CAYO LARA
Los que hoy se niegan a condenar los crímenes del franquismo están a favor de los que ayer apretaron los gatillos”. Esta frase se me quedó grabada, hace años, en el cementerio de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, mientras se homenajeaba a los combatientes republicanos fusilados por la dictadura. La sentencia, valiente y justa, salía de los apretados labios del que hoy es un parlamentario europeo por el PSOE. Quién me iba a decir entonces que, 30 años después, esa sentencia tendría aún vigencia.
España no fue liberada por las tropas aliadas de la dictadura militar nacional-católica, tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas y EEUU, ante el temor de una España progresista, vanguardia en la transformación social y cultural, miraron hacia otro lado, abandonando al pueblo español a su suerte. Esta vergonzosa actitud permitió la pervivencia del franquismo, casi 40 años de represión, mentiras y miedo, que ha desembocado en actitudes –no precisamente minoritarias– que, todavía hoy, en 2010, justifican desde diferentes tribunas el cruel levantamiento militar contra el Gobierno de la República de 1931. Estas ideas siguen grabadas a golpe de fuego y crucifijo en muchos españoles, dirigentes políticos de la derecha incluidos y, lo que es más grave, están presentes, como vemos, en una parte de la judicatura. El silencio cómplice de la Transición sobre estos asuntos, con su manto de interesado olvido, ha favorecido (y alimentado) estas actitudes antidemocráticas.
No pido venganza: reclamo dignidad. Estoy entre quienes desean que se haga justicia, aflore la verdad y se repare, hasta donde sea posible, a las víctimas del franquismo. Es imposible construir una España democrática con estos lastres en la memoria de varias generaciones. Es vergonzoso que sigamos, a estas alturas de la evolución democrática, discutiendo estos asuntos. Si no fuera trágico, sería ridículo. Somos hijos de la República, de su generosidad y esfuerzo, y renegamos de la herencia que el franquismo ha dejado en la mentalidad (sumisa e interesada) de muchos.
No se trata hoy de encausar y encarcelar a los autores intelectuales del levantamiento militar ni a quienes lo apoyaron con armas y capitales. Tampoco a quienes juzgaron, encarcelaron y asesinaron a miles de personas. Lejos de mi intención cargar las tintas democráticas contra los ejecutores materiales, ya que muchos actuaron por obediencia debida o, por mejor decir, “por temor impuesto”. No se trata de abrir la caja de la revancha, ya que no hay posible reinserción penitenciaria para los culpables ni pena de muerte posible. Los verdugos han fallecido y, aunque no fuera así, les ampararía nuestro texto constitucional y la opinión de quienes estamos en contra de la pena de muerte. Defender la memoria de los republicanos debería ser una obligación de los poderes públicos. No se puede levantar un país sobre los huesos olvidados de sus muertos. Y máxime cuando fueron asesinados por defender la legalidad democrática.
Los herederos de los golpistas y quienes con ellos se identifican no quieren que se analice el pasado, ni mucho menos que se siente en el banquillo esa parte negra de su historia: sus rincones oscuros. Sin embargo, una democracia no puede crecer manchada de sangre. Los franquistas descansan en los cementerios. Los vencidos siguen enterrados en las cunetas. “¿Por qué tenéis a mi abuelo enterrado en una cuneta?” es la pregunta popular que refleja la deuda que esta sociedad tiene con su pasado.
Los rebeldes, santificados por la Iglesia católica, crearon tribunales que condenaron a los que defendieron la democracia republicana. Miles de penas de muerte por el mismo delito que los franquistas cometieron: adhesión a la rebelión. Esta gran falacia sólo puede ser equiparada a la invasión militar de un país por tener armas de destrucción masiva, que luego resultaron inexistentes. Los argumentos de la derecha reaccionaria y de la Iglesia católica se repiten, como una farsa, a lo largo de la historia.
Los funcionarios públicos –miembros de la carrera judicial– que quieren condenar y apartar a un magistrado que ha defendido su independencia en causas de terrorismo, terrorismo de Estado, crímenes contra la humanidad y que ha investigado la corrupción de altos vuelos, se sitúan en el mismo lugar que aquellos que se levantaron contra el Gobierno de la República. Es hora de defender una democracia de calidad, no una democracia de superficie, maniatada por sustratos franquistas. Sin revanchismos, sin odio y sin rencor colectivo. Urge defender la actuación del magistrado Baltasar Garzón –con independencia de la opinión que sus actitudes políticas del pasado nos parezcan– de los sucios y viles ataques de los que siguen sin creer en la democracia y en la justicia. No es posible vivir en una democracia teñida de franquismo.
Una timorata Ley de Memoria Histórica, patrocinada por el PSOE, no debe de ser la excusa para dejar impunes los desmanes cometidos por la dictadura nacional-católica. Nada tenemos contra los descendientes de los asesinos. Incluso es comprensible que duela una condena a la memoria de sus antepasados. Cada persona, cada individuo, es responsable de sus actos. Los criminales del pasado no pueden quedar como héroes. Levantando la voz contra quienes persiguen a Baltasar Garzón no defendemos sólo al juez. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de los residuos franquistas. Unos residuos contaminantes que esperemos no se conviertan, por desidia colectiva, en una nueva mayoría natural.
Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida
Ilustración de Alberto Aragón
FÉLIX POBLACIÓN
Hasta hace un par de meses, que se lo escuché decir a Gerhard Hoffmann, sólo sobrevivían cinco de los 1.400 brigadistas internacionales austriacos que como él acudieron a combatir el fascismo en la Guerra de España junto a la II República. Casi 300 encontraron la muerte en el conflicto, según Hoffmann, que acaba de dar a conocer esas y otras vivencias en un libro presentado este mismo otoño en el Instituto Cervantes de Viena y cuyo título aproximado en español deja entrever la azarosa e intensa existencia de su protagonista: Barcelona-Gurs-Nicaragua: un tortuoso camino a través del siglo XX.
Hay dos capítulos en estas memorias –redactadas en alemán y cuya traducción al castellano quizá interese pronto a una editorial española– que resultan muy significativos para entender la trayectoria biográfica de Gerhard Hoffmann y el grado de compromiso de su ideario socialista. El primero se refiere a la ocupación de Austria por el Tercer Reich, cuando el autor –que lleva un tiempo internado en la cárcel por su temprana militancia en las Juventudes Comunistas– es liberado al tiempo que los reclusos nazis acusados de haber participado en el asalto a la cancillería y el asesinato de su titular Dolfuss en 1934.
Coincidiendo con la entrada del ejército de Hitler en su país en marzo de 1938, le llega a Gerhard una carta de su hermano mayor, combatiente de las Brigadas Internacionales, escrita desde el frente de Teruel y donde le expresaba su confianza en la victoria de la República, convencido de que con ella contribuiría a la libertad e independencia de Austria. Gerhard Hoffmann decide incorporarse a la lucha y ese mismo verano viaja a Barcelona. En su equipaje lleva un preciado manual de gramática que le regaló su padre para que estudiara en prisión la lengua en que entendería ese destino. Se titulaba Mil palabras en español y nunca olvidó la primera frase que aprendió en nuestro idioma: “Qué bonito es el trabajo visto desde lejos”.
El otro capítulo se refiere a la participación de Hoffmann en la resistencia francesa durante la ocupación nazi. A tal fin adopta un nombre falso, Alejandro Giral, y vive bajo esa identidad la liberación del país vecino, con la histórica entrada en las calles de París de los tanques con topónimos españoles, tripulados por quienes fueron sus compañeros de lucha contra Franco. Mientras estos se aprestaban para continuar combatiendo al franquismo como maquisards –visto que la liberación de Europa del fascismo no incluyó la de España–, el brigadista austriaco tuvo que hacer frente a las trágicas consecuencias que el nazismo deparó a su familia. Además de la muerte de sus padres en sendos campos de concentración, su hermano mayor pereció en el de Gross-Rosen (Polonia). Fue uno más del casi centenar de brigadistas austriacos que perdieron la vida en esos infaustos ámbitos de reclusión.
Considera Gerhard Hoffmann que su país apenas reconoció significativamente su lucha contra el nazismo. En cuanto a la que sostuvo contra el fascismo franquista, es sabido que en 1996 un real decreto, tan ridículo como tardío, reconoció a los brigadistas internacionales la posibilidad de optar a la nacionalidad española siempre que renunciasen a la propia. Sirvió de muy poco, porque la inmensa mayoría se abstuvo de ser español a costa de su propia nacionalidad. La Ley de Memoria Histórica, aprobada ahora hace dos años, derogó esa condición previa y permitió hace unos meses que siete brigadistas ingleses recibieran la nacionalidad española sin perder la propia en la embajada de nuestro país en Londres.
Como pudimos leer y presenciar entonces en los medios de comunicación, los ancianos ex combatientes republicanos fueron noticia relevante y se mostraron muy satisfechos y conmovidos por el hecho reparador de esa simbólica distinción, aunque la mayoría lamentase tan prolongado retraso en concedérsela, dado que muchos de sus compañeros habían muerto antes, en el transcurso de los casi 20 años amnésicos de nuestra democracia. “Hemos tardado, pero ahora hemos llegado a casa”, dijo Sam Lesser –uno de nuestros nuevos y nonagenarios conciudadanos, luchador en la Ciudad Universitaria de Madrid–, a lo que el embajador español respondió: “Vuestra lucha no fue en vano. Vuestros ideales forman parte de la fundación de nuestra democracia”.
Ocurre, sin embargo, que habrá otros ancianos brigadistas a los que un impedimento fundamental aparta de la nacionalidad española. La Asociación de Antiguos Brigadistas Internacionales resaltó y denunció en su día una más de las lagunas que tiene la vigente Ley de la Memoria Histórica para compensar a quienes se merecen el reconocimiento del que habla nuestro embajador en Londres. El real decreto que regula la concesión de la nacionalidad española a quienes lucharon junto a la República contra el fascismo estipula que para ello se requiere la jura o promesa de fidelidad al rey, tal como exige el artículo 23 del Código Civil.
Gerhard Hoffmann, que combatió a Franco y a Hitler en su mocedad, que perdió a toda su familia en los campos de exterminio nazis, acaba de vivir, a sus 92 años, una dolorosa paradoja. Por un lado presentó en el Instituto Cervantes de Viena las memorias donde describe lo que él llama sus “jóvenes sueños de libertad y solidaridad”, los mismos que en cierto modo comparten ahora sus dos hijas como integrantes de organizaciones humanitarias. Por otro, hace apenas seis semanas entregó a nuestro embajador en aquella capital una carta de renuncia a la nacionalidad española por no aceptar la declaración de fidelidad al rey, aunque se le haya sugerido –según me contó– “una solución escape” que no le pareció digna de su pasado republicano. “No puedo aceptar el hecho de que para que este mundo avance haya que renunciar a la justicia”, escribe Hoffmann en su libro. La voz de su memoria.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
VICENÇ NAVARRO
La dictadura que se implantó en España desde 1939 hasta 1978 se conoce en nuestro país como franquismo, implicando que fue una dictadura de un general, Franco, y su Ejército. Aquel régimen, sin embargo, fue mucho más que una dictadura militar. Fue predominantemente una dictadura de clase, en la que la burguesía del país (en sus distintas dimensiones: agrícola, industrial y financiera) utilizó el Ejército para parar las reformas propuestas por un Gobierno democrático que afectaban a sus privilegios. Estado y burguesía en aquella dictadura estaban claramente entremezclados, estableciéndose un maridaje entre el Estado y grandes sectores de la clase empresarial (la gran patronal y la Banca) basado en la corrupción. Esta era una práctica generalizada, de la cual las grandes familias y los grandes bloques económicos en España se beneficiaron enormemente.
La Transición, mal llamada modélica, de la dictadura a la democracia, cambió algo esta cultura de la corrupción, aunque continúa muy acentuada en grandes sectores de la burguesía española (de todas las nacionalidades y regiones de España) como lo atestiguan, entre muchos otros ejemplos, el caso Gürtel y su conexión con la derecha española, y el caso Millet y su conexión con la derecha catalana. La juventud debería saber que durante la dictadura hubo miles y miles de casos Gürtel y casos Millet. La diferencia –una muy importante– es que ahora bastantes terminan en los tribunales, como ha ocurrido en estos casos, mientras que durante la dictadura muy pocos terminaron en ellos. Es interesante señalar, a este respecto, que una de las primeras cosas que hizo Félix Millet cuando llegó la democracia fue transferir parte de sus fondos a cuentas secretas en Suiza. Antes no creía que le hiciera falta. Podía depositar los frutos de su latrocinio en cualquier banco o caja española sin ningún temor. Pero cuando vino la democracia, la burguesía tenía el temor de que las izquierdas pudieran interrumpir aquellas prácticas corruptas. Pero en Catalunya ganó la derecha, que gobernó durante 23 años.
La burguesía catalana –sectores de los cuales se autodefinieron como catalanistas– había tenido relaciones privilegiadas con aquel Estado fascista. Apoyó con todos sus medios el golpe militar que les protegió de las fuerzas democráticas, que probablemente las hubieran encarcelado, y confiscado sus bienes. El padre de Félix Millet, un burgués catalanista de la democracia cristiana catalana (y director del diario católico conservador El Matí) no tuvo ninguna duda, como tampoco la tuvo la mayoría de la burguesía catalana, en anteponer sus intereses de clase a los de la nación catalana apoyando el golpe militar que estableció un genocidio cultural contra Catalunya. Se convirtió en un hombre de confianza del dictador en Catalunya. Fue, también, presidente del Banco Popular. Tal burguesía puso en marcha un proyecto, tolerado por el dictador, de establecer un catalanismo conservador, eliminando cualquier señal de catalanismo laico y progresista. Parte de este proyecto fue el Orfeó Català, el cual dirigió el padre de Millet en 1951.
Se puede ver estos días una interesante exposición en Figueres de cómo los grandes nombres de la burguesía catalana (tales como los dirigentes de la Lliga, así como Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Pella i Morgues y otros) depuraron todos los elementos progresistas del catalanismo progresista y laico. Se silenció así el hecho de que las sociedades corales, por ejemplo, habían sido la voz de la clase obrera en Catalunya, y que los jóvenes republicanos bailaban sardanas con un amplio repertorio de narrativas revolucionarias, escritas por el mayor compositor de sardanas, Pep Ventura, definido por la historia tergiversada del sardanismo (que ha purgado sus orígenes populares y obreros) como un “hombre de origen humilde”, expresión utilizada por la burguesía para definir a una persona de origen obrero. Fue esta visión de un catalanismo burgués y conservador, de carácter esencialista y fundamentalista, la que fue promovido por la derecha catalana, que gobernó en Catalunya durante la mayoría del periodo democrático.
Millet hijo sucedió al padre y mostró no tener ningún conflicto entre ser miembro del consejo director de FAES (el centro aznariano de estudios del pensamiento profundamente conservador nacionalista español) y ser presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, presidente del Orfeó Català, vice-presidente del Consorci del Palau de la Música Catalana y dirigente de muchas otras instituciones catalanistas importantes, estando también en la dirección del Liceo (que todavía tiene una placa en honor del fascismo), el Círculo Ecuestre y muchas otras instituciones del establishment catalán. En definitiva, era uno de los 400 integrantes de las familias que, según había indicado el propio Millet junior, han regido y gobernado Catalunya durante 70 años.
El oasis catalán, durante el periodo democrático, estaba basado en una represión que reproducía el enorme dominio de clase que se perpetuaba a base de un sistema de redes clientelares, del cual CiU era su rama política. Llevaba razón el ex fiscal Jiménez Villarejo, cuando, en una entrevista a El Punt, señalaba que “el caso Millet no es nada más que la continuación de los casos de corrupción de CiU” (23-10-09). El favoritismo a las empresas que pagaban un “impuesto” al partido (caso Caric), las famosas concesiones a la Lotería de la Generalitat (caso Casinos), el caso de la Banca Catalana, el caso Anheuser Busch, el caso del “empresario modélico” Javier de la Rosa, el caso Treball, el caso Turisme, el caso Adigsa, y muchos otros casos son los precedentes del caso Millet. De ahí que los dirigentes de este catalanismo burgués estén preocupados y vean que su Catalunya está siendo cuestionada. No es Catalunya, sin embargo, sino su Catalunya la que lo está.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
FÉLIX POBLACIÓN
El sábado pasado fueron rehabilitados en un acto oficial Juan Negrín y 35 militantes históricos del Partido Socialista Obrero Español, según lo acordado en el Congreso Federal celebrado a primeros de julio de 2008. Acusados de una presunta sumisión a Moscú durante la Guerra Civil, fueron expulsados del partido en 1946. Historiadores como Gabriel Jackson, Santos Juliá, Ángel Viñas o Enrique Moradiellos han coincidido en señalar que la postura de Negrín como jefe del Gobierno republicano, y la de quienes fueron sus colaboradores, se basó estrictamente en organizar una política de resistencia para la que era necesario contar con el apoyo de la URSS y el Partido Comunista.
Anota Jackson en su biografía de Negrín que don Juan tuvo la sensación al final de su existencia de haber fallado. La derrota en la guerra y haber sido denostado en su propio partido motivaron sin duda ese pesar. Por eso, según el historiador, no quiso estatuas, ni que escribieran su nombre en su tumba. Tampoco flores, aunque, según su nieta Carmen, todavía sin la ciudadanía española y depositaria de su archivo, todos los años hay un ramo con la enseña tricolor sobre las tres iniciales que identifican su lápida en el cementerio parisino de Père-Lachaise.
Muchos años después de la muerte de Juan Negrín en París (1956), falleció Amaro del Rosal Díaz (1991), secretario adjunto de la UGT y director general de la Caja de Reparaciones durante la Guerra Civil. Como le ocurriera a don Juan en su exilio, sólo tres personas estuvieron a su lado cuando ingresó y murió en un hospital madrileño, con la agravante de que Amaro no falleció en la diáspora, sino en la España democrática que él había defendido frente al fascismo. Su visión crítica de la Transición, así como su disconformidad con la gestión de los primeros gobiernos socialistas, le apartaron de los honores y lisonjas que se mercan en la feria de las vanidades. El único homenaje se lo rindió la UGT y fue póstumo.
Aparte de diversas obras sobre la historia del sindicato socialista, los congresos obreros internacionales y la revolución de Asturias de 1934, dejó inédita Amaro del Rosal una monografía, centrada en los avatares que le procuraron sus archivos personales y otros que hubo de preservar y custodiar con diversa suerte hacia y en el exilio. Entre estos figuraban los de la UGT, el de la federación de banca del mismo sindicato y el de la Dirección General de la Caja de Reparaciones. Es de resaltar la magnitud del legado documental que Amaro donó a diversas entidades, sobre todo a la Fundación Pablo Iglesias, pese a las substanciosas ofertas económicas que recibió por sus archivos.
Ese comportamiento no sorprende en quien tuvo a su cargo, durante uno de los periodos no sólo más crueles sino más azarosos de la historia de España, la Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda desde que fuera nombrado en septiembre de 1936. Su obligación, según sus propias palabras, era “la recuperación de todos los bienes de los sublevados para poder responder en parte, con ese patrimonio, a los daños y perjuicios ocasionados por la guerra”. Ese mismo mes, Juan Negrín le encomienda la evacuación de los valores y existencias en oro, plata amonedada y lingotes del Banco de España, tal como detalla Nieves García Ordóñez en su biografía de Amaro de Rosal Memoria de la historia silenciada.
Mucho se ha escrito sobre la historia del oro del Banco de España y el llamado tesoro del Vita, el yate que con el nombre de Giralda perteneciera a Alfonso XIII y que el Gobierno de la República adquirió para el transporte de obras de arte y demás objetos de valor entregados por la Caja de Reparaciones, los depósitos del Banco de España y otras entidades con objeto de habilitar fondos para el exilio. Sobre las enconadas disputas entre las facciones socialistas de Indalecio Prieto y Juan Negrín a propósito del Vita, apunta Amaro de Rosal en un libro sobre tal materia que es “el hecho más lamentable de la emigración y tuvo graves consecuencias para la causa de la República. En él naufragó –añade– el esfuerzo realizado por la Caja de Reparaciones durante cerca de tres años de ímproba labor. Las responsabilidades que entrañan estos hechos están pendientes de juicio y esclarecimiento, ante la Historia y el pueblo español”.
También reseña Amaro, en ese opúsculo inédito al que aludo (En torno a mis archivos: Vivencias históricas, 1924-1988), que algunas de las dependencias donde las delegaciones de la Caja General de Reparaciones habían almacenado sus depósitos fueron asaltados por las tropas franquistas al ocupar las ciudades, con el consiguiente reparto de bienes por parte de los jefes militares. “En los domicilios de los vencedores –puntualiza– estaban y están objetos de valor que no les pertenecían ni les pertenecen, empezando por el Pazo de Meirás”.
Amaro del Rosal regresó a España en 1975, después de un exilio de casi 40 años. Siempre se honró de haber vivido de su trabajo. Su sueldo de pensionista como empleado del Banco Urquijo le permitió pasar los últimos años de su vida en Madrid con modesta dignidad. “Mi pequeño patrimonio en México –dejó escrito–, fruto de mi labor profesional y la de mi compañera, profesora de francés, se lo comió el brutal proceso de devaluación de la moneda mexicana, que dejó en la más absoluta quiebra el pequeño ahorro. Mi única propiedad es una tumba a perpetuidad de dos plazas en el cementerio de Bages (Francia) en la que reposa mi compañera, con este epitafio: “Una piedra al sol”.
El Partido Socialista Obrero Español se presentó a las urnas en 1979 con los rostros de Pablo Iglesias y Felipe González y este eslogan en los carteles de su campaña electoral: “Cien años de honradez”. Amaro del Rosal, ahora y tan tarde rehabilitado, hizo verdad ese lema con su vida.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Patrick Thomas
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Siempre que en España he interrogado a muy diversas personas sobre la situación de los desaparecidos en Argentina o Guatemala he encontrado como respuesta casi automática la indignación, la tristeza, la decidida apuesta por rebelarse ante tamaña injusticia. Es intolerable, suelen decirme, que un familiar desee recuperar los restos de su ser querido, enterrarlo con dignidad, y alguien le niegue tal derecho; y casi a renglón seguido, en la conversación surge una extensa serie de gruesos calificativos hacia las autoridades de aquellos países si, de hecho o de Derecho, toleran tal negativa o no la erradican de raíz. Consultaba entonces a esas mismas personas sobre los desaparecidos en la España de la Guerra Civil y el Franquismo, y lo que antes era tan evidente que parecía incluso estúpido preguntarlo, se tornaba en no pocas ocasiones en algo de una complejidad tendente al infinito, en un asunto delicado hasta el paroxismo, en un particular que en cualquier caso “no había necesidad alguna de andar removiendo”.
A pesar de los años que vengo trabajando en los procesos de transición a la democracia y/o la paz, y pese a las múltiples razones que pueden explicar esta cabriola argumental cuando del país de cada uno se trata, no puedo ocultar que el giro expuesto me sigue resultando profundamente decepcionante. Desde luego, a nadie se le ha de ocultar que muchos de los desarrollos y medidas adoptadas en y tras un proceso de transición son hijas de enormes dificultades, miedos, limitaciones, anhelos, y sin duda contradicciones; pero no es menos cierto que si nos referimos a las contradicciones que subyacen en el cambio de posicionamiento que apuntábamos, y que hoy arrecian singularmente, la confusión (interesada o no) adquiere una paternidad a prueba de la mejor buena fe.
De entre el amplio catálogo disponible, es el empeño en convertir esta cuestión en un eslabón más de la mal entendida confrontación ideológica/política lo que resulta más descorazonador. Es una mínima exigencia de Justicia lo que debería espolearnos en esta demanda. La guía no habría de ser otra que el restallar que se produce en nuestro interior ante situaciones que sabemos tan injustas como insoportables. El porqué, tan sólo el deseo de vivir en una sociedad que atienda a la desazón y el sufrimiento de una viuda, un hijo o una nieta que sólo quiere poder recuperar y enterrar dignamente a su ser amado. Negarse a ello parecería inhumano. Sostener que es demasiado tarde, o quizá demasiado pronto, impensable. Argüir que durante la “transición política” ya se hizo todo lo preciso, descabellado. Y pese a lo mucho que se ha dicho, es solamente esto lo que diversas asociaciones, tras años de transitar por un desierto institucional, han demandado ante la Audiencia Nacional. Esto es lo que ha de resolver el órgano jurisdiccional que el sistema de reparto previsto así decidió, el Juzgado Central de Instrucción Nº. 5. En definitiva, por referirnos a un texto internacional recientemente firmado por España, lo que se está exigiendo es sólo la materialización de algo tan esencial como que todas las víctimas de desaparición forzada (esto es, la persona que desapareció y “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”), tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, los progresos y resultados de la investigación, la suerte de la persona desaparecida, y el respeto y la restitución de sus restos.
Si nos alejamos mínimamente del clamor de todos los tambores que llevan meses resonando, si hacemos oídos sordos a insanas letanías sobre las revanchas, el reabrir de heridas, o los colores de unos u otros, pareciera poco menos que una pesadilla pensar que alguno de nuestros conciudadanos pudieran negarse a ello, salvo que estuviéramos en un modelo social propio de una distopía.
Ahora bien, obligados como parece a blandir la espada del Derecho en algo que tan sólo el sentido común debería haber resuelto hace ya lustros, ciertamente fecundos son también los campos jurídicos para todo tipo de confusiones (de nuevo, interesadas o no). Mas, de entre todas ellas merece la pena descartar aquéllas que se dirigen a demostrar que los responsables de los crímenes que se pudieron haber cometido ya no pueden o deben ser castigados, pues más allá de su rigor o acierto, no es esa la voluntad de aquéllos que han acudido a la Audiencia Nacional. Como tampoco es oportuno restringirse a lo que las normas internas pudieran o no decirnos, queramos o no que digan, pues por encima de ellas existen otras prescripciones que aunque habiten en el incomprendido mundo del Derecho internacional, son, ahora sí, de aplicación similar a una víctima argentina o española. Obligaciones internacionales que, una vez aceptadas por España, han de cumplirse y desde luego ser aplicadas por nuestros jueces. Y junto a ellas, conviven recomendaciones internacionales que también nos han de ayudar a no olvidar que el horror que toda persona de bien siente al conocer que se niega el derecho inalienable a recuperar los restos de un ser humano en un país lejano, ha de ser idéntico al que sintamos cuando se dificulta o niega lo mismo en nuestro país.
Que para ello debamos enzarzarnos, a estas alturas, en complejas luchas políticas o jurídicas, no resulta menos desolador por ya padecido en otras experiencias en el mundo.
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Ilustración de MIKEL JASO
RAFAEL ESCUDERO ALDAY
Tras una azarosa tramitación parlamentaria, el 26 de diciembre de 2007 se aprobó por fin la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Una ley que viene a cubrir un vacío triste y largamente sentido. A pesar de las medidas implantadas años atrás para ir resarciendo a las víctimas del golpe de Estado franquista, la Guerra Civil y la posterior dictadura que asoló este país durante 40 años, faltaba elaborar una ley que abordara la cuestión de forma decidida y con carácter integral. En concreto, que estableciera el marco institucional adecuado para la creación de políticas públicas sobre la memoria, que eliminara cualquier rastro del hipotético carácter jurídico que pudieran conservar las normas de la dictadura y que condenara de una vez por todas y sin ambages el golpe de Estado contra la República. Una ley que acabara con la amnesia colectiva y con la equidistancia entre la dictadura franquista y
la Segunda República.
No está de más advertir que la ley no nació del impulso de los políticos. Nace del esfuerzo colectivo por de-senterrar la verdad. Nace de la tierra, de las fosas comunes, de todas y cada una de las excavaciones realizadas en estos últimos años, de los actos de recuerdo y homenaje que han tenido lugar en cada pequeño rincón del país, de las entrevistas, programas y documentales elaborados con ese objetivo de grabar lo olvidado y, también, de las líneas escritas en ese afán por sacar a la luz todo lo ocurrido y lo sufrido. Es, pues, una ley de colectivos y asociaciones, de víctimas, de familiares de víctimas y de voluntarios, de arqueólogos e historiadores, de literatos y artistas; en definitiva, de todos los que durante años han derrochado tiempo, recursos y, sobre todo, mucha ilusión para devolvernos la dignidad tantos años perdida.
Pese a constituir un texto fundamental en la reconstrucción democrática del país, pocas han sido las referencias a la ley durante la pasada campaña electoral. Algunas conviene no olvidarlas nunca. Mariano Rajoy se comprometió a terminar con este asunto de la memoria una vez llegara a La Moncloa. Afortunadamente, los electores han vuelto a darle la espalda. Desde las filas socialistas se ha optado por el silencio, pasando de puntillas sobre esta cuestión. Sólo Izquierda Unida, con sus iniciativas tendentes a involucrar a la Fiscalía General del Estado en la revisión de aquellos simulacros de juicio celebrados durante el franquismo, ha mostrado interés en mantener viva la llama de la memoria. Esta ley ha de ser entendida como un punto de partida –y no de llegada– en el largo proceso de recuperación de la memoria. Por ello, la legislatura que ahora se inicia ha de ser la del desarrollo de sus puntos. En este sentido, la Generalitat acaba de aprobar un proyecto de ley –pionero en el Estado– sobre localización e identificación de las personas enterradas en fosas comunes, comenzando así a cumplir con la previsión legal de que las comunidades autónomas puedan ampliar sus contenidos.
Recientemente la editorial Trotta acaba de publicar el primer libro dedicado al estudio de la ley, titulado Derecho y memoria histórica, coeditado por José Antonio Martín Pallín –Magistrado emérito del Tribunal Supremo– y Rafael Escudero, en el que participan especialistas en distintas ramas del Derecho. En él no sólo se relatan y comentan las previsiones de la ley, sino que también se presentan las claves que permitirán su mejor desarrollo. En efecto, el jurista, el historiador y el ciudadano encontrarán en este libro las posibilidades que ofrece la ley para reparar a las víctimas no sólo en un plano moral, sino también desde una perspectiva jurídica. Sin perder la actitud crítica, sus trabajos pretenden servir de ayuda a quienes necesitan de la aplicación y efectividad de la ley para recobrar sus derechos y proclamar así la superioridad de los valores de la democracia republicana sobre los que encarnaron los autores del golpe de Estado que puso fin a su vigencia.
La estructura del libro responde a los puntos principales de la ley, aunque en su contenido se vaya mucho más allá del comentario a su articulado. En él se explican las razones por las que era necesario aprobar un texto con rango legal referido a estas materias y se analiza también el uso de la historia en los discursos sobre la legitimidad de la Constitución. Atención especial merece el que resulta ser uno de los aspectos novedosos de la ley: el reconocimiento de un derecho individual a la memoria histórica como expresión de plena ciudadanía democrática. Su genealogía, concepto, contenidos y límites convierten este nuevo derecho en una buena razón para apostar por la ley. Del mismo se deriva un mandato para que las distintas Administraciones realicen políticas públicas sobre la memoria. Políticas –como la contenida en el proyecto de ley catalana– que tienen que ver con el apoyo a particulares y asociaciones para la recuperación de restos, el acceso a fondos y archivos públicos y privados, la retirada de símbolos franquistas de las calles de nuestras ciudades y la mejora de derechos económicos para las víctimas y sus familiares. Destaca en este punto la inclusión legal del derecho a una indemnización para los beneficiarios de quienes fallecieron entre 1968 y 1977 en defensa de las libertades. Finalmente, en el libro se analiza la forma como se resuelve en la ley la cuestión del tratamiento jurídico que ha de darse a las sentencias, sanciones y condenas dictadas por los órganos franquistas.
Sirva este libro –de juristas– de homenaje a todas las personas que hicieron posible la ley, a su esfuerzo y a su trabajo. Así, juntos podremos hacer realidad las palabras que Julita Conesa –una de las Trece Rosas fusiladas por ser comunistas, anarquistas o socialistas– dirigió a su madre horas antes de su ejecución: “Que mi nombre no se borre en la historia”.
Rafael Escudero Alday es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y coeditor del libro ‘Derecho y memoria histórica’.
Ilustración de Mikel Jaso
CARLOS PARÍS
Aunque más de uno opine lo contrario, la dictadura franquista dejó profundas huellas en nuestra sociedad, que penosamente aún permanecen. Al afirmar semejante perduración, no me refiero a los entusiastas de aquella execrable época, que, brazo en alto, se oponen a que las estatuas del Caudillo sean retiradas de calles y plazas. Tampoco aludo a las increíbles resistencias –sólo comprensibles desde un criptofranquismo– con que tropieza la elemental necesidad de hacer justicia a la historia de la II República, su derribo violento y la siguiente y larguísima represión, pretextando que ello puede “abrir heridas”. Lo que pretendo sacar a luz es el modo en que muchas actitudes anímicas e importantes equívocos conceptuales lastran nuestra sociedad, arrastrando la rémora de la dictadura.
Tal ocurre con la autoritaria tendencia al abuso del poder, ejercido en los más distintos ámbitos por sujetos que actúan como herederos de los viejos impunes ‘jerarcas’, y con la amplitud de la corrupción, que cubre tantos campos. Asimismo es significativa la prepotencia con que la ‘jerarquía’ eclesiástica –ahora este término abusado pintorescamente en el lenguaje falangista es usado en su religioso sentido exacto– se dirige a la ciudadanía y a los gobiernos. Todo ello forma parte de lo que se ha designado, a veces, como el “franquismo sociológico”. Pero, en estos momentos, aquello que querría examinar es un equívoco, hoy lleno de consecuencias: el modo en que el franquismo se apropió de la idea de España, arrancándola a su verdadera realidad. Aquella que podemos observar en los partes de guerra de la República. En ellos, las fuerzas que la defienden son designadas como “fuerzas españolas” y el ejército franquista es calificado de fuerzas “invasoras”. Quizá ello pueda parecer exagerado, pero resulta mucho más justo que considerar como ‘nacionales’ a los sublevados, apoyados por los fascistas italianos, la Legión Cóndor y los soldados marroquíes, y globalmente como ‘rojos’ a quienes luchaban a favor del Gobierno legítimamente elegido por el pueblo español, y se encontraban apoyados sólo por el contingente, mucho más reducido y, sin duda, espontáneo, de las Brigadas Internacionales. Gernika no fue arrasada por la aviación de la República española, sino por la Legión Cóndor; y si hay que pedir perdón por este crimen sería al Gobierno alemán a quien tendrían que urgírselo. De una parte, estaban los trabajadores, el proletariado industrial y agrícola junto a las clases medias progresistas y los militares leales, pugnando por una España más justa y creadora; de otra, los militares traidores, los pequeños y grandes propietarios rurales, las clases medias aferradas al miedo a la innovación y los capitalistas que financiaban la sublevación. ¿Quién representaba más fielmente la realidad de España?
Aquellos que precisamente fueron denostados como la Anti-España, un mito que se utilizó como un ariete en la posguerra y que curiosamente comprendía a la mayoría de la población española. Desde los pacíficos representantes de la Institución Libre de la Enseñanza, pintorescamente motejados de “afeminados y rusófilos” en textos de la época, a las masas obreras, que, como alguien dijo, no se podían exterminar porque sus brazos mantenían las industrias y laboraban las tierras. Desde los maestros a los profesores que estaban levantando una nueva universidad. Desde los descreídos a los cristianos ‘progres’. Desde los soñadores de una España crítica y actualizada y las combatientes por los derechos de la mujer frente al papel subordinado que la Sección Femenina les asignaba, a los defensores de las culturas vasca, catalana, gallega, que hablaban lenguas, según la terminología de la época, no “cristianas”, ni “españolas”. Resultaba que tal multitud de nacidos y habitantes de la piel de toro no eran españoles sino extraterrestres disfrazados de hispanos. Aunque se confiaba en que las nuevas generaciones gracias a la ‘Formación del Espíritu Nacional’ llenarían nuestro suelo de verdaderas legiones de auténticos españoles. Una asignatura que nunca condenó la Iglesia, a diferencia de la Educación para la Ciudadanía. No era el mítico rapto de Europa por Zeus, sino el de España por Francisco Franco. España arrebatada a la colectividad de los españoles. Operación que se prolonga en las actitudes de los líderes del PP. España es una propiedad, cuyos límites se fijan en encogidos términos. Y quien quiera mirar más allá de ellos pone en peligro su unidad y realidad.
La consecuencia ha sido el desprestigio del concepto de España, falsamente identificado con el franquismo y con el centralismo, hasta el punto de rehuir su concepto por parte de muchos que se consideran progres o sienten marginada su cultura y personalidad histórica, para sustituirlo ridículamente por el término de “Estado Español”. Hay que rescatar España y devolverla a su ciudadanía. Sustituir la entelequia forjada desde los intereses de las clases dominantes por la realidad formada por los hombres y mujeres que debemos decidir nuestro destino.
Porque, definitivamente, si queremos hablar de la pluralidad de España no podemos pensar sólo en su composición integrada por diversas nacionalidades o naciones –no hay que escandalizarse por el uso de este término– y prescindir del protagonismo de las clases sociales. No es la misma la España de los grandes beneficiarios del capital y la de los trabajadores de la industria, del campo y de la cultura. Y es ésta la que nos puede conducir a la Patria, más auténtica y universal, la de la justicia. Aquella con cuya invocación cierra Bloch su gran libro El principio esperanza.
Carlos París es filósofo y escritor. Su último libro se titula ‘Memorias sobre medio siglo’
JOAN HERRERA TORRES
Esta legislatura tenía diversos retos; entre ellos, el de las políticas a favor de la memoria democrática. La demanda de políticas por la memoria democrática se convirtió en una exigencia, por la sencilla razón de ser uno de los rincones de Europa con más años de dictadura a nuestras espaldas, con mayor represión y con menos memoria. Tan sólo el olvido puede explicar que 30 años después de la muerte del dictador, en el aún denominado Valle de los Caídos, en vez de explicar los horrores del franquismo, se exalte la figura del dictador. Un síntoma de esta anomalía es que hoy sectores relevantes del principal partido de la oposición entiendan los 40 años de dictadura como una etapa autoritaria necesaria ante los desmanes de la República.
Esta legislatura podíamos abordar este reto porque las fuerzas políticas hoy mayoritarias en el Congreso reivindicaron desde la oposición la condena del franquismo o la nulidad de las sentencias. Teníamos la demanda y la insistencia de las entidades memorialistas. Y tras la demanda de diferentes grupos parlamentarios, conseguimos renovar el compromiso del presidente del Gobierno. No se trataba sólo de presentar una ley que ordenase lo hecho hasta el momento, sino que tuviese consecuencias políticas y jurídicas en torno a la represión; que entendiese que, además de la memoria individual o familiar, debía existir una política pública por la memoria democrática de nuestra sociedad.
A medida que ha ido avanzando la legislatura, podemos decir que el compromiso inicial del Gobierno y su discurso fueron cambiando. Ante el previsible bloqueo del PP, se pidió tiempo. Después de mucho insistir, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley decepcionante: no había una política pública ni en fosas, archivos o símbolos; como contraprestación a las sentencias de la represión franquista otorgaba, desde un consejo de notables formado por cinco personas, una declaración, sin efecto jurídico alguno, de injusticia de dichas resoluciones. Amnistía Internacional llegó a hablar de una ley de punto final y muchos otros se sintieron decepcionados e incluso traicionados.
Por la insistencia de las asociaciones memorialísticas y nuestro compromiso en la necesidad de que este año hubiera una buena ley, IU-ICV considera que había tres elementos fundamentales para desbloquear la ley y lograr que nos acercase a nuestro puerto de destino. La base del acuerdo del mes de abril era un punto de partida, que aún hoy se tiene que materializar.
El primero era la condena del franquismo, algo que de forma insólita aún no se ha producido en nuestra democracia en ley alguna. Acordamos en la exposición de motivos incorporar una condena en los términos expresados por la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa.
El segundo era la asunción de políticas públicas para la recuperación de la memoria por parte del legislador, elemento clave si queremos que haya un antes y un después de esta ley, afectando a la política archivística, museística, de fosas o al Valle de los Caídos…
El tercer elemento eran las consecuencias jurídicas de las resoluciones de la represión franquista. El texto acordado en abril suponía un primer paso, cuando expresaba la ilegitimidad de los tribunales, una declaración de ilegalidad de los tribunales de los que se deriva la ilegitimidad de sus resoluciones, privándolos de cualquier eficacia jurídica. Pero aún hoy tiene que concretarse en un acuerdo en la exposición de motivos y en una disposición adicional, que haga posible, para quienes así lo quieran y por la vía del recurso, conseguir la nulidad de las sentencias de la represión.
El texto que se pactó en abril incorporó una nueva disposición adicional que declara la ilegitimidad y la ineficacia de todas los decretos y leyes que supusieron la base legal y pseudojurídica de la represión franquista.
El objetivo, aún no cerrado, es que un nuevo articulado tenga efectos jurídicos y pueda suponer una nulidad derivada de cada una de las sentencias a través del recurso de revisión previsto, lo que de por sí sería un hecho histórico.
Después vendrá la tarea de exigir al próximo Gobierno que haga todo lo posible para que el Ministerio Fiscal y especialmente el Ministerio de Justicia de oficio y acumulando todos los casos soliciten en un recurso de revisión la nulidad de dichas resoluciones, haciendo que el ejercicio del recurso de revisión no tenga que ser necesariamente un ejercicio individual.
Si al final hay ley, será por la insistencia y perseverancia de algunos. Muchas entidades lo han dejado claro, cuando se han dirigido a un Gobirno que sólo ha querido negociar a contrarreloj después de haber aparcado la ley durante meses, después de habernos presentado un mal proyecto de ley.
Y de lo que se trata es de que en un momento decisivo no fallemos. Entendiendo que cualquier ley no nos vale: que la condena, que la recuperación de la memoria, que la trascendencia jurídica de la ley tienen que quedar claras y diáfanas.
La ley de memoria no sólo debe restituir la memoria de las víctimas del franquismo, sino que servirá, una vez aprobada, para que las nuevas generaciones crezcan en una democracia que sólo podrá cerrar heridas si éstas se han curado.
En los próximos días, veremos si por fin llega la hora de cumplir, sin titubeos, y no con un grupo parlamentario como el nuestro, sino con la sociedad. Con una condena expresa y sin tibiezas de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen franquista; con un marco institucional que garantice y dé continuidad a la puesta en marcha de políticas públicas en materia de archivos, símbolos y fosas comunes, y por último, con un redactado que subraye la trascendencia jurídica de la declaración de ilegitimidad, que supone la carencia actual de la vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos dictadas por el aparato pseudojurídico del franquismo.
Joan Herrera es portavoz de IU-ICV en el Congreso de los Diputados.
