado la decisión de comprar bonos del Estado griego.
Ahora bien, esto no ocurre en los mal llamados mercados financieros debido a que hay toda una serie de instituciones que protegen a los bancos. Y la más importante es el FMI, que presta dinero a los estados para que los pague a los bancos. De ahí que, como en EEUU, los bancos nunca pierden. Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares. Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos. Esto es lo que se llama “conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.
Estas transferencias, sin embargo, además de ser profundamente injustas, son enormemente ineficientes. El fracaso de las políticas de austeridad propuestas por el FMI en los países en crisis es bien conocido, lo que explica el descrédito de tal institución. El FMI, desde la época Reagan, es la organización financiera que ha impuesto más sacrificios a las clases populares de los países que han recibido “su ayuda”, con resultados económicos altamente negativos, tal como ha denunciado correctamente Joseph Stiglitz. No son los mercados, sino los intereses bancarios y sus aliados –entre los que destacan el FMI y el BCE– los que están imponiendo estos sacrificios. Al menos, llamemos a los culpables por su nombre.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
PAUL LAVERTY
Todos estamos familiarizados con el ritual del retorno a casa, desde tierras extranjeras, del cuerpo de un soldado muerto: música solemne, bandera nacional, escoltas y saludos recogidos en detalle por la prensa mientras políticos y generales dedican palabras de ánimo a los desconsolados familiares. No fue exactamente así para Deely, la hermana de Robert, un ex paracaidista que sufrió una emboscada en Irak y llegó a Glasgow en avión desde Kuwait. El empleado de la funeraria le dijo a Deely que ese día iban diez cuerpos en el avión. El ataúd de Robert parecía un “gran cajón naranja”. No hubo ni bombo ni platillo, ni bandera nacional ni periodistas, ni una pregunta. Su muerte, que sepamos, no se añadió a ninguna lista. La razón es sencilla. Robert ya no era un paracaidista, sino un contratista privado. Hay quien los llama soldados privados, guerreros corporativos o asesores de seguridad. Los iraquíes los llaman mercenarios.
El negocio de la guerra se ha ido privatizando lenta e intencionadamente. El cajón naranja que sirvió de ataúd a Robert nos lo recuerda, al igual que las estadísticas. Patrick Cockburn, un respetado comentarista, calculó que durante el punto álgido de la ocupación hubo unos 160.000 contratistas extranjeros en Irak y que muchos de ellos, quizá hasta 50.000, fueron personal de seguridad dotado con todo tipo de armas. La guerra, y más tarde la ocupación, no habría sido posible sin este apoyo. Gracias a Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición asignado por EEUU, todos los contratistas gozaron de inmunidad ante las leyes iraquíes mediante la Orden 17, impuesta al nuevo Parlamento de ese país. Dicha orden duró desde 2003 hasta comienzos de 2009.
A nadie le interesa contar cuántos civiles iraquíes han muerto o resultado heridos a manos de contratistas privados, aunque la evidencia sugiere que el abuso ha sido generalizado. La masacre de Blackwater (17 civiles muertos en Bagdad) fue el incidente más aireado, pero hubo muchos de los que no se informó. Un contratista veterano me contó que un sudafricano le había dicho que matar a un iraquí era lo mismo que “disparar a un infiel”. Otros contratistas más serios, orgullos de su profesionalidad, me dijeron que les asqueaba la violencia de los “chapuceros”. Si un contratista se veía envuelto en un incidente que provocase escándalo, su empresa lo sacaba rápidamente del país. Impunidad por decreto.
Mientras los contratistas más modestos se jugaban la vida en Route Irish, los directores generales de esas mismas empresas amasaban fortunas. David Lesar, director general de Halliburton (donde Dick Cheney fue consejero delegado), ganó casi 43 millones de dólares en 2004. Gene Ray, de Titan, obtuvo más de 47 millones entre 2004 y 2005. J. P. London, de CACI, ganó 22 millones. El diablo no se pierde puntada. Los contratistas privados llegaron a cobrar al Ejército estadounidense cien dólares por la colada individual de un soldado. En un informe oficial de enero de 2005, el investigador general especial para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, reveló que más de 9.000 millones de dólares habían desaparecido debido al fraude y la corrupción, y eso fue sólo durante un periodo muy limitado de la Autoridad Provisional. Impunidad financiera también. Como me dijo un contratista, el “lugar apestaba a dinero”. No sorprende que tantísimos soldados mal pagados, así como la élite de las Fuerzas Especiales, se uniesen a estas corporaciones militares privadas, ya que se les presentaba una ocasión única de “llenarse los bolsillos”.
A estas alturas, ya estamos acostumbrados a las imágenes de matanza “allí”, a las historias de miles de desaparecidos, de avaricia corporativa, de abuso, tortura y cárceles secretas. La estimación de Lancet, de 654.965 muertos hasta junio de 2006, supera la capacidad de la mente de entender. Ahora nos parece que ocurrió a una distancia segura en el tiempo y el espacio. La “fatiga iraquí”, nos dicen, nos está afectando. Pero “allí” vuelve de regreso a casa. Irak está dentro de las mentes de “nuestros chicos”. Me quedé de piedra al enterarme, a través de la ONG Combat Street, que trabaja con ex soldados con trastorno de estrés postraumático (TEPT), de que esta enfermedad tarda un promedio de 17 años en manifestarse. Se están preparando (también dentro del Ejército de EEUU) para un aumento considerable en los próximos años. Norma, una enfermera a punto de jubilarse que ha pasado años entre ex soldados, me llevó a escribir este artículo al decirme que “muchos de estos hombres están de luto por quienes solían ser”.
Puede que la Orden 17 se haya revocado en Irak, pero su espíritu sigue imperando: la peste a impunidad, las mentiras, el desprecio por las leyes internacionales, la desautorización de los Convenios de Ginebra, las cárceles secretas, la tortura, el asesinato… los cientos de miles de muertos. Mientras me imagino a los autores intelectuales de todo esto (Bush, Blair, Rumsfeld y compañía), recogiendo sus millones en discursos de sobremesa y creando sus fundaciones ecuménicas, no puedo evitar pensar en las enfermeras de Faluya asistiendo en los nacimientos de bebés con dos cabezas y caras deformadas, una cortesía de las bombas químicas que cayeron sobre esa ciudad. Nuestro regalo para el futuro.
Nos preguntamos que pasará cuando la Orden 17 vuelva a casa.
Paul Laverty es escritor. Guionista de la película ‘Route Irish’, de Ken Loach
Ilustración de Jordi Duró
VICENÇ NAVARRO
A raíz del terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de enero de 2010, escribí el artículo en Público “Haití no es un desastre natural” (28-01-10), en el que denunciaba la cobertura por parte de los medios de información españoles de la situación desastrosa que aquel país estaba sufriendo. Tales medios presentaron aquella tragedia como un fenómeno natural e imprevisible, el terremoto, ignorando las causas políticas del enorme subdesarrollo del país que le había hecho tan vulnerable frente a aquel fenómeno natural. La información proveída por los medios estaba encaminada a estimular una enorme movilización internacional de ayuda “humanitaria”, liderada por el Gobierno federal de EEUU, presentado por muchos articulistas, como la predecible Pilar Rahola de La Vanguardia, como “el bueno de la película” (21-01-10).
Escribí un artículo muy crítico de tal cobertura mediática subrayando que el desastre de Haití no era exclusivamente (ni siquiera primordialmente) un desastre natural, sino un desastre previsible, consecuencia de la enorme pobreza de la mayoría de la población, resultado de unas estructuras político-económicas dominadas por unas élites corruptas, sostenidas por los gobiernos estadounidenses y franceses. Añadía que el Gobierno federal de EEUU, lejos de ser “el bueno de la película”, era “el malo”, no sólo por haber ayudado al mantenimiento de las élites dominantes de aquel país, sino también por haber promovido políticas que dañaron enormemente su capacidad productiva agrícola. Mostraba, como ejemplo, que Haití, que había sido un país exportador de arroz, pasó a ser más tarde importador de arroz como consecuencia de la imposición al Gobierno haitiano de medidas antiproteccionistas (eliminando los aranceles, entre otras medidas) por parte de los gobiernos Clinton y Bush. Estos gobiernos forzaron al Gobierno de Haití a aceptar el arroz importado de los productores arroceros estadounidenses (la mayoría de Arkansas, el Estado del que el presidente Clinton había sido gobernador), altamente subvencionados por el Gobierno federal de EEUU. Ello explica que el arroz importado fuera más barato en Haití que el producido en aquel país, con lo cual se destruyó la capacidad de producir arroz, empobreciendo a miles de familias productoras de arroz. El supuesto benefactor (el bueno de la película) estaba creando las condiciones para que un desastre natural pusiera al descubierto la enorme tragedia e injusticia que se había impuesto a aquel país.
Como era predecible, el artículo causó gran revuelo, con la consiguiente sistemática retahíla de insultos hacia las voces que cuestionamos el dogma liberal dominante en el país, en los medios que reproducen la sabiduría convencional. Algunas respuestas no fueron insultos, sino expresiones de de-
sacuerdo, sin que estuvieran avalados, sin embargo, por una evidencia que cuestionara mi diagnóstico.
La mayoría de voces, sin embargo, coincidió con la postura reflejada en el artículo del embajador del Gobierno de EEUU en Madrid, Adam D. Solomont, en el que defendió la bondad de las intervenciones del Gobierno de EEUU en Haití (Público, “Una mano que ayuda”, 31-01-10). Con todo ello, mi artículo pasó al olvido.
Hasta ahora. Hace unas semanas (10-03-10), nada menos que el propio ex presidente Clinton, en un testimonio ante el Senado de EEUU, reconoció que en 1995 presionó al Gobierno haitiano para que disminuyera los aranceles (en respuesta a las presiones de los agricultores de arroz de su Estado natal) bajando las tasas aduaneras del arroz del 50% al 3%, destruyendo con ello el sector arrocero de Haití. Añadió Clinton que, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, también habían favorecido tal liberalización que, retrospectivamente
–admitía–, había tenido un impacto muy negativo en la economía de aquel país. El arroz estadounidense, altamente subvencionado por el Estado federal, se vendió a 3,8 dólares por libra, frente al precio local, 5,12 dólares. Miles y miles de agricultores tuvieron que dejar el campo y pasaron a engrosar las masas que vivían en condiciones miserables en las ciudades. Haití se convirtió, así, de mayor exportador de arroz a un importador. De hecho, hoy el 80% del arroz es importado. “Haití –concluyó Clinton en su testimonio ante el Senado– es un caso que muestra que, en lugar de ayudar, perjudicamos a aquel país”. Hay que agradecer la sinceridad y el arrepentimiento mostrados por el presidente Clinton. Pero el hecho es que era fácil de ver que todas estas políticas ahora denunciadas causarían el daño que hicieron, como algunas voces solitarias predijimos. No era culpable, pues, sólo él, sino toda la sabiduría convencional liberal dominante en aquel y otros países (incluído España), así como el FMI y el Banco Mundial, y que los medios –también los españoles– reprodujeron. ¿Cuándo pedirán perdón los medios españoles, la mayoría de persuasión liberal, fundamentalistas del libre comercio?
En realidad, la evidencia de que el fundamentalismo liberal de libre comercio está dañando, no sólo a Haití, sino a toda América Latina, es abrumadora, tal como documenta el libro Las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina: sus impactos en los mercados laborales (1990-2007). Sus autores, dos académicos chilenos, Claudio Lara y Consuelo Silva, ofrecen evidencia empírica que muestra que, con contadas excepciones, tales inversiones extranjeras, en ausencia de medidas proteccionistas, están perjudicando más que favoreciendo la calidad de vida de las clases trabajadoras de aquellos países. El libro, escrito a petición de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-TUCA), ha documentado un aumento de la destrucción de empleo, de la temporalidad, precariedad y deterioro de las condiciones de trabajo, junto con un descenso salarial en muchos países de América Latina. Esta es la situación ignorada en la promoción del mal llamado “libre” comercio. En realidad, de libre, tiene muy poco.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en
The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
JOSEP FONTANA
El jurado del Premio Internacional Catalunya, concedido por la Generalitat, ha decidido otorgar el de este año a Jimmy Carter. Era difícil elegir peor. Carter fue un presidente incompetente –los miembros de su Gobierno hacían chistes a costa de su ineptitud, como “el presidente hace el trabajo de dos hombres: Laurel y Hardy”– y fue rechazado al presentarse a la reelección (algo que sólo les ha sucedido a otros dos candidatos en los últimos 65 años) porque había dejado el país en una desastrosa situación económica.
Es cierto que recibió el Premio Nobel de la Paz –como Henry Kissinger, Anwar al-Sadat, el terrorista Menajem Begin y algunos otros malhechores internacionales– y que ha dedicado sus últimos años a la causa de la paz, pero no fue esto lo que caracterizó su política exterior mientras estuvo en el poder, cuando seguía ciegamente los consejos de su asesor, Zbigniew Brzezinski, con quien el presidente se veía cuatro o cinco veces al día y que le acompañaba en sus viajes al extranjero.
Sadat y Begin fueron precisamente los protagonistas de una de sus supuestas hazañas pacifistas, los acuerdos de Camp David de septiembre de 1978, que llevaron a la firma de un tratado por el que Egipto reconocía al Estado de Israel y este le devolvía la península del Sinaí, a cambio de recibir 3.000 millones de dólares en préstamos para construir nuevas bases en el desierto de Negev. El tratado no significó avance alguno por el camino de la paz: era un acuerdo bilateral, que no contenía ninguna garantía real para los palestinos (Begin se negó a suspender la construcción de asentamientos judíos en la orilla occidental). Servía únicamente para acabar con los enfrentamientos entre ambos países y para poner a Egipto firme e inalterablemente en la órbita norteamericana.
Carter respaldó a dictadores como Zia-ul-Haq de Pakistán o a Pol Pot: Estados Unidos votó en la ONU el 21 de septiembre de 1979 a favor de que su Gobierno, desalojado ya del poder por los vietnamitas, siguiese siendo considerado como legítimo representante de Camboya, lo cual le permitió proseguir su labor de genocidio en las zonas que seguía controlando, ante la indiferencia general.
Como admirador que era del Sha de Irán, a quien se proponía vender reactores nucleares, Carter pronunció en Teherán un discurso en que dijo: “Irán, a causa del liderazgo del Shah, es una isla de estabilidad en una de las regiones más turbulentas del mundo. Esto es un gran tributo para vos, majestad, para vuestra política y para el respeto, admiración y amor que os tiene vuestro pueblo”. Al cabo de un mes comenzaron los disturbios que acabaron con la expulsión del soberano.
Sus errores se completaron en este caso con el fracaso de la operación de rescate de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán: un complicado plan al estilo cinematográfico, que acabó en un espantoso ridículo, con siete aeronaves destruidas y ocho soldados muertos, cuyos cadáveres quedaron abandonados sobre el terreno. Su secretario de Estado, Cyrus Vance, dimitió indignado por esta disparatada operación, que el presidente y su consejero habían fraguado a sus espaldas.
Pero el mayor de sus errores fue el de Afganistán. Sabiendo que los soviéticos estaban preocupados por lo que allí ocurría, Brzezinski le propuso intervenir con el fin de provocar una respuesta de los rusos y “dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam”. El 3 de julio de 1979, seis meses antes de la invasión soviética, Carter firmó la autorización para dar ayuda a los grupos islamistas afganos.
Poco después Brzezinski viajó a Pakistán, donde estableció acuerdos con Zia-ul-Haq para que diese pleno apoyo a los islamistas, y pasó en su regreso por Arabia Saudí, donde llegó a un pacto para que los saudíes colaborasen en la ayuda a los mujahidin, lo que vino a significar que cada uno de los dos “socios” gastase a la larga más de 3.000 millones de dólares en la financiación de la guerrilla. “Durante los años ochenta –explica Milton Bearden, que fue responsable de la oficina de la CIA en Pakistán– la compañía proporcionó cientos de miles de toneladas de armas y de material militar a Pakistán para que se distribuyesen entre los rebeldes afganos”.
Años más tarde el propio Brzezinski, que mentía al sostener que la aventura afgana se había iniciado en respuesta a la invasión rusa, puesto que su gestación era anterior, resumía así su estrategia global: “La administración Carter no sólo decidió de inmediato apoyar a los mujahidin, sino que organizó una coalición que abarcaba Pakistán, China, Arabia Saudí, Egipto y Reino Unido en favor de la resistencia afgana. De igual importancia fue la garantía pública norteamericana de la seguridad de Pakistán contra cualquier ataque militar soviético, con lo que se creó un santuario para las guerrillas”. Y así seguimos hoy, tras 30 años de un conflicto que ha desbordado sus fronteras iniciales para convertirse en una amenaza mundial.
El motivo principal por el que Carter pasará a la historia contemporánea será probablemente el de haber sido el principal artífice de la creación de la alianza islamista internacional que es hoy el principal objetivo de la llamada “guerra contra el terror”.
Los miembros de los jurados que atribuyen premios internacionales deberían tener unos mínimos conocimientos de la historia de su propio tiempo.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Javier Olivares
ELENA VALENCIANO
Como en la vida misma, en las relaciones internacionales tiene mucho que ver el lugar que creemos ocupar en el mundo. Esto explica la diferente visión que el PSOE y el PP tenemos sobre la política exterior española. Antes de que Zapatero llegara al Gobierno, las relaciones con gran parte de nuestros vecinos se habían visto enturbiadas por la concepción autoritaria y muy “alineada” de la política internacional de la última legislatura de Aznar. Las cosas no habían ido nada bien con Marruecos, ni con gran parte de Latinoamérica. La actitud de Aznar con respecto a Irak no fue comprendida en el seno de la UE, particularmente por nuestros amigos tradicionales, Francia y Alemania, ni tampoco por el mundo árabe-musulmán, que siempre tuvo en España un referente querido. La estrategia de búsqueda de una relación privilegiada y exclusiva con los EEUU de Bush convirtió al Gobierno de Aznar en antipático a los ojos de gran parte de nuestros socios, amigos y aliados. Aznar quiso ser “uno de los [más] grandes”, pasando por encima de la tradicional política exterior de España que había formado parte de un consenso mayoritario desde la Transición.
Seis años después, el PP continúa anclado en ese lugar anhelado e imposible. Ante cualquier problema político o conflicto diplomático, su impulso inmediato es dar un golpe sobre la mesa, exigir la llamada a consultas de los embajadores y apuntarse a una escalada de declaraciones altisonantes, perfectamente inútil, contra todos los que no responden con obediencia a nuestras demandas. Los dirigentes del PP parecen ignorar que los cambios políticos ya no se dictan desde los despachos de Washington, Bruselas o Moscú. El mundo ha cambiado mucho, afortunadamente, y las relaciones internacionales y los equilibrios de poder son mucho más complejos, existen múltiples polos de influencia y España –incluso Europa– sólo es un actor más.
Es bastante sencillo distinguir los tres elementos fundamentales –y en absoluto contradictorios– en los que basamos nuestra acción exterior. El primero –y, por cierto, obligado– es la defensa de los intereses de España, de su ciudadanía y de sus empresas, de su imagen y de su futuro; el segundo es el mantenimiento del valor de la democracia, de la justicia, de la paz, de la solidaridad y de los derechos humanos; y, por último, la apuesta por una política exterior útil que produzca avances tangibles.
Cuba y Venezuela, muy presentes en los medios de comunicación durante las últimas semanas, son ejemplos paradigmáticos del desatino del PP y de nuestro diferente concepto de la responsabilidad política. Los socialistas creemos que es imprescindible que Cuba aborde, cuanto antes, un camino de reformas que lleve a los cubanos a la libertad y a la democracia. Somos exigentes en la defensa de los derechos humanos y lo mantenemos ante los responsables políticos del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba. Abogamos por la puesta en libertad de los presos de conciencia y trabajamos para ello. Pero también sabemos que el cambio en la isla depende de la sociedad –plural– cubana y que ninguna imposición externa ayudará en ese camino. La UE mantiene con Cuba una posición unilateral que no ha dado ningún fruto desde el 1996. La búsqueda de un instrumento de relación bilateral que obligue a una relación más estrecha, directa y comprometida es, desde nuestro punto de vista, una apuesta más realista y más eficaz. Se puede discrepar de esta idea, por supuesto, pero ello no significa que se defiendan, por ello, mejor los intereses ni de España ni de Cuba. En todo caso, hacer de la relación con La Habana un elemento de constante crítica interna en España no es ni útil ni constructivo para los ciudadanos de la isla.
Venezuela, por su parte, es un país de una enorme importancia para los intereses de España. Nuestra inversión acumulada en los últimos 15 años asciende a 3.500 millones de euros. Las empresas españolas –Repsol-Ypf, Dragados, Iberdrola, Telefónica, Banco Santander…– tienen en Venezuela un importante volumen de negocio y, allí, viven 150.000 compatriotas. El Gobierno español mantiene una relación bilateral respetuosa y razonable con el Gobierno de Venezuela, que, por cierto, ha sido votado por los ciudadanos de ese país. El último ejemplo de la irresponsabilidad del PP ha sido la utilización, en su política de hostigamiento contra Zapatero, del auto del juez Velasco que investiga las posibles relaciones entre ETA y las FARC.
Todavía estamos esperando escuchar una idea de la política exterior que desarrollaría el PP en este siglo XXI. Las del siglo pasado y anteriores no nos sirven. Los puñetazos sobre la mesa (o las botas en el rancho) han dejado de ser instrumentos útiles para el nuevo orden mundial que se abre paso y en el que España puede jugar un papel importante. Como país interlocutor que no genera hostilidad en ninguna región del mundo, respetado por los grandes y querido por los pequeños, reconocido por su compromiso con el desarrollo y con los derechos civiles, admirado por la fortaleza de su sociedad en su tránsito democrático y modernizador, España no necesita parecerse a nadie para seguir contando en los espacios de diálogo y de decisión compartida que habrán de consolidarse en los próximos años en el tablero mundial.
Elena Valenciano es portavoz de la comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados y secretaria de Política Internacional y Cooperación en el PSOE.Ilustración de Mikel Casal
ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ
En las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas de 2008, los medios de comunicación nos mostraron otras encuestas que ofrecían singulares resultados, frente a las tradicionales y conocidas sobre la intención de voto. Sabíamos, por ejemplo, que Obama ganaba a McCain en las ventas de máscaras de Halloween, de libros o incluso de chanclas con sus cabecitas.
Una de las encuestas más comentadas la llevó a cabo la cadena 7-Eleven, que ofrecía al ciudadano-consumidor-elector la posibilidad de elegir el modelo de vaso donde servirle la bebida: ¿Obama o McCain? Al término de cada mes, la popular empresa hacía públicas las ventas de cada uno, mostrando el ránking de preferencias de consumo como un nuevo indicador electoral. No fallaron. El 60% de las tazas escogidas fueron las de Obama. También, el café (su venta, su liturgia, su ambiente) fue protagonista en una iniciativa para estimular la participación electoral de los más jóvenes: Starbucks te invita a un café… si votas.
Ahora el protagonismo lo tiene el Tea Party, un movimiento ciudadano configurado por centenares de asociaciones, que ha sorprendido por su fuerza, por su capacidad movilizadora y que ha agitado la política norteamericana, ganando terreno en el panorama electoral. Muchos opinan que el pasado mes de enero el Tea Party jugó un papel decisivo en la victoria del escaño para el Senado por el Estado de Massachusetts, que obtuvo el republicano Scott Brown y que había ocupado durante 38 años el demócrata Ted Kennedy.
El Tea Party ha sabido captar el interés de muchos ciudadanos, canalizando el descontento con la Administración del presidente Obama. Y, a pesar de que el sector más moderado del Partido Republicano no lo ve con buenos ojos, se intenta un acercamiento estratégico con el objetivo de aunar posturas y evitar futuras sorpresas, ya que “los del té” despliegan un caudal de energía que puede ser muy favorable de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Pero parece que, de momento, los miembros del Tea Party prefieren ir por libre o con otro liderazgo. A principios de febrero celebraron su primera convención nacional en Tennesse, donde la invitada destacada fue la ex gobernadora de Alaska, y ex candidata a la vicepresidencia republicana, Sarah Palin, uno de sus referentes de inspiración por sus posicionamientos más extremos.
El descontento –la ira– que canaliza y potencia el Tea Party se ha instalado en el centro del debate político, junto a los ataques crecientes a la política de Obama que provienen de esa organización y, también, de plataformas como ResistNet o FreedomWorks. Esta última cuenta con 700.000 afiliados, 400.000 de ellos on-line. La comunicación de todos estos grupos se produce a través de la Red, lo que les confiere un gran poder por la capacidad de difusión de sus ideas.
Frente a ellos, también en Internet, ha surgido una nueva alternativa de base de izquierda para contrarrestar al movimiento ultra: el Coffee Party. En Facebook, Annabel Parker (una anónima cineasta que vive a las afueras de Washington) impulsaba una respuesta colectiva a los ataques constantes del Tea Party. A finales de enero, propuso promover la idea de contestar con un Coffee Party que se materializó días más tarde con la aparición de la página web
www.coffeepartyusa.com, en la que podía leerse esta frase: “Despierta y reacciona”. Algunos han visto, tras este movimiento, la mano del equipo de Obama.
Aunque como señalaba, medio en broma, la analista Rebeca Keys (Universidad de California), lo de menos es que aparezca ahora el grupo que falta, el Milk Party, sino que estas plataformas responden al descontento generalizado de la ciudadanía con sus políticos y sus partidos. Según una encuesta del diario The Washington Post, dos de cada tres norteamericanos se sienten molestos con el Gobierno federal de Washington.
Las elecciones del futuro (y de hoy) son también combates culturales, estéticos… y emocionales: ¿café o té? ¿rock o country? ¿Mac o PC? Combates de la cotidianeidad que expresan nuevas confrontaciones políticas de base cultural. Muchos comportamientos políticos se pueden observar (y prever) a través de pequeñas actitudes o reacciones emocionales. Por ejemplo, un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la juventud española realizado en 2008 desvelaba algunas correlaciones entre la ideología de los encuestados y su psicología del comportamiento. El estudio analizaba estas pasarelas entre la vida y la ideología según las preferencias deportivas, las prácticas sexuales, la posición religiosa o con el aspecto físico e higiene corporal, entre otros aspectos. La más destacada es, sin duda, la constatación de que los mayores niveles de satisfacción emocional se registran entre las personas situadas en el centro político. Así, la tasa más alta de individuos que se sienten alegres se registra entre los jóvenes de centro y centroizquierda. La felicidad, la insatisfacción o el nerviosismo parece que tienen ideología… e intención de voto.
Todo ello resulta sorprendente o curioso, pero también es relevante constatar que las ideas no sólo se piensan, sino que, sobre todo, se viven, se sienten y se perciben. Es la vivencia emocional de las ideas lo que configura las predisposiciones ideológicas y electorales de los ciudadanos. Precisamente lo que convierte en actores políticos decisivos a movimientos como el Tea o el Coffee Party es la construcción de lazos emocionales y relacionales como base de una organización de estructura en red, comunitaria, autónoma y vinculante entre sus miembros, que es capaz de polarizar el debate público, de incidir en los resultados electorales y de dejar en evidencia los límites de la política formal.
Antoni Gutiérrez Rubí es asesor de comunicación
Ilustración de Gallardo
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Hace justo un año, el 2 de abril de 2009, tenía lugar en Londres la tercera cumbre del G-20 para remediar la crisis. Al día siguiente, toda la prensa recogía las declaraciones de los gobernantes diciendo solemnemente que el secreto bancario se había acabado; era un reconocimiento público del papel decisivo jugado por los paraísos fiscales en el colapso financiero. Pero en el comunicado oficial, aquella frase era una mera declaración de intenciones, huérfana de medidas concretas para acabar de verdad con la opacidad de las operaciones transnacionales de la banca y las finanzas.
Con el respaldo del G-20, la máxima autoridad en la materia, la OCDE, publicaba una “hojita” (así la ha calificado su secretario general) pomposamente denominada “informe de progreso” que recogía una cuádruple lista de jurisdicciones fiscales para disimular una nueva relación oficial de “paraísos fiscales” que dejaba fuera a las Islas de Man y de Jersey, sin precisar el criterio aplicado. Y las ediciones posteriores la han ido reduciendo hasta dejarla con 12 micropaíses a fecha 24 de marzo de 2010; y excluyendo de esa relación oficial a Las Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco o Andorra, aunque sigan asociados al blanqueo de capitales y al fraude fiscal y conserven intacto el atractivo de su secreto bancario.
Paradójicamente, aquellas rotundas declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales ocultaban el abandono de la definición clara que establecía el proyecto multilateral de la OCDE del año 2000, aunque también era incompleta aquella primera lista de países y territorios así catalogados; un programa que no había logrado el objetivo de suprimirlos por la oposición de los neoconservadores del presidente Bush. El G-20 en Londres respaldó el nuevo criterio definitorio de la OCDE que “legalmente” vaciaba de contenido la expresión “paraíso fiscal”, reduciendo la cuestión al cumplimiento por las jurisdicciones, países y territorios autónomos de los llamados “estándares fiscales internacionales”, una expresión que esconde una simple regla para dejar de ser considerado como tal: basta la firma de doce convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria a petición de parte. El modelo de convenio que se suscribe no obliga a suprimir el secreto bancario ni a modificar la legislación propia, y solamente obliga a dar esa información cuando lo pide la otra parte justificadamente, es decir, no automáticamente sino a solicitud de un juez o en una investigación oficial.
Días antes de ese acuerdo del G-20,
Suiza había captado su alcance. En nombre de la Presidencia Federal Helvética, el ministro de Finanzas, Hans Rudolf Merz, hacía una breve declaración oficial asegurando que el Gobierno había decidido adoptar plenamente el estándar de la
OCDE “para la asistencia administrativa en materia tributaria”; aseguraba que el Gobierno permitiría el intercambio de información con otros países en casos individuales en los que se plantearan requerimientos justificados. Pero como había “algunas dudas entre el público en general sobre lo que esto significa y a menudo oímos que se pregunta si el secreto bancario se abolirá”, declaraba tajantemente que “el Gobierno sigue plenamente comprometido con el secreto bancario. El secreto bancario es un aspecto de una adecuada protección de nuestro temor particular y está inserto sólidamente en nuestro sistema bancario y goza de salvaguardias en nuestra Constitución y en numerosas leyes. Esta protección continúa para todos los contribuyentes residentes en Suiza. La ley no se modificará. Las autoridades fiscales suizas todavía no tienen acceso a los datos de los clientes. No habrá fisgoneo en las cuentas suizas”.
Por si quedaban dudas, a comienzos de 2010 el Tribunal Administrativo Federal de Suiza declaraba que el secreto bancario había sido violado por la Autoridad de Supervisión Financiera, FINMA, abusando de su poder al ordenar al banco USB que suministrara a EEUU información sobre 225 clientes defraudadores, en aplicación del acuerdo político alcanzado para poner fin al litigio con el fisco estadounidense y desencadenado en 2008 por una investigación del Senado. Había fracasado la presión diplomática exterior.
Por tanto, ante esta “regulación” internacional, la lucha de verdad contra los paraísos fiscales en Europa tiene que plantear la revisión de la política de la Unión, que mantiene convenios de libre comercio y el libre movimiento de fondos con todos esos microestados de su entorno, a pesar de que son notorios refugios del dinero de la evasión fiscal y de los negocios sucios de la droga y de la corrupción política o corporativa. Y en el plano interno, está clara la inoperancia de las declaraciones nominalistas, parlamentarias o gubernamentales, contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas efectivas contra las prácticas bancarias. Por ejemplo, requiriendo una mayor información ordinaria sobre la banca e incluso la supresión de las filiales y entidades de bancos y cajas de ahorro y de los grupos empresariales en Jersey, las Caimán y demás territorios, donde carecen de actividad comercial local y son meras sociedades instrumentales para planificar el fraude fiscal en España, el refugio de los millones de la corrupción o el blanqueo del dinero sucio. Una petición documentada que hicimos en 2005 los grupos de Attac en España al Ministerio de Economía y Hacienda con el aval de 4.000 firmas. Eso sí serían medidas eficaces para superar el déficit presupuestario actual.
Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho. Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’
Ilustración de Alberto Aragón
MATT BROWNE
El pasado domingo por la noche, el Congreso estadounidense aprobó la histórica reforma de la Ley de Sanidad. Histórica porque las mayores ampliaciones de las garantías de atención médica federal desde Medicare y Medicaid –por las cuales el Gobierno proporciona atención médica a los mayores y a los grupos sociales más desfavorecidos– fueron promulgadas hace más de cuatro décadas. Ayer, el presidente Obama firmó la ley, poniendo fin a una batalla librada durante generaciones por Roosevelt, Truman, Lyndon Johnson, Bill y Hillary Clinton, y, por supuesto, por Teddy Kennedy. La nueva ley amplía la cobertura sanitaria a unos 31 millones de americanos que en la actualidad no pueden permitirse un seguro, evitando así que las compañías aseguradoras se nieguen a dar cobertura a los ciudadanos con enfermedades preexistentes, y permitiendo a los padres a, entre otras disposiciones, incluir a sus hijos en sus propias pólizas de seguro por más tiempo. Ahora, Obama entrará en la historia como uno de los pocos presidentes de EEUU que pudo hallar la manera de reestructurar el sistema americano de bienestar social.
Sin embargo, este ha sido uno de los debates más arduos y que han provocado en ocasiones que algunos en Washington DC se preguntaran si el presidente Obama sería capaz de librar la batalla, si de verdad podría gobernar. Lo que quedó claro en los últimos años –y también durante el enfrentamiento del domingo– es que la atención médica era algo por lo que el presidente estaba dispuesto a luchar. Puso todo su capital político en juego, saliendo a la calle, pronunciando apasionados discursos que no se escuchaban desde la campaña electoral. Incluso el domingo por la noche, en el último momento, acordó un decreto presidencial con los demócratas pro-vida, que estaban preocupados por que los fondos públicos pudieran servir para financiar la práctica de abortos.
No obstante, no ha conseguido cambiar la forma partidista en que funciona Washington. Peter Beinart, por un lado, mantiene que “Obama falló en su intento de ser un presidente que no fomente la división, un presidente que use la racionalidad para sosegar el debate y tender un puente entre nuestras diferencias históricas”. Aunque el propio presidente describió la ley como una “victoria del sentido común”, es necesario recordar que “ese sentido común” no lo compartía ni un solo diputado republicano. Nunca en la historia moderna se ha aprobado una legislación tan importante sin un solo voto republicano. Mientras el presidente Obama siempre ha intentado tender puentes entre las diferencias políticas, la maquinaria del Partido Republicano decidió que la mejor actitud era defender el statu quo e intentar bloquear la reforma a cualquier precio y usando todos los medios posibles.
Dado el carácter partidista de esta lucha, y la proximidad de las elecciones que tendrán lugar en mitad del mandato presidencial, el debate entre los expertos políticos se ha desplazado ahora hacia la cuestión de si la aprobación de la reforma sanitaria podría constituir un suicidio político del Partido Demócrata.
David Axelrod, asesor del presidente, considera que los republicanos fracasarán en su intento de presentar la ley como una “toma de control gubernamental”. Los republicanos, dice, querían oponerse a “una caricatura y no a una verdadera ley”. Esta estrategia habría funcionado sólo si los demócratas hubieran dudado y hubiesen dado marcha atrás. Desde hoy, la retórica republicana se verá confrontada con la realidad de la reforma. Ahora que los americanos van a vivir la experiencia de esta legislación, podrán apreciar las pobres tácticas republicanas y, además, descubrirán los beneficios que aporta la norma en su día a día.
Ahora los demócratas tienen algo por lo que presentarse en noviembre, y han demostrado que pueden mantener y cumplir sus promesas de cambio.
Al contrario de lo que pregonan los republicanos, uno debe preguntarse si no será para ellos un suicidio político presentarse a las elecciones estando en contra de esta ley y a favor de la revocación de las condiciones preexistentes y de la reforma del seguro a medio plazo. Pasarán varios años antes de que sepamos si los peores augurios de los republicanos –sobre el incremento de los impuestos de Medicare, las primas de seguros, los recortes en los servicios sociales, así como el vertiginoso déficit– se han cumplido. Durante las próximas semanas y meses, se resignarán a hacer de esta ley una caricatura que poco o nada tiene que ver con el día a día de la población estadounidense y adoptarán tácticas alarmistas sobre la “socialización” de Estados Unidos. Estos son, por supuesto, los mismos argumentos que los republicanos han esgrimido contra la Seguridad Social y Medicare. Sin embargo, hoy en día, pocos republicanos los revocarían. Esta es, por tanto, una estrategia que probablemente les lleve a la derecha a corto plazo, abocándolos a una posible alianza con la Tea Party Nation.
A largo plazo, cuando la reforma del sistema de salud cobre cada vez más importancia para el tejido de la vida americana, la fuerte oposición de los republicanos a esta ley les aislará de la misma manera que su oposición al New Deal de Franklin Delano Roosevelt lo hizo en el pasado.
Matt Browne es investigador del Center for American Progress
Ilustración de Iker Ayestaran
