ERIKA M. RODRÍGUEZ PINZÓN
Antes de tomar posesión de su cargo, el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, está esforzándose por demostrar que va a imponer un modelo de gobierno propio, distanciándose del saliente Álvaro Uribe. Una de las áreas en las que es más clara la intención de imponer patrones propios es en materia de relaciones internacionales.
Santos intenta que su legitimidad electoral esté acompañada de apoyo internacional. Con ese objetivo viajó por Europa, entrevistándose con los dignatarios de Reino Unido, Alemania, Francia y España y otras personalidades. En la gira reveló también su intención de solicitar la entrada de Colombia en la OCDE y se aplicó en reunir apoyos a la candidatura.
Aunque el interés por estrechar relaciones con Europa no puede interpretarse como una desvinculación de Estados Unidos –que sigue jugando el papel central en las relaciones exteriores colombianas–, su política apunta en positivo en varios sentidos. En primer lugar, al nombrar Canciller a María Ángela Holguín, por su alto nivel técnico y experiencia en la carrera diplomática. En segundo lugar, con la apertura de las relaciones hacia otras latitudes, la pretensión de mejorar las tensas relaciones con los países vecinos y el interés en incluir nuevos temas en la agenda internacional.
Sin embargo, algunas de sus declaraciones parecen dar dos pasos atrás hacia el discurso exterior errático y alejado de la realidad nacional que caracterizó al anterior Gobierno.
Santos se refirió a los problemas como el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo como “historia pasada”. Exaltó su idea de que Colombia se convierta en asesora de otros países en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pese a que Santos insiste en mostrar los problemas de inseguridad como un fenómeno superado en Colombia, en todas las ruedas de prensa los periodistas continuaron acusando preguntas sobre los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Asimismo, Amnistía Internacional se dirigió previamente al presidente español para pedirle que reclamara apoyo para las y los defensores de derechos humanos y el fin de la justicia militar para enjuiciar violaciones de derechos humanos en el país.
Ni las organizaciones de derechos humanos ni los periodistas se basan en una idea difusa de la realidad del país, como siempre lo sugirió Uribe. Se basan en que Colombia vive una grave situación de inseguridad que genera cuantiosas pérdidas humanas y económicas y que está ligada no sólo a la existencia del narcotráfico, sino a un profundo déficit social e institucional.
Es cierto que es necesario incluir temas nuevos en la agenda internacional, el medio ambiente es de hecho uno de los más importantes. Es asimismo necesaria una desnarcotización de la política exterior e incluso es viable que, dadas las expectativas de crecimiento económico del país, se le incluya en la OCDE. Pero ante todo hace falta reconocer que en Colombia la historia del conflicto no se ha cerrado, el narcotráfico, la guerrilla, el neoparamilitarismo y sobre todo las violaciones de los derechos humanos son pan de cada día. Lo saben bien los interlocutores europeos. Si Uribe no pudo acabar con la existencia del conflicto sólo negando su existencia, Santos tendría que saber que tampoco él puede borrar la imagen negativa de Colombia y de su Gobierno cambiando de tema de conversación o dándolo por superado.
La seguridad sigue siendo prioritaria, no ya la militarización, pero sí las políticas para la consecución de una seguridad de carácter humano. Contar con la experiencia del juez Garzón es una idea notable, pero hay que ir más allá. Hace falta una política de Estado de transparencia absoluta en esta materia, hace falta voluntad política y hace falta una superación social del conflicto y sus causas, incluida la reparación a las víctimas.
Santos debe mostrar respeto por las reglas de juego a todo nivel. No puede ser más el Juan Manuel Santos, ministro de Defensa que autorizó un ataque a la guerrilla en territorio ecuatoriano. Tiene que ser el presidente que debe convencer a los demócratas del Congreso estadounidense y a los parlamentarios europeos de la ratificación de los tratados de libre comercio, mostrando que Colombia mejora “sustancialmente” su situación de derechos humanos y que el Gobierno será el primer defensor del Estado de derecho.
Colombia no puede desviar las acusaciones internacionales jugando al papel de víctima, ni caer en el síndrome de la negación, ni mucho menos vender los éxitos de una política de seguridad que todavía no ha conseguido cumplir su cometido.
Europa debe aprovechar y estrechar la relación con Colombia reconociendo su vitalidad económica y su papel como puerta de entrada a América del Sur, pero también debe mostrarle a Santos que la transparencia de su Gobierno será su más valiosa carta de presentación. Por encima de cualquier vía ideológica o diplomática serán los hechos y los indicadores sociales los que hablen para demostrar si Santos es capaz de desmarcarse de Uribe y superar las graves deficiencias del anterior Gobierno.
Erika M. Rodríguez Pinzón es socióloga, coordinadora del Panel América Latina de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordóñez.
TONI RAMONEDA
Las recientes elecciones regionales francesas se pueden resumir (si dejamos de lado el resultado de la extrema derecha, siempre desagradable pero corriente en este tipo de elección) del siguiente modo: una victoria del Partido Socialista (PS), una derrota de la UMP (partido presidencial) un buen resultado de Europe Écologie (la llamada ecología política de la que forma parte Daniel Cohn-Bendit) y una abstención (49%) que es la más alta registrada en Francia en unos comicios de este tipo (34% en 2004).
El presidente Nicolas Sarkozy ya había anunciado que las consecuencias serían mínimas en su Gobierno: a elección regional, consecuencia regional, afirmó durante la campaña electoral ante lo que ya se perfilaba como una derrota de su partido. Así pues, no es en el Gobierno, salvando algunos retoques estéticos, sino en los ámbitos de la oposición donde las consecuencias son más relevantes. Dos personalidades han saltado a la palestra: por un lado, Daniel Cohn-Bendit, y por el otro, el antiguo primer ministro Dominique de Villepin.
El primero lanzó, el lunes siguiente a la elección, el llamado manifiesto del 22 de marzo.
Cohn-Bendit se dirige tanto al movimiento ecologista al que pertenece como a los distintos simpatizantes de las diferentes izquierdas que existen en Francia (desde el movimiento anticapitalista de Olivier Besancenot y el frente de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon hasta el propio partido socialista) y lo hace, mediante una página web (europeecologie22mars.org) y una tribuna en el periódico Libération, para proponer una estrategia a la vez electoral y política. Por un lado sugiere que la izquierda empiece desde ahora a unificarse, adoptando como núcleo el movimiento verde, para que las distintas corrientes que la encarnan puedan reconocerse en ella cuando lleguen las elecciones presidenciales dentro de dos años. Por el otro, y es la vertiente política de su manifiesto, sugiere que esta unión se haga en dos etapas. En una primera etapa habría que debatir, hacer propuestas y determinar puntos de unión y de discordia, delimitar también aquellos aspectos a los que cada una de las tendencias no está dispuesta a renunciar. Por ello, afirma Cohn-Bendit, la participación en el debate no requiere dejar de lado su propia identidad política sino que, al contrario, se trata precisamente de construir un discurso común a partir de cada una de estas identidades. En una segunda etapa se podrá, asegura el líder ecologista, presentar este discurso común y comprobar si alguno de los líderes políticos que deseen presentarse a la elección presidencial es capaz de asumirlo.
La propuesta de Cohn-Bendit articula, en efecto, los dos pilares de la izquierda política: la identidad y la participación. Se trata de utilizar la fuerte dosis identitaria de los partidos políticos minoritarios y el discurso participativo en el que también se reconoce una parte de la socialdemocracia (Ségolène Royal, por ejemplo) para crear un movimiento colectivo en el que cada cual se sienta un pilar importante del conjunto.
El segundo líder político, Dominique de Villepin, ha anunciado que lanzará un movimiento de derechas como alternativa al llamado sarkozysmo. Lo que desde la derecha se le reprocha a Sarkozy, además de su insistencia en integrar en el gobierno a personalidades de otras sensibilidades políticas, es su discurso vacío de contenido ideológico. Y es que el discurso de Sarkozy, a la vez liberal y proteccionista, pretende articular el liberalismo neo-conservador con la tradición social del republicanismo francés. Lo que ocurre es que entonces, en vez de buscar en la religión su sustento moral, Sarkozy lo hace en la tradición laica francesa, y ello conlleva la sacralización del laicismo y, por lo tanto, su perversión. La derecha tradicional francesa, conservadora y laica a la vez, se siente, de este modo, engañada. Hasta ahora, Nicolas Sarkozy se escudaba en la ideología de la eficacia para mantener unido al partido presidencial, pero la crisis económica, la derrota electoral y la dificultad para llevar a cabo las reformas que había prometido han minado este crédito político. Dominique de Villepin se aprovecha de ello para anunciar el lanzamiento de su movimiento político el 19 de junio de 2010, es decir, al día siguiente del 70 aniversario del “appel du 18 juin” (la alocución del general de-Gaulle desde Londres llamando a los franceses a la resistencia). A Villepin, gaullista notorio, le basta con retomar sus símbolos para afianzar su identidad política.
Pero a estas dos consecuencias habría que añadir, de hecho, una tercera: Ségolène Royal se apresuró, desde la misma noche electoral y amparada en su resultado arrollador (61% de votos) en retomar el protagonismo político. Primero en una rueda de prensa previa a la de la secretaria general de su propio partido (Martine Aubry), luego ausentándose de la reunión mantenida por todos los futuros presidentes regionales socialistas y al fin en una entrevista exclusiva para la cadena TF1, y todo ello en apenas cuatro días.
Así, parece como si estas elecciones regionales y con fuerte abstención hubieran tenido el mérito de plantear una cuestión delicada: ¿quiénes somos políticamente? Tenemos que construir nuestra propia identidad de izquierdas, nos dice Cohn-Bendit. Sarkozy ha pervertido la identidad política de la derecha, exclama De Villepin. Y Ségolène Royal expresa, a fin de cuentas, lo que caracteriza a la socialdemocracia europea: da igual lo que seamos mientras tengamos capacidad para despertar la confianza de los electores. A esto último se le llama, sin embargo, hacer publicidad.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ilustración de Javier Olivares
LUIS MATÍAS LÓPEZ
A veces, para ver de cerca hay que mirar lejos. La situación política y las elecciones en el Reino Unido, que se celebrarán probablemente el 6 de mayo, ofrecen analogías con la situación en España que merece la pena considerar.
En ambos países, hay gobiernos socialdemócratas y oposiciones conservadoras, y se dan más similitudes entre los primeros que entre las segundas. Al contrario que el PP de Mariano Rajoy, los conservadores de David Cameron no recurren al sistemático acoso y derribo, con el exabrupto y la descalificación como armas principales, para segar la hierba bajo los pies de Gordon Brown. Tienen tajo de sobra con las heridas de la recesión (que comienza a remitir), las rebeliones internas del laborismo y la incapacidad del líder de estos para levantar al partido del diván del psiquiatra.
Los sondeos prevén un relevo de Gobierno en Londres. Brown no goza de la limpieza de sangre que da ganarse el cargo en las urnas y su partido lleva más de 12 años en el poder. Parece llegada la hora de la alternancia, mecanismo de saneamiento clave en democracia. La situación es diferente en España aunque, según las últimas encuestas, Zapatero también lo tiene crudo. La crisis no le da tregua, pero a su favor juegan varios factores: que lleva menos de seis años en el poder, que tiene más de dos por delante para recuperar terreno, que su liderazgo en el PSOE es firme y que la alternativa del PP asusta a media España.
En el Reino Unido, las diferencias entre los dos grandes partidos ya no son lo que eran. Los tories han abjurado de las recetas más duras del thatcherismo y se apuntan a un difuso “conservadurismo compasivo”. En el otro bando, con el nuevo laborismo, Blair renegó de la tradición izquierdista del partido. Sin embargo, ante el varapalo que se vaticina, Brown intenta recuperar señas de identidad, si no para ganar sí al menos para evitar una derrota humillante. De ahí promesas como acabar por ley con la pobreza infantil en 2020 o reducir un 50% el déficit para 2014. Tiene razón Timothy Garton Ash: una cata de vinos a ciegas sobre políticas económicas, sociales y de seguridad de ambos partidos mostraría que el 80% de las mismas es intercambiable.
¿Ocurre lo mismo en España? A simple vista, no. Rajoy hace sonar las trompetas del Apocalipsis y promete revocar el entramado legislativo socialista que, según él, lleva el país al caos. El pasado muestra, sin embargo, que una vez en el poder el PP saca el pragmatismo del armario, pacta con los nacionalistas si lo necesita, no revoca avances sociales y no revoluciona la economía. Pese a la crispación actual, un relevo en La Moncloa no tendría por qué ser un tsunami.
Otra similitud es el progresivo de-
sapego popular hacia la política, manchada por una corrupción que en España afecta a casi todos los partidos, aunque su paradigma es el caso Gürtel, que se ceba en el PP. En el Reino Unido no hay metástasis, pero asquea la obscenidad que supone que muchos diputados abusaran de sus privilegios para llenarse el bolsillo.
Allá, y acá, hay un debate sobre el sistema electoral, aunque menos marcado en España, donde sólo lo promueve abiertamente el principal perjudicado, Izquierda Unida. Es una fórmula proporcional corregida que deja las listas en manos de las direcciones de los partidos, que suelen ver la discrepancia con malos ojos. Diputados y senadores tienen una relación más estrecha con las direcciones de los partidos que con los ciudadanos que les eligieron. Otra consecuencia es la dificultad de conseguir mayorías absolutas y la necesidad de formar Gobiernos minoritarios, lo que lleva a una cultura del pacto que tiene muchos detractores, pero también defensores convencidos de que ayuda a fortalecer la democracia y el consenso.
En el Reino Unido se elige un diputado en cada distrito: el que queda primero, gana. Eso permite Gobiernos sólidos, una relación sana y fluida entre diputados y ciudadanos y que el Ejecutivo tenga que negociar sus iniciativas con el grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema, que facilita mayorías absolutas, provoca graves distorsiones.
He aquí un ejemplo, el de los comicios de 2005: con el 35,3% de los sufragios, los laboristas obtuvieron el 55,2% de escaños. En el extremo contrario, los socialdemócratas lograron el 22,1% de votos y sólo el 9,6% de diputados. Además, el trazado de los distritos favorece a los laboristas, lo que puede provocar otra anomalía: que los tories tengan más votos, pero menos parlamentarios. En teoría, es posible incluso la aberración de que un partido monopolice los Comunes si, en cada distrito, queda en primer lugar, aunque sea por tan solo un voto.
La cuestión es ahora sustancial, ya que no se descarta un hung parliament, con mayoría simple de los tories. Eso dejaría la llave del Gobierno en manos de los liberal-demócratas de Nicholas Clegg, los más perjudicados por el actual sistema, como le ocurre a Izquierda Unida en España. Por eso llevan décadas reclamando un sistema proporcional con listas abiertas.
La necesidad de la reforma ya se planteó en 2006 en el informe de un grupo de expertos, y la rescató hace poco un comité parlamentario. Brown sólo promete un referéndum sobre el voto alternativo, que mantendría los distritos uninominales, pero permitiría establecer preferencias sobre todos los candidatos y haría posible la elección de uno de ellos con mayoría absoluta. Un lío que sería largo de explicar. Y un parche que no toca el problema de fondo (la falta de proporcionalidad), que ni laboristas ni conservadores quieren resolver, pero que resurgirá si Clegg es clave para formar Gobierno. Él afirma que su partido no está en venta, pero en política todo depende del precio.
España no es el Reino Unido, pero ambos países deberían mirarse en el espejo del otro: los británicos, en busca de más proporcionalidad; los españoles, en busca de mayor cercanía entre políticos y ciudadanos.
Luis Matías López es periodista
Ilustración de Gallardo
LUIS SEPÚLVEDA
El pasado domingo 13 de diciembre hubo elecciones presidenciales en Chile y la opinión casi unánime de los chilenos es que la gran vencedora no pudo ser candidata porque la Constitución heredada de la dictadura se lo impide. La presidenta Michelle Bachelet se apresta a dejar el cargo con una aceptación de más del 80% y con una popularidad inédita en el Chile pos dictadura. Además de lo que alguien definió como “carisma de nuevo estilo” o “carisma no carismático”, la presidenta ofreció a los ciudadanos una gestión caracterizada por la recuperación de la normalidad democrática y las reglas de una sociedad civilizada. Ni más ni menos, y esto que en Europa podría sonar –no con mucha justicia– a perogrullada, en el país austral era una necesidad imperiosa que, sin embargo, ninguna coalición gobernante desde el fin de la dictadura se atrevió a afrontar.
Michelle Bachelet se atrevió –algunos dirán que tímidamente– a hacer que el Estado volviera a tener un papel decisivo en el devenir del país y limitó notablemente el poder omnímodo del mercado para decidir sobre cuestiones tan sensibles como la sanidad, la educación y el modelo de desarrollo. Además, y tal vez se trate de su gran logro: su gestión es el inicio del fin de la exclusión política de los comunistas y de la izquierda revolucionaria que, por mandato dictatorial y complicidad de los gobiernos que precedieron a Pinochet, impedía a la izquierda estar presente en el Parlamento.
A la elección del 13-D concurrieron cuatro candidatos. Eduardo Frei, ex presidente pos dictadura, es el hombre menos carismático de la política chilena, de imagen excesivamente fría, de discurso torpe y desapasionado, fome a decir de los chilenos, y que, o bien por miedo, o peor, por desinformado, no jugo la gran carta de triunfo que sus votantes esperaban: convertir la elección en un gran plebiscito para redactar una nueva Constitución y avanzar así hacia la plena recuperación democrática. Frei sabe que la llamada transición chilena, aunque se intente comparar con la española, carece de ese detalle tan importante que es una Constitución refrendada por toda la sociedad. Lo sabe, pero jamás se ha atrevido a decirlo en voz alta, y esa falta de valor es una de las razones del dramático 29% de los sufragios. A falta de mayoría absoluta, se convirtió en candidato para la segunda vuelta, que se producirá el próximo 17 de enero.
Por la izquierda el candidato era Jorge Arrate, un intelectual de gran prestigio, disidente de la coalición de gobierno que aglutinó a socialistas allendistas, comunistas y otras expresiones de izquierda con un discurso sensato y carente de triunfalismo, y expuso con mesura argumentos que enriquecieron el debate. Arrate apenas superó el 6% de los votos porque muchos electores de la izquierda, alarmados por las encuestas que daban por vencedor al candidato de la derecha, prefirieron votar al mal menor y lo hicieron por Frei.
La política suele transformar las derrotas electorales en victorias morales. En el caso de Jorge Arrate esto es rigurosamente así; fue el candidato con menos recursos, unió a la izquierda disidente, y sus llamados a participar votando, a ejercer el derecho ciudadano de elegir a sus representantes, a terminar con el simplismo del “todos los políticos son iguales”, deberían ser un ejemplo en un país que por presión de la derecha suprimió la Educación Cívica, la versión chilena de la Educación para la Ciudadanía en los institutos.
Por la derecha se postuló Sebastián Piñera apoyado por una coalición que une a irremediables pinochetistas con una suerte de híbrido llamado centro derecha. Su discurso, una sarta de respuestas fáciles a los problema complejos, pero avalado por su éxito como empresario al estilo Berlusconi, cosechó un 40% de los sufragios. Fue capaz de seducir con un mensaje de borrón y cuenta nueva, y ofrecer, de una parte la continuidad de las políticas sociales que hicieron exitosa la gestión de Bachelet y, de otra, la imposición de una remedo austral del american way of life en el que cada chilena o chileno podrá ser tan rico como él con sólo proponérselo. José María Aznar se encargó de darle el toque de cosmopolitismo que precisaba este hombre de provincias, pero, y esto es un punto a favor de Piñera, por más que lo intentó Aznar no consiguió enseñarle su arte de envenenar el ambiente y de crispar hasta reventar los modales democráticos.
Finalmente, la novedad fue la candidatura de Marco Enríquez Ominami, hijo de Miguel Enríquez, asesinado líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su discurso y su programa pretendían ser una versión de la tercera vía de Tony Blair, una rebelión contra la derecha y la coalición gobernante, Silo y Young Power, que se deslegitimó por la adhesión a su candidatura de dudosos derechistas y figuras cercanas a los partidos de la coalición gobernante. Superó el 20% de los votos, pero no fueron fruto de la solidez de su discurso, sino una forma de castigar a la coalición (Concertación para la Democracia) que gobierna desde el fin de la dictadura.
Para la segunda vuelta es evidente que los votos de izquierda irán mayoritariamente a Frei y no por la ley de Murphy sino por la vieja costumbre latina de convivir con el mal menor, y el gran enigma es si los votantes de Enríquez Ominami persistirán en su opción de castigo.
Una simple visión aritmética de los resultados indican que la mitad más uno de los chilenos no quiere un gobierno de derecha. Ahora queda por comprobar si esta aritmética coincide con la realidad, aunque los analistas de centro izquierda, siempre más cerca de los desmanes liberales que de las políticas de beneficio social, ya cantan el triunfo de Piñera desde los grandes grupos internacionales de comunicación. Pero los chilenos son porfiados y a veces la realidad también lo es.
Luis Sepúlveda es escritor. Autor de La sombra de lo que fuimos
Ilustraición de Patrick Thomas
LUIS MATÍAS LÓPEZ
Brasil, bajo la batuta de Luiz Inácio Lula da Silva, va camino de convertirse en un actor internacional de primera fila. Ya juega un papel vital en el proceso de integración latinoamericana, habla de igual a igual con Barack Obama, media en el contencioso nuclear con Irán, lo intenta en el conflicto palestino-israelí, marca pautas para evitar el fracaso de la conferencia sobre el cambio climático y se ha convertido en socio comercial privilegiado de China.
El papel exterior de Brasil es una emanación del pragmático ejercicio del poder de Lula, que se sustenta en una pujanza económica reforzada por el hallazgo de fabulosos yacimientos petrolíferos. Hace siete años, cuando este veterano sindicalista llegó al poder, nadie se atrevía aún a soñar –pese a que Fernando Henrique Cardoso ya había desbrozado el camino– que Brasil se convertiría en una potencia que imprime carácter en el G-20 y aspira a ser la quinta economía mundial y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La guinda al pastel llegó con la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Cuando se inventó el concepto de BRIC (Brasil, Rusia, India y China), grupo informal de grandes países emergentes, parecía que sobraba la sigla B. Hoy, sin embargo, es la única que ofrece, al mismo tiempo, democracia consolidada, estabilidad política, crecimiento sostenido (ha sido la última gran economía en sufrir la recesión y la primera en superarla), impresionantes recursos naturales, buenas relaciones con los vecinos, ausencia de conflictos étnicos, religiosos o lingüísticos y notable seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.
Este retrato optimista tiene una cara negativa, viejos problemas que minan la salud del sistema. El apagón que dejó sin electricidad a uno de cada tres brasileños puso de manifiesto uno muy grave, la insuficiencia de las infraestructuras, que ambiciosos proyectos como un tren de alta velocidad y nuevos anillos viarios en Río pretenden paliar. Un botón de muestra: el 17% de los habitantes no tiene agua corriente.
Hay más perfiles del lado oscuro. Persiste la inseguridad ciudadana, con una delincuencia ligada a la droga y la miseria que se desborda en favelas sin ley a las que no se atreve a entrar la Policía, y que ilustran películas como Tropa de élite. La impunidad criminal corre pareja a la impotencia, la brutalidad y la corrupción policial. Es una corrupción que infecta (si no emana) a la clase política, sin excluir al Partido de los Trabajadores (PT) del propio Lula, que no da abasto para soltar lastre.
El catálogo de problemas incluye la pujanza de la economía sumergida, la destrucción acelerada del medio ambiente (sobre todo en la Amazonía), el alarmante déficit educativo y una lacerante desigualdad: el 10% más rico tiene rentas 40 veces superiores a las del 10% más pobre. El reflejo más dramático son las bolsas de miseria y hambre.
Hay unos 40 millones de pobres en Brasil. La buena noticia es que la situación ha mejorado: hace 15 años eran el doble. Desde que Lula llegó en enero de 2003 a la Presidencia, la desnutrición y la mortalidad infantil han disminuido espectacularmente. La brecha social se ha estrechado. La Bolsa Familia, el principal programa de asistencia, beneficia a más de 12 millones de familias. Ya no suena a utopía la promesa de que el hambre estará erradicada en 2015. De forma paralela, la clase media, sin la que es casi imposible sustentar un progreso sostenido, se amplía hasta más de la mitad de la población.
En estos siete años el país ha ganado en riqueza, prosperidad y cohesión social. Nadie lo pone en duda ni niega el mérito a Lula, cuyo grado de aceptación ronda un estratosférico 80%. De presentarse a la reelección, ganaría de calle, pero no lo hará. Al contrario que Hugo Chávez en Venezuela y tal vez Álvaro Uribe en Colombia, no quiere perpetuarse en el poder y no optará a un tercer mandato. Dentro de poco más de un año se irá. La decisión de retirarse ennoblece su figura, pero dejará huérfanos de Lula a los brasileños.
La gran pregunta es si el sucesor continuará su obra. Brasil no es Rusia y ni siquiera está claro que Lula logre imponer en las urnas a Dilma Rousseff, ministra de la Casa Civil (entre jefa de gabinete y primera ministra), hija de un inmigrante búlgaro y antigua guerrillera contra la dictadura, torturada durante su detención. Se la considera la sombra política de Lula, y ya le salen rivales, incluso en el PT. Como si no tuviera suficiente con la tremenda amenaza de José Serra, gobernador de São Paulo, adversario derrotado por Lula en 2002 y candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Rousseff, que también debe luchar contra un cáncer, marcha por detrás de Serra en las encuestas, pero no por ello deja de ser favorita. La batalla es a un año vista y Lula se empleará a fondo en su favor. Ya le ha ganado el apoyo del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor del país.
El milagro Lula debe mucho a su predecesor, Cardoso, que le dejó la casa en perfecto orden de revista tras haberse hecho cargo en 1995 de un país que caminaba hacia el caos, con una inflación que rondaba el 80% y una acreditada fama de moroso en el Fondo Monetario Internacional, del que hoy es acreedor. Lula siguió con pragmatismo por el camino del saneamiento económico y no sólo atendió a las grandes cifras, sino que imprimió un giro social a su gestión que impidió que la factura la pagasen los más pobres. El balance se agiganta a la vista de lo ocurrido en México y en Argentina, antaño aspirantes al liderazgo continental.
No será fácil administrar esta herencia. Lulas no hay más que uno.
Luis Matías López es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
PABLO SAPAG M.
Mañana, por quinta vez desde el final de la dictadura, los chilenos eligen presidente y renuevan parte de un Parlamento bicameral en el que, contrariamente a lo que ocurre en España, el Senado es el decisivo. No es la única diferencia entre dos países con sistemas políticos y electorales tan dispares como los procesos que dieron lugar a los mismos. Si en España hubo que esperar a la desaparición física del dictador, en Chile fue derrotado en un plebiscito en el que sólo creían los chilenos. El no a la continuidad de Pinochet, sin embargo, no fue tan abultado como para que el personaje desapareciera de la escena, lo que condicionó una transición que en Chile algunos creen terminada y otros piensan que apenas ha arrancado, dadas las limitaciones que aprecian en la actual Constitución aprobada durante la dictadura y luego sólo parcialmente modificada.
Para esos sectores –de izquierda alternativa a la socialdemocracia y ausente estos 20 años del Parlamento como consecuencia de un sistema electoral binominal, mayoritario y excluyente–, ese marco constitucional impide la participación democrática y la modificación de un modelo económico que es de los más desiguales del mundo. Todo eso, según sus críticos, ha ahuyentado a los ciudadanos de una democracia encorsetada y al servicio de élites y grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas no pocas españolas de todos los ámbitos.
Algo de eso puede haber porque, desde el plebiscito de octubre de 1988, en el que los chilenos derrotaron a Pinochet, el censo electoral ha disminuido alarmantemente en relación al conjunto de la ciudadanía. Entonces, el 95% de los chilenos con derecho a voto se inscribieron en esos registros, superando engorrosos trámites. Hoy, y después de muchas campañas llamando a la inscripción, algo menos del 70% de los mayores de 18 años figura en un padrón electoral envejecido por la deserción masiva y voluntaria de los jóvenes y la imposibilidad legal de participar en cualquier elección del millón de chilenos residentes en el extranjero. El fenómeno no es nuevo y, al menos desde hace una década, empezó a preocupar más a los analistas que a una clase política incapaz de pactar un cambio legislativo para que estos comicios se celebrasen con inscripción automática y voto voluntario. Como pronto, y sin que se haya resuelto el voto de los emigrantes, los cambios parciales llegarán en 2012.
Así las cosas, el sucesor de Michelle Bachelet será elegido por apenas un tercio de los mayores de 18 años. El resto votará por otro candidato, se abstendrá –a pesar de que los inscritos que no votan pueden ser multados– o ni siquiera participarán al no estar en el padrón. Eso cuando las encuestas indican que, en reñida segunda vuelta y por vez primera desde 1958, el candidato de la derecha, el multimillonario empresario Sebastián Piñera, puede ganar las elecciones y desalojar tras 20 años de Gobierno a la Concertación de Partidos por la Democracia. Esa alianza entre democristianos y socialistas presenta al ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, ungido tras unas primarias parciales y poco representativas que terminaron por hartar a algunos de sus miembros. Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de un líder guerrillero muerto en combate en 1974. Como rival de Piñera en segunda vuelta, los sondeos sitúan al democristiano Frei, más aún después de que esta semana un juez calificara de asesinato la muerte en 1982 de su padre y también ex presidente Eduardo Frei Montalva, crimen atribuible a los servicios secretos de la dictadura. No se descarta del todo, sin embargo, que el 17 de enero sea el joven y ecléctico Enríquez-Ominami el que vaya al balotaje.
Más allá del resultado, el hecho es que la aparentemente modélica democracia chilena tiene un serio problema de representatividad. La falta de participación no sólo puede ser sinónimo de hartazgo con una clase política endogámica en la que todavía hay actores de la crisis de 1973. Descubre, sobre todo, a una sociedad desigual, fragmentada y excluyente. Por un lado, por las no reconocidas diferencias étnicas, que se traducen en que una mayoría mestiza y un largo 10% de indígenas son gobernados en exclusiva por blancos de cultura esencialmente europea, cosa que, gane quien gane, no cambiará demasiado, dado que, como en todas las anteriores convocatorias, los candidatos en estas elecciones tienen el mismo perfil racial e idéntica matriz cultural. Por otro lado y claramente vinculado a lo anterior, esa fragmentación es también socioeconómica. En ese sentido, la ONU recuerda año a año que, según el índice Gini, la distribución de la renta en Chile está entre las 20 peores del mundo, concentrando el 10% más rico el 42%, mientras que el 10% más pobre no llega al 2%. Respecto a la reducción de la pobreza, que la Concertación esgrime como gran logro, algunos candidatos, como Enríquez-Ominami, destacan que la medición debe ajustarse toda vez que se hace de acuerdo a parámetros de 1988 y no a los actuales.
Cabe preguntarse si, con un sistema electoral abierto y en el que se reflejen fielmente todas las tendencias, el ultraliberal modelo económico imperante podría mantenerse más o menos incólume, como lo ha hecho desde que fue implantado por Pinochet tras el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Paralelamente, surge la pregunta sobre si la buena prensa internacional de la que goza un Chile oficial considerado positivamente como excepción latinoamericana resistiría las discusiones y tensiones políticas propias de un sistema más democrático e integrador de todos los chilenos.
Pablo Sapag M. es profesor e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
GERMÁN OJEDA
A la tercera va la vencida: después de las históricas derrotas frente al dominio imperial español de Tupac Amaru y Tupac Katari, después de la sublevación de independencia iniciada en 1809 –hace ahora 200 años– y de las grandes pérdidas territoriales a manos de sus vecinos, después de cinco siglos de saqueo internacional, las mayorías indígenas y mestizas del viejo “Alto Perú” van a ratificar masivamente, salvo sorpresas, el 6 de diciembre a Evo Morales como presidente del país con el propósito de certificar el fin de la Bolivia colonial.
Para Evo; para los indígenas aymaras, quechuas, guaraníes y pueblos amazónicos; para la Bolivia de origen precolombino –la inmensa mayoría de la población– el camino hacia la definitiva descolonización ha sido dramático. Lo ha sido después de soportar durante siglos un sistema de “repartimiento” que desde comienzos de la conquista les arrebató las tierras y un régimen de encomienda que les privó de su libertad personal. O sea, de padecer un colonialismo interno donde, hasta la revolución de 1952, existía legalizada la servidumbre personal –pongüeaje– y donde hasta ahora el racismo secular marcaba las relaciones sociales y la extrema pobreza definía la situación económica de las mayorías indígenas.
Por eso, la nueva victoria del indio Evo Morales será histórica, y lo será además porque durante estos últimos cuatro años su Gobierno ha tenido que dedicar todas sus energías a combatir a los movimientos oligárquicos separatistas de las regiones del rico oriente del país, a recuperar el control de los grandes recursos estratégicos –sobre todo petróleo y gas– entregados a las multinacionales por los anteriores gobiernos militares o neoliberales, y a conseguir la aprobación de una nueva Constitución democrática que pone fin al colonialismo interior y exterior y reconoce de una vez por todas la pluralidad étnica y los derechos históricos de los pueblos indígenas.
Y es que los indios, empezando por el aymara Evo Morales, no tenían derechos porque eran seres inferiores, seres sin alma, según los colonizadores, o como escribió el autor que da nombre a la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, “el indio incaico es sombrío, asqueroso, huraño, prosternado y sórdido”.
Un ser inferior sin derechos, tal como contaba el propio Morales solemnemente en la sede de la ONU hablando de su madre, “pues cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar libremente por las calles y aceras”. Mientras, al otro lado, está la oligarquía criolla, dueña absoluta del poder y las riquezas del país. Sin ir más lejos el anterior presidente neoliberal Sánchez de Lozada –hoy prófugo de la justicia boliviana por la masacre ocurrida en 2003 y refugiado en Estados Unidos–, un terrateniente que vendió a la multinacional Glencore grandes yacimientos de oro, plata y zinc que eran de propiedad familiar.
Una Bolivia, dos mundos; un país, dos colonialismos: esa es la brutal realidad histórica de Bolivia, y esa es precisamente la razón de la refundación que propone Evo Morales, una refundación sin revanchismos, sin exclusiones y sin privilegios, basada en el socialismo comunitario y democrático.
Para ello, Morales ha demostrado estos cuatro años un gran talento político, pues ha tenido que afrontar una desestabilización institucional permanente de la oposición golpista, soportar continuas campañas mediáticas, someterse a un referéndum revocatorio, ganar cuatro consultas electorales, enfrentarse a las sanciones de EEUU expulsando al embajador Goldberg, e incluso ha tenido que realizar este mismo año una huelga de hambre para que se aprobara una nueva ley electoral que habilitara la convocatoria anticipada de estos comicios presidenciales y legislativas, donde el oficialismo aspira a controlar las dos cámaras para poder realizar sin sobresaltos el cambio histórico prometido.
Un cambio basado en esta dificilísima gestión de cuatro años donde el Gobierno ha sido capaz de derrotar a la oposición separatista, de frenar las transferencias de excedentes sin control al exterior y de lograr además un importante despegue económico en plena crisis internacional, lo que le ha permitido promover avances en las políticas públicas y sobre todo en educación, hasta el punto de que Bolivia ha sido declarado por la ONU país libre de analfabetismo.
Durante su segundo mandato, Morales se propone arrancar de raíz la hidra de los colonialismos y plantar con la nueva Constitución –refrendada por los bolivianos a comienzos de este mismo año– un nuevo Estado plurinacional y autonómico que respete los derechos de los pueblos indígenas y ponga fin a la marginación integral de la gran mayoría de los bolivianos.
El cambio pasa ante todo por descolonizar Bolivia, porque como ha dicho con razón el vicepresidente Linera, el país estaba “colonizado hasta los tuétanos: acá había que pedir permiso a los embajadores para escoger ministros, acá el ministro de Gobierno tenía que pasar por el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos, el ministro de Hacienda por el visto bueno del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, etc.”.
Con la victoria de la revolución democrática encabezada por Evo Morales se trata de decir definitivamente adiós al colonialismo, de acabar de una vez con la humillante política del visto bueno, de fundar un nuevo Estado donde se respete a la madre tierra –los derechos de la Pachamama–, se promueva el desarrollo social y económico, y donde Bolivia tenga por fin –según repite el presidente– “socios pero no amos”, en una Latinoamérica libre y confederada, como quería el gran Simón Bolívar, que le da nombre al país.
Germán Ojeda es profesor Titular de Historia Económica de España y América de la Universidad de Oviedo
Iliustración de Patrick Thomas
JOAQUÍN ROY
A los pocos minutos de paseo por Montevideo se tiene la impresión de no estar en una capital latinoamericana típica. Aunque hay algunas semejanzas (muchas tiendas venden objetos pasados de moda), lo cierto es que la “rambla” (insólita adaptación del torrente mediterráneo) en Pocitos no es como la playa de Copacabana, ni tampoco Punta del Este (por suerte) es como Benidorm o Mar del Plata. Una mezcla impresionante de edificios art decó con los bloques anodinos de los sesenta nos recuerda el deterioro de una urbe que se convirtió a lo largo del siglo XX en un foco de succión del resto del Estado que comenzó como un tapón entre los gigantes Brasil y Argentina.
Aunque los montevideanos se quejan, la capital parece moderadamente limpia, ordenada y con una dimensión humana ausente en el resto del continente. No se detectan ruidos molestos y la excepción son las trompetas y tambores que atraen la atención de los votantes en las inminentes elecciones legislativa y presidencial. Pero hasta en ese ejercicio democrático los uruguayos parecen marcar distancias tanto con latitudes lejanas como con sus vecinos del Río de la Plata, en el polémico escenario presidido por los Kirchner. La brusquedad de la política argentina está significativamente ausente en los comicios uruguayos del domingo próximo. Como la mejor autodefinición de Canadá es no ser Estados Unidos, al otro lado del hemisferio, Uruguay se precia de no ser Argentina. Maradona y sus obscenidades serían insólitas en Montevideo.
De ahí también que los políticos que pujan por capturar un escaño en uno de los palacios legislativos más hermosos del globo y los candidatos a presidente parezcan más bien aspirantes a alcaldes de una municipalidad de provincias, sobre todo el líder del Frente Amplio, el ex tupamaru José (Pepe) Mujica. De melena canosa y bigote de estanciero modesto o tendero del almacén de la esquina, el aspirante a suceder a Tabaré Vázquez pareciera estar más cómodo recibiendo a amigos con su esposa Lucía Topolansky a tomar mate en el patio de su casa semirural. Es la costumbre de todos los montevideanos, que se refugian en el interior o en las playas, huyendo del inexistente estrés capitalino. Pero las expectativas de voto no llegan al 45%, por debajo de la mayoría del 50 más uno que le daría la presidencia en primera vuelta.
Retándolo se presenta el ex presidente (1990-1995) Luis Alberto Lacalle. Dirigente del Partido Nacional (o Blanco), dicharachero veterano de la política uruguaya con buenas conexiones internacionales con sus afines conservadores en las Américas y Europa. Enemigo de la institucionalización de Mercosur con perfil supranacional, Lacalle preferiría un Uruguay en la senda del desarrollo liberal, seguro y abierto. Pero, con una predicción del voto del 30%, no puede de manera alguna capturar la presidencia en primera vuelta.
Moderadamente a la izquierda de los blancos se ubican los colorados, el partido reciclado, heredero de la mística de José Batlle y Ordóñez (artífice del Estado del bienestar “de la cuna a la tumba”). Está liderado hoy por Pedro Bordaberry, hijo del presidente Juan María Bordaberry, elegido en 1971, quien gobernó por decreto entre 1973 y 1976 y fue defenestrado por los militares. El vástago será perdedor (solamente recibiría el 11%), pero paradójicamente puede tener la clave de la elección presidencial en segunda vuelta (ballottage, según el delicioso galicismo local), a celebrarse el 29 de noviembre. Los blancos y los colorados son acusados por el Frente de ser ramas del mismo conservadurismo. Sumando apoyos, las matemáticas le pueden dar la máxima magistratura a Lacalle si consigue convencer a los indecisos y a los colorados resignados, contrarios a que los ex guerrilleros lleguen al poder, y que continúen las políticas progresistas del Gobierno de Vázquez.
De todas maneras, sobre la campaña preside una cierta mejora de la economía y de algunos indicadores sociales que favorecerían la repetición de la izquierda en el poder. En cinco años, la economía habrá crecido un 30%, algo insólito en el subcontinente. Mientras al principio de la década el desempleo era del 20%, en la actualidad se sitúa en el 7%. La inflación es inferior al 10% y el salario real aumentó un 20%, recuperando lo perdido en la anterior crisis. La pobreza, lacra de América Latina, era del orden del 30% hace cinco años, y ahora ha bajado al 20%. La sima de la indigencia total ha disminuido del 3,8% al 1,3%.
Aunque la sensación (imperceptible para el visitante) de inseguridad ha sido explotada por la oposición a Vázquez, lo cierto es que no se ha convertido en tema fundamental de la campaña. Tampoco parece que tenga demasiada incidencia la recomendación de la Iglesia de no votar a los partidos que defiendan el derecho al aborto. Finalmente, hay cierta incógnita acerca del resultado del referéndum simultáneo a la elección con referencia a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (mejor conocida como Ley de Amnistía, una especie de punto final, protección de los militares golpistas). Aprobada en 1986, se fracasó al intentar eliminarla en 1989. Esta vez el 47% se ha mostrado inclinado a derogarla, con lo que los crímenes de la dictadura podrían ser revisados y sus culpables condenados.
Este domingo 25, o un mes más tarde, se verá la incidencia de estos datos y detalles. Se ignora el impacto de otro ballottage, la repesca para clasificarse para la Copa del Mundo de fútbol, después de la derrota ante la inconvincente Argentina. Pero, de perder ante Costa Rica, los uruguayos no deberán avergonzarse de las obscenidades de Maradona. Hasta en esa dimensión se distinguen de los argentinos.
Joaqín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami
Ilustración de Miguel Ordóñez
Luis Matías López
El domingo pasó su examen de reválida la gran coalición de socialdemócratas (SPD) y democristianos (CDU/CSU), encabezada por Angela Merkel. Todos los análisis daban por seguro que esta hija de un pastor protestante procedente de la antigua Alemania Oriental seguiría como canciller. La única duda era si renovaría el compromiso de los últimos cuatro años con el SPD de Frank-Walker Steinmeier –caracterizado por una reducción al centro que difuminó los perfiles ideológicos– o si sería posible el natural giro a la derecha con los liberales (FDP) de Guido Westerwelle. Pese a perder un puñado de votos, Merkel, con su liderazgo de baja intensidad, ha salido fortalecida como escala única para medir el poder, con la elegante vitola de estadista moderada capaz de entenderse tanto con los liberales del FDP (los grandes triunfadores, que llegarán al Gobierno con un aumento del 50% de sufragios), como con los socialdemócratas del SPD (humillados con su peor resultado: pierden un tercio de su apoyo popular) e, incluso, si hubiera hecho falta, con los verdes (satisfechos de su 10,7%: suben más del 20%). La frontera de la tolerancia se fijaba en la cooperación con La Izquierda, el partido de Oskar Lafontaine y Gregor Gysi formado por disidentes del SPD y poscomunistas de la extinta RDA. Nadie parecía dispuesto a pactar con ellos, aunque no ha habido ocasión de comprobarlo, ya que la coalición de izquierdas ha resultado matemáticamente imposible.
La Izquierda canta victoria (sumó 3,2 puntos, hasta el 11,9%), pero sus 76 escaños en el Bundestag, con los 68 verdes y los 146 socialdemócratas, suman tan sólo 290, muy por detrás de los 385 de democristianos (239) y liberales (146). Ha quedado meridianamente claro que los alemanes apuestan por la derecha para salir del túnel de la crisis. Allá ellos.
¿Cuál podría ser la lectura española? Ni el SPD es el PSOE, ni la CDU/CSU es el PP, pero las diferencias reales no son tantas. Quítense la parafernalia política: retórica, violencia verbal, juego sucio, el todo vale. Olvídense insultos y agravios acumulados durante años. Elimínense unos cuantos revanchistas, nostálgicos del franquismo, dogmáticos y otros responsables de convertir la escena política en un riña de taberna. Déjense al desnudo ideologías e intereses, despojados de radicalismos trasnochados. ¿Qué queda? Los esqueletos de un partido socialdemócrata moderado que renunció al marxismo (siguiendo, por cierto, la estela alemana) y de otro conservador no muy alejado de sus parientes europeos, como la propia CDU/CSU. O sea, una fuerza de centro-izquierda y otra de centro-derecha. Ambas han demostrado (ahí está el ejemplo del País Vasco) que sus ataduras doctrinales no son tan rígidas como vocean y que, a la hora de la verdad, su vara de medir es el pragmatismo. Sin embargo, incapaces por sí solas de gobernar, hacen equilibrios en el alambre y pagan precios desmesurados para encontrar aliados coyunturales sin plantearse jamás la opción más obvia: una gran coalición a la alemana. No está nada claro que la fórmula sea aplicable y conveniente para un sistema y un mapa político como el español, pero sorprende que esté ausente del debate. Por eso parece oportuno ver cómo ha funcionado en Alemania desde 2005.
La solidez de la alianza y la lealtad de cada socio hacia el otro han impedido que la recesión alcanzase mayor virulencia e, incluso, han permitido que Alemania empezase a salir del túnel antes que otros países. El precio ha sido el crecimiento desmesurado del trabajo precario, mal pagado y subsidiado, así como una tasa de desempleo tolerable (en torno al 8%), que pone los dientes largos a este lado de los Pirineos, pero contenida sólo coyunturalmente con una sangría de las arcas públicas. Nadie duda de que el paro seguirá creciendo al menos hasta 2011. No es de extrañar el castigo al SPD y que este haya perdido el monopolio de la justicia social a favor de La Izquierda: para mantener la unidad de acción del Gobierno, ha permitido el incremento de la pobreza y la desigualdad, el aumento aún no en vigor de la edad de jubilación hasta los 67 años (forzado por el alarmante envejecimiento de la población), el deterioro de la educación y la sanidad, y la profundización de una reforma del mercado laboral lesiva para los trabajadores, que inició, por cierto, un socialdemócrata, Gerhard Schroeder. Aun así, la gran coalición ha frenado una deriva derechista que la alianza cristianodemócrata-liberal recuperará probablemente ahora, con bajada de impuestos, moratoria sobre el cierre de las centrales nucleares, y reducción del papel del Estado como protector de parados y salvador de empresas en crisis. Siempre, eso sí, dentro de los límites de un pacto de Estado no oficial que pasa por el respeto a la economía social de mercado. Con un resultado récord, el FDP sale de una larga travesía del desierto (11 años) y regresa al poder con un perfil más derechista que cuando se convirtió en socio de referencia de los socialdemócratas. Ojalá que Westerwelle no haga añorar a otro gran líder liberal y magnífico ministro de Exteriores: Hans Dietrich Genscher.
La gran coalición alemana ha demostrado que el socio segundón tiene todas las papeletas para pagar la factura y salir escaldado. El SPD ha salido de la experiencia con la conciencia tranquila, pero fulminado políticamente. Tendrá que remover sus cimientos y no hacer ascos a ningún posible aliado (incluso el renegado Lafontaine) si quiere volver a tener la más mínima probabilidad de recuperar la cancillería. Ya antes de lo ocurrido el domingo en Alemania, y más ahora, ¿se imaginan que el PP o el PSOE se planteen siquiera el escenario teórico de una gran coalición, si el precio a pagar es que el líder del partido rival viva en La Moncloa? Yo tampoco.
Luis Matías López es Periodista
Ilustración de Enric Jardí
Carlos Taibo
Transcurrido un mes y medio desde las elecciones al Parlamento de la UE, no parece amainar la discusión que, en lo que a la izquierda resistente se refiere, afecta a los resultados de aquellas. Al calor de esa discusión se olvida –parece– un hecho importante: dados los porcentajes, muy altos, de abstención, es obligado concluir que las elecciones configuran un termómetro poco adecuado para evaluar lo que ocurre en el mundo que ahora nos ocupa.
La abstención electoral, en cualquier caso, tiene mala prensa. De siempre se ha dicho que quienes se inclinan por no votar ofrecen un mal ejemplo y de siempre se ha dado por supuesto que no hay razones que justifiquen su conducta. Desde bastante tiempo atrás sabemos, aun así, que existe una bolsa, importante, de abstencionistas de izquierda. Parece servida la conclusión de que los partidos o listas emplazados a la izquierda del PSOE no han sido capaces de seducir a muchas de estas gentes, que se abstienen, claro, por algo. Digámoslo de otra manera: aunque antes de las elecciones del 7 de junio se apuntó, con un argumento respetable, que no era saludable que a aquellas concurriese media docena de listas diferentes en el terreno que nos interesa, mayor peso corresponde, sin duda, al hecho de que ninguna de esas listas acababa de convencer a la mayoría de las gentes de las que hablo.
Procuremos alguna explicación para lo anterior y anotemos, por lo pronto, que a menudo las opciones que concurren a las elecciones lo hacen, en franca renuncia de muchas de las convicciones que dicen ser suyas, de tal manera que acaban templando su discurso para no dañar eventuales expectativas. Se ha dicho, y vaya un ejemplo sonoro, que el gran fracaso de Izquierda Unida en esas elecciones fue su incapacidad para arrebatar votos que tradicionalmente han ido al PSOE. Sospecho que el análisis yerra y que, pese las apariencias, IU sí arañó votos socialistas. Ojo que la conclusión es delicada: Izquierda Unida sigue perdiendo apoyos entre su electorado leal y ello de resultas, en buena medida, de la anómala condición que la coalición exhibe. Receptora de votos socialdemócratas desencantados con la inanidad de las políticas del Gobierno central, IU pretende estar a todas, y unas veces lanza señales a ese electorado –ahí está su lamentable negativa a entrar en confrontación con las cúpulas de los sindicatos mayoritarios– y otras asume proyectos que, emplazados inequívocamente en la contestación del desorden existente, siguen yendo por detrás de lo que reclaman las redes sociales más activas.
Al final, dentro de IU como fuera de ella, las componendas no faltan. Si unos rehuyen promover lo que muchos entendemos que es una exigencia en el momento presente –el decrecimiento–, acaso por temor a una lapidación electoral que al final se produce igual, otros –ahí están algunos de los nacionalismos de izquierda– no dudan en mostrar su arrobo por la alta velocidad ferroviaria y el plan Bolonia. Claro que en algún caso el remedio es tan malo como la enfermedad, en la forma entonces de apuestas por cosmovisiones ideológicas –la centralidad abusiva de la cuestión nacional, el trotskismo o una suerte de tardoestalinismo– que al parecer el elector tiene que aceptar como normales y saludables.
Otro de los lastres que provocan el recelo ante partidos y listas es la frecuente presencia, en unos y otras, de liberados, burócratas y profesionales de la política, casi siempre alejados, desde los despachos de las sedes, desde los ayuntamientos o desde los parlamentos, de las luchas reales. Semejante separación, dramática, obliga a concluir que muchas de esas gentes sólo se representan a sí mismas, al tiempo que, no sin paradoja, mueven el carro de un singularísimo voto útil: reciben votos no porque quienes entregan el suyo, con la nariz tapada, se sientan representados, sino, simplemente, porque, emplazados ante el pecado de la abstención, muchos ciudadanos interpretan que no hay otra alternativa. En la trastienda salta a la vista que las opciones que se nos ofrecen siguen a menudo apegadas a los profesionales de la política, y con ellos, al control abrumador de los partidos, en detrimento de activistas y movimientos que, plurales y omnipresentes, son permanentemente ignorados.
No está de más agregar que una queja frecuente en la izquierda que concurre a las elecciones es la que subraya el maltrato que las opciones correspondientes reciben de los medios de incomunicación del sistema. Aunque no hay motivo mayor para negar que ello es así, lo hay en cambio para preguntarse si la queja no es, sibilinamente, un reconocimiento dramático de carencias propias: cuando una opción que se precia de su condición emancipadora y transformadora depende de otros para llegar a los ciudadanos, algo nos está diciendo en lo que respecta a su presencia, liviana y alicaída, en la realidad cotidiana de las gentes. Por cierto que, para que nada falte, la asunción de las reglas del juego imperantes es tan sólida en las iniciativas que me ocupan que, a manera de lo que hacen los grandes partidos, no hay lugar para autocrítica alguna. Todos han hecho lo que debían al calor de las elecciones –nadie ha encarado estas, como se merecen, con una irónica distancia– y todos han obtenido resultados más que aceptables…
Con mimbres como los descritos, parece claro por qué tantas personas –abstencionistas por respetable convicción o por coyuntural decepción– que mantienen una actitud de digna repulsa ante el orden existente, y a menudo una venturosa vocación de rebeldía, se quedaron en casa el 7 de junio. Las disonancias cognitivas y emocionales entre la izquierda social y la izquierda política siguen siendo, en otras palabras, muy grandes. Y eso que –antes de que alguien me lo reproche– en la primera de esas izquierdas tampoco hay motivo para lanzar cohetes.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Mikel Casal
