VICENÇ NAVARRO
Uno de los argumentos que autores conservadores han utilizado para negar el carácter fascista del régimen dictatorial establecido por el golpe militar liderado por el general Franco ha sido afirmar que la ideología de aquel régimen no incluía un componente racista, tal como ocurrió con el nazismo alemán y el fascismo italiano. La evidencia existente y fácilmente accesible muestra, sin embargo, la escasa credibilidad de tal argumento. El eje ideológico de aquel régimen fue el nacional-catolicismo que conjugó dos ideologías: el nacionalismo hispánico, que llegó incluso a negar la existencia de otras nacionalidades (como la catalana, la vasca, y la gallega), imponiendo su visión centralista uniformadora, y un catolicismo excluyente que intentó configurar todas las dimensiones del ser humano, incluyendo áreas tan íntimas como el comportamiento sexual de la ciudadanía.
Este nacional-catolicismo tuvo una concepción racista, pues tales ideologías totalizantes eran presentadas como definitorias de lo que el régimen definió como la raza hispana (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), cuya superioridad le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento de otras razas, tal como ocurrió en América Latina, cuya conquista militar y explotación era el motivo de celebración del día nacional (12 de octubre). Su misión “civilizadora” supuso el genocidio de la población nativa de aquel continente, bien documentada y denunciada por Bartolomé de las Casas. El nacional-catolicismo del régimen dictatorial se consideraba a sí mismo como el heredero de los Reyes Católicos, que habían expulsado a los judíos y a los musulmanes de España, habían establecido la Inquisición y habían conquistado Latinoamérica a base de cometer un genocidio.
El racismo del nacional-catolicismo fue más allá, sin embargo, del racismo étnico. Aunque incluyó una dimensión antisemita, el racismo del nacional-catolicismo se basó también en elementos político-culturales. Un objetivo explícito del golpe militar fue precisamente purificar la raza hispánica, eliminando todos los elementos que la debilitaran. Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército y que había sido nombrado por el general Franco dirigente del rearme ideológico del nuevo régimen (realizando tal función como director del Gabinete de Investigadores Psicológicos del Ejército), había subrayado que era misión del Alzamiento Nacional “salvar la patria y la raza”, especificando las características que definían a la raza hispánica como “un masculinismo, un canto a la fuerza física y un profundo nacionalismo y catolicismo”.
Contraponía esta raza hispana a razas inferiores como la “raza roja” (que incluía a la gran mayoría de opositores al golpe militar y a la dictadura que estableció), a la cual consideró una raza inferior, contaminada por el marxismo, considerado como la máxima forma de patología mental posible, definiendo el marxismo español como “una mezcla de judaísmo y masonería que lo distinguió de un marxismo extranjero semita puro”. Tal “raza roja”, estaba compuesta de “subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, todos ellos afectados por el marxismo, judaísmo masónico”, que se difundía fácilmente entre las clases populares debido a lo que Vallejo-Nájera consideraba su subdesarrollo mental. Todas estas citas aparecen en libros suyos titulados Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza y artículos en revistas consideradas científicas durante la dictadura, tales como el “Psiquismo del Fanatismo Marxista”, publicado en Semana Médica Española (8 de octubre, 1938, págs. 172-182) y también en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra (mayo de 1939, págs. 398-413). El artículo publicado en esta última revista analizaba “la especial patología” de las mujeres milicianas, “seres débiles motivados por la envidia, la maldad y la venganza”, y cuya participación “en las revueltas políticas les daba ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.
En el artículo publicado en la Semana Médica Española, Vallejo-Nájera describía también los estudios realizados en los campos de concentración (asesorado por las autoridades nazis alemanas, de cuyos estudios en sus propios campos era no sólo consciente, sino un profundo admirador), dividiendo a los componentes de la raza roja en cinco grupos: los internacionales brigadistas, los presos políticos varones de nacionalidad española, las presas políticas hembras de nacionalidad española, los separatistas vascos (a los que Vallejo-Nájera definía como “sujetos de un curioso fenómeno de fanatismo político unido a un fanatismo religioso, enemigos de España”), y el quinto y más degenerado, el de “marxistas catalanistas (unidos por el fanatismo marxista y el antiespañolismo)”.
Es importante señalar que las autoridades de la Iglesia católica compartían la ideología nacional-católica racista, bien articulada por el ideólogo del régimen Vallejo-Nájera. Es más, la Iglesia contribuyó, en gran manera, a la llamada purificación de la raza que fue, en realidad, una brutal represión, con ejecuciones, detenciones, torturas y exilio, en contra de las personas y los grupos políticos y sociales que se opusieron a aquel régimen, incluyendo, por cierto, personas católicas e incluso sacerdotes que apoyaron a las fuerzas democráticas, así como a militares del propio Ejército que se opusieron a aquel golpe militar, llevado a cabo por la Iglesia y la Falange, así como por el Ejército golpista. Parte de este proceso de purificación de la raza, llevado a cabo por el régimen en colaboración con la Iglesia católica, consistía en el robo de infantes de “rojos” asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de que no fueran “contaminados por sus padres, con el objetivo de salvarles”. Según Enrique González Duro (Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, 2008), 12.043 niños fueron sustraídos de manos de sus padres durante los duros años de la represión (1939-1945). La Iglesia católica nunca ha pedido perdón al pueblo español por estos hechos.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
VICENÇ NAVARRO
Hay que enseñarle a la juventud que lo que se llama Guerra Civil en España fue predominantemente una lucha de clases en la que la banca, la patronal, las oligarquías terratenientes, la Iglesia y la gran mayoría de la oficialidad del Ejército se levantaron en contra de un Gobierno democráticamente elegido cuyas reformas estaban afectando a sus privilegios. Tal golpe estableció una dictadura enormemente represiva en contra de las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España. Pero también hay que informarles de que la mal llamada Guerra Civil (en realidad un golpe militar en contra de la mayoría de la población) fue también una lucha entre dos visiones de España, que se entrelazó con el otro conflicto. Los golpistas y sus partidarios tenían una visión uniforme de España, altamente centralizada en una visión jacobina que negaba su pluralidad. Esta visión era empobrecedora, pues imponía una uniformidad enormemente opresiva a las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España.
Recuerdo bien cuando a la temprana edad de 7 años un policía nacional me paró en una calle de Barcelona por hablar mi lengua materna, el catalán, y dándome un bofetón, me gritó “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Le escupí en la cara y me llevó al cuartelillo desde donde llamaron a mis padres. Mi padre (que había luchado en muchos frentes de España defendiendo la República española y la Generalitat de Catalunya) no me dijo nada. Sólo acarició mi cabeza y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande de su vida. En Catalunya, la burguesía y otros grupos dominantes hablaban castellano, considerando el catalán como un lenguaje vulgar y de las clases populares, supuestamente poco educadas. Esta fue la experiencia de millones de catalanes.
El golpe fascista se definió a sí mismo como un movimiento nacionalista (Alzamiento Nacional), que prohibió cualquier expresión de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la catalana. No deja de ser paradójico, por cierto, que el golpe que se autodefinió como nacional no hubiera podido vencer la resistencia al golpe por parte de las clases populares de todas las nacionalidades y regiones de España sin la ayuda de las tropas extranjeras (más de 177.000) y el material militar enviado por Hitler y Mussolini. Tal golpe inició el régimen que ha asesinado al mayor número de españoles que hayan perdido su vida en tiempos de paz en el siglo XX, con más de 120.000 personas todavía hoy desaparecidas. Su caudillo (uno de los mayores asesinos que ha tenido Europa) era la expresión de su brutalidad.
Los fascistas justificaron la represión con el argumento de defender la unidad de España (tal como ahora los nacionalistas españolistas están justificando su oposición a reconocer la identidad catalana). El fascismo justificó su golpe como la defensa de España contra “comunistas, masones y separatistas”, definiendo como comunistas a todos aquellos que se oponían al régimen, masones a todos aquellos que no eran cristianos, y separatistas a todos aquellos que defendían la identidad catalana, vasca o gallega. Naturalmente que hubo comunistas entre los luchadores por la República (lo cual se les debe agradecer por su labor heroica en aquella lucha) y separatistas entre los que defendieron la identidad catalana (tienen todo el derecho de serlo). Pero la enorme mayoría de los que se les opusieron no fueron ni comunistas, ni masones, ni separatistas. En realidad, defender la identidad catalana no era (ni lo es ahora) el deseo de separarse de España. Lo que en realidad defendían los fascistas no era España sino sus intereses de clase, utilizando a España para alcanzar sus fines. Y los números hablan por sí mismos. Cuando la dictadura terminó en 1978, la concentración de renta y propiedad era la más elevada de Europa, y el retraso social, económico y cultural era el mayor en este continente.
Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo (actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. Aunque tanto el PP como UPyD se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del fascismo.
Catalunya es una parte de España que corre el riesgo de perder su identidad, tal como ha ocurrido en Francia, bajo un Estado jacobino. Catalunya, para mantener su identidad, debe defender su propia lengua, cultura y símbolos. De ahí que la gran mayoría de la población allí sea bilingüe, puesto que el Gobierno catalán no amenaza al castellano (que continúa siendo mayoritario), sino que defiende el catalán.
Dos últimas observaciones. Creerse que recuperar la identidad es un deseo de las élites catalanas es no conocer la historia de Catalunya. Allí, las fuerzas que históricamente defendieron la identidad catalana fueron las de izquierdas, las cuales lideraron la lucha antifascista. La otra observación es que la movilización en defensa del Estatut no es, en contra de lo que presentan los nacionalistas de ambos lados del Ebro, una muestra del conflicto Catalunya versus España. En realidad, la mayoría del Parlamento español la ha aprobado. Y la mayoría de la población española (68%) aprueba el Estatut. Lo que tenemos es un conflicto, no de Catalunya en contra de España, sino entre las fuerzas democráticas anticentralistas que tienen una visión plural de España, y las derechas herederas del fascismo que no renuncian a su visión uniforme de nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Vicenç Navarro
Una de las percepciones más generalizadas que han existido en la cultura política del país es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica. Esta percepción alcanzó casi la categoría de dogma en los establishments políticos y mediáticos del país durante muchos años. Cuestionar el carácter modélico de la Transición era arriesgarse a recibir toda una serie de improperios o, lo que es peor, a ser totalmente ignorado, puesto en cuarentena ideológica, para proteger a la población de una posible contaminación. Este dogma todavía se reproduce hoy, a pesar de que la evidencia, que se ha ido acumulando durante el periodo democrático (1978-2009) sobre la falta de ejemplaridad de esta Transición, es robusta y abrumadora. España continúa teniendo una de las democracias menos desarrolladas de la Unión Europea (su sistema electoral, por ejemplo, es uno de los menos proporcionales y representativos de Europa) y es uno de los Estados de bienestar más atrasados de la Unión Europea (el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo económico al nuestro).
Resultado de la manera como se hizo la Transición, existen dos versiones del pasado que se han promovido en los mayores medios de información de España. Una versión (la de derechas) todavía justifica hoy el golpe militar y la dictadura que implantó aludiendo que era necesaria para parar un mal mayor, el comunismo. La otra versión (más cercana al centro ideológico) niega la anterior, desmintiendo que existiera peligro de que en nuestro país se estableciera el comunismo. Según tal versión, en el caso de que la República hubiera ganado lo que se define como Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar al que se opusieron la mayoría de las clases populares de las distintas naciones y pueblos de España), habríamos tenido una democracia como ahora, con escasas diferencias, excepto que en lugar de un rey, tendríamos un presidente de la República. Pero, por lo demás, la situación sería parecida a la existente ahora. Esta versión de los hechos lleva implícita la suposición de que la Transición fue modélica, convirtiéndonos en una democracia homologable a cualquier otra democracia europea. De ahí que, aunque llevase tiempo, hemos llegado a donde queríamos llegar.
Considero tales versiones, incluyendo la segunda, profundamente erróneas. Creo que existe suficiente evidencia histórica para concluir que en caso de que hubieran ganado las fuerzas democráticas, derrocando el golpe militar (lo cual habría ocurrido de no contar el golpista Franco con la ayuda de Hitler y Mussolini), tendríamos una España muy distinta. También la tendríamos distinta si la Transición, en lugar de ser resultado del pacto entre el Estado franquista, por un lado, y las izquierdas (que acababan de salir de la cárcel o del exilio), por el otro, hubiera sido consecuencia de una ruptura con el régimen anterior, determinada por movilizaciones generalizadas que hubieran forzado al rey a dejar el país, estableciéndose un sistema republicano que se hubiera considerado, asimismo, heredero de la Segunda República. En ambos casos, la España actual sería hoy muy diferente, mucho más democrática, con unas izquierdas más poderosas y con mayor sensibilidad social. Y una de las características del Estado sería que España incluiría otras tres nacionalidades –catalana, vasca y gallega–, con instituciones representativas propias, que tendrían sus propias políticas fiscales, dentro de un marco de solidaridad interterritorial. Esta visión plurinacional del Estado español no se reconoció en la Transición y ello a pesar de que la Constitución habla de nacionalidades. En realidad, el Estado de las autonomías negó la plurinacionalidad del Estado español. Y el café para todos que conlleva tal Estado de autonomías puede abocar a la desintegración de España. Cada petición de mayor autonomía y de recuperación de la identidad nacional por parte de Catalunya, se transforma automáticamente en idéntica petición por parte de las otras CCAA. Se están, así, construyendo 17 Catalunyas, lo cual puede llevar a la desintegración de España. Los ejemplos de ello son múltiples. Catalunya necesita toda una serie de instituciones para recuperar y mantener su identidad nacional, que incluye también la protección de su cultura, que está siempre en peligro de desaparecer (como ha ocurrido con la Catalunya francesa, en la que los franceses catalanes ni siquiera saben hablar catalán), necesidades que no tienen la mayoría de las CCAA, pues no tienen tal riesgo, ya que la cultura castellana, a la cual pertenecen la mayoría, no tiene problemas de supervivencia.
Es justo que la igualdad de los españoles deba quedar garantizada en su acceso a los servicios del Estado del bienestar, entre otros. Pero durante todos estos años, antes de que se cambiara la financiación autonómica, Catalunya tenía que garantizar, no sólo tal acceso, sino también desarrollar su identidad y las instituciones que la apoyaran. Pedir que se sea sensible a estas diferencias no quiere decir, como las derechas (y algunas voces de izquierdas) constantemente y maliciosamente argumentan, que los catalanes sean insolidarios, o que se crean superiores. Esta presión para que todo lo que tenga Catalunya lo tengan todas las CCAA está creando divisiones artificiales dentro de España, convirtiendo cada CCAA en una nación. Es una incoherencia que aquellos que niegan el carácter plurinacional del Estado español se presenten ahora como los defensores de España, continuando el argumento utilizado por los golpistas de 1936 en contra del Gobierno democrático republicano que comenzó a reconocer la plurinacionalidad de España. Ellos son los que dañaron y continúan dañando enormemente España, y pueden acabar rompiéndola.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Juan Pablo Cambariere
EMILIO SILVA
El 16 de julio de 1938 el Boletín Oficial del Estado franquista publicaba una orden firmada por Ramón Serrano Suñer: “Al cumplirse dos años de la lucha trémula y gloriosa que el pueblo español sostiene para salvarse de su muerte como Nación”. Así declara que la conmemoración del glorioso alzamiento debe llevarse a cabo el día 17 de julio, que será el Día de África en agradecimiento a las tropas de Marruecos; el día 18, que será feriado a efectos mercantiles y de trabajo; y el día 19, que se proclama “Día de la revolución nacional contra la supresión de las servidumbres a que la decadencia y el liberalismo habían sometido a España”.
Terminada la guerra en 1939, la maquinaria de la dictadura inició su ajuste de cuentas. Se aprobaron numerosas medidas reparadoras para quienes habían padecido el “terror rojo” o luchado junto a los militares sublevados: puestos en la administración pública para toda la vida (Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados ex combatientes y ex cautivos, BOE 01/09/1939), pensiones para los que habían muerto apoyando al general Sanjurjo, en su golpe de Estado de agosto de 1932 (BOE 24/07/1939) o una amnistía para quienes habían cometido delitos contra la Segunda República que pudieran considerarse afines al movimiento (la violencia de la extrema derecha) desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 (BOE 30/09/1939). Además, se llevaron a cabo exhumaciones de fosas comunes con el dinero de todos pero sólo de “víctimas de la barbarie roja” (BOE 17/05/1939).
Sobre ese espíritu se edifica un apartheid que divide la sociedad; miles de familias son obligadas a despojarse de su identidad, de su pasado, de sus ideas, de sus sueños, para tratar de esquivar la mirada del vigía.
El 18 de julio se celebró de manera oficial, por última vez, en el año 1977, después de celebradas las elecciones, pero los privilegios que adquirieron los golpistas y sus colaboradores a la sombra de ese espíritu sembrado de terror han alcanzado nuestro presente.
Hace unos meses, en una reunión de familiares de desaparecidos por la represión franquista, una mujer pide la palabra, se levanta, despliega un papel con nerviosismo y habla: “En mi pueblo hay una fosa”. Uno por uno lee los nombres de los enterrados en ella. Después, con la voz entrecortada, añade: “Ahora me callo porque me ha dicho mi madre que los lea, pero que no me signifique”. Entonces se sienta en silencio porque su madre le ha pedido que no opine ni se muestre cercana a esos muertos; en fin, que se comporte como si fuera insignificante. Esa fue y es aún la historia de miles de familias de desaparecidos, presos, exiliados, depurados y todo tipo de represaliados. Lo fue durante 40 años de dictadura y lo está siendo a lo largo de más de tres décadas de democracia.
El látigo franquista no se detuvo, con la colaboración de muchos miles de ciudadanos recompensados. El 1 de abril de 1959, al inaugurar el Valle de los Caídos, el dictador Francisco Franco alerta sobre una posible debilidad en el ejercicio de la represión: “No es época en que se puedan desmovilizar los espíritus después de la batalla, ya que el enemigo no descansa y gasta sumas ingentes para minar y destruir nuestros objetivos”.
Termina la dictadura y los violadores de derechos humanos evitan las consecuencias penales. Los gestores de la transición acuerdan además que la ignorancia sobre el pasado reciente sea una política de Estado, por lo que millones de ciudadanos no estudian nada que tenga que ver con la dictadura, quiénes formaron parte de su aparato de control y tortura o lograron importantes fortunas y sobresalientes carreras aprovechando su corrupción política, económica e ideológica.
Tras las elecciones municipales de 1979 llegan al poder local partidos que habían sido clandestinos. En La Rioja o Navarra se abren fosas comunes. Se trata de un movimiento creciente, sin apoyo institucional y apenas político, truncado el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero grita en el hemiciclo del Congreso, pistola en mano: “¡Quieto todo el mundo!”. Miles de familiares que habían iniciado el camino hacia la rehabilitación pública de sus seres queridos regresan a la insignificancia, por miedo a que despierte con fuerza el espíritu del 18 de julio. De ese modo, los franquistas añadieron a la impunidad política y jurídica que habían conquistado con la Ley de Amnistía de 1977 otra impunidad imprescindible: la social.
Tuvieron que pasar dos décadas para que la generación de los nietos, que no aprendieron en los colegios su historia reciente, buscara a sus abuelos, exhumara sus fosas, los reconociera públicamente e iniciara un cambio en la patológica relación que ha mantenido nuestra sociedad con el pasado de la dictadura. Desgraciadamente, miles de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia y la defendieron de un golpe militar han muerto ignorados por las instituciones.
Lo que ha ocurrido en los últimos años: los homenajes, la apertura de fosas, la posibilidad de completar el duelo después de 70 años, las personas que por fin han perdido el miedo, el intento de apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, los miles de nietos que buscan expedientes, que entrevistan ancianos, que se emocionan al escucharlos, que devoran libros y documentales para saber, que han llenado Internet de preguntas y respuestas, la ayuda que cientos de voluntarios están prestando a miles de familias, todo eso es el camino que hemos comenzado a recorrer para llegar al final de la insignificancia.
Emilio Silva pertenece a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración de Mikel Jaso
ISAAC ROSA
El sábado pasado los jóvenes del Partido Popular se corrieron una juerga ideológica en el congreso de las Nuevas Generaciones madrileñas. Los chicos jugaron a ser más de derechas que sus mayores, y a la juerga se sumaron dos viejos rockeros, José
María Aznar y Esperanza Aguirre, ue son como esos tíos marchosos que de vez en cuando salen de copas con sus sobrinos. En plena farra, la presidenta de la Comunidad de Madrid se marcó un baile en el centro de la pista que arrancó aplausos: cargó contra Ernesto Che Guevara, al que llamó “canalla”, y cuya figura contrapuso a la de Miguel Ángel Blanco, concejal popular asesinado por ETA hace 11 años, y al que consideró un “héroe”.
El ambiente ya lo había calentado Aznar, que arremetió contra los “progres apolillados y de pacotilla”, ante un público entregado, que reía todas las gracias, incluidas las de su líder juvenil, Pablo Casado, que ya había llamado “asesino” al Che. Pero en el caso de Esperanza Aguirre había algo más, un resentimiento previo.
El día antes, viernes, la presidenta fue al cine. Quería ver una vez más la película que ella misma encargó a José Luis Garci, sobre la lucha de los españoles contra el invasor francés en 1808. “Deme una entrada para la película esa, la de los guerrilleros”, pidió en taquilla, confiada. Como era un multicine, el taquillero se equivocó y la mandó a otra sala. Lo hizo sin mala intención, suponemos. Le dio una entrada para Che, el argentino, la película de Steven Soderbergh sobre la participación de Ernesto Guevara en la revolución cubana. Una película de guerrilleros, como le había pedido la ilustre espectadora.
De forma que nuestra desprevenida presidenta se sentó en su butaca, no para ver la épica lucha de los guerrilleros madrileños, sino la de los guerrilleros cubanos. Por supuesto, Aguirre se dio cuenta pronto del malentendido. Sin embargo, decidió esperar, darle una oportunidad a la inesperada película. Siendo norteamericano el director, pensó que vería un retrato monstruoso de los comunistas cubanos, con un Che sanguinario y errorista. Nada de eso. El comandante interpretado por Benicio del Toro no era despiadado ni criminal, como ella esperaba. Sólo fusilaba a unos pocos desertores delincuentes, y a cambio se mostraba muy preocupado por alfabetizar a sus guerrilleros.
Aquello era inaceptable: ¡un retrato amable del Che! Imaginamos lo cabreada que debió de salir del cine. Al día siguiente, de camino al Congreso, vio desde el coche oficial a unos chavales con camisetas del Che, que terminaron de calentarla. Así que lo de “canalla” fue hasta suave para lo que le pedía el cuerpo ese día.
¿Qué hacemos con el Che?, se pregunta la derecha. ¿Cómo acabar con su leyenda, que aún fascina a la cultura progresista en todo el mundo? ¿Cómo proteger a nuestros hijos de su influjo idealista que perdura? ¿Por qué tuvo que morir joven, en vez de envejecer para convertirse en alguien menos simpático, como Fidel Castro?
El Che es una figura peligrosa. Un icono poderoso que lo aguanta todo. La izquierda, hasta la más templada, lo mira aún con simpatía, frente a otros elementos de su pasado en los que ya no quiere mirarse, acomplejada. Pero sobre todo es una figura que, pese a los excesos iconográficos, sigue perteneciendo a la izquierda, no se ha apropiado de él la derecha, a diferencia de otras figuras y símbolos (pensemos en Azaña leído por Aznar, el lenguaje revolucionario usurpado por la industria publicitaria, la estética soviética como moda, o el pañuelo palestino de boutique que visten las pijas). Como no pueden apropiarse del Che, blanquearlo, despolitizarlo, lo mejor es destruirlo.
Pero el Che resiste los embates de quienes, tras ganar la Guerra Fría, exigen que la izquierda se arrodille, renuncie a su tradición de lucha y pida perdón por los errores del pasado. Pese a sus muchos complejos y su derrotismo, la izquierda aún sostiene al Che en lo alto, aunque en muchos casos sea una bandera más sentimental que política.
Enfrente tiene a esa derecha que, en el discurso de Aznar o Aguirre, se pretende sin complejos, sin pasado, sin pecado original, sin cadáveres en el armario. “Nosotros podemos asomarnos a la historia sin complejos y sin ataduras”, dijo Aguirre el sábado.
Es la ilusión de una derecha virginal, sin tradición, sin referentes molestos. Pero como tal, también es una derecha sin iconos. “En nuestras sedes no hay fotos que nos avergüencen”, dice Aguirre (olvidando la del presidente fundador, ex ministro franquista). Ni que les avergüencen ni que les enorgullezcan, añadimos.
Y es que, si el Che es el héroe de la izquierda, ¿cuáles son los iconos de la derecha? ¿Dónde están sus héroes? Los ideólogos de la FAES se refieren una y otra vez a tres personajes históricos por los que Aguirre, Aznar y sus jóvenes cachorros sienten devoción: Reagan, Thatcher y el Papa Wojtyla. Tal vez les sirvan como referentes ideológicos, pero reconocerán que, como iconos, dan poco juego. Ni el joven neocon más entusiasta se pondría una camiseta con el rostro de Reagan. De ahí a apropiación partidista de las víctimas del terrorismo etarra, una y otra vez. Miguel Ángel Blanco frente al Che Guevara, como una elección excluyente: su héroe frente a nuestro canalla.
Isaac Rosa es escritor. Su último libro es ‘El país del miedo’
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
En el marco de los juicios contra los acusados por el 11-S en Guantánamo, la CIA ha admitido la utilización de prácticas como el denominado waterboarding. Se trata de una técnica, ya utilizada en la Edad Media, en la que los detenidos son inmovilizados y se les arroja agua en la cara y en las vías respiratorias. Lo que se produce es una situación de asfixia forzada, en la que el interrogado experimenta una sensación de ahogamiento cercana a la muerte. Algunos medios han aprovechado la revelación para instalar un viejo interrogante: ¿no es lícito, acaso, torturar a un detenido para obtener información que puede salvar vidas?
Hace tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar una respuesta afirmativa a este dilema. La aprobación en 2001 de la llamada Patriot Act otorgó al poder ejecutivo un considerable margen de actuación en la lucha antiterrorista. Esta normativa vino acompañada por un protocolo que flexibilizaba el alcance de la tortura. Entre otras cosas, se llegó a decir que ésta podía ser “equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, como desfallecimiento orgánico, deterioro de las funciones corporales o, incluso, la muerte”. Algunos, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no buscaron rodeos para justificar esta práctica: “De lo que se trata –declaró– es de salvar vidas norteamericanas y no los derechos humanos de los terroristas”. El presidente George Bush puso su grano de arena y vetó un proyecto de ley que pretendía poner coto a las torturas acuáticas. Se podría pensar que a este lado del Atlántico la respuesta a una situación de este tipo sería la opuesta. Después de todo, a Europa le gusta presentarse ante el mundo como la cuna de Beccaria y Voltaire, como el continente de la paz, del diálogo y de las grandes Declaraciones de Derechos Humanos. Sin embargo, mientras las élites europeas se prodigan en proclamas a favor de las libertades civiles y políticas, la tortura no ha dejado de hacerse un hueco en las prácticas institucionales.
Primero, se supo de la existencia en los países del Este de una red de prisiones clandestinas donde se recluía y se torturaba con absoluta impunidad a personas que el Gobierno de los Estados Unidos consideraba terroristas. Luego, se constató la existencia de ciudadanos europeos desaparecidos en extrañas circunstancias, que habían sido secuestrados por la CIA. La inocencia acabó de perderse cuando se conoció la participación europea en el transporte y detención ilegal de presos que luego eran torturados en Guantánamo o en otros países del mundo.
El recurso a la tortura, sin embargo, no sólo se explica por la subordinación de la Unión Europea a las obsesiones militaristas del Gobierno de los Estados Unidos. En países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, se han aprobado normas y se han consentido prácticas que muestran que no se está ante un fenómeno accidental. Y lo mismo ocurre en el caso español, donde un reciente informe de Amnistía Internacional opina –al igual que la Relatoría Especial de la ONU hace unos años– que la tortura es una práctica más que esporádica en las comisarías. Dar una explicación acabada a este fenómeno de regresión jurídica y moral no es fácil. Sin embargo, parece inevitable vincularlo a una situación de fragmentación social que permite construir un otro deshumanizado y sin ningún tipo de derechos: el terrorista, el que amenaza la seguridad, la no-persona. Sólo esa construcción mental permite a algunos aceptar la tortura como un acto de defensa justificado, aunque sólo sea en situaciones excepcionales”. Como un acto, en suma, en el que no se participa directamente, pero que se está dispuesto a tolerar entre el telediario y la próxima publicidad comercial.
Para referirse a esta situación que inhibe la capacidad de reacción moral de la gente frente a prácticas de objetiva barbarie, algunos autores han hablado de “fascismo societario”. La expresión puede discutirse. Pero permite poner de relieve que se trata de una práctica promovida desde arriba, pero también, en buena parte, consentida desde abajo. Cuando Hitler llegó al poder, se dio cuenta, tras sondear a las principales cancillerías europeas, que nadie movería un dedo por el genocidio de los judíos. También Bush, después del 11-S, tuvo la seguridad que algo similar ocurriría respecto de las torturas de los presos en Guantánamo.
Cuando el consejero autonómico o el ex ministro de turno aseguran que en la lucha antiterrorista es preferible “pecar por exceso que por defecto” o que “no hay que producir bajas; pero, si son inevitables, que no sean nuestras”, las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la tortura no sólo la perpetra el torturador, sino también la sociedad que la tolera. Y que ese acostumbramiento a la barbarie degrada a quien la sufre, pero también a quien la acepta, aunque sea de manera excepcional.
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
XAVIER DOMÈNECH
Recientemente, por iniciativa de la Dirección General para la Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya, Barcelona ha vivido diversos actos de conmemoración de los bombardeos de marzo de 1938 protagonizados por L’Aviazione Legionaria. Un episodio de la guerra civil que la sitúa en el contexto de la construcción del fascismo europeo. Es en este sentido una historia italiano-española. No en vano el mismo Mussolini, implicado directamente en aquellos bombardeos, después de la caída del frente republicano catalán, se enorgullecía en un mitin de haber contribuido a “la espléndida victoria de Barcelona (…) otro capítulo en la historia de la nueva Europa que estamos creando”. Hecho que se echó al olvido en el pasado y que se quiere recuperar en nuestro presente.
Justo cuando terminaba la experiencia fascista europea se consolidaba el franquismo en España. Realidad que llevó a una desconexión: lo que había sido una experiencia comúnmente vivida fue recluida en historias que se querían como solamente propias. Esto tuvo unos efectos evidentes no sólo para España, sino para la articulación de los propios discursos de memoria en Europa. Si en España la intervención del fascismo había sido clave para su desarrollo militar y político a nivel europeo, esta experiencia no fue incorporada en el acervo de la memoria común sobre el fascismo europeo. Hacerlo implicaba varias contradicciones. Entre ellas, para el caso italiano, ponía en cuestión uno de los mitos fundacionales de la nueva República.
Aquel según el cual la participación italiana en las políticas de exterminio fascistas contra la población europea había sido producto directo de una guerra né voluta né sentita (Pietro Bodoglio) producto de una alleanza dissennata e nefasta (Benedetto Croce) con il nemico secolare l’odiato tedesco (…) senza alcuna consultazione e senza il consenso del popolo italiano (Palmiro Togliatti). Una alianza antinatural en definitiva entre el bravo italiano, como representación de un pueblo espiritualmente incapaz de practicar la violencia contra otros pueblos, y el cattivo tedesco (el malvado alemán).
En esta construcción se perdió la posibilidad de integrar la propia experiencia de la guerra civil española en la memoria del fascismo en Italia: en ella el fascismo italiano había experimentado nuevas técnicas del horror anteriormente a la alianza con los nazis en la guerra mundial. Pero a su vez se perdió algo más. Si el fascismo era recordado y caracterizado en las políticas públicas de la memoria como una experiencia básicamente nacional, si del mismo se extraía su faz más terrible, su memoria devenía también débil. Esto no fue evidente mientras el sistema político de la República italiana fue fuerte, y las guerras por la memoria se mantenían en su periferia, pero en el momento que éste entró en crisis con la desintegración o transformación de las viejas formaciones políticas y la aparición de unas nuevas derechas, también entró en crisis la memoria democrática italiana. Si el fascismo había sido una experiencia básicamente nacional, si él nada o poco había tenido que ver con los horrores atribuidos a la experiencia nazi, lo que se había vivido en Italia en los años cuarenta era sólo una guerra civil, una guerra civil entre partisanos y fascistas, una guerra civil entre dos proyectos de patria, una guerra civil donde los dos bandos habían cometido barbaries por igual. ¿Suena el discurso a algo conocido? Es probable ya que desde esta ladera de Europa es una música que hace tiempo que se compone. Ya que también desde esta ladera la memoria del franquismo se ha querido construir de forma autoreferencial, obviando que la guerra civil española no fue sólo una “guerra fraticida entre hermanos”, sino el momento y el lugar donde por primera vez se confrontaron de forma armada los proyectos fascistas contra el antifascismo.
Las memorias democráticas fuertes sólo se pueden construir desde la articulación de senderos de memoria que unan experiencias que fueron comunes, pero que no han sido comúnmente recordadas. En este sentido los actos de conmemoración de Barcelona están teniendo su replica en actos en las principales ciudades italianas, siguiendo la itinerancia de la exposición Quando piovevano bombe, que han dado lugar a la redacción de un manifiesto que pide la asunción también de la memoria de la guerra civil española en la memoria del fascismo italiano. Firmado ya por más de un millar de historiadores y por destacados alcaldes italianos, cabe también la posibilidad de una iniciativa legislativa específica en este sentido. En la construcción de las memorias democráticas unos necesitamos a los otros. Sólo desde el conocimiento del otro, nos podemos conocer mejor a nosotros mismos.
Xavier Domènech es profesor de Historia de la UAB y comisario de la exposición Refugi: quen el refugi era el susbòl
Ilustración de Iván Solbes
